Un paro este lunes 4 de agosto será la primera respuesta de los metrodelegados ante el fallecimiento de Walter Berhovet, la quinta muerte sufrida por los trabajadores como consecuencia de la exposición al asbesto (o amianto) presente en vagones comprados a países como España durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. Walter falleció tras un cáncer de pulmón. Además de los cinco fallecidos hay actualmente 114 afectados, cuatro con cáncer, y 2.179 bajo control médico. Cada uno, bajo la angustia de no poder saber si la enfermedad se desencadenará también en su caso.  

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) informó que el paro del lunes abarcará a todas las líneas de subte y premetro, de 13 a 15, en repudio al fallecimiento, por cáncer de pulmón, de Walter Berhovet, uno de los trabajadores que se vio letalmente afectado por la exposición al asbesto presente en determinados vagones de los trenes subterráneos.  

La situación de Walter y los demás trabajadores ha sido monitoreada y confirmada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Los metrodelegados plantean: “La muerte de nuestro compañero nos llena de tristeza e indignación porque pudo haberse evitado: el asbesto está prohibido en Argentina desde el año 2003.  A pesar de ello, durante muchos años trabajamos sin ser informados de la presencia de asbesto en nuestro ámbito laboral″.

Agrega el documento gremial: “La empresa y las autoridades lo negaron hasta que nuestro sindicato demostró que los trenes CAF 5000 contenían ese mineral cancerígeno usado como aislante” y que más tarde “se comprobaría su presencia en otras flotas e instalaciones de la red”.

Los metrodelegados explican: “A las autoridades, que miran para otro lado, les exigimos máxima celeridad en los procesos para garantizar el urgente cambio de las flotas que contienen asbesto. Necesitamos que se aceleren las tareas de descontaminación en base a un plan integral de desasbestización” y reclaman que todas las personas que trabajan en ese ámbito deben ser puestas bajo vigilancia médica”.

Aquí, una de las investigaciones previas realizadas por lavaca y la revista MU con respecto a este tema.

El presidente Javier Milei vetó este sábado las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad que había aprobado el Senado el 10 de julio. Ahora es el turno de la oposición que deberá conseguir dos tercios de la Cámara para ratificar los proyectos, en un contexto de negociaciones cruzadas marcadas por la agenda electoral de septiembre en la provincia de Buenos Aires y octubre a nivel nacional.

El proyecto de jubilaciones –aprobado en el Senado con 52 votos afirmativos, 4 abstenciones y ninguno negativo– aumentaba 7,2% los haberes y el bono de $70.000 a $110.000, que se actualizaría por inflación. También habían aprobado la restitución de la moratoria previsional. En tanto, la ley de Emergencia en Discapacidad –56 votos afirmativos, sin abstenciones ni negativos– proponía regularizar pagos, actualizar aranceles para prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otros.

Diversas organizaciones que luchan por los derechos de personas con discapacidad (Asociación Civil Creando Huellas, NeuroCEA y el especialista Eduardo Sotelo, entre otros) lanzaron un video en redes denunciando la situación crítica con números concretos:

• $270.000 las terapias domiciliarias.
• $600.000 un centro terapéutico media jornada o el acompañamiento escolar.
• $70.000 la consulta con un psiquiatra para la medicación.
• $825.000 el cannabidiol para pacientes con epilepsia refractaria.

“Los apoyos para nuestros hijos con discapacidad son un derecho, no un privilegio. El acceso a los apoyos y recursos que necesita una persona con discapacidad es un derecho universal”. El video puede verse aquí

Héctor, jubilado, tiene 75 años y se acaba de enterar de un veto que ya sabía que iba a llegar antes del lunes, cuando terminaba el plazo. Le dice a lavaca: “Me siento impotente, si tengo que decir algo ahora, lo tengo que mandar a …ya sabés dónde. Pero no merece decirle nada”. 

Al ratificarse el veto a los jubilados, la actualización de agosto será del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51 en lugar de los 441.600 que establecía la ley.

Patricia tiene 68 años y vive en el barrio porteño de Flores. “Es repugnante que justo una semana después de bajarle las retenciones al campo, vete subir nuestras jubilaciones. Da mucho dolor Tengo una mezcla de sentimientos, bronca, indignación, ira, tristeza, dolor”. 

Toda esa combinación de sentires se le hacen eco en su voz. “Nos ha costado añares y muchas vidas la conquista ciertos derechos, ver que ahora se aniquilan de un plumazo es terrible. Milei no tiene idea de la realidad que estamos pasando. Es la peor época que estoy viviendo, desde lo económico, pero también desde lo social, por el impacto que nos genera en nuestra salud, psíquica y emocional. Estoy jubilada con la mínima y debo seguir trabajando (de abogada) porque si no, no podría subsistir. Pareciera que tengo un privilegio por continuar trabajando, pero tendría que estar descansando y disfrutando de mis nietos después de tantos años de esfuerzo”. 

Ahora será el turno del palacio y la calle. Mientras el Gobierno negocia con la llamada “oposición dialoguista” buscando conseguir los 87 votos que ratifiquen el veto, tal como sucedió en septiembre del año pasado con la ley de movilidad jubilatoria, el movimiento de jubiladas y jubilados –el más activo en Argentina contra las políticas de ajuste– saldrá a las calles este miércoles, como cada semana.

Bajo el lema “el agua pura no se negocia”, las asambleas ambientales están organizando una movilización desde distintos puntos de la provincia hacia la localidad de Uspallata, epicentro de conflicto y donde este sábado el gobierno provincial convocó a una audiencia pública para tratar el proyecto San Jorge “en pleno territorio minero, en zona de montaña y de muy difícil acceso”, explican los vecinos. 

El lugar: el campamento de la propia empresa. 

El objetivo oficial del gobernador proto libertario Alfredo Cornejo es hacer la audiencia -obligatoria por ley-, pero en un lugar al que la gente no concurra para que parezca que no hay oposición al emprendimiento minero, que en realidad es rechazado por la población desde hace 18 años. 

La decisión de las comunidades fue hacer una contra-audiencia “con el pueblo y para el pueblo”. Un viaje colectivo que empezará este sábado a la madrugada desde el sur e irá subiendo por las rutas mendocinas hasta el norte. La advertencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo sobre los químicos que usaría la minera y las voces de la comunidad: “Nada de lo que haga el gobierno de Cornejo podrá evitar que sigamos defendiendo el agua pura”. 

Por Francisco Pandolfi

La cordillera está en peligro. 

Eso dice Eugenia Segura, vecina de la localidad mendocina de Uspallata, cuando habla con lavaca.

En ese pueblo del norte provincial del departamento de Las Heras, a 120 kilómetros de la capital y a 90 del paso fronterizo con Chile, el tándem gobierno mendocino y empresa multinacional Solway Holding busca imponer el proyecto minero de cobre y oro San Jorge. 

El mapa de la movilización prevista para este 2 de agosto.

Audiencia «pública» en el propio campamento minero

Así como a principios de este año la estrategia fue amedrentar a la comunidad con detenciones y la violencia de patotas oficialistas (https://lavaca.org/notas/megamineria-patotas-y-cornejo-junto-a-milei-la-asamblea-de-uspallata-resiste-al-proyecto-san-jorge/), la idea para esquivar la falta de licencia social fue hacer este sábado 2 de agosto una audiencia pública en un sitio peculiar: el gobierno al mando de Alfredo Cornejo la convocó en el campamento de la propia empresa minera, en una zona de montaña, de difícil acceso y a 45 kilómetros del centro de la ciudad. Por eso, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y la Asamblea por Necesidad y Urgencia de Mendoza, junto al resto de asambleas ambientales de la provincia, se decidió hacer una audiencia paralela, en simultáneo (desde las 10 de la mañana) pero “en el territorio, con el pueblo y para el pueblo”. Argumenta Eugenia: “Queremos que los niños puedan expresarse sobre el destino del agua que van a beber. Que se escuchen las sabias voces ancianas. Ya en la Audiencia Pública del 2010 les fue dicho hasta con dibujitos este ‘NO’ que sigue intacto”.

Lo que se está tejiendo en Mendoza es una movilización histórica. Otra más, como la que en 2019 marchó en contra de la derogación de la Ley 7722 que regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua, lo cual se revirtió gracias a aquel evento conocido como Mendoaguazo. 

El punto de encuentro de vecinas y vecinos autoconvocados y nucleados en las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura es a las 9 de la mañana del sábado en Uspallata. Y para eso, desde las localidades Malargüe y General Alvear, bien al sur provincial, saldrán a las 3 de la madrugada. A las 4 se sumarán desde San Rafael. A las 5.40 desde la Ciudad de San Carlos. A las 6, desde Tupungato, Tunuyán y la Ciudad de Mendoza. Y a las 7.30 desde Potrerillos, para completar el Caravanazo organizado bajo la consigna «el agua de Mendoza no se negocia».

Dice Eugenia: “Avisen en Esquel, Andalgalá, Salar del Hombre Muerto. Avisen donde sea que la última ola de codicia se ensañe. Porque si les sale bien esta jugada de convocar Audiencias Públicas en el medio de la montaña en pleno invierno, la van a querer replicar en todos los territorios, como en las selvas a 45 grados. Pero si sale bien la nuestra, para que cada quien pueda decir su verdad desde el corazón y desde las evidencias, otra va a ser la historia”.

Frente a la trampa: agua y escribano público

En la audiencia del pueblo se hará un plenario donde habrá un escribano público que certifique todo lo que se diga ahí. Se transmitirá en vivo, habrá música y comida compartida durante toda la jornada. “El agua es cuestión de vida, de dignidad. Negarse a que nos pongan en lo que llaman zona de sacrificio, a merced de los caprichos empresariales”. 

Las asambleas denuncian que la audiencia oficial viola principios constitucionales y el Acuerdo de Escazú al impedir la participación amplia y accesible. Sin embargo, recibió el visto bueno de la Fiscalía de Estado en relación al lugar elegido. Nora Moyano es parte de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza: “¿Cómo íbamos a ir a una audiencia manipulada por Cornejo en la casa del mismísimo patrón, el territorio de la minera San Jorge?”. 

Las trampas: “Nos están haciendo muchas zancadillas el gobierno, la minera, los empresarios y los medios de comunicación. En Uspallata no hay luz desde hace dos días y esta mañana cortaron el agua. Hicimos un hábeas corpus para que el gobierno garantice nuestra seguridad en el caravanazo, pero el poder judicial lo rechazó; ya sabemos quiénes son los jueces y los fiscales, y para quién juegan. Pero nada nos va a detener, haremos tanto el caravanazo como la audiencia pública del pueblol”. 

El Proyecto San Jorge pretende explotar minerales en las nacientes de la Cuenca del Río Mendoza, con uso intensivo de agua y químicos, poniendo en riesgo el agua que llega a diferentes comunidades. Al respecto, en mayo pasado la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo advirtió sobre las consecuencias del uso de los cuatro químicos necesarios para llevar a cabo el proceso: Poliacrilamida Aniónica (APAM), Óxido de Calcio (CaO), Isobutil Xantato de Sodio (SIBX) y Metil Isobutil Carbinol (MIBC). “Se desaconseja utilizar los productos químicos analizados y se enfatiza en la importancia de explorar todas las alternativas disponibles antes de recurrir a estos compuestos”. 

En otro apartado informa: “Es posible que el proceso industrial movilice en el agua una gran cantidad de elementos que potencialmente pueden ser tóxicos para la salud humana y ambiental. A diferencia de otros tóxicos, los elementos no son biodegradables, y por tanto una vez que ingresan a los diferentes ecosistemas su persistencia ambiental es elevada”.

Por eso Nora, que tiene 74 años y la jovialidad floreciente, mantiene una convicción inquebrantable: “Logramos que la parroquia de Uspallata nos preste el lugar, pero si no, íbamos a hacer la audiencia igual bajo la nieve, como ya lo hicimos antes en toda esta lucha que llevamos desde 2007. Estamos totalmente en rebelión y ninguna otra zancadilla que nos hagan, ni toda la suma del poder público contra nosotros, podrá evitar que sigamos defendiendo el agua”.

Eugenia propone una imagen: “Toda el agua del mundo va a hablar por nuestras voces y, como en el 2019, van a escuchar al pueblo”.