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Presos en comisarías: las tumbas del siglo 21 (videos)
No hay diputados que los visiten ni se tomen fotos con ellos. En Tucumán hay más presos en las comisarías (2.700) que en las ocho unidades carcelarias de la provincia (2.000). Ese número la coloca en el 2º puesto a nivel nacional con respecto al hacinamiento en comisarías. Las denuncias y videos de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura muestran por ejemplo 17 personas amontonadas en celdas de 3 x 4 en algunas comisarías, y otras en las que hay amontonadas 80 personas en tres calabozos. En un caso hay además 19 policías imputados por torturas masivas. En esas comisarías ninguna persona debería estar más de 24 horas, pero hay detenidos que están hace más de 4 o 5 años sin condena (salvo la de subsistir allí). Y a quienes tienen condena (que no deberían estar allí sino en las cárceles, en otras condiciones) no les permiten la libertad condicional y salidas transitorias que plantea la ley, agravando la superpoblación de presos.
Además, según datos oficiales, la “puerta giratoria” funciona al revés del lugar común. Promedio: cada día hay 6 personas detenidas, y solo una liberada, lo que implica un aumento exponencial del problema.
Todo esto podría ser parte de alguna serie de ficción carcelaria, pero es la realidad. Los datos son tan graves que interviene un comité contra las torturas: uno de sus integrantes, Fernando Korstanje, fue golpeado en la Comisaría 1º por la propia policía.
La situación del castigo convertida en un fin en sí mismo, un proceso de humillación y degradación personal contra lo que dicta la Constitución. La “infrazoología” para los detenidos. Los delincuentes exitosos premiados por los gobiernos, frente a los fracasados e ineficaces. La teoría de la cárcel como un mal negocio, y las opciones que podrían aliviar la situación.
Por Francisco Pandolfi
Esto no es ficción.
Esto es Tucumán.
En la Comisaría 1º de la capital, las mujeres viven en un pasillo de menos de un metro de ancho.
La Comisaría de Yerba Buena tiene una denuncia por torturas masivas en la que se imputó a 19 policías. Allí, por ejemplo, Ángel Rojas está condenado a 5 años y 3 meses, debería haber tenido salidas transitorias desde agosto de 2023 y gozado de la libertad condicional desde el 21 de junio de 2024. Está por cumplir cuatro años encerrado en una comisaría.
En la Comisaría 8ª de San Miguel de Tucumán están alojadas 17 personas en un calabozo de 3 metros por 2 metros (como se ve en el video). O sea, casi tres personas por metro cuadrado.
Esto no es ficción. Esto no es El Marginal. Esto es Tucumán.
Video en la Comisaría 8º.
Años hacinados
Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) existen estándares mínimos de habitabilidad, tanto para cárceles como para comisarías o lugares provisorios de detención. “En una comisaría debe haber 6 metros cuadrados para el primer preso, 4 metros cuadrados más para el segundo, 4 más para el tercero, y así sucesivamente por cada uno que se agregue para dormir”. En una cárcel, donde se realizan actividades extras, las dimensiones se amplían: “Se calculan 12 metros cuadrados por cada uno”.
Con estos cálculos, en la Comisaría 8ª donde hay 17 presos en una celda, debería haber uno solo. No es la única tortura. “En una comisaría no se puede estar más de 24 horas, pero hay presos que están hace más de cuatros años, todos hacinados, en total oscuridad”, afirma Fernando Korstanje, que aporta otro dato para graficar la situación que buscan prevenir: Tucumán es la única provincia del país que tiene más presos en las comisarías (2.700) que en las cárceles (2.000).
Imágenes obtenidas por la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura en la Comisaría 5ª.
“Las cárceles tienen un cupo, que cierran cuando no entran más presos; en cambio las comisarías no, siempre entra uno más”. Así lo plantea Fernando Korstanje, uno de los designados en la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Tiene 62 años, es pedagogo y docente en la Universidad Nacional de Tucumán. La Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura es un organismo público. “Un mecanismo que viene en cascada desde las Naciones Unidas a Tucumán y a otras provincias, a partir de un tratado que para Argentina tiene rango constitucional y es de cumplimiento obligatorio”. Se creó en 2012 pero se puso en funciones 10 años después. “Y no al 100%”, denuncia.
–¿Qué se hace con los informes?
–Se elevan al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, pero fuera de eso que es lo obligatorio, lo que se haga localmente es según el caso, la conveniencia, la oportunidad. Hay veces que se los ponemos, por ejemplo, en la mesa al director de la cárcel, para que eso mejore. Lo mismo con los jueces, lo mismo con los abogados defensores y también podemos hacer una denuncia penal sobre situaciones específicas. Pero no funciona. Por último el Comité Nacional informa al Subcomité de Prevención de la Tortura, que es un organismo también independiente pero internacional, que puede realizar inspecciones en el país, a las cárceles que les parezca.
Cuerpos hacinados en la Comisaría 8º.
Funcionarios invisibles
La comisión debería ser integrada por 9 personas. Seis que representan al Estado y tres a la sociedad civil (Silvia Rojkés, Andrés Romano y él). Fernando dice que los componentes de los poderes políticos son los únicos que cobran salarios y viáticos, como funcionarios provinciales, y también los únicos que no hacen nada: el secretario de Derechos Humanos Mario Racedo (“con quien tenemos diálogo pero no integra la comisión”); el Ministro Público de la Defensa Washington Navarro Dávila y el Ministro Público Fiscal Edmundo Jiménez.
Los otros tres son legisladores, dos por la mayoría, uno por la minoría: “En 2022 fueron designados pero nunca asumieron, nunca hablaron con nosotros ni nos respondieron mensajes. De hecho, ya vencieron sus mandatos”. Se trata de Raúl Ferrazzano, Maia Martínez (Unión por la Patria) y Raúl Pellegrini (UCR). Sintetiza Korstanje: “Solo funciona la parte de la sociedad civil, pero con una estructura presupuestaria de una debilidad inmensa”.
Peor que en un zoológico
Korstanje se presenta como “un militante contra la tortura”. Una de las formas a la que se enfrenta lleva el nombre de hacinamiento, al que describe como “infrahumano”. El fallecido criminólogo Elías Neuman agravaba más aun el concepto: “Él hablaba de infrazoología. Ningún juez aceptaría que sus mascotas vivan así, en las condiciones que viven estos seres humanos. Me preocupa que la tortura que se le está ejecutando a todos los presos del país no importe”.
Comisaría 5ª de Tucumán.
Según la Convención, se denomina “tortura” a todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.
Torturas, una al lado de la otra
Fernando enumera qué torturas ve, escucha, siente, en las comisarías tucumanas:
1– La salud: “Por supuesto que hay gente sarnosa, con todas las enfermedades que tenía, más todas las que se agarró detenida. En una convivencia con tantas personas es evidente que no hay ningún tratamiento que valga. Los mecanismos de salud hacen la pantomima que atienden a los presos uno por uno, cuando ellos bien saben que tienen que estar aislados. Predomina el criterio de la supuesta seguridad, pero no es seguridad; es castigo, liso y llano”.
2–La falta de asistencia jurídica es otro eslabón de esta cadena que aprisiona hasta asfixiar. Hay un camino recurrente: abogado privado previo al juicio (quien lo puede pagar) y abogado público tras la sentencia. “Los abogados privados pueden ser útiles mientras estás enfrentando un juicio, donde se juega la libertad, la expectativa es importante y la cobranza del defensor está garantizada. Si perdió el juicio, en general, el acompañamiento durante la condena no le interesa el abogado y en muchos casos tampoco se le puede seguir pagando, entonces aparece la mayoría de los defensores públicos que, como ganan lo mismo, les da igual si al preso lo torturan o no, si sale antes o si sale después. Tampoco atienden las llamadas de las personas privadas de la libertad ni conocen las comisarías; no los visitan en las audiencias, que las miran por zoom. Jueces, fiscales, defensores ya no van a verlos, no los huelen y esto no es algo despectivo: muchos presos huelen mal y es importante olerlos para saber con quién estás hablando, que el juez conozca la comisaría, que se le vea el cuerpo entero para descubrir cómo lo torturaron y le rompieron una pierna”.
3–Las condenas: “Su ejecución, por ley, determina que a la mitad de la condena podés empezar con salidas transitorias. La misma ley dice que a los dos tercios cumplidos tenés el beneficio de la libertad condicional, o sea, estar libre. Hay mucha gente que se queja por la ‘puerta giratoria’ y no es así. Si alguien tenía que cumplir 10 años, sale a los 7 porque la ley dice que no hay que tener a alguien en la cárcel y abrirle la puerta el último día, sino que sea progresivo, para que se vaya adaptando a la sociedad. Para este beneficio, la persona condenada debe haber hecho lo que se llama el tratamiento penitenciario: ir al psicólogo, participar de actividades educativas, trabajar, hacer deporte, tener visita de sus familiares y haber tenido buena conducta…”.
Fernando hace un silencio y su respiración se agita, como síntoma de un enojo que no disimula: “¿Qué buena conducta puede tener alguien en un pabellón totalmente hacinado. Los jueces le exigen al preso toda esa serie de actividades que son imposibles de cumplir en una comisaría. Como comisión pedimos que solo se contemple el requisito del paso del tiempo, lo cual es irrefutable”.
En 2015, dos fiscales presentaron un habeas corpus para denunciar que había 400 presos en comisarías. Hoy, la cantidad casi se septuplicó: 2.700. Dice Korstanje: “En ese momento ya era escandaloso, pero ahora, habiéndose multiplicado la cifra, el mismo Ministerio Público Fiscal se niega a las salidas transitorias porque aducen que deben pasar más tiempo en comisarías, que ellos mismos no conocen. Resulta fácil pedir mano dura sin haber entrado a un calabozo”.
Delincuentes exitosos vs fracasados
¿Por dónde se empieza a transformar la situación? “Desagotando las comisarías, aplicando activamente el calendario fijado por ley”.
Puede imaginarse que eso incentivaría los discursos sobre inseguridad. Replica Korstanje: “Seguridad no es equivalente a castigo. Lo que se está viendo en esas comisarías es castigo y es tortura, que no se expresan en seguridad para los ciudadanos”.
La descripción del tema: “Por empezar es una selección de algunos tipos de delitos, y de algunos tipos de miembros de la sociedad. Es doblemente selectivo el sistema de persecución del crimen. Persigue algunos criminales y a otros no, por algunos delitos y otros no”.
¿Por ejemplo? “Lavado de activos en vez de ser perseguido por la Justicia, por la policía, es cada tanto premiado con una ley de amnistía, de blanqueo, y es aplaudido porque traen al país fondos ilegales que nunca declararon y no sabemos de dónde salieron. Ese delito y todos los delitos de cuello blanco no son perseguidos y tampoco son perseguidos ciertos estratos de la sociedad, sino los más vulnerables, los más débiles. Los delincuentes fracasados, los ineficaces, son los atrapados. Entonces no es seguridad. Yo le propondría a la sociedad que en vez de cargar con la culpa de tolerar esta situaciones –que la tendríamos que tener todos– hagamos algo para prevenir”.
El ejemplo argentino
Sin romanticismo, agrega: “No romantizo que aquel que comete delitos es por necesidad y no tuvo oportunidades y es un pobre tipo que está obligado a cometer un delito. Eso no es verdad, pero tampoco es verdad lo contrario. Hay una cosa desde el nacimiento: educación, salud, trabajo, afecto, amor contención familiar, oportunidades, que tienen que ver con quién es quién en la sociedad. Entonces me preocuparía por tratar de equilibrar eso en vez de empujar a gente a querer tener lo que otros tienen. El sistema capitalista está pensado así para que cada uno quiera aspirar a tener. Hasta los trámites para el certificado de incidencia que necesitan los presos para salir de la comisaría se hace por Internet, con un celular, con una computadora, que muchos familiares no tienen”.
“Y en términos más políticos históricos situados en la Argentina diría que somos un ejemplo mundial que hemos juzgado los peores crímenes de lesa humanidad con la ley en la mano, sin torturar ni fusilar a nadie, garantizándole abogados del Estado a quienes hemos juzgado dando un ejemplo de legalidad y de ejercicio ciudadano democrático. ¿Cómo entonces vamos a torturar al que robó un celular? Si le hemos garantizado el debido proceso, las condiciones de alojamiento, de alimentación, de salud a los peores y somos un orgullo por eso internacionalmente hablando, ¿cómo vamos a dejar que ese orgullo se ensucie porque tenemos a los rateritos de ropa de la soga hacinados en comisarías y torturados?”.
6 presos diarios x 1 que sale
¿Por dónde se sigue? “Ante esta situación que estamos viviendo en Tucumán el Poder Judicial no dice nada, y el Poder Ejecutivo sólo informa que va a construir una cárcel. Pero esa no es la única solución: hay un abuso de la prisión en desmedro de otros recursos que tienen los jueces como las prisiones domiciliarias y condicionales, las probation, etcétera. La cárcel no es el único remedio, entre comillas, que puede aplicar un juez. Que no haya cárcel no es sinónimo de impunidad”.
Para comprenderlo mejor trae un ejemplo con una seguidilla de preguntas: “¿Si está preso en su casa pasa una gran vida? ¿No vivimos en la pandemia sufriendo que no podíamos salir? ¿O vivimos algo lindo confinados en nuestras casas?”.
En Tucumán, por día, ingresan seis personas a prisión y sale una, según los datos que surgen de las propias fuerzas policiales. Con matemáticas de primer grado se entiende que hay cinco presos más por día. “Ni esta provincia ni cualquier otra está en condiciones de construir lugares para albergar a tanta gente”, deduce.
El mal negocio de la cárcel
Korstanje está parado sobre la calle Idelfonso de las Muñecas (en memoria de un tucumano, sacerdote y guerrillero que libró batalla en la Independencia del Alto Perú) a la altura 1658, en el centro de San Miguel de Tucumán. Cuando habla con lavaca permanece en la puerta de la comisaría 5ª, de donde acaba de salir.
“Las cárceles y las comisarías no son una vía muerta, no son un lugar donde la gente no vuelve más. Y eso pasa porque los presos regresan a la sociedad en condiciones mucho peores, peorísimas”, es su neologismo.
“Entonces, al que pide únicamente castigar, castigar, castigar y cárcel, cárcel, cárcel para lograr justicia, hay que enseñarle que es un muy mal negocio. ¿Quién le va a dar trabajo a alguien que estuvo preso de esa manera? Los presos no pueden usar celulares, ¿y quién le va a dar trabajo a alguien que sale de la cárcel después de 15 años y no sabe usar un celular?”.
–¿Qué vio en la Comisaría 5º?
–Nadie tendría que estar más de 24 horas allí, pero encontré gente que está hace casi cuatro años encerrada sin ver una luz. Literalmente. Quise sacar fotos y no se ve nada. Hay videos que son impresionantes en cuanto al hacinamiento, pero siempre hay uno más impresionante que el anterior. Si hay algo de lo que estoy seguro es de que nadie se merece las penas que están cumpliendo, porque son ilícitas, son torturas. No figura en ninguna parte del Código Penal que te van a matar de hambre, de frío, que te van a desnudar y ponerte de rodillas o tirar en una habitación con muchísimas personas. Si eso no es una tortura, ¿qué es?
–¿Qué significan muchísimas personas?
–Hay 80 personas en tres calabozos. El más grande mide 3.5 x 4. Los otros dos, la mitad. O sea, el piso del calabozo son los colchones, no se ve otra cosa en la base. Debajo de los colchones, están las tapas de las cloacas. Una de las celdas está al aire libre, porque antes era parte del patio. Como techo le colgaron un plástico, así que cuando llueve se quedan ahí, mojándose, o se van a los otros dos calabozos.
¿Salen de sus celdas en algún momento? “Nunca. La más grande, que está en el fondo, no tiene absolutamente nada de luz y directamente es un pasillo. Hay pérdida de agua permanente y tienen un solo baño con letrina. La ducha está afuera. Tienen agua fría y caliente”.
Korstanje filmó un video desde adentro, a oscuras. Se ve poco, pero la voz de un detenido se escucha bien nítida: “Nos marginaron totalmente a los internos, quitándonos todo. Y acá estamos, sin derecho a hacer ningún reclamo”.
Video en la Comisaría 5º de Tucumán.
Policías en acción
Último dato: el propio Korstanje fue agredido en la Comisaría 1º de Tucumán, al querer cumplir su deber de inspeccionarla. El jefe de la Comisaría Esteban Molina se lo impidió, planteando que necesitaba una orden. Falso: Korstanje le leyó la norma legal que lo habilita a inspeccionar sin las supuestas “autorizaciones superiores”. Molina siguió negando, y Korstanje se quedó en el hall de la Comisaría. Al rato apareció otro policía sin identificación diciéndole que se fuera. Korstanje le pidió que se identificara. Como el uniformado se negó, le tomó una foto con su celular.
El policía que golpeó a Fernando Korstanje, integrante de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Una vez tomada esta foto se produjo la agresión.
La respuesta fue un puñetazo en la cara, y la amenaza de seguir golpeándolo y la de “meterle el celular en el culo”. La denuncia de Korstanje contra el agresor no identificado (pero fotografiado) y contra el jefe de la Comisaría quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos del Centro Judicial Capital.
El titular de la Comisaría donde se produjo el ataque, Esteban Molina, que negó a la Comisión la posibilidad de inspeccionar el lugar para lo cual está facultada por ley.
Se pregunta Fernando: «El problema es que si le hacen eso a un comisionado que tiene funciones otorgadas por la ley para poder inspeccionar, ¿qué no ocurrirá con el pobre preso que está detenido allá adentro?”.
Fernando Korstanje corta la llamada con lavaca, arranca el auto y va a visitar a otra comisaría.
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Mendoza en caravana hacia la capital provincial contra el proyecto minero San Jorge
Este lunes miles de personas salieron a las rutas mendocinas a pie, a caballo y en toda clase de vehículos. Un “caravanazo” para llegar a la capital provincial este martes manifestándose contra la posible votación en el Senado del informe ambiental que daría piedra libre a un emprendimiento megaminero rechazado desde hace años. Se manifestó en contra el CONICET (en un documento luego censurado) y hay llamamientos de iglesias católicas y evangélicas, comunidades y pueblos originarios para evitar este avance. Detalles de la marcha y lo que está ocurriendo.
Por Francisco Pandolfi
Fotos: Archivo por el Agua de Mendoza
El pueblo de Mendoza empezó este lunes la “Nueva gesta libertadora por el agua”. Una caminata que partió a las 8 desde la localidad de Uspallata, al norte de la provincia y llegará este martes alrededor de las 10 de la mañana a la puerta de la Legislatura en Mendoza Capital, donde la Cámara de Senadores votará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge. De aprobarse, según se presume que ocurrirá, autorizará un proyecto rechazado desde 2007 que no cuenta con la llamada “licencia social” por parte de las comunidades y cuyos estudios de impacto ambiental ya fueron rechazados.
El mapa del caravanazo.
A pie, a caballo, en autos y toda clase de vehículos la provincia salió a las rutas y calles. Lo que está en juego es una explotación de la minería metalífera a gran escala, de oro y cobre, que atraviesa la cuenca del Río Mendoza y abastece a una población de 1,5 millones de habitantes, a más de 9.000 industrias y riega 250 mil hectáreas de cultivos.
La marcha hacia la capital
La marcha va bajando de norte a sur, pasó por Rocas Amarillas a las 13, Curva de Guido a las 15.30, Puente Anderson este atardecer para llegar cerca de las 21 a Potrerillos, a Cacheuta a la medianoche, a Luján de Cuyo al amanecer del martes hasta plantarse en la puerta de la Legislatura para exigir lo que le dicen a lavaca desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata: “Demandamos a los poderes del Estado provincial el rechazo de la DIA y el archivo definitivo del expediente”.
La movilización en ruta hacia la capital mendocina.
Cuando hablan del archivo definitivo del expediente es porque la historia no es nueva y ya tuvo varios capítulos.
El gobierno mendocino junto a la empresa multinacional Solway Holding insiste en imponer el Proyecto San Jorge desde hace 18 años. En 2011 la Legislatura ya rechazó por unanimidad un estudio de impacto ambiental similar al que se votará en pocas horas; en 2019 se generó una movilización histórica contra la derogación de la Ley 7722 de defensa del agua, que obligó a que la Legislatura repusiera esa norma; y ahora, en 2025, el gobernador Alfredo Cornejo –con la venia del gobierno nacional– profundizó la avanzada con el Poder Legislativo a su favor. El miércoles 26 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la DIA, junto a otros tres proyectos pro mineros y todo parece allanado para que se repita el mismo resultado.
Los llamados de las religiones
En la antesala de la votación en Diputados, el Conicet Mendoza se había expedido en contra de la megaminería por identificarse “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. Sin embargo, el documento fue censurado un día después (https://lavaca.org/actualidad/mendoza-el-consenso-de-la-rosca-y-la-inmediata-movilizacion-contra-el-proyecto-san-jorge/).
Esta vez, a horas de la votación en el Senado hubo una seguidilla de pronunciamientos desde comunidades indígenas, organizaciones sociales, académicas y hasta eclesiásticas a favor del cuidado del agua y el ambiente. Se construyó un frente ecuménico, conformado por iglesias católicas, protestantes, evangélicas y ortodoxas, para decir no a la megaminería. “El agua que abastece al 75% de la población de la provincia está en grave riesgo con la vida y la producción de Mendoza”, expresó la Red del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y la Red de Fe por la Justicia Climática en una carta dirigida a los senadores, que denuncia “cuestionados procesos de evaluación ambiental, de participación ciudadana y de respeto por las leyes vigentes”.
El paisaje natural y el paisaje humano.
Se realizó también una Mesa de Diálogo integrada por laPastoral Social de Mendoza, la Comunidad Huarpe Guaytamari, asambleas vecinales y organizaciones civiles, que publicó el documento “Por el Bien Común del Pueblo Mendocino”, que cuestiona la declaración ambiental: “Una DIA condicionada, con vacíos y vicios, elementos mal consignados, observaciones no contestadas y promesas a futuro, es ilegal e ilegítima”. Rechazan allí la violación del Principio Precautorio y de Equidad Intergeneracional, y denuncian que se ignoraron informes de instituciones como CONICET, UNCUYO y el Departamento General de Irrigación. Además, se señala la persecución de voces críticas y la judicialización de la protesta social a través de detenciones arbitrarias por las que intervino el arzobispo mendocino.
Tras el clásico “el agua vale más que el oro” La Mesa de Diálogo propone un horizonte alternativo: la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, como símbolo de un modelo de desarrollo basado en el cuidado de la casa común.
Tortitas y traiciones
Desde las rutas mendocinas, le cuentan a lavaca sobre cosas que los impactaron en esta marcha: las cerezas que donó una señora, las tortitas (los criollos en otras partes del país) que amasó otra; los carteles que se escriben, la gente que se va sumando en cada pueblo y ciudad, las canciones que se inventan, el agua que alcanzan desde las casas. Existe un carácter movimentista, cada uno hace y da lo que puede, durante todo el recorrido.
Nora Moyano integra la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza y sus 74 años la impulsan a seguir caminando. “Esta verdadera peregrinación es para salvar el bien más preciado que tenemos: el agua. Nos quieren destruir también los glaciares que es donde se origina el agua que bebemos, con la que cultivamos. Además, destrozarán la cordillera de los Andes a través de una sopa química”.
El saldo según Nora: “¿Qué nos queda? Basura tóxica a perpetuidad. Esto ya lo intentaron varias veces. En 2019 en trece días logramos revertir la ley cianuro que buscaba lo mismo que ahora, y ese es el ejemplo más reciente que hoy nos inspira a caminar desde Uspallata, San Carlos, San Rafael, Malargüe, desde cada lugar de la provincia. Es un hecho histórico. Los diputados ya nos traicionaron y esperamos que no hagan lo mismo los senadores. Somos muchísimos exigiendo que no avance y se archive para siempre esta locura”.
Otra histórica movilización mendocina.
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Marcha de jubilados: el papelón vs. la solidaridad
La calle volvió a dar una respuesta de movilización, encuentro y solidaridad frente a un Congreso en el que Milei –presidente del país– se dedicó a dirigir el griterío de sus barras contra opositores. Y un radical (si es que tal identidad existe) que cobra millonadas como diputado, se dedicó a balbuceos acaso onanistas con respecto a las diputadas, defendiéndose luego con una teoría delirante. La presencia en la plaza de Fabián, el padre de Pablo Grillo, el fotógrafo agredido por las fuerzas de seguridad del oficialismo. La idea sobre lo que hay que organizar. Una marcha de la Gorra que denuncia la violencia institucional, historias sobre cómo recuperar el humor y la ironía, un “Rappi” que cuenta su día y la teoría sobre Luis Caputo en plan verdulero.
Por Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
La Cámara de Diputados se renovó con la presencia en el recinto del presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, festejando a viva voz que el resultado de las últimas elecciones, más el movimiento de algunos diputados que se autoperciben peronistas, transforman a La Libertad Avanza en la primera minoría, lo que le facilitaría el tratamiento de las reformas que el gobierno quiere imponer, como la laboral. Todo esto con barras comandadas por Milei hostigando con cantitos a los opositores.
Imagen de la 9º Marcha de la Gorra en Congreso, acompañando a los jubilados, contra la violencia institucional y policial. Fotos Juan Valeiro /lavaca.org
La transmisión osciló entre esas imágenes y otras perlitas, como el micrófono abierto de un diputado por donde se escabulleron ciertos comentarios desagradables respecto de la apariencia de algunas diputadas. Sus pares señalaron al radical chaqueño Gerardo Cipolini como el responsable, aunque se defendió con un argumento tan extraño como esa Cámara, en la frontera del delirio: “La tecnología ha avanzado a límites irreconocibles. Tal vez uno sale diciendo cosas que no ha dicho”.
Pablo: la recuperación del humor
El devenir de ese palacio, entre cantos, saludos y gestos que acaparan la atención de los portales supuestamente periodísticos sigue diferenciándose mucho de la calle que todos los miércoles separa la valla que cruza de punta a punta la plaza.
“El Congreso vallado a espaldas del pueblo es más que una metáfora”, define a la perfección Fabián Grillo, papá de Pablo, el fotógrafo herido en su cabeza por una granada de gas lacrimógeno el 12 de marzo, brutal ataque que lo mantiene internado desde entonces, y del cual sigue recuperándose.
Fotos Juan Valeiro /lavaca.org
El domingo Pablo cumplió 36 años, y por eso jubilados y jubiladas se acercan a Fabián a saludarlo saludarlo y preguntarle cómo está Pablo.
“Está bien, está mejorando, y lo volvieron a trasladar del Hospital Ramos Mejía al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca. También habla, discute y putea”. Para Fabián esos son grandes indicadores de mejora de su hijo.
Además, está manejando humor e ironía. Cuenta que un médico cubano, tras una charla de ocasión, le dijo: “Amigo, entre bomberos no nos pisamos la manguera”. Y Pablo le respondió: “Yo no soy bombero”.
Fabián se ríe. En minutos tiene que irse a una muestra fotográfica en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, frente a la plaza de Congreso, pero antes lo invitan a la asamblea de la Mesa Coordinadora de Jubilados. “Soy el papá de Pablo, pero no quiero hablar en nombre de él, porque Pablo habla y habla bien”, dice, lo que despierta emociones y aplausos. Fabián cuenta que a partir de octubre es un jubilado más y por eso viene también a marchar: “Esto es lo que nos va a levantar. Es por lo cual le pegaron a Pablo, porque él iba a mostrar la lucha de los jubilados unida con las hinchadas y los gremios. Esa imagen no podía pasar: ¿cómo puede ser que haya solidaridad?”.
Pero la hay, dice Fabián: “Acá estamos”.
La hincha que trabaja para el barrio
Gabriela, hincha y vecina de Dock Sud (y la imagen que encabeza esta nota), es una de las tantas que organiza esa solidaridad. Sobre una mesa tiene desplegados paquetes de fideos, arroz, polenta, azúcar, salsas, botellas de aceite, latas de arvejas, bolsas con cebollas. Con otros cómplices junta donaciones para que jubilados, personas en situación de calle, o con alguna discapacidad –hoy es el Día Internacional que los conmemora– se lleven después de la marcha. “Es para hacer algo, porque en el barrio está todo complicado. Tengo tres hijos, soy mamá soltera, y sé lo complicado que es, así que imaginate para un jubilado de la mínima. Incluso en el barrio se ve que alguno se quiere hacer el vivo subiendo los precios en la verdulería, por lo que un vieji se tiene que caminar diez cuadras para conseguir precio. Es horrible lo que está pasando, porque de repente Caputo es el verdulero”.
Fotos Juan Valeiro /lavaca.org
Gabriela se interrumpe porque llega un chico con la mochila de Rappi, en su bici, a dejar donaciones. “¿Ves? Por esto lo hacemos, esto es la solidaridad”, dice Gabi, emocionada.
¿Cuánto hay que pedalear?
El trabajador de Rappi se llama Gastón, tiene 31 años y vive en Isidro Casanova, partido de La Matanza. Su vida laboral es una síntesis de este momento. Trabaja en una empresa logística, pero solo cuando lo llaman: para eso tiene que estar atento a las notificaciones que le llegan al celular. “Es cuando abren la convocatoria”, dice. Y después agrega la descripción de buena parte del presente: “Son las formas en las que hoy se está precarizando el trabajo”.
Testimonio arriba de la bicicleta sobre la situación laboral: el pedaleo infinito. Fotos Juan Valeiro /lavaca.org
Por eso en los días libres se pone el casco, se sube a la bici y pedalea como Rappi, desde las dos de la tarde hasta las doce de la noche.
–¿Cuánto llegás a hacer por día?
–Treinta lucas.
Hace una mueca al ser consultado sobre el prejuicio de que muchos trabajadores de Rappi son afines al gobierno. “Muchos trabajadores de muchos rubros lo votaron, pero sí, hoy prima un individualismo muy fuerte”, define. La reforma laboral le parece “horrible”, pero reconoce que su generación es parte de una época que no conoció casi ninguno de los derechos que la Ley de Contrato del Trabajo consagra: “Es cierto. Y ese es el problema”.
Fotos Juan Valeiro /lavaca.org
Fotos Juan Valeiro /lavaca.org
Delante de sus ojos avanza la movilización de jubiladas y jubilados, hoy acompañada por la novena Marcha de la Gorra, cara a cara con la policía, pero sin incidentes, salvo por los picos de calor que descompensan a algunas personas. “Siempre que puedo, vengo a acompañar a los jubilados”, se despide Gastón, en un pedaleo que seguirá hasta la medianoche.
Tal vez haya que dejar de mirar lo horrible, de prestarle atención y darle importancia –como todo lo que ocurrió dentro del Congreso. Y convenga pensar la organización de la solidaridad de la que hablan Fabián, Gabriela y Gastón, como una de las tantas claves para pensar esta época y lo que se viene.
Fotos Juan Valeiro /lavaca.org
Fotos Juan Valeiro /lavaca.org
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Mendoza: el consenso de la rosca y la inmediata movilización contra el proyecto minero San Jorge
La Cámara de Diputados mendocina aprobó por 32 a 13 la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de cobre San Jorge, declaración que había sido impugnada por el CONICET y por las asambleas provinciales. Hubo un “consenso” contrario a las comunidades y a los pueblos originarios, poco transparente y hecho de la materia del lobby, en el cual el oficialismo provincial, el radicalismo, el PRO y la sinuosa actitud peronista coincidieron casualmente con las corporaciones, el oficialismo nacional y la prédica de medios beneficiados con el avance minero. (Dato: por esas cosas es que en Mendoza se hablaba de la “casta política” muchos años antes que el concepto fuera plagiado según es público y notorio). Curiosidad: lo votado en Mendoza implica menos regalías aún que las que otorgaba a la provincia el RIGI que ya era en sí un punto de remate de bienes que las grandes empresas valoran tanto, pero por los que no pagan.
Tras la votación, la gente que estaba en la calle inmediatamente resolvió marchar a la Casa de Gobierno, y seguir en estado de alerta hasta que el proyecto sea tratado en el Senado. La censura en el CONICET y lo que pasó durante la votación.
Por Francisco Pandolfi
Son las 18 horas, 34 minutos, 20 segundos. En la Cámara de Diputados de Mendoza se acaba de debatir de forma expeditiva y de votarse el cuarto y último expediente minero del día: la Declaración de Impacto Ambiental al proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Se aprueba por 32 a 13. Las 4 iniciativas mineras ahora pasan al Senado, donde se presume que a principios de diciembre también se votarán a favor.
La multitud, afuera, se entera, explota de indignación y canta ante una hilera numerosa de policías clavados en la puerta de la Legislatura mendocina:
“La cordillera, que linda está,
y si la tocan
qué quilombo se va a armar”.
De aprobarse en el Senado la Declaración de Impacto Ambiental, le permitirá a la Minera San Jorge S.A (perteneciente a la multinacional Solway Holding) llevar a cabo la explotación minera metalífera en Uspallata y conformarse como el primer proyecto de explotación de cobre en el país, en una zona que atraviesa la cuenca del río Mendoza, la cual abastece a una población de 1,5 millones de habitantes, a más de 9.000 industrias y riega 250 mil hectáreas de cultivos. Hoy la Cámara de Diputados votó a favor pese a la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, como un modo de proteger el ambiente, el agua y la salud, tanto de las personas como de los territorios.
Expo fotográfica en la plaza: diputados y diputadas que votan en favor del extractivismo.
En 2011 la Legislatura había rechazado por unanimidad un estudio de impacto ambiental similar al votado hoy. Mientras que en 2019, luego de derogar la Ley 7722 de defensa del agua, una movilización histórica obligó a la Legislatura a restablecer la norma unos días después.
Con la votación consumada en Diputados, en la puerta de la Legislatura se armó una asamblea multitudinaria donde las distintas asambleas y vecinos autoconvocadxs empezaron a plantearse los pasos a seguir. No para mañana, sino para ya: el consenso fue marchar, desde ese mismo momento, a la Casa de Gobierno. Así empezaron a caminar y a cantar, cuadras enteras, en un grito unificado: “No se negocia, el agua de Mendoza” en un loop colectivo.
Al finalizar, Eugenia Segura de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata le señala a lavaca la hoja de ruta: “Alerta y movilización permanente hasta el próximo paso, que es el Senado”.
Valle de Uco, junto a la ruta. Atardecer, mensaje, y el comienzo de una nueva movilización contra la megaminería.
La censura en el CONICIET
En la noche del martes 24 de noviembre, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Mendoza emitió un comunicado institucional sobre el proyecto megaminero San Jorge, horas antes de que este mediodía se empezara a tratar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) –finalmente aprobada (como se preveía) por la Cámara de Diputados–.
Este era el link con el documento publicado en su web oficial https://mendoza.conicet.gov.ar/comunicado-institucional-del-conicet-mendoza-sobre-el-proyecto-san-jorge-cobre-mendocino. Sin embargo, al hacer click no te lleva a ningún comunicado, porque la posición del CONICET Mendoza hoy cambió, repentina y sospechosamente.
La postura (inicial) del Conicet la reproducimos este mismo miércoles en lavaca:
Algunos extractos: “En los últimos días observamos que avanza el trámite administrativo para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental, sin que la empresa haya respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados. Muchas de esas objeciones constituyen requerimientos y exigencias importantes consideradas prioritarias para la habilitación de un proyecto como PSJ Cobre Mendocino”.
Otro tramo: “Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”.
El horizonte de montañas en las que nace el agua: lo que buscan seguir protegiendo las comunidades mendocinas.
Y además: “Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, se considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo. Sólo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia”.
Sin embargo, ese posicionamiento viró a otro publicado este mediodía https://mendoza.conicet.gov.ar/comunicado-de-la-direccion-y-el-consejo-directivo-del-conicet-mendoza/
En este caso el CONICET Mendoza no denuncia “importantes deficiencias”, ni “objeciones sin responder”, ni “vacíos de información” en la Declaración de Impacto Ambiental. Ahora, lo que dice es que “El CONICET Mendoza no está en contra de ninguna actividad productiva que contribuya al desarrollo de la región”.
Eugenia Segura, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, le dice a lavaca desde la puerta de la Legislatura mendocina: “Esta es la línea divisoria de aguas entre la ciencia digna al servicio de los pueblos y la mercenaria, si se le puede llamar ciencia todavía. Mejor dicho, los profesionales al servicio de las corporaciones, sin importar las consecuencias éticas ni legales de sus actos y omisiones”. Desde lavaca nos comunicamos con el CONICET Mendoza para consultar qué había pasado o qué había cambiado, pero el telefonista de guardia que atendió explicó que nadie del CONICET podía atender.
La Asamblea de Trabajadorxs del CONICET, este miércoles por la tarde difundió un texto en redes sociales:
- “Queremos expresar nuestra máxima preocupación por la baja de un comunicado institucional sobre el #ProyectoSanJorge. Este escrito fue producto de un trabajo de investigación riguroso realizado por investigadorxs de nuestra institución. Sin explicaciones, el mismo fue removido de la web oficial del organismo horas después de su publicación. Decidimos poner en circulación su contenido nuevamente y llamar a la comunidad a defender la ciencia pública, soberana y digna que llevamos adelante desde Conicet”.
El gallinero y el consenso
Todo había comenzado a las 9.30 de la mañana, hora a la que las asambleas mendocinas por el agua convocaron a las puertas de la Legislatura donde la Cámara de Diputados, a partir del mediodía, debatió y terminó aprobando la media sanción al paquete de 4 proyectos mineros que el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) envió al poder legislativo el miércoles 29 de octubre, tres días después de ganar las elecciones de medio término.
Pese a ser un día laboral, la convocatoria en contra de la megaminería fue multitudinaria y creció a medida que avanzó el día sobre la Plaza Independencia, frente al Palacio Legislativo. De fondo, las montañas, como símbolo de lo que se busca que no sea arrasado. El paisaje también fue de aplausos, cacerolazos, bombos, redoblantes y cientos de carteles. Algunos más directos, exigían el “no a la megaminería”.
Otros más simples: “El agua es del pueblo”.
Los poéticos: “Somos gotas de un mismo río”, ese río llamado Mendoza y que está en juego si se aprueba el proyecto San Jorge, en la localidad de Uspallata. En una de las vallas lindantes para que las y los honorables diputados no se mezclen con la gente, alguien colgó una cartulina blanca: “Gallinero cerrado por falta de huevos”.
Nadie ve en directo lo que pasa. Ni el pueblo movilizado en las afueras ni quien quisiera seguir la votación en algún otro lado del mundo.
Lo que pasa en Diputados no se transmite. Se oculta.
Mientras la gente sigue de pie en la calle, cantando, gritando, bailando, refugiándose bajo sombrillas o en las sombras que dan las abundantes copas de los árboles.
Desde adentro del recinto iban confirmándose, una por una, las previsibles malas noticias.
Primero se debatió de forma expeditiva y se votó el Fondo de Compensación Ambiental, apuntado a conformar un fondo para afrontar catástrofes ambientales que produzcan las empresas y las revierta el Estado. Se aprueba: 39 (UCR, libertarios y peronistas unidos) a 6.
Segundo tema: se debate de forma expeditiva y se vota el proyecto de ley de regalías mineras, que estipula que una empresa puede pagar como máximo el 3% (igual que la vigente ley nacional), renunciando al límite del 5% que fijaba el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Se aprueba: 39 (UCR, libertarios y peronistas unidos) a 6.
La gente, afuera, canta: “No se vende, el agua no se vende”.
Tercero, se debate de forma expeditiva y se vota el expediente Distrito Minero Occidental II, que abarca 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe. Se aprueba: 39 (UCR, libertarios y peronistas unidos) a 6.
En las calles se repudia megáfono en mano esa escena de negociados con rostro de “consenso”: “Se acaba de aprobar totalmente fuera de toda legalidad. La Ley 7722 establece que por cada proyecto minero de exploración tiene que entrar a la Legislatura una declaración de impacto ambiental. Y acaban de aprobar 27 proyectos con una sola declaración de impacto ambiental”.
Lo que sigue es un repudio generalizado. El grito de “ladrones” fue de lo más elegante y suave que se destinó a semejante aberración legislativa.
Por último, se debatió de forma expeditiva y se votó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Se aprueba con 32 votos (en la imagen figuran 31 por error) a 13 (los siete votos negativos los sumó el peronismo que en la aprobación del dictamen se habían abstenido).
La multitud, afuera, explotó otra vez de indignación. Se cantó: “La cordillera, que linda está, y si la tocan qué quilombo se va a armar”. Allí comenzó la asamblea, y los primeros signos de la hoja de ruta a seguir, que empezó con una inmediaa movilización.
Esta historia continúa.
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