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Tierra de alguien

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El Delta en debate. En los últimos tres años la Primera Sección sufrió el impacto del desembarco del lujo depredador. El proyecto Colony Park marcó una frontera: de quién es el Delta.

La lancha es una cáscara de nuez que se agita en la tormenta que desatan los yates a su paso. El tránsito de embarcaciones suntuosas es incesante y expulsivo. Los isleños sólo esperan que el infierno del domingo termine para recuperar el Delta. O al menos lo que queda de él, tras la invasión depredadora de los bárbaros. Aun así, con el estómago revuelto, vale la pena recibir en el cuerpo el impacto de la lección. Sentirse literalmente pasado por arriba por la marejada que levantan vehículos enormes, carísimos e inútiles, que manejan veteranos disfrazados de capitanes que juegan vaya a saber qué juego, sin prestarle atención a sus consecuencias. Esas que dan, literalmente, arcadas.
No supe, por ejemplo, entender lo que decía el cartel que tenía la lancha colectiva con la que recorrí el mismo trayecto el fin de semana anterior hasta que la nuez me enseñó su profundo significado. “El lujo es vulgar”, proclamaba. (¿Será tan sabio el conductor del transporte público o sólo se trata de un fan ricotero?)
No supe, tampoco, la importancia de un junco hasta que Martín Nunziata me lo enseñó cuando acercó la nuez a la ribera aún salvaje para amainar la sacudida. “Los juncales amortiguan el oleaje que levantan las embarcaciones. ¿Ves cómo funcionan como una protección al diluir naturalmente el impacto del agua? Contra los vallados que están construyendo las nuevas urbanizaciones, en cambio, el agua no disuelve su fuerza, sino al contrario: choca y se embrava. Eso solo ya cambia toda la condición de navegabilidad de estos ríos y canales y la hace bien difícil para botes y lanchas chicas, que son las que tradicionalmente transitaban por acá”. El efecto nuez, entonces, es una de las consecuencias de la brutal transformación de la Primera Sección del Delta.
Apenas una de las tantas.
La tripulación
Martín es uno de los integrantes de la Asamblea del Delta y Río de la Plata que me acompañan en esta aleccionadora travesía. María Graham es otra y lleva una remera naranja que pintó con la leyenda “El Delta no se toca” para lucir en la marcha el 24 de marzo. La lució para compartir su batalla en Plaza de Mayo, junto a la multitud que rendía homenaje a la resistencia a la impunidad. Pablo Laise es quien tiene el timón de la nuez, atento a las instrucciones de Martín. Hace falta más de un par de manos y ojos baqueanos para sortear el tránsito del domingo y llegar a un destino que se supone custodiado: Colony Park, uno de los tres emprendimientos que se instalaron por la fuerza en la Primera Sección y que fue clausurado siete veces por la intendencia de Tigre y denunciado por los vecinos ante la justicia, que ordenó la paralización total de las obras. Hacia allá vamos.
La travesía
En todos los muelles de las coquetas viviendas que cambiaron radicalmente el tradicional paisaje de la Primera Sección hay ahora un cartel que espanta: “Propiedad privada”. Algunos incluyen la prohibición explícita de amarrar o bajar, lo que convierte el paseo en una declaración de principios: ningún extraño es allí bienvenido. El itinerario deja en claro que la privatización por lotes y a mansalva que se llevó a cabo en los últimos tres años redujo los espacios de recreo populares a unas pocas excepciones donde se amontonan cientos de personas. El contraste es fuerte. Kilómetros de residencias exclusivas contra metros superpoblados. El salto, entonces, no es tan abrupto cuando se pasa delante de los complejos privados, especie de country naúticos que adquieren en el Delta una característica especial: no sólo privatizan la tierra, sino que extienden su exclusividad al agua. “Canal privado. Prohibido pasar” proclama entonces el barrio Santa Mónica. Para confirmarlo ha puesto una barrera de metal y garitas de seguridad, que escenifican en un medio acuático los blindados portales de ingresos de los barrios cerrados.
En este contexto, Colony Park es una simple escalada. El problema es que una vez traspasados ciertos límites, no hay más allá: hay acá. Y lo que Colony Park representa es exactamente eso. La frontera de la impunidad. El umbral que puso en debate no un proyecto inmobiliario sino el futuro de un territorio. Quiénes son sus legítimos dueños y a quiénes responden sus autoridades.
El humedal
¿Cómo se forma un humedal? La nuez navega por los juncales que conforman la primera de esa exquisita cadena natural que por convención llamamos Delta. Son los proletarios del río, los primeros en enlazarse y tramar una compleja maquinaria que filtra porquerías y atrapa el lodo que trae la marea hasta preñarse con ceibos y sauces que fecundan otras cosas: así nace una isla. Los términos que usa Martín en su lección son más complejos. Él habla de cómo los humedales retienen y almacenan los excedentes de lluvias, mitigando inundaciones; cómo recargan las napas subterráneas, manteniendo su nivel, cómo la purifican a través de la retención que hacen las plantas y cómo van depositando en su fondo los sedimentos hasta fijarlos. Entiendo entonces que estoy frente a una fábrica de territorio que crea vidas para que, algún día, vivan con ellas los humanos.
Entiendo también la complejidad del destrozo que hizo el proyecto Colony Park cuando barrió con los humedales del arroyo Anguilas hasta desfigurarlo. La primera consecuencia está a la vista: no hay arroyo. Lo que veo, apenas la nuez traspone el cartel que proclama “Canal privado”, es un inmenso espejo de agua rodeado de terrenos altos y sin árboles. “Lo que estás viendo es un modelo de travestismo de la naturaleza”, me dirá Martín. Otra lección: el Delta es un territorio inundable. Esa es su principal característica, su riqueza y su gracia. Por eso las casas se construyen sobre pilares y sus habitantes aprenden a convivir con las inundaciones de forma tal que, en las últimas décadas, nunca fue necesario evacuarlos. Lo que Colony Park transfiguró, entonces, fue esa esencia. Diseñó un barrio exclusivo de tierras no inundables. En lugar de subir las casas subió el terreno sobre el cual emplazarlas. La tierra que necesitaba la sacó del fondo del arroyo, hasta dejarlo sin entrañas. Martín calcula que la nuez ahora navega sobre una profundidad de 20 metros y las conchillas que encuentro en los terraplenes levantados por Colony le dan la razón: hasta esa profundidad tiene que haber llegado el dragado para perforar la napa de agua dulce y arrastrar el lodo marino con el que rellenaron esas lomas, que en algunos tramos sobrepasan los 3 metros de altura y en otros 4.
La ley de la trampa
Se supone que para llevar a cabo semejante proyecto, Colony Park debía contar con la autorización de la Dirección de Obras de Saneamiento y Obras Hidráulicas bonaerense, pero no. Avanzó hasta que atravesó un límite. Fue cuando un puñado de isleños no aceptó abandonar esas tierras y sus casas aparecieron quemadas. La reacción permitió organizar la resistencia a todo el proyecto y abrió un debate sobre el destino general de la Primera Sección. Esa que hasta entonces había sido catalogada como un “territorio sin ley” por el propio intendente Sergio Massa ahora se convirtió en un terreno donde los vecinos lograron imponer el debate de asuntos tan cruciales como cuál es la frontera de la propiedad privada.
El abogado Guillermo Rojas Yenni, vicepresidente de la Fundación Pro Tigre, lo explica en términos legales: “Estamos en tiempos de cambio respecto de hace 40 ó 50 años. El ambiente, después de la reforma constitucional de 1994, es un bien jurídico protegido. La comuna y la provincia han incumplido sus responsabilidades y ante las omisiones de estas dos partes, las organizaciones de la sociedad civil, y hasta cualquier ciudadano, no solamente tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, sino el deber de protegerlo, con lo cual quien tenga conocimiento de estas violaciones y se calle la boca, es cómplice de una ilegalidad”.
¿Cuál es la ilegalidad de Colony Park?
La ley provincial Nº 11.723 dice que cualquier obra que sea susceptible de degradar el ambiente debe ser sometida a un proceso de evaluación de impacto ambiental. Cualquiera que va a hacer una obra, primero debe presentar un documento donde diga qué es lo que quiere hacer y cuáles son las incidencias sobre el ambiente. A partir de esto, la autoridad estatal debe analizar y rechazar, aprobar o pedir modificaciones. Y antes de la aprobación final del estudio, se debe llamar a una audiencia pública no vinculante. Nada de esto se hizo con este proyecto.
Pero en febrero hubo llamado a audiencia pública para tratar el tema de Colony que se postergó por pedido de las organizaciones sociales…
Porque era una clara maniobra: primero hago la obra, el daño, y después cumplo con los procedimientos, de manera que formalmente están los trámites, aunque se hayan hecho al revés.
María me lo explica en la nuez de manera más simple: “Es como si nos dijeran que fuésemos al ginecólogo para pedirle anticonceptivos cuando ya estamos embarazados. Así es como han avanzado varios proyectos en el Delta y esto es algo que debemos detener muy firmemente porque si no la ley se termina transformando en parodia”.
El debate
El abogado Rojas Yenni resume cuál es la situación hoy: “Lo interesante del caso Colony es que abrió un debate necesario: la planificación es anterior a la obra. Y para planificar hay que pensar en lo sistémico, no en proyecto por proyecto. Eso es lo que ahora estamos reclamando. Si se hace un estudio de impacto para un solo barrio, tal vez sea viable, tal vez no, pero acá estamos hablando de una transformación total de la Primera Sección, sin que nadie se haya propuesto pensar qué efectos tendrá el conjunto sobre un patrimonio que es de propiedad social”.
La persistencia de las organizaciones sociales logró su impacto. El intendente Massa reconoció públicamente que “hay 10.500 construcciones sin declarar y con habilitaciones irregulares, entre ellas, un importante barrio náutico, con 27 casas ya construidas, cuyos valores van desde los 300.000 al millón de dólares y que no han pagado los derechos de construcción ni abonan las tasas de recolección de residuos. Hasta tienen un helipuerto sin declarar”.
Finalmente, en mayo del año pasado, el municipio contrató a la consultora de la arquitecta Silvia Fajre (ex secretaria de Cultura porteña y esposa del director periodístico del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum) para que elabore el Plan Integral de Manejo de la Primera Sección del Delta, un reclamo que habían presentado, incluso con ese nombre, las organizaciones sociales. “Es un plan integral de acciones, nuevas normativas y zonificaciones para la Primera Sección, y un consenso sobre lo que se quiere y se puede hacer en el Delta para que siga siendo Delta”, señaló Massa al anunciarlo. El diagnóstico se completó en diciembre pasado y contó con la participación de especialistas de diferentes ciencias. Representa, quizá, el primer estudio integral e interdisciplinario de un territorio en plena y polémica transformación. Pero hasta ahora es secreto. La arquitecta Fajre se mostró entusiasmada por los resultados del trabajo, pero se excusó de revelarlos hasta no contar con la autorización de quienes la habían contratado. Idéntica actitud -amable, entusiasta- mostró el arquitecto Rodolfo Díaz Molina, responsable de la Subsecretaría de Planeamiento de la comuna. Informó que recibió de manos de Farje cuatro originales que entregó al ejecutivo municipal. En esa área quedó retenido “a la espera del análisis político”, resume Díaz Molina.
Los resultados del estudio, sin embargo, se pueden intuir en las palabras de este funcionario, que define el territorio en disputa como “frágil” y por lo tanto, excede a la comprensión de un arquitecto, “Y se lo estoy admitiendo yo, que lo soy. Estamos hablando de uno de los poquísimos deltas del planeta, el único de agua dulce, con una riqueza que lo convierte en un tesoro. Hay que tomar entonces decisiones muy complejas que el Estado no tomó, quizá como resultado de su retiro en la década del 90. Pero hay que entender que ese retiro fue resultado de un consenso social y, a la vez, comprender que hoy la sociedad cambió y le está exigiendo al Estado otra cosa. Es lógico entonces que nos reclamen que nos pongamos a la altura de los desafíos de estos tiempos. En ese sentido estamos en deuda”.
¿Cuál sería, según su mirada, la forma de saldarla?
Encontrar un equilibrio que sea sustentable y respete las características que tiene el territorio. Hasta ahora, la urbanización del Delta siguió las líneas de comportamiento urbanístico que tuvo el territorio de Tigre, que en los últimos 10 años recibió el impacto de la instalación de casi 50 barrios privados. La urbanización del Delta no puede ser una copia de ese proceso porque se trata de un territorio frágil, que no resiste un crecimiento desequilibrado.
En la cáscara de nuez las tres personas que me acompañan me lo explican con la misma paciencia que lo hicieron ante jueces y funcionarios y con la misma persistencia con la que lograron convencerlos o presionarlos. Me enseñarán, entonces y como moraleja, que no es la falta de diagnóstico lo que permitió el destrozo. “Es muy simple: se trata de grupos a los que no pueden pararlos porque no dan bola. Avanzan con impunidad porque la tienen. El tema entonces es quién les garantiza esa impunidad”.
La tripulación
Las crónicas periodísticas publicadas sobre el conflictivo proyecto señalan que los dueños de Colony Park son Hugo Damián Schwartz y Mónica Andrea Gramblicka. Error: el abogado de Mónica me informa que jamás pudo probar que Hugo Schwartz tenga a su nombre ni una sola propiedad. “No estoy diciendo que no sea el dueño de nada, sino que no tiene nada a su nombre”. El abogado sabe de qué habla porque lidió con el juicio de alimentos que le entabló Mónica: duró más de 10 años y la llevó a la quiebra personal y de la empresa que dirigía, un salón de fiestas en el barrio naútico Marina del Norte, con el que Hugo Schwartz está fuertemente relacionado. La unión con Hugo le había dejado 2 hijas y ese negocio, que la síndica de la quiebra, Ana María Pazos, informa en un escrito presentado a la justicia que colapsó por la “falta de dedicación de la dirección de la empresa, atento a la separación con su ex pareja y padre de sus hijos”. Así de cruenta fue esa batalla.
Quien aparece formalmente a cargo de la empresa Colony es su hermano, Adrián Schwartz. Sí: el mismo nombre de Suar (aunque es otro) y el mismo nombre que figura en el Capítulo 9 del Informe de Lavado de Dinero dedicado al tema. “Los modos de constitución de empresas en el exterior”, que en su presentación define de qué se trata: “A partir de fines de los años 80 las sociedades comerciales uruguayas se han hecho crecientemente presentes en la agenda de los delitos comerciales. Particularmente esto se ha incrementado en lo que tiene que ver con lavado de activos producto de la evasión impositiva, del narcolavado y del fruto de la corrupción política”.
Precisamente en la lista de sociedades comerciales que cita este informe figura Better S.A., el mismo nombre de la empresa que vendió las 360 hectáreas de Colony a la familia Schwartz por el fabuloso precio de 30.000 pesos Es decir, a razón de 83 pesos la hectárea. Ahora mismo Oscar, el vendedor de la inmobiliaria Salaya Romera, me las está ofreciendo por 2.500 dólares. Le pregunto entonces si las obras no están paralizadas, tal como ordenó la resolución de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y el propio municipio de Tigre. Me responde con rotunda convicción: “Las obras no están detenidas. Quédese tranquila: se lo digo yo. A esto nadie lo para”.

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