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Otro trabajador del subte murió de cáncer por asbesto

Jorge Navarro llevaba 30 años como trabajador del subte, era tornero, y hace años padecía un cáncer de pulmón por exposición al asbesto. Es el cuarto trabajador fallecido por esta causa. Desde el sindicato denuncian que hay además 107 trabajadores afectados, cinco de ellos con cáncer. El asbesto, o amianto, es un material que se utilizó en la fabricación de vagones españoles para subtes que fueron comprados durante la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Aclaración: publicamos el mapa del subte con asbesto, que debe ser permanentemente actualizado. Desde ahora habrá que agregar un fallecido más (4 en total) y en los últimos meses la cifra de afectados pasó de los 86 que mostraba el mapa, a 107.
Por Anabella Arrascaeta
A las 3 de la mañana de este jueves, después de dos meses de agonía, murió Jorge Navarro, trabajador del subte, de profesión: tornero. Estaba internado en el Hospital Británico, bajo cuidados paliativos y tratamiento del dolor, desde que había agravado su cáncer de pulmón producto de la exposición al asbesto, tal como lo reconoció la auditoría médica en 2020.
Desde hacía treinta años Jorge trabajaba bajo tierra en el área de mantenimiento del Taller Constitución del subte, en todo lo relacionado a tornería en el eje de los trenes, en las ruedas, o en otras piezas.
Jorge Navarro es el cuarto trabajador del subte fallecido por la misma causa, su muerte se suma a la de Jorge Gabriel Pacci, 56 años; Juan Carlos Palmisciano, 71; y Jorge Visquet, 53. Además, desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP, conocida como Metrodelegados) denuncian que hay 107 trabajadores afectados de los cuales cinco están cursando cáncer de pulmón: uno es trabajador de base, cuatro son supervisores.
A su vez hay 2.179 trabajadores y trabajadoras bajo vigilancia médica por haber sido ingresados al RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgos) lo cual habilita que les realicen estudios que detecten el problema: placa radiográfica para asbesto, espirometría y tomografía computada de alta resolución, con la obligación de guardar las historias clínicas por 40 años. Aunque cada vez son más los ingresados, desde el sindicato denuncian que falta incorporar alrededor de 1.400 trabajadorxs que están en las estaciones. MU publicó una investigación sobre el tema en la edición 185, que puede leerse aquí.
“Nuestra desesperación”
Consultado por lavaca, el histórico referente de los metrodelegados y actual secretario general del gremio, Roberto Beto Pianelli, dijo:
“Esto nosotros lo estuvimos anticipando. Que iban a seguir apareciendo enfermos producto de la exposición al asbesto, y que van a fallecer compañeros, lamentablemente. El daño que han hecho es irreparable. Los períodos de latencia de la enfermedad, hasta que aparece, a veces son prolongados. Por eso nuestra desesperación y nuestra lucha ha sido para sacar el asbesto que todavía queda en el subterráneo para que nuevos trabajadores, o aquellos que no se hayan enfermado todavía, no sigan expuestos a este peligro permanente”.
Francisco Ledesma, que trabaja en el subte reparando trenes desde 1994 y actualmente es Secretario de Salud del sindicato dice camino al velatorio de su compañero: “Es triste y da bronca, desde que descubrimos el asbesto todos los días sabemos que hoy podemos tener un nuevo afectado, un nuevo enfermo por cáncer, un nuevo compañero muerto. Ahora estamos en un pico de angustia, de bronca, de impotencia. Por Jorge y porque el gobierno de la Ciudad no termina de tomar la decisión para que haya más empresas que se encarguen de sacar el asbesto de los subtes, ni se sabe quién va a proveer las nuevas flotas. Y en el mientras tanto nosotros tenemos que seguir trabajando cada día con el asbesto alrededor. Este año pedimos audiencia tres veces con el presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase): no nos dijeron que no, dan evasivas, pero lo real es que nunca nos recibieron”.

Trabajadores de la Línea B del subte junto a integrantes del equipo de la secretaria de Salud del sindicato.
El veneno en el aire
El asbesto, o amianto, es un mineral natural de estructura fibrosa, cuyo uso se extendió con la revolución industrial porque tiene gran resistencia a la combustión. Se emplea como aislante en revestimientos y en tejidos resistentes al fuego y al calor. Sus fibras son flexibles y se descomponen con facilidad. Cuando esto sucede el material queda en el aire, puede ser inhalado y provocar graves patologías en el cuerpo. Por ejemplo, hay 86 trabajadores afectados con neumoconiosis por exposición a asbesto. “La enfermedad que produce el asbesto no es lineal”, explica Ledesma: “Los afectados pueden pasar toda la vida sin manifestaciones. O al revés, a quien nunca pareció afectado un día le dicen: te tocó el número, tenés cáncer”.
El riesgo es tal que en el país está directamente prohibido. Aunque hubo legislaciones anteriores que marcaban la peligrosidad del material fue en 2003 con la Resolución 823 del Ministerio de Salud de la Nación que se prohibió en todo el país la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto.
Algunos datos para entender la magnitud del peligro:
- La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) considera al asbesto una sustancia comprobadamente cancerígena.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del Programa Internacional de Seguridad Química establece que la aparición de los efectos crónicos por exposición al asbesto es independiente de la dosis de exposición. Es decir, no se puede calcular una dosis de exposición “segura”.
- La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio N° 162/86 sobre la seguridad en el uso del amianto, recomendó la sustitución del asbesto por productos o tecnologías menos nocivas.
- La Organización Mundial de la Salud informa que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral se deben al asbesto.

La imagen de uno de los 86 diagnósticos de neumoconiosis confirmados por el Hospital Británico.
El asbesto sigue allí
En 2011 la ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Macri como jefe de gobierno, compró a España 36 vagones de subte para la Línea B que en ese país habían sido retirados de circulación once años antes. Pagó 13,7 millones de euros. Siete años después, en 2018, se conoció que había un trabajador del Metro de Madrid enfermo de asbestosis por la inhalación de asbesto. Este trabajador desarrollaba sus tareas en los mismos vagones que Macri había comprado y que ahora manipulaban trabajadores de la Línea B de Buenos Aires.
Se encendió una alerta. Tanto que en febrero de ese año Sbase dispuso sacarlos de servicio ante las sospechas, y un mes más tarde el sindicato convocaba el primero de cientos de paros para denunciar la exposición a este material cancerígeno.
En ese inicio fueron los propios trabajadores y trabajadoras organizadas quienes mandaron a testear piezas de distintas formaciones para detectar si tenían asbesto. Luego Sbase reconoció la presencia. Y en 2020 la jueza Elena Liberatori hizo lugar a un amparo ambiental presentado por el sindicato y dictó una medida cautelar que ordenaba la prohibición del contacto con piezas o lugares con asbesto.

El conflicto que había iniciado en la Línea B se fue extendiendo por todos los ramales y se empezó a testear en las otras líneas, tanto en los vagones como en oficinas y otras instalaciones. De hecho, Jorge Navarro, que falleció ayer, era trabajador de la Línea C.
Además de encontrarse asbesto en formaciones de trenes que estuvieron en funcionamiento en distintas líneas, también se lo encontró en instalaciones fijas del subte: gabinetes de subestaciones con fusibles, tableros eléctricos de cuartos de bombas, centros de potencia, juntas de bombas, ductos viejos de ventilación de fibrocemento asbesto, bandejas portacables, motores de cambio de señales, cables con trenzas de asbesto, depósitos de baños de fibrocemento asbesto en toda la red, techo del cuarto de descanso de conductores del Premetro y pastillas de freno de algunas escaleras mecánicas.
Los trenes españoles fueron el disparador que permitió descubrir que el problema no ha hecho más que extenderse. Los lugares y los vagones con asbesto (incluso los que dejaron de utilizarse) siguen estando allí, sin que la empresa le de una solución de fondo a ese veneno que continúa en ese ámbito especialmente cerrado del subterráneo.
Dice Francisco: “Hay compañeros que empiezan a afectarse porque en su sector hay etiquetas de asbesto confirmado que pega la misma empresa para señalizar. Pero siguen dejándolo allí, con la etiqueta, sin solucionar el tema. Hay muchos que empiezan a alterarse, tienen problemas familiares, dicen ‘nos vamos a morir’. Algunos compañeros y compañeras se automedican, pero no van al médico para hacer un tratamiento psicológico. La situación es compleja y excede al asbesto que todavía no han quitado. Trabajar en el subte es claramente hacerlo en un ambiente insalubre que te puede enfermar y te puede matar, como lo demuestra lo que le pasó a Jorge Navarro”.

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La revolución de la vereda

Gas pimienta a mansalva, golpes con los escudos, violencia estatal absurda. El protocolo de Patricia Bullrich funcionó durante la marcha de jubilados de este miércoles en modo preelectoral, antes del comicio porteño del domingo. Fue visible la provocación policial, tanto por el estilo del operativo como por el caos creado en la zona. La violencia tuvo un saldo de aproximadamente 100 personas heridas y cuatro detenidas. El cura Francisco “Paco” Olveira fue metódicamente gaseado (al menos cuatro veces) junto a otros cinco religiosos (en la foto de portada, el sacerdote Rodolfo forcejeando con las fuerzas de seguridad). En medio de los golpes, y antes del Padrenuestro y el Himno, Paco dijo que los jubilados con su movilización están protagonizando “la revolución de la vereda”.
Desde temprano se vio la maniobra del ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Las llamadas fuerzas de seguridad cortaron insólitamente la Avenida Rivadavia a la altura del Congreso.

La prefectura no sabe o no quiere custodiar el mar (pesca ilegal), ni los ríos (narcotráfico a granel). El misterio: ¿qué estará custodiando en esta vereda porteña? (Fotos: Tadeo Bourbon/lavaca.org)
Eso obligaba al tránsito que venía por Rivadavia a girar obligatoriamente a la derecha por Callao, en una zona angosta por la presencia de las propias vallas policiales. Había muchos más efectivos que manifestantes.
Los jubilados y jubiladas hacían sus clásicos semaforazos pero la Policía y la Prefectura se lanzaron a agredir a la gente que estaba no sobre el asfalto sino sobre la vereda de Callao.
Método policial: le pegan con el escudo a personas de más de 70 y 80 años. El segundo método fue la lluvia de gas pimienta sobre gente que no estaba interrumpiendo tránsito alguno (la circulación de vehículos, se reitera, era interrumpida por el propio operativo con sus vallas). Hubo decenas de afectados, incluyendo a toda la prensa (los cronistas y reporteros de lavaca tampoco fueron privados de tal entusiasmo policial, cosa reflejada por otros medios como Cítrica e Infonews).

Óleo calcáreo para los atacados con gas pimienta . (Fotos: Tadeo Bourboun/lavaca.org)
La presencia de Francisco “Paco” Olveira (cura en Opción por los Pobres) junto a otros cuatro sacerdotes y un pastor exacerbó a los cuatro drones policiales que sobrevolaban Callao, y a los efectivos “antidisturbios” con sus cascos y pertrechos, que en las últimas semanas eternáuticas comenzaron a ser llamados “cascarudos”.
Ante cada agresión policial, los religiosos intentaban interponerse con lo cual los golpes y gases se re-direccionaban también hacia ellos. La gente se preocupaba pero Paco respondía, con los ojos inyectados y tosiendo: “Yo estoy bien, los que están mal son los jubilados”. Había una imagen de la Virgen que también recibió su fumigación de gas pimienta, aunque al menos no le pegaron con los escudos.

Uno de los detenidos. (Fotos: Tadeo Bourboun/lavaca.org)
Esto se repitió varias veces. La policía forcejeaba con jubilados y también con sacerdotes, que terminaron rezando un padrenuestro y cantando el Himno Nacional. Entre los drones que sobrevolaban Callao y la inflación represiva a ras del piso, apareció una mariposa que se refugió entre periodistas y provocó un revuelo fotográfico: una nota color. Poco después, emigró hacia lugares menos inhóspitos.
Cuando todo parecía calmado y sobre Callao ya no había policías, otro grupo apareció cortando parte de la avenida, y estuvo allí una media hora sin aplicación de protocolo alguno y con los autos que de todos modos circulaban por el carril que les dejaban: nueva demostración de lo arbitrario de la violencia estatal. Recién después aparecieron prefectos, que le ganaron de mano a los motoqueros policiales y dispersaron al grupo de manifestantes que se fue antes de que lo echen.

El enemigo policial: los ancianos. (Fotos: Tadeo Bourboun/lavaca.org)
Paco Oliveira dejó algunas reflexiones para lavaca. “Los jubilados están haciendo la revolución de la vereda. Lo que estamos viviendo se parece a la dictadura, pero no nos pueden hacer desaparecer. Aunque me quieran hacer un juicio, yo digo que son actitudes y políticas nazis”. Otro aspecto del tema: “Ya pegaron la semana pasada, ahora lo mismo. Me rompieron la estola, que para mí es un símbolo sagrado. Fue con violencia. Y nos pegaron y gasearon estando en la vereda”. La idea original era rezar en la vereda del edificio Anexo de la Cámara de Diputados, pero el sector era inaccesible por las vallas policiales. “Me parece que nos tienen miedo a los curas, o tienen miedo de que recemos. No vamos a dejar de rezar ni de movilizarnos con los jubilados y jubiladas, que son quienes están pagando la mayor parte de este ajuste”.

El cura Paco atendido tras uno de los ataques que sufrió. (Fotos: Tadeo Bourboun/lavaca.org)
Dirigiéndose a la policía que lo miraba impasible: “Soy un ser humano, todos los que estamos aquí lo somos. Yo sé que los mandan a hacer esto, pero por lo menos hagan el menor daño posible. No pongan esa saña, porque así nunca vamos a tener una patria de hermanos”. Luego los religiosos y laicos con sus imágenes rezaron un Padrenuestro y cantaron el Himno.
Según informó la Comisión Provincial de la Memoria hubo al menos 100 heridos, y cuatro detenidos como saldo de una represión de las fuerzas federales que califica como “brutal”.

El cartel describe una forma de política de Estado. La gendarmería al acecho. (Fotos: Tadeo Bourboun/lavaca.org)
“Frente a una movilización pacífica, los efectivos avanzaron contra los manifestantes golpeando con sus escudos y palos, y lanzando gases químicos, incluso con pistolas Byrna. Siguieron reprimiendo y golpeando cuando la gente ya estaba en la vereda, y mientras se asistían a las víctimas de la represión. Entre las personas heridas, hay 5 curas y un pastor, personal de salud de la Posta de Salud y Cuidados, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios e integrantes del equipo de la CPM que se encontraba monitoreando el despliegue policial en el marco de la protesta social”.
Entre tantos temas, de lo que casi no se habló aunque es el trasfondo de todo, es de la destrucción sistemática de los ingresos y del sistema de salud destinado a jubilados que, como decía el sacerdote, son los que en mayor medida pagan el ajuste.

Inesperada aparición de una mariposa en medio de los disturbios. (Fotos: Tadeo Bourboun/lavaca.org)

Jubilados y policías: bastones de distinto tipo. (Fotos: Tadeo Bourboun/lavaca.org)

Lo que ataca la violencia estatal. (Fotos: Tadeo Bourboun/lavaca.org)

El recuerdo para el fotógrafo Pablo Grillo, que sigue pelando por su salud. (Fotos: Tadeo Bourboun/lavaca.org)

Actualidad
Pablo Grillo: ocho semanas y una vida

Desde el Hospital Ramos Mejía llegó la mejor de las noticias: después de 55 días en terapia intensiva, el fotógrafo Pablo Grillo salió a dar sus primeros pasos fuera de la habitación. “No fue por ningún estudio ni chequeo, salió a disfrutar un poco de aire fresco”, cuentan familiares y amigos. “La alegría es total. El agradecimiento es eterno”. Pablo sonreía en la terraza, cubierto con un gorro rojo de uno de sus amores: Independiente.
Salió de terapia intensiva por primera vez desde aquel 12 de marzo en el que un gendarme le fracturó el cráneo con el disparo de una granada de gas lacrimógeno cuando estaba ejerciendo su oficio durante la marcha de jubilados, y la violenta represión encarada por el Estado bajo las órdenes de Javier Milei y Patricia Bullrich.
Pablo perdió masa encefálica, se temió siempre lo peor, se intuyó que podría quedar en estado vegetativo, pero poco a poco fueron restableciéndose los signos vitales, las señales, el movimiento, la evolución de ese joven de 35 años.
Ocho semanas después Pablo salió de su habitación. Fue este miércoles por la tarde a unas 15 cuadras del Congreso, mientras se producía otra marcha de jubilados.
No podría haber sido de otra manera.
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Loan: el cumpleaños de un desaparecido

Este 8 de mayo Loan Danilo Peña está cumpliendo 6 años de edad. O no. El niño sigue desaparecido desde el 13 de junio de 2024 sin que se tenga una noción clara de lo que le pasó. El caso se inició aquel día en 9 de Julio, Corrientes, durante un almuerzo de la familia y algunos supuestos invitados. Hay siete detenidos y procesados por el delito de sustracción de un menor y otros diez por entorpecer el expediente. En junio se cumplirá un año de la desaparición, y en julio la causa sería elevada a juicio. La pregunta sigue siendo: ¿Dónde está y qué pasó con Loan?
por Francisco Pandolfi
Para recordar
En noviembre, el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y los responsables de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex), María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, pidieron a la jueza Cristina Pozzer Penzo procesar con prisión preventiva por sustracción y ocultamiento de Loan Peña a los seis detenidos que estuvieron en el almuerzo familiar tras el que desapareció el niño correntino. Además, exigieron el procesamiento del entonces comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, por encubrimiento agravado y entorpecimiento de la investigación.

El abogado de la familia, Juan Pablo Gallego: «La prueba que hemos podido redondear en los últimos meses ha convalidado lo que ahora los fiscales analizan como contundente para sostener los siete procesamientos”.
“La solicitud de procesamiento de los siete detenidos por la Fiscalía es un enorme paso adelante. Tiene una mirada muy parecida a la nuestra. Tenemos un análisis con bastantes puntos de contacto; ambas partes descartamos el accidente de tránsito que se buscó instalar desde una mirada más dirigida a desviar la causa, que desde una posibilidad práctica” dijo a lavaca el abogado que representa a la familia de Loan Peña, Juan Pablo Gallego.
El contexto: operaciones, mentiras, y fakes más que pruebas concretas para llegar a lo único importante: Loan. El fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y los responsables de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex), María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, pidieron a la jueza Cristina Pozzer Penzo procesar con prisión preventiva a los siete detenidos por la causa principal en la que se investiga la desaparición de Loan. Existe una causa paralela por “obstrucción de la investigación”, en la que permanece detenida una persona apodada el “Americano”.
Las personas, las naranjas, y la desaparición
Loan fue con su papá a visitar a la abuela Catalina en el paraje rural Algarrobal a las afueras de 9 de Julio. Aquel jueves 13 de junio almorzó junto a su tía Laudelina Peña, la pareja Antonio Benítez y los tres hijos de ella: Macarena y dos menores. También con su prima política Camila Núñez, que fue con su nena; y con dos matrimonios más: Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi (pareja amiga de los tíos de Loan), y con María Victoria Caillava (funcionaria municipal y amiga de la abuela de Loan) junto a su marido Carlos Pérez (capitán de navío retirado de la Armada). Luego de la comida, Benítez, Caillava y Ramírez fueron junto a Loan y los otros nenes a juntar naranjas.
Y Loan desapareció.
El año pasado viajamos a 9 de Julio para intentar comprender lo que el nene de 5 años nos muestra sobre el presente y lo contamos en esta investigación publicada en la MU: https://lavaca.org/mu197/lo-que-loan-nos-hace-ver/
Las llamadas sospechosas
El fiscal de Goya y la Protex elevaron a la jueza un escrito de 86 páginas, en el que exhortan a que las tres parejas (Laudelina Peña-Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi-Daniel Ramírez y Victoria Caillava-Carlos Pérez) sean procesados por la sustracción y el ocultamiento del menor (figura que prevé de 5 a 15 años de prisión, según el artículo 146 del Código Penal).
A su vez, exigieron el procesamiento del entonces comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, por el delito de encubrimiento agravado (con pena de 1 a 6 años de cárcel, según el artículo 277 del Código Penal), por haber entorpecido la investigación y facilitado el encubrimiento de quienes desaparecieron a Loan.

El Estado como responsable: el reclamo de familiares y vecinos de Corrientes frente a un caso con inquietantes nexos con el poder, y sin respuesta sobre el destino de un chico de 5 años de edad.
El Ministerio Público Fiscal considera que tras el almuerzo se registraron dos llamadas “sumamente sospechosas”: una, cuando Ramírez llamó a su hermana y conversaron durante ocho minutos. Luego, una comunicación entre Benítez y Laudelina que se extendió más de nueve minutos. “El día de la desaparición se advierte un incremento en la actividad de cada uno de los imputados a partir de sus comunicaciones y desplazamientos, que no responden a la búsqueda”, y agregan: “Tras el llamado de Benítez a Laudelina comienzan dos etapas posteriores de ocultamiento y encubrimiento en la que toman parte los imputados presentes al momento de la desaparición, el comisario Maciel y otras personas involucradas por las que solicitamos su llamado a indagatoria”.
Este pedido a la jueza sobre “otras personas involucradas” apunta a Macarena Peña, prima de Loan e hija de Laudelina, y a Cristian Agustín Gutiérrez, conocido de Benítez. “Son varias las evidencias que permiten sostener un grado de sospecha en contra de ambos”, explicaron.
“El niño no se perdió”
En el documento, reflejan un punto clave en la investigación: “La camioneta de estos imputados (Caillava y Pérez) es el único vehículo que se retira del Paraje inmediatamente después de haber tomado conocimiento de la desaparición del niño. En sus vehículos -camioneta y auto- se verificó un rastro positivo del niño”. Caillava y Pérez fueron “los únicos que también abandonaron la localidad de 9 de Julio al día siguiente del hecho, con conocimiento de Maciel, ya a cargo de la investigación y la búsqueda”.
Por todo esto, tanto el fiscal como la Protex plantean su hipótesis: “Nos permite afirmar que el niño no se perdió como afirmaron las personas por las que aquí pedimos su procesamiento -que tampoco lo abandonaron-, y que se montó una escena para hacer creer que así había sucedido. En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal, nadie escuchó ni un grito, llanto o pedido de auxilio”.
La continuidad del caso
A la consulta sobre si el pedido de procesamiento fue tardío, el abogado Gallego responde: “No lo calificaría como tal. Nosotros veníamos preocupados por la falta de participación de los fiscales en la última etapa probatoria, en lo que hace a la recolección de pruebas, examen de testigos, audiencias y esto sí nos tenía altísimamente preocupados. Creemos que lo que tiene que ver con el pedido de procesamiento es oportuno, porque precisamente la prueba que hemos podido redondear en los últimos meses ha convalidado lo que ahora los fiscales analizan como contundente para sostener los siete procesamientos”.
¿Cuáles son los pasos a seguir? “La jueza va a analizar los pedidos de procesamiento y es probable que antes de fin de año se expida sobre estas cuestiones. Entiendo que con total claridad va a procesar a los siete y esto significaría llegar a un estadío procesal que va enfilando hacia un posible juicio oral, que por ahora iría con estas calificaciones: captación, sustracción, secuestro de un niño y encubrimiento por parte de Maciel”.
Agrega Juan Pablo Gallego: “Todavía quedan diligencias pendientes: testimoniales de diversas personas y careos; en el aspecto técnico, todavía falta cotejar parte de la información del entrecruzamiento de teléfonos entre los imputados; en cuanto a rastrillajes en septiembre se dispuso hacerlos en determinadas zonas donde en rigor se hizo mal, y esa es una área que incluye a cuatro lagunas. Esto se intentó hacer entre el 15 y el 17 de octubre, pero no se terminó por el mal clima y por la falta de recursos del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas): la ausencia de recursos técnicos y de los canes, necesarios para lo requerido por la jueza”.
Concluye el abogado: “La instrucción está prorrogada hasta el 19 de marzo, por lo que es posible que esas nuevas diligencias nos permitan tener otros detalles y complete el cuadro probatorio que ya tiene que ver con el desenlace: dónde está Loan y en qué estado. Mi aspiración es tener resuelto eso antes de la etapa de juicio oral. Queremos encontrar al niño como un elemento útil para terminar de configurar los delitos y para que la familia empiece a tener un poco de paz”.
La pregunta sigue vigente y sin respuesta: ¿dónde está Loan?

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