Al menos cuatro crímenes a mansalva en las últimas semanas que no se sabe con certeza por quién fueron ordenados. Denuncias por violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Letreros con amenazas al gobernador de Santa Fe y al intendente rosarino ampulosamente expuestos en una peatonal. La incertidumbre sobre lo que está ocurriendo. Y la sensación de triunfo de la confusión y la violencia, entre lo delictivo y los supuestos despliegues de seguridad. El contexto de las noticias cotidianas según el criminólogo y sociólogo Máximo Sozzo. Los efectos de la licuación económica y la exclusión social motorizadas por el gobierno nacional. El discurso de Milei y el combo explosivo. Y cuatro propuestas para cambiar el tipo de discusión sobre la seguridad en el país. Texto Sergio Ciancaglini

“Pullaro-Javkin, narcoprogresistas. Haganse los turros que van a ver plomo”.

“Pullaro-Javkin, tremendos vende humo. Con la mafia no se jode o llueve plomo”.

Esos mensajes manuscritos y altisonantes dirigidos a gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Pablo Javkin aparecieron en carteles pegados en la peatonal Córdoba de Rosario. En etapas tan confusas, es difícil determinar si son amenazas reales o fraguadas, y qué es lo que en realidad buscan como operación de comunicación. El término «narcoprogresistas» llama la atención, entre tantos discursos cruzados en muchos oficialismos de estos tiempos.

La noticia se agrega a las denuncias presentadas del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (SPPDP) sobre tormentos (picana eléctrica, submarino seco, golpes) aplicados a detenidos en los pabellones 7 y 8 de la cárcel de Piñero. Es la cárcel en la que se mostraron fotos de decenas de detenidos en el piso, rodeados de guardias camuflados, pertrechados y con el rostro oculto, copiando el estilo de imágenes que suele difundir el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele. Esa publicación en redes fue acompañadas por un texto también ampuloso y altisonante del ministro de seguridad provincial Pablo Cococcioni, que podía interpretarse en clave de amenaza: “Cada vez la van a pasar peor”. 

La ministra Patricia Bullrich ordenó el patrullaje a cargo de 450 efectivos en algunos barrios rosarinos, cifra 10 veces menor a anteriores despliegues de las fuerzas de seguridad.

La historia había comenzado con un colectivo penitenciario baleado, el asesinato de dos taxistas (Héctor Figueroa y Diego Celentano, en ambos casos utilizando balas policiales) y un colectivero (Marcos Daloia), más el crimen del trabajador de una estación de servicio, Bruno Bussanich.

Para intentar comprender el contexto de lo que está ocurriendo, lavaca entrevistó al criminólogo Máximo Sozzo, abogado, doctor en Derecho, profesor de Sociología y Criminología de la Universidad Nacional de Litoral, en la que además dirige la Maestrìa en Criminología y el Programa Delito y Sociedad. Es además profesor de la School of Justice de la Queensland University of Technology (Australia).

Biografía de lo narco

¿Cómo entender lo que está pasando en Rosario? “Lo primero que diría es que hay un fenómeno de larga duración que tiene más de una década, con la formación de grupos más o menos rústicos vinculados al mercado de las drogas ilegales en la ciudad de Rosario. En distintos momentos históricos estos grupos tuvieron diversas relaciones entre sí de competencia o de cooperación”.

Cuando no había cooperación, aparecía la violencia: “A veces en forma instrumental, ligada a la lógica del negocio ilegal y a veces buscando generar reafirmaciones de identidad, búsqueda de respeto, etcétera”.

Un síntoma de esa cuestión fue el aumento de la tasa de homicidios en Rosario: “Tasas altas para Argentina y a nivel regional. Pero este entramado, tiene otro costado que es el de los fuertes niveles de complicidad policial,  penitenciaria, judicial, política. Eso se ha revelado y conocido incluso por investigaciones judiciales, con imputaciones y condenas al demostrarse la presencia activa de policías jugando roles en ese entramado ilegal y corrupto. En menor cantidad de casos aparecen actores del Servicio Penitenciario e incluso del mundo judicial”.

Follow the money

El motor de lo que describe Sozzo es un bien muy escaso para demasiada gente en estos tiempos crueles: el dinero. El criminólogo razona: “Todo lo que estamos mencionando combina con un nivel de rentabilidad extraordinariamente alto, con patrones de consumo de esas drogas ilegalizadas que son muy altos”.

Y se agrega una de las claves de la época: “La presencia de una extraordinaria capacidad de lavado de activos, de circulación de dinero entre la economía ilegal y la economía legal, de múltiples actores que funcionan en el mundo económico como una interfaz para que ese dinero circule, lo cual también hace florecer de algún modo ese mercado ilegal”. Interfaz significa la conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. Esa articulación de lo ilegal con lo legal es la pista en la cual encontrar el origen de muchos de los problemas actuales. Sozzo comenta: “Una alumna me dijo: tenés que ver The Wire. Es una serie norteamericana que me pareció excepcional. Y una frase me dejó marcado para siempre: follow the money (seguí el dinero). Me quedó siempre como una frase para pensar las dinámicas contemporáneas”.

Reacción y cárcel

“Las instituciones estatales y la política santafesina han venido reaccionando en general con la estrategia de generar una especie de imagen de ser duros con el delito” explica Sozzo. “Y que se ha traducido fundamentalmente en prácticas de control que se han revelado bastante poco efectivas en términos de reducción tanto del espacio de ese mercado ilegal como de los niveles de violencia, que se asocian directa o indirectamente al mismo”.

Ocurrió al revés: crece el mercado narco y crece la violencia.

“Esto genera efectos muy dramáticos, como por ejemplo en el encarcelamiento. La provincia de Santa Fe en los últimos 10 años entró en fase de encarcelamiento masivo: en 2013 había 135 presos cada 100.000 habitantes y ahora hay 290. Un incremento extraordinario, superior a la media nacional por mucho, traducido a situaciones de sobrepoblación, de hacinamiento, de condiciones de vida indignas, de niveles de conflictividad exacerbados dentro de la prisión. También impacta en las comunidades de donde proviene la mayor parte de las personas encarceladas, los sectores vulnerables económica y socialmente. Entonces hay una larga sombra de la prisión metida en la vida cotidiana de barrios enteros de ciudades como Rosario o Santa Fe”.

Versión paroxística

Pero todo eso es el pasado (tan presente). “Ahora hay que sumar que tenemos un nuevo gobierno provincial que lo que hace es construir una versión paroxística de cosas que ya estaban presentes anteriormente”.

Lo paroxístico significa lo exacerbado, ensañado, exaltado: “Y se refleja en el escenario de las prisiones. Lo primero que hace el gobierno es construir en tiempo récord una nueva Ley de Ejecución Penal y una nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario. Dos reformas que uno podría acordar que era bueno hacer porque los instrumentos que teníamos eran anticuados. En el caso de la Ley Orgánica provenía de la dictadura, totalmente infectada por un legado autoritario extraordinario”.

Las reformas lanzadas por el Ejecutivo provincial se realizaron sin un debate serio en el parlamento, explica Sozzo. “Ni siquiera se debatió en comisiones. Y se generó también una extraña tendencia: diputados y senadores de la oposición también votaron esta reformas sin ningún tipo de consulta con ningún actor u organización que tenga algún tipo de saber o de experiencia vinculado al mundo penitenciario”.

Alto perfil

¿El resultado? “Una exacerbación de la tendencia punitivista” dice en referencia a lo que la calle llamaría rigor y mano dura. “Por ejemplo, se establece el rango de presos de alta peligrosidad. Esa condición ya existía, porque la había regulado administrativamente el propio Pullaro como ministro de seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz entre 2015 y 2019. Pero ahora se convirtió en Ley, por lo cual se autorizan a fondo medidas restrictivas con respecto a su vida cotidiana”. 

¿Cuál es el efecto? “La regulación es muy vaga y amplia, le da mucha discrecionalidad las autoridades penitenciarias y de hecho no se establece ningún mecanismo de revisión judicial. Entonces el Servicio Penitenciario decide quién es preso de alta peligrosidad o alto perfil como le llaman y quién no lo es, sin ningún tipo de control por parte de una autoridad externa al propio Servicio Penitenciario”.

Home office

El mensaje del gobierno es que se está reconstruyendo el control estatal en las prisiones, porque los presos de alto perfil hacían lo que querían. Informa Sozzo: “Organizaban actividades delictivas desde la prisión, el home office delictivo, como como le han llamado públicamente las autoridades gubernamentales. Y por lo tanto esos presos de alto perfil son los máximos responsables de buena parte de las actividades ilegales que suceden en la ciudad de Rosario. Es cierto que algunas investigaciones judiciales han mostrado órdenes que han partido de la prisión para producir actos extorsivos, actos violentos”.

Pero siempre hay un pero: “De ahí a decir que esa es la única fuente de desenvolvimiento de actividades delictivas en la ciudad de Rosario es como otro paso que suena a exageración, pero se generan restricciones muy fuertes para la vida de esas personas. Restricción de visitas, regímenes más estrictos de encierro en cada pabellón, y demás. Estos presos de alto perfil ya tenían dificultades para hacer cosas fuera del pabellón, incluso ir a clases escolares y universitarias, pero ahora las restricciones son mucho mayores e incluyen requisas permanentes”.

La amenaza y lo descabellado

En estos casos pronto se llega al ejemplo Bukele, en El Salvador: “Es que todo esto ha sido publicitado imitando el estilo Bukele, con cuerpos desnudos en posiciones de sumisión, arrodillados o sentados con la cabeza gacha, esposados uno al lado del otro, amontonados, rodeados de oficiales penitenciarios altamente armados con el rostro tapado y todo está acompañado por heavy metal. Se percibe un alto nivel de humillación y degradación, que a mi juicio muestra lo que te decía: la versión paroxística del punitivismo”.

Sozzo señala una frase. “Con la frase ‘cada vez la van a pasar peor’ el gobierno genera una dinámica de la amenaza. No era del todo descabellado pensar que estas organizaciones más o menos rústicas podían producir respuestas por supuesto crueles, que merecen una condena extrema, pero que están encadenadas con estas dinámicas”.

Torturas

“Es muy interesante ver cómo las autoridades gubernamentales todo el tiempo dicen ‘estamos haciendo cosas dentro de la ley’. En algunos casos esto podría ser discutido –postula Sozzo. Uno no puede generar tratos crueles inhumanos o degradantes dentro de una prisión porque está prohibido por convenciones internacionales. Todo esto en un contexto en el que no hay muchos mecanismos estatales de control de las prácticas penitenciarias. Santa Fe es una de las provincias que no tiene un comité local de prevención de las torturas. Ni siquiera se sancionó una ley para su creación porque siempre ha sido resistida fuertemente por los sectores de la política santafesina”.

Finalmente, en este punto, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (SPPDP) pudo investigar y recabar información para esas primeras denuncias por torturas en las cárceles presentadas el 7 y el 14 de marzo. 

El campeón y la deriva autoritaria

¿Cómo empalma en todo esto el discurso tanto del Presidente como de la ministra Patricia Bullrich que, además, gozan de gran consenso mediático y en parte de la población? “Esos discursos del gobierno nacional juegan un rol muy importante, que a la vez expresan tendencias de un marco político y cultural. Bullrich venía elogiando a Bukele, con su experiencia de encarcelamiento ultramasivo. No tenemos siquiera categorías conceptuales para para definir lo que está pasando en El Salvador, que duplicó su tasa encarcelamiento en un par de años y que hoy es el país que más encarcela en todas las Américas en términos proporcionales, lo que es verdaderamente un récord nefasto” define Sozzo.

“La tasa de encarcelamiento hoy del Salvador está en niveles delirantes. Supera los 800 presos cada 100.000 habitantes. Triplica el escenario santafesino y supera a Estados Unidos que es el gran campeón del encarcelamiento a nivel global en los últimos 40 años, aunque en los últimos 10 años ha experimentado un pequeño descenso. Me parece que esto forma parte de este clima signado por lo que podríamos llamar una deriva autoritaria”.

Exterminio y consenso

Esa deriva tiene método: “Hay una búsqueda de construir un lenguaje además simple, fácil de transmitir, que conecta con un sentido común difundido que demoniza a un conjunto de actores y los transforman un enemigo. El único resultado que puede haber es el exterminio o la neutralización perpetua, a través de un contexto de encierro”.

Un síntoma de otro tenor que confirma esa fiebre de autoritarismo: “No es casual que las mismas autoridades se expresen a favor de romper uno de los consensos de la transición a la democracia en nuestro país, que es el consenso que se construyó a través de la legislación sobre Defensa y Seguridad Interior entre los años 80 y comienzos de los años 90: la no intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior” recuerda Sozzo.

Ineficacia del espantapájaros

“Tanto la ministra Bullrich como el presidente Milei, explícitamente anuncian la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior para ampliar el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el delito y el gobernador Pullaro en declaraciones públicas declaró su acuerdo con esa la idea. Es decir: a la militarización de nuestras policías militarizadas ahora le agregaríamos la militarización de la ciudad a través del despliegue efectivo de fuerzas armadas en el ámbito civil”.  

“El resultado que esto puede traer aparejado no puede ser más dramático. Se ha visto un despliegue enorme en 2014, con Sergio Berni a la cabeza de fuerzas federales, que venían a resolver los problemas de Rosario. Diez años después ya vimos que su ineficacia fue extraordinaria. Hoy se está informando de 450 efectivos, un volumen tremendamente limitado”.

Pero advierte: “Mi problema es con la práctica en sí misma. Poniendo en marcha los operativos de saturación puede haber un resultado marginal en términos de reducción del delito”.

Sozzo describe a este tipo de operativos como espantapájaros: “Tal vez alguien no alguien no cometa un acto delictivo porque ve cerca fuerzas de seguridad. Pero es difícil pensar que ese es un remedio para la motivación de cometer esos actos delictivos y violentos. Los mismos actores encontrarán otros momentos y otros lugares donde delinquir”.

Vocación por lo ilegal

El problema de los patrullamientos perpetuos: “N son un remedio. El efecto va a ser siempre limitado. ¿Por qué? Porque no lidiás con las condiciones de fondo que hacen que exista gente dispuesta a disparar armas de fuego o traficar sustancias ilegalizadas”.  

“Los operativos de saturación policial han sido siempre acompañados de un incremento de la vulneración de los derechos de los ciudadanos, especialmente los jóvenes varones de piel oscura que son pobres y habitan en barrios marginales de nuestras grandes ciudades. Este tipo de acción policial, en medio de esta situación económica, termina reforzando en todo caso la vocación por participar en la economía ilegal”. Nuevamente aparece aquí la tesis de The Wire: se investiga y ralea a los jóvenes, a la mano de obra de soldaditos, pero no se sigue la otra enseñanza: follow the money, que acaso  permitiría descabezar el negocio, actividad que no parece generar demasiado entusiasmo en las autoridades.  

Otra descripción de este criminólogo de la Universidad del Litoral es que la policía termina cumpliendo funciones de cordón sanitario entre los sectores vulnerables y el resto de la geografía urbana. “Pero además esa policía ha sido descubierta como cómplice activa de las actividades delictivas vinculadas al mercado de las drogas ilegales. El problema es que no hay en la agenda del gobierno provincial ningún discurso acerca de la necesidad de reformar esa policía y transformarla. ¿Se puede con esos mismos actores construir un resultado positivo? Se puede decir no todos los actores policiales están involucrados en el mercado de drogas ilegales y seguramente es el caso, pero ¿podemos construir una apuesta por la policíalización de la ciudad cuando no hicimos nada en términos de reforma y depuración de esa misma policía? De hecho en los eventos delictivos dramáticos que acontecieron en los últimos tiempos se han descubierto balas policiales. No es un elemento menor, claro”.

Cuatro propuestas

¿Qué ideas podrían plantearse hacia adelante, tratando de buscar otros horizontes? Plantea Máximo Sozzo:  

• “Es indispensable para enfrentar este fenómeno abordar la dimensión económica de ese mercado de drogas ilegales. Eso implica generar investigaciones y sanciones de actores privilegiados del mundo económico rosarino, que trabajan activamente en la producción de ese lavado de dinero, que es lo que vuelve esa economía rentable”.
• “Es indispensable discutir qué estructura estatal puede hacerse cargo de investigar delitos relativamente complejos, cómo organizarla, quién lo tiene que organizar y quién lo tiene que llevar adelante, para lo cual hay todo un proceso de construcción de capacidad estatal que parece bastante ausente en estos últimos 10 años o con resultados extraordinariamente limitados”.
• “Es indispensable discutir la reforma estructural de la Policía de la Provincia de Santa Fe. No es no es posible promover una política que dice querer enfrentar ese fenómeno sin revisar el rol de las instituciones policiales”.
• “Es indispensable crear también un Servicio Penitenciario democrático, en el cual haya mecanismos de control. Hoy nuestras prisiones tienen muy débiles mecanismos de control sobre lo que el Estado hace con las personas privadas de la libertad”.

“Creo que ahí tenemos cuatro líneas de ataque entre muchas otras más que son tan relevantes como estas que planteo, que sería importantes tomar en consideración”.

¿Cree que los ataques y muertes de inocentes son una respuesta al endurecimiento de la vida carcelaria? “Es lo que se nos presena como información. Pero es difícil de determinar. Tal vez haya otras fuerzas en juego que no vemos. Puede haber disputas policiales involucradas en la producción de estos hechos: ya ha ocurrido el uso de la violencia para generar algún tipo de negociación o intercambio. Pero no sé si tenemos toda la información, y no quiero aparecer como alguien que dice ‘sé cómo son las cosas’. Está recién empezando a pasar”.

Sobre el discurso público y político desde que asumieron las nuevas autoridades nacionales y provinciales: “Los defectos y debilidades de las intervenciones sociales del Estado en los territorios de la vulnerabilidad y la exclusión social forman parte también del entramado que genera estos resultados”.

“Las políticas contra la inclusión social del gobierno de Milei el único efecto que pueden generar es acrecentar los niveles de vulnerabilidad y exclusión social. Y esa es una de las bases de la construcción de esta dinámica –en los sectores populares especialmente– que permite el reclutamiento constante de jóvenes dispuestos a participar de ese tipo de actividad. Esa es una condición de base, de fondo, un elemento macroscópico de este gobierno ultra neoliberal, y que toma decisiones cada vez más exacerbadas. Entonces, claramente, es esperable que el combo se vuelva explosivo. Tal vez haya alguien con un tono más optimista. A mí me está costando trabajo encontrarlo”.