Tras el informe del INTA-Balcarce que descubrió 22 plaguicidas en suelos y numerosas fuentes de agua en Lobos, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires exhortó al Municipio a que detenga la aplicación de agroquímicos. Los detalles de la presentación que hizo la Defensoría, en una entrevista que repasa la falta de controles, la falta de ordenanzas y estudios de impacto ambiental, el silencio de autoridades nacionales y provinciales, y los venenos que siguen contaminando en Lobos, como un caso testigo de lo que sucede en todo el país.

Vecinas y vecinos del partido de Lobos decidieron romper un statu quo que no entiende de grietas: realizaron un monitoreo ambiental y se organizaron comunitariamente para pagar un estudio analizado por el Laboratorio de Plaguicidas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Balcarce que, a fin de mayo, reveló la presencia y mezcla de 22 plaguicidas en redes y pozos de agua domiciliaria, plazas, suelos, napas subterráneas, escuelas rurales, espacios verdes del casco urbano y hasta en la lluvia. En definitiva, una contaminación de agroquímicos desde el cielo hasta la tierra, a espaldas de leyes provinciales y nacionales que resguardan la salud y el ambiente, pero no se cumplen.

Ante la inacción de la intendencia de Lobos, comandada por Jorge Etcheverry (Cambiemos), —en sintonía con el silencio del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia de Buenos Aires (Frente de Todos)—, el pasado 2 de agosto la Defensoría del Pueblo bonaerense exhortó al municipio “a la inmediata intervención a fin de detener dichas prácticas tomando las medidas que crea corresponder, hasta tanto la situación de fondo sea dilucidada con motivo de prevenir y detener el posible daño ambiental y a la salud ocasionado”. Y “ruega informar las medidas adoptadas a la presente solicitud dentro del plazo de cinco días dado el carácter urgente del pedido”.

Para profundizar sobre el tema, lavaca entrevistó a Gastón Arias, Secretario de Servicios Públicos y Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, uno de los encargados de impulsar el pedido al Municipio.

La Defensoría y la agroecología

—¿Qué pensaron al leer el informe del INTA Balcarce?

—Nos pareció sumamente grave que no sólo se hayan encontrado en el agua, en el aire y en el suelo muy altos componentes de agroquímicos, sino también que algunos aspectos superan 45 veces lo permitido. Por eso el Defensor del Pueblo (Guido Lorenzino) nos pidió que interviniéramos y solicitemos al Poder Ejecutivo y al Concejo Deliberante de Lobos que detengan todo tipo de avances de agroquímicos y se conforme inmediatamente una mesa de trabajo para mitigar esta situación, protegiendo el ambiente y la salud de todos.

—¿Cuáles serían las medidas necesarias que reclama la Defensoría del Pueblo a la intendencia?

—Además de detener las aplicaciones, el municipio debe trabajar codo a codo con el Ministerio de Desarrollo Agrario para empezar a auditar y monitorear las recetas agronómicas que se expiden. Esto se asemeja a lo que a nivel judicial es una medida cautelar, porque lo peor es que se sigan permitiendo las aplicaciones cuando los estudios arrojaron números realmente muy alarmantes y escalofriantes.

—¿Qué le exigen al Concejo Deliberante?

—Que tomen en cuenta el aporte de la Defensoría y analicen los proyectos de ordenanzas de una manera integral, primero porque muchas veces se sancionan normas en contradicción con la normativa provincial; segundo porque no se piensa en la planificación, en el ordenamiento territorial; y tercero porque en muchos casos no se contempla otro tipo de prácticas como la agroecología, que nosotros la estamos proponiendo en todos los ámbitos porque creemos que hay que ir rumbo al reemplazo de los agroquímicos. Además, pedimos que se observen las aplicaciones aéreas y la manipulación de envases de agroquímicos, que en muchos casos no hay normativas y en otros no se cumplen.

Plaguicidas en agua y suelo

Los números registrados en el informe del INTA Balcarce hablan por sí solos: en el agua subterránea se detectaron 11 plaguicidas; en el agua superficial, 12; en los sedimentos de la Laguna de Lobos, 7; en la vegetación del casco urbano, 6; en los suelos, 5. En cuatro de las muestras de agua tomadas por la comunidad se superaron los valores admitidos por la Unión Europea y los plaguicidas fueron detectados incluso en el agua corriente que llega a la población.

—El reclamo de la Defensoría es que prohíban la aplicación de agroquímicos hasta que la situación de fondo sea solucionada. ¿A qué se refieren con “la situación de fondo”?

—Nosotros no estamos en contra de las aplicaciones de los productos autorizados, porque no podemos ir en contra de las normas que lo autorizan. Sí creemos que deben realizarse con mucho control, no solo de las autoridades provinciales sino también municipales.

—Anteriormente mencionaste estar a favor a una transición a la agroecología, ¿por qué no están en contra de usar agrotóxicos?

—No estamos en contra de los productos que se encuentran autorizados y existe el control, ya que todas las recetas agronómicas son aprobadas por la provincia de Buenos Aires, firmadas por profesionales que llevan adelante esas aplicaciones. Mientras se realicen en el marco de la normativa vigente no podemos estar en contra. Lo que sucede es que en muchos casos se viola ese tipo de aplicaciones.

—¿Escasean los controles?

—Esto se necesita profundizar en Buenos Aires. No alcanza con los provinciales, sino también deben estar los municipales y para esto es importante que haya ordenanzas municipales, muy serias y concretas.

Bidones libres de agrotóxicos

Tras conocerse los resultados del INTA Balcarce, un grupo de habitantes de Lobos presentó un recurso de amparo debido a la contaminación. Al respecto, el pasado 16 de julio la Justicia de La Plata dictaminó que «existe la imperiosa necesidad de una tutela judicial urgente de toda la población, en la medida en que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas, entre ellas menores de edad, y al mismo tiempo existe una demora de la Municipalidad en dar una solución definitiva a esta situación».

La resolución judicial ordena que la intendencia debe entregar bidones de agua potable «libre de agrotóxicos» en los establecimientos educativos, clubes, centros de salud y domicilios de los amparistas firmantes. La medida debería extenderse a toda la población lobense tras la intervención de la Defensoría del Pueblo. Arias, intendente de Brandsen entre 2011 y 2015 por el Frente para la Victoria, comentó sobre los pasos a seguir: “Instruimos a nuestro cuerpo de legales a que le solicite a la Justicia que nos incluya como parte del expediente para aportar urgente nuestra mirada. También le pedimos que intervenga al Ministerio de Desarrollo Agrario, a la Autoridad del Agua y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que deben monitorear esta situación. Necesitamos llevar adelante un trabajo sin pausas, serio y profesional. No debe quedar en palabras, sino trasladarse a hechos concretos”.

—Desde la Defensoría le piden al Municipio y al Concejo Deliberante de Lobos que frene el uso de agrotóxicos, cuando ocurre lo mismo en gran parte de Buenos Aires y del país. En Pergamino, por ejemplo, un fallo judicial determinó fumigar a no menos de 1095 metros de las zonas urbanas. ¿No creen que debería haber una política que englobe a toda la provincia y no a municipios por separado?

—Sí, coincidimos y hasta le hemos planteado en 2020 al Ministerio de Desarrollo Agrario un proyecto que actualice la legislación sobre la aplicación de agroquímicos. Estamos convencidos que hay que universalizar la normativa vigente, así como ampliar los controles y aunar criterios en la legislación de los Concejos Deliberantes. Hay un sinnúmero de ordenanzas que no tienen nada que ver unas con otras y por eso se debe avanzar en una reforma integral. Es fundamental que este tema de una vez por todas se tome como una política de Estado y tenemos muy buenas expectativas.  

—En junio pasado venció el plazo para que el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) creado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, concluya sus estudios de impacto ambiental, social y sanitario, y aún la documentación recopilada no se hizo pública. ¿Por qué?

—La información se está tabulando, es muy serio el trabajo que está llevándose adelante. Cálculo que en los próximos dos o tres meses tendremos las conclusiones. Estoy convencido que a partir de ahí se van a disparar las próximas leyes que serán favorables a la protección del ambiente.

—El informe del INTA Balcarce se conoció en mayo, pero ya estamos en agosto y ningún funcionario del Ejecutivo provincial se pronunció al respecto. ¿A qué atribuís este silencio?

—A veces estos trabajos científicos, muy profesionales, no impactan al día siguiente de la publicación. Creo que en los últimos días se hizo realmente público y me parece que próximamente habrá expresiones en este sentido.