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Presos en comisarías: las tumbas del siglo 21 (videos)

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No hay diputados que los visiten ni se tomen fotos con ellos. En Tucumán hay más presos en las comisarías (2.700) que en las ocho unidades carcelarias de la provincia (2.000). Ese número la coloca en el 2º puesto a nivel nacional con respecto al hacinamiento en comisarías. Las denuncias y videos de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura muestran por ejemplo 17 personas amontonadas en celdas de 3 x 4 en algunas comisarías, y otras en las que hay amontonadas 80 personas en tres calabozos. En un caso hay además 19 policías imputados por torturas masivas. En esas comisarías ninguna persona debería estar más de 24 horas, pero hay detenidos que están hace más de 4 o 5 años sin condena (salvo la de subsistir allí). Y a quienes tienen condena (que no deberían estar allí sino en las cárceles, en otras condiciones) no les permiten la libertad condicional y salidas transitorias que plantea la ley, agravando la superpoblación de presos.  

Además, según datos oficiales, la “puerta giratoria” funciona al revés del lugar común. Promedio: cada día hay 6 personas detenidas, y solo una liberada, lo que implica un aumento exponencial del problema.

Todo esto podría ser parte de alguna serie de ficción carcelaria, pero es la realidad. Los datos son tan graves que interviene un comité contra las torturas: uno de sus integrantes, Fernando Korstanje, fue golpeado en la Comisaría 1º por la propia policía.

La situación del castigo convertida en un fin en sí mismo, un proceso de humillación y degradación personal contra lo que dicta la Constitución. La “infrazoología” para los detenidos. Los delincuentes exitosos premiados por los gobiernos, frente a los fracasados e ineficaces. La teoría de la cárcel como un mal negocio, y las opciones que podrían aliviar la situación.

Por Francisco Pandolfi

Esto no es ficción.

Esto es Tucumán.

En la Comisaría 1º de la capital, las mujeres viven en un pasillo de menos de un metro de ancho.

La Comisaría de Yerba Buena tiene una denuncia por torturas masivas en la que se imputó a 19 policías. Allí, por ejemplo, Ángel Rojas está condenado a 5 años y 3 meses, debería haber tenido salidas transitorias desde agosto de 2023 y gozado de la libertad condicional desde el 21 de junio de 2024. Está por cumplir cuatro años encerrado en una comisaría.

En la Comisaría 8ª de San Miguel de Tucumán están alojadas 17 personas en un calabozo de 3 metros por 2 metros (como se ve en el video). O sea, casi tres personas por metro cuadrado.

Esto no es ficción. Esto no es El Marginal. Esto es Tucumán.

Video en la Comisaría 8º.

Años hacinados

Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) existen estándares mínimos de habitabilidad, tanto para cárceles como para comisarías o lugares provisorios de detención. “En una comisaría debe haber 6 metros cuadrados para el primer preso, 4 metros cuadrados más para el segundo, 4 más para el tercero, y así sucesivamente por cada uno que se agregue para dormir”. En una cárcel, donde se realizan actividades extras, las dimensiones se amplían: “Se calculan 12 metros cuadrados por cada uno”.

Con estos cálculos, en la Comisaría 8ª donde hay 17 presos en una celda, debería haber uno solo. No es la única tortura. “En una comisaría no se puede estar más de 24 horas, pero hay presos que están hace más de cuatros años, todos hacinados, en total oscuridad”, afirma Fernando Korstanje, que aporta otro dato para graficar la situación que buscan prevenir: Tucumán es la única provincia del país que tiene más presos en las comisarías (2.700) que en las cárceles (2.000).

Presos en comisarías: las tumbas del siglo 21 (videos)

Imágenes obtenidas por la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura en la Comisaría 5ª.

“Las cárceles tienen un cupo, que cierran cuando no entran más presos; en cambio las comisarías no, siempre entra uno más”. Así lo plantea Fernando Korstanje, uno de los designados en la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Tiene 62 años, es pedagogo y docente en la Universidad Nacional de Tucumán. La Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura es un organismo público. “Un mecanismo que viene en cascada desde las Naciones Unidas a Tucumán y a otras provincias, a partir de un tratado que para Argentina tiene rango constitucional y es de cumplimiento obligatorio”. Se creó en 2012 pero se puso en funciones 10 años después. “Y no al 100%”, denuncia.

–¿Qué se hace con los informes?

–Se elevan al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, pero fuera de eso que es lo obligatorio, lo que se haga localmente es según el caso, la conveniencia, la oportunidad. Hay veces que se los ponemos, por ejemplo, en la mesa al director de la cárcel, para que eso mejore. Lo mismo con los jueces, lo mismo con los abogados defensores y también podemos hacer una denuncia penal sobre situaciones específicas. Pero no funciona. Por último el Comité Nacional informa al Subcomité de Prevención de la Tortura, que es un organismo también independiente pero internacional, que puede realizar inspecciones en el país, a las cárceles que les parezca.

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Cuerpos hacinados en la Comisaría 8º.

Funcionarios invisibles

La comisión debería ser integrada por 9 personas. Seis que representan al Estado y tres a la sociedad civil (Silvia Rojkés, Andrés Romano y él). Fernando dice que los componentes de los poderes políticos son los únicos que cobran salarios y viáticos, como funcionarios provinciales, y también los únicos que no hacen nada: el secretario de Derechos Humanos Mario Racedo (“con quien tenemos diálogo pero no integra la comisión”); el Ministro Público de la Defensa Washington Navarro Dávila y el Ministro Público Fiscal Edmundo Jiménez.

Los otros tres son legisladores, dos por la mayoría, uno por la minoría: “En 2022 fueron designados pero nunca asumieron, nunca hablaron con nosotros ni nos respondieron mensajes. De hecho, ya vencieron sus mandatos”. Se trata de Raúl Ferrazzano, Maia Martínez (Unión por la Patria) y Raúl Pellegrini (UCR). Sintetiza Korstanje: “Solo funciona la parte de la sociedad civil, pero con una estructura presupuestaria de una debilidad inmensa”.

Peor que en un zoológico

Korstanje se presenta como “un militante contra la tortura”. Una de las formas a la que se enfrenta lleva el nombre de hacinamiento, al que describe como “infrahumano”. El fallecido criminólogo Elías Neuman agravaba más aun el concepto: “Él hablaba de infrazoología. Ningún juez aceptaría que sus mascotas vivan así, en las condiciones que viven estos seres humanos. Me preocupa que la tortura que se le está ejecutando a todos los presos del país no importe”.

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Comisaría 5ª de Tucumán.

Según la Convención, se denomina “tortura” a todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

Torturas, una al lado de la otra

Fernando enumera qué torturas ve, escucha, siente, en las comisarías tucumanas:

1– La salud: “Por supuesto que hay gente sarnosa, con todas las enfermedades que tenía, más todas las que se agarró detenida. En una convivencia con tantas personas es evidente que no hay ningún tratamiento que valga. Los mecanismos de salud hacen la pantomima que atienden a los presos uno por uno, cuando ellos bien saben que tienen que estar aislados. Predomina el criterio de la supuesta seguridad, pero no es seguridad; es castigo, liso y llano”.

2–La falta de asistencia jurídica es otro eslabón de esta cadena que aprisiona hasta asfixiar. Hay un camino recurrente: abogado privado previo al juicio (quien lo puede pagar) y abogado público tras la sentencia. “Los abogados privados pueden ser útiles mientras estás enfrentando un juicio, donde se juega la libertad, la expectativa es importante y la cobranza del defensor está garantizada. Si perdió el juicio, en general, el acompañamiento durante la condena no le interesa el abogado y en muchos casos tampoco se le puede seguir pagando, entonces aparece la mayoría de los defensores públicos que, como ganan lo mismo, les da igual si al preso lo torturan o no, si sale antes o si sale después. Tampoco atienden las llamadas de las personas privadas de la libertad ni conocen las comisarías; no los visitan en las audiencias, que las miran por zoom. Jueces, fiscales, defensores ya no van a verlos, no los huelen y esto no es algo despectivo: muchos presos huelen mal y es importante olerlos para saber con quién estás hablando, que el juez conozca la comisaría, que se le vea el cuerpo entero para descubrir cómo lo torturaron y le rompieron una pierna”.

3–Las condenas: “Su ejecución, por ley, determina que a la mitad de la condena podés empezar con salidas transitorias. La misma ley dice que a los dos tercios cumplidos tenés el beneficio de la libertad condicional, o sea, estar libre. Hay mucha gente que se queja por la ‘puerta giratoria’ y no es así. Si alguien tenía que cumplir 10 años, sale a los 7 porque la ley dice que no hay que tener a alguien en la cárcel y abrirle la puerta el último día, sino que sea progresivo, para que se vaya adaptando a la sociedad. Para este beneficio, la persona condenada debe haber hecho lo que se llama el tratamiento penitenciario: ir al psicólogo, participar de actividades educativas, trabajar, hacer deporte, tener visita de sus familiares y haber tenido buena conducta…”.

Fernando hace un silencio y su respiración se agita, como síntoma de un enojo que no disimula: “¿Qué buena conducta puede tener alguien en un pabellón totalmente hacinado. Los jueces le exigen al preso toda esa serie de actividades que son imposibles de cumplir en una comisaría. Como comisión pedimos que solo se contemple el requisito del paso del tiempo, lo cual es irrefutable”.

En 2015, dos fiscales presentaron un habeas corpus para denunciar que había 400 presos en comisarías. Hoy, la cantidad casi se septuplicó: 2.700. Dice Korstanje: “En ese momento ya era escandaloso, pero ahora, habiéndose multiplicado la cifra, el mismo Ministerio Público Fiscal se niega a las salidas transitorias porque aducen que deben pasar más tiempo en comisarías, que ellos mismos no conocen. Resulta fácil pedir mano dura sin haber entrado a un calabozo”.

Presos en comisarías: las tumbas del siglo 21 (videos)

Delincuentes exitosos vs fracasados

¿Por dónde se empieza a transformar la situación? “Desagotando las comisarías, aplicando activamente el calendario fijado por ley”.

Puede imaginarse que eso incentivaría los discursos sobre inseguridad. Replica Korstanje: “Seguridad no es equivalente a castigo. Lo que se está viendo en esas comisarías es castigo y es tortura, que no se expresan en seguridad para los ciudadanos”.

La descripción del tema: “Por empezar es una selección de algunos tipos de delitos, y de algunos tipos de miembros de la sociedad. Es doblemente selectivo el sistema de persecución del crimen. Persigue algunos criminales y a otros no, por algunos delitos y otros no”.

¿Por ejemplo? “Lavado de activos en vez de ser perseguido por la Justicia, por la policía, es cada tanto premiado con una ley de amnistía, de blanqueo, y es aplaudido porque traen al país fondos ilegales que nunca declararon y no sabemos de dónde salieron. Ese delito y todos los delitos de cuello blanco no son perseguidos y tampoco son perseguidos ciertos estratos de la sociedad, sino los más vulnerables, los más débiles. Los delincuentes fracasados, los ineficaces, son los atrapados. Entonces no es seguridad. Yo le propondría a la sociedad que en vez de cargar con la culpa de tolerar esta situaciones –que la tendríamos que tener todos– hagamos algo para prevenir”.

El ejemplo argentino

Sin romanticismo, agrega: “No romantizo que aquel que comete delitos es por necesidad y no tuvo oportunidades y es un pobre tipo que está obligado a cometer un delito. Eso no es verdad, pero tampoco es verdad lo contrario. Hay una cosa desde el nacimiento: educación, salud, trabajo, afecto, amor contención familiar, oportunidades, que tienen que ver con quién es quién en la sociedad. Entonces me preocuparía por tratar de equilibrar eso en vez de empujar a gente a querer tener lo que otros tienen. El sistema capitalista está pensado así para que cada uno quiera aspirar a tener. Hasta los trámites para el certificado de incidencia que necesitan los presos para salir de la comisaría se hace por Internet, con un celular, con una computadora, que muchos familiares no tienen”.

“Y en términos más políticos históricos situados en la Argentina diría que somos un ejemplo mundial que hemos juzgado los peores crímenes de lesa humanidad con la ley en la mano, sin torturar ni fusilar a nadie, garantizándole abogados del Estado a quienes hemos juzgado dando un ejemplo de legalidad y de ejercicio ciudadano democrático. ¿Cómo entonces vamos a torturar al que robó un celular? Si le hemos garantizado el debido proceso, las condiciones de alojamiento, de alimentación, de salud a los peores y somos un orgullo por eso internacionalmente hablando, ¿cómo vamos a dejar que ese orgullo se ensucie porque tenemos a los rateritos de ropa de la soga hacinados en comisarías y torturados?”.

6 presos diarios x 1 que sale

¿Por dónde se sigue? “Ante esta situación que estamos viviendo en Tucumán el Poder Judicial no dice nada, y el Poder Ejecutivo sólo informa que va a construir una cárcel. Pero esa no es la única solución: hay un abuso de la prisión en desmedro de otros recursos que tienen los jueces como las prisiones domiciliarias y condicionales, las probation, etcétera. La cárcel no es el único remedio, entre comillas, que puede aplicar un juez. Que no haya cárcel no es sinónimo de impunidad”.

Para comprenderlo mejor trae un ejemplo con una seguidilla de preguntas: “¿Si está preso en su casa pasa una gran vida? ¿No vivimos en la pandemia sufriendo que no podíamos salir? ¿O vivimos algo lindo confinados en nuestras casas?”.

En Tucumán, por día, ingresan seis personas a prisión y sale una, según los datos que surgen de las propias fuerzas policiales. Con matemáticas de primer grado se entiende que hay cinco presos más por día. “Ni esta provincia ni cualquier otra está en condiciones de construir lugares para albergar a tanta gente”, deduce.

El mal negocio de la cárcel

Korstanje está parado sobre la calle Idelfonso de las Muñecas (en memoria de un tucumano, sacerdote y guerrillero que libró batalla en la Independencia del Alto Perú) a la altura 1658, en el centro de San Miguel de Tucumán. Cuando habla con lavaca permanece en la puerta de la comisaría 5ª, de donde acaba de salir.

“Las cárceles y las comisarías no son una vía muerta, no son un lugar donde la gente no vuelve más. Y eso pasa porque los presos regresan a la sociedad en condiciones mucho peores, peorísimas”, es su neologismo.

“Entonces, al que pide únicamente castigar, castigar, castigar y cárcel, cárcel, cárcel para lograr justicia, hay que enseñarle que es un muy mal negocio. ¿Quién le va a dar trabajo a alguien que estuvo preso de esa manera? Los presos no pueden usar celulares, ¿y quién le va a dar trabajo a alguien que sale de la cárcel después de 15 años y no sabe usar un celular?”.

¿Qué vio en la Comisaría 5º?

–Nadie tendría que estar más de 24 horas allí, pero encontré gente que está hace casi cuatro años encerrada sin ver una luz. Literalmente. Quise sacar fotos y no se ve nada. Hay videos que son impresionantes en cuanto al hacinamiento, pero siempre hay uno más impresionante que el anterior. Si hay algo de lo que estoy seguro es de que nadie se merece las penas que están cumpliendo, porque son ilícitas, son torturas. No figura en ninguna parte del Código Penal que te van a matar de hambre, de frío, que te van a desnudar y ponerte de rodillas o tirar en una habitación con muchísimas personas. Si eso no es una tortura, ¿qué es?

¿Qué significan muchísimas personas?

–Hay 80 personas en tres calabozos. El más grande mide 3.5 x 4. Los otros dos, la mitad. O sea, el piso del calabozo son los colchones, no se ve otra cosa en la base. Debajo de los colchones, están las tapas de las cloacas. Una de las celdas está al aire libre, porque antes era parte del patio. Como techo le colgaron un plástico, así que cuando llueve se quedan ahí, mojándose, o se van a los otros dos calabozos.

¿Salen de sus celdas en algún momento? “Nunca. La más grande, que está en el fondo, no tiene absolutamente nada de luz y directamente es un pasillo. Hay pérdida de agua permanente y tienen un solo baño con letrina. La ducha está afuera. Tienen agua fría y caliente”.

Korstanje filmó un video desde adentro, a oscuras. Se ve poco, pero la voz de un detenido se escucha bien nítida: “Nos marginaron totalmente a los internos, quitándonos todo. Y acá estamos, sin derecho a hacer ningún reclamo”.

Video en la Comisaría 5º de Tucumán.

Policías en acción

Último dato: el propio Korstanje fue agredido en la Comisaría 1º de Tucumán, al querer cumplir su deber de inspeccionarla.  El jefe de la Comisaría Esteban Molina se lo impidió, planteando que necesitaba una orden. Falso: Korstanje le leyó la norma legal que lo habilita a inspeccionar sin las supuestas “autorizaciones superiores”. Molina siguió negando, y Korstanje se quedó en el hall de la Comisaría. Al rato apareció otro policía sin identificación diciéndole que se fuera. Korstanje le pidió que se identificara. Como el uniformado se negó, le tomó una foto con su celular.

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El policía que golpeó a Fernando Korstanje, integrante de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Una vez tomada esta foto se produjo la agresión.

La respuesta fue un puñetazo en la cara, y la amenaza de seguir golpeándolo y la de “meterle el celular en el culo”. La denuncia de Korstanje contra el agresor no identificado (pero fotografiado) y contra el jefe de la Comisaría quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos del Centro Judicial Capital.

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El titular de la Comisaría donde se produjo el ataque, Esteban Molina, que negó a la Comisión la posibilidad de inspeccionar el lugar para lo cual está facultada por ley.

Se pregunta Fernando: «El problema es que si le hacen eso a un comisionado que tiene funciones otorgadas por la ley para poder inspeccionar, ¿qué no ocurrirá con el pobre preso que está detenido allá adentro?”. 

Fernando Korstanje corta la llamada con lavaca, arranca el auto y va a visitar a otra comisaría.

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Conferencia en la calle: impidieron a la familia de Gabriel González, asesinado en Lugano, hablar en la Legislatura Porteña

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“Estoy viviendo una pesadilla. Me arrebataron a sangre fría a mi compañero de vida. Es tan injusto que no lo puedo creer. El policía que bajó de la camioneta no lo hizo para apaciguar, sino directo a matarlo” dijo este martes Nelly, la compañera de Gabriel González, el vecino de Lugano asesinado por la policía de la Ciudad el día de navidad.

La Legislatura Porteña le negó a la familia el salón en el que iban a hacer el acto, por lo cual la charla se realizó en la calle. Detalles del crimen en el que Gabriel se defendía –solo y como podía– de una turba policial violenta que disparó a matar a un hombre indefenso. Lo que contaron Nelly, Fabián Grillo (el padre de Pablo). Y una propuesta para el brindis de fin de año.

Por Francisco Pandolfi

Fotos: Juan Valeiro

Pasaron cinco días desde que Juan Gabriel González fue asesinado por la Policía de la Ciudad el 25 de diciembre en la Villa 20 de Lugano.

Su crimen quedó registrado por una serie de videos grabados por vecinos que evidenciaron el fusilamiento. Cinco días y cero pronunciamientos oficiales de las autoridades del gobierno porteño encabezado por Jorge Macri y cuyo ministro de Seguridad es Horacio Giménez. Para que el caso no pase al olvido y se pierda en el fin de año y en el año nuevo, este martes familiares y amigos convocaron a una audiencia pública en la Legislatura Porteña, acompañados por los bloques de legisladores de Fuerza Buenos Aires (peronismo) y del Frente de Izquierda. Pero cuando los seres queridos de Gabriel ya viajaban en micro desde Lugano al centro porteño, les avisaron que no les permitirían el ingreso.

¿El motivo? “Problemas administrativos”. 

Un dato: no hubo problemas administrativos cuando se permitió el uso de la Legislatura hasta en actos negacionistas de la última dictadura militar.  

Al llegar, la decisión de la familia fue hacer la audiencia prevista, pero en la puerta, en formato de conferencia de prensa. Allí se colocaron una mesa, un micrófono, un parlante. Y allí hablaron –además de legisladores y organizaciones sociales y sindicales–, Nelly, su pareja; Gerardo, su hermano y Oscar, su primo, que dijo: «Hoy cobardemente nos cierran la puerta de este Palacio Legislativo, pero no nos sorprende, toda la vida nos cerraron esta puerta». 

Conferencia en la calle: impidieron a la familia de Gabriel González, asesinado en Lugano, hablar en la Legislatura Porteña

El público siguiendo la charla de la familia de Gabriel González.

Desde las fuerzas políticas convocantes anunciaron que harán un pedido de interpelación al ministro Giménez para que rinda cuentas del violento accionar policial en Lugano.

La pesadilla

La primera que habló fue Nelly. “Estoy viviendo una pesadilla. Me arrebataron a sangre fría a mi compañero de vida. Es tan injusto que no lo puedo creer. El policía que bajó de la camioneta no lo hizo para apaciguar, sino directo a matarlo”.

El policía que mató, cuyo rostro quedó bien identificado, no fue detenido hasta el momento.

Se preguntó Nelly: “¿Por qué accionaron así? ¿Por qué vinieron de esa manera? ¿Esa es la forma de tranquilizar?”.

La división policial que actuó en el crimen se llama “de pacificación”. 

Todos filmados, todos implicados

Una integrante de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, sentenció: “Los resultados de la autopsia no dejan discusión sobre la responsabilidad: murió por el disparo de la escopeta y están implicados todos los policías del procedimiento. Este crimen no puede quedar impune como tantos otros”. 

Nelly llevó puesta una remera negra con el lema en el pecho y una foto de su pareja: “Gaby por siempre”. En el dorso, esta inscripción:

“En la búsqueda de justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. No existen las despedidas entre nosotros. Allí donde estés, te llevaré en mi corazón”.

De la camiseta, a su voz: “Venía de festejar la Navidad con sus amigos, quería entrar al pasillo de su casa y no lo dejaron y ahí empezó todo. Le pegaron desde un primer momento, a él, que era una persona buena, solidaria, del que todo el barrio habla bien. Necesito que me acompañen para que se haga justicia por Gabriel y por todas las personas que murieron así”.

Conferencia en la calle: impidieron a la familia de Gabriel González, asesinado en Lugano, hablar en la Legislatura Porteña

Gerardo, hermano menor, pudo decir un puñado de palabras antes de que se le quebrara la voz: “Era un hombre trabajador, que ayudaba a quien lo necesitara. Tenía muchos proyectos, era una gran persona mi hermano”.

Entre quienes escuchaban estaba Fabián Grillo, el papá de Pablo, fotógrafo que sigue recuperándose de una granada de gas lacrimógeno que le rompió el cráneo lanzada por Gendarmería, en la marcha de jubilados del 12 de marzo.

Dijo Fabián: “Al igual que hicieron con mi hijo, esto es un intento de disciplinamiento. La mano ejecutora es parte de un engranaje perverso que no termina en los autores materiales; sino en los responsables políticos”.

Conferencia en la calle: impidieron a la familia de Gabriel González, asesinado en Lugano, hablar en la Legislatura Porteña

Oscar dijo que iba a hablar de su primo Gabriel en tiempo presente. Planteó que sigue sonriendo “como siempre”; que sigue “enseñando a trabajar” a sus hijos Dante y Ángel, y a sus varios sobrinos; que sigue siendo “el corazón de la familia”; y que “seguirá acompañando, seguirá cuidando. Si hay alguien que cumplió un rol heroico fue él. La policía no aguantó ver a un hombre de verdad, defenderse de su violencia con sólo sus manos, y lo asesinaron. La persona que lo hizo estará muerta en vida, en cambio nosotros seguiremos pensando en mi primo: ojalá en todas las familias existiese un Juan Gabriel”.

Cerró con un pedido para este fin de año: “Que cuando la gente brinde, piense en nosotros y levanten la copa de la justicia por él, por Gabriel”.

Conferencia en la calle: impidieron a la familia de Gabriel González, asesinado en Lugano, hablar en la Legislatura Porteña
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Saña contra la discapacidad: año nuevo con anuncio de disolución de la ANDIS

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La fecha no pudo ser mejor elegida para provocar angustia a miles de familias: el gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) este 30 de diciembre. Un modo obvio de garantizar un fin de año lleno de incertidumbre y amenazas a miles de personas que no pueden saber en qué medida este será otro zarpazo a su situación, mientras los funcionarios oficiales parecen haber estado más atentos a retornos y coimas que a la protección de las personas con discapacidad. Néstor Saracho (cineasta, cooperativista, con una pierna amputada desde que fue atropellado en 2018, integrante de Orgullo Disca y de la asamblea Discas en Lucha) habló con lavaca sobre sus sensaciones en un día como el de hoy: “El efecto es generar desolación en el espíritu. Pero si nos quedamos llorando nos van a ganar ellos. Hay que activar en la calle, no por whatsapp, y ya estamos organizando acciones los días 3 de cada mes”. Ya lo vienen haciendo durante 2025 y están programadas las primeras actividades de 2026. La “normalidad” que ocurre cuando los discas se convierten en invisibles.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni eligió el 30 de diciembre para dar una noticia de alto impacto: la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La aclaración sobre que la institución quedará en el marco del ministerio de Salud y que no se recortarán pensiones no provocó alivio sino un incremento de la alarma y desconfianza entre el que ya podría llamarse mundo disca (de personas con discapacidad): “Hay un ensañamiento del gobierno con las personas con discapacidad y sus familias. Fue algo desmoralizante. La gente estaba con la cabeza en el año nuevo, en su vida, y de golpe se entera de esto. El efecto es generar desolación, tristeza. Yo veía en las redes emojis de llanto. Pero no son solo emojis” dice Néstor Saracho.

Saña contra la discapacidad: año nuevo con anuncio de disolución de la ANDIS

Néstor Saracho, fundador de cooperativas, asambleísta en defensa de la costa de Avellaneda y Quilmes, cineasta, editor y miembro de Orgullo Disca.

Néstor se crio en Villa Corina. De muy joven fue de los que ayudó a materializar la recuperación de empresas y fábricas a principios de siglo. Luego fundó una cooperativa que edita libros infantiles. Se sumó a la ocupación de estudiantes en una escuela de cine en crisis, en Avellaneda, terminó aprendiendo a filmar, y fue premiado por sus trabajos cinematográficos. Fue de los impulsores de la defensa de la costa del Río de la Plata de Quilmes y Avellaneda. Esa asamblea paralizó un proyecto de Techint y los municipios, y organiza caminatas para que lxs vecinxs conozcan y participen en la recuperación de la reserva natural que nació allí por puro abandono oficial y privado.

En 2018, volviendo de una de esas caminatas, un automovilista alcoholizado atropelló a Néstor (tenía en ese momento 36 años), y mató a quien caminaba junto a él, Gladys Romano, una de las personas que habían participado de la recorrida, vecina de Quilmes y delegada de ATE. También iba junto a él su hijo Tobías, que tenía 7 años y vio cómo su padre repentinamente desaparecía de su lado (Hoy Tobías es un muchachón de 15, «una cabeza más alto que yo» ríe el papá). Néstor estuvo meses inconsciente y tuvieron que amputarle la pierna izquierda para salvarle la vida. Fue en el precario Hospital Iriarte, de Quilmes, al que la gente cercana debía llevar hasta gasas, que no había.

Describe lo que le pasó como “el atropello”. Hoy continúa gestando proyectos, pero con la perspectiva que no había tenido, reconoce, cuando a los 36 años fue embestido por esa forma de irrealidad.

“Frente a todo lo que está pasando, lo que es importante decir es que seguimos movilizándonos, activándonos. Los días 3 de cada mes son nuestros. Por ejemplo, hicimos acciones durante los últimos meses por la accesibilidad en el transporte público en la estaciones Darío y Maxi (ex Avellaneda) y Lanús, en el subte Boedo, en la estación de micros de Bariloche”.

Este sábado 3 de enero el evento será en la estación Berazategui del tren Roca, a las 17:30 para arrancar a las 18 horas y terminar a las 19 horas. “La convocatoria no es solo por la accesibilidad al transporte sino también por el agua que reciben los vecinos. Iremos con banderas que dicen: ‘que el agua no sea un asco’”.

Orgullo Disca empalma allí el tema social, el de personas con discapacidad, el ambiental y el del consumo. “Cada vez más gente depende de bidones de agua o de filtros. ¿Cuánta democracia hay en el agua?”.

El 3 de marzo de 2026, también a las 17.30, a 8 años del atropello de Néstor y Gladys, habrá una acción en la estación Bernal del Roca, que luego empalmará con la caminata de la asamblea “No a la entrega de la costa Quilmes Avellaneda” para recorrer esa zona recuperada a los negocios de las corporaciones.  

Llorar y activar

¿Porqué los 3 de cada mes? Según la Asamblea de las Naciones Unidas, el 3 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos de las Personas Con Discapacidad (PDC). “Para que nos apropiemos de esta fecha proponemos un cronograma mensual, que más que de ‘actividades’ llamamos de ‘afectividades’para visibilizar las problemáticas de la accesibilidad en el transporte público de pasajeros”. 

Explicación: “Como el gobierno dice que cada protesta forma parte de un programa de hostilidades, acá no son hostilidades sino acciones para visibilizar nuestros problemas, para decir que las personas con discapacidad estamos activas, vivas, pensando cosas y sin quedarnos en el llanto. Podemos llorar, pero además activamos en la calle”.

Los muertos no cobran

Sobre el anuncio de Adorni: “Sigue hablando barrabasadas que sé que no son ciertas, pero tenés a todos los medios de comunicación reproduciendo mentiras, y Adorni sigue diciendo lo de los animales o lo de que hay gente muerta que cobra pensiones. Lo de los animales es falso. Y lo de la gente fallecida, puede ser que uno o dos meses algún apoderado cobre, pero si es así la culpa es de este gobierno que está hace dos años. Los muertos no pueden ir a cobrar”.   

Frente a la ANDIS: “Hay que defenderla y defender los puestos de trabajo que cumplan un rol importante. Y eso te lo digo pese a que la burocracia de la ANDIS me ha hecho llorar, literalmente”. Ocurrió en 2019 cuando le negaron la habilitación para estacionamiento. “Era todo tan arbitrario y tan burocrático que mi novia y yo terminamos llorando. Al final pudimos conseguirlo. Pero capaz que la persona que me maltrató aquella vez, sigue trabajando”.

Otro logro: “Me dieron finalmente el Certificado Único de Discapacidad que no vence. El Estado se dio cuenta de que las piernas amputadas no vuelven a crecer”.    

Dato sobre democracia

Pese a que Néstor fue atropellado hace casi 8 años, no recibe pensión por discapacidad. “Recién pude terminar el trámite hace dos meses”. Ahora debe esperar una junta evaluadora que confirme que le amputaron una pierna (tema no muy complejo). El vocero Adorni no explicó cuánta gente está en la situación de Néstor, esperando poder cobrar la pensión que le corresponde. “Menos que una jubilación mínima”, aclara.

“Estas cosas a la gente disca la ponen triste, con bronca, desmoralizan. Imaginate algo que le pasa a las familias. La mamá de alguien con TEA y dedica su vida a cuidar a esa hija o hijo, tiene que pensar: ¿qué va a pasar si yo me muero? Nadie está pensando en esas cosas”.  

Otro tema, o siempre el mismo: “Pero es bueno dejar claro que las personas con discapacidad estamos activando. Y lo del transporte es una clave. Pensá, ¿cuánta gente viste que use silla de ruedas y esté en el subte? ¿En el tren? ¿En un colectivo? La pregunta es: ¿dónde están las personas con discapacidad? ¿Y las que no pueden accederé a prestaciones? Todo esto no es solo de estos últimos dos años. Lamentablemente la fallida experiencia del Frente de Todos hizo posible la motosierra como una opción votable. O sea, el partido de la justicia social dejó casi un 40% de pobreza. Te invito a que vayas de madrugada a ver toda la gente que hay en los hospitales públicos del conurbano buscando turno. Esa es la gente que ahora no va a votar ahora. La democracia no llegó para todo el mundo”.

Néstor ha llegado a un estado político tal vez estoico: “Los peronistas dicen que soy un zurdo conflictuado. Los troscos dicen que soy un burócrata peronista. No considera al mundo disca “un” colectivo sino una heterogeneidad. Cuenta que cambió su modo de describirse. “Antes decía que era una persona con una pierna amputada. Ya no. Ahora digo que soy una persona con una pierna. No me defino por lo que me falta sino por lo que tengo. Creo que a mucha gente disca le está pasando eso, y eso es lo que nos hace salir a la calle”.

En una de las movilizaciones de este 2025 Valentina, mamá de un chico con Trastorno del Espectro Autista, dijo: “Sabemos no bajar los brazos”. Gonza Giles, que no puede halar y utiliza un reproductor de voz que dice lo que él escribe, planteó: ““El famoso 3 por ciento no es una cifra, es un símbolo. El símbolo de un gobierno que se enriquece mientras miles de familias hacen malabares para pagar una sesión de terapia o ir hasta el hospital. Eso no es error. Eso es crueldad planificada”.

Néstor, aparte de todas las movidas, después de haber fundado una editorial está editando un fanzin que tiene un título que invita a no paralizarse y señalar un rumbo.

El fanzin se llama: Continuar con lo que queda.  

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Actualidad

El protocolo de Bullrich es nulo

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Por Claudia Acuña

El juez federal Martín Cormik declaró nulo el protocolo de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich al considerar que ninguna norma administrativa puede limitar derechos constitucionales.

El fallo sienta un precedente jurídico que pone un límite a las facultades del Poder Ejecutivo ya que dicho protocolo “conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de «instruir» al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”.

También considera que el protocolo es ilegítimo porque “no cumple los requisitos de motivación ni de razonabilidad exigidos por la Constitución”. En consecuencia, lo declara nulo y promueve que las personas afectadas inicien las demandas de reparación pertinentes en el ámbito de fuero penal.

El fallo responde así y positivamente a la acción iniciada por Sipreba y Argra, entre otras organizaciones sociales, representadas por el Cels cuyo director Diego Morales sintetiza así la importancia de esta resolución: “El punto más importante es que la decisión le pone un límite al Ministerio de seguridad al momento de regular -bajo la figura o el ropaje de instrucciones a los funcionarios policiales- conductas de los ciudadanos que están garantizadas por la Constitución. Este me parece que es el dato más importante y que no lo habíamos visto en las otras acciones que presentamos“.

Segundo punto a destacar: “También le pone un límite a que el Ministerio imponga que el derecho a manifestarse es un delito, y que a partir de esta caracterización realice operativos para evitarlas”.

El tercer punto no es menor: los efectos que ha sembrado la aplicación de este protocolo ahora considerado nulo. “El más grave es el caso del fotógrafo Pablo Grillo y también que dos personas hayan perdido el ojo, pero además de muchos heridos hubo más de 200 detenciones arbitrarias y constantes agresiones a la prensa. Es decir que una norma ahora considerada ilegítima ha dejado personas afectadas en sus cuerpos y en sus derechos”.

Morales descuenta que el Ministerio apelará este fallo, pero también que la justicia avalará que hasta tanto se resuelva ese trámite judicial el protocolo quede anulado. En ese sentido destaca la presentación que realizó ante la justicia Periodistas Argentinas, que llegó hasta la Corte Suprema y esa máxima instancia judicial determinó que el fuero competente para dictaminar es justamente el que ahora ha declarado nulo el protocolo.

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