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Qué pena: apuntes desde el colapso del sistema penitenciario, y por una nueva agenda de derechos humanos

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Especialistas y referentes en derechos humanos se reunieron en MU para señalar con datos y casos concretos el colapso del modelo penitenciario que impulsa el actual sistema judicial. La selectividad policial y la prisión como los eslabones de una máquina de tortura. El control social de la pobreza. Por qué hay cuestionar las nociones de (in)seguridad. Y cómo el concepto de violencia institucional diluye la responsabilidad del Estado. Desde Luciano Arruga a la villa La Carcova de José León Suárez, pasando por el análisis del sistema carcelario argentino, apuntes desde la práctica hacia una nueva agenda de derechos humanos.
M. es un joven de 26 años que fue condenado recientemente a 6 años y 8 meses de prisión por un hecho ocurrido en 2013. Durante el proceso M. estuvo en libertad; ahora, el Poder Judicial pretende encarcelarlo. «¿Para qué va a ir preso? Durante este tiempo M. no pasó ni un semáforo en rojo», ilustra su abogada Verónica Heredia. El caso es el puntapié de la jornada de debate Cárcel y justicia: qué pena, ocurrida en MU el día de ayer.
El caso de M. es tan solo una demostración del funcionamiento del sistema penal, una máquina que se pone en marcha desde la selectividad de la policía y continúa con un proceso cuyo último eslabón es la prisión. Por esa razón, se reunieron referentes y especialistas para presentar datos y casos concretos que revelan el colapso del modelo penitenciario que impulsa el actual sistema judicial. “Lo que queremos evitar es que M. cumpla el ultimo eslabon de esta cadena, que va a garantizar no sólo la prisión, sino la tortura y la permanencia en el sistema», explica a lavaca Heredia, experta en derechos humanos.

Qué pena: apuntes desde el colapso del sistema penitenciario, y por una nueva agenda de derechos humanos

La mesa de debate Cárcel y justicia: qué pena, en MU.
Foto: Martina Perosa

El control social de la pobreza

Durante la mesa se propone un nuevo frente de Derechos Humanos que actúe más allá o más acá del Derecho, para garantizar que no se atropellen los derechos de los jóvenes en el sistema penal ni en situaciones de detención. Alcira Daroqui, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh, del Instituto Gino Germani de la UBA), dice: «En 2007 no se hablaba de tortura en democracia. Nosotras constatamos que el 65% de la población carcelaria veía violentados sus derechos. Por hacer estos informes recibimos una campaña en contra desde el Poder Judicial. Pero el poder judicial es el único garante de esas violaciones de derechos humanos en cárceles».
El Gespydh realiza anualmente un informe que establece un diagnóstico del sistema penitenciario argentino. El del 2017 puede entenderse en dos cifras: el organismo relevó un total de 5328 torturas sobre 1408 víctimas. Daroqui pone carne a esos números:
* • “Los detenidos dicen que nunca vieron ni a un juez ni a un fiscal».
• “Mientras éstas sean las cárceles hay que evitar que la gente vaya a la cárcel. Vos no podés retener mientras estás violando derechos humanos”.
• «El sistema penal y sus operadores nos tienen que dar explicaciones de por qué habiendo cambiado leyes y gastado presupuestos enteros, el sistema penal sigue creciendo para violar derechos».
• «Hay que ponerle un límite al Poder Judicial en su capacidad de producir daño. Hay que abroquelarse muy fuertemente contra éste: es el que tiene más impunidad para la sanción social».
• «El Poder Judicial garantiza el orden social injusto y desigual: para eso nació. Por eso nosotros decimos: no está funcionando mal, funciona muy bien. Lo que decimos es por qué producen daño y violan derechos».
• «El encierro no puede ser la estrategia para solucionar la criminalidad. Hay que ponerle ese límite».
• «Nosotros no hablamos más de seguridad: hace 20 años dicen ´seguridad´ y no han dado resultados. Tampoco existe la llamada ´seguridad democrática´. Hablemos de política criminal. Y tracemos un recorrido que explicite desde cuándo tenemos Ministerio de Seguridad en Argentina: surgió en 2010, durante el kirchnerismo, tras el Parque Indoamericano». • «El concepto de violencia institucional diluye la violencia estatal, y sobre todo hizo que se hable cada vez menos de la tortura. Es un concepto perverso: nuestra tarea es preguntarnos estas cosas. La violencia institucional es una tortura sin sujeto. En cambio cuando hay tortura, hay torturador».

Qué pena: apuntes desde el colapso del sistema penitenciario, y por una nueva agenda de derechos humanos

Waldemar Cubilla (sociólogo, docente, director de la biblioteca popular La Carcova y miembro del Equipo de Reflexión y Aplicación de lo Jurídico Penal de la Universidad Nacional de San Martín) y Alcira Daroqui, directora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA.
Foto: Martina Perosa


Otro de los especialistas que participó fue Waldemar Cubilla, sociólogo, docente, director de la biblioteca popular La Carcova e integrante del Equipo de Reflexión y Aplicación de lo Jurídico Penal de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). “El hecho de estar en cana ya es tortura. Y el preso sabe que va a ser torturado, y aprende a soportar la tortura. Aparte de haber estado 9 años preso, tengo un laburo en el sistema jurídico penal. Lidero una biblioteca popular con el objetivo de que los pibes no caigan en cana. Y si caen, que salgan. La mayor acción política es seguir hablando: para eso no te tienen que matar, no te tienen que desaparecer. Y creo que también hay que discutir en seguridad, porque es lo que se discute: qué onda con los patrulleros, con las cámaras. Después creamos nuestro discurso, pero no hay que dejar pasar ese debate».
Del debate participó también Vanesa Orieta, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, una de las referentes en derechos humanos en Argentina. “10 años lleva la causa de Luciano en la justicia federal: no hay ningún imputado”, sintetiza. Casualidad o no, la jornada transcurre 12 años después de la segunda desaparición de Julio López.
Qué pena: apuntes desde el colapso del sistema penitenciario, y por una nueva agenda de derechos humanos

Alcira Daroqui, Verónica Heredia y Vanesa Orieta.
Foto: Martina Perosa


En línea con lo expuesto por Daroqui, Cubilla y Heredia, Vanesa subraya cuál es el sujeto social sobre quien cae esa violencia estatal. “Hay toda una maquinaria puesta para controlar a los pibes, encerrarlos y disciplinarlos ya sea a través del gatillo fácil, de las causas armadas, del encierro: existe un control de la pobreza. Se hace difícil pero hay que disputar el poder de la palabra, que es lo que no quieren que tengamos. Durante el proceso de luchar por mi hermano me di cuenta que no era solo Luciano: su cara se reproducía a montones».
Heredia retoma el caso de M. y la necesidad crucial de señalar esa política criminal del Estado, con sus consecuentes eslabones que ponen en marcha la máquina penitenciaria de la tortura, para explicar lo que parece obvio pero no lo es: “Presentamos un recurso de queja ante la Corte: el joven estuvo libre todo este tiempo y no cruzó ni un semáforo en rojo. Casación acaba ratificar su pena, y la última instancia es la Corte Suprema. En estos años estuvo libre y su comportamiento fue ejemplar. ¿Para qué iría preso?».
El encuentro dejó en claro que la pregunta tiene una sola respuesta.
Es por abajo, y es social.
Qué pena: apuntes desde el colapso del sistema penitenciario, y por una nueva agenda de derechos humanos

Vanesa Orieta y Waldemar Cubilla: la semilla de otra agenda de derechos humanos.
Foto: Martina Perosa

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

Taller: ¡Autogestioná tu Podcast!

De la idea al audio: taller de creación de podcast 

Aprendé a crear y producir tu podcast desde cero, con herramientas concretas para llevar adelante tu proyecto de manera independiente.

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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