Derechos Humanos
La justicia en el cuerpo
El Equipo Argentino de Antropología Forense es una referencia internacional en la búsqueda y reconocimiento de personas desaparecidas. En este 2025 se están cumpliendo 40 años del Juicio a las Juntas que tuvo entre sus testimonios cruciales al del científico norteamericano Clyde Snow. El trabajo forense fue el que permitió identificar restos de víctimas de la dictadura, que así pudieron ser juzgados como homicidios cuando el delito de desaparición no existía. Aquella declaración de Snow fue uno de los espaldarazos para este grupo. Cómo nació, qué descubre, cómo es su trabajo cotidiano, y por qué se convirtió en un símbolo en el mundo. En tiempos complejos en los que parecería que faltan ejemplos e inspiraciones, aquí hay uno de tantos: un equipo en movimiento, que reúne la ciencia y lo social -pese a los frenos libertarios- para sostener un modelo que rompe al negacionismo y revela la verdad.
Por Lucas Pedulla.
(Publicada originalmente en la revista MU)

«Los huesos son un rompecabezas, pero nunca mienten”.
Para llegar a la frase de Clyde Snow, casi una bienvenida al edificio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), hay que atravesar las calles del ex centro clandestino ESMA, uno de los mayores infiernos operativos durante la dictadura, entre carteles que ubican el horror y recuerdan a personas que hoy siguen desaparecidas.
El lugar se encuentra detrás de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, ambos espacios conectados por un pequeño patio interno. Hay una conexión también histórica: en 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y las Abuelas solicitaron la asistencia de Eric Stover, el director del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés, ubicado en Washington DC, Estados Unidos). El porqué era una preocupación: las familias no confiaban en las exhumaciones de cuerpos en tumbas NN o en fosas comunes que diversos jueces, ya en democracia, estaban ordenando y llevando a cabo de forma no científica ni profesional.
La delegación de AAAS que llegó al país trajo al doctor Clyde Snow, un antropólogo forense de trayectoria ya destacada a nivel mundial. Snow convocó arqueólogos, antropólogos y médicos para comenzar las exhumaciones y el análisis de los restos que encontraban con una metodología científica. Los hallazgos fueron tan escalofriantes como cruciales.
Snow declaró en los primeros días del Juicio a las Juntas, en abril de 1985, hace 40 años. Fue la única vez que la sala de audiencias se oscureció para mostrar diapositivas de lesiones en huesos y cráneos de esos cuerpos exhumados, que permitieron comprobar científicamente los asesinatos cometidos por el terrorismo de Estado.
El experto capacitó un equipo que, desde entonces, nunca paró de trabajar: en febrero pasado, el EAAF identificó los restos de Raúl Salustiano Ruiz, secuestrado por el Ejército el 2 de junio de 1976 en Caspichango, al sur de Tucumán. Fue la víctima número 120 encontrada en la fosa común conocida como Pozo de Vargas.
La noticia, entre tsunamis negacionistas, impactó doble porque el rompecabezas de la memoria, la verdad y la justicia es algo que no para de reconstruirse.
Y, como dice Snow en esta bienvenida al equipo que formó, no miente.

De loquitos y esqueletos
«Clyde encontró un hilo y empezó a tirar. A partir de ahí fue más sencillo, porque tenés el hilo”. Carlos Maco Somigliana (65) es antropólogo, formó parte del equipo de jóvenes que trabajó en la fiscalía durante el Juicio a las Juntas, luego pasó a integrar la experiencia EAAF que todavía era flamante, y hoy habla en su oficina como uno de los “veteranos” que permite ubicar la perspectiva histórica de un trabajo que continúa con otras generaciones. A 40 años la explicación parece sencilla, sobre todo viniendo de una cabeza con rigurosidad científica donde la clave es hallar el método, pero en los comienzos hubo algo más que la “suerte” de la que habla Maco: “Se dieron una serie de circunstancias que permitieron crear el espacio. En el juicio, por ejemplo, parecía que no había nada en ningún lugar, pero había una posibilidad enorme de hacer cosas siempre a partir de lo que se hizo antes”.
Snow es importante porque permitió verlo: “De repente viene un tipo con mucho rodaje, con herramientas ya creadas, que le permiten ver un tsunami y no pensar que no se puede hacer nada, sino clasificarlo: es un tsunami clase X, por ejemplo. Lo que hizo Clyde es pensar: hay un Estado, una de las funciones del Estado es el registro, y el Estado sigue registrando como si fuera una cámara. Para quienes quieren hacer algo y preferirían que esa cámara no existiera, es complicado explicarle a la cámara que se tiene que apagar ante ciertas cosas. Entonces dijo que busquemos en esa superficie, a ver si hay algo que se relacione, y empezó a ver partidas de defunción de personas no identificadas. Fue el piolincito. Solo había que mirarlas. Después, con los años, aprendés a tirar mejor del hilo, ves que hay otros que se relacionan, pero permitió pensar: ¿cómo puedo buscarle la puerta a esta pared? Muchos chocan, pero Clyde dio un paso atrás y dijo: ahí hay un lugar”. En tiempos de aquel juicio (1985) no existía el delito de desaparición. Sin los cuerpos identificados, no había homicidios (que era lo que buscaban los militares). Por lo tanto los descubrimientos de Snow fueron cruciales para que pudiese existir la acusación por crímenes probados, que derivaron en condenas a prisión perpetua.
La historia es fascinante, y en este presente que muchas veces se revela desolador, permite dimensionar un trabajo que partió con el horror todavía muy presente –los años 80–, recorrió un desierto de impunidad –los 90–, y sigue funcionando desde un quehacer específico, encontrando respuestas que llegan en esta Argentina con características atmosféricas particulares: “Hablás del desierto de los 90, pero a nosotros nos permitió encontrar un oasis, porque lo que pasaba es que a nadie le interesaba la cuestión. Era tomen y vean: éramos unos loquitos estudiando esqueletos que no se iban a poder identificar porque no era posible la identificación de ADN. Por eso hablo de suerte, con un poco de cabeza dura, y también de apuesta. Podría no haber salido bien. Muchas veces no sale. Invertís tu tiempo. Pero fue la etapa de consolidación, porque cuando la cosa sí empezó a tener sentido, entonces ya éramos una referencia: habíamos estado 10 años mirando eso”.
Cómo eso continúa vivo es parte de una especificidad: “Con Abuelas tenemos una gran fortuna y es que tenemos tareas concretas. Problemas concretos, complejos, pero siempre tenés trabajo, y eso es una diferencia que nos permitió tener miradas más específicas que el resto de los organismos”. Maco ejemplifica en las búsquedas actuales sobre desapariciones en democracia: “Es una manera de demostrar que el movimiento tiene cosas para aportar no solo respecto del pasado lejano sino del presente. Es fundamental porque, si no, nos vamos quedando en las tradiciones, que son buenas, pero sobreviven lo que dura una generación, o tres como mucho, si no lo atás con algo que se esté moviendo”.
A su vez, ese pasado lejano se sigue moviendo en un presente político que busca anclarlo en el olvido, como la identificación en el Pozo de Vargas. ¿Qué significa?
Que la gente escuche que eso se sigue haciendo a pesar del contexto. Es importante enfatizar el hecho de que la rueda se sigue moviendo.

800
Mariella Fumagalli (43) es la directora programática de Argentina, y con Analía González Simonetto (45), coordinadora del Laboratorio Antropológico, entraron como pasantes en 2002, cuando eran estudiantes de Antropología en la UBA. “Fue un espacio de trabajo y de formación al mismo tiempo –dice Mariella–. El EAAF es una experiencia tan sui generis que la transmisión de conocimiento se dio de Clyde Snow al grupo de antropólogos en los 80, que después formaron a una nueva generación”. En aquel momento, desde otro desierto poscrisis 2001, el EAAF requirió a la justicia los restos de aquellas exhumaciones que habían hecho los jueces al comienzo de la democracia. Analía: “Eran muchas bolsas con muchos restos, en muchos casos mezclados por la misma exhumación, y el Equipo necesitaba gente que los procese, los lave, los incluya en un inventario”.
Hoy son responsables en sus áreas, como también lo es Virginia Urquizu (50), coordinadora de la Unidad de Casos, en permanente contacto con las familias. También de la UBA, entró en 2007 para atender un teléfono 0–800 en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID): “Fue un salto cualitativo para obtener muestras de sangre y enviar al Laboratorio para hacer comparaciones masivas. Muchos no habían dado muestras ni tampoco sabían que se podía hacer”. Ese año fue bisagra porque permitió comparar masivamente las muestras de sangre con todas las muestras óseas, ya que antes se hacían una por una: “Primero tenías que establecer un perfil de identidad de la persona para poder hacer un cotejo genético. Aceleró muchísimo”.
Un dato de esta rueda que sigue: en el edificio del EAAF aún quedan más de 800 cuerpos sin identificar por falta de muestras. Mariella: “El paso del tiempo también nos afecta por el límite biológico. Hay un ciclo que, de alguna forma, se está cerrando porque cada vez hay menos madres y menos abuelas. Fundamentalmente necesitamos las muestras de sangre de los familiares para identificar personas. Los familiares directos son cada vez menos, entonces hay que recurrir a otros mecanismos”. Analía suma las transformaciones a nivel genética: “Hace 10 o 15 años una muestra de un primo hubiera sido mucho más compleja de agregarla a una comparación. Hoy los cambios son abismales: por eso convocamos a sobrinos, primos, nietos, que son líneas más alejadas, porque hay una posibilidad de acompañar esa curva decreciente”.
En los casos donde no hay familiares vivos, el EAAF tiene entonces que exhumar un familiar fallecido para poder sacar una muestra y acceder a un perfil genético para comparar. Son parte de los desafíos actuales en un presente complejo, y donde el acercamiento de los familiares sigue siendo fundamental para seguir investigando. Virginia menciona el Proyecto Humanitario Malvinas: “Seguimos trabajando para identificar a cinco combatientes que faltan que fueron inhumados en el Cementerio de Darwin, y eso tiene que ver con la falta de muestras de familias que está costando mucho encontrarlas”.
Mariella aporta otro ejemplo relacionado a la última identificación en el Pozo de Vargas: “Hay 149 personas exhumadas, y quedan 30 por identificar. No se está pudiendo lograrlo todavía porque no tenemos muestras. Pero, paralelamente, la investigación de esos restos debe continuar porque lleva un trabajo antropológico de armado de rompecabezas de 149 personas en el que hay que conformar un esqueleto entre 40.000 elementos óseos mezclados”.

Partes del problema
La experiencia que el EAAF acumuló durante años lo constituyó en una referencia también a nivel internacional, con misiones a la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Togo y Sierra Leona; con solicitudes del Tribunal Penal Internacional para la ex–Yugoslavia de Naciones Unidas; del Comité Internacional de la Cruz Roja (en Colombia, Líbano, Ucrania, Irán e Irak, entre otros); o convocados por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en México. La lista sigue y cruza continentes.
Como explicaba Maco, en Argentina están trabajando, entre otras líneas, las desapariciones en democracia. “Es un universo complejo porque tenemos una metodología aceitada para determinadas formas de desaparición dentro del terrorismo de Estado, pero en democracia hay un millón de factores que pueden incidir en la desaparición de una persona –dice Mariella–. Lo que podemos aportar es un mecanismo de búsqueda”.
Entonces aparecen los inconvenientes: “Hay un problema de incidencia de la política pública. El EAAF surgió como una respuesta a una búsqueda de personas desaparecidas frente a un Estado que no las daba. En democracia se supone que el Estado se tiene que ocupar de forma sistemática, con base de datos, un listado único de personas desaparecidas. No pasa, y por otro lado hay cuerpos sin identificar en diferentes morgues del país. En el terrorismo de Estado tenías diferentes colectivos que reclamaban frente a una problemática común. Acá hay femicidios, violencia institucional, conflictos domésticos. Es tan diverso que es muy difícil conducir un criterio único. Sí hay una forma que puede ser protocolizada, con alertas de búsqueda, pero el problema es el cumplimiento deficiente o aletargado en función de la inmediatez que se necesita para resolver la desaparición de una persona, donde las primeras 48 o 72 horas son cruciales. Necesitás capacitación judicial y en las fuerzas de seguridad. A veces son parte del problema, pero en otros casos es falta de capacidades”.
Esa falta, que sorprende desde un país que avanzó como ninguno en la investigación y reparación por los crímenes del genocidio, es lo que también hace que el EAAF sea requerido. “Pero es como el huevo y la gallina –observa Mariella–. El EAAF fue el EAAF porque hubo una sociedad civil que impulsó. Si no hubieran habido Madres y Abuelas, ni colectivos de ex presos políticos que reclamaran sistemáticamente la investigación de los crímenes, quizás el EAAF no se habría armado. O no habría tenido la proyección que tuvo ni la materia prima para trabajar con la información de familias y militantes. O de acceder a sus cuerpos y cruzar investigaciones. En Chile, donde trabajamos, la sociedad está muy dividida. Políticamente es difícil avanzar porque no hubo proceso de justicia y reparación. Si el Estado no toma esa bandera en algún momento, mal o bien, es muy complejo”.
¿Qué pasa entonces en el marco del actual Estado?: “La situación es que somos peritos de la justicia, y hay diferencia con la praxis del resto de los organismos. Nuestro trabajo está enmarcado en causas tanto provinciales como federales. No hay mucha forma de que se detenga nuestra maquinita, chiquita, que sigue andando porque los jueces siguen ordenando medidas de prueba en investigaciones que siguen abiertas. Obviamente los vaivenes influyen, como pasó en todas las épocas históricas”.
¿Para qué sirve esa memoria en contextos así? Piensa Mariella: “Para seguir haciendo tu trabajo con la mayor de las responsabilidades, sabiendo que al frente tenés familias que siguen esperando los restos de sus seres queridos hace 49 años. Y que más allá de la apatía o del desgano que a veces uno siente pensando a dónde vamos a parar, nos ubicamos en que todo lo que se hizo en los peores momentos nos trajo hasta acá”.

Encíclica Ivonne
Así como Clyde Snow supo encontrar e identificar el tsunami de esa Argentina posdictadura, ¿es posible ubicar en qué tsunami estamos hoy? “Es una cuestión de método –piensa Maco Somigliana–. Si pasó, se puede saber. Si lo vamos a hacer, o no, no sé. Estamos aceptando cosas que nos va a avergonzar mucho haber aceptado, pero ojo que haber llegado hasta acá es en parte por otras cosas que aceptamos y dijimos que no era para tanto. Por algo fue. Depende de nuestra lucidez como sociedad, en la medida en que definamos los problemas, materializar si esto sirve de algo. Si tenés una década perdida o ganada, que sirva para algo que genere cosas distintas. Pensar que esta coyuntura es peor que otras… depende, porque lo que hemos aceptado antes era mucho peor”.
Sobre su computadora, Maco tiene una foto con una mujer. Es la única en la oficina. Cuenta que es Ivonne Pierron, monja francesa amiga de Alice Domon y Leonie Duquet, las religiosas desaparecidas junto a las tres Madres de Plaza de Mayo y otras siete personas del grupo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, en diciembre de 1977, donde se infiltró el genocida Alfredo Astiz, hoy condenado y preso. Ivonne era una de las sobrevivientes.
Maco ubica el recuerdo en su memoria y explica la imagen mientras la mira: “Es una ceremonia que hicieron en la embajada de Francia hace 20 años. Le daban la Legión de Honor. Acabábamos de identificar a Leonie Duquet. Me acuerdo mucho de ella. La vi solo esa vez en la vida y nunca más. Una persona muy creyente, en el buen sentido”.
¿En qué?
En creer que lo que hacés en algún momento te va a traer cosas buenas.
Derechos Humanos
La “historia desobediente” que se abrazó con la madre de Floreal Avellaneda

Iris Avellaneda recibió en su casa a la hija del represor Miguel Clodoveo Arévalo, implicado en el secuestro de «El Negrito», quien le pidió perdón por los crímenes cometidos por su progenitor. Aquí relata ese emocionante encuentro. Floreal Avellaneda tenía 15 años, fue secuestrado, empalado, asesinado y su cuerpo apareció flotando en Uruguay. Hoy un monumento lo recuerda en el Río de la Plata, junto a Parque de la Memoria.
por Leonardo Castillo. Fotos: Gustavo Becerra.
Tiempo Argentino (tiempoar.com.ar)*
Iris Avellaneda, militante por la defensa de los Derechos Humanos, vivió días atrás un hecho “reparador y a la vez movilizante”, al encontrase con la hija de uno de los represores que integró el grupo de tareas que secuestró, en abril de 1976, a su hijo, Floreal “El Negrito” Avellaneda, que con 15 años se convirtió en la víctima identificada más joven de los denominados vuelos de la muerte.
El pasado 14 de febrero, Mirta, hija del general Miguel Ángel Clodoveo Arévalo, visitó en su casa de Villa Tesei, en el partido de Hurlingham, a la actual titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y le pidió perdón por el crimen cometido por su padre en tiempos del terrorismo de Estado.
“Vino con su hijo, que se llama Santiago, y con lágrimas en sus ojos me pidió perdón en nombre de su padre. Se sacó de esa forma una pesada mochila que cargaba desde hace años. Es un encuentro que nos sirvió a las dos”, señaló Iris en diálogo con Tiempo Argentino al referirse a este encuentro, ocurrido cuando se están por cumplir 50 años del golpe genocida y del secuestro de El Negrito.
Floreal Avellaneda e Iris fueron capturados por un grupo de tareas del Ejército el 15 de abril de 1976. Los represores buscaban a Floreal padre, militante comunista y delegado sindical en la fábrica metalúrgica Tensa, que logró escaparse cuando la patota llegó a la vivienda que la familia habitaba en la localidad de Munro.
Madre e hijo fueron conducidos primero a la Comisaría de Villa Martelli, y luego al centro clandestino de detención ilegal conocido como “El Campito”, que funcionaba dentro del predio militar de Campo de Mayo, donde ambos fueron torturados.
Quince días después, Iris fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo y estuvo encarcelada, primero en la cárcel de Olmos y luego en la Unidad Penal de Devoto, donde recuperó la libertad en julio de 1978.
El Negrito, como cariñosamente lo llamaban en su familia, corrió otra suerte. Su cuerpo apareció en las costas uruguayas el 14 de mayo de ese año, cuando faltaban pocos días para que cumpliera 16 años.
El cadáver de Floreal fue hallado junto a un grupo de nueve cuerpos que fueron fotografiados por la prensa uruguaya. En un principio, se especuló que las víctimas podían ser asiáticos, por la hinchazón que se verificaba en sus rostros.
El cuerpo de Floreal tenía signos de empalamiento y quedó depositado en un nicho de un cementerio de Montevideo, allí su rastro se perdió por obra de la maquinaria represiva que imperaba en ambos márgenes del Río de la Plata.
El Negrito, aquel militante de la “Fede” visto por sobrevivientes en Campo de Mayo cuando soportaba las torturas que le aplicaban sus captores, aún permanece desaparecido.
Tras un largo peregrinar por los derroteros de Memoria, Verdad y Justicia, Iris y Floreal padre lograron que en 2009 El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenara al genocida Omar Riveros, exjefe de Campo de Mayo, como principal responsable del asesinato de Floreal Avellaneda.
Además, resultaron sentenciados Fernando Verplaetsen, ex jefe de inteligencia en Campo de Mayo; el entonces jefe de la Escuela de Infantería, general Osvaldo García; los capitanes César Fragni y Rául Harsich, que estaban a cargo del centro de detención ilegal El Campito; y el policía Alberto Aneto, quien oficiaba como policía en la Comisaría de Villa Martelli e integraba los grupos de tareas que operaban en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Floreal padre falleció un año después de los veredictos y las sentencias quedaron firmes en 2021 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la causa quedó acreditado el rol que tuvo Miguel Ángel Clodoveo Arévalo en el secuestro de El Negrito.
Pero este militar murió en 1982, durante la Guerra de Malvinas, cuando ostentaba el grado de teniente coronel y prestaba servicio en el sur del país. Por años, la implicación de Arévalo en el terrorismo de Estado permaneció bajo un manto de silencio.

Iris con la foto de Floreal, que tenía 14 años cuando fue secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura militar. (Foto: Gustavo Becerra).
Un encuentro en tiempos de negacionismo
Hace unas semanas, una compañera de Iris llamada Marcela, que integra la Asociación Seré -un colectivo que trabaja por la recuperación de la memoria histórica del excentro de detención que funcionó en Mansión Seré, en el partido de Morón-, le contó a la dirigente de la Liga por los Derechos Humanos que la hija de un represor vinculado al asesinato de El Negrito quería contactarse con ella, conocerla y expresarle un sentimiento de solidaridad y empatía con una víctima que hace casi medio siglo que desconoce el paradero de su hijo.
“’¿Quién será?’, pensé. Le pregunté si era un familiar de Fragni o Harsich. Y Marcela me dijo que no, que se trataba de la hija de Arévalo. Ahí recordé un hecho que sucedió cuando estaba en la cárcel. A mi casa llegó un anónimo, en un sobre, que contenía un escrito mecanografiado, en el cual decía que el asesino de Floreal estaba en el Centro de Operaciones Tácticas de Vicente López, y daba el nombre de este militar. Mi cuñada guardó esa carta y me la mostró en 1978, cuando salí de prisión”, subrayó.
Iris aceptó recibir en su casa a Mirta Arévalo, que tenía cinco años cuando su padre murió, pero con el tiempo supo tomar contacto con la historia que unía a su progenitor con el terrorismo de Estado.
“Hablamos y lloró conmigo. Vino con su hijo y la reunión también estuvo mi amiga Marcela y uno de mis hijos, Marcos Rodrigo”, recordó.
Santiago –el hijo de Mirta- le contó a Iris que había hecho la secundaria en Escobar, en una escuela que hoy lleva el nombre de Floreal Avellaneda. “Me regaló su certificado de estudios y me dijo que gracias a los docentes tuvo pudo entrar en contacto con la historia y la lucha de los organismos de Derechos Humanos en la búsqueda de Justicia. Eso lo inspiró a seguir la carrera de abogacía que está cerca de terminar”, narró la madre de Floreal.
Las mujeres quedaron en contacto, y Mirta le prometió que irían juntas a una reunión en la Liga Argentina por los Derechos Humanos con el propósito de mantener el legado de El Negrito.
“Para mí, es muy importante que pasen estas cosas en estos tiempos de un gobierno que difunde un negacionismo sobre los crímenes que cometió la última dictadura cívico militar y eclesiástica.
En esa línea, Iris, a los 86 años, considera que este encuentro con familiares de un represor que repudian los delitos de lesa humanidad cometidos por sus progenitores -una postura asumida desde hace algunos años por el colectivo Historias Desobedientes y otros- es parte de la lucha que libró para lograr Justicia por Floreal.
“En todos estos años, aporté mi granito de arena para que se sepa la verdad y los culpables paguen. Hoy existen cinco colegios que llevan el nombre de El Negrito. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?”, reflexionó.
A su edad, Iris Avellaneda sigue activa en la pelea por mantener vivo el legado de Memoria, Verdad y Justicia. Además de encabezar la Liga Argentina por los Derechos Humanos, integra el colectivo de sobrevivientes de Campo de Mayo, que impulsa la instalación de un Espacio de Memoria en ese predio.
“En el gobierno de Alberto Fernández se había declarado que se iba a crear un Espacio de Memoria, pero las obras están paralizadas. El 14 de marzo vamos a hacer un acto y vamos a tratar de entrar hasta ese lugar para rendirles homenaje a todas las víctimas que pasaron por ese centro clandestino”, sostuvo Iris.

Foto: Gutavo Becerra.
Floreal, desaparecido dos veces
Al recuperar su libertad, en 1978, Iris Avellaneda tomó conocimiento de que el cuerpo de Floreal había sido hallado en las costas uruguayas como consecuencia de los Vuelos de la Muerte. Sus familiares no quisieron darle la noticia cuando estaba detenida.
¿Cómo se logró la identificación de El Negrito? En una de las fotos que se difundieron de los cuerpos hallados en mayo de 1976, pudo apreciarse dos letras tatuadas: FA, las iniciales de Floreal Avellaneda.
Con ese dato, el abogado Julio Viaggio, quien se desempañaba como abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (la designación que entonces tenía la entidad), obtuvo los registros dactilares de Floreal que guardaba la Policía Federal y en Montevideo se pudo corroborar la identidad de El Negrito.
Sus restos se depositaron en una necrópolis de la capital uruguaya. En 1983, Floreal padre e Iris viajaron a Montevideo con la intención de recuperar el cuerpo de su hijo. Pero no pudieron, su cuerpo no estaba en el cementerio indicado ni en ningún otro. El Negrito fue secuestrado, desaparecido, identificado como la víctima más joven de los vuelos de la muerte en las costas uruguayas y vuelto a desaparecer.
En medio de las tramitaciones que llevaba a cabo Viaggio, tuvo acceso a un acta sobre el allanamiento a la casa de la familia Avellaneda, que estaba firmada por Harsich y Fragni, implicados en el secuestro de Iris y Floreal.
“Lo único que nos quedó de él son esas fotos que están en los expedientes judiciales”, apuntó Iris.
El caso de Floreal, arrojado desde un vuelo que partió de Campo de Mayo y hallado con signos de empalamiento tuvo alguna trascendencia, en medio de la censura oficial impuesta bajo el del plan sistemático que aplicaba la dictadura.
El escritor y periodista Rodolfo Walsh dio cuenta del hecho en su Carta Abierta a la Junta Militar escrita y difundida al cumplirse un año del golpe de Estado. “Atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas expuestas”, describió en un párrafo de su histórica misiva el autor de Operación Masacre.

Foto: Gustavo Becerra.
El represor que algunos quisieron convertir en héroe
El teniente coronel del Ejército Miguel Ángel Clodoveo nunca respondió por su implicación en la represión ilegal. Murió en 1982, en un accidente de helicópteros ocurrido en el sur del país durante la Guerra de Malvinas. La dictadura le concedió un ascenso póstumo al grado de general de Brigada.
En algunos registros vinculados a Malvinas se menciona como el oficial de más alta graduación caído en la conflagración con el Reino Unido.
El detalle que se omite mencionar cuando se exalta su figura es que este uniformado no pereció en combates librados en las islas del Atlántico Sur.
En 2012, cuando ya se disponía información sobre la actuación de Arévalo en los grupos de tareas de Campo de Mayo, una entidad vinculada a exsoldados que durante el conflicto con Gran Bretaña estuvieron movilizados en la costa patagónica le realizaron una misa en su homenaje.
Ante esta conmemoración, la Liga por los Derechos Humanos recordó el pasado del represor durante la dictadura al remarcar que Arévalo “era un asesino que secuestró a Floreal Avellaneda y lo entregó a quienes le dieron muerte en Campo de Mayo», y que su figura nada tenía que ver con la de un héroe de guerra.
En ese sentido, la entidad defensora de los Derechos Humanos recordó entonces que la participación de Arévalo en el crimen de El Negrito había quedado probaba en el juicio de lesa humanidad que concluyó en 2009 en los Tribunales Federales de San Martín.
*Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Agencia Lavaca y revista MU (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).
Derechos Humanos
Réquiem para un hombre pobre

Memoria de Víctor Vargas, el hombre asesinado por el policía Santiago Barrientos, en Constitución el domingo 28 de diciembre pasado. La dinámica barrial, violenta, contexto del asesinato; el tiro por la nuca, que revela que Barrientos disparó cuando Vargas estaba de espalda; el recuerdo de las y los vecinos de este hombre tranquilo y los mensajes de watsap que pintan su vida y su muerte, símbolo de una época.
Por Claudia Acuña
El día en que Víctor Vargas fue fusilado por la espalda por el policía Santiago Emanuel Barrientos, el asfalto hervía . Era domingo y a esa hora -diez minutos antes de las tres de la tarde- la esquina de Salta y Constitución estaba desolada por el sopor y la barra de hombres “escabiando”. Esa fue la palabra que usó Franco Olave Cornejo -a quien todos en ese no-barrio conocen como El Chileno- cuando declaró ante la fiscalía Penal Nª 12 para describir la escena del crimen. Es también lo que muestran las cámaras de seguridad: en una ochava, la barra liderada por El Chileno; enfrente el policía Barrientos saliendo del local de Ugis junto a la oficial Carolina Elizabeth Vázquez, encargada de sostener la caja de pizza. Hasta ahí, lo habitual.
Lo extraordinario fue Víctor Vargas.


La mamá y la hermana de Víctor, con una foto que enmarcaron para recordarlo.
Ninguno de los que lo conoció -muchos, pero poco- pueden explicar qué lo llevó a abandonar su principal característica: tranquilo, educado, respetuoso, un buen pibe, son las palabras que brotan para recordarlo del dueño de la pensión, las putas y travas de la zona, los pibes de la calle, las dominicanas de la esquina. Saben, sí, que El Chileno atacó con una botella a Víctor. Algunos especulan con el robo del celular y el motivo de su reacción posterior podría explicarlo el audio que Víctor le envió a su hermana Vanina un día antes, el sábado 27:
“Buenos días Vane. Voy a ver un laburito nuevo y ver si capaz puedo quedar ahí. Que tengas un lindo día”.
Víctor vivía pagando la pensión diariamente -cada día, cada día, cada día- juntando el dinero en trabajos temporarios -en un lavadero de autos, como repositor en un supermercado, descargando bultos en el Paseo de Compras lindero a la estación de tren: changas-, y la posibilidad de un empleo con continuidad le había dado la esperanza de un cambio en su vida. Quizá esperaba ese llamado de confirmación y perder esa ilusión significó también perder la paciencia.
Las dominicanas de la esquina prefieren proyectar la realidad: El Chileno domina esa esquina con violencia, insultos y ceguera policial. Quizá fue eso lo que cansó a Víctor y decidió responder, lo cual desencadenó el trágico después.
Lo que es dato es que un Víctor mareado –“algo raro en él porque nunca tomaba”, declaró el dueño de la pensión- entró a la cocina, tomó un cuchillo y regresó a la esquina a enfrentar a El Chileno. Fue entonces cuando el policía Barrientos y la oficial Vázquez, con la pizza en la mano, intervinieron. Lo que siguió fue rápido:
- El policía Barrientos le dio a Víctor la orden de tirar el cuchillo.
- El Chileno se escondió detrás del policía Barrientos.
- El policía Barrientos disparó tres tiros.
- La autopsia determinó que una de las balas ingresó en la nuca y salió por la ceja. Es decir: cuando el policía Barrientos le disparó, Víctor le daba la espalda.
Víctor quedó tirado en un asfalto que le dejó marcas de quemaduras. “Todavía estaba desangrándose cuando El Chileno ya tenía abogado”, dirá su hermana y, evidentemente, ese detalle también llamó la atención de la fiscalía, ya que le preguntó específicamente eso: quién llamó a su abogado. “Un amigo con el que se comunica a través de las redes sociales”, dice la transcripción que respondió.
La investigación judicial se abrió por los delitos de “atentado a la autoridad y lesiones”, pero la muerte de Víctor -agonizó tres días- obligó a apartar a la policía de la Ciudad de la investigación y, ahora, al Poder Judicial a decidir la competencia, es decir, quien investiga: la familia de Víctor -representada por la abogada María del Carmen Verdú, titular de CORREPI- exige que sea en el ámbito de Nación. En tanto, la defensa del policía Barrientos la ejerce el Ministerio de (In)Seguridad de la Ciudad, esa misma ciudad que en las calles de Constitución hierve de impunidad.



Víctor Vargas, en fotos que comparte a lavaca su familia.
Para despedir a Víctor, las personas más pobres y olvidadas de aquel no-barrio en el que Borges halló El Aleph -ese punto que contiene el universo entero y en el que hoy puede verse con absoluta claridad putas y travas golpeadas, hambreadas y humilladas cotidianamente por esa misma violencia policial que fusiló a Víctor – hicieron una colecta. El sepelio fue en Casa Roja, la sede de Ammar. Allí lo lloraron su madre y su hermana; sus vecinas sobrevivientes de las calles y sus compañeros de changas. Allí también escucho el audio que el Día de Navidad, apenas cuatro días antes de su fusilamiento, le envió a su mamá:
“¿Sabés qué, mamita? Te quería contar algo lindo. Hoy fui al Paseo de Compras de Constitución y como conozco a mucha gente de ahí que son dueños de los negocios, uno me regaló un pantalón y una remera. O sea que en Navidad estreno ropa nueva. Después otro me dio ensalada rusa con pollo y en la heladera tengo osobuco. Nada: todo eso vino de parte de Dios. Así que con lo que tenía me compré un perfume, en cajita, nuevo. ¿Qué más te puedo contar mamita? Que estoy solo y soy feliz.”
Hay un ramo de flores en el pecho de Víctor y una mesa con sándwiches, empanadas, galletitas y bebidas porque saben que quienes lo vendrán a despedir tendrán hambre. Hay anécdotas sobre esa vida que ya no es, la mayoría muy simples -sus tiempos con trabajos “buenos”, su derrape en la adicción, su estoico esfuerzo por estar “limpio”, sin drogas ni alcohol, cada día, cada día, cada día, desde hace varios años- y solo una muy compleja: en los últimos tiempos Víctor se definía como un eufórico libertario.
Derechos Humanos
El protocolo de Bullrich es nulo

Por Claudia Acuña
El juez federal Martín Cormik declaró nulo el protocolo de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich al considerar que ninguna norma administrativa puede limitar derechos constitucionales.
El fallo sienta un precedente jurídico que pone un límite a las facultades del Poder Ejecutivo ya que dicho protocolo “conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de «instruir» al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”.
También considera que el protocolo es ilegítimo porque “no cumple los requisitos de motivación ni de razonabilidad exigidos por la Constitución”. En consecuencia, lo declara nulo y promueve que las personas afectadas inicien las demandas de reparación pertinentes en el ámbito de fuero penal.
El fallo responde así y positivamente a la acción iniciada por Sipreba y Argra, entre otras organizaciones sociales, representadas por el Cels cuyo director Diego Morales sintetiza así la importancia de esta resolución: “El punto más importante es que la decisión le pone un límite al Ministerio de seguridad al momento de regular -bajo la figura o el ropaje de instrucciones a los funcionarios policiales- conductas de los ciudadanos que están garantizadas por la Constitución. Este me parece que es el dato más importante y que no lo habíamos visto en las otras acciones que presentamos“.
Segundo punto a destacar: “También le pone un límite a que el Ministerio imponga que el derecho a manifestarse es un delito, y que a partir de esta caracterización realice operativos para evitarlas”.
El tercer punto no es menor: los efectos que ha sembrado la aplicación de este protocolo ahora considerado nulo. “El más grave es el caso del fotógrafo Pablo Grillo y también que dos personas hayan perdido el ojo, pero además de muchos heridos hubo más de 200 detenciones arbitrarias y constantes agresiones a la prensa. Es decir que una norma ahora considerada ilegítima ha dejado personas afectadas en sus cuerpos y en sus derechos”.
Morales descuenta que el Ministerio apelará este fallo, pero también que la justicia avalará que hasta tanto se resuelva ese trámite judicial el protocolo quede anulado. En ese sentido destaca la presentación que realizó ante la justicia Periodistas Argentinas, que llegó hasta la Corte Suprema y esa máxima instancia judicial determinó que el fuero competente para dictaminar es justamente el que ahora ha declarado nulo el protocolo.

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