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Presos en comisarías: las tumbas del siglo 21 (videos)

No hay diputados que los visiten ni se tomen fotos con ellos. En Tucumán hay más presos en las comisarías (2.700) que en las ocho unidades carcelarias de la provincia (2.000). Ese número la coloca en el 2º puesto a nivel nacional con respecto al hacinamiento en comisarías. Las denuncias y videos de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura muestran por ejemplo 17 personas amontonadas en celdas de 3 x 4 en algunas comisarías, y otras en las que hay amontonadas 80 personas en tres calabozos. En un caso hay además 19 policías imputados por torturas masivas. En esas comisarías ninguna persona debería estar más de 24 horas, pero hay detenidos que están hace más de 4 o 5 años sin condena (salvo la de subsistir allí). Y a quienes tienen condena (que no deberían estar allí sino en las cárceles, en otras condiciones) no les permiten la libertad condicional y salidas transitorias que plantea la ley, agravando la superpoblación de presos.
Además, según datos oficiales, la “puerta giratoria” funciona al revés del lugar común. Promedio: cada día hay 6 personas detenidas, y solo una liberada, lo que implica un aumento exponencial del problema.
Todo esto podría ser parte de alguna serie de ficción carcelaria, pero es la realidad. Los datos son tan graves que interviene un comité contra las torturas: uno de sus integrantes, Fernando Korstanje, fue golpeado en la Comisaría 1º por la propia policía.
La situación del castigo convertida en un fin en sí mismo, un proceso de humillación y degradación personal contra lo que dicta la Constitución. La “infrazoología” para los detenidos. Los delincuentes exitosos premiados por los gobiernos, frente a los fracasados e ineficaces. La teoría de la cárcel como un mal negocio, y las opciones que podrían aliviar la situación.
Por Francisco Pandolfi
Esto no es ficción.
Esto es Tucumán.
En la Comisaría 1º de la capital, las mujeres viven en un pasillo de menos de un metro de ancho.
La Comisaría de Yerba Buena tiene una denuncia por torturas masivas en la que se imputó a 19 policías. Allí, por ejemplo, Ángel Rojas está condenado a 5 años y 3 meses, debería haber tenido salidas transitorias desde agosto de 2023 y gozado de la libertad condicional desde el 21 de junio de 2024. Está por cumplir cuatro años encerrado en una comisaría.
En la Comisaría 8ª de San Miguel de Tucumán están alojadas 17 personas en un calabozo de 3 metros por 2 metros (como se ve en el video). O sea, casi tres personas por metro cuadrado.
Esto no es ficción. Esto no es El Marginal. Esto es Tucumán.
Video en la Comisaría 8º.
Años hacinados
Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) existen estándares mínimos de habitabilidad, tanto para cárceles como para comisarías o lugares provisorios de detención. “En una comisaría debe haber 6 metros cuadrados para el primer preso, 4 metros cuadrados más para el segundo, 4 más para el tercero, y así sucesivamente por cada uno que se agregue para dormir”. En una cárcel, donde se realizan actividades extras, las dimensiones se amplían: “Se calculan 12 metros cuadrados por cada uno”.
Con estos cálculos, en la Comisaría 8ª donde hay 17 presos en una celda, debería haber uno solo. No es la única tortura. “En una comisaría no se puede estar más de 24 horas, pero hay presos que están hace más de cuatros años, todos hacinados, en total oscuridad”, afirma Fernando Korstanje, que aporta otro dato para graficar la situación que buscan prevenir: Tucumán es la única provincia del país que tiene más presos en las comisarías (2.700) que en las cárceles (2.000).

Imágenes obtenidas por la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura en la Comisaría 5ª.
“Las cárceles tienen un cupo, que cierran cuando no entran más presos; en cambio las comisarías no, siempre entra uno más”. Así lo plantea Fernando Korstanje, uno de los designados en la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Tiene 62 años, es pedagogo y docente en la Universidad Nacional de Tucumán. La Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura es un organismo público. “Un mecanismo que viene en cascada desde las Naciones Unidas a Tucumán y a otras provincias, a partir de un tratado que para Argentina tiene rango constitucional y es de cumplimiento obligatorio”. Se creó en 2012 pero se puso en funciones 10 años después. “Y no al 100%”, denuncia.
–¿Qué se hace con los informes?
–Se elevan al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, pero fuera de eso que es lo obligatorio, lo que se haga localmente es según el caso, la conveniencia, la oportunidad. Hay veces que se los ponemos, por ejemplo, en la mesa al director de la cárcel, para que eso mejore. Lo mismo con los jueces, lo mismo con los abogados defensores y también podemos hacer una denuncia penal sobre situaciones específicas. Pero no funciona. Por último el Comité Nacional informa al Subcomité de Prevención de la Tortura, que es un organismo también independiente pero internacional, que puede realizar inspecciones en el país, a las cárceles que les parezca.

Cuerpos hacinados en la Comisaría 8º.
Funcionarios invisibles
La comisión debería ser integrada por 9 personas. Seis que representan al Estado y tres a la sociedad civil (Silvia Rojkés, Andrés Romano y él). Fernando dice que los componentes de los poderes políticos son los únicos que cobran salarios y viáticos, como funcionarios provinciales, y también los únicos que no hacen nada: el secretario de Derechos Humanos Mario Racedo (“con quien tenemos diálogo pero no integra la comisión”); el Ministro Público de la Defensa Washington Navarro Dávila y el Ministro Público Fiscal Edmundo Jiménez.
Los otros tres son legisladores, dos por la mayoría, uno por la minoría: “En 2022 fueron designados pero nunca asumieron, nunca hablaron con nosotros ni nos respondieron mensajes. De hecho, ya vencieron sus mandatos”. Se trata de Raúl Ferrazzano, Maia Martínez (Unión por la Patria) y Raúl Pellegrini (UCR). Sintetiza Korstanje: “Solo funciona la parte de la sociedad civil, pero con una estructura presupuestaria de una debilidad inmensa”.
Peor que en un zoológico
Korstanje se presenta como “un militante contra la tortura”. Una de las formas a la que se enfrenta lleva el nombre de hacinamiento, al que describe como “infrahumano”. El fallecido criminólogo Elías Neuman agravaba más aun el concepto: “Él hablaba de infrazoología. Ningún juez aceptaría que sus mascotas vivan así, en las condiciones que viven estos seres humanos. Me preocupa que la tortura que se le está ejecutando a todos los presos del país no importe”.

Comisaría 5ª de Tucumán.
Según la Convención, se denomina “tortura” a todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.
Torturas, una al lado de la otra
Fernando enumera qué torturas ve, escucha, siente, en las comisarías tucumanas:
1– La salud: “Por supuesto que hay gente sarnosa, con todas las enfermedades que tenía, más todas las que se agarró detenida. En una convivencia con tantas personas es evidente que no hay ningún tratamiento que valga. Los mecanismos de salud hacen la pantomima que atienden a los presos uno por uno, cuando ellos bien saben que tienen que estar aislados. Predomina el criterio de la supuesta seguridad, pero no es seguridad; es castigo, liso y llano”.
2–La falta de asistencia jurídica es otro eslabón de esta cadena que aprisiona hasta asfixiar. Hay un camino recurrente: abogado privado previo al juicio (quien lo puede pagar) y abogado público tras la sentencia. “Los abogados privados pueden ser útiles mientras estás enfrentando un juicio, donde se juega la libertad, la expectativa es importante y la cobranza del defensor está garantizada. Si perdió el juicio, en general, el acompañamiento durante la condena no le interesa el abogado y en muchos casos tampoco se le puede seguir pagando, entonces aparece la mayoría de los defensores públicos que, como ganan lo mismo, les da igual si al preso lo torturan o no, si sale antes o si sale después. Tampoco atienden las llamadas de las personas privadas de la libertad ni conocen las comisarías; no los visitan en las audiencias, que las miran por zoom. Jueces, fiscales, defensores ya no van a verlos, no los huelen y esto no es algo despectivo: muchos presos huelen mal y es importante olerlos para saber con quién estás hablando, que el juez conozca la comisaría, que se le vea el cuerpo entero para descubrir cómo lo torturaron y le rompieron una pierna”.
3–Las condenas: “Su ejecución, por ley, determina que a la mitad de la condena podés empezar con salidas transitorias. La misma ley dice que a los dos tercios cumplidos tenés el beneficio de la libertad condicional, o sea, estar libre. Hay mucha gente que se queja por la ‘puerta giratoria’ y no es así. Si alguien tenía que cumplir 10 años, sale a los 7 porque la ley dice que no hay que tener a alguien en la cárcel y abrirle la puerta el último día, sino que sea progresivo, para que se vaya adaptando a la sociedad. Para este beneficio, la persona condenada debe haber hecho lo que se llama el tratamiento penitenciario: ir al psicólogo, participar de actividades educativas, trabajar, hacer deporte, tener visita de sus familiares y haber tenido buena conducta…”.
Fernando hace un silencio y su respiración se agita, como síntoma de un enojo que no disimula: “¿Qué buena conducta puede tener alguien en un pabellón totalmente hacinado. Los jueces le exigen al preso toda esa serie de actividades que son imposibles de cumplir en una comisaría. Como comisión pedimos que solo se contemple el requisito del paso del tiempo, lo cual es irrefutable”.
En 2015, dos fiscales presentaron un habeas corpus para denunciar que había 400 presos en comisarías. Hoy, la cantidad casi se septuplicó: 2.700. Dice Korstanje: “En ese momento ya era escandaloso, pero ahora, habiéndose multiplicado la cifra, el mismo Ministerio Público Fiscal se niega a las salidas transitorias porque aducen que deben pasar más tiempo en comisarías, que ellos mismos no conocen. Resulta fácil pedir mano dura sin haber entrado a un calabozo”.

Delincuentes exitosos vs fracasados
¿Por dónde se empieza a transformar la situación? “Desagotando las comisarías, aplicando activamente el calendario fijado por ley”.
Puede imaginarse que eso incentivaría los discursos sobre inseguridad. Replica Korstanje: “Seguridad no es equivalente a castigo. Lo que se está viendo en esas comisarías es castigo y es tortura, que no se expresan en seguridad para los ciudadanos”.
La descripción del tema: “Por empezar es una selección de algunos tipos de delitos, y de algunos tipos de miembros de la sociedad. Es doblemente selectivo el sistema de persecución del crimen. Persigue algunos criminales y a otros no, por algunos delitos y otros no”.
¿Por ejemplo? “Lavado de activos en vez de ser perseguido por la Justicia, por la policía, es cada tanto premiado con una ley de amnistía, de blanqueo, y es aplaudido porque traen al país fondos ilegales que nunca declararon y no sabemos de dónde salieron. Ese delito y todos los delitos de cuello blanco no son perseguidos y tampoco son perseguidos ciertos estratos de la sociedad, sino los más vulnerables, los más débiles. Los delincuentes fracasados, los ineficaces, son los atrapados. Entonces no es seguridad. Yo le propondría a la sociedad que en vez de cargar con la culpa de tolerar esta situaciones –que la tendríamos que tener todos– hagamos algo para prevenir”.
El ejemplo argentino
Sin romanticismo, agrega: “No romantizo que aquel que comete delitos es por necesidad y no tuvo oportunidades y es un pobre tipo que está obligado a cometer un delito. Eso no es verdad, pero tampoco es verdad lo contrario. Hay una cosa desde el nacimiento: educación, salud, trabajo, afecto, amor contención familiar, oportunidades, que tienen que ver con quién es quién en la sociedad. Entonces me preocuparía por tratar de equilibrar eso en vez de empujar a gente a querer tener lo que otros tienen. El sistema capitalista está pensado así para que cada uno quiera aspirar a tener. Hasta los trámites para el certificado de incidencia que necesitan los presos para salir de la comisaría se hace por Internet, con un celular, con una computadora, que muchos familiares no tienen”.
“Y en términos más políticos históricos situados en la Argentina diría que somos un ejemplo mundial que hemos juzgado los peores crímenes de lesa humanidad con la ley en la mano, sin torturar ni fusilar a nadie, garantizándole abogados del Estado a quienes hemos juzgado dando un ejemplo de legalidad y de ejercicio ciudadano democrático. ¿Cómo entonces vamos a torturar al que robó un celular? Si le hemos garantizado el debido proceso, las condiciones de alojamiento, de alimentación, de salud a los peores y somos un orgullo por eso internacionalmente hablando, ¿cómo vamos a dejar que ese orgullo se ensucie porque tenemos a los rateritos de ropa de la soga hacinados en comisarías y torturados?”.
6 presos diarios x 1 que sale
¿Por dónde se sigue? “Ante esta situación que estamos viviendo en Tucumán el Poder Judicial no dice nada, y el Poder Ejecutivo sólo informa que va a construir una cárcel. Pero esa no es la única solución: hay un abuso de la prisión en desmedro de otros recursos que tienen los jueces como las prisiones domiciliarias y condicionales, las probation, etcétera. La cárcel no es el único remedio, entre comillas, que puede aplicar un juez. Que no haya cárcel no es sinónimo de impunidad”.
Para comprenderlo mejor trae un ejemplo con una seguidilla de preguntas: “¿Si está preso en su casa pasa una gran vida? ¿No vivimos en la pandemia sufriendo que no podíamos salir? ¿O vivimos algo lindo confinados en nuestras casas?”.
En Tucumán, por día, ingresan seis personas a prisión y sale una, según los datos que surgen de las propias fuerzas policiales. Con matemáticas de primer grado se entiende que hay cinco presos más por día. “Ni esta provincia ni cualquier otra está en condiciones de construir lugares para albergar a tanta gente”, deduce.
El mal negocio de la cárcel
Korstanje está parado sobre la calle Idelfonso de las Muñecas (en memoria de un tucumano, sacerdote y guerrillero que libró batalla en la Independencia del Alto Perú) a la altura 1658, en el centro de San Miguel de Tucumán. Cuando habla con lavaca permanece en la puerta de la comisaría 5ª, de donde acaba de salir.
“Las cárceles y las comisarías no son una vía muerta, no son un lugar donde la gente no vuelve más. Y eso pasa porque los presos regresan a la sociedad en condiciones mucho peores, peorísimas”, es su neologismo.
“Entonces, al que pide únicamente castigar, castigar, castigar y cárcel, cárcel, cárcel para lograr justicia, hay que enseñarle que es un muy mal negocio. ¿Quién le va a dar trabajo a alguien que estuvo preso de esa manera? Los presos no pueden usar celulares, ¿y quién le va a dar trabajo a alguien que sale de la cárcel después de 15 años y no sabe usar un celular?”.
–¿Qué vio en la Comisaría 5º?
–Nadie tendría que estar más de 24 horas allí, pero encontré gente que está hace casi cuatro años encerrada sin ver una luz. Literalmente. Quise sacar fotos y no se ve nada. Hay videos que son impresionantes en cuanto al hacinamiento, pero siempre hay uno más impresionante que el anterior. Si hay algo de lo que estoy seguro es de que nadie se merece las penas que están cumpliendo, porque son ilícitas, son torturas. No figura en ninguna parte del Código Penal que te van a matar de hambre, de frío, que te van a desnudar y ponerte de rodillas o tirar en una habitación con muchísimas personas. Si eso no es una tortura, ¿qué es?
–¿Qué significan muchísimas personas?
–Hay 80 personas en tres calabozos. El más grande mide 3.5 x 4. Los otros dos, la mitad. O sea, el piso del calabozo son los colchones, no se ve otra cosa en la base. Debajo de los colchones, están las tapas de las cloacas. Una de las celdas está al aire libre, porque antes era parte del patio. Como techo le colgaron un plástico, así que cuando llueve se quedan ahí, mojándose, o se van a los otros dos calabozos.
¿Salen de sus celdas en algún momento? “Nunca. La más grande, que está en el fondo, no tiene absolutamente nada de luz y directamente es un pasillo. Hay pérdida de agua permanente y tienen un solo baño con letrina. La ducha está afuera. Tienen agua fría y caliente”.
Korstanje filmó un video desde adentro, a oscuras. Se ve poco, pero la voz de un detenido se escucha bien nítida: “Nos marginaron totalmente a los internos, quitándonos todo. Y acá estamos, sin derecho a hacer ningún reclamo”.
Video en la Comisaría 5º de Tucumán.
Policías en acción
Último dato: el propio Korstanje fue agredido en la Comisaría 1º de Tucumán, al querer cumplir su deber de inspeccionarla. El jefe de la Comisaría Esteban Molina se lo impidió, planteando que necesitaba una orden. Falso: Korstanje le leyó la norma legal que lo habilita a inspeccionar sin las supuestas “autorizaciones superiores”. Molina siguió negando, y Korstanje se quedó en el hall de la Comisaría. Al rato apareció otro policía sin identificación diciéndole que se fuera. Korstanje le pidió que se identificara. Como el uniformado se negó, le tomó una foto con su celular.

El policía que golpeó a Fernando Korstanje, integrante de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Una vez tomada esta foto se produjo la agresión.
La respuesta fue un puñetazo en la cara, y la amenaza de seguir golpeándolo y la de “meterle el celular en el culo”. La denuncia de Korstanje contra el agresor no identificado (pero fotografiado) y contra el jefe de la Comisaría quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos del Centro Judicial Capital.

El titular de la Comisaría donde se produjo el ataque, Esteban Molina, que negó a la Comisión la posibilidad de inspeccionar el lugar para lo cual está facultada por ley.
Se pregunta Fernando: «El problema es que si le hacen eso a un comisionado que tiene funciones otorgadas por la ley para poder inspeccionar, ¿qué no ocurrirá con el pobre preso que está detenido allá adentro?”.
Fernando Korstanje corta la llamada con lavaca, arranca el auto y va a visitar a otra comisaría.
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Al gran pueblo argentino, ¿salud?

“10 años de formación. 68hs por semana. $797.061 por mes. $2930 por hora”. El cálculo no sólo es un afiche de color amarillo, sino también una síntesis de la situación de residentes del Hospital Garrahan, el centro pediátrico de excelencia en Argentina, quienes organizaron este jueves una marcha desde la institución hasta el Ministerio de Salud.
por Lucas Pedulla/ Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Los residentes son médicos egresados que continúan su formación y que, en este caso, eligieron el Hospital Garrahan como lugar de residencia, de donde egresan 70 pediatras por año. El reclamo viene desde 2024 y alertaron que siguen sin respuestas, pese a que perciben un salario por debajo de la línea de pobreza realizando seis guardias al mes de 24 horas cada una: “Es algo incompatible con la vida -denunciaron-. Nos estamos formando para atender a sus niños. Esto no va por ningún partido político: es nuestro sueldo”.

La gente marchó por la calle, pero el protocolo no se aplicó: una exclusividad para jubilados.
La movilización fue parte de un plan de lucha que incluyó un paro sin guardias de cuatro jornadas, que empujó al Gobierno a dictar una conciliación obligatoria por 15 días para dejar sin efecto las próximas medidas de fuerza. “No es una decisión fácil, pero sí necesaria”, explican desde la Asamblea de Residentes del Garrahan. “Estamos luchando por condiciones laborales dignas, por nuestros derechos y por una salud pública de calidad”.

La marcha comenzó con el Himno Nacional Argentino, y las lágrimas brotaban al entonar “al gran pueblo argentino, salud”, la gran frase de cabecera de esta convocatoria.
- “Sin residentes no hay hospital”,
- “16 horas de trabajo = 1 docena de empanadas”,
- “Soy bioquímica residente y cobro $2930 la hora”
Así fueron algunos de los cientos de carteles que se multiplicaron en manos jóvenes que eligieron la salud pública y quieren lo obvio: un sueldo digno.

La propaganda manda en el cartel.
En el Ministerio, la marcha se encontró con la movilización contra los recortes para personas con discapacidad, que saludaron: “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”. Allí también llegó una familia que no era trabajadora del hospital, sino simplemente usuaria, con un niño de cinco años que tenía un cartel que resumía todo: “A mi mamá la salvó el Garrahan”. Esa vida es, también, lo que hoy salieron a la calle a defender.

Compartimos uno de los comunicados que repartieron, escrito por la Asamblea de Residentes del Garrahan (@asamblearesidentesgarrahan, en Instagram).
“Somos residentes. Médicos recibidos que decidimos continuar nuestra formación especializándonos en Pediatría y elegimos este hospital para hacerlo.
Somos quienes probablemente te hayan atendido en la guardia, en los consultorios y en las salas de internación.
Nos formamos día a día, cuidando pacientes, acompañando familias, aprendiendo de cada historia. Hoy el sistema que debería fortalecernos nos está dejando atrás. No dejamos de esta en los consultorios porque queramos, sino porque no podemos más. Nuestros salarios no alcanzan. Trabajamos jornadas extensas, con enormes responsabilidades, por ingresos que no nos permiten vivir dignamente.
Esta medida es el último recurso de quienes queremos seguir en este hospital, sin tener que abandonarlo para sobrevivir. La salud pública también se cuida cuidando a quienes la sostenemos.
Estar lejos de nuestras guardias, de los consultorios, de nuestros pacientes nos duele. Pero esta lucha también es por ellos y paa ellos. Porque in residentes no hay formación continua, y sin formación continua no hay futuro para el sistema de salud.
Defendemos la salud pública, incluso cuando nos toca hacerlo desde la calle”.

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Jubilados + científicos: la gente que no se guarda en el colchón

El despliegue policial fue otra vez inusitado: gendarmes, prefectos, policías federales y aeroportuarios contra jubilados empujados a la pobreza extrema, cuyo medio de transporte no son la motorizada o los hidrantes, sino los bastones y las sillas de ruedas. Un rato antes, en el Polo Científico, hubo un acto contra el cientificidio producido por un estado que desmantela y desfinancia incluso emblemas de salud como el Hospital Garrahan.
En el caso de Congreso, nuevamente el acompañamiento a los jubilados reflejó una heterogeneidad creciente: curas, organizaciones territoriales, algunos –pocos– sindicatos, organismos de derechos humanos. Y el formato repitió un esquema coreográfico que optimizó el de la semana pasada: el movimiento, por la vereda y la calle, desorientó a las fuerzas que, aun siendo más en proporción, no daban a tiempo de evitar los cortes que lograba una marcha que no se detenía nunca. Esa estrategia también evitó choques directos, aunque los federales se armaron con máscaras para gasear en cualquier momento, gusto del que no se privaron tampoco con la prensa: al menos 18 personas heridas, fue el conteo de la Comisión Provincial por la Memoria. De todos modos, el piquete mayor fue el realizado por la propia ministra Bullrich y sus tropas, que aislaron al Congreso durante todo el día, cortaron Rivadavia, Callao, Combate de los Pozos, Hipólito Yrigoyen y la estación Congreso del subte A, para detener una marcha que, de hacerse, significa una vuelta alrededor del palacio legislativo de unos 20 minutos. De este modo, se instala un caos durante todo el día como para encender las ínfulas represivas. Volvió a escucharse un viejo cántico: “Policía Federal, la vergüenza nacional”.
Crónica de otra jornada con una pregunta que se respondió entre precios de empanadas, medicamentos y bifes de costilla: ¿qué guardan los jubilados bajo el colchón?
Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi
Fotos: Sebastián Smock y lavaca.org
Es miércoles otra vez y todo se dispone más o menos como siempre.
Por allá el Congreso, vallado en cada esquina, de imposible acceso salvo para las fuerzas federales que utilizan las oficinas anexas del Palacio que –según la Constitución– debería votar la prórroga de la moratoria o los aumentos de los haberes de las personas jubiladas que están a minutos de reprimir.
Por acá los medios, autogestivos y privados, con máscaras de gas para evitar los químicos bullrichistas, en una naturalización de las condiciones bajo las que debe trabajar el periodismo.

Antonio Becerra, fotógrafo del diario Tiempo Argentino.
El conflicto es visible.
De un lado mujeres y hombres jubilados, muchas veces con bastones, otras con sillas de ruedas, siempre con carteles manuscritos que suelen ser un símbolo del presente.

Medios de transporte para reclamar por los derechos.
Enfrente, la policía Federal, la Aeroportuaria (?), la Gendarmería (?), la Prefectura (?), dedicadas a estos operativos caóticos, costosísimos, que revelan que la voluntad oficialista no es que haya orden, sino que haya represión.

Otros medios de transporte.
La danza del Congreso
Sin embargo es miércoles otra vez y la manifestación comienza, pero si la semana pasada ya había sido distinta, porque jubilados, sacerdotes, militantes barriales, sindicalistas, organismos de derechos humanos, socorristas y vecinos se desplazaron en una coreografía que hizo mover hasta el cansancio a las llamadas fuerzas de la ley, este miércoles la performance se optimiza, ganando en eficacia y poesía.
Porque comienzan sobre la plaza, dejan atrás los cordones de las fuerzas sin bajar a la calle, caminan sobre la vereda, cantan “qué feo debe ser pegarle a un jubilado para poder comer”, bordean la calle Hipólito Yrigoyen, llegan hasta la otra punta en Luis Sáenz Peña, doblan en U hacia Avenida Rivadavia, y de repente bajan a la calle, porque a los efectivos (?) no le dan los pies para caminar tan rápido y evitarlo, y entonces cuando llega la PSA la columna pasa de nuevo sobre la vereda cantando “qué vergüenza pegarle a un jubilado por dos pesos con cincuenta”, y vuelven hacia Yrigoyen, y bajan a la calle, hasta que llega Gendarmería corriendo, y entonces vuelven a la vereda, y llegan hasta Sáenz Peña –otra vez– y bajan a la calle –otra vez– y cortan la calle, y de las motos y los autos suenan bocinas, y los manifestantes saludan riéndose como niños, porque la desorientación federal es total, hasta que llega la Federal, y se suben a la vereda, y así sucesivamente.

Crearon un cauce.
Una marcha infinita.
Una invitación a que el próximo miércoles las gotas que van confluyendo en esta ceremonia semanal sean cada vez más.
Cientificidio, motosierra y licuadora
El mismo día, en 15 ciudades del país se realizaron actos en los que participaron miles de científicos contra lo que llamaron “cientificidio”. El hecho se plasma en la motosierra sumada a la licuadora, aplicada a entidades como el Conicet (Consejo Nacional de Actividades Científicas y Técnicas) y la Agencia Nacional de Promoción Científica.

Foto: lavaca.org
Investigaciones y proyectos de todo tipo –desde estudios sobre cáncer hasta resistencia a los antibióticos– son amputados por la motosierra, mientras la licuadora se aplica a salarios que en muchos casos han sufrido pérdidas del 40% durante esta etapa que el gobierno “libertario” define como un éxito.

FotoCobertura colaborativa / RAICYT
En Buenos Aires la concentración se realizó en el Polo Científico (en Palermo), ante una situación que quienes trabajan en ciencia definen como desesperante, por el grado de destrucción y vaciamiento que sufre una actividad crucial.
El planteo fue: «Desde el estudio de la pandemiahasta la producción de alimentos, desde la historia argentina hasta la transición energética, desde las desigualdades sociales hasta la nanotecnología, desde la literatura hasta la biomedicina: no hay agenda de futuro sin ciencia». Los organizadores informaron además: “El poder adquisitivo de salarios y becas cayó un 40%, alcanzando niveles históricos mínimos, comparables a los de 2001”. Ya se han perdido 4.000 puestos de trabajo. La llamada “fuga de cerebros” se ha convertido en otro regalo que Argentina hace al mundo: no solo los recursos naturales sino también los humanos pasan a estar de remate. Los científicos plantean: “El gobierno ha implementado una política de aniquilación de aquello que llevó décadas construir”.

Foto Cobertura colaborativa / RAICYT
Las y los manifestantes se inspiraron en El Eternauta, con máscaras y la consigna “Nadie se salva solo”. Hace más de un año y medio las marchas de jubilados están planteando el mismo tipo de cuestiones y mostrando un camino que parece haber inspirado también al Polo Científico.
Una diferencia notable es que las máscaras de jubilados, periodistas y fotógrafos en Congreso son previas a la serie de Netflix, muchas veces caseras y precarias, y consecuencia de que son literal y semanalmente atacados con gases tóxicos, cosa que ha ocurrido hasta con niñas.
En el caso del Polo Científico, los atuendos están muy bien hechos y son simbólicos, ya que no han sufrido ataques físicos como los jubilados (aunque si siguen reclamando seriamente tal vez lo logren).


Ataques a jubilados y fotógrafos
Volviendo a la marcha de jubilados, las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria) comandadas por Patricia Bullrich mostraron ya no solo su cara represiva, sino también una improvisación inusitada. Un decálogo de postales de desconciertos y abusos:
1) Al vallar todo el Congreso –incumpliendo su propio protocolo antipiquete y cortando el tránsito en Avenida Rivadavia, Callao, Riobamba e Hipólito Yrigoyen– , generaron un peligro latente porque la gente debía caminar un tramo sobre Callao por la calle, pegada a los autos.

2) No dejaban cruzar a la gente por la senda peatonal de Rivadavia y Callao y tampoco explicaban el por qué. Solo ganaron reproches e insultos, también, de las personas que no estaban reclamando por las jubilaciones. Por ejemplo, automovilistas.
3) Armaron una barricada en medio de la Plaza de los Dos Congresos, sin ningún sentido (dentro de la plaza no hay calles que despejar).
4) Armaron otra barricada en medio de la vereda, a la altura de Rivadavia al 1771, entre Callao y Rodríguez Peña. Es decir: la policía hacía un piquete que impedía que los transeúntes fueran por la vereda, obligándolos a bajar a la calle. Al rato se dieron cuenta del absurdo y se movieron, entre risotadas e insultos.

5) Volvieron a gasear a la prensa. Antonio Becerra, fotógrafo de Tiempo Argentino, fue uno de los más afectados.
6) Según registró la Comisión Provincial por la Memoria hubo al menos 18 personas heridas.
7) Para seguir visibilizando su reclamo, un puñado de no más de veinte jubilados empezaron un semaforazo en la esquina de Montevideo y Rivadavia. Cuando se ponía en rojo el semáforo sobre Rivadavia, saltaban a la calle a reclamar e informar frente a los automovilistas. Cuando cambiaba al verde, subían. Así una y otra vez, hasta que llegó un ejército de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) les impidió hasta eso.
8) La mayoría de los efectivos de todas las fuerzas no llevaban identificación.
9) Cuando se les pregunta el por qué, muestran otro de sus protocolos: se ríen socarronamente.
10) Un dato no menor: quienes se ríen, están con trajes blindados y armados hasta los dientes.

Los jubilados que usan máscaras no lo hacen para parecerse a El Eternauta, sino porque son literal y semanalmente atacados con gases tóxicos por la policía, y además por fuerzas de presencia inentendible en la plaza de Congreso: Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria.
El colchón y las empanadas
Entre dólares en colchones y empanadas caras, hay un problema central que tiene menos prensa: la jubilación mínima sigue siendo de $296.481, a la que se suma un bono extra que desde marzo de 2024 yace congelado en $70.000, con lo que el haber llega a $ 366.481.
Armando tiene 74 años y es de Barracas. “Los dólares del colchón y las empanadas de Darín son métodos de distracción, de engaño hacia la gente, que se ve que les sirve porque tienen adeptos y ganan elecciones. Me pregunto cómo pueden lograrlo con el deterioro que están haciendo y con la maldad que tienen, porque no aumentar nuestras jubilaciones lo festejan como una victoria”.

¿Qué tiene usted en el colchón? “Lo único que me queda es el elástico”, dice y ríe por primera vez. Se pone serio: “Siempre que tuve un sope lo tuve que gastar. Y ahora ni eso. He sabido estar mejor, pero no ahora. Tengo el esófago de Barret, una enfermedad por la que debo tomar tres remedios todos los días y este gobierno me quitó el más caro, que antes era gratuito. No puedo pagar 50.000 pesos así que mi doctora me bajó la dosis a la mitad”.
Delia sostiene un cartel que denuncia lo que cobra un senador (9 millones de pesos) y exige “basta” y que los jubilados sean “los primeros”.
Cuenta su modo de supervivencia: “Cobro la mínima, 366 mil. Pago de alquiler casi 200 mil, y 100 mil de expensas. Sacá la cuenta de lo que me sobra para todo el resto del mes. Después la luz, el gas; lo que nos dicen es ‘no vivas, no vivas más’; o sea ¿me tengo que suicidar? Eso es lo que van a lograr, y chau”.

Estela y Lidia tienen 63 y 72 años. Están juntas y enojadas. “Los medios de comunicación son cómplices de que el gobierno nos trate como el repulgue de la empanada, obviando los temas importantes, como es esta protesta. Todo el mundo hablando de Darín, o mostrando sus colchones con el fin de disfrazar la realidad”.
Ven lo positivo de las empanadas: “Es importante que un artista como él haya hablado, porque aunque nosotras comamos en lugares más baratos, no dejamos de sufrir”.
¿Qué se sufre? “Lo que no tenemos en el colchón porque no tenemos ni en la heladera. Ya no estamos cocinando de noche. Ya pasó para nosotros lo de las 4 comidas. No existe más”.
Liliana –70 años, de Sarandí–, Sandra –63, de Quilmes– y Elba –72, también Quilmes– son tres amigas de zona sur del conurbano que tienen la bandera argentina como capas de superheroínas. Liliana se ríe para no llorar de lo que hay debajo de su colchón: “Deudas y cuentas, bien abajo de la almohada, esa que todas las noches no te deja dormir. Hasta el servicio de televisión tenemos que cambiar porque no alcanza. ¿Comer?, por Dios”.
Sandra come al mediodía: “A la noche matecocido, nomás”.
Elba fue a la mañana a hacer mandados porque a la noche viene su nieto a cenar: “Una hora estuve mirando precios. Me decidí por un bife de costilla, medio flacucho: $11.500 el kilo, para que coma bien el nene”. Liliana dice: “Bueno, ¿ves? Yo carne ya no”. Elba suma: “Y yo no voy al doctor porque me va a dar un remedio que no voy a poder comprar –dice y se señala la boca–. Todos los días rezo para que Dios me cuide los dientes”.

Efecto del gas pimienta.
Ricardo, 68 años, trabajó de todo –chofer de colectivos, montador, en una tejeduría de San Martín–, y cuenta que hace cuatro meses lo operaron de cáncer de próstata. “No me alcanza ni para los medicamentos, hijo”, dice, con los ojos como dos espejos. “Estoy acá porque Dios, quizá, me permite vivir un poquito más”. Su mujer trabaja y banca la situación, pero tuvieron que ir cambiando el menú: otro aceite, otras carnes, otra verdura, otro tomate, otros huevos. “Me entendés, hijo, todo hizo que nuestra vida se deteriorara en un sentido de dignidad de la mesa”. No pensó que después de jubilarse estaría de nuevo en las calles, pero acá está, con fe y esperanza de que Argentina pueda cambiar: “Ustedes tienen que razonar, la juventud, porque van a ser los más damnificados. Dios te ayude, hijo”.
Pasó otra marcha y pasó otro miércoles. Y llega un nuevo parte desde el Hospital Ramos Mejía, donde Pablo Grillo permanece internado desde aquel miércoles 12 de marzo cuando fue baleado por un gendarme con el impacto de un proyectil de gas apuntado a su cabeza. “Continúa estable en terapia intensiva. Desde Neurocirugía, su cuadro está controlado y su evolución es positiva. Desde Terapia Intensiva, se le están administrando antibióticos por la detección de una infección en vías urinarias. Está siendo monitoreado y su estado, por el momento, está controlado”.
La jubilación mínima sigue siendo de 366 mil pesos: salvo excepciones, no alcanza para comprarse un colchón. Más de cinco millones de jubiladas y jubilados hoy cobran eso.
Y por eso, también, seguirá esta marcha que parece infinita. El próximo miércoles.

Actualidad
Represión y reacción

(Por Claudia Acuña)
Con las cámaras en alto y sentados en el asfalto (imagen de portada), más de cuarenta reporteros y reporteras gráficas lograron que liberen al fotógrafo Tomás Cuesta y se desestimen varios de los cargos que querían atribuirle a Javier Iglesias, otro de los fotógrafos arbitrariamente detenido al finalizar la ronda de los miércoles de las y los jubilados en el Congreso. También fueron apresados Pablo Luna, jubilado ex trabajador de YPF y Leandro Cruzado, integrante del Club Antifascista, quienes según la fiscalía Este –a cargo de iniciar la causa judicial– podrían recuperar la libertad mañana al mediodía.
Como todos los miércoles la prensa fue blanco de gases y palos por parte de las fuerzas de seguridad, que en esta oportunidad intentaron dar un paso más: el video que muestra la detención de Tomás Cuesta (al final de este artículo) es la evidencia de la brutalidad de su accionar. Cuesta, quien habitualmente trabaja para medios internacionales, estaba cubriendo la ronda para la organización Amnistía Internacional, que en estos días está elaborando un informe sobre la represión estatal a la protesta de jubilados enviando a Buenos Aires a una especialista de la oficina central de esa oenegé, desde Inglaterra.

Uno de los detenidos del miércoles: jubilados y la prensa en la mira.
Javier Iglesias es un fotógrafo independiente que cubría la protesta para medios especializados en temas de represión estatal. Ambos fueron derribados al piso, ambos soportaron la rodilla de un gendarme en la mejilla para aplastarles así la cabeza contra las baldosas, ambos fueron esposados y trasladados al estacionamiento situado exactamente enfrente del ingreso al Senado de la Nación. El contraste se hizo aún más evidente cuando los dos fotógrafos fueron obligados a pararse en el paredón de la playa de estacionamiento mirando hacia el frente: lo que veían desde esa posición era el Palacio, símbolo de la representación democrática. Quizá porque el oficio es exactamente ese –saber mirar– los y las fotógrafas que llegaron hasta allí para conocer la situación de sus colegas decidieron hacer entonces un camarazo con sentada: no iban a naturalizar otro miércoles de impunidad. El momento, además, era muy sensible: acababan de llegar las noticias del resultado de la nueva operación al reportero Pablo Grillo, a quien una descarga de Gendarmería lo hiriera de gravedad y le dejara como secuela una hidrocefalia que hoy obligó a colocarle una válvula para drenar el líquido del cerebro al abdomen.

Otro de los detenidos. Foto publicada en Tiempo Argentino.
El primero en sumarse a la plantada fue el secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi. “Todos los miércoles jubilados y periodistas somos el blanco de la represión. No nos vamos a mover de acá hasta que tengamos una respuesta”. También personal de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se presentó tanto en el estacionamiento como en la fiscalía para conocer la situación y los argumentos que, supuestamente, justificaban las detenciones. Finalmente llegaron los representantes políticos: el diputado Germán Martínez –presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria- la senadora Silvina García Larraburu y el senador Mariano Recalde: en ese orden. En tanto, la fiscalía aceptó revisar “pruebas”: comprobó así que no había ningún video ni declaración policial que justificaran la detención de Tomás Cuesta y ordenó su liberación. Los tres restantes debían esperar la decisión del juzgado, por que la fiscalía ya había validado las detenciones en un trámite más rápido que el pedido de explicaciones.

“La clave fue la reacción”, sintetiza uno de los colegas de Tomás, que comunicó inmediatamente la noticia a su mamá que en estos días está trabajando en el Festival de Cannes: es la jefa regional de la agencia internacional de noticias Associated Press.

Un signo de los tiempos: Detenidos sin explicación, contra la pared, en un estacionamiento usado por la policía ubicado exactamente frente al así llamado Honorable Senado de la Nación Argentina.