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Presos en comisarías: las tumbas del siglo 21 (videos)

Publicada

hace 1 año

08/08/2024

No hay diputados que los visiten ni se tomen fotos con ellos. En Tucumán hay más presos en las comisarías (2.700) que en las ocho unidades carcelarias de la provincia (2.000). Ese número la coloca en el 2º puesto a nivel nacional con respecto al hacinamiento en comisarías. Las denuncias y videos de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura muestran por ejemplo 17 personas amontonadas en celdas de 3 x 4 en algunas comisarías, y otras en las que hay amontonadas 80 personas en tres calabozos. En un caso hay además 19 policías imputados por torturas masivas. En esas comisarías ninguna persona debería estar más de 24 horas, pero hay detenidos que están hace más de 4 o 5 años sin condena (salvo la de subsistir allí). Y a quienes tienen condena (que no deberían estar allí sino en las cárceles, en otras condiciones) no les permiten la libertad condicional y salidas transitorias que plantea la ley, agravando la superpoblación de presos.

Además, según datos oficiales, la “puerta giratoria” funciona al revés del lugar común. Promedio: cada día hay 6 personas detenidas, y solo una liberada, lo que implica un aumento exponencial del problema.

Todo esto podría ser parte de alguna serie de ficción carcelaria, pero es la realidad. Los datos son tan graves que interviene un comité contra las torturas: uno de sus integrantes, Fernando Korstanje, fue golpeado en la Comisaría 1º por la propia policía.

La situación del castigo convertida en un fin en sí mismo, un proceso de humillación y degradación personal contra lo que dicta la Constitución. La “infrazoología” para los detenidos. Los delincuentes exitosos premiados por los gobiernos, frente a los fracasados e ineficaces. La teoría de la cárcel como un mal negocio, y las opciones que podrían aliviar la situación.

Por Francisco Pandolfi

Esto no es ficción.

Esto es Tucumán.

En la Comisaría 1º de la capital, las mujeres viven en un pasillo de menos de un metro de ancho.

La Comisaría de Yerba Buena tiene una denuncia por torturas masivas en la que se imputó a 19 policías. Allí, por ejemplo, Ángel Rojas está condenado a 5 años y 3 meses, debería haber tenido salidas transitorias desde agosto de 2023 y gozado de la libertad condicional desde el 21 de junio de 2024. Está por cumplir cuatro años encerrado en una comisaría.

En la Comisaría 8ª de San Miguel de Tucumán están alojadas 17 personas en un calabozo de 3 metros por 2 metros (como se ve en el video). O sea, casi tres personas por metro cuadrado.

Esto no es ficción. Esto no es El Marginal. Esto es Tucumán.

Video en la Comisaría 8º.

Años hacinados

Según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) existen estándares mínimos de habitabilidad, tanto para cárceles como para comisarías o lugares provisorios de detención. “En una comisaría debe haber 6 metros cuadrados para el primer preso, 4 metros cuadrados más para el segundo, 4 más para el tercero, y así sucesivamente por cada uno que se agregue para dormir”. En una cárcel, donde se realizan actividades extras, las dimensiones se amplían: “Se calculan 12 metros cuadrados por cada uno”.

Con estos cálculos, en la Comisaría 8ª donde hay 17 presos en una celda, debería haber uno solo. No es la única tortura. “En una comisaría no se puede estar más de 24 horas, pero hay presos que están hace más de cuatros años, todos hacinados, en total oscuridad”, afirma Fernando Korstanje, que aporta otro dato para graficar la situación que buscan prevenir: Tucumán es la única provincia del país que tiene más presos en las comisarías (2.700) que en las cárceles (2.000).

Presos en comisarías: las tumbas del siglo 21 (videos)

Imágenes obtenidas por la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura en la Comisaría 5ª.

“Las cárceles tienen un cupo, que cierran cuando no entran más presos; en cambio las comisarías no, siempre entra uno más”. Así lo plantea Fernando Korstanje, uno de los designados en la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Tiene 62 años, es pedagogo y docente en la Universidad Nacional de Tucumán. La Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura es un organismo público. “Un mecanismo que viene en cascada desde las Naciones Unidas a Tucumán y a otras provincias, a partir de un tratado que para Argentina tiene rango constitucional y es de cumplimiento obligatorio”. Se creó en 2012 pero se puso en funciones 10 años después. “Y no al 100%”, denuncia.

–¿Qué se hace con los informes?

–Se elevan al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, pero fuera de eso que es lo obligatorio, lo que se haga localmente es según el caso, la conveniencia, la oportunidad. Hay veces que se los ponemos, por ejemplo, en la mesa al director de la cárcel, para que eso mejore. Lo mismo con los jueces, lo mismo con los abogados defensores y también podemos hacer una denuncia penal sobre situaciones específicas. Pero no funciona. Por último el Comité Nacional informa al Subcomité de Prevención de la Tortura, que es un organismo también independiente pero internacional, que puede realizar inspecciones en el país, a las cárceles que les parezca.

Cuerpos hacinados en la Comisaría 8º.

Funcionarios invisibles

La comisión debería ser integrada por 9 personas. Seis que representan al Estado y tres a la sociedad civil (Silvia Rojkés, Andrés Romano y él). Fernando dice que los componentes de los poderes políticos son los únicos que cobran salarios y viáticos, como funcionarios provinciales, y también los únicos que no hacen nada: el secretario de Derechos Humanos Mario Racedo (“con quien tenemos diálogo pero no integra la comisión”); el Ministro Público de la Defensa Washington Navarro Dávila y el Ministro Público Fiscal Edmundo Jiménez.

Los otros tres son legisladores, dos por la mayoría, uno por la minoría: “En 2022 fueron designados pero nunca asumieron, nunca hablaron con nosotros ni nos respondieron mensajes. De hecho, ya vencieron sus mandatos”. Se trata de Raúl Ferrazzano, Maia Martínez (Unión por la Patria) y Raúl Pellegrini (UCR). Sintetiza Korstanje: “Solo funciona la parte de la sociedad civil, pero con una estructura presupuestaria de una debilidad inmensa”.

Peor que en un zoológico

Korstanje se presenta como “un militante contra la tortura”. Una de las formas a la que se enfrenta lleva el nombre de hacinamiento, al que describe como “infrahumano”. El fallecido criminólogo Elías Neuman agravaba más aun el concepto: “Él hablaba de infrazoología. Ningún juez aceptaría que sus mascotas vivan así, en las condiciones que viven estos seres humanos. Me preocupa que la tortura que se le está ejecutando a todos los presos del país no importe”.

Comisaría 5ª de Tucumán.

Según la Convención, se denomina “tortura” a todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

Torturas, una al lado de la otra

Fernando enumera qué torturas ve, escucha, siente, en las comisarías tucumanas:

1– La salud: “Por supuesto que hay gente sarnosa, con todas las enfermedades que tenía, más todas las que se agarró detenida. En una convivencia con tantas personas es evidente que no hay ningún tratamiento que valga. Los mecanismos de salud hacen la pantomima que atienden a los presos uno por uno, cuando ellos bien saben que tienen que estar aislados. Predomina el criterio de la supuesta seguridad, pero no es seguridad; es castigo, liso y llano”.

2–La falta de asistencia jurídica es otro eslabón de esta cadena que aprisiona hasta asfixiar. Hay un camino recurrente: abogado privado previo al juicio (quien lo puede pagar) y abogado público tras la sentencia. “Los abogados privados pueden ser útiles mientras estás enfrentando un juicio, donde se juega la libertad, la expectativa es importante y la cobranza del defensor está garantizada. Si perdió el juicio, en general, el acompañamiento durante la condena no le interesa el abogado y en muchos casos tampoco se le puede seguir pagando, entonces aparece la mayoría de los defensores públicos que, como ganan lo mismo, les da igual si al preso lo torturan o no, si sale antes o si sale después. Tampoco atienden las llamadas de las personas privadas de la libertad ni conocen las comisarías; no los visitan en las audiencias, que las miran por zoom. Jueces, fiscales, defensores ya no van a verlos, no los huelen y esto no es algo despectivo: muchos presos huelen mal y es importante olerlos para saber con quién estás hablando, que el juez conozca la comisaría, que se le vea el cuerpo entero para descubrir cómo lo torturaron y le rompieron una pierna”.

3–Las condenas: “Su ejecución, por ley, determina que a la mitad de la condena podés empezar con salidas transitorias. La misma ley dice que a los dos tercios cumplidos tenés el beneficio de la libertad condicional, o sea, estar libre. Hay mucha gente que se queja por la ‘puerta giratoria’ y no es así. Si alguien tenía que cumplir 10 años, sale a los 7 porque la ley dice que no hay que tener a alguien en la cárcel y abrirle la puerta el último día, sino que sea progresivo, para que se vaya adaptando a la sociedad. Para este beneficio, la persona condenada debe haber hecho lo que se llama el tratamiento penitenciario: ir al psicólogo, participar de actividades educativas, trabajar, hacer deporte, tener visita de sus familiares y haber tenido buena conducta…”.

Fernando hace un silencio y su respiración se agita, como síntoma de un enojo que no disimula: “¿Qué buena conducta puede tener alguien en un pabellón totalmente hacinado. Los jueces le exigen al preso toda esa serie de actividades que son imposibles de cumplir en una comisaría. Como comisión pedimos que solo se contemple el requisito del paso del tiempo, lo cual es irrefutable”.

En 2015, dos fiscales presentaron un habeas corpus para denunciar que había 400 presos en comisarías. Hoy, la cantidad casi se septuplicó: 2.700. Dice Korstanje: “En ese momento ya era escandaloso, pero ahora, habiéndose multiplicado la cifra, el mismo Ministerio Público Fiscal se niega a las salidas transitorias porque aducen que deben pasar más tiempo en comisarías, que ellos mismos no conocen. Resulta fácil pedir mano dura sin haber entrado a un calabozo”.

Delincuentes exitosos vs fracasados

¿Por dónde se empieza a transformar la situación? “Desagotando las comisarías, aplicando activamente el calendario fijado por ley”.

Puede imaginarse que eso incentivaría los discursos sobre inseguridad. Replica Korstanje: “Seguridad no es equivalente a castigo. Lo que se está viendo en esas comisarías es castigo y es tortura, que no se expresan en seguridad para los ciudadanos”.

La descripción del tema: “Por empezar es una selección de algunos tipos de delitos, y de algunos tipos de miembros de la sociedad. Es doblemente selectivo el sistema de persecución del crimen. Persigue algunos criminales y a otros no, por algunos delitos y otros no”.

¿Por ejemplo? “Lavado de activos en vez de ser perseguido por la Justicia, por la policía, es cada tanto premiado con una ley de amnistía, de blanqueo, y es aplaudido porque traen al país fondos ilegales que nunca declararon y no sabemos de dónde salieron. Ese delito y todos los delitos de cuello blanco no son perseguidos y tampoco son perseguidos ciertos estratos de la sociedad, sino los más vulnerables, los más débiles. Los delincuentes fracasados, los ineficaces, son los atrapados. Entonces no es seguridad. Yo le propondría a la sociedad que en vez de cargar con la culpa de tolerar esta situaciones –que la tendríamos que tener todos– hagamos algo para prevenir”.

El ejemplo argentino

Sin romanticismo, agrega: “No romantizo que aquel que comete delitos es por necesidad y no tuvo oportunidades y es un pobre tipo que está obligado a cometer un delito. Eso no es verdad, pero tampoco es verdad lo contrario. Hay una cosa desde el nacimiento: educación, salud, trabajo, afecto, amor contención familiar, oportunidades, que tienen que ver con quién es quién en la sociedad. Entonces me preocuparía por tratar de equilibrar eso en vez de empujar a gente a querer tener lo que otros tienen. El sistema capitalista está pensado así para que cada uno quiera aspirar a tener. Hasta los trámites para el certificado de incidencia que necesitan los presos para salir de la comisaría se hace por Internet, con un celular, con una computadora, que muchos familiares no tienen”.

“Y en términos más políticos históricos situados en la Argentina diría que somos un ejemplo mundial que hemos juzgado los peores crímenes de lesa humanidad con la ley en la mano, sin torturar ni fusilar a nadie, garantizándole abogados del Estado a quienes hemos juzgado dando un ejemplo de legalidad y de ejercicio ciudadano democrático. ¿Cómo entonces vamos a torturar al que robó un celular? Si le hemos garantizado el debido proceso, las condiciones de alojamiento, de alimentación, de salud a los peores y somos un orgullo por eso internacionalmente hablando, ¿cómo vamos a dejar que ese orgullo se ensucie porque tenemos a los rateritos de ropa de la soga hacinados en comisarías y torturados?”.

6 presos diarios x 1 que sale

¿Por dónde se sigue? “Ante esta situación que estamos viviendo en Tucumán el Poder Judicial no dice nada, y el Poder Ejecutivo sólo informa que va a construir una cárcel. Pero esa no es la única solución: hay un abuso de la prisión en desmedro de otros recursos que tienen los jueces como las prisiones domiciliarias y condicionales, las probation, etcétera. La cárcel no es el único remedio, entre comillas, que puede aplicar un juez. Que no haya cárcel no es sinónimo de impunidad”.

Para comprenderlo mejor trae un ejemplo con una seguidilla de preguntas: “¿Si está preso en su casa pasa una gran vida? ¿No vivimos en la pandemia sufriendo que no podíamos salir? ¿O vivimos algo lindo confinados en nuestras casas?”.

En Tucumán, por día, ingresan seis personas a prisión y sale una, según los datos que surgen de las propias fuerzas policiales. Con matemáticas de primer grado se entiende que hay cinco presos más por día. “Ni esta provincia ni cualquier otra está en condiciones de construir lugares para albergar a tanta gente”, deduce.

El mal negocio de la cárcel

Korstanje está parado sobre la calle Idelfonso de las Muñecas (en memoria de un tucumano, sacerdote y guerrillero que libró batalla en la Independencia del Alto Perú) a la altura 1658, en el centro de San Miguel de Tucumán. Cuando habla con lavaca permanece en la puerta de la comisaría 5ª, de donde acaba de salir.

“Las cárceles y las comisarías no son una vía muerta, no son un lugar donde la gente no vuelve más. Y eso pasa porque los presos regresan a la sociedad en condiciones mucho peores, peorísimas”, es su neologismo.

“Entonces, al que pide únicamente castigar, castigar, castigar y cárcel, cárcel, cárcel para lograr justicia, hay que enseñarle que es un muy mal negocio. ¿Quién le va a dar trabajo a alguien que estuvo preso de esa manera? Los presos no pueden usar celulares, ¿y quién le va a dar trabajo a alguien que sale de la cárcel después de 15 años y no sabe usar un celular?”.

–¿Qué vio en la Comisaría 5º?

–Nadie tendría que estar más de 24 horas allí, pero encontré gente que está hace casi cuatro años encerrada sin ver una luz. Literalmente. Quise sacar fotos y no se ve nada. Hay videos que son impresionantes en cuanto al hacinamiento, pero siempre hay uno más impresionante que el anterior. Si hay algo de lo que estoy seguro es de que nadie se merece las penas que están cumpliendo, porque son ilícitas, son torturas. No figura en ninguna parte del Código Penal que te van a matar de hambre, de frío, que te van a desnudar y ponerte de rodillas o tirar en una habitación con muchísimas personas. Si eso no es una tortura, ¿qué es?

–¿Qué significan muchísimas personas?

–Hay 80 personas en tres calabozos. El más grande mide 3.5 x 4. Los otros dos, la mitad. O sea, el piso del calabozo son los colchones, no se ve otra cosa en la base. Debajo de los colchones, están las tapas de las cloacas. Una de las celdas está al aire libre, porque antes era parte del patio. Como techo le colgaron un plástico, así que cuando llueve se quedan ahí, mojándose, o se van a los otros dos calabozos.

¿Salen de sus celdas en algún momento? “Nunca. La más grande, que está en el fondo, no tiene absolutamente nada de luz y directamente es un pasillo. Hay pérdida de agua permanente y tienen un solo baño con letrina. La ducha está afuera. Tienen agua fría y caliente”.

Korstanje filmó un video desde adentro, a oscuras. Se ve poco, pero la voz de un detenido se escucha bien nítida: “Nos marginaron totalmente a los internos, quitándonos todo. Y acá estamos, sin derecho a hacer ningún reclamo”.

Video en la Comisaría 5º de Tucumán.

Policías en acción

Último dato: el propio Korstanje fue agredido en la Comisaría 1º de Tucumán, al querer cumplir su deber de inspeccionarla. El jefe de la Comisaría Esteban Molina se lo impidió, planteando que necesitaba una orden. Falso: Korstanje le leyó la norma legal que lo habilita a inspeccionar sin las supuestas “autorizaciones superiores”. Molina siguió negando, y Korstanje se quedó en el hall de la Comisaría. Al rato apareció otro policía sin identificación diciéndole que se fuera. Korstanje le pidió que se identificara. Como el uniformado se negó, le tomó una foto con su celular.

El policía que golpeó a Fernando Korstanje, integrante de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Una vez tomada esta foto se produjo la agresión.

La respuesta fue un puñetazo en la cara, y la amenaza de seguir golpeándolo y la de “meterle el celular en el culo”. La denuncia de Korstanje contra el agresor no identificado (pero fotografiado) y contra el jefe de la Comisaría quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos del Centro Judicial Capital.

El titular de la Comisaría donde se produjo el ataque, Esteban Molina, que negó a la Comisión la posibilidad de inspeccionar el lugar para lo cual está facultada por ley.

Se pregunta Fernando: «El problema es que si le hacen eso a un comisionado que tiene funciones otorgadas por la ley para poder inspeccionar, ¿qué no ocurrirá con el pobre preso que está detenido allá adentro?”.

Fernando Korstanje corta la llamada con lavaca, arranca el auto y va a visitar a otra comisaría.

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Publicada

hace 4 días

08/10/2025

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

“Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
“El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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Héctor Guerrero procesado: el gendarme que le disparó a Pablo Grillo

Publicada

hace 5 días

07/10/2025

El fallo de la jueza María Servini confirma que el 12 de marzo el gendarme Héctor Guerrero disparó horizontal y directamente a la cabeza de Pablo Grillo, y que realizó otros cinco disparos antirreglamentarios, del mismo tipo. Luego lo nombraron instructor de tiro. La contundente descripción de lo sucedido, y de la responsabilidad del cabo. Lo que explican a lavaca el hermano y el padre de Pablo: Ahora que la Justicia comprobó al autor material, hay que ir por quienes dieron las órdenes.

Por Francisco Pandolfi

La jueza federal María Servini procesó este martes al cabo Héctor Jesús Guerrero por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en cinco oportunidades, agravado por integrar una fuerza de seguridad: Gendarmería Nacional.

La jueza además dio por probado que Guerrero disparó desde la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Solís la granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza dal fotógrafo Pablo Grillo, dejándolo al borde de la muerte, el miércoles 12 de marzo en el marco de la movilización de jubiladas y jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

“No revisten dudas razonables acerca de que ese fuera el agente que realizara los disparos en cuestión”, dice el fallo de 293 páginas.

El resultado que buscaba

El dictamen es contundente y explica que Guerrero hizo lo que se proponía (no hubo error o accidente): “La figura de las lesiones gravísimas puede ser cometida tanto por dolo directo como por eventual, del material probatorio incorporado a esta causa me permito afirmar que por este delito Guerrero actuó, respecto a ese resultado gravísimo, con este último. El aquí procesado se representó la posibilidad de producir las lesiones gravísimas, y con su actitud o predisposición psíquica, le resultó indiferente la eventualidad del resultado. Vale decir que procedió sin importar que ello suceda. Esta actitud de indiferencia o de asentimiento hacia la probable producción del resultado es lo que hace inclinarme a dictar su procesamiento por el delito de forma dolosa”.

Héctor Guerrero procesado: el gendarme que le disparó a Pablo Grillo

Pablo Grillo, durante un momento de recuperación, tras el cual volvió a terapia intensiva y a múltiples operaciones.

Disparo horizontal

La jueza Servini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que el disparo de Guerrero fue de forma horizontal y antirreglamentaria “a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él, o incluso la vida”.

Servini se refirió a la prueba audiovisual con la que basó su decisión y desechó el argumento esgrimido por el gendarme en su declaración del pasado 17 de septiembre, sobre carecer de la visual de los manifestantes:

“De estas imágenes puede apreciarse sin ninguna duda que Guerrero efectuó el disparo de forma antirreglamentaria en dirección hacia la cual se hallaban los manifestantes, con una visibilidad más que clara, sin haber ni humo ni agua ni ninguna otra sustancia u obstáculo que pudiera haber evitado que el nombrado detectara la presencia de una gran cantidad de personas en la dirección hacia la que disparó”.

Guerrero en septiembre, al ir a declarar ante la jueza Servini.

El instructor de tiro

Servini resaltó en el procesamiento que el cabo estaba capacitado para disparar este tipo de armas. “Surge con claridad la experiencia con la que contaba Héctor Jesús Guerrero, no tratándose de una persona inexperta, todo lo contrario”.

Nueve días después de la ejecución criminal, el cabo fue reconocido. Dice Servini en su resolución: “Es dable destacar que el día 21 de marzo de 2025 ejerció funciones como instructor de tiro de la Sección de Empleo Inmediato, por lo que el nombrado resulta ser una persona capacitada en cuanto a ello”.

El 11 de agosto pasado y por orden del Juzgado, la División Balística de la Policía de la Ciudad junto con peritos de la querella y la defensa reconstruyeron la ejecución producida por Guerrero y descartaron que el disparo hubiera sido en 45 grados hacia arriba o entre los 30 y 45 grados hacia abajo, como obliga el manual de las pistolas lanzagases. Y dictaminaron que si Guerrero hubiese disparado en cualquiera de esas dos formas, el cartucho no hubiera alcanzado a Pablo del modo en que sucedió.

El juzgado comprobó que Guerrero durante la represión disparó contra los manifestantes otras cinco veces de forma antirreglamentaria. El procesamiento es sin prisión preventiva, se le impuso un embargo de 203 millones de pesos y le mantuvo la prohibición de salir del país.

Pablo hoy, y lo que empieza

Pablo Grillo continúa en el hospital de rehabilitación neurológica Manuel Rocca, a casi siete meses del disparo que estuvo a punto de quitarle la vida, y que se la cambió para siempre. El 12 de marzo estaba cubriendo la manifestación hasta que a las 17.18 recibió el impacto de munición de gas lacrimógeno en la parte frontal de su cabeza, herida que le hizo perder masa encefálica y derivó en múltiples cirugías que lo mantuvieron internado en terapia intensiva durante meses.

Desde la organización de familiares y amigos de Pablo comunicaron hoy las novedades de su estado de salud: “Su evolución es positiva, está empezando a comer papilla con ayuda. Continúa con sonda como alimento principal. Se sienta y se levanta con asistencia. Le están administrando medicación para que esté más reactivo. Seguimos para adelante. Lento, pero a paso firme”.

Su hermano Emiliano le cuenta a lavaca lo que siente tras enterarse del dictamen judicial: “Con este procesamiento tengo un montón de sensaciones. Una mezcla de alegría, bronca, tristeza, porque mi hermano no tendría que estar así, todo esto no debería haber pasado. Yo me niego a naturalizar estas situaciones. Sabíamos que más tarde o más temprano este procesamiento iba a llegar porque El Mapa de la Policía hizo un trabajo extraordinario y demostró quién fue el que tiró. Estamos satisfechos con la decisión de la jueza. Ahora que la Justicia comprobó al autor material, hay que ir por quienes dieron las órdenes. Hasta el momento tenemos una justicia parcial, para que sea total hay que ir por la cadena de mandos”.

Agrega a lavaca Fabián, el padre de Pablo: “Es un paso importante, está dentro de lo que esperábamos. Hay que seguir, veremos lo que resuelve el juzgado de aquí en más. Las sensaciones son raras, porque no podría decir que es alegría ya que Pablo todavía no está bien. Mejorando mucho, pero no bien del todo. Lo importante es que se empiece a hacer justicia. Este es sólo el comienzo”.

Imagen durante uno de los actos frente a Comodoro Py.

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Actualidad

Marcha de jubilados: guerra, paz y fernet

Publicada

hace 2 semanas

01/10/2025

El acto de jubiladas y jubilados volvió a exhibir este miércoles la absurda represión contra personas que trabajaron toda la vida y se manifiestan pacíficamente ante la licuación brutal de sus ingresos. Tras los golpes, las fuerzas de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal (que no parecen estar donde deberían), recibieron orden de retirada, mientras la gente celebraba otra batalla ganada. El acompañamiento de personas discapacitadas, la creatividad de los carteles, las estampitas de la Virgen y las teorías sobre el fernet para describir parte de la actualidad.

Por Lucas Pedulla y Sergio Ciancaglini

Fotos: Juan Valeiro/ lavaca.org

El horario de marcha de jubilados y jubiladas de todos los miércoles es a las 15 horas: a la hora señalada ya había un jubilado detenido –Julio Vargas, luego liberado– y una decena de heridos entre gases, palos y escudos. Por ejemplo Carlos, más conocido como Chaca, el mítico hincha de Chacarita Juniors, en un día en el que el gobierno había anunciado descuentos en supermercados: “Ni enterado, pero ya nadie les cree nada. Mirá”, dice y muestra sus brazos golpeados, su codo ensangrentado, el labio partido por un golpe. “Hoy de vuelta nos fajaron. Pero que hagan todo lo que quieran hacer, ya se van”.

Marcha de jubilados: guerra, paz y fernet

Golpes en los brazos, el labio partido y la sonrisa de Carlos Chaca: las fuerzas de Bullrich terminaron yéndose mientras la gente celebraba.

Tapar a Espert

Las agresiones incluyeron a la Prefectura Naval y a la Gendarmería, ubicadas en Rivadavia y Callao para castigar a personas ancianas mientras las fronteras siguen siendo un colador por el que entran y escapan narcos, según se informa cada día.

Un total de 20 heridos, según mencionó el Centro Provincial por la Memoria.

Después de la represión, la escenografía del Congreso volvió a evidenciar su irracionalidad: el cordón de policías federales, prefectos y gendarmes circundaba la plazoleta y abarcaba dos cuadras. Es la segunda semana consecutiva en la que el despliegue del operativo queda a cargo de las fuerzas federales, luego de varios miércoles donde la única fuerza que se veía era la Policía de la Ciudad.

“Esto se llama Operativo No Rompan Las Pelotas”, define Lorenzo, 73 años, vecino del partido bonaerense de San Martín. “No quieren mostrar debilidad y quieren tapar a Espert. Tienen mil quilombos, y creen que esto a Bullrich le suma puntos para su campaña”.

La marcha pacífica después de otra represión absurda. Gendarmería y Prefectura, ¿no deberían estar en otra parte?

Esa sumatoria todavía está por verse: alguien debió pensar algo distinto si hoy desistieron repentinamente de agredir a jubilados. El razonamiento de Lorenzo emparenta el despliegue policial con la candidatura de la ministra de Seguridad a una banca en el Senado, un lugar donde tendrá fueros que la podrían proteger ante un eventual avance en las causas por las diversas represiones que la tienen como la máxima responsable política, entre ellas el balazo que dejó al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo, hoy en rehabilitación.

Retenciones y fin de mes

A Lorenzo lo escucha Juan Manuel, uno de los tantos jubilados que redacta carteles que van marcando el ritmo de la época: lleva 115 frases anotadas en una libretita, ordenadas por fecha de creación.

Hoy exhibe dos, que aquí registramos:

Sobre esta última hipótesis, Juan Manuel hace un gesto con su mano derecha, como quien describe a algo que está rumbo a otra parte.

Despidiendo policías

Los que primero parten, en este caso, son los efectivos (?) federales. La gente de a poco fue sobrepasando al cordón policial, empujándolos hacia la vereda, hasta que de alguna parte llegó la orden de abandonar el lugar.

La manifestación los despide cantando: “Son todos narcos”. Lo pesado de los trajes policiales, sus escudos, armas y tonfas, hace cada movimiento más robótico, y en muchos sentidos más absurdo. El vallado que separa el punto de fuga de la plaza es tan grande que solo por un pequeño pasillo los cientos de efectivos se escabullen a un ritmo que permite que el estribillo que no cesa –“son todos narcos”– sea capturado por cientos de cámaras.

Una imagen resulta conmovedora. Alberto, un hombre ciego, camina con un bastón en la mano derecha y la izquierda la lleva apoyada –para guiarse– en el hombro de Sergio, que avanza en silla de ruedas.

Alberto y Sergio.

Forman parte de un pequeño grupo que incluye a Ariel, que tiene síndrome de Down, Remigia en su andador eléctrico, integrante de la CTA, Julito, también ciego, Sol, Daniel. Marcela y Leonor los acompañan y llevan una pequeña bandera que dice “Unidos por la especial”, en referencia a la educación especial eliminada, calcula Leonor, en más de 20 escuelas porteñas. Alguien que ve a ese pequeño grupo manifestarse plantea una posibilidad: “Este pueblo es invencible”.

Alberto dice: “No podemos dejar que nos quiten los derechos, nos pisoteen como un trapo sucio en el fondo de una casa”. Sergio agrega: “Hoy encima, como vienen las elecciones, te dicen que te van a dar descuentos en los supermercados. Nos toman de idiotas. Pero así les va a ir”.

Sobre las estampas y el fernet

Cuando se va el último policía, la plaza celebra. Entonces empieza la marcha, como cada miércoles. Aparece una tercera fuerza –Policía de la Ciudad– que sólo armará un cordón sobre Sáenz Peña para que la marcha no siga hasta Plaza de Mayo.

Allí está Patricia, 68 años, de zona norte del conurbano, que le reparte estampitas de la Virgen María a los policías.

La sonrisa de Patricia, observada por la policía y por un «eternauta» de prensa.

Algunos se ríen, otros permanecen inmutables, y ella dice: “Necesitamos bendiciones. Prefiero confiar en la misericordia. Es una forma de decirle al Presidente que se está equivocando. Confiemos en que puede escuchar, ¿no? Escuchó el resultado de las elecciones, pero no está escuchando la calle. Hay que seguir viniendo. Y pedir por los derechos del pueblo”.

La insistencia sonriente de Patricia genera lo inesperado: varios policías aceptan la estampa de la Virgen y le agradecen. Nadie sabe muy bien cómo interpretar eso. Ella arquea las cejas: “No se pueden conocer los caminos de la misericordia”.

Un poco más allá hay una celebración de cumpleaños, con orquesta de bombos y trompetas, con baile de jubiladas y jubilados al ritmo de «como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar».

Selva, 65 años, vecina del barrio porteño de Floresta tiene una bandera argentina atada como capa, gorrito celeste y blanco, y un cartel que ranquea entre los más llamativos de la jornada:

Su situación –dice– es como la de cualquier otra jubilada: “Tengo la suerte de tener mi casa, un baño con agua caliente, mi comida calentita, pero la veo feo para mis hijos”. Por eso no se pierde un miércoles. Tampoco pierde el humor: “Toda mi vida traté de ser respetuosa. No me gusta venir y pelear con la policía. Pero no nos vamos a dejar asustar. A mi hermana y a mí nos tiraron con el hidrante en el invierno pero seguimos luchando”.

¿Cómo seguimos? “Hay que ir a votar. Cada uno sabe en qué momento estuvo mejor. Hay que luchar. Siempre con esto”, dice y señala su obra de arte sobre el fernet: “Con la palabra y la sonrisa”.