La causa que debe investigar el megaescándalo cripto que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El acuerdo confidencial de Milei con Hayden Davis.

por El Ciudadano, de Rosario*

A un año del escándalo Libra, la memecoin a la que llamó a invertir el presidente Javier Milei y que luego se desplomó en el éter, la causa no tiene todavía ningún convocado a prestar declaración.

En enero, la Sala I de la Cámara Federal ordenó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que actualizara los montos a embargar en los siguientes 90 días, a partir de un planteo de la querella de Juan Grabois, que había cuestionado los montos de los embargos a los imputados Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Martínez de Giorgi, que lleva adelante la causa que en un principio estuvo a cargo de la jueza María Servini de Cubría, había estipulado los embargos contra contra Davis, Novelli y Terrones Godoy en torno de los 37 millones de pesos.

La Justicia argentina también debe definir si acepta como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos que dicen haber perdido dos millones de dólares por operar con LIBRA. Se trata de Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y Lapchenko Vladislav Andreevich.

En Estados Unidos también

También hay otra causa por la presunta estafa que tramita ante la jueza Jennifer Rochon, del distrito sur de Nueva York.

En ese caso están denunciados el propio Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el empresario Julian Peh, además de Davis, Terrones Godoy y Sergio Morales Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.

El acuerdo confidencial de Milei con Davis

A fines de enero también se filtró el acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y Hayden Davis, que revela que este último había ofrecido asesoramiento gratuito en blockchain e inteligencia artificial al Estado argentino, con énfasis en la confidencialidad y la posibilidad de futuras negociaciones.

El documento, rubricado apenas días antes del lanzamiento de Libra, se enmarca en un escándalo cripto que involucra transferencias millonarias y pagos paralelos bajo investigación por la fiscalía y el Congreso.

El acuerdo detalla servicios «ad honorem» por parte de Davis, lo que incluye la automatización de procesos administrativos mediante contratos inteligentes, la digitalización segura de documentos públicos como títulos de propiedad y certificados, el fomento de ecosistemas de innovación digital para startups locales, y programas de capacitación para funcionarios públicos en estas tecnologías.

En ese documento, Davis, cofundador de Kelsier, renuncia expresamente a cualquier remuneración y se compromete a mantener la información en secreto, salvo autorización legal.

Esta información fue publicada por el diario Clarín, que accedió al texto completo del documento y lo difundió en una nota que destaca su conexión con el colapso de Libra, impulsado inicialmente por un tuit de Milei que luego fue borrado.

Ese acuerdo se firmó durante una visita relámpago de Davis a Buenos Aires, tras una reunión en la Casa Rosada, y deja abierta la extensión del asesoramiento a otras áreas dentro de su experiencia.

Con la declaración de Alejandra Bianco y Sabrina Ortiz (foto de portada), afectadas directas por las fumigaciones en Pergamino, se realizó la segunda jornada del juicio contra siete productores del agronegocio y dos funcionarios municipales de esa ciudad bonaerense. Las audiencias se realizan en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario. Existen pruebas de presencia de agrotóxicos en los cuerpos de las personas y en el agua para consumo humano. “Que les quede claro a esas grandes empresas, productores y multinacionales que con la salud no se juega», remarcó Ortiz.

Por Anabel Pomar–Agencia Tierra Viva*

(Foto de portada: Juan José García)

Con la declaración de Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, víctimas y querellantes, continúa en Rosario el juicio por contaminación con agrotóxicos en la localidad de Pergamino. “No es fácil estar acá, no es la fría letra de un expediente. Son mis hijos que sufren y la impotencia de no poder hacer nada. Son los hijos de otras madres que sufren o que los han perdido. Por eso estoy acá, porque sé que la verdad va a llegar a la justicia. Ya no hay nada que probar. Quien hizo daño tiene que pagar por tanto sufrimiento, tanto abandono», planteó Ortiz. El juicio oral contra quienes contaminan con agrotóxicos constituye un hecho muy importante porque, ante este tipo de delitos, el Poder Judicial no suele avanzar.

Sacrificio humano y ambiental

Este juicio oral constituye un hito: sentó en el banquillo de los acusados a productores, fumigadores, al ingeniero agrónomo que firma las recetas de aplicación y a los funcionarios que debían controlar.

En el inicio de la audiencia, Sabrina Ortiz fue la primera víctima en brindar su testimonio. Su relato pausado, pormenorizado y no exento de lágrimas, realizó un recorrido por los padecimientos que por años ocasionaron tanto las fumigaciones como la desidia municipal y la larga búsqueda de justicia. El juicio demoró ocho años en llegar y reúne denuncias y una larga lucha que viene desde hace más de una década.

Ortiz y su familia sufrieron en carne propia las consecuencias de vivir con campos de soja fumigada frente a su casa, en el barrio Villa Alicia, de la ciudad de Pergamino. Desde 2011, tanto ella como sus hijos, padecieron y padecen graves problemas de salud. Ortiz sufrió dos ACV y perdió un embarazo de seis meses, tras una fumigación.

Según su relato, recién luego de recorrer 14 instituciones hospitalarias lograron dar con una toxicóloga ambiental que les permitió entender la causa de sus enfermedades. Estudios toxicológicos y de genotoxicidad indican que ella y su familia sufren y sufrirán las consecuencias de tener agrotóxicos en el cuerpo. Su hijo, Ciro, tiene 120 veces más veneno de lo que su cuerpo puede resistir. Su hija Fiamma tiene 100 veces más. Y ella 50, además de otras sustancias neurotóxicas. La profesional de salud que les indicó e interpretó esos análisis le aseguró que eso es un riesgo biológico muy grande. “’Esto es lo que está explotando el cuerpo de tus hijos, tu cuerpo’, me dijo la médica. Y también que hay que sacarlos de la línea de fuego, que lo que tenemos hoy ya es grave. No sabemos lo que puede pasar mañana. Nos dijo que no podíamos seguir acumulando, ‘tienen que irse ya de ahí’. Y yo no tenía los medios para irme. Y me sentía culpable por no poder irme. Y los que fumigaban lo seguían haciendo igual. Seguían enfermando igual. Aunque ya era público el daño que hacían”, recordó.

Sabrina Ortiz en Pergamino (Foto: Julia Siciliani)

En el desgarrador testimonio, Sabrina contó que su hijo casi no pudo asistir al jardín de infantes por las constantes enfermedades y que su hija estuvo dos años en una silla de ruedas. “Un día conseguí que alguien me prestara un lugar. Estaba acomodando todo para mudarme. Al regresar a mi casa del trabajo, recuerdo estaba lloviznando, que bajo del auto y la primera inspiración que hago era veneno. Habían fumigado. Estaban fumigando. Cuando entro a mi casa, mi hijo ya tenía la lengua inflamada. Ya casi no podía respirar. Como pudimos cargamos algunas cosas en la camioneta de mi papá. La silla de ruedas de mi hija. Y nos fuimos. Mi hijo iba llorando, mirando para atrás, diciendo que quería su cama y sus juguetes”.

Y relató, sobre el rol del estado municipal: “Llamé llorando a Tocalini y Naranjo (los funcionarios municipales procesados) y me respondieron que no podían ir a ver qué pasaba. Que estaban en un compromiso. En ese momento ya existía la ordenanza de control. Y esos señores, a los que recurrí muchas veces, por notas que desaparecieron todas, denuncias que desaparecieron todas, no hicieron nada”.

La historia de Sabrina es símbolo de lucha, ya que, pese a todas esas afectaciones, amenazas y situaciones de violencia, jamás eligió el silencio. Algo que en Pergamino, la «perla del norte, cuna del agronegocio concentrado, tiene un costo altísimo. Ante la falta de representación legal para sus denuncias, estudió abogacía e inició un largo derrotero ante el sistema judicial para condenar a quienes envenenan con sus negocios agropecuarios.

“Sufrí amenazas, me dejaron bidones en mi casa, me dejaron soja en mi auto. Atentaron contra la vida de mi padre y mi sobrino. Las hijas de Roces me amenazaron de muerte si no me dejaba de joder…pero no les tengo miedo, cuando se te muere un hijo en la panza ya no tenes nada que perder…ya no tengo miedo”, se escuchó decir a Ortiz ante los acusados.

“Fuimos abandonados por el sistema y por el Estado. Espero que haya justicia. Con todo lo que hemos trabajado hasta ahora y pensando en lo que estamos, en los que ya no están y en las generaciones futuras que dependen de nosotros”, reclamó.

Antes de la audiencia, Sabrina le aseguró a Agencia Tierra Viva: “Sabemos que nos enfrentamos a quienes son de alguna manera monstruos, gigantes, intereses muy grandes los que se juegan, unas potencias muy grandes, entonces no es solamente los productores que se juzgan sino acá se tiene que sentar un precedente para que quede claro, que les quede claro a esas grandes empresas, productores y multinacionales que con la salud no se juega. Ya está. Hay que ponerle un punto final. El sacrificio humano y ambiental ya ha sido demasiado”.

Glifosato en el cuerpo

Se escuchó el testimonio de la también querellante, Alejandra Bianco, vecina afectada del barrio Santa Julia, también de la ciudad de Pergamino, quien relató las enfermedades y muertes, en su hogar y en su barrio y las afectaciones que atribuyen a la probada presencia de agrotóxicos en el agua que consume la población.

Alejandra —madre de Benjamín e Ignacio (que sufrieron enfermedades relacionadas a la contaminación) y ex pareja de Sergio (quién falleció de cáncer en 2020)— realizó una encuesta vecinal en la que tristemente descubrió que todos esos cánceres y enfermedades autoinmunes no eran un problema de su casa, sino de todo el barrio.

Imagen de la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario (Foto: Juan José García)

“Sergio, mi pareja en ese momento, empieza a estar descompuesto. Le diagnostican cáncer de páncreas e hígado”, relató ante el tribunal. “El mismo médico que le hace la biopsia, al que yo le había contado todo lo que tuvieron mis hijos, me dice…‘en una sola casa tres personas enfermas, no es casual… algo raro pasa‘. Ahí me quedo pensando, sin entender lo que pasaba y empecé a preguntar en el barrio. Encontré muchos vecinos estaban fallecidos. El censo lo hice en 2018. Más de 40 vecinos encontré enfermos”.

Bianco, que siempre vivió en la ciudad de Pergamino, tiene glifosato en el cuerpo. Todas las historias clínicas que juntó y la encuesta las presentó primero en el juzgado de san Nicolás y hoy forman parte de este expediente que llega a juicio. Historias clínicas que el intendente municipal, Javier Martínez, eligió no mirar. Durante su testimonio, Bianco relató que, tras hacerse público ese censo, un día la citan a una reunión con el Intendente. “Fui con la pila de historias clínicas. Le pedí hiciera algo. El Intendente no leyó nada. Una reunión que no entendí para que fue. Al tiempo, hicieron un censo municipal, sin nuestra participación, y dijeron que no había muchos enfermos, sino pocos casos”, denunció.

Las pruebas de la contaminación

Según consta entre los elementos probatorios de la contaminación, que serán tomados en cuenta en las audiencias y sometidos al debate, las afectaciones alcanzan al ambiente y a las personas. A través de pericias, se detectaron en suelo 45 plaguicidas peligrosos para la salud, con predominancia de nueve: atrazina y dos metabolitos de degradación, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato y su producto de degradación (AMPA). En algunos casos en concentraciones mayores en los patios de los vecinos que en los campos cultivados.

En el agua se detectaron también 18 agrotóxicos, con mayor presencia de cinco de esos plaguicidas. Las afectaciones alcanzan al agua corriente que consume la población. Y al agua subterránea desde la que se abastecen en esa y otras ciudades, ya que los agrotóxicos alcanzaron al acuífero Puelche.

También hay pruebas de daño genotóxico y de presencia de agrotóxicos en el cuerpo de habitantes del lugar. Y relevamientos de altas cantidades de pacientes oncológicos o fallecidos de cáncer, entre otras enfermedades y problemas de salud.

En el banquillo

Los acusados son siete productores agropecuarios: Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo, José Luis Grattone; y dos funcionarios municipales, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini.

El sector de la fiscalía que lleva adelante la acusación. (Foto: Claudio González / Ministerio Público Fiscal).

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, integrado por los jueces, Elena Dilario, Román Lanzón, y Eduardo Rodrigues Da Cruz. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. La causa («Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento»), iniciada en 2018, es originaria del juzgado Federal de San Nicolás a cargo del Juez Villafuerte Ruzo, y llega hasta esta instancia unificando varios expedientes, hechos y denuncias de más de una década de contaminación, entre 2011 y 2020. Todos los expedientes fueron acumulados a requerimiento de la Fiscalía.

En la primera audiencia del juicio, el 4 de febrero, el fiscal Reynares Solari atribuyó los hechos, detalló la acusación y el encuadre legal para cada uno de los acusados; postura a la que adhirió la querella, integrada por los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, representantes de las denunciantes Sabrina Ortiz (Paren de Fumigar Pergamino y Naturaleza de Derechos) y Alejandra Bianco (vecina afectada barrio Santa Julia).

A Cortese, Reinero Roces, Tiribó, Grattone, Taboada, Daniel y Hugo Sabatini, la Fiscalía les endilgó ser coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos, que prevé una pena de tres a diez años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos, «envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general».

Además de contaminación, a Cortese se lo acusa de amenazas coactivas contra un familiar de Sabrina Ortiz en un hecho sucedido en 2020.

Las conductas imputadas a Naranjo y a Tocalini fueron calificadas en los términos del artículo 248 del Código Penal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, permitiendo que desde 2015 se realicen fumigaciones con agroquímicos sin los debidos controles en los campos, contribuyendo a contaminar el ambiente.

En esta segunda jornada, además de las denunciantes declararon también el oficial Mauro Garay, y el ahora comisario retirado, Isaac Guari, personal policial que realizara pericias y diligencias en campos denunciados, dependencias municipales, locales de venta de agrotóxicos. Ambos, Guari y Garay, mayormente en sus respuestas refirieron no recordar o no poder brindar precisiones por las actuaciones de las que participaran, según consta en documentación presentada y en las que figuran sus firmas, y por las que fueron consultados.

Ciencia, territorio y justicia

Consultado por Agencia Tierra Viva, el abogado de las víctimas, Carlos González Quintana, expresó que esperan, desde una perspectiva estrictamente jurídica, que el Tribunal aplique las penas previstas por la ley para los delitos imputados. Y detalló que “en esta causa se juzgan hechos encuadrados en el artículo 55 de la Ley 24.051 (Residuos Peligrosos), en función del artículo 200 del Código Penal, que sanciona a quien contamina el ambiente de un modo peligroso para la salud pública. El marco legal prevé penas de prisión de hasta diez años, además de inhabilitaciones especiales, particularmente relevantes cuando se trata de productores, profesionales y funcionarios públicos como en este caso puntual”.

Sobre la importancia del juicio, aseguró que marca un precedente clave para la sociedad en su conjunto: “Será la primera vez que, en la provincia de Buenos Aires y en pleno corazón del agronegocio, se juzgue penalmente un entramado completo de decisiones, omisiones y prácticas vinculadas a las fumigaciones con agrotóxicos en zonas densamente urbanizadas, discutiendo en un tribunal penal las responsabilidades concretas de productores, profesionales y funcionarios públicos». «Ninguna actividad económica, por importante que sea, está por encima de la ley. Y se deja en claro que la salud y el ambiente son bienes jurídicos que merecen tutela penal efectiva. Es un escenario histórico donde se cruzan ciencia, territorio y justicia, donde el modelo productivo deja de ser intocable y empieza a ser interpelado. Donde los cuerpos hablan, la ciencia acompaña y el silencio, después de treinta años, se rompe”, afirmó González Quintana.

«La salud es un derecho humano»

En su alegato inicial, el Fiscal eligió no mencionar la palabra cáncer, aclaró que decidía omitir esa palabra. Fue el abogado Carlos González Quintana quien la pronunció. En la sala se encontraban presentes varias denunciantes y víctimas.En el recinto faltaba Florencia Morales. La vecina fumigada y denunciante falleció en 2023, de cáncer. Su ausencia física nombraba con más fuerza aún la palabra que era necesaria mencionar. En su nombre sobrevolaban también las decenas de personas fallecidas que no podrán declarar sobre las fumigaciones que sufrían.

Tierra Viva conversó con Paola Díaz (Madres de Barrios Fumigados Pergamino). Sabe en primera persona de perdidas. “La verdad que no es fácil… yo tengo una hija fallecida de leucemia”. La niña falleció en 2014 a sus 11 años. “Después que falleció, hablando con Sabrina, nos fuimos enterando de lo que hacían las fumigaciones. Nosotros estábamos enfrente del campo. Para nosotros, lo que se fumigaba mataba los yuyitos y a las personas no les hacía nada”, recordó.

Paola, según está previsto, junto a una decena de vecinas declararán como testigo frente al tribunal oral en Rosario en futuras audiencias. Sus denuncias forman parte de las causas unificadas, ya que en su momento han declarado en el Juzgado de San Nicolás. Todo ese trabajo de años que logró tanto la medida cautelar judicial vigente que aleja los venenos, como aquella primera y limitada ordenanza de protección municipal. Medidas a las que algunos de los procesados hicieron caso omiso. “Lo que espero es que la Justicia se ponga del lado de las personas. La salud es un derecho humano. Que se juzgue como deben juzgar”.

En la primera jornada también estuvo presente Sofía Gatica, de Madres del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba). Viajó desde su provincia para acercar en persona el apoyo a Sabrina y los demás afectados. “Escuchar que la discusión fuera por los metros, en algunos casos escasos 100 metros, o gente asegurando que el glifosato no hace nada te da mucha bronca y mucha impotencia. Por eso es que viajé, para que cesen estas injusticias. Uno ve que se sigue fumigando, que se sigue contaminando, que se sigue muriendo la gente, entonces hay que ir a apoyar a los compañeros para que se haga justicia”.

Sabrina y Alejandra en la puerta de Tribunales. La próxima audiencia será el 25 de febrero.

La próxima audiencia ya fue programada para el 25 de febrero, a las 9 de la mañana. Según lo anunciado, sobre el cierre, se espera para esa jornada las declaraciones de los funcionarios municipales imputados.

*Las denunciantes piden la colaboración de toda la comunidad para afrontar los gastos económicos que implica todo el proceso (que está previsto termine en marzo). Alias: causa.pergamino (cuenta a nombre de Sabrina del Valle Ortiz).

Edición: Darío Aranda

• *Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Lavaca (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).

La foto de portada, de Juan Valeiro de lavaca, es tal vez un cuadro del presente: el Congreso, la policía, los que arrojan bombas molotov aislados de la gente, tras un parapeto que no se sabe de donde salió. Y el chorro del camión hidrante que nunca acierta ni a mojarlos. Reproducimos aquí la nota que al respecto realizó El Ciudadano, de Rosario.

Por el diario El Ciudadano, de Rosario

El ataque, en medio de la protesta contra el proyecto de reforma laboral libertario, quedó filmado y generó varias interpretaciones. Los que con tranquilidad armaron los artefactos incendiarios en el lugar, se retiraron sin ser detenidos pese a que estaban aislados: los manifestantes se habían alejado al verlos. Recuerdos del incendio del móvil de Cadena 3 en junio de 2024, en ese caso en el marco de la Ley Bases.

Una de las imágenes destacadas de los alrededores del Congreso este miércoles, mientras en el Senado se debatía la reforma laboral libertaria, fue la de seis personas que armaron, a la vista de cientos de policías que no intentaron detenerlos, al menos tres bombas molotov. Se tomaron todo el tiempo necesario, con bidones, un colador y botellas de vino, para confeccionar los artefactos incendiarios y lanzarlos, aunque sin causar heridas a ningún uniformado. Otro dato destacado: los camiones hidrantes no le acertaron ni un solo chorro de agua al grupo: todos dirigidos al costado y al piso.

Uno de los muchachos portaba una remera con el cartel de «prensa». Los otros, todos con mochilas parecidas, y nuevas, lo mismo que sus zapatillas. Algunos con cascos.

Con movimientos coordinados avanzaron sobre el vallado dispuesto sobre avenida de Mayo detrás del cual se apostaban numerosos agentes con sus escudos. Se acercaron con débiles parapetos de cartón. Al costado, otros policías arrojaban gases lacrimógenos contra manifestantes que se habían corrido de la escena. Eso era a metros del grupo, al que las fuerzas de seguridad dejaron actuar. moviendo parapetos de madera

Insólito fue también que el grupo se pusiera a armar las bombas caseras en el lugar. Se los ve en esa tarea en los videos. Siempre que se usaron esos pertrechos artesanales en manifestaciones, se llevaron ya listos para arrojar. De lo contrario, se pierde el factor sorpresa. Este miércoles, sin embargo, pasaron varios minutos en que todos los que estaban en la zona pudieron ver la intención de los seis. Ningún policía intentó detenerlos, siendo que había decenas a escasos metros de distancia.

La frutilla del postre fue la «mala puntería» de quienes operaban el camión hidrante apostado tras el vallado. Ningún chorro a presión dio en los débiles parapetos detrás de los que se apostó el grupo.

Después de arrojar los artefactos, retrocedieron y se fueron con tranquilidad.

Hasta este jueves, no había información oficial sobre su detención. Ni siquiera si estaban identificados. Sí, numerosos posteos de funcionarios, como el ministro del Interior, Diego Santilli, asegurando que los de las molotovs eran parte de los manifestantes que acudieron a los alrededores del Congreso para protestar contra el proyecto libertario que cercena derechos adquiridos de los trabajadores.

Ley Bases y el patrullero incendiado

El lanzamiento de molotovs de este miércoles, por sus características, recuerda al incidente también extraño de otro miércoles: el 12 de junio de 2024. En la tarde de ese día, también en los alrededores del Congreso, tres encapuchados dieron vuelta e incendiaron un móvil periodístico de Cadena 3, rodeados de policías, y escaparon sin ser perseguidos ni detenidos. Todavía no hay indicios de sus identidades. No hubo esfuerzo alguno para dar con ellos. Fue durante otra movilización de protesta, en esa caso contra el proyecto de la llamada Ley Bases.

Poco después de ese ataque, el periodista que manejaba el vehículo, Orlando Morales, dijo que, según lo que pudo observar, se trató de un ataque «preparado» y muy sospechoso.

«Cuando me vieron llegar se vinieron y lo dieron vuelta. Para mí estuvo preparado. Me llama mucho la atención todo lo que pasó y cómo se llevó a cabo. Fue gente infiltrada, preparada para hacer eso», dijo el trabajador de prensa en una entrevista radial.

«Estaba yo atrás de los gendarmes porque estaban agrediendo, estas personas, los gendarmes, la policía, vallado de por medio ¿Cómo empezó todo? Yo venía escuchando lo que estaba pasando en el recinto porque quería estar informado y cuando se da a conocer que se habían conseguido los votos fue como una explosión. Ahí fue cuando explotó todo», relató.

Más temprano, el cronista había contado detalles del ataque -que se dio cerca de las 16.30, en plena movilización y despliegue del aparato represivo del Ministerio de Seguridad que entonces conducía la hoy senadora Patricia Bullrich como ministra de Seguridad.

«No lo puedo creer. Hijos de re mil puta. Me pegaron. Iba a sacar el móvil y me lo dieron vuelta. No se puede creer», agregó Morales angustiado poco después del ataque.