Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.

Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.

Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.

El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse. 

Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)

Los crímenes

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”. 

El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas. 

Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales. 

El reclamo de justicia

Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales. 

La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette. 

“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.

Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.

Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención. 

El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia. 

El jurado popular y el Tribunal Técnico de la Cámara 3ª del Crimen de la Ciudad de Córdoba condenaron este martes por la tarde a Diego Gustavo Concha, ex titular de Defensa Civil de la provincia (en la foto, durante la audiencia). La pena: prisión perpetua por el delito de abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña, una bombera voluntaria que se quitó la vida en enero de 2022, nueve semanas después del ataque. En el fallo se consideró que el hecho fue un caso de violencia institucional ya que Concha “abusó de su poder como jefe de un área clave del gobierno de Córdoba”. Tanto él como la provincia de Córdoba deberán indemnizar solidariamente a los padres de Luana por daños y pérdida de chance de ayuda futura.

Desde Córdoba por Bernardina Rosini

Finalmente hubo justicia.

El ex titular de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, fue condenado a prisión perpetua por el abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña. Luana era bombera voluntaria y se suicidó en enero de 2022, como efecto del ataque que había sufrido.

El Tribunal rechazó el pedido del fiscal Fernando López Villagra, quien había solicitado que se declarara inconstitucional la pena máxima en este caso y que Concha fuera sancionado con 20 años de cárcel.

En su fallo, el Tribunal reconoció el caso como un hecho de violencia institucional, señalando que Concha “abusó de su poder como jefe de un área clave del gobierno de Córdoba” para perpetrar el abuso contra la joven. Además de la pena de prisión, Concha fue inhabilitado de forma perpetua para ocupar cargos públicos. El Tribunal ordenó que Concha, en forma solidaria con la provincia de Córdoba, pague una indemnización a los padres de Luana, Cristina Caminos y Sergio Ludueña, por daños y pérdida de chance de ayuda futura.

Luana y su perro Ciro.

Hallado culpable en todos los cargos en su contra, el ex funcionario también fue sentenciado por los hechos de violencia de género cometidos contra su ex pareja. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 17 de septiembre.

Un arma en la cabeza

Diego Concha, de 53 años, llegó a juicio acusado de homicidio por abuso sexual contra Luana Ludueña, de 25 años. Ludueña, tras ser atacada por quien era entonces el Director de Defensa Civil de la provincia, intentó suicidarse en tres ocasiones. Durante su internación en una clínica de la ciudad capital, se enteró de que Concha había renunciado a su cargo y había sido detenido por otro caso en su contra. El funcionario fue arrestado el 27 de noviembre de 2021, luego de que su ex esposa, también bombera, lo denunciara por agresiones y amenazas. Según su testimonio, Concha la habría amenazado de muerte apuntándole con un arma en la cabeza, además de perseguirla en la carretera y cruzarle la camioneta, sumando estos incidentes a una serie de agresiones sufridas desde su separación.

El homo sapiens y la tarjeta de crédito

La jornada comenzó en el Palacio de Tribunales II con las palabras de Sergio Ludueña, padre de la joven bombera, quien se dirigió al jurado popular: “Tienen en sus manos la posibilidad de hacer una diferencia y que la muerte de Luana no quede impune, y que Diego Concha sea condenado para que esto sirva y no haya ninguna víctima más de abuso de poder”. Visiblemente conmovido, recordó los esfuerzos de su hija por superarse profesionalmente: “La vi nacer y me tocó verla morir. Pido justicia por Luana y por quienes no se animaron a hablar”.

Diego Concha, en el centro, durante una de las audiencias. Foto: Natalia Roca para lavaca.org.

Inmediatamente después, fue el turno del ex funcionario. Llamó la atención la omisión de la palabra “inocencia” durante los 17 minutos de su exposición. Al dirigirse al tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Ugarte, Eugenio Pérez Moreno y Marcelo Jaime, y al jurado popular, Concha declaró: “En el encuentro con Luana no pasó nada malo ni nada bueno, sencillamente no pasó absolutamente nada”.

Luego, hizo una referencia a tiempos prehistóricos: “El homo sapiens no conocía la palabra, entonces se comunicaban por señas o dibujos. Luego el hombre evolucionó y logró conseguir la palabra, y con la palabra se puede hacer el bien o el mal”, afirmó.

Continuó: “Muchas veces el hombre usa la palabra para hacer mucho daño, para tergiversar y sacarlas de contexto, y en muchos casos, mentir”. Posteriormente, mencionó su labor como Director de Defensa Civil, destacando sus años de servicio como bombero y apoyando su defensa en su ejercicio profesional. En cuanto a las denuncias de su ex pareja, mencionó que “tenía un adicional de mi tarjeta de crédito y gastaba libremente, así también con mi tarjeta de débito”.

Después de tal argumento bancario pidió perdón a sus hijos por “tal vez no estar en momentos importantes como eventos escolares” y prosiguió: “Disculpas también a mi ex pareja. Ningún hombre, bajo ningún concepto, debe discutir con su pareja, fuese el motivo que fuese. Lo tengo re claro, lo he hablado muchísimo con las psicólogas que me han ayudado en el penal de Bouwer”. Y para concluir, afirmó: “Quiero que quede bien en claro que quien les está hablando sabe perfectamente qué es la violencia de género”.

El poder en el banquillo

Después de las palabras de Concha hubo un cuarto intermedio de varias horas hasta conocerse la sentencia. Profundamente conmovida al saber que finalmente fue hallado culpable, la madre de Luana expresó: “Ninguna condena es suficiente porque Luana no nos la devuelven. No puedo decir que estoy feliz pero Luana puede descansar en paz y nosotros como familia cumplimos con su pedido de justicia”.

Agradeció a los presentes, sobre todo a las Fuegas, brigadistas forestales de Sierras Chicas que acompañaron fuertemente a la familia a lo largo del proceso. Sobre Concha dijo: “No me interesa él. No escuché en el recinto lo que dijo. Yo solo rezaba. A lo largo del juicio y de las audiencias llevadas a cabo, no hubo ocasión en la que él mostrara arrepentimiento, empatía, ni reflexión alguna sobre lo que significó su conducta”.

El abogado de la familia Ludueña, Dr Carlos Nayi dijo sentirse “ampliamente conforme” con la condena. “Se le ha devuelto la paz a una familia, y el honor a una joven que supo decir que prefería dar la vida que claudicar. Valió la pena”. Y dijo que este caso marca un precedente: “Se trata del poder sentado en el banquillo de acusados”.

Concluyó la jornada de alegatos finales en el juicio contra el ex Director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Gustavo Concha, que lleva casi tres años preso, imputado por “homicidio con motivo de abuso sexual agravado en ocasión de sus funciones y violencia de género”. La querella de la familia de la joven bombera pidió prisión perpetua por la muerte de Luana. El fiscal Fernando López Villagra pidió 20 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También alegó la representante de la ex pareja de Concha. Y la defensa del imputado. El próximo martes 27 de septiembre se conocerá la sentencia. 

Por Bernardina Rosini, desde Córdoba

La Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, compuesta por un jurado popular y un tribunal técnico, se encamina a determinar la responsabilidad del ex Director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Gustavo Concha, en los cargos de “homicidio calificado con motivo de abuso sexual con acceso carnal en ocasión de sus funciones y violencia de género” contra Luana Ludueña. Hoy concluyeron los alegatos.

Bombera voluntaria y enfermera, Luana pudo hacer la denuncia de abuso sexual luego de que Concha fuera detenido por otro caso en su contra: el entonces funcionario fue apresado el 27 de noviembre de 2021, después de que su ex esposa –también bombera– lo denunciara por agresiones y amenazas. Según su testimonio, Concha le habría apuntado con un arma en la cabeza y amenazado con matarla, además de perseguirla en ruta y cruzarle la camioneta dentro del reguero de agresiones sufridas desde su separación. Esta persecución se dio en la misma jornada que Diego Concha se encontró con Luana y la llevó a un hotel para allí abusar de la joven. Ubicar esos dos eventos en el mismo día permite comprender el raid de violencia por parte del ex funcionario, amenazas, persecución, agresiones con su ex pareja en horario del mediodía y horas más tarde el encuentro con Luana.

A raíz de la denuncia de su ex esposa y la consecuente detención, Luana pudo denunciar la agresión que ella misma había sufrido. Con botón antipánico, con medicamentos, fue internada en terapia intensiva tras un tercer intento de quitarse la vida y el pedido a la familia que “la deje ir”. El 21 de enero de 2022 finalmente murió habiendo transcurrido sólo nueve semanas desde el ataque.

Los pedidos 

En la jornada de alegatos la exposición del Carlos Nayi, representante de la familia de Luana, fue extensa. El abogado tomó el caso cuando la joven se acercó con la denuncia por abuso sexual y, según detalló, no hay dudas de la concomitancia entre el abuso sexual y la decisión de Luana de quitarse la vida: “Se trató de una larga agonía, el abuso sexual arrasó con su personalidad. El universo de Luana estaba regido por su profesión y a partir del abuso no pudo entrenar más a su perro, renunció al cuartel de Bomberos, explicitó que le había arruinado la vida”.

El abogado Nayi sostuvo así el pedido de prisión perpetua.

El fiscal Fernando López Villagra pidió 20 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Diego Concha. López Villagra afirmó en su exposición que “hay que condenarlo por el homicidio de la joven Ludueña”, pero descartó la imputación por el cargo de femicidio. Según su valoración en relación a la muerte no hubo dolo y es anticonstitucional por principios de proporcionalidad frente a casos análogos. Solicitó 20 años, más agravantes.

López Villagra solicitó además que el hecho, siendo perpetrado por un entonces funcionario público en uso de sus funciones, sea reconocido como un acto de violencia institucional y los padres de Luana como víctimas directos, citando el caso de Blas Correa como un antecedente relevante. Y accesoriamente, solicitó se abra una investigación por supuesto peculado por el uso que Concha hizo de bienes del Estado: oficina, teléfono y la camioneta en la que trasladó a la víctima al lugar donde perpetró el abuso.

Luego del Fiscal de Cámara, fue el turno de la representante de la ex pareja de Diego Concha. La ex pareja de Concha  fue la primera en denunciarlo por amenazas y agresiones en contexto de violencia de género. Por estas denuncias realizadas en noviembre del 2021, fue originalmente detenido Concha, y su situación rápidamente se vio agravada al sumarse la denuncia de Luana Ludueña por abuso sexual. La representante acompañó el pedido del fiscal López Villagra que en relación a estos hechos, solicitó 9 años de prisión. Sumó el pedido de que Concha realice una formación en cuestiones de género.

En representación de la defensa del ex funcionario público, el Sebastián Becerra Ferrer sostuvo la declaración de inocencia por parte de su cliente y solicitó la absolución de todos los cargos en su contra. El argumento de Becerra Ferrer es que el material probatorio no fue el suficiente para afirmar que haya ocurrido el abuso sexual, tampoco el homicidio producto de la violación ni los episodios violentos contra la expareja. Posición difícil de sostener, ya que contra Diego Concha hay mensajes de textos, audios, registros de movimientos del vehículo; testimonios; la denuncia del abuso sexual realizada por Luana cuando se encontraba aún con vida, material que registra cada instancia analizada con contundencia.

Atento a ello, la defensa ofreció alternativas al jurado popular si esta solicitud de absolución no es acompañada. De condenarlo por abuso sexual, los abogados pidieron que no se apliquen los agravantes de la muerte ni de la pertenencia a una fuerza de seguridad porque su cargo como Director de Protección Civil era ejecutivo y en dependencia de un Ministerio. Si este es el caso, “podría caberle una sanción de ocho años de prisión como máximo” expresó la defensa.

La sentencia se conocerá el próximo martes 27. Ese día se define si Diego Concha continuará sus días en el penal. Eso, para él. Para la familia de Luana Ludueña, es la instancia en la que se define si podrán cumplir el pedido que dejó expresado la joven bombera en las cartas que dejó escritas antes de morir: “Acompañen a la fiscal Jorgelina Gómez, ayuden todo lo que puedan al doctor Carlos Nayi. Y que sea justicia”.