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Femicidios hoy, Cromañón ayer: el Estado es responsable

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Dos actos del 30 de diciembre quedaron enlazados. La masacre de Cromañón ocurrida hace 20 años con la muerte de 194 personas que en promedio tenían 22 años. Y la movilización de Familiares de Víctimas de Femicidios con una bandera de 50 metros que ocupó casi todo el frente de la Casa Rosada con los nombres de una masacre por goteo: 312 asesinadas hasta ayer en 2024, para desmentir la propaganda oficial. Reflexiones sobre la violencia, el mercado, el Estado, lo narco, el pasado y el futuro (y compartimos el link para ver un documental imprescindible).

Por Francisco Pandolfi   Fotos: Cecilia Béthencourt y Juan Valeiro/lavaca.org

312 femicidios y travesticidios en lo que va del año. 

32 femicidios en diciembre. Y todavía falta un día para que termine el mes. Y el año. 

Femicidios hoy, Cromañón ayer: el Estado es responsable

Foto: Cecilia Béthencourt / «Todos estos femicidios son de este año, eh», gritaban las familias.

194 personas asesinadas en la masacre de Cromañón, el 30 de diciembre de 2004. Más de 1.400 personas heridas. 19 sobrevivientes al horror, que se suicidaron en el pesado transcurso de estas dos décadas. Y miles y miles de personas afectadas en ambos casos.

El Estado es responsable. 

Esa fue la consigna que enlazó esta tarde y en la Plaza de Mayo, a las Familias de Víctimas de Femicidios, con el Movimiento Cromañón. 

Femicidios hoy, Cromañón ayer: el Estado es responsable

Foto: Juan Valeiro / La marcha de Cromañón, con el doble de gente que años anteriores.

La bandera inconcebible

Las Familias de Víctimas de Femicidios salieron a las 16 desde el Congreso de la Nación. No hay fin de año que amaine el dolor, entonces están ahí, visibilizando cada uno de los crímenes de 2024.

Sostienen una bandera negra, de 50 metros de largo, con hojas blancas A4 que llevan los nombres (letras rojas) y las edades (letras negras) de quienes fueron asesinadas durante este año. 50 metros de largo que denuncian 312 femicidios y travesticidios, según las cifras recogidas por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal. Las familias están vestidas de negro. 

Caminan primero por avenida Rivadavia, luego por avenida de Mayo, hasta la Plaza. La gente las ve. Se acerca. Saca fotos. Pregunta. Hay viento, y la bandera flamea y con ella se mueven todos los crímenes de enero (33) febrero (35), marzo (21), abril (18), mayo (28), junio (23), julio (19), agosto (25), septiembre (33), octubre (21), noviembre (24), diciembre (32). 

Una vez en Plaza de Mayo se ubican junto a la reja que da a la Casa Rosada, de espaldas al edificio. Extienden el telón que parece tristemente no tener fin y ocupa casi todo el frente de la sede gubernamenal.  Abren delante otra bandera, negra con letras grandes y blancas, en la que se lee: Familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas. 

Gritan “por todas las asesinadas este año” y enumeran nombres y apellidos y el “presente” y el “ahora y siempre”, que aunque pase el tiempo y los años y las veces que se repite, no deja de emocionar.

De Alcorta a Adorni

Delante de la Casa de Gobierno, algunos familiares hablan con lavaca.

Marta Montero y Guillermo Pérez son la mamá y el papá de Lucía Pérez, joven de 16 años asesinada el 9 de octubre de 2016 en Mar del Plata, desde donde viajaron anoche para participar en esta actividad. “Todas las familias que estamos acá, creemos fervientemente que vamos a generar un cambio. Estamos en el peor momento de todos, pero seguiremos luchando. Por más que hayamos tenido un revés, que no es hacia Lucía, sino contra todas las mujeres, no bajaremos los brazos. La lucha no terminó”. 

Femicidios hoy, Cromañón ayer: el Estado es responsable

Foto: Cecilia Béthencourt / Marta, Marisa y Susana, las madres de Lucía Pérez, Luna Ortiz y Cecilia Basaldúa, frente a la Casa Rosada.

Guillermo hace referencia a la absolución en noviembre pasado en el juicio político a los jueces –Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas– responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía, ordenando un segundo juicio realizado en 2023. Vale aclarar que en ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí se condenó por el femicidio a Matías Farías y Juan Pablo Offidani.

Marta, la mamá de Lucía, dice: “Es importantísimo estar juntas y visibilizar lo que nos está pasando. Adorni (Manuel, vocero presidencial) acaba de decir que los femicidios bajaron y es mentira. Fijate las coincidencias, que lo mismo dijo en su momento la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Acá estamos para defendernos, para decir que mienten, que solo en la última semana hubo seis femicidios, que dos eran criaturas y la más chiquita de dos meses. Es tremendo el negacionismo que se está generando. El feminegacionismo. Niegan cómo nos matan todos los días. Pero las familias somos tenaces y cuando queremos algo, no paramos hasta conseguirlo. Y tenemos una ventaja: no nos vendemos ante nadie, que lo tengan claro, que lo sepan todos”. 

Antes del acto en Plaza de Mayo, Marta y Guillermo Pérez presentaron en el Instituto Patria un pedido formal dirigido a Cristina Fernández de Kirchner para que sancione a los diputados y senadores de su partido que con su voto unánime salvaron del jury a los jueces Gómez Urso y Viñas, responsables del fallo que quiso dejar impune el femicidio de Lucía Pérez.

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Foto: Cecilia Béthencourt / Daniel Basaldúa y Guillermo Pérez, papás de Cecilia y Lucía.

Narcotráfico y fotitos

Pasa un contingente de turistas. Les muestran el balcón donde se asomaba Perón ante la multitud, y últimamente Milei ante el vacío. A los turistas les muestran el balcón equivocado.
Una señora se desprende del grupo y se acerca a familiares de víctimas de femicidios que están realizando su acción en Plaza de Mayo. Recorre la bandera que ocupa todo el frente de la Rosada diciéndole a cada manifestante: «God bless you» (Dios los bendiga).

Marisa Rodríguez es la mamá de Luna Ortiz, asesinada en junio de 2017: “Juegan con la vida de nuestras pibas, y en todos los gobiernos pasa lo mismo. Por eso no nos quedamos en casa, como quieren desde el poder político, siempre ligado al narcotráfico, algo que todo el mundo sabe. Los distintos gobiernos nos invitan a participar de charlas, dicen que quieren escuchar nuestras voces, pero cuando le planteamos caminos a seguir, posibles soluciones, las minimizan, nos cambian de tema. Nos usan para la fotito y nada más”. 

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Foto: Cecilia Béthencourt / Susana Reyes, la mamá de Cecilia Basaldúa.

Susana y Daniel son la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba, el 20 de abril de 2020. Resume Susana: “Lo que va a cambiar esto es que deje de haber complicidad policial, judicial y política”. Agrega Daniel: “Vinimos a demostrarle en la cara al gobierno sus mentiras. Se lo mostramos acá, en esta bandera. Todos estos nombres son de 2024. Los gobiernos tuvieron y tienen muchas oportunidades para ayudar a las familias de víctimas y siempre las patean a la basura, una tras otra. La última gran oportunidad fue el jury a los jueces por el caso de Lucía, donde legisladores peronistas votaron a favor de los jueces. Fue un caso que podía haber sentado un precedente. Yo me considero peronista, pero nos traicionaron. Ahora nos sumamos a marchar por Cromañón. Otra causa en la que queda claro que el Estado es responsable y no se hace cargo de nada”.

Femicidios hoy, Cromañón ayer: el Estado es responsable

El trayecto a pie desde Congreso a Plaza de Mayo. Se ve apenas una parte de la bandera de 50 metros de largo, con los nombres de las víctimas de femicidios perpetrados hasta el 30 de diciembre.

Trampa mortal

Termina la actividad de Familiares y comienza la otra. Los lazos son muchos. De dolor y de lucha. De denuncia y de evitar que se repita. En el medio de la Plaza, a metros de la Pirámide de Mayo, se monta un gazebo, algunas sillas y se empiezan a pegar zapatillas de papel, por todos lados. El símbolo de la masacre de 2004, el símbolo del no olvido. El símbolo de 20 años de sobrevivientes y familiares de víctimas que batallaron por justicia y contra esa corrupción dispersada por cada uno de los sectores que posibilitaron el desastre absoluto. 

Femicidios hoy, Cromañón ayer: el Estado es responsable

Foto: Juan Valeiro / La cita tiene como eje central la lectura del documento consensuado por sobrevivientes y familiares de víctimas del Movimiento Cromañón.

En el primer párrafo se denuncia esto:

“Tenía que ser una fiesta. Miles de jóvenes fueron el 30 de diciembre de 2004 a un recital de Callejeros en el boliche República Cromañón. Tenía que ser una fiesta. Pero apenas comenzado el recital, una candela impactó contra la media sombra del techo del lugar, Omar Chabán (organizador) cortó la electricidad y se desató el caos. En un instante, se pusieron en evidencia todas las irregularidades que tenía el lugar: enorme sobreventa de entradas (dado que la habilitación, que estaba vencida, era para 1.031 personas, y allí había entre 4 mil y 5 mil), puertas de salida cerradas con candado (para que nadie se pueda colar), falta de agua (para que el público consuma más), matafuegos vencidos, una media sombra inflamable para insonorizar y que el ruido no se filtrara al hotel lindero, propiedad de Rafael Levy, etcétera. Todas estas irregularidades se debían a la búsqueda de ganancia empresarial (los organizadores, el dueño del local) y a la corrupción estatal que lo permitió. El lucro por sobre todas las cosas, incluso sobre la vida.

Tenía que ser una fiesta, pero fue una trampa mortal”.

El documento visibiliza un abanico de horrores y criminalidades, así como de una lucha incansable. Podés leerlo completo acá:

Algunos ejes del texto, que repasa la historia de estos veinte años: 

“Cromañón fue un crimen con responsables: el gerenciador del lugar y los músicos, organizadores del recital, y el dueño del boliche, que priorizaron el lucro por sobre la vida; los funcionarios públicos, que primero otorgaron una habilitación trucha, y luego dejaron funcionar el local a pesar de haberse vencido. De ambos lados, la corrupción fue el punto de encuentro: para dar el certificado, para sobrevender entradas, para violar las reglas de seguridad. Aníbal Ibarra (jefe de Gobierno en aquel entonces) había desarmado el cuerpo de inspectores para pasar a controlarlo con gente de su máxima confianza. La coima, se sabe, es mejor manejarla directamente con los propios. De esa combinación criminal nacieron la puerta con candado, la media sombra ilegal, toda esa muerte joven. También existió responsabilidad por el pésimo operativo de emergencia, que atestó ambulancias y hospitales, y que no aportó elementos indispensables como los tubos de oxígeno, el triage o camas en cuidados intensivos, todo lo cual hizo crecer la cantidad de muertos por la negligencia y corrupción. Por eso no le llamamos ‘tragedia’ sino ‘masacre’: un crimen”.

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Foto: Juan Valeiro / Las zapatillas, como símbolo de la masacre y la lucha para que no se repita.

“En relación a la causa penal, y a pesar de las decepciones recurrentes que nos trae este Poder Judicial, decidimos impulsar la investigación. Se obtuvieron insuficientes pero importantes condenas, que sirvieron incluso para otros casos, que se hubieran ahogado en el mar de la impunidad. Lo mismo ocurrió con el impulso al Juicio Político contra Aníbal Ibarra, Jefe de gobierno de la Ciudad y principal responsable político, donde se logró, aplicando la normativa de la Constitución de la Ciudad, su destitución por mal desempeño en sus funciones”. 

Macristas y Milei

Agrega el documento:

“Hay en Argentina muchas huellas por la Memoria: murales, zapatillas, árboles plantados, una estación de subte. Pero esas huellas deben confluir en un Espacio de Memoria: por eso luchamos por la expropiación del local que fue Cromañón, rescatarlo del horror y reconvertir en vida y memoria. Eso se hizo mucho más urgente cuando supimos que, inexplicablemente, los jueces le devolvieron las llaves de Cromañón a Rafel Levy, y este empresario condenado comenzó a destruir las cosas de nuestras víctimas, a tirar todo lo que había quedado dentro del boliche. Levy, el dueño oculto detrás de empresas off shore, seguía siendo un protegido del poder. Fueron 2 los proyectos de ley de expropiación presentados en la Legislatura Porteña, ambos desoídos por el macrismo. Después de 4 años volvimos a empezar en el Congreso Nacional, hasta que finalmente en 2023 se sancionó casi por unanimidad la Ley de Expropiación de Cromañón para que sea un Espacio para la Memoria. El diputado Milei, oh sorpresa, se ausentó de esa sesión. La gran demora del Poder Ejecutivo para reglamentar la ley hizo que hoy, dos años después, sigamos esperando que la expropiación se concrete”. 

“Cromañón tiene que ser un espacio para la memoria colectiva con ofertas culturales abiertas a la comunidad, porque de esta manera podremos seguir construyendo otros mundos posibles. Desde hace 20 años denunciamos los peligros de que el Estado se ausente de sus funciones y se ponga al servicio del lucro empresario, pues eso llevó a la muerte a nuestras víctimas. Vemos con enorme preocupación que hoy existan fuerzas políticas con enorme poder que busquen desde el mismo Estado, destruirlo. Nos dejan cada vez con menos cuidado, a merced del sector empresario que sólo busca la ganancia fácil, protegido por las fuerzas represivas que impiden la protesta. Hoy parece que gana la codicia, amparada por la violencia estatal. Otra vez ganan el lucro y las trampas, igual que el 30 de diciembre de 2004”. 

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Foto: Juan Valeiro / 20 años después, y la necesidad de que siga brotando la memoria.

El documento cerró así: “A 20 años de la Masacre de Cromañón, seguimos de pie. Continuaremos exigiendo memoria, verdad y justicia. Daremos las discusiones que sean necesarias, abriremos todas las puertas que el Estado se niegue a abrir o quiera cerrar con cualquiera de las formas en que sus candados se presenten. Los derechos no se negocian. La memoria tampoco”.

Y se unieron retazos de gritos colectivos: “Por quienes no están”. “Por quienes estamos”.

“Por quienes vendrán”. “Nunca más un Cromañón”. “Justicia es que no se repita”.

El pasado, el presente y el futuro

Tras la lectura del documento, se marchó desde la Plaza de Mayo hasta el santuario de Once, en la puerta del boliche República Cromañón, donde continúa la jornada de memoria hasta la medianoche. Entre lágrimas y una fuerza inconmensurable, se canta una y otra vez: “Ni una bengala ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción”. 

Las caras de las pibas y los pibes que fueron víctimas están por todos lados. En carteles, en banderas, en bombos, en remeras. Varios familiares llevan puesta una en la que se luce un diseño y tres líneas escritas: 

El sistema envenena

La corrupción mata

La impunidad enloquece

Esta nota, llegando al santuario del barrio porteño de Once, la cierra Santiago Morales, que se presenta como sociólogo, educador popular, papá, sobreviviente y hermano de una víctima de Cromañón.

Santiago tiene 34 años, dos hijos, una compañera de vida (que hizo este documental imprescindible sobre Cromañón que se ve acá: https://youtu.be/LR9SOHc3e3E?si=qpTCfeqCLfUpKqWG).

Santi fue a ver a Callejeros aquel 30 de diciembre con su hermana Sofía y su hermano Martín. Sofía falleció. Martín y él son sobrevivientes de la masacre. Martín, el hermano mayor, entró una y otra vez al lugar a salvar vidas. Santi, que tenía 14 años, se despertó varios días después en la cama de un hospital. A 20 años Santi dice, para comprender el pasado, analizar el presente y presagiar el futuro:

Femicidios hoy, Cromañón ayer: el Estado es responsable

Foto: Juan Valeiro / Las pibas y los pibes, en banderas, en carteles, en los gritos, en todos lados.

“Hay tres cuestiones que me interesa especialmente destacar en este aniversario número 20.

“La primera tiene que ver con la Justicia, expresada en lo que hace el Poder Judicial de nuestro país, y que no es el resultado espontáneo que se produce como consecuencia de un hecho criminal delictivo, de una masacre como esta. La justicia es el resultado de la pelea de los pueblos que nos movilizamos, que exigimos verdad, que exigimos castigo a los responsables, nunca desde la lógica de la venganza, siempre en la búsqueda por hacer memoria y generar condiciones para que no se repita. Fue la lucha de estos 20 años ininterrumpida de lo que podríamos llamar el Movimiento Cromañón en un sentido amplio, la que logró conquistas importantes como la destitución del jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, en un hecho inédito para la Ciudad de Buenos Aires; el juicio y condena en un tiempo récord –a cuatro años de la masacre– a funcionarios públicos y la visibilización de la responsabilidad empresarial expresada en la figura de Rafael Levy, el dueño de Cromañón y personaje siniestro que se mantenía escondido en empresas offshore, que tenía un taller textil clandestino en el subsuelo del boliche y que fue quien mandó a cerrar la puerta con candado, a tapear las ventanas, a eliminar los extractores y a poner la media sombra que contenía la guata, los dos elementos que a partir del fuego generaron la combustión mortal, similar a la de un campo de concentración nazi. El ácido cianhídrico y monóxido de carbono, en un lugar completamente cerrado, fueron letales. La posibilidad de conocer la verdad de los hechos y por lo tanto luchar para que la memoria no desaparezca fue el resultado de la movilización de familiares, sobrevivientes, amigos y amigas de las víctimas y de un pueblo solidario que se acercó y abrazó la causa”.

“Un segundo punto es que a 20 años de la masacre se están reeditando las condiciones sociales y culturales para que los cromañones se sigan repitiendo de manera exacerbada. Diciembre de 2004 es una fecha muy cercana no solo al 2001, sino a toda la década del 90, que tuvo que ver con la instalación de un modelo de cultura de la precarización absoluta de la vida, de los cuidados y de la desprotección como política de Estado. Eso hoy ha vuelto de manera recargada, por eso para mí esto que llaman batalla cultural –que paradójicamente quienes la levantan lo que quieren es el silenciamiento y la censura masiva de aquellas personas que no reproduzcan sus valores o que no se silencian– es en realidad una lucha ética, en el sentido de que hay dos paradigmas en disputa. Por un lado la ética del mercado, que se expresa de manera cabal en el gobierno de Milei en sus políticas y en su ideología. Por otro lado, la ética de la vida. La ética del mercado es hiper individualista y hace un culto de la desigualdad amparándose en la idea de meritocracia. Es esencialmente egoísta y genera condiciones permanentes de desprotección, porque lo importante es el aumento de la ganancia y el beneficio propio. En cambio, la ética de la vida es solidaria, es generosa. Se afirma en el cuidado, tiene que ver con lo comunitario, con la cooperación, con la certeza de que nadie se salva solo y de que es en la movilización de los pueblos donde es posible encontrar la esperanza y la conquista de las vidas que merecemos”.

Sigue su razonamiento Santiago: “Lo tercero que me interesa destacar es la necesidad de dejar de mirar a las juventudes como todo lo malo de una sociedad. El adultocentrismo exacerbado que llevó a culpabilizar a los jóvenes que murieron en Cromañón, o a los y las sobrevivientes, y que hoy en día también subestima, desprecia, estigmatiza los usos culturales, la mirada de las nuevas generaciones, a quienes en buena medida las han hecho responsables del ascenso de Milei. Esa mirada tiene que ser problematizada y para mí en ese sentido Cromañón es una oportunidad porque nos permite conversar con esas nuevas generaciones, afirmando que el modelo Milei es el modelo Cromañón, justamente porque se afirma en la ética del mercado. Esto nos debe acercar al encuentro con esa juventud no desde un lugar de la sospecha, la estigmatización y la subestimación, sino más bien desde la búsqueda por encontrarnos, por aprender juntos, por valorar los aportes que pueden hacer. Y por pensar que si no reforzamos esos lazos intergeneracionales que están tan deteriorados, no vamos a poder abrazarnos todo lo que necesitamos para soportar la penuria de este tiempo, que nuevamente se expresa en precariedad, en el abandono como política de Estado, en la crueldad exacerbada”. 

Finalmente Santiago plantea: “El colofón de estos tres puntos es la necesidad de contar con Cromañón como espacio de memoria porque para muchos sobrevivientes, muchos amigos de víctimas, familiares, ir a ese lugar será una manera de encontrarse con sus seres queridos, de dar con cierta forma de paz, una fuente de salud mental para mucha gente. Será necesario mantenerlo, alimentarlo y desplegar allí aquello que el propio movimiento Cromañón entienda necesario”.

Santiago camina en la marcha junto a sus dos hijos, que llevan un cartel colgado, con un orgullo que no entra en este texto ni en ningún texto.

Llevan en el pecho la foto de Sofía y una inscripción:

“No pude conocer a mi tía, pero la amo”. 

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El protocolo de Bullrich es nulo

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Por Claudia Acuña

El juez federal Martín Cormik declaró nulo el protocolo de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich al considerar que ninguna norma administrativa puede limitar derechos constitucionales.

El fallo sienta un precedente jurídico que pone un límite a las facultades del Poder Ejecutivo ya que dicho protocolo “conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de «instruir» al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”.

También considera que el protocolo es ilegítimo porque “no cumple los requisitos de motivación ni de razonabilidad exigidos por la Constitución”. En consecuencia, lo declara nulo y promueve que las personas afectadas inicien las demandas de reparación pertinentes en el ámbito de fuero penal.

El fallo responde así y positivamente a la acción iniciada por Sipreba y Argra, entre otras organizaciones sociales, representadas por el Cels cuyo director Diego Morales sintetiza así la importancia de esta resolución: “El punto más importante es que la decisión le pone un límite al Ministerio de seguridad al momento de regular -bajo la figura o el ropaje de instrucciones a los funcionarios policiales- conductas de los ciudadanos que están garantizadas por la Constitución. Este me parece que es el dato más importante y que no lo habíamos visto en las otras acciones que presentamos“.

Segundo punto a destacar: “También le pone un límite a que el Ministerio imponga que el derecho a manifestarse es un delito, y que a partir de esta caracterización realice operativos para evitarlas”.

El tercer punto no es menor: los efectos que ha sembrado la aplicación de este protocolo ahora considerado nulo. “El más grave es el caso del fotógrafo Pablo Grillo y también que dos personas hayan perdido el ojo, pero además de muchos heridos hubo más de 200 detenciones arbitrarias y constantes agresiones a la prensa. Es decir que una norma ahora considerada ilegítima ha dejado personas afectadas en sus cuerpos y en sus derechos”.

Morales descuenta que el Ministerio apelará este fallo, pero también que la justicia avalará que hasta tanto se resuelva ese trámite judicial el protocolo quede anulado. En ese sentido destaca la presentación que realizó ante la justicia Periodistas Argentinas, que llegó hasta la Corte Suprema y esa máxima instancia judicial determinó que el fuero competente para dictaminar es justamente el que ahora ha declarado nulo el protocolo.

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La policía porteña con permiso para matar

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En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, hubo 44 asesinatos cometidos por la policía porteña, entre casos de gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías. El jueves navideño hubo otro asesinado, Gabriel González, en Lugano, y este domingo la policía disparó a Leonardo Vargas en Constitución, un vecino que estaba tratando de evitar que le robaran el celular. Está internado, peleando por su vida.

En 72 horas la Policía de la Ciudad fusiló a dos personas: 

  • El jueves 25 de diciembre, en la Villa 20 de Lugano, mató a Juan Gabriel González. 
  • Este domingo 28 de diciembre, en el barrio porteño de Constitución, ejecutó a Leonardo Vargas, que ahora lucha por su vida en el hospital Ramos Mejía.

El crimen de Lugano

Gabriel González tenía 45 años y fue asesinado en Navidad, tras intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. En las imágenes se observa nítidamente cómo lo fusilaron a corta distancia. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa de su muerte fueron “las lesiones por proyectil de munición múltiple. Hemorragia interna y externa”.

La policía porteña con permiso para matar

El momento en el que la policía de la Ciudad dispara contra Gabriel González.

Correpi (la Coordinadora contra la represión policial e institucional), afirmó: “Juan Gabriel recibió un impacto directo al cuerpo. No sabemos todavía qué tipo de cartuchería utilizaron, pero a corta distancia y directo a zonas vitales como tórax y abdomen, un disparo de escopeta es letal, tanto con cartuchos antitumulto (con postas de goma) o todo propósito (con postas de plomo). Hasta un cartucho de estruendo (sin munición) puede herir o matar a corta distancia. Por eso los protocolos de uso de armas largas prohíben terminantemente disparar directamente al cuerpo con cualquier tipo de cartuchería”.

La policía porteña con permiso para matar

Nelly, la viuda de Gabriel.

Tirar a matar en Constitución

El jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es Diego Casaló mientras que Horacio Giménez es el Ministro de Seguridad del gobierno porteño liderado por Jorge Macri.

Este domingo por la tarde, en la esquina de Salta y Constitución, la Policía de la Ciudad volvió a tirar a matar. En este caso a Leonardo Vargas, quien quedó gravemente herido y pelea por sobrevivir. Lo que cuentan testigos: le dispararon tres tiros cuando intentaba que una persona en situación de calle no le robara su celular.

La policía porteña con permiso para matar

Vecinas y vecinos de Constitución, reclamando en la calle. La policía disparó contra una persona a la que le estaban robando el celular.

Esta noche, vecinas y vecinos del barrio se concentraron en esa esquina con la consigna: “Basta de gatillo fácil”. Desde la manifestación, Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) le dijo a lavaca: “Un policía de la Ciudad, de la comisaría vecinal 1C, salió de la pizzería Ugis y sin mediar ninguna palabra le disparó tres balazos y uno de ellos le impactó en el rostro. Pedimos justicia y denunciamos que estamos cansadas de los límites que está cruzando la Policía de la Ciudad, que parece que tiene libre camino para violentarnos. Parece que hay un nuevo orden social de limpieza e higienización hacia las vidas de los pobres, de las migrantes, de las trabajadoras sexuales; parece que hay vidas descartables que no valen”. 

La Policía de la Ciudad entró en servicio el 1º de enero de 2017.

Desde Correpi compartieron a lavaca: “En estos 8 años el total de casos de gatillo fácil de esta fuerza abarca a 168 víctimas. En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, el total de asesinatos por la policía porteña es de 44 en todas las modalidades: gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías”.

El testimonio de Georgina Orellano para lavaca.

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La justicia identificó y procesó al policía agresor de la jubilada Beatriz Blanco

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La jueza María Servini de Cubría, titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 1, identificó y procesó al integrante de la Policía Federal que golpeó a la jubilada Beatriz Blanco el 12 de marzo de este año.

Se trata del inspector Nicolás Emanuel Céspedez y fue imputado por lesiones agravadas.

La jueza le impuso un embargo de 40 millones de pesos y, sin bien lo eximió de prisión preventiva, le ordenó que informe sus movimientos y lo citó el lunes próximo para notificarlo. Servini consideró que el uso desmedido de la fuerza ejercida contra una anciana de 82 años fue evidente: «No hace falta ver su documento de identidad para notar su fragilidad».

La justicia identificó y procesó al policía agresor de la jubilada Beatriz Blanco

Beatriz Blanco tras ser golpeada por el inspector Nicolás Céspedez.

Céspedez golpeó a la jubilada haciéndola caer de nuca, y además ni él ni ninguno de los otros policías intentaron ayudarla, por lo que tuvo que ser inmediatamente evacuada y hospitalizada.

La jueza Servini describe Beatriz fue rociada con gas pimienta y luego empujada “sufriendo un traumatismo cefálico en la región de la nuca (occipito -parietal derecha/izquierda) que derivó en el diagnóstico de Traumatismo encefalocraneano sin pérdida de la conciencia con herida cortante en región occipital”

Plantea el procesamiento: “…el imputado hizo uso desmedido, desproporcionado y exagerado de la fuerza contra una mujer mayor de 82 años de edad, indefensa que no presentaba peligro para la autoridad, lesionándola y apartándose así de la normativa vigente que rige en la materia”.

Agrega: “… se encuentra probado que existió por parte de Nicolás Emanuel Céspedez, dolo directo, o sea éste tuvo la voluntad de atacar físicamente a la Sra. Beatriz Blanco, y habiendo tenido tiempo para reaccionar con otra conducta no lo hizo”. El delito se agrava cuando el hecho se comete «Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales, o del servicio Penitenciario».

Otro párrafo crucial: «Sobre la especial calidad del sujeto activo que prevé la fórmula legal, corresponde indicar que: ‘El fundamento es que no solo se atenta contra la vida humana, sino que además el autor omite cumplir con el deber de otorgar seguridad y protección a los ciudadanos, defraudando así las expectativas depositadas en el correcto desempeño de su cargo o función»

Concluye la jueza: “Todo ello me permite concluir que las lesiones sufridas por Beatriz Blanco, derivadas de la conducta del imputado que se juzga en este acápite, efectivamente implicó una acción totalmente arbitraria por parte de Céspedez y en un claro abuso de su función, en carácter de miembro de una fuerza de seguridad”.

El próximo lunes 22 Céspedez deberá presentarse en el juzgado para ser notificado de su procesamiento.

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