¿Por qué el gobierno intervino el puerto de Ushuaia? ¿Cuánta plata está en juego? ¿Cuál es el rol en la zona de Estados Unidos, Gran Bretaña y China en lo que geopolíticamente es la puerta a la Antártida? Presentamos esta investigación de la nueva revista MU. Primer capítulo de una serie que implicó un viaje que pudo realizarse por el apoyo de quienes se suscriben para que siga existiendo este tipo de periodismo. Por eso esta recorrida sobre una realidad clave, de la que poco se habla, suma una palabra más: ¡Gracias!

Por Francisco Pandolfi / Fotos: Juan Valeiro

(Enviados especiales a Tierra del Fuego)

En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para donde mires, hay una bandera argentina.
Sin embargo, lo primero que se ve al bajar del avión en el aeropuerto internacional de Ushuaia no es ni el celeste ni el blanco: es un afiche con la cara del pastor evangelista Franklin Graham, aliado religioso del presidente estadounidense Donald Trump.
Ese cartel es mucho más que el anuncio de dos eventos gratuitos que promueven “un mensaje de esperanza”, propaganda que se multiplica por toda la capital de las Islas Malvinas.
Un mes después de su visita, esas gigantografías seguirán empapelando Ushuaia.
Uno de los asistentes al acto político/religioso del pastor trumpista es el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, que no es milieista, sino peronista de La Cámpora y cada vez menos aliado del gobernador Gustavo Melella: Vuoto es una de las tantas voces que se llamó a silencio tras la intervención del gobierno nacional al puerto de Ushuaia.
Bienvenidos a este viaje por la Tierra del Fuego.

Episodio 1: El puerto

La cajita de oro

La madrugada del 21 de enero el gobierno nacional le apropió el puerto a la provincia. Después de medio año de pedidos de información que fueron y vinieron entre ambos gobiernos, unos minutos después de la medianoche se presentó Gendarmería y junto con Prefectura no permitieron el paso de miembros de la Dirección Provincial de Puertos ni de 140 trabajadores.
La siguiente medida: comunicarle a las empresas portuarias que debían depositar el dinero a una cuenta del Banco Nación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (en adelante ANPyN), a cargo de la intervención y dependiente del Ministerio de Economía al mando de Luis Caputo.
El arrebato no fue de un dedo ni de un brazo: fue del corazón de una provincia-archipiélago cuyo litoral marítimo representa el 67% de su territorio.
El puerto tiene estas características:
Caja de 30 mil millones de pesos anuales.
540 recaladas (cada buque que arrima a muelle) en 2025.
La recepción de más de 225 mil personas entre pasajeros y tripulantes.
Un puerto multipropósito: turismo, barcos pesqueros y containeros.
Su posición estratégica en el Atlántico Sur.
La puerta de entrada a la Antártida a nivel mundial: concentra el 96% del turismo expedicionario.
El puerto más cercano a los tres pasos biocéanicos (Atlántico y Pacífico): el Estrecho de Magallanes, el Paso de Drake y el Canal de Beagle.
La otra vía continental interoceánica es el artificial Canal de Panamá, azotado en los últimos años por la sequía que complejiza la navegación.
Ushuaia es el puerto más próximo a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur argentinas.

La intervención

La ANPyN intervino por un año (prorrogable) argumentando: 1) riesgo operativo y de seguridad por déficit de infraestructura; 2) desfinanciamiento 3) desvío de fondos.
Una callecita separa el territorio en disputa de las oficinas de la Dirección Provincial de Puertos, donde habla Roberto Murcia, el titular desplazado. Tiene un bigote mostacho que le tapa los dos labios y una calma intempestiva. Dice que de existir falencias de seguridad tendrían que haberlo inhabilitado, pero no dejó de funcionar. Señala por la ventana al muelle ladeado por cruceros gigantes que hablan otro idioma. “Si hubiera riesgos reales, las empresas navieras no operarían aquí. El puerto está certificado por la Prefectura y la última auditoría que hizo fue una semana antes de la intervención”.
A pocas cuadras, en la Casa de Gobierno, Gustavo Melella también recibe a MU. Al igual que Murcia, en su oficina cuelga un cuadro del General San Martín. Al igual que Murcia, habla monótono, sin que le trepe la rabia ni cuando remite a “la apropiación, a la intervención federal encubierta”. Sobre el desfinanciamiento adjudicado por Nación, ríe, niega y contraataca: “Deberían intervenirse a ellos mismos: abandonaron rutas, viviendas, la obra pública. Lo que hicieron es simple: se apropiaron de la caja del puerto para llevársela”.
Lo que no es tan simple de comprender es la trama sobre el desvío de fondos. Melella la explica a su manera: “Argumentan que usamos fondos del puerto para pagar la deuda de la obra social estatal y si bien la Legislatura provincial votó la ley que traspasaba esos fondos, nunca la aplicamos porque sabíamos que era ilegal. Ni un peso salió de manera ilegítima. Fue una gran mentira”.
Si era ilegal ¿por qué la sancionó la Legislatura? ¿Por qué no la vetó usted?
La ley es más amplia y la obra social necesita recursos. Vetarla significaba perder otros beneficios, no podía hacer un veto parcial, entonces no usamos los fondos y listo. Ya se mandó a la Legislatura una nueva ley que elimina esa partecita. En el proyecto original del Ejecutivo no estaba el traspaso de fondos desde el puerto, lo agregaron los legisladores.

La mesa servida

Tierra del Fuego es la única provincia marítima de Argentina y también la más joven: desde abril de 1990. Antes era territorio nacional. En 1991 sancionó su Constitución y un año después la Nación le otorgó la concesión del puerto de Ushuaia. En ese decreto figura que el dinero que ingresa solo puede destinarse puerto adentro.
De este hilo empezó a tirar quien ahora está a cargo de la intervención. Juan Avellaneda denunció ante la ANPyN que el 1º de julio de 2025 se sancionó en la Legislatura provincial la ley de Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) cuya fuente de financiamiento sería el superávit financiero producido por el puerto. La votación fue por unanimidad, que incluye al partido de gobierno (Forja), al PJ, al Movimiento Popular Fueguino (MOPOF, vinculado a los intereses portuarios) y hasta a La Libertad Avanza, que medio año después se agarró de ese flanco abierto para dar el zarpazo.
Desde el día de la intervención, solo 16 trabajadores del puerto siguen empleados y los 140 restantes quedaron de este lado del enrejado (sin explicaciones, sin poder retirar sus pertenencias, cobrando por ahora con los ahorros que tenía la Dirección de Puerto). Una bandera cuelga frente a la entrada, como proclama y presagio: “El puerto no se entrega, no a la privatización. No hay perdón ni olvido”.
Luis Díaz es uno de los maquinistas desplazados y delegado de ATE. Mientras habla, sus compañeros tocan bombos y redoblantes como lo hacen cada mañana desde el 21 de enero. Ya lo habían hecho antes también para prevenir lo evitable. “Después de la sanción de la ley estuvimos 35 días en la calle, en pleno invierno, con frío, nieve, reclamando que la dieran de baja porque sabíamos que podíamos perder el puerto. La mayoría de los legisladores no quiso escuchar y nos trató con soberbia. El gobierno prometió que eliminaría el párrafo que toca nuestros fondos pero no lo hizo”. Las consecuencias están a la vista: “ANPyN fue oportunista, se quedó con la caja y ahora irá hacia la privatización”.

Algunas huellas de esta historia que no cierran:

-Que todo el cuerpo legislativo haya votado una ley que sabían ilegal.

-Que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo la hayan modificado todavía.

-El silencio de la grandísima mayoría del arco político local y nacional, incluso de los aliados al gobernador.

Daniel Guzmán fue combatiente en la Guerra de Malvinas, es periodista y de las personas que más conoce los pormenores en la isla. Serio, parco, obsesivo, dice sin rodeos: “El gobierno de Tierra del Fuego no hizo nada para revertir o resolver la situación; al contrario, la negó”.

Quienes callan, otorgan

Para el gobernador Melella la intervención no es una cuestión de la geopolítica sino de “negocios”. Lo ejemplifica contando que el titular de ANPyN es Iñaki Arreseygor, “una persona relacionada con la provincia hace muchos años, que en el gobierno de Macri fue designado representante del Estado en la empresa Mirgor (de la familia Caputo). Conoce a mucha gente, tiene amistad con personas de acá, libertarios y kukas, como a ellos les gusta llamarlos”.

¿A quiénes se refiere?
No me gusta dar nombres. Es amigo de un empresario que trabaja en la logística, relacionado a Mirgor. Y digo algún kuka porque hace más de 20 años es amigo de un ex funcionario kirchnerista.
¿Pero quiénes? Es importante que la sociedad sepa los nombres.
No quiero dar nombres porque nosotros los conocemos y después se desvirtúa. Acá hay gente que tenía muchas ganas de quedarse con el puerto por ser un negocio muy rentable. Se cobra en dólares y cada año ingresan más cruceros.

Nombres detrás del botín

El libertario al que hace referencia Melella es Pedro Gallo, Gallito, empresario logístico vinculado con Mirgor e hijo del vicegobernador fueguino Daniel Gallo. El ex funcionario K que oculta es Darío Garribia y responde a Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, de La Cámpora.
A los tres días de la intervención, desde adentro de ANPyN llamaron a un dirigente peronista fueguino: “Ustedes ya perdieron el puerto”, le dijeron. Y le aseguraron que el objetivo es hacer un consorcio para que lo explote el sector privado. “Quien está poniendo la plata es Gustavo El Turco Elías, sospechado de ser testaferro del sindicalista camionero Hugo Moyano. Y debajo de él toda es gente de Sergio Massa”. El grupo Elías tiene varios negocios en el sector: en el puerto de Bahía Blanca y constituyó recientemente una sociedad anónima en Chubut para hacerse del negocio del Astillero de Comodoro Rivadavia.
Acá subyace una posible explicación al silencio de casi todo el arco peronista a la intervención libertaria, con contadas excepciones como Axel Kicillof.
Por su parte Juan Avellaneda, el interventor, trabaja en el puerto desde hace años e integra el sindicato Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF), conducido por los hermanos Leonardo y Diego Salom, vinculados al massismo. Ambos fueron expulsados de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) a causa de “una serie de inconductas e inmoralidades juzgadas por nuestro Tribunal de Ética”, en referncia a una presunta malversación de fondos en la Agencia General de Puertos.
A Juan Avellaneda lo puso Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de ANPyN y quien ya había hecho negocios en el puerto de Ushuaia: como parte de la empresa Bastiaan SRL instaló en 2019 un puesto de correo y una casa de cambio en un local del muelle, según le confirmó a MU la propia Dirección de Puertos. Arreseygor también fue funcionario del grupo Mirgor. La compañía es la industria más importante de la provincia y creció mediante la venta de productos electrónicos. Hace algunos años metió la nariz en el agro e iba a construir el puerto de Río Grande con capitales chinos, obra que se frenó por dos motivos: 1) la presión de Estados Unidos para evitar todo lo que suene a mandarín; 2) el industricidio en la ciudad de Río Grande (leer capítulo X) que minimizó a la exportación.
Hay otro silencio sugestivo: el sindicato de guincheros, maquinistas y grúas móviles. Su secretario general en Ushuaia se llama Maximiliano Perpetto y tiene una fluida relación con el gobernador Melella. Sin embargo, ni él ni su gremio se pronunciaron contra la intervención.

De los 2 lados del mostrador

El gerente de una agencia marítima habla en su oficina a pocas cuadras del puerto. Dice que le llamó la atención que la intervención sea en medio de la temporada. “Lidiamos con muchas cosas conflictivas, porque les dan prioridad a ciertas empresas cuando ya estaban todos los atraques de barcos designados”.
Aporta un dato: hasta la intervención, Puertos contaba con dos máquinas containeras (cargan y descargan containers a los buques). “Ahora solo hay una y eso complica la operatividad. Además, se la tuvieron que alquilar a una empresa privada, porque las máquinas están ahí, pero no pueden operarlas por falta de personal”.
La empresa beneficiada se llama Masciotra. Y hay otra compañía logística que, además de tener varias máquinas operando, acaba de comprar dos containeras para ingresar al puerto. Pertenece a Jorge Lechman, que está a ambos lados del mostrador: es legislador y uno de los apuntados por proponer que la deuda de la obra social estatal se pague con fondos del puerto.

¿Comparaciones odiosas?

Los dueños de varias empresas de logística portuaria prefieren no hablar. En una de ellas, encargada de todo tipo de trámites migratorios, aduaneros, sanidad, confiesan: “Se encarecieron todos los precios porque antes le pedíamos a Puertos y el servicio era mucho más barato. Ahora la intervención terceriza todo a empresas privadas. Ese incremento lo costean las embarcaciones y ya está habiendo consecuencias”. Señalan la pared donde cuelga un calendario gigante con el arribo de cruceros: “¿Ven ese hueco blanco? Es un buque de investigación que por la suba de precios se fue al Puerto de Punta Arenas, en Chile”.
Previo a la intervención, la prioridad en el manejo de las máquinas era de la provincia y recién cuando la capacidad excedía se alquilaban máquinas privadas. Eso cambió. Gastón Castillo lleva pantalón de vestir, camisa impoluta, barba de un día y es quien se encarga de los números en la Dirección de Puertos. “Todo lo que hacíamos nosotros con personal propio, ahora lo tercerizan. Ahí hay beneficiados”. Pican en punta las logísticas Lechman y Masciotra.
Dice que este puerto vive de la carga y lo muestra en el porcentaje de ingresos: 60% containers, 30% turismo, 10% por derechos de explotación a las empresas. “La recaudación mensual en temporada llega a los $3.000 millones, pero ahora ese número bajará por lo que se va al privado”.
Dice también que “de todo lo que mueve la actividad portuaria en la provincia, la Dirección de Puertos solo se quedaba con el 7%. El resto deriva al sector privado: las empresas marítimas se llenan de plata”.
Ahora se llenan un poco más.
Luis Díaz, delegado, lo refleja en números ilustrativos:
La hora de la máquina containera la alquilábamos a 282 dólares. El privado la está cobrando 580/600.
La máquina Manitou la alquilábamos a 150 dólares la hora. Ahora: 300.
Si teníamos nuestras máquinas funcionando las 24 horas, la mano de obra nos salía alrededor de 60 millones mensuales. Sumando mantenimiento, como mucho teníamos 100 millones de gastos. Ahora solo la containera que alquilan sale 600 millones al mes.

La ruta de la plata

Para esta nota fueron entrevistadas más de treinta personas entre políticos, empresarios, legisladores, trabajadores portuarios, secretarios gremiales, funcionarios actuales y ex. Los únicos que no respondieron la solicitud de entrevista fueron los interventores: Juan Avellaneda, responsable operativo del puerto; e Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de ANPyN.
Al cierre de esta edición, tampoco se respondieron pedidos de información pública a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos y a la ANPyN para conocer los datos que faltan.
Preguntas sin respuestas: ¿Cuánto dinero ingresó al puerto de Ushuaia desde la intervención? ¿Cuál es el destino y qué se está haciendo con él? ¿Qué obras de infraestructura iniciaron? ¿Por qué el puerto siguió funcionando igual si había graves problemas de seguridad e infraestructura? Dejaron de difundir el cronograma de arribo de cruceros: ¿Por qué no publican los datos como se informaba previamente?

La patota

Un empresario de servicios portuarios se sienta en un café del centro de Ushuaia. Pide que no se prenda el grabador. Y habla.
Dice que dos días después de la intervención llamaron a una reunión a todas las empresas navieras. “Fue a las 23, entre gallos y medianoche, literal”.
Dice que mientras los empresarios se miraban desconcertados, se abrió la puerta: “Aparecieron cuatro armatostes y se pararon uno en cada esquina. Eran fuerzas de choque, supuestamente de la barra de Boca. Luego entró Juan Avellaneda a explicarnos cómo iban a funcionar las cosas a partir de ese momento. Yo no podía creer la intervención, ilegal, que se corregía con un sumario administrativo al no haber fallas estructurales; pero lo que pasó esa noche fue el colmo, que vinieran así, a lo patotero…”.
Se pregunta: “¿Quién está financiando a Avellaneda?”. Se responde: “No vinieron porque son buenos, al puerto lo quieren privatizar para quedarse con la plata y buscarán una figura legal para eso, estoy seguro. El run run es que entrará Mirgor, de los Caputo”.

Engañapichanga

En el puerto hay varios actores. Está quien lo dirige y sus empleados, y está el barco que ingresa. En el medio, dos tipos de empresas: de servicios (agentes marítimos, los representantes del buque en tierra); y de logística (carga, descarga y almacenamiento de mercancías).
Las operadoras logísticas contratan a estibadores. Uno de ellos se llama Fabián y es de los pocos trabajadores con permiso para pasar la frontera de la intervención. “En estos más de dos meses no hicieron ninguna obra, en ese sentido está todo igual que antes”, cuenta con el canal de Beagle de fondo, refugiado en una campera patagónica, una boina blanca y anteojos que en esta parte del mundo se usan más como resguardo del viento que del sol.
Hay sentidos que no están igual que antes y las consecuencias del desplazamiento de 140 trabajadores no son solo laborales. Fabián denuncia lo que casi nadie ve: la falta de controles. “No están pasando las maletas por los escáner. La intervención es una engaña pichanga”.
Valeria trabajaba como seguridad puerto adentro hasta la intervención. Ahora hace guardia en una de las oficinas de la Dirección de Puertos para evitar que sean tomadas por Nación. “La intervención me presionó para que firme una licencia sin goce de sueldo por un año y pase a Nación, pero perdía los años de aporte. Encima están cobrando el 30% menos y trabajan 15 horas por día para sostener lo que antes hacíamos entre todos, pero tampoco dan abasto. Si antes se revisaba cada bolso, ahora pasa todo. Podés entrar lo que quieras, falopa, armas. Sabemos que escanearon el primer día que intervinieron y después ya no. En el área de seguridad no hay nadie. Es el puerto de nadie”.

Errores no forzados

Una semana después de la intervención el gobierno provincial planteó su inconstitucionalidad ante el Juzgado Federal de Ushuaia. El juez Federico Calvete se declaró incompetente y lo elevó a la Corte Suprema de Justicia donde el expediente ingresó el 18 de febrero. Hasta ahora no hubo novedades y difícilmente las haya en el corto plazo: la resolución promedio de una causa por la CSJ es de 599 días (un año y ocho meses).
Un dato que daría gracia, pero no la tiene: el Ejecutivo provincial hizo la presentación judicial con un abogado sin matrícula federal, cuando debía haberlo hecho mediante el fiscal de Estado. Daniel Guzmán analiza este hecho: “La presentación nació muerta por no respetar las leyes de la propia provincia”. Y lo analiza dentro de todos los otros hechos: “La intervención es inconstitucional porque una resolución de una agencia como ANPyN no puede estar por encima de un decreto que traspasa el puerto a la provincia. Además, la intervención no habla solo del puerto sino de las aguas adyacentes, por lo que debió ser tratado por el Congreso de la Nación. Ante esto, vimos un gobierno provincial sin reacción. Melella fue, al menos, irresponsable y está claro que el futuro no está definiéndose acá. Se perdió esa capacidad de decisión o se entregó. Fueron muchos los errores no forzados y las torpezas”.

Movilización en el centro de Ushuaia contra la reforma laboral. A partir de la intervención, en el puerto hay 16 trabajadores: 140 quedaron afuera, en un limbo. Un símbolo de lo que pasa en
toda la provincia.

Episodio 2: Intrusos en la isla

El avión

Cuatro días después de la intervención del puerto, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó en Ushuaia sin aviso previo a las autoridades provinciales y municipales, ni la aprobación del Congreso como lo establece la Constitución al tratarse del ingreso de medios o fuerzas militares extranjeras.
La embajada estadounidense en Argentina emitió un lacónico comunicado sobre la delegación bipartidaria (republicanos y demócratas) de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU: “La visita incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.
El gobernador Melella le dijo a MU: “Que vengan parlamentarios de los dos sectores políticos con una hermeticidad tremenda, que hagan reuniones reservadas con científicos para hablar del cambio climático que tanto Trump como Milei niegan, es muy raro. Los americanos no hacen nada porque sí”.
Los científicos fueron investigadores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC). En la sede administrativa de la Universidad su vicerrector Juan Ignacio García tiene cara y gestos adustos, que se agudizan cuando se le pregunta por el avióngate. En su escritorio vive una hermosa estatuilla con la cara y el torso de Osvaldo Bayer y una de sus frases-enseñanzas: “Hay que esclarecer nuestro pasado para que nunca se repita”.
Para esclarecer el encuentro con los congresistas, dice que solo recibieron a personas que pidieron una reunión sobre cambio climático, que quedaron pegados por una discusión ajena, que como organismo siempre reciben a comitivas y que cobró dimensión porque horas antes había sido lo del puerto. “Hubo mucho puterío y nuestra decisión fue no darle más vuelo”.
Daniel Guzmán, que además de veterano de Guerra es un periodista especializado en temas de soberanía, piensa que vinieron a hacer lo que saben: mirar, inspeccionar, revisar, controlar. Morgan Griffith es del partido republicano y encabezó la comitiva. “Es quien hace el seguimiento de las inversiones chinas a nivel global. Está todo a la vista, la única que no quiere ver es la clase política argentina”.
La oficina donde trabaja María Victoria Vuoto –legisladora, PJ, hermana del intendente de Ushuaia– parece un container emplazado a algunas cuadras del centro turístico de la capital. Cree que el avión no está desvinculado del puerto y que por fuentes informales supo que los norteamericanos recorrieron las instalaciones portuarias. “Es una fuente de negocios incalculable. Hay intereses locales, sí, pero lo internacional es mucho más grande. Vinieron cuando se enteraron de que la provincia firmaría un convenio con empresas chinas para explotar la urea”.
Dice que Estados Unidos tiene una política agresiva con la región y que Tierra del Fuego, a pesar de que todos la denominan la ciudad del fin del mundo, es el centro de Argentina, una Argentina bicontinental desde Antártida a Jujuy. “Si vos mirás el corazón de Argentina, está en Ushuaia”.

Moneda de cambio

El Comando Sur de Estados Unidos integra el Departamento de Defensa y coordina el entrenamiento y la inteligencia militar de las fuerzas armadas regionales. En el último bienio desfiló dos veces por la Base Naval de Ushuaia. El 4 de abril de 2024 Javier Milei viajó a la medianoche para recibir a la generala Laura Richardson (dos días antes se había ausentado al acto por Malvinas) y habló sobre el desarrollo conjunto de la Base Naval Integrada como centro logístico antártico. “No lo hizo delante del director de la NASA o del campo científico, lo hizo al lado de la Jefa del Comando Sur”, reflexiona Guzmán.
Un año después vino el reemplazante de Richardson, Alvin Hosley. “Inspeccionó la base logística y pidió una base para submarinos en el Atlántico Sur”.
En octubre de 2025, Milei firmó un DNU para que tropas estadounidenses entrenen en Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano: “Cuando Trump anuncia que va a tomar Groenlandia hay cierta resistencia. En Argentina hay una voluntad de que decida por nosotros como si nada, pasando por arriba del Congreso. Lo que pasa en Argentina se decide en Washington como moneda de cambio para sostener la política financiera”.

China

La ex gobernadora Fabiana Ríos (2007-2015) nos recibe en su casa. En la espaciosa sala de estar, atiborrada de libros, ayuda a mirar: “Cuando la provincia reinició conversaciones con China para traer inversiones, ‘justo’ vino el avión norteamericano”. Dirá que la tensión es lógica, pero que en este caso la atraviesa la escasa información y el contexto internacional: invasión a Venezuela, bombardeo a Irán.
Hará foco en la teoría 6×1 ejecutada by Trump: apropiación del petróleo venezolano, deterioro de las condiciones del bloqueo a Cuba, amenaza a Colombia, México, Groenlandia y Perú. Y entonces sí, atará cabos externos e internos, presentes e históricos: “Como Menem generó legitimación en las privatizaciones hablando de empresas públicas deficitarias, Trump construyó a Maduro como enemigo y logró la justificación de la invasión por los medios hegemónicos. Pensemos: si la apropiación de los recursos está bien en Venezuela, puede pasar lo mismo en Argentina. Es la depredación legitimada”.
¿Qué dice Melella sobre Estados Unidos y China? “Cuando vinieron de la embajada americana solo me preguntaban por los chinos. Les respondí: ‘Si ustedes tienen inversores, tráiganlos’, pero me dijeron que faltaba mucho para que invirtieran en Argentina. Entonces que no jodan. Necesito inversión y tenemos muy buenos acuerdos con los chinos”.
Los acuerdos:
La construcción de la nueva central de energía de Ushuaia.
Acaba de cerrarse un convenio de la empresa provincial Terra Ignis con la china Sinopec para operar las áreas que dejó YPF.
Reactivarán una planta de urea para industrializar gas.
Palabras del gobernador: “Ahora en acuicultura se abre una gran oportunidad también”. (Leer nota A contracorriente en esta MU).

Agua (y plata) dulce

No es novedad que una de las contiendas en el mundo pasa por el imperio del agua dulce. En Argentina, la reforma a la ley de Glaciares es solo un reflejo de lo que pasa en el globo. Y no es novedad, tampoco, que el mayor reservorio de agua dulce del planeta sea la Antártida (leer capítulo X -Antártida). La legisladora Victoria Vuoto cree que la mayor preocupación del pueblo argentino hoy debe estar en las aguas transfronterizas compartidas con Chile (una veintena de cuencas hídricas; una superficie de 60.000 km2). “Hay convenciones internacionales que protegen esas aguas, pero con la derecha que asumió allá recientemente y con Milei acá, ¿cuánto tiempo van a durar vigentes? Necesitamos evitar que Estados Unidos siga depredando nuestros bienes. Subestimamos el contexto geopolítico internacional y perdemos de vista que Latinoamérica siempre fue la perla a conquistar. Lo hicieron con el Plan Cóndor en los 70, con gobiernos liberales en los 90, dando golpes institucionales en los 2000 y ahora ganando elecciones con personajes míticos”.

El calamar y otros juegos

Daniel Guzmán habla desde el Museo de Malvinas. Sobre la mesa, varias revistas Gente dicen que “estamos ganando” una guerra que sigue doliendo por todos lados. Y a él mucho más. Brinda una información poco difundida: “Milei le está entregando datos estratégicos a Estados Unidos”. ¿Qué significa? Permite a un buque científico hacer mapeos para evaluar riquezas y recursos naturales. Permite saber por kilómetros cuadrados la cantidad de calamar, merluza, langostinos que hay. Permite hacer sondeos para exploración de hidrocarburos. “En un Atlántico Sur militarizado por la OTAN —organización a la que el gobierno libertario aspira a ingresar—, entregar esta información a un aliado estratégico del Reino Unido es, en términos geopolíticos, una claudicación de soberanía”.
César Lerena, ex Secretario de Estado, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana y experto en Atlántico Sur y Pesca revela que la pesca extranjera se lleva 250 mil toneladas anuales de las aguas argentinas en Malvinas.

Piratas en la isla

A 44 años de un nuevo aniversario de la guerra, Guzmán dice que para él, Malvinas sigue siendo “una zona de combate”. Ahora, a través del periodismo que hace en el imprescindible medio Agenda Malvinas. “Voy a hacer lo que sea necesario, en respuesta y en homenaje a mis compañeros. Lo demás me importa un carajo. Voy a honrar a mis compañeros todo lo que pueda”.
Para Daniel el conocimiento es una responsabilidad. “Conocer para defender”, suelta, antes de poner la lupa en tres ejes clave relacionados al Reino Unido y la pérdida de soberanía argentina.

El radar vigila

En 2022 se instaló a 3 kilómetros de la ciudad de Tolhuin un radar de la empresa LeoLabs, fundada en Estados Unidos con sede en el Reino Unido. La autorización fue del entonces Jefe de Gabinete, Juan Manzur, pero en 2023 el ministro de Defensa Jorge Taiana ordenó desmantelarlo, hecho que no ocurrió en su totalidad.
El radar, emplazado a menos de 800 kilómetros de Malvinas, vulnera la seguridad nacional y fue la propia compañía la que confirmó que puede realizar espionaje militar. Guzmán: “Nadie sabe si está funcionando o no, porque el gobierno no peritó qué sacó LeoLabs ante el pedido de desmantelamiento y la empresa tampoco lo demostró. Aparentemente no hay electricidad, pero el informe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de agosto de 2023 dice que aún sin energía el radar podría brindar información”.

La petrolera

La petrolera británica Harbour Energy, que entre 2021 y 2022 fue accionista en la exploración del yacimiento León Marino, en Malvinas, el gobierno provincial la premió el año pasado: la incorporó al consorcio del proyecto gasífero Fénix, el más importante de Tierra del Fuego. “Es algo sin precedentes que genera una ruptura del reclamo argentino sobre la soberanía argentina de las Islas”.
Pregunta al aire conociendo la respuesta: ¿Cómo una empresa que operó en Malvinas con licencia ilegal británica, violando la legislación internacional y la ley argentina, es autorizada por la misma provincia usurpada en 1.620.000 kilómetros cuadrados? Daniel comparte una conclusión: “El gobierno de facto de Gran Bretaña se produce en Tierra del Fuego. El primer comprador de tierras de la Argentina es Estados Unidos, el cuarto es Gran Bretaña. ¿Qué nos estamos perdiendo? Si no dimensionamos la gravedad de la situación, después tenemos malos diagnósticos. Y el diagnóstico es absolutamente grave”.

Plata para la corona

Daniel denuncia que Tierra del Fuego colabora con la economía de la corona británica. Lo demuestra con datos: alrededor de 75 mil turistas al año viajan a Malvinas y el 90% de los cruceros sale desde Ushuaia. “El turismo es el segundo sector en ingresos que sostiene a la colonia en las Islas. El primero es la pesca: por eso decimos que la ocupación ilegal británica tiene olor a pescado”.

Desenlace

Lo que sigue viéndose por toda la capital fueguina antes de subir al avión en el aeropuerto internacional de Ushuaia es un afiche con la cara del pastor evangelista Franklin Graham, aliado religioso del presidente estadounidense Donald Trump. Un cartel que al mismo tiempo resultó todo un presagio.
Tierra del Fuego, una provincia estallada por dentro y devorada por los de afuera. Con el turismo y las regalías petroleras como sostén de una mesa de cuatro patas donde la Industria y el Estado se desintegran a un ritmo vertiginoso y doloroso.
Así lo reflejan también algunos índices e indicios compartidos por habitantes de la isla que hablaron para esta nota:
Aumento de los robos simples, síntoma del aumento de la pobreza.
Se empieza a ver gente en situación de calle, con temperaturas invernales que superan los 20º bajo cero.
La mayoría de los docentes tienen más de la mitad de su salario comprometido en préstamos.
No existía la desnutrición. Ahora sí.
Policías como Mariana, que hace 12 jornadas como oficial y como su sueldo no le alcanza, completa con Uber. O David, electrónico que también complementa como chofer de la aplicación. Y la sensación asociada a esa falta de trabajo y de sueldos bajos que antes no lo eran: “Como yo, mucha gente está pensando en volverse”.

Tierra del Fuego fue la provincia argentina que más creció poblacionalmente entre los últimos dos censos: de 2010 y 2022, un 50%. De ese total, el 60% no nació en la isla.
Ahora, la historia es diferente: según datos del ministerio de Economía, el déficit mensual de la provincia es de 27 mil millones de pesos.
En este contexto el presidente Javier Milei usó la estrategia de la asfixia. Le adeuda a la provincia, según Melella, “un 12% de la comparación interanual de coparticipación, más 300 millones de dólares del Fideicomiso Austral sobre regalías offshore entre la Nación y la provincia, y más 100 mil millones de pesos en obras. Eso sumado a los recortes a la coparticipación nacional de impuestos, a un montón de programas nacionales y a las viviendas paralizadas”.
Y además, el gobierno nacional le robó el puerto a la provincia.
En este contexto y al cierre de esta edición, el gobernador envió el 25 de marzo un proyecto de ley a la Legislatura en el que propone crear la Sociedad de Inversión, Desarrollo y Gestión Portuaria Sociedad Anónima: pasar del control público del puerto de Ushuaia a una sociedad anónima que incluirá capitales privados. En el proyecto, la actual Dirección Provincial de Puertos actúa solo como accionista e integrante del Directorio, y la nueva entidad estatal queda fuera del régimen de contrataciones: sin licitaciones públicas.
Mientras Roberto Murcia, el Director Provincial de Puertos dice que ahora le parece “una buena medida ya que permite que lo público y lo privado puedan asociarse”, Daniel Guzmán cree exactamente lo contrario: “Se cumple lo que veníamos viendo según el obrar del gobierno nacional y de todo lo que hizo el gobierno provincial para llegar a esta instancia. Es el manual de Roberto Dromi y Domingo Cavallo de los 90; de cómo vaciar a un país; de cómo vaciar a una provincia”.
La historia continúa en la Legislatura mientras algunos actores ya se frotan las manos.
Mientras tanto, frente al puerto, cada mañana los 140 trabajadores siguen reclamando volver a trabajar.
Frente al puerto, una bandera sigue diciendo: “El puerto no se entrega, no a la privatización. No hay perdón ni olvido”.
En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para donde mires hay una bandera argentina.
Pero ojo: no todo es lo que parece.