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La realidad desde los bordes: cómo sobreviven a la crisis en los barrios

Sobre llovido, mojado. La crisis permanente, la crisis autogenerada. Las charlas en las esquinas, y las del súper. Los arrepentidos. El día a día. La auto organización. Y el fantasma del hambre. ¿Cómo impactan las medidas de este gobierno, la «estanflación» que mezcla estancamiento, inflación y tarifazos, entre quienes ya no tienen qué ajustar? Desde Rosario hasta los barrios 21-24 en Capital, pasando por San Juan, la comunidad wichi Misión Chaqueña y el conurbano: miradas y proyecciones de quienes sostienen comedores, reciben ayudas sociales, trabajan de lunes a domingo, en salas de salud, y viven en barrios donde el futuro es la olla de cada día.
Texto: Francisco Pandolfi
“¿Por qué votan leyes para que se siga complicando, lo que ya venía complicado?”, pregunta, simple y concreto, Fabio Jerez, “Suicho”, compositor de hip hop del barrio popular Los Pumitas, de Rosario.
“La Ley Ómnibus viene agudizar aún más los problemas que tenemos, porque acá siempre tuvimos problemas. Siempre estamos en crisis; siempre vivimos peor”, resume Eva Alarcón, vecina de la Villa 21-24, del barrio porteño de Barracas, y una de las precursoras de la asamblea autoconvocada Villa 21-24/Zavaleta.
“Hace unos días fui a comprar y me quedé un rato en la esquina conversando con otros vecinos. Hablábamos que no podíamos creer lo que está pasando en el país, que todo va muy mal, que cada vez alcanza menos, cuando ya no venía alcanzando. En todos lados escuchás comentarios de arrepentimiento por haber votado a Milei; en las colas de los mercados, en las cajas de los kioscos hay personas indignadas. Muchos dicen que lo eligieron porque estaban cansados de los de antes, pero ven que los precios actuales son inaceptables…”, cuenta Noelia Aragón, del barrio popular Aramburu, de San Juan capital.
“Va a ser un desastre esta ley para los jubilados, para los trabajadores, para la gente humilde, para los pobres. Ya viví varias veces esto que va a pasar; estoy curtido, tengo 73 años y ni una moneda, vivo al día con la jubilación y sigo trabajando”, dice Rodolfo Franco, médico clínico de la comunidad wichi Misión Chaqueña, en la ciudad salteña de Embarcación.
Estas voces resuenan desde distintos puntos del país, y que poco se escuchan en el Congreso de la Nación donde se está tratando la Ley sobre “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. La iniciativa conocida como Ley Ómnibus por los 664 artículos que la componían originalmente, pasó a 382 y obtuvo el jueves pasado la media sanción en general en la Cámara de Diputados. Desde mañana continuará su debate en particular, artículo por artículo.

AUTO ORGANIZARSE
Eva Alarcón, de la Villa 21-24, fue una de las impulsoras de la asamblea de autoconvocados de su barrio: “Desde que Milei dispuso el DNU, sumado a la Ley Ómnibus, vimos con mucha necesidad el poder auto organizarnos, a la par de lo que fue sucediendo en diferentes barrios donde decenas de vecinos y vecinas crearon asambleas en repudio de esas dos medidas, que saca derechos laborales, privatiza empresas públicas, remata bienes comunes naturales. Y lo que siempre se ve en estos gobiernos de derecha: negociados con las corporaciones amigas. El protocolo antipiquete de Bullrich también nos motivó a juntarnos, nos vimos en la necesidad de manifestarnos contra esto, de una manera que sea abierta y participativa porque nosotros concebimos que la lucha se da en conjunto y de forma comunitaria, en pos de una agenda de unidad, sin tanta división interna”.
La asamblea de la Villa 21-24/Zavaleta se movilizó los tres días de protestas a la puerta del Congreso para mostrar el descontento con la ley. “Siempre hay gobiernos que se encargan de vulnerar los derechos de los que menos tienen, precarizando aún más la pobreza, no generando trabajos genuinos para los trabajadores con programas y políticas públicas meramente asistencialistas, que lo único que hacen es sostener una condición de precariedad de las familias; con falta de proyectos, programas y políticas públicas que realmente incluyan a los barrios populares en una agenda política que mejore la calidad de vida con leyes de urbanización que se cumplan”.

El colectivo creado hace pocas semanas reúne docentes de las escuelas del barrio, trabajadoras comunitarias, de la salud, vecinos y vecinas autoconvocados. “Tenemos una agenda que va de la mano de lo que está sucediendo actualmente con las medidas de Milei, de Bullrich, y por otro lado buscamos generar nuestra propia agenda territorial, con problemáticas históricas como la falta de agua potable, el dengue, el riesgo eléctrico que lleva más de 11 años sin que el Gobierno de la Ciudad tenga un plan integral de obra, sino paliativos que no solucionan el problema de fondo”.
Eva integra el comedor comunitario Ña Emi y comparte su mirada sobre la política alimentaria: “Los comedores ya venían estallados desde la pandemia y ahora se ven aún más explotados, porque las familias que antes no venían, ahora sí por los tarifazos y los aumentos, tanto de los alimentos como de las garrafas. La fila de los comedores son cada día más extensas porque las familias tienen más y más urgencias, y buscan comer al menos dos veces al día; la realidad es que hoy las familias no llegan a cubrir las cuatro comidas”.
Sentencia: “El barrio está en crisis, en emergencia y no vemos esperanzas de que este Gobierno ponga los ojos en querer mejorar la situación. Así que nos queda organizarnos colectivamente, para hacerle frente a lo que recién arranca”.


CAPITAL INHUMANO
Desde el ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello –que hoy engloba entre otras carteras al extinto Desarrollo Social–, se frenaron los fondos a comedores con el argumento de estar organizando otro sistema de entrega de la mercadería. Mientras tanto, ni en diciembre ni enero se enviaron alimentos.
Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) existen en el país 34.782 comedores, en los que trabajan 134.449 personas. El jueves pasado, organizaciones sociales fueron a reclamar al flamante ministerio y fueron reprimidas. ¿Qué dijo la ministra? Que iba a «atender a la gente que tiene hambre, pero no a los referentes de las organizaciones”. Por esto, desde esta mañana, movimientos sociales organizan “la fila contra el hambre” en el edificio de Capital Humano “mediante la cual cada persona pueda ingresar al ministerio a los fines de obtener respuesta a la emergencia alimentaria agravada por la crisis económica”.
Doris, 61 años, de Escobar, es parte de la CCC y es una de las personas que está en la fila esperando que la atienda la ministra Sandra Petrovello: «Somos más de veinte cuadras, pidiendo que nos atienda y nos dé una respuesta. La situación se agravó un montón. Los merenderos y comedores que tenemos ya no los podemos sostener por esta situación. No tenemos nada. Nada».

Fabio Jerez tiene 32 años, es cantante, compositor de hip hop y vive en Los Pumitas, en Rosario. “En mi barrio la gente está moviéndose, yendo a concentraciones, y cuando los vecinos se levantan, es por algo. Es necesario salir a decir que no voten la ley… todos los comedores dijeron basta, porque encima de la situación económica que se vive, les bajan muy poca mercadería para cocinar y hacen lo posible con lo que tienen. Me causa impotencia, mucha bronca”.
Hace una pausa y pide perdón por ponerse a llorar. Traga saliva y continúa: “Es increíble ver cómo los chicos más chicos van con su tupper, con su bolsita, a hacer la cola a los comedores. Con un calorazo insoportable, y ahí van los pibitos, caminando por sus pasillos, con sus hermanitos, esperando, haciendo la cola para la merienda… Nos cuesta comprar hasta un paquete de arroz, es una locura inaceptable. No puede ser que en tan poco tiempo hayan aumentado tanto los precios”. Hace un silencio, un sollozo, y vuelve a pedir perdón.
En el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que estableció Milei para desregular la economía, derogó dos leyes vinculadas a los programas de control de precios:
1–La Ley de Abastecimiento, que habilitaba al Estado a fijar precios máximos y sancionar a empresas que subieran los precios de manera “injustificada”.
2–La Ley de Góndolas, que controlaba que los comercios minoristas ofrecieran una variedad de marcas en los productos.
Fabio está tirado en la cama. Hace cinco días que tiene dengue. “Hay muchísima gente contagiada y los dispensarios no dan abasto. Nos mandan a la casa con cuatro paracetamol y un ‘arréglense’. Falta política pública; años atrás venían a fumigar, o a traer repelentes, o por lo menos a brindar información, pero este año ni siquiera eso”.
Trabajador de la cultura, Fabio no es ajeno al desfinanciamiento que la Ley de Bases (…) traería para su sector: “Es un garrón, yo a través de muchos programas estatales empecé a hacer música; pude comprarme mi primer micrófono, los auriculares, una plaquita de sonido. En los barrios hay miles de pibes que necesitan de esas herramientas, de ese apoyo. Si nos costó conseguirlo cuando había financiamiento, te imaginás ahora…”.
TRABAJAR DE LUNES A DOMINGO
Noelia Aragón vive en Aramburu, un complejo de monoblocks en la ciudad de San Juan. Tiene 36 años y es madre soltera de una hija. Es serigrafista y dice que su estado civil es “cansada”. También se expresa sin ironía: “Como trabajadora independiente y artista, llevo años sacrificando cosas para comprar mis herramientas, mis cositas, soy monotributista social y me ayuda la AUH. Pero no me alcanza. Desde hace años, y sin ninguna exageración, trabajo todos los días, de lunes a domingo. Hace mucho que no me puedo comprar un par de zapatillas”.
Contextualiza lo que pasa a su alrededor: “A cada lugar que voy, o se escuchan puteadas o se comparte cuál es el mercado más barato, así como recetas para gastar menos, si es que existe hoy algo barato. Estos días hablé con varios kiosqueros que están muy mal, porque la gente empezó a ir mucho más a los supermercados grandes en busca de ofertas y se ven afectados”. Agrega: “Antes armabas un almuerzo con mil mangos. Ahora cinco lucas es lo mínimo y te quedás corto. Los insumos para trabajar de forma autogestiva, no solo en mi rubro, se han ido por las nubes”.

Enumera algunos precios: “Pensando en el inicio de clases, a mi hija le compré unos cuadernos y gasté 20 lucas, y todavía me falta comprarle la mitad. Para mandar a un hijo a la escuela tenés que gastar 100 mil pesos, sin contar la mochila. El azúcar 1000 mangos, la yerba 1500 como mínimo, igual que un kilo de pan”. Completa, pensando en la Ley Ómnibus y en el futuro: “Al que tiene guita le va a ir bien, al que pueda invertir y no optar entre comprar cosas para laburar o para comer…”.
NECESIDADES Y URGENCIAS
Rodolfo Franco está en Buenos Aires por unos trámites y en unas horas se vuelve a Misión Chaqueña, comunidad wichi emplazada en Embarcación, departamento de San Martín, al norte de Salta. “Mi mujer tiene un pequeño bolichito que vende yerba, harina, fideos, arroz. Las ventas han bajado mucho, la gente no tiene plata para comprar”. Recuerda: “Yo tuve un merendero durante la pandemia. Desde Desarrollo Social me mandaban de vez en cuando un camión de mercadería, que traía mucha comida. La repartía y cocinábamos dos veces por semana, que era lo que alcanzaba. Hoy no hay nada de eso”.
Rodolfo se mudó hace más de diez años a la comunidad, donde vive con su esposa wichi. Allí ejerce en la salita como médico clínico: “En lo que respecta a la salud no está habiendo gasas, ni remedios, ni alcohol, no está habiendo inyecciones básicas para los dolores, para la fiebre. Se está poniendo todo muy dramático”. Y cierra esta nota, con una oración de necesidad y urgencia: “Seguro que van a empezar a morirse chicos en otros parajes; seguro que en Misión Chaqueña vamos a tener chicos desnutridos; seguro que vamos a tener que aumentar las instalaciones de la salita. Seguro, segurísimo, que vendrá una escalada de hambre”.

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Invasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Lo dijo sin metáforas y con mayúsculas:
“Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo se hará más grande y el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció así –a través de un mensaje publicado en la red Truth Social– su decisión de invadir ese país, sin siquiera avisar al Congreso.
El “robo” del petróleo al que alude es, sin embargo, la decisión de nacionalizar el petróleo que tomó Venezuela en dos etapas históricas que ahora conviene recordar.
La primera fue el 1° de enero de 1976, bajo la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, quien pagó a las corporaciones Exxon, Shell, Gulf, y Mobil 5.626 millones de dólares como compensación. El economista Carlos Mendoza Potellá –quien acompañó en ese proceso al fundador de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonzo– sintetiza así cómo fue: “Las mismas concesionarias designaron de su seno a quienes asumieron la gerencia petrolera venezolana: el entonces presidente de la Compañía Shell de Venezuela se convirtió en presidente de la ‘Operadora Nacionalizada’ Maraven. El vicepresidente de la Creole Petroleum Corporation, filial venezolana de la Standard Oil–Exxon se transmutó en presidente de Lagoven, otra operadora nacionalizada. El mismo esquema se repitió once veces con los gerentes de las demás filiales transnacionales, travestidos en gerentes de empresas estatales”.
Durante su segundo mandato, Pérez dispuso un plan de “apertura petrolera” que permitió operar a las transnacionales del petróleo en nuevas áreas, que luego su sucesor, Rafael Caldera, amplió. Así se llegó a la segunda nacionalización, impulsada por Hugo Chávez en 2007, quien a través de un decreto impuso que la petrolera estatal tenía que tener participación mayoritaria en todas las explotaciones petroleras venezolanas. Esa medida originó una serie de demandas internacionales, entre ellas la de Exxon, a quien el régimen de Nicolás Maduro pagó 700 millones de los 985 reclamados.
Del robo, hay que decirlo, fue víctima Venezuela, saqueada por la corrupción de quienes durante el régimen de Maduro administraron los activos de la petrolera estatal. Un ejemplo: el 17 de marzo de 2023, se dio a conocer la desaparición de 3.000 millones de dólares provenientes de cuentas por cobrar de la venta de petróleo, lo cual derivó en la detención de 61 personas, entre ellas tres coroneles y otros cuatro militares que ocupaban puestos relevantes en PDVSA.

El botín
Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, incluso más importantes que las de Arabia Saudí. Los yacimientos situados en la faja del Orinoco albergan más del 15% de todas las reservas mundiales. Su petróleo, además, es especial y característico: es más pesado y costoso de extraer, pero su alto contenido en azufre lo hace especialmente codiciado por las refinerías más sofisticadas.
Socio fundador de la OPEP, produce actualmente poco más de un millón de barriles diarios, lejos de los 3,5 millones de barriles que producía al final de la década de los noventa, cuando el país era una potencia global del sector de los hidrocarburos, con el 10% de la producción mundial de crudo. Ahora la república bolivariana apenas representa el 1%.
Para hacerse una idea del declive del sector en Venezuela, la industria del crudo del país llegó a ser la mayor exportadora del mundo. Ahora ocupa el puesto 21 entre los productores mundiales. Y está a punto de ser superado por su vecino Guyana, un país mucho más pequeño, cuya economía controla la petrolera Exxon.
Pero no solo se trata del petróleo. Tal como anunció el presidente Trump en su explícito mensaje hay “otros activos” que busca controlar con esta operación militar. Están en juego, además, minerales y tierras raras. Venezuela es un país muy rico en recursos naturales: cuenta con importantes reservas de gas natural, oro, hierro, bauxita y coltán, uno de los minerales necesarios para las baterías. También posee grandes yacimientos de cobre, níquel, titanio y zinc.
De Monroe a Trump
Dos siglos antes – el 2 de diciembre de 1823– el entonces presidente de Estados Unidos, James Monroe, declaró como potencialmente hostil cualquier intervención de las potencias europeas sobre los asuntos políticos de una América que libraba sus guerras de independencia, bajo el tan estadounidense lema: “América para los americanos”.
El 2 de mayo de 1965, 142 años después, la Cámara de Representantes completó esa declaración con la “Doctrina Johnson”, tras la invasión a República Dominicana ordenada por el entonces presidente Lyndon Johnson, para evitar un gobierno comunista.
El 3 de enero de 2026, casi 58 años después, en una fecha sensible para Argentina porque coincide con la invasión británica a las Islas Malvinas en 1833, la región amaneció bombardeada por orden del actual presidente estadounidense, Donald Trump, quien invadió Venezuela y detuvo a su presidente, Nicolás Maduro. “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dijo el documento de 29 páginas en el que EEUU redefinió la Estrategia de Seguridad Nacional, que denominó como “corolario Trump a la doctrina Monroe”. En un juego de palabras, se bautizó como “Doctrina Donroe”.
En declaraciones a la BBC, el investigador de Estudios Latinoamericanos del Council on Foreing Relations, Will Freeman, sintetizó: “Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región. Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original».
Si las viejas doctrinas buscaban la anexión violenta de una “América triguera” como si la región fuera el “caballo” y Estados Unidos el “jinete”, la actual doctrina Trump busca esnifar esa América narcótica que su país consume, abastece y fortalece en estructura, para su dominio geopolítico y el saqueo colonial de los bienes comunes, como dejó en claro Trump en su imperturbable y descarada conferencia: “Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente deteriorada y comiencen a generar dinero para el país”.
¿Qué país?
En el nuestro y en los bordes más empobrecidos de esta ciudad –el Bajo Flores– la comunidad venezolana que está en la platea del club Daom mirando a los suyos disputar un partido de béisbol en un clásico contra Vélez Sarsfield lleva aferrada en cada mano, como un rosario, el teléfono celular, desde donde siguen las noticias de su tierra y de su gente. Me dice una joven que ya lleva ocho años en Argentina:
“Es un comienzo”.
Lo dice con ilusión y alivio.
Su mirada y lo que transmite, su biografía y lo que representa –estudió Historia en la universidad de la república bolivariana, trabaja limpiando casas por hora en Palermo– es la exacta dimensión del mayor fracaso del discurso progresista y sobre esa rotunda frustración ahora urge reflexionar.
Fracasar, fracasar, fracasar hasta triunfar.
Lo decía Mao, que tanto disgusta a Trump.
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Nuevo ataque a la prensa: robo en la redacción de la cooperativa El Ciudadano

Desconocidos rompieron un vidrio del frente del edificio e ingresaron al diario cooperativo de Rosario. El robo fue selectivo: se llevaron las dos consolas de sonido y todos los micrófonos, lo que impide que el medio siga transmitiendo y filmando. Todo en el contexto de un gobierno nacional que enarboló el eslogan «no odiamos lo suficiente a los periodistas». Desde la web de El Ciudadano (elciudadanoweb.com): «Nos vamos a levantar de este golpe pero nunca vamos a dejar de contar con espíritu crítico todo lo que vemos”.
El año comenzó con una noticia triste e inesperada para el diario El Ciudadano. Cuando volvieron a trabajar después del Año Nuevo, sus integrantes encontraron que la redacción del medio cooperativo de Rosario había sido robada. “Nunca vamos a dejar de contar con espíritu crítico todo lo que vemos”, señalaron desde el espacio autogestivo.

Imagen de las instalaciones saqueadas.
El episodio ocurrió durante la madrugada del primer día del año. Desconocidos rompieron un vidrio del frente del edificio e ingresaron al diario. “Se dirigieron directamente al sótano donde funciona el streaming y se llevaron las dos consolas de sonido, todos los micrófonos, lo que nos impide seguir transmitiendo y filmando”, contó El Ciudadano a través de una declaración en su web.
“Nos llama la atención lo selectivo del robo y lo simbólico del hecho de que se hicieran con los micrófonos”, agregaron desde la cooperativa y recordaron la compleja situación económico y de subsistencia que atraviesan en esta época de crisis.
El violento hecho, además, se da en el marco de un gobierno que promueve el odio a la prensa. Javier Milei repite de manera constante que no se odia lo suficiente a los periodistas, al tiempo que censura y reprime el ejercicio de prensa.
“Nos quisieron destruir muchas veces. Nunca lo consiguieron. Nos vamos a levantar de este golpe pero nunca vamos a dejar de contar con espíritu crítico todo lo que vemos”, concluye El Ciudadano, medio creado en 1998 y recuperado por sus trabajadoras y trabajadores en 2016.
El Ciudadano, junto al diario Tiempo Argentino, revista MU y Agencia lavaca, El Diario del Centro del País, revista Cítrica, agencia Tierra viva y Lawen, integra la Unión de Medios Autogestivos. Son siete cooperativas que se organizaron con el fin de promover el periodismo de investigación sobre temas sociales apremiantes. Su agenda hace foco en temas usualmente relegados por la prensa comercial como son la violencia institucional, el narcotráfico, el respeto por los derechos humanos y la diversidad de género, la soberanía alimentaria, los reclamos de los pueblos originarios y el cuidado del medio ambiente.
La cooperativa que edita El Ciudadano se llama La Cigarra. El diario dio la noticia con palabras de aquella canción de María Elena Walsh: «Tantas veces me mataron». Y publicaron: «Por algunos indicios que deberán investigarse, el hecho también asoma como clara amenaza a la libertad de expresión».
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Conferencia en la calle: impidieron a la familia de Gabriel González, asesinado en Lugano, hablar en la Legislatura Porteña

“Estoy viviendo una pesadilla. Me arrebataron a sangre fría a mi compañero de vida. Es tan injusto que no lo puedo creer. El policía que bajó de la camioneta no lo hizo para apaciguar, sino directo a matarlo” dijo este martes Nelly, la compañera de Gabriel González, el vecino de Lugano asesinado por la policía de la Ciudad el día de navidad.
La Legislatura Porteña le negó a la familia el salón en el que iban a hacer el acto, por lo cual la charla se realizó en la calle. Detalles del crimen en el que Gabriel se defendía –solo y como podía– de una turba policial violenta que disparó a matar a un hombre indefenso. Lo que contaron Nelly, Fabián Grillo (el padre de Pablo). Y una propuesta para el brindis de fin de año.
Por Francisco Pandolfi
Fotos: Juan Valeiro
Pasaron cinco días desde que Juan Gabriel González fue asesinado por la Policía de la Ciudad el 25 de diciembre en la Villa 20 de Lugano.
Su crimen quedó registrado por una serie de videos grabados por vecinos que evidenciaron el fusilamiento. Cinco días y cero pronunciamientos oficiales de las autoridades del gobierno porteño encabezado por Jorge Macri y cuyo ministro de Seguridad es Horacio Giménez. Para que el caso no pase al olvido y se pierda en el fin de año y en el año nuevo, este martes familiares y amigos convocaron a una audiencia pública en la Legislatura Porteña, acompañados por los bloques de legisladores de Fuerza Buenos Aires (peronismo) y del Frente de Izquierda. Pero cuando los seres queridos de Gabriel ya viajaban en micro desde Lugano al centro porteño, les avisaron que no les permitirían el ingreso.
¿El motivo? “Problemas administrativos”.
Un dato: no hubo problemas administrativos cuando se permitió el uso de la Legislatura hasta en actos negacionistas de la última dictadura militar.
Al llegar, la decisión de la familia fue hacer la audiencia prevista, pero en la puerta, en formato de conferencia de prensa. Allí se colocaron una mesa, un micrófono, un parlante. Y allí hablaron –además de legisladores y organizaciones sociales y sindicales–, Nelly, su pareja; Gerardo, su hermano y Oscar, su primo, que dijo: «Hoy cobardemente nos cierran la puerta de este Palacio Legislativo, pero no nos sorprende, toda la vida nos cerraron esta puerta».

El público siguiendo la charla de la familia de Gabriel González.
Desde las fuerzas políticas convocantes anunciaron que harán un pedido de interpelación al ministro Giménez para que rinda cuentas del violento accionar policial en Lugano.
La pesadilla
La primera que habló fue Nelly. “Estoy viviendo una pesadilla. Me arrebataron a sangre fría a mi compañero de vida. Es tan injusto que no lo puedo creer. El policía que bajó de la camioneta no lo hizo para apaciguar, sino directo a matarlo”.
El policía que mató, cuyo rostro quedó bien identificado, no fue detenido hasta el momento.
Se preguntó Nelly: “¿Por qué accionaron así? ¿Por qué vinieron de esa manera? ¿Esa es la forma de tranquilizar?”.
La división policial que actuó en el crimen se llama “de pacificación”.
Todos filmados, todos implicados
Una integrante de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, sentenció: “Los resultados de la autopsia no dejan discusión sobre la responsabilidad: murió por el disparo de la escopeta y están implicados todos los policías del procedimiento. Este crimen no puede quedar impune como tantos otros”.
Nelly llevó puesta una remera negra con el lema en el pecho y una foto de su pareja: “Gaby por siempre”. En el dorso, esta inscripción:
“En la búsqueda de justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. No existen las despedidas entre nosotros. Allí donde estés, te llevaré en mi corazón”.
De la camiseta, a su voz: “Venía de festejar la Navidad con sus amigos, quería entrar al pasillo de su casa y no lo dejaron y ahí empezó todo. Le pegaron desde un primer momento, a él, que era una persona buena, solidaria, del que todo el barrio habla bien. Necesito que me acompañen para que se haga justicia por Gabriel y por todas las personas que murieron así”.

Gerardo, hermano menor, pudo decir un puñado de palabras antes de que se le quebrara la voz: “Era un hombre trabajador, que ayudaba a quien lo necesitara. Tenía muchos proyectos, era una gran persona mi hermano”.
Entre quienes escuchaban estaba Fabián Grillo, el papá de Pablo, fotógrafo que sigue recuperándose de una granada de gas lacrimógeno que le rompió el cráneo lanzada por Gendarmería, en la marcha de jubilados del 12 de marzo.
Dijo Fabián: “Al igual que hicieron con mi hijo, esto es un intento de disciplinamiento. La mano ejecutora es parte de un engranaje perverso que no termina en los autores materiales; sino en los responsables políticos”.

Oscar dijo que iba a hablar de su primo Gabriel en tiempo presente. Planteó que sigue sonriendo “como siempre”; que sigue “enseñando a trabajar” a sus hijos Dante y Ángel, y a sus varios sobrinos; que sigue siendo “el corazón de la familia”; y que “seguirá acompañando, seguirá cuidando. Si hay alguien que cumplió un rol heroico fue él. La policía no aguantó ver a un hombre de verdad, defenderse de su violencia con sólo sus manos, y lo asesinaron. La persona que lo hizo estará muerta en vida, en cambio nosotros seguiremos pensando en mi primo: ojalá en todas las familias existiese un Juan Gabriel”.
Cerró con un pedido para este fin de año: “Que cuando la gente brinde, piense en nosotros y levanten la copa de la justicia por él, por Gabriel”.


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