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“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

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Cinco efectivos bonaerenses fueron detenidos el domingo por el crimen de la joven en Laprida, provincia de Buenos Aires. Por lo menos desde los años 90, la brutalidad de los oficiales sometió al miedo a toda una población. Picanas, bolsas y palizas. Entrar a la comisaría del pueblo se convirtió en tortura. Facundo Lo Duca investigó los archivos del lugar y entrevistó a otras personas que sufrieron violencia institucional en la misma comisaría donde murió Daiana. 

Cuarta entrega de la cobertura conjunta entre Revista Cítrica, Lavaca y Perycia. Fotos: Mauro Arias

Con el pecho en el suelo, la cara ensangrentada y las manos esposadas detrás, Alan Torres intenta ladearse a un costado. Un policía llega y lo frena con la punta del borcego.

─Así que te gusta joder con nosotros ─dice el oficial, pero él no entiende. En esa noche fresca de mayo del 2021, tirado en la puerta de su casa del barrio Fonavi, Alan ─fibroso y desgarbado─ siente desde el piso cómo los ganchos se aflojan. Distingue, en ese breve alivio, a siete policías rodeándolo. Uno de ellos agarra su muñeca derecha y la estira hacia atrás. Otro levanta su tobillo izquierdo. Las partes se tocan en el aire. Y así, desafiando los límites de su propia flexibilidad, lo levantan.

─¿No te das cuenta que la ciudad es nuestra, pelotudo? ─será lo último que escuche antes de desmayarse, luego de que lo arrojen, como un bolso viejo, a la caja trasera de una camioneta policial que arrancará dando tumbos frente a un grupo de vecinos. Nadie dirá una palabra, mientras los destellos azules del móvil se pierden en la noche cerrada.

El día que nadie festejó a Salamone

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

Laprida queda a unos 470 kilómetros de Capital Federal. Sus doce mil habitantes, la vastedad de sus campos y un clima árido son particularidades pequeñas al lado de la única condición que la hace reconocida en todo el sur de la provincia de Buenos Aires: cuatro construcciones del enigmático arquitecto e ingeniero, Francisco Salomone. Alrededor de toda la ciudad, y durante toda la década del 30, Salamone ideó y dirigió obras tan monumentales como innovadoras para la época. También para el lugar: nada había antes. Un matadero, el portal de un Cristo gigante en el cementerio, la plaza principal, la municipalidad y una delegación zonal conforman el abanico artístico que el “arquitecto de las pampas” dejó para la posteridad.

El edificio vidriado del Centro de Interpretación de la Obra de Francisco Salamone es lo primero que uno se encuentra al entrar al pueblo. Allí, una mujer sonriente, con folletos en mano, hablará de datos biográficos, planos perdidos de las obras del arquitecto y fechas. Sobre todo fechas.

─Durante todo junio festejamos el mes de Salomone. Hacemos actividades, visitas guiadas, charlas ¿sabías que volaba en avión desde Buenos Aires para supervisar sus propias obras?

Salamone nació el 5 de junio de 1897 en Sicilia, Italia. Desde hace décadas, la ciudad festeja su natalicio con orgullo. Los turistas llegan desde el extranjero, se invitan a investigadores, universitarios y su historia se narra de espaldas a alguno de sus monumentos.

El pasado 5 de junio, sin embargo, los datos biográficos, los planos perdidos, las fechas quedarían en segundo plano. 

Daiana no se ahorcó

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

Daiana Abregú, una joven de 26 años que había salido a bailar la noche anterior, apareció muerta en una celda de la Comisaría Comunal de Laprida. Los policías, ese mismo día, les avisaron a sus padres que su hija se había suicidado ahorcándose en el calabozo con su propia campera. La segunda autopsia del cuerpo ─solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras no haberse respetado los protocolos necesarios en la primera─ mostró exactamente lo contrario: no hubo ahorcadura, ni lesiones en su cuello. 

Daiana, señalaron los primeros resultados periciales en el último examen, murió por una asfixia. “Fue un homicidio. Y vamos a probarlo”, aseguraron desde un primer momento los abogados de la familia.

Cinco efectivos bonaerenses fueron implicados y detenidos el domingo por la muerte de la joven: Adrián Núñez, Pamela Di Bin, Vanesa Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya. Todos estuvieron presentes en diferentes horarios desde que Daiana entró en la comisaría a las siete de la mañana ─por disturbios en la vía pública─ hasta que se la encontró sin vida entre las tres y cuatro de la tarde.

“Lo primero que un policía tiene que hacer cuando encierra a alguien es notificar al secretario de turno del juzgado de paz”, explica Sergio Roldán, uno de los abogados de la familia. “Y acá nadie lo hizo. El juzgado de Laprida se enteró de que Daiana estaba en la comisaría cuando ya estaba muerta”, cuenta.

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

La oficial Vanesa Núñez, sigue Roldán, estaba a cargo de la última guardia imaginaria que vigiló a Daiana. “Ellas habían tenido sus encontronazos antes fuera de la comisaría”, cuenta el abogado. Núñez, según la versión policial de lo sucedido, es quien encuentra fallecida a la joven. Pide ayuda a Pamela Di Bin, quien se acerca y desata la supuesta campera de las rejas de la ventana. El resto ─Adrián Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya─ colaboraron con maniobras de reanimación del cuerpo. “Los cinco estuvieron presentes en la comisaría. Ahora hay que demostrar cómo actuaron verdaderamente ese día”, vuelve Roldán. 

Hay otros policías, sin embargo, que seguirán investigados. El oficial Víctor Mallón, explica el defensor de la familia, sería uno de ellos. La carátula del caso cambió de averiguación de causales de muerte a homicidio doblemente agravado por alevosía y abuso de la condición de funcionarios públicos. 

El fiscal de la causa, Ignacio Calonje, había ordenado allanamientos en los domicilios de cuatro de los cinco implicados a diez días del hecho. Allí secuestraron celulares que aún están siendo peritados. Ninguno, por el momento, había sido llamado a declarar. Sin embargo, a partir de sus detenciones, el fiscal avanzaría con sus indagatorias en los próximos días. Según una fuente policial de Laprida, Adrián Núñez y Pamela Di Bin habían estado cumpliendo funciones en otras dependencias fuera de la ciudad. La única desafectada fue Vanesa Núñez. Los responsables del destacamento ─el comisario inspector Marcelo Amaya y el comisario Christian Barrios─, también fueron trasladados. Ambos siguen con sus tareas en la ciudad Tres Arroyos. 

La muerte de Daiana marcó a Laprida. Las marchas en reclamo de justicia se hicieron cada vez más frecuentes. Las calles arboladas y taciturnas del pueblo se adornaron con fotos y carteles de la joven. En la plaza que Salamone había ideado para la posteridad hay un mástil, pero hoy funciona como altar. Entre los restos de velas derretidas y restos de pancartas, sobre la piedra gruesa, alguien escribió con marcador rojo: “¿Quién nos cuida de la policía?”

Bolsas, picanas y palizas 

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

Para hablar de su primer encuentro con el oficial Víctor Mallón, Alan Torres se toca las orejas. Era un sábado del 2018 y había salido de un boliche junto a unos amigos. En la calle discutieron con otro grupo. Un patrullero llegó al instante. Mallón bajó y lo tumbó al piso sin mediar palabra. En esa posición, le retorció las orejas. “Otro me apretó los testículos”, recuerda Alan, de 27 años, en el comedor de su casa en Laprida. “Igual nada se compara a cuando me rompieron los dientes”, dice.

Fue el año pasado. Estaba borracho y había discutido con un vecino a unas cuadras de su casa. Al volver, dos patrulleros con siete policías lo estaban esperando. “Me les planté y ahí nomás me destrozaron la cara”. Le partieron dos dientes y lo esposaron cruzado, con una muñeca unida a un tobillo. Así, con el cuerpo contorsionado, lo arrojaron a la caja de una camioneta policial, donde se desmayó. Al despertar, estaba en el hospital municipal del pueblo. Lo habían llevado para hacerle el examen médico antes de ingresarlo en la comisaría. “Seguí discutiendo y en la cama del hospital un oficial me empieza a ahorcar. La doctora entra justo y ve todo”, cuenta. 

Ese día Alan le dijo a la médica que había ingerido varias pastillas de un antidepresivo que tomaba su madre. Quedó detenido en el hospital. “Si entraba al calabozo, me molían a palos. Lo hacen siempre. Te agarran entre todos”, dice. “O te ponen la bolsa”.. “Te atan las manos a las rejas de la ventana de la celda y te embolsan la cara”, cuenta Torres. Expolicías de la estación de Laprida consultados para esta nota confirmaron su uso como instrumento de tortura. 

Stella Maris de la Torre vio a su hijo de nueve años esposado y custodiado por dos policías en el hospital del pueblo, pero no dijo nada. En cambio, le susurró a Dios. “Le pedí clemencia”, cuenta. Era el año 2013 y había llevado a su hijo a la guardia del hospital por un ataque de nervios, pero en un descuido el menor se escapa. Las autoridades del nosocomio avisan a la Ppolicía. 

“Lo salieron a buscar como un delincuente”, cuenta Stella. La madre, finalmente, lo encuentra llorando y atado con esposas en la guardia. “¿Cómo le van a poner los ganchos a un nene de nueve años?”. Stella denunció el hecho en la ayudantía fiscal de Laprida a cargo de Alejandro Braga, pero durante años se negaron a darle una copia. “Braga me decía que no se entregaban y que me olvidara del tema”, cuenta. Tres años después, en 2016, ante el Departamento de Control Interno de la Procuración General de La Plata, denuncia a Braga por no darle ese documento. Nunca le contestaron.

En 2015, Stella volvería a rezar, pero sus plegarias serían reprimidas con golpes. Su hijo, con 11 años, paseaba en su bicicleta cuando un policía lo detiene. Le dice que esa bici no era suya, que se la robó. Lo empuja y se la quita. “Volvió a casa llorando”, recuerda Stella. Ella, su exmarido Héctor Almada y su hijo fueron hasta la comisaría para retirar la bicicleta. Adentro, Héctor discute con unos policías. Identifica a Adrián Núñez ─uno de los policías detenidos─, y a Gustavo Rojas, entre otros. Lo tiran al suelo y lo golpean. Stella y su hijo intervienen. Toda la familia es agredida. A los padres los esposan y los encierran. Al menor lo dejaron en un pasillo llorando por cuatro horas hasta que un familiar pasó a retirarlo. Hicieron la denuncia por las agresiones, pero nunca tuvieron una respuesta. Stella, ahora, reza para que se esclarezca lo que pasó con Daiana. “En Laprida la Policía se cree dueña de nosotros y la Justicia no hace nada. ¿Quién nos ayuda entonces?”, vuelve a preguntarse.

“Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

A Franco Palavecino le rompieron el brazo dentro de la comisaría. Era 2017 y tenía 17 años. Había sido detenido por una pelea en grupo. Adentro, cuatro oficiales, entre los que estaba Adrián Núñez, lo recibieron con una paliza. “Acá no importa si sos menor de edad. Te meten al calabozo y te revientan igual”, cuenta. Esa noche su mamá lo retiró de la comisaría. Al ver a su hijo rengueando, con un brazo colgando de un pañuelo y la espalda lacerada, le tomó una foto. Después hizo la denuncia, pero nunca los volvieron a llamar. “Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”, cuenta Palavecino.

Ailén Arias pasó dos días encerrada en la dependencia por una contravención. Fue en 2020 y había salido de un boliche cuando fue detenida junto a su hermana, su cuñado y su pareja por disturbios en la calle. Estuvieron todo un fin de semana en la celda. “Nos pusieron gas pimienta en la comida que mandaban nuestros familiares”, cuenta. “Una abogada nos ayudó después a salir”. 

Lorena Julián Rodriguéz es abogada en Mar del Plata, pero tiene familiares en Laprida. Esa relación la llevó a tomar varios casos de la ciudad desde La Feliz. Con Ailén, cuenta, bastó con llamar a la comisaría y pedirle explicaciones al jefe de turno. “La tuvieron sin causa y sin dar aviso a ningún juzgado por dos días. Eso es completamente ilegal”, dice la abogada. “En Laprida no se respetan los derechos básicos y muchas denuncias quedan encajonadas”. 

Las historias sobre la brutalidad policial en Laprida se repiten. El paisaje de un pueblo sereno y tradicional de la pampa bonaerense, se enturbia. 

Algo se enciende

Lo dejaron tirado en la celda. De espaldas, con los brazos extendidos en el suelo. Intenta ponerse de pie, pero desiste: un cuerpo estropeado, inútil. Sin embargo, desde afuera, escucha la orden del policía.

─Mandale la picana al gil ese.

Reconoce esa voz. Lo había visto al entrar a la comisaría, casi desmayado por los golpes. “¿Cómo olvidar a un defensor tan rústico?”, pensará Juan Pablo Guzmán cuando el oficial Adrián Núñez, su excompañero en el club Platense de Laprida, dé la orden para picanearlo en el calabozo.

Son cinco. Se mueven rápido adentro. Lo levantan entre cuatro. El quinto, el oficial Gustavo Rojas, está de frente y lo mira fijo. Tiene una linterna larga en la mano. No es cualquier linterna. De un lado ilumina y del otro, comprenderá luego Juan Pablo, traerá oscuridad. Los policías le estiran el brazo. Algo se enciende. Rojas lo picanea una, dos, tres veces. Él aún no lo sabe, pero su verdugo no tendrá ninguna consecuencia. De hecho, al mes, será ascendido a teniente. Mientras tanto, Juan Pablo grita, siente el olor a piel chamuscada.

─¿Ya aprendiste que con nosotros no se jode? ─le preguntarán tras la sesión de tortura en la celda.

El 27 de diciembre de 2020, Juan Pablo Guzmán conducía su camioneta junto a cuatro amigos cuando un móvil policial lo frenó durante la madrugada. Tras presentarles todos los papeles en regla del vehículo, empieza una discusión con tres oficiales. Lo golpean salvajemente en la calle y lo llevan a la comisaría. Allí lo torturan. 

Dos días después, con la ayuda de la abogada Lorena Julián Rodríguez, hace la denuncia en la fiscalía local. “También hicimos presentaciones en organismos de derechos humanos de La Plata”, cuenta Lorena. Luego de dos años, la fiscalía explicó a este medio que “están a la espera de una serie de oficios judiciales respecto a la causa para avanzar”. También asignaron una audiencia para Brian Quinteros, quien estaba con Juan Pablo la madrugada en que lo detuvieron. “Nunca me llamaron de ningún lado”, aseguró Quinteros. 

“Pensé que me mataban ahí nomás”, dice Juan Pablo Guzmán sobre esa noche. Detenido en el penal de Sierra Chica de Olavarría por un supuesto robo ─que nada tiene que ver con lo que le pasó en Laprida─ Juan Pablo solo quiere justicia. “Yo la pude contar. La mano dura de algunos oficiales ya es conocida en el pueblo. Ojalá que lo que le pasó a Daiana sirva para que las cosas cambien”.

Desde adentro

Julieta V. ─un nombre ficticio para resguardar su identidad─, es policía bonaerense y formó parte de la comisaría de Laprida. “Amo mi uniforme, aunque otros no merecen ni llevarlo puesto”, dice Julieta desde un café del pueblo. En sus cinco años como oficial de esa estación Julieta, cuenta, vio de todo: desde efectivos violentos hasta inescrupulosos. Sin embargo, nunca pensó que lo sufriría en carne propia.

En 2019, denunció ante la secretaría de Seguridad que su superior de servicio, Juan Felipe Caparrós, la acosaba sexualmente. “No solo a mí sino a mis compañeras y a cualquier mujer que se acercaba a la comisaría”, cuenta. “Si alguien dejaba sus datos, él las llamaba”. Julieta había dado aviso de esto a una de las jefas de la estación, Karina Couchez, pero no la escucharon. “Me cansé y lo denuncié directamente”. Ese mismo día, Caparrós fue trasladado preventivamente a otra dependencia. Su denuncia, luego, sería descartada por falta de pruebas. 

“No hubo sanción, solo lo derivaron a otro lugar, donde quizás siga haciendo lo mismo”, dice. Según datos que surgen de un pedido de información pública realizado por Perycia, hubo siete denuncias por violencia de género a policías de Laprida entre 2013 y 2019.

Tras la salida de Caparrós, las represalias llegaron para Julieta. Sus colegas de la comisaría ya no le hablaban y sus jefes le perdieron consideración. Un año después, pidieron su traslado a Olavarría. “Fue duro. Estoy lejos de mis hijos y tengo que viajar 150 kilómetros todos los días”. No sería la última experiencia de Julieta con la dependencia de Laprida.

En octubre de 2020, durante el aislamiento por la pandemia, su hijo había salido a festejar sus dieciocho años con unos amigos. Un patrullero los frena. Dos policías, entre los que estaba Gustavo Rojas, se bajan. La discusión se tensa y Rojas hace lo que mejor sabe: lo deja sangrando en el piso y se lo lleva detenido. Cuando Julieta fue a buscarlo, se despachó con la jefa de turno. “Les dije a todos que tenían el uniforme sucio y que yo me había ido, pero limpia”. Acompañó a su hijo a hacer la denuncia, pero nunca tuvieron novedades. Consultamos a la fiscalía local para ver el estado de la misma. “Estamos a la espera de oficios e informes”, dijeron, otra vez.

Respecto a lo que pasó con Daiana, Julieta apunta al subcomisario Christian Barrios, trasladado a Tres Arroyos. “Siempre avaló cada manejo de sus policías. Como jefe, debería haber cambiado las cosas que estaban mal, pero no hizo nada”. La detención de sus excompañeros, avivó la hipótesis de que Daiana fue asesinada por una asfixia. La bolsa, como método de tortura, también cobró fuerza. “Un detenido me contó hace tiempo que lo habían embolsado para subirlo al patrullero. Yo nunca lo presencié, pero sí que ocurría”, dice. 

“Es un tipazo, pero a veces se le va la mano”

Es una noche fresca de junio y el policía bonaerense Pablo A. ─prefiere no dar su verdadero nombre─, maneja su camioneta por Laprida con liviandad. Cada vez que pase por la comisaría ─que serán varias─ la mirará fija y dirá cosas como:

─Acá el problema era Christian Barrios. Nunca tuvo que haber llegado a jefe.

Pablo fue policía de la estación desde 2016 hasta 2020, cuando el exsubcomisario Barrios pidió urgente su traspaso a otra localidad.

─Quise rebuscarmela desde lo económico y molestó, pero los jefes sí pueden hacer sus negocios. ¿Sabés cuánto gana un policía? Bueno, poco.

En sus cuatro años entabló relación con varios de los oficiales detenidos, y también con Víctor Mallón.

─Víctor es un tipazo, yo lo quiero mucho. Pero a veces se le va la mano.

El “se le va la mano” de Pablo derivará en Mallón golpeando varias veces la cabeza a un joven contra la reja del patrullero. Esa vez los dos habían ido a una casa por un llamado de música fuerte. Pablo bajó del móvil y les pidió a los jóvenes que apagaran los parlantes, pero no hicieron caso. Mallón, en cambio, bajó con una escopeta. Y empezó el desmadre.

─Víctor es temperamental. En el pueblo no le quieren mucho por eso. Pero es una buena persona. No te creas que los vecinos de acá son todos santitos, eh. A veces se la buscan.

Del detenido Adrián Núñez dirá que es una “excelente persona” y un “muy buen compañero”. El 20 de diciembre del 2019, Pablo y Adrián fueron reconocidos por sus desempeños en un acto oficial. Núñez, esa jornada, recibió un premio estímulo como oficial ayudante.

─Igual no pongo las manos en el fuego por nadie ─dice Pablo, mientras un patrullero pasa por el otro carril y él saluda a su conductor─. Yo no creo que la piba se haya suicidado. O si lo hizo, la dejaron morir.

Pablo se detiene en un semáforo al costado de la plaza. Debajo de su camioneta, en el pavimento, todavía hay pintadas de la última marcha en reclamo de justicia por Daiana.

─El tema de la bolsa y las torturas yo nunca lo presencié, pero sé quién lo empezó ─dice Pablo. ─Jorge Hein. El “ruso”. Ya murió, pero es una leyenda el tipo. 

─¿Qué hacía?

─Mañas de policía viejo. Capaz torturaba un poco. Acá hicieron escuela varios con él. Barrios (Christian) fue uno.

El legado Hein

El policía Jorge Mario Hein llegó a Laprida a principios de los ´90 cuando la ciudad ─explica el periodista de policiales Marcelo Beltrán─, “era un caos”. “Había mucha delincuencia. Banditas que hacían quilombo en las calles. Hein llegó de Olavarría, lo nombraron subcomisario y puso orden”, cuenta Beltrán.

El orden para Hein, sigue el periodista, fue la mano dura. “Era guapo ‘el ruso’. Tenía sus métodos, claro, pero el delito bajó”. Las bolsas en la cabeza, las picanas y las palizas feroces dentro de la comisaría se volvieron moneda corriente. El oficial bonaerense Pablo confirma esto. “Mi papá era policía y me contaba historias sobre él. Los viejos oficiales del pueblo lo recuerdan así, con esas prácticas”. El abogado Sergio Roldán también tiene su anécdota con ‘el ruso’: “Una vez me prohibió entrar a un allanamiento con él. Me ordenó por las buenas que me quedara afuera”.

Las denuncias contra la policía de Laprida en ese entonces ─y como ahora─ se acumularon. Tanto que, en el año 2003, Asuntos Internos tenía previsto llegar al pueblo a fines de julio para revisar una serie de expedientes y documentación sensible. El 21 de julio de ese año, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a la cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. En agosto, el peritaje de esa investigación determinaría que el fuego se encendió de forma “intencional”

De hecho, en la noticia, figura que Marcelo Amaya ─excomisario de la estación separado por el caso Daiana─ estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

Hein, por esa fecha, ya estaba siendo investigado por una malversación de horas extras en la comisaría. Según una fuente de Asuntos Internos consultada por este medio, el subcomisario fue declarado “prescindible” de la comisaría en 2004. Al año, es exonerado por completo de la fuerza, poniendo fin a su mandato en el pueblo.

En Laprida, tras 20 años, las cosas siguen ─más o menos─ igual.

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La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

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Este domingo 12 de mayo falleció Andrea Amarante (42 años), con el cuerpo quemado en un 75%. Era la tercera de las víctimas del incendio provocado en Barracas, Buenos Aires, hace una semana. El domingo pasado Justo Fernando Barrientos incendió la habitación de un hotel de la calle Olavarría al 1600 donde vivían cuatro mujeres, vecinas suyas. Pamela Cobas, 52 años, murió el lunes. El miércoles falleció Mercedes Roxana Figueroa (52) y Andrea hoy. Sofía continúa internada. Barrientos intentó suicidarse cortándose el cuello con una sierra: también fue internado pero apenas le dieron el alta quedó detenido. Lavaca estuvo en el lugar tratando de reconstruir lo que ocurrió. Las voces de los vecinos y vecinas y de la dueña del hotel.

Texto Francisco Pandolfi.

Afuera no quedan rastros de lo que pasó el domingo rozando la medianoche. Ya no hay consigna policial. Ni conmoción ni medios de comunicación.

La puerta de calle –de chapa, bordó, gastada– está cerrada. De un lado, una persiana de metal amarrada entre cables. Del otro, las persianas abiertas de par en par: si no fuera por Juan, el vecino que desde su habitación trabaja arreglando ropa, daría la sensación que este hotel familiar estuviese totalmente abandonado.

Olavarría 1621, Barracas, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

Así quedó parte de la habitación quemada.

Allí Justo Fernando Barrientos, uno de los inquilinos del hotel, prendió fuego la habitación donde vivían dos parejas de mujeres. La investigación judicial reside en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo de Edmundo Rabbione. Pamela Cobas, de 52 años, falleció por las quemaduras el lunes en el Hospital del Quemado. Mercedes Figueroa murió este miércoles 8 de mayo y Andrea Amarante hoy, una semana después. Sofía, internada en el Penna, está fuera de peligro. Justo Fernando Barrientos intentó suicidarse, lo internaron en el Argerich y luego quedó detenido por la Policía de la Ciudad.

Juan acepta hablar con lavaca. Cuenta que vive en el hotel desde hace 22 años, que siempre la debió remar un montón: muestra los callos de la mano para acreditarlo. Cuenta que vivió un año en el Parque Lezama, que se la rebuscó trabajando toda la vida, que mucho tiempo fue mantero y otras muchas, también, fueron las veces que terminó en un calabozo porque la policía le quería sacar su poca mercadería. Y que cuando no había nada que vender, se tomaba el tren Roca en Constitución, hasta Glew, donde se colgaba de los árboles, cosechaba eucaliptus, laurel y romero, y con ellos hacía ramitos que ofrecía para parar la olla.

Dice que ahora la cosa está muy jodida. Que vende en la feria de la calle Patricios. Que hasta hace una semana pagaba 50 mil pesos la piecita, pero que el viernes pasado le aumentaron a 60 mil. Y está enojado, también, porque el mismísimo lunes, un puñado de horas después del incendio, el yerno de la dueña pasó a cobrar y le pidió 70. “Acá no tenemos agua caliente; me tengo que bañar calentándome una ollita. ¿A vos te parece? Tampoco tenemos luz en los baños ni en la cocina, que son compartidos”.

Juan dice que conocía sólo de vista a las chicas y a Justo Fernando Barrientos; que nunca había escuchado ningún problema, y que estaba durmiendo cuando pasó lo que pasó. Y también me aconseja, cuando lo ve venir a Eduardo: “ahí está el encargado; hablá con él”.

Mientras abre la puerta, Eduardo se presenta como un “changarín” que trabaja como pintor “y de lo que haga falta”. Tiene 59 años bien disimulados y vive en el hotel desde el 2016, a cambio de la limpieza y la mantención del lugar. “Estamos muy mal económicamente; los precios en el supermercado no bajan y hay que dejar de comer; o elegir cuándo hacerlo. ¡Andá a comprar un litro de aceite hoy! Para vivir hay que gastar diez lucas por día, ¿y quién tiene esa plata?”.

Contextualiza la trama social del hotel: “Lo habita gente trabajadora y también que está en la indigencia; que vivía en la calle y se viene acá porque no es un alquiler caro. Por esta zona hay cada vez más gente en situación de calle, porque no hay laburo”. Sigue: “Todo se está poniendo más bravo. Lo veo en mí y en el resto: para que alcance, hay que levantarse más temprano y volver más tarde de hacer changas. En el hotel somos todos pobres, y ni trabajando a full llegás a fin de mes. Está jodida la vida”.

¿Percibís una relación entre el crimen y el contexto? “Sí, claro. La violencia sucede a raíz de lo que nos pasa a nivel social. Trae un montón de problemas el cómo vivimos. Este es un barrio tranquilo, este hotel es un lugar tranquilo para dormir, aunque ahora aparecen un montón de notas diciendo mentiras sobre lo que pasaba acá adentro”.

La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

El baño al que llevaron a las chicas quemadas: “Se pusieron abajo de la ducha, pero ya estaban muy incendiadas… muy incendiadas; sin pelo ya”.

¿Por qué Justo Fernando Barrientos hizo lo que hizo? “Yo no sé lo que pasó. Nunca había escuchado una discusión entre ellos. Con él y las chicas mi relación era hola y chau. A él siempre lo veíamos andar en bicicleta, y hace dos o tres meses me llamó la atención que no la tenía y entonces le pregunté; me dijo que estaba mal porque se la habían robado en Pompeya. Hace changas, creo que es plomero”.

Se abre la puerta y María Rosa, la dueña del hotel, está sentada en uno de los escalones por los que se entra. Grita (me grita): “¿Vos querés saber qué pasó? Yo te voy a contar lo que pasó, porque acá todo el mundo viene a preguntar, pero nadie viene a traer soluciones”. María Rosa tiene 89 años, un crucifijo enorme en el pecho y la tonada gallega. “Hasta me hicieron una denuncia ahora, ¿vos podés creer? Algunos me deben 7, 8 meses de alquiler y encima me denuncian a mí, diciendo que no andaban los matafuegos cuando tengo todo en regla. Eso me tenés que venir a preguntar, que tuve que comprar unos materiales y ni le pude pagar a la señora de la ferretería, que me conoce y me fío; que estoy esperando que me paguen un alquiler y con eso pagarle al plomero que está haciendo arreglos”.

Después del inicio catártico, pregunta qué medio de comunicación es el que ahora está sentado a su lado. Y asegura: “Yo le digo toda la verdad. Hay que ver más allá del incendio; lo que pasó fue una desgracia. Porque yo le voy a decir una cosa, las dos chicas…”. La charla se interrumpe. Y María Rosa empieza a darle explicaciones, sin que se las pida, a la señora rubia que acaba de pararse frente a ella. “Ya estoy arreglándolo doñita, ¿le cayó agua?”. La mujer, de cuarentilargos o cincuentipocos, le responde con respeto, como si acabara de tomarse un sedante, o de apretar el freno de mano, para no mandarla a la mierda:

–No, no. Hace más de un mes que cae agua, pero cada vez más. Había una grieta, y después se hizo otra.

–Ahí está el plomero, ¿quiere ir a ver? Suba, suba pa’ que vea.

–No, no, yo quiero que lo resuelva, porque ya se me arruinó la cocina y me está arruinando todo.

–Lo que pasa es que la gente no me paga. Estoy cobrando 50 mil pesos y la gente no me paga. Me deben 7, 8, 9 meses, no puedo hacer milagros porque tengo que pagar la luz, el gas y el agua, porque si no me cortan y hay gente que sí paga.

–Yo sé que esta semana es complicada por lo que pasó, que por ahí no es momento, pero yo quiero que entienda una cosa: usted tiene sus problemas y yo tengo los míos, y a mí se me está viniendo la casa abajo en aspectos que no son de mi injerencia, que no los puedo arreglar porque están dentro de su casa.

–Sí doña, lo sé; ya lo están arreglando. Entiéndame, doña; no hay plata, la gente no me paga.

La “doña” se va y María Rosa continúa su relato: “Decía que las chicas nunca tuvieron ningún problema, que ellas me pagaban siempre; y el hombre lo mismo, cumplía todos los meses”.

La escena del crimen: murió la tercera de las cuatro víctimas del incendio de Barracas

Así quedó la habitación tras el incendio.

¿Qué pasó la madrugada del lunes? “Yo muy bien no sé; conmigo se comportaban siempre de manera normal, el señor y las chicas. Nunca tuve un problema, nunca. Ni un sí ni un no. Lo que sé es que las chicas dormían de día y de noche estaban levantadas; entonces si usted trabaja de día y quiere dormir de noche, hasta los pasos se sienten, y eso es lo que pasó. En los hoteles pasa esto, se habla fuerte y el hombre se habrá cansado de eso. Se ve que tiró algo inflamable y ahí prendió fuego”.

María Rosa llegó al país a sus 19 años de las Islas Canarias, tiene 4 hijos y hace cuatro décadas compró este hotel “con sangre”, porque el crédito que sacó “tenía unos intereses impagables”. Asocia: “Como los créditos UVA de hoy”. También comenta que las últimas horas estuvo yendo de hospital a hospital para ver a las chicas y al hombre. Cuando le menciono que Pamela murió (hasta el momento de la charla era la única fallecida), que Justo Barrientos la asesinó, me dice que no. Que no puede ser. Pero fue.

En el libro de actas del hotel estaban registradas dos de las cuatro mujeres: Pamela y Mercedes. La dueña sabía que se habían sumado otras dos hacía algunos meses, pero como vivían lejos les daba “lástima” decirles que se fueran. En el registro interno del hotel figura que Justo Fernando Barrientos tiene 72 años.

María Rosa retoma la catarsis: “Acá hay 20 piezas divididas en tres pisos y hasta hace una semana cobraba 50 mil pesos cada una; están todas llenas, algunos me pagan por mes, otros por día. ¿Qué hago yo con esa plata? Este mes lo tuve que aumentar a 60 mil. O sea, 2 mil por día. ¿A usted le parece? Un litro de vino vale eso; un sachet de leche vale eso. ¿Estoy cobrando mucho? Y subí porque este mes vino muy cara la luz, el agua, el gas. ¡Más de 200 mil tengo que pagar de cada impuesto! Si antes pagaba un peso, ahora pago 6; es una barbaridad”.

Se explaya sobre el crimen: “Fue un momento de calentura. ¿No vio lo que pasa en los matrimonios? ¿Y cómo matan a los chicos? Es un momento donde la gente se aparta de Dios y el diablo la toma. Yo creo que pasó eso”. ¿Alguna vez Justo Fernando Barrientos le hizo algún comentario en contra de las chicas? “No, y eso que yo hablaba con él. Él vive en el hotel desde hace seis años; las chicas hace dos. Este lugar es tranquilo; fíjese, escuche; no se siente nada; pero bueno, se ve que de noche había ruido, aunque él nunca me dijo nada”.

¿Alguna vez escuchó que en el hotel discriminaran a las chicas porque eran pareja?

“No, no. Cada una hace de su cuerpo lo que quiere. Mire usted que hasta el Papa lo acepta”. Luego sugiere: “Tenés que hablar con Don Miguel, él fue quien las ayudó a las chicas, que las llevó al baño cuando se incendió la pieza”.

Miguel está en su habitación del primer piso, donde también vivían las chicas y Justo Fernando Barrientos. Miguel lleva puesta una camiseta de fútbol de la Juventus, de Italia. Pide no grabar la conversación y luego va a requerir, acentuando la voz, que esta nota refleje las palabras tal cual las dice. “Yo hablé en una nota televisiva y dije que ellas eran conflictivas y me empezaron a criticar, pero me sacaron de contexto; quise decir que discutían entre ellas. Yo sé que al decir esto van a decir que soy un machirulo. Fernando (lo llama por su segundo nombre) era un tipo que no hablaba con nadie, era educado. Ellas tenían una vida diferente; hacían ruido de noche y llegó un momento que el hombre explotó. No es justificable todo lo que hizo, no tiene perdón de Dios, pero explotó; le agarró un brote psicótico”.

Reitera: “Te pido que lo pongas como yo te lo digo”.

Y arranca su relato: “Eran como las doce y pico de la noche, estaba acostado y sentí como si hubiera explotado una pyrex. Empezamos a escuchar gritos. Para ese momento, Fernando ya había tirado lo que aparentemente fue una especie de bomba; tiró alcohol y salieron las dos chicas quemadas, gritando; con dos vecinos de arriba intentamos apagar el fuego, ayudarlas; las chicas fueron al baño, se pusieron abajo de la ducha, pero ya estaban muy incendiadas… muy incendiadas; sin pelo ya”.

Sigue: “Este hombre subió arriba, con una sierra y se cortó el cuello. Después vinieron los bomberos, la policía y el SAME. Eso es lo que ocurrió, nada más”.

Para usted ¿fue un crimen de odio por la orientación sexual de las chicas?

–No sé el pensamiento de Fernando al respecto.

–¿Alguna vez había tenido un brote similar al que describe?

–No. Que quede claro que no lo justifico: es atroz lo que hizo. Jamás… creo, porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar la cabeza de uno, me podría pasar a mí. Es una locura lo que ha pasado.

Miguel, que vive en el hotel desde hace 12 años, dice: “acá vive gente trabajadora” y señala con las manos a distintas piezas: “Jubilado; jubilado; jubilado (se señala); ese muchacho hace delivery; jubilado; ese es vendedor ambulante; jubilado; ese muchacho no sé a qué se dedica; el que entró recién acaba de volver de trabajar y se fue a las 6 de la mañana. Yo soy jubilado, pero tengo que seguir laburando: me levanto a las 4 de la madrugada porque a las 6 empiezo a preparar los paquetes que entrego en el correo”.

Afuera, en la puerta de entrada, no quedan rastros de lo que pasó, pero adentro hay un montón. No sólo en la pieza de las chicas, donde la ropa está apilada en el piso; mojada; quemada. También hay rastros en el estado general de este hotel de paredes descascaradas, de olor a humedad, de servicios básicos que escasean, de márgenes en el centro de un barrio que desde hace años es imán para inversores de proyectos inmobiliarios.

A las certezas de que Pamela, Mercedes y Andrea fueron asesinadas y de que Justo Fernando Barrientos fue quien las mató, le sigue una catarata de dudas: ¿Cuántas capas tiene esta historia? ¿Cuántas complejidades atraviesan al crimen? ¿Qué nos dice esta mansión deteriorada de Barracas, además de decirnos que ellas ya no nos podrán decir? Miguel cree que para entender lo que pasó no alcanza con mirar el horror de esta pieza. Después de aclarar por enésima vez que ponga todo tal cual lo dijo, cierra: “Somos un país sin esperanza, somos una sociedad enferma”.

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#NiUnaMás

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

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En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 102 femicidios y travesticidios en todo el país. Durante el último mes fueron 13 femicidios y un travesticidio: el de Dámaris Julieth León Guamán, en el barrio porteño de Almagro, 38 años. El asesinato de Damaris generó movilizaciones: fue una de las 118 marchas que se registraron durante el año; practicamente una por día.

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Como resultado de los 102 femicidios y travesticidios se registraron además 65 huerfanxs por femicidios.

Además, en lo que va del 2024, se registraron 75 tentativas de femicidios.

Y llevamos 1174 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

No son cifras:es la cartografía de la violencia patriarcal.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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