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Ley Bases en el Senado: texto cambiado, poroteos y demoras en la semana del paro

Comenzó en el Senado la discusión en comisiones en búsqueda del dictamen de la Ley Bases que ya tiene media sanción en Diputados. El fixture fue planteado de manera conjunta entre las comisiones que intervienen en la ley y tenía como objetivo que el proyecto llegue pronto al recinto. Se habló inicialmente de tener dictamen el jueves 9, el mismo día del paro convocado por la CGT. Eso no va a suceder, porque ya se calcula que la semana próxima asistirán nuevos invitados en el rol de expertos para plantear acuerdos y desacuerdos sobre la Ley. Ese fue el primer dato de este martes. ¿Por qué el frenazo? Hipótesis: además de escuchar más voces, si todos los bloques quieren estirar el debate, puede ser porque ninguno tiene garantizados los votos. Para torcer la balanza a favor o en rechazo de la ley, se necesitan media docena de votos o menos: algunos dicen 4, otros 5. Texto: Anabella Arrascaerta.
El plenario de tres Comisiones arrancó con reclamos. En las calles, nulo movimiento: Algunas organizaciones sociales se movilizaron, pero a la quinta presidencial de Olivos. En el Senado, el interbloque de Unión por la Patria planteó lo que se había denunciado horas antes: el texto de la Ley de Bases que llegó al Senado tenía diferencias con el texto que fue votado en Diputados. Mediante la plataforma X Germán Martinez, titular del bloque de Unión por la Patria en la cámara baja, había denunciado durante la mañana que “el texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto”, y detalló las diferencias en los artículos 152 sobre exportación de gas natural licuado y 171 sobre el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI, que favorece la entrada de grandes capitales a cambio de todo tipo de prebendas impositivas, fiscales y resguardos durante 30 años).

La cabecera del debate. El ministro Guillermo Francos y a su izquierda Bartolomé Abdala, de LLA.
- La primera diferencia señalada por Martínez es que el texto de Diputados dice “autorizaciones de exportación” de Gas Natural Licuado (GNL) mientras que el enviado a la Cámara Alta se habla de “permisos de exportación”. “¿Es el mismo sentido?”, preguntó la senadora Di Tullio.
- La segunda es que en el texto sobre el régimen impositivo de las grandes inversiones el texto dice: “El monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector productivo mayores a doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). En ningún caso ese monto mínimo que establezca el Poder Ejecutivo nacional podrá superar el importe de novecientos millones de dólares estadounidenses (USD 900.000.000), cualquiera sea el sector productivo involucrado”. El texto debería decir: “El monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector o subsector productivo o por etapa productiva, iguales o mayores a doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). En ningún caso ese monto mínimo que establezca el Poder Ejecutivo nacional podrá superar el importe de novecientos millones de dólares estadounidenses (USD 900.000.000), cualquiera sea el sector productivo involucrado…’”
Martínez planteó en el comunicado que se trataba de graves irregularidades. En el Senado el jefe del bloque José Mayans sumó: “Una palabra en un artículo cambia todo”. El oficialismo alegó “errores de tipeo” y mandó una fe de erratas. La oposición fue más allá: “Cuando la fe de erratas cambia el sentido del texto es trucho”, dijo la senadora Juliana Di Tullio. El debate sobre este punto se llevó más de una hora del inicio del plenario.
El debate incluyó a las Comisiones de Legislación General, presidida por el senador Bartolomé Esteban Abdala de la Libertad Avanza; de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ezequiel Atauche también del bloque oficialista; y de Asuntos Constitucionales, presidida por Edgardo Darío Kueider, del bloque Unión Federal.

Anabel Fernández Sagasti, junto al jefe del interbloque de UxP José Mayans.
El senador Mayans propuso una idea que habría impulsado la senadora Anabel Fernández Sagasti: invitar a más expertos a exponer durante el debate. La idea oficial era firmar dictamen el jueves 9 (un modo de intentar devaluar el paro general de ese día) pero durante el inicio de la jornada se pidió sumar invitados para que expongan durante la semana que viene. La “senadora Anabel”, como la llamó siempre Abdala, advirtió que se necesita contemplar tiempo de viaje, dado que algunos posibles expositores deben viajar desde el interior, por lo cual había que organizar todo con antelación. El senador Juan Carlos Romero, del bloque Cambio Federal, apoyó diciendo «que se arme la lista esta semana y, obviamente, si no alcanza el tiempo se postergará».
Abdala, presidente del plenario y jefe del bloque oficialista que nuclea 7 bancas, hizo énfasis en el deseo de que se escuchen distintas voces propuestas por sus colegas de cámara. Sin resistencia oficialista, la extensión del debate hasta la semana que viene –al menos– parece ser un hecho. Abdala parecía de excelente humor: guiñaba un ojo a derecha e izquierda a modo de saludo, mientras a su lado esperaba turno el ministro del Interior, Guillermo Francos.
Corporaciones y ratas
Además de Francos, fue invitado a exponer y responder preguntas José Rolandi, secretario de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que ganó notoriedad los últimos días por su rol como director de YPF, que participó en el auto aumento de la casta gerencial de la compañía. Germán Martínez había calculado “70 palitos”, producto del aumento del 388% aunque luego se aclaró que los salarios del directorio serían “apenas” de 15 millones de pesos mensuales y que Rolandi no los recibiría ya que su tope en este caso es el que recibe como funcionario estatal.

Juliana Di Tullio durante una de las intervenciones.
También estuvieron invitados María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento estratégico normativo de la Presidencia; Carlos Guberman, secretario de Hacienda y Eduardo Chirillo, secretario de Energía del Ministerio de Economía.
Rolandi e Ibarzábal Murphy se habían reunido antes con el bloque de la Unión Cívica Radical: 13 bancas presididas por el correntino Eduardo Alejandro Vischi, parte de los tiras y aflojes más o menos sutiles que sobrevendrán estos días.
Hubo cruces y críticas, no solo las esperadas por ejemplo del kirchnerismo. También la UCR y el PRO cuestionaron pasajes de la ley como los correspondientes al fin de la moratoria previsional, o al Régimen de grandes inversiones (RIGI).
Allí aparece un esquema que ya parece típico del gobierno de Milei: cualquier corporación extranjera que invierta al menos 200 millones de dólares accede al mercado de cambios como no pueden hacerlo las empresas locales, y puede remesar dividendos a su casa matriz en el exterior. Además les bajan el impuesto a las ganancias, anulan el impuesto a los dividendos distribuidos, el IVA, les evitan impuestos provinciales y municipales, les eliminan todo arancel para importaciones, al igual que las retenciones a partir del tercer año. Les dan además libertad de uso y disponibilidad de divisas, y les garantizan estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años. Las mineras, petroleras y el sector financiero celebran todo esto, que al país no le deja nada en proporción a lo que se entrega.
Durante el debate también hubo chicanas como cuando Mayans le preguntó a Guillermo Francos si él también consideraba que el Congreso era un nido de ratas.
Para este miércoles el único invitado previsto es Julio Cordero, Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano que administra la señora Sandra Petovello.
La tercera reunión está convocada para el jueves, día del paro general llamado por la CGT con adhesión de una gran cantidad de gremios que detendrán su actividad: no habrá trenes, colectivos ni subtes. «El paro general es un mensaje para los senadores y senadoras de otros bloques, entre comillas dialoguistas, que todavía no se decidieron. Les exigimos que no voten la Ley Bases», dijo Pablo Moyano en una de las asambleas de transporte que se realizaron en la previa al paro.
Justamente Moyano y Héctor Daer se reunirán este miércoles con el interbloque de Unión por la Patria, con un objetivo precautorio: confirmar el rechazo unánime de los 33 senadores y senadoras. Anunciaron que tienen previsto además dialogar con otros sectores y bloques del Senado.
La senadora Carolina Losada (UCR) sostuvo que no cree que “haya “un voto homogéneo del radicalismo sobre la ley Bases en el Senado». La cuestión: los y las senadoras representan distintas provincias con distintas necesidades. Hoy, el bloque de la UCR se reuniría con gobernadores para ecualizar algunas de estas diferencias.
Mientras tanto, hay una variedad de pequeños bloques, hasta de una sola persona, que pueden ser clave a la hora de la definición. Mañana y pasado el debate continuará desde las 10 de la mañana. El jueves, afuera, hablará el paro.
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El tren fantasma: paro por otro trabajador del subte muerto por el asbesto

Un paro este lunes 4 de agosto será la primera respuesta de los metrodelegados ante el fallecimiento de Walter Berhovet, la quinta muerte sufrida por los trabajadores como consecuencia de la exposición al asbesto (o amianto) presente en vagones comprados a países como España durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. Walter falleció tras un cáncer de pulmón. Además de los cinco fallecidos hay actualmente 114 afectados, cuatro con cáncer, y 2.179 bajo control médico. Cada uno, bajo la angustia de no poder saber si la enfermedad se desencadenará también en su caso.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) informó que el paro del lunes abarcará a todas las líneas de subte y premetro, de 13 a 15, en repudio al fallecimiento, por cáncer de pulmón, de Walter Berhovet, uno de los trabajadores que se vio letalmente afectado por la exposición al asbesto presente en determinados vagones de los trenes subterráneos.

La situación de Walter y los demás trabajadores ha sido monitoreada y confirmada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Los metrodelegados plantean: “La muerte de nuestro compañero nos llena de tristeza e indignación porque pudo haberse evitado: el asbesto está prohibido en Argentina desde el año 2003. A pesar de ello, durante muchos años trabajamos sin ser informados de la presencia de asbesto en nuestro ámbito laboral″.
Agrega el documento gremial: “La empresa y las autoridades lo negaron hasta que nuestro sindicato demostró que los trenes CAF 5000 contenían ese mineral cancerígeno usado como aislante” y que más tarde “se comprobaría su presencia en otras flotas e instalaciones de la red”.

Los metrodelegados explican: “A las autoridades, que miran para otro lado, les exigimos máxima celeridad en los procesos para garantizar el urgente cambio de las flotas que contienen asbesto. Necesitamos que se aceleren las tareas de descontaminación en base a un plan integral de desasbestización” y reclaman que todas las personas que trabajan en ese ámbito deben ser puestas bajo vigilancia médica”.
Aquí, una de las investigaciones previas realizadas por lavaca y la revista MU con respecto a este tema.
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Vetos y votos

El presidente Javier Milei vetó este sábado las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad que había aprobado el Senado el 10 de julio. Ahora es el turno de la oposición que deberá conseguir dos tercios de la Cámara para ratificar los proyectos, en un contexto de negociaciones cruzadas marcadas por la agenda electoral de septiembre en la provincia de Buenos Aires y octubre a nivel nacional.
El proyecto de jubilaciones –aprobado en el Senado con 52 votos afirmativos, 4 abstenciones y ninguno negativo– aumentaba 7,2% los haberes y el bono de $70.000 a $110.000, que se actualizaría por inflación. También habían aprobado la restitución de la moratoria previsional. En tanto, la ley de Emergencia en Discapacidad –56 votos afirmativos, sin abstenciones ni negativos– proponía regularizar pagos, actualizar aranceles para prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otros.
Diversas organizaciones que luchan por los derechos de personas con discapacidad (Asociación Civil Creando Huellas, NeuroCEA y el especialista Eduardo Sotelo, entre otros) lanzaron un video en redes denunciando la situación crítica con números concretos:
- $270.000 las terapias domiciliarias.
- $600.000 un centro terapéutico media jornada o el acompañamiento escolar.
- $70.000 la consulta con un psiquiatra para la medicación.
- $825.000 el cannabidiol para pacientes con epilepsia refractaria.
“Los apoyos para nuestros hijos con discapacidad son un derecho, no un privilegio. El acceso a los apoyos y recursos que necesita una persona con discapacidad es un derecho universal”. El video puede verse aquí
Héctor, jubilado, tiene 75 años y se acaba de enterar de un veto que ya sabía que iba a llegar antes del lunes, cuando terminaba el plazo. Le dice a lavaca: “Me siento impotente, si tengo que decir algo ahora, lo tengo que mandar a …ya sabés dónde. Pero no merece decirle nada”.
Al ratificarse el veto a los jubilados, la actualización de agosto será del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51 en lugar de los 441.600 que establecía la ley.
Patricia tiene 68 años y vive en el barrio porteño de Flores. “Es repugnante que justo una semana después de bajarle las retenciones al campo, vete subir nuestras jubilaciones. Da mucho dolor Tengo una mezcla de sentimientos, bronca, indignación, ira, tristeza, dolor”.
Toda esa combinación de sentires se le hacen eco en su voz. “Nos ha costado añares y muchas vidas la conquista ciertos derechos, ver que ahora se aniquilan de un plumazo es terrible. Milei no tiene idea de la realidad que estamos pasando. Es la peor época que estoy viviendo, desde lo económico, pero también desde lo social, por el impacto que nos genera en nuestra salud, psíquica y emocional. Estoy jubilada con la mínima y debo seguir trabajando (de abogada) porque si no, no podría subsistir. Pareciera que tengo un privilegio por continuar trabajando, pero tendría que estar descansando y disfrutando de mis nietos después de tantos años de esfuerzo”.
Ahora será el turno del palacio y la calle. Mientras el Gobierno negocia con la llamada “oposición dialoguista” buscando conseguir los 87 votos que ratifiquen el veto, tal como sucedió en septiembre del año pasado con la ley de movilidad jubilatoria, el movimiento de jubiladas y jubilados –el más activo en Argentina contra las políticas de ajuste– saldrá a las calles este miércoles, como cada semana.

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Mendoza movilizada: sábado de caravanazo contra la minera San Jorge

Bajo el lema “el agua pura no se negocia”, las asambleas ambientales están organizando una movilización desde distintos puntos de la provincia hacia la localidad de Uspallata, epicentro de conflicto y donde este sábado el gobierno provincial convocó a una audiencia pública para tratar el proyecto San Jorge “en pleno territorio minero, en zona de montaña y de muy difícil acceso”, explican los vecinos.
El lugar: el campamento de la propia empresa.
El objetivo oficial del gobernador proto libertario Alfredo Cornejo es hacer la audiencia -obligatoria por ley-, pero en un lugar al que la gente no concurra para que parezca que no hay oposición al emprendimiento minero, que en realidad es rechazado por la población desde hace 18 años.
La decisión de las comunidades fue hacer una contra-audiencia “con el pueblo y para el pueblo”. Un viaje colectivo que empezará este sábado a la madrugada desde el sur e irá subiendo por las rutas mendocinas hasta el norte. La advertencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo sobre los químicos que usaría la minera y las voces de la comunidad: “Nada de lo que haga el gobierno de Cornejo podrá evitar que sigamos defendiendo el agua pura”.
Por Francisco Pandolfi
La cordillera está en peligro.
Eso dice Eugenia Segura, vecina de la localidad mendocina de Uspallata, cuando habla con lavaca.
En ese pueblo del norte provincial del departamento de Las Heras, a 120 kilómetros de la capital y a 90 del paso fronterizo con Chile, el tándem gobierno mendocino y empresa multinacional Solway Holding busca imponer el proyecto minero de cobre y oro San Jorge.

El mapa de la movilización prevista para este 2 de agosto.
Audiencia «pública» en el propio campamento minero
Así como a principios de este año la estrategia fue amedrentar a la comunidad con detenciones y la violencia de patotas oficialistas (https://lavaca.org/notas/megamineria-patotas-y-cornejo-junto-a-milei-la-asamblea-de-uspallata-resiste-al-proyecto-san-jorge/), la idea para esquivar la falta de licencia social fue hacer este sábado 2 de agosto una audiencia pública en un sitio peculiar: el gobierno al mando de Alfredo Cornejo la convocó en el campamento de la propia empresa minera, en una zona de montaña, de difícil acceso y a 45 kilómetros del centro de la ciudad. Por eso, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y la Asamblea por Necesidad y Urgencia de Mendoza, junto al resto de asambleas ambientales de la provincia, se decidió hacer una audiencia paralela, en simultáneo (desde las 10 de la mañana) pero “en el territorio, con el pueblo y para el pueblo”. Argumenta Eugenia: “Queremos que los niños puedan expresarse sobre el destino del agua que van a beber. Que se escuchen las sabias voces ancianas. Ya en la Audiencia Pública del 2010 les fue dicho hasta con dibujitos este ‘NO’ que sigue intacto”.
Lo que se está tejiendo en Mendoza es una movilización histórica. Otra más, como la que en 2019 marchó en contra de la derogación de la Ley 7722 que regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua, lo cual se revirtió gracias a aquel evento conocido como Mendoaguazo.
El punto de encuentro de vecinas y vecinos autoconvocados y nucleados en las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura es a las 9 de la mañana del sábado en Uspallata. Y para eso, desde las localidades Malargüe y General Alvear, bien al sur provincial, saldrán a las 3 de la madrugada. A las 4 se sumarán desde San Rafael. A las 5.40 desde la Ciudad de San Carlos. A las 6, desde Tupungato, Tunuyán y la Ciudad de Mendoza. Y a las 7.30 desde Potrerillos, para completar el Caravanazo organizado bajo la consigna «el agua de Mendoza no se negocia».
Dice Eugenia: “Avisen en Esquel, Andalgalá, Salar del Hombre Muerto. Avisen donde sea que la última ola de codicia se ensañe. Porque si les sale bien esta jugada de convocar Audiencias Públicas en el medio de la montaña en pleno invierno, la van a querer replicar en todos los territorios, como en las selvas a 45 grados. Pero si sale bien la nuestra, para que cada quien pueda decir su verdad desde el corazón y desde las evidencias, otra va a ser la historia”.
Frente a la trampa: agua y escribano público
En la audiencia del pueblo se hará un plenario donde habrá un escribano público que certifique todo lo que se diga ahí. Se transmitirá en vivo, habrá música y comida compartida durante toda la jornada. “El agua es cuestión de vida, de dignidad. Negarse a que nos pongan en lo que llaman zona de sacrificio, a merced de los caprichos empresariales”.
Las asambleas denuncian que la audiencia oficial viola principios constitucionales y el Acuerdo de Escazú al impedir la participación amplia y accesible. Sin embargo, recibió el visto bueno de la Fiscalía de Estado en relación al lugar elegido. Nora Moyano es parte de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza: “¿Cómo íbamos a ir a una audiencia manipulada por Cornejo en la casa del mismísimo patrón, el territorio de la minera San Jorge?”.
Las trampas: “Nos están haciendo muchas zancadillas el gobierno, la minera, los empresarios y los medios de comunicación. En Uspallata no hay luz desde hace dos días y esta mañana cortaron el agua. Hicimos un hábeas corpus para que el gobierno garantice nuestra seguridad en el caravanazo, pero el poder judicial lo rechazó; ya sabemos quiénes son los jueces y los fiscales, y para quién juegan. Pero nada nos va a detener, haremos tanto el caravanazo como la audiencia pública del pueblol”.
El Proyecto San Jorge pretende explotar minerales en las nacientes de la Cuenca del Río Mendoza, con uso intensivo de agua y químicos, poniendo en riesgo el agua que llega a diferentes comunidades. Al respecto, en mayo pasado la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo advirtió sobre las consecuencias del uso de los cuatro químicos necesarios para llevar a cabo el proceso: Poliacrilamida Aniónica (APAM), Óxido de Calcio (CaO), Isobutil Xantato de Sodio (SIBX) y Metil Isobutil Carbinol (MIBC). “Se desaconseja utilizar los productos químicos analizados y se enfatiza en la importancia de explorar todas las alternativas disponibles antes de recurrir a estos compuestos”.

En otro apartado informa: “Es posible que el proceso industrial movilice en el agua una gran cantidad de elementos que potencialmente pueden ser tóxicos para la salud humana y ambiental. A diferencia de otros tóxicos, los elementos no son biodegradables, y por tanto una vez que ingresan a los diferentes ecosistemas su persistencia ambiental es elevada”.
Por eso Nora, que tiene 74 años y la jovialidad floreciente, mantiene una convicción inquebrantable: “Logramos que la parroquia de Uspallata nos preste el lugar, pero si no, íbamos a hacer la audiencia igual bajo la nieve, como ya lo hicimos antes en toda esta lucha que llevamos desde 2007. Estamos totalmente en rebelión y ninguna otra zancadilla que nos hagan, ni toda la suma del poder público contra nosotros, podrá evitar que sigamos defendiendo el agua”.
Eugenia propone una imagen: “Toda el agua del mundo va a hablar por nuestras voces y, como en el 2019, van a escuchar al pueblo”.

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