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Rosario narco (2): discurso oficialista, home office delictivo, cuatro propuestas y la enseñanza de The Wire

Al menos cuatro crímenes a mansalva en las últimas semanas que no se sabe con certeza por quién fueron ordenados. Denuncias por violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Letreros con amenazas al gobernador de Santa Fe y al intendente rosarino ampulosamente expuestos en una peatonal. La incertidumbre sobre lo que está ocurriendo. Y la sensación de triunfo de la confusión y la violencia, entre lo delictivo y los supuestos despliegues de seguridad. El contexto de las noticias cotidianas según el criminólogo y sociólogo Máximo Sozzo. Los efectos de la licuación económica y la exclusión social motorizadas por el gobierno nacional. El discurso de Milei y el combo explosivo. Y cuatro propuestas para cambiar el tipo de discusión sobre la seguridad en el país. Texto Sergio Ciancaglini
“Pullaro-Javkin, narcoprogresistas. Haganse los turros que van a ver plomo”.
“Pullaro-Javkin, tremendos vende humo. Con la mafia no se jode o llueve plomo”.
Esos mensajes manuscritos y altisonantes dirigidos a gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Pablo Javkin aparecieron en carteles pegados en la peatonal Córdoba de Rosario. En etapas tan confusas, es difícil determinar si son amenazas reales o fraguadas, y qué es lo que en realidad buscan como operación de comunicación. El término «narcoprogresistas» llama la atención, entre tantos discursos cruzados en muchos oficialismos de estos tiempos.
La noticia se agrega a las denuncias presentadas del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (SPPDP) sobre tormentos (picana eléctrica, submarino seco, golpes) aplicados a detenidos en los pabellones 7 y 8 de la cárcel de Piñero. Es la cárcel en la que se mostraron fotos de decenas de detenidos en el piso, rodeados de guardias camuflados, pertrechados y con el rostro oculto, copiando el estilo de imágenes que suele difundir el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele. Esa publicación en redes fue acompañadas por un texto también ampuloso y altisonante del ministro de seguridad provincial Pablo Cococcioni, que podía interpretarse en clave de amenaza: “Cada vez la van a pasar peor”.
La ministra Patricia Bullrich ordenó el patrullaje a cargo de 450 efectivos en algunos barrios rosarinos, cifra 10 veces menor a anteriores despliegues de las fuerzas de seguridad.
La historia había comenzado con un colectivo penitenciario baleado, el asesinato de dos taxistas (Héctor Figueroa y Diego Celentano, en ambos casos utilizando balas policiales) y un colectivero (Marcos Daloia), más el crimen del trabajador de una estación de servicio, Bruno Bussanich.
Para intentar comprender el contexto de lo que está ocurriendo, lavaca entrevistó al criminólogo Máximo Sozzo, abogado, doctor en Derecho, profesor de Sociología y Criminología de la Universidad Nacional de Litoral, en la que además dirige la Maestrìa en Criminología y el Programa Delito y Sociedad. Es además profesor de la School of Justice de la Queensland University of Technology (Australia).

Biografía de lo narco
¿Cómo entender lo que está pasando en Rosario? “Lo primero que diría es que hay un fenómeno de larga duración que tiene más de una década, con la formación de grupos más o menos rústicos vinculados al mercado de las drogas ilegales en la ciudad de Rosario. En distintos momentos históricos estos grupos tuvieron diversas relaciones entre sí de competencia o de cooperación”.
Cuando no había cooperación, aparecía la violencia: “A veces en forma instrumental, ligada a la lógica del negocio ilegal y a veces buscando generar reafirmaciones de identidad, búsqueda de respeto, etcétera”.
Un síntoma de esa cuestión fue el aumento de la tasa de homicidios en Rosario: “Tasas altas para Argentina y a nivel regional. Pero este entramado, tiene otro costado que es el de los fuertes niveles de complicidad policial, penitenciaria, judicial, política. Eso se ha revelado y conocido incluso por investigaciones judiciales, con imputaciones y condenas al demostrarse la presencia activa de policías jugando roles en ese entramado ilegal y corrupto. En menor cantidad de casos aparecen actores del Servicio Penitenciario e incluso del mundo judicial”.
Follow the money
El motor de lo que describe Sozzo es un bien muy escaso para demasiada gente en estos tiempos crueles: el dinero. El criminólogo razona: “Todo lo que estamos mencionando combina con un nivel de rentabilidad extraordinariamente alto, con patrones de consumo de esas drogas ilegalizadas que son muy altos”.
Y se agrega una de las claves de la época: “La presencia de una extraordinaria capacidad de lavado de activos, de circulación de dinero entre la economía ilegal y la economía legal, de múltiples actores que funcionan en el mundo económico como una interfaz para que ese dinero circule, lo cual también hace florecer de algún modo ese mercado ilegal”. Interfaz significa la conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. Esa articulación de lo ilegal con lo legal es la pista en la cual encontrar el origen de muchos de los problemas actuales. Sozzo comenta: “Una alumna me dijo: tenés que ver The Wire. Es una serie norteamericana que me pareció excepcional. Y una frase me dejó marcado para siempre: follow the money (seguí el dinero). Me quedó siempre como una frase para pensar las dinámicas contemporáneas”.
Reacción y cárcel
“Las instituciones estatales y la política santafesina han venido reaccionando en general con la estrategia de generar una especie de imagen de ser duros con el delito” explica Sozzo. “Y que se ha traducido fundamentalmente en prácticas de control que se han revelado bastante poco efectivas en términos de reducción tanto del espacio de ese mercado ilegal como de los niveles de violencia, que se asocian directa o indirectamente al mismo”.
Ocurrió al revés: crece el mercado narco y crece la violencia.
“Esto genera efectos muy dramáticos, como por ejemplo en el encarcelamiento. La provincia de Santa Fe en los últimos 10 años entró en fase de encarcelamiento masivo: en 2013 había 135 presos cada 100.000 habitantes y ahora hay 290. Un incremento extraordinario, superior a la media nacional por mucho, traducido a situaciones de sobrepoblación, de hacinamiento, de condiciones de vida indignas, de niveles de conflictividad exacerbados dentro de la prisión. También impacta en las comunidades de donde proviene la mayor parte de las personas encarceladas, los sectores vulnerables económica y socialmente. Entonces hay una larga sombra de la prisión metida en la vida cotidiana de barrios enteros de ciudades como Rosario o Santa Fe”.
Versión paroxística
Pero todo eso es el pasado (tan presente). “Ahora hay que sumar que tenemos un nuevo gobierno provincial que lo que hace es construir una versión paroxística de cosas que ya estaban presentes anteriormente”.
Lo paroxístico significa lo exacerbado, ensañado, exaltado: “Y se refleja en el escenario de las prisiones. Lo primero que hace el gobierno es construir en tiempo récord una nueva Ley de Ejecución Penal y una nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario. Dos reformas que uno podría acordar que era bueno hacer porque los instrumentos que teníamos eran anticuados. En el caso de la Ley Orgánica provenía de la dictadura, totalmente infectada por un legado autoritario extraordinario”.
Las reformas lanzadas por el Ejecutivo provincial se realizaron sin un debate serio en el parlamento, explica Sozzo. “Ni siquiera se debatió en comisiones. Y se generó también una extraña tendencia: diputados y senadores de la oposición también votaron esta reformas sin ningún tipo de consulta con ningún actor u organización que tenga algún tipo de saber o de experiencia vinculado al mundo penitenciario”.
Alto perfil
¿El resultado? “Una exacerbación de la tendencia punitivista” dice en referencia a lo que la calle llamaría rigor y mano dura. “Por ejemplo, se establece el rango de presos de alta peligrosidad. Esa condición ya existía, porque la había regulado administrativamente el propio Pullaro como ministro de seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz entre 2015 y 2019. Pero ahora se convirtió en Ley, por lo cual se autorizan a fondo medidas restrictivas con respecto a su vida cotidiana”.
¿Cuál es el efecto? “La regulación es muy vaga y amplia, le da mucha discrecionalidad las autoridades penitenciarias y de hecho no se establece ningún mecanismo de revisión judicial. Entonces el Servicio Penitenciario decide quién es preso de alta peligrosidad o alto perfil como le llaman y quién no lo es, sin ningún tipo de control por parte de una autoridad externa al propio Servicio Penitenciario”.
Home office
El mensaje del gobierno es que se está reconstruyendo el control estatal en las prisiones, porque los presos de alto perfil hacían lo que querían. Informa Sozzo: “Organizaban actividades delictivas desde la prisión, el home office delictivo, como como le han llamado públicamente las autoridades gubernamentales. Y por lo tanto esos presos de alto perfil son los máximos responsables de buena parte de las actividades ilegales que suceden en la ciudad de Rosario. Es cierto que algunas investigaciones judiciales han mostrado órdenes que han partido de la prisión para producir actos extorsivos, actos violentos”.
Pero siempre hay un pero: “De ahí a decir que esa es la única fuente de desenvolvimiento de actividades delictivas en la ciudad de Rosario es como otro paso que suena a exageración, pero se generan restricciones muy fuertes para la vida de esas personas. Restricción de visitas, regímenes más estrictos de encierro en cada pabellón, y demás. Estos presos de alto perfil ya tenían dificultades para hacer cosas fuera del pabellón, incluso ir a clases escolares y universitarias, pero ahora las restricciones son mucho mayores e incluyen requisas permanentes”.
La amenaza y lo descabellado
En estos casos pronto se llega al ejemplo Bukele, en El Salvador: “Es que todo esto ha sido publicitado imitando el estilo Bukele, con cuerpos desnudos en posiciones de sumisión, arrodillados o sentados con la cabeza gacha, esposados uno al lado del otro, amontonados, rodeados de oficiales penitenciarios altamente armados con el rostro tapado y todo está acompañado por heavy metal. Se percibe un alto nivel de humillación y degradación, que a mi juicio muestra lo que te decía: la versión paroxística del punitivismo”.
Sozzo señala una frase. “Con la frase ‘cada vez la van a pasar peor’ el gobierno genera una dinámica de la amenaza. No era del todo descabellado pensar que estas organizaciones más o menos rústicas podían producir respuestas por supuesto crueles, que merecen una condena extrema, pero que están encadenadas con estas dinámicas”.
Torturas
“Es muy interesante ver cómo las autoridades gubernamentales todo el tiempo dicen ‘estamos haciendo cosas dentro de la ley’. En algunos casos esto podría ser discutido –postula Sozzo. Uno no puede generar tratos crueles inhumanos o degradantes dentro de una prisión porque está prohibido por convenciones internacionales. Todo esto en un contexto en el que no hay muchos mecanismos estatales de control de las prácticas penitenciarias. Santa Fe es una de las provincias que no tiene un comité local de prevención de las torturas. Ni siquiera se sancionó una ley para su creación porque siempre ha sido resistida fuertemente por los sectores de la política santafesina”.
Finalmente, en este punto, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (SPPDP) pudo investigar y recabar información para esas primeras denuncias por torturas en las cárceles presentadas el 7 y el 14 de marzo.
El campeón y la deriva autoritaria
¿Cómo empalma en todo esto el discurso tanto del Presidente como de la ministra Patricia Bullrich que, además, gozan de gran consenso mediático y en parte de la población? “Esos discursos del gobierno nacional juegan un rol muy importante, que a la vez expresan tendencias de un marco político y cultural. Bullrich venía elogiando a Bukele, con su experiencia de encarcelamiento ultramasivo. No tenemos siquiera categorías conceptuales para para definir lo que está pasando en El Salvador, que duplicó su tasa encarcelamiento en un par de años y que hoy es el país que más encarcela en todas las Américas en términos proporcionales, lo que es verdaderamente un récord nefasto” define Sozzo.
“La tasa de encarcelamiento hoy del Salvador está en niveles delirantes. Supera los 800 presos cada 100.000 habitantes. Triplica el escenario santafesino y supera a Estados Unidos que es el gran campeón del encarcelamiento a nivel global en los últimos 40 años, aunque en los últimos 10 años ha experimentado un pequeño descenso. Me parece que esto forma parte de este clima signado por lo que podríamos llamar una deriva autoritaria”.
Exterminio y consenso
Esa deriva tiene método: “Hay una búsqueda de construir un lenguaje además simple, fácil de transmitir, que conecta con un sentido común difundido que demoniza a un conjunto de actores y los transforman un enemigo. El único resultado que puede haber es el exterminio o la neutralización perpetua, a través de un contexto de encierro”.
Un síntoma de otro tenor que confirma esa fiebre de autoritarismo: “No es casual que las mismas autoridades se expresen a favor de romper uno de los consensos de la transición a la democracia en nuestro país, que es el consenso que se construyó a través de la legislación sobre Defensa y Seguridad Interior entre los años 80 y comienzos de los años 90: la no intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior” recuerda Sozzo.
Ineficacia del espantapájaros
“Tanto la ministra Bullrich como el presidente Milei, explícitamente anuncian la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior para ampliar el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el delito y el gobernador Pullaro en declaraciones públicas declaró su acuerdo con esa la idea. Es decir: a la militarización de nuestras policías militarizadas ahora le agregaríamos la militarización de la ciudad a través del despliegue efectivo de fuerzas armadas en el ámbito civil”.
“El resultado que esto puede traer aparejado no puede ser más dramático. Se ha visto un despliegue enorme en 2014, con Sergio Berni a la cabeza de fuerzas federales, que venían a resolver los problemas de Rosario. Diez años después ya vimos que su ineficacia fue extraordinaria. Hoy se está informando de 450 efectivos, un volumen tremendamente limitado”.
Pero advierte: “Mi problema es con la práctica en sí misma. Poniendo en marcha los operativos de saturación puede haber un resultado marginal en términos de reducción del delito”.
Sozzo describe a este tipo de operativos como espantapájaros: “Tal vez alguien no alguien no cometa un acto delictivo porque ve cerca fuerzas de seguridad. Pero es difícil pensar que ese es un remedio para la motivación de cometer esos actos delictivos y violentos. Los mismos actores encontrarán otros momentos y otros lugares donde delinquir”.
Vocación por lo ilegal
El problema de los patrullamientos perpetuos: “N son un remedio. El efecto va a ser siempre limitado. ¿Por qué? Porque no lidiás con las condiciones de fondo que hacen que exista gente dispuesta a disparar armas de fuego o traficar sustancias ilegalizadas”.
“Los operativos de saturación policial han sido siempre acompañados de un incremento de la vulneración de los derechos de los ciudadanos, especialmente los jóvenes varones de piel oscura que son pobres y habitan en barrios marginales de nuestras grandes ciudades. Este tipo de acción policial, en medio de esta situación económica, termina reforzando en todo caso la vocación por participar en la economía ilegal”. Nuevamente aparece aquí la tesis de The Wire: se investiga y ralea a los jóvenes, a la mano de obra de soldaditos, pero no se sigue la otra enseñanza: follow the money, que acaso permitiría descabezar el negocio, actividad que no parece generar demasiado entusiasmo en las autoridades.
Otra descripción de este criminólogo de la Universidad del Litoral es que la policía termina cumpliendo funciones de cordón sanitario entre los sectores vulnerables y el resto de la geografía urbana. “Pero además esa policía ha sido descubierta como cómplice activa de las actividades delictivas vinculadas al mercado de las drogas ilegales. El problema es que no hay en la agenda del gobierno provincial ningún discurso acerca de la necesidad de reformar esa policía y transformarla. ¿Se puede con esos mismos actores construir un resultado positivo? Se puede decir no todos los actores policiales están involucrados en el mercado de drogas ilegales y seguramente es el caso, pero ¿podemos construir una apuesta por la policíalización de la ciudad cuando no hicimos nada en términos de reforma y depuración de esa misma policía? De hecho en los eventos delictivos dramáticos que acontecieron en los últimos tiempos se han descubierto balas policiales. No es un elemento menor, claro”.
Cuatro propuestas
¿Qué ideas podrían plantearse hacia adelante, tratando de buscar otros horizontes? Plantea Máximo Sozzo:
- “Es indispensable para enfrentar este fenómeno abordar la dimensión económica de ese mercado de drogas ilegales. Eso implica generar investigaciones y sanciones de actores privilegiados del mundo económico rosarino, que trabajan activamente en la producción de ese lavado de dinero, que es lo que vuelve esa economía rentable”.
- “Es indispensable discutir qué estructura estatal puede hacerse cargo de investigar delitos relativamente complejos, cómo organizarla, quién lo tiene que organizar y quién lo tiene que llevar adelante, para lo cual hay todo un proceso de construcción de capacidad estatal que parece bastante ausente en estos últimos 10 años o con resultados extraordinariamente limitados”.
- “Es indispensable discutir la reforma estructural de la Policía de la Provincia de Santa Fe. No es no es posible promover una política que dice querer enfrentar ese fenómeno sin revisar el rol de las instituciones policiales”.
- “Es indispensable crear también un Servicio Penitenciario democrático, en el cual haya mecanismos de control. Hoy nuestras prisiones tienen muy débiles mecanismos de control sobre lo que el Estado hace con las personas privadas de la libertad”.
“Creo que ahí tenemos cuatro líneas de ataque entre muchas otras más que son tan relevantes como estas que planteo, que sería importantes tomar en consideración”.
¿Cree que los ataques y muertes de inocentes son una respuesta al endurecimiento de la vida carcelaria? “Es lo que se nos presena como información. Pero es difícil de determinar. Tal vez haya otras fuerzas en juego que no vemos. Puede haber disputas policiales involucradas en la producción de estos hechos: ya ha ocurrido el uso de la violencia para generar algún tipo de negociación o intercambio. Pero no sé si tenemos toda la información, y no quiero aparecer como alguien que dice ‘sé cómo son las cosas’. Está recién empezando a pasar”.
Sobre el discurso público y político desde que asumieron las nuevas autoridades nacionales y provinciales: “Los defectos y debilidades de las intervenciones sociales del Estado en los territorios de la vulnerabilidad y la exclusión social forman parte también del entramado que genera estos resultados”.
“Las políticas contra la inclusión social del gobierno de Milei el único efecto que pueden generar es acrecentar los niveles de vulnerabilidad y exclusión social. Y esa es una de las bases de la construcción de esta dinámica –en los sectores populares especialmente– que permite el reclutamiento constante de jóvenes dispuestos a participar de ese tipo de actividad. Esa es una condición de base, de fondo, un elemento macroscópico de este gobierno ultra neoliberal, y que toma decisiones cada vez más exacerbadas. Entonces, claramente, es esperable que el combo se vuelva explosivo. Tal vez haya alguien con un tono más optimista. A mí me está costando trabajo encontrarlo”.
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Adiós Mary, chau Milei

Nuevo acto y marcha de jubiladas y jubilados reclamando por la motosierra aplicada a sus haberes. La policía de la Ciudad intentó detenerla, pero la manifestación partió de Congreso hasta llegar a Plaza de Mayo. La despedida a María Teresa López, la jubilada fallecida por la negativa del PAMI a brindarle tratamiento oncológico y las definiciones y reflexiones sobre el gobierno.
Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos: Juan Valeiro
“Milei, fracasaste, game over”.
Así dice el cartel que creó Carlos para la marcha de hoy.
Una mujer lleva un papel en el que escribió a mano: “No soy terrorista. Soy jubilada pisoteada y humillada por este gobierno”.

Golpes y gases. Esta vez, por parte de la policía de la Ciudad, que luego se retiró lo cual permitió que la marcha culminara sin incidente alguno.
Carlos, 72 años, argumenta en el mismo sentido: “Lleva 19 meses y no podemos nombrar ni dos medidas a favor de Argentina, en cultura, educación, salud, trabajo. Los capitales no llegan, los pibes hacen colas de 150 metros para un laburo de 500 lucas con suerte. No hizo nada por la sociedad”.
Carlos vive con su pareja en Avellaneda, sur del conurbano. Sigue trabajando porque no le alcanza para sobrevivir. “Soy plomero y aunque tengo varios problemas de salud no puedo no trabajar. Los 300 mil pesos que gano no alcanzan para nada”. Cuenta que dejó “los gustitos” que se daba: alguna factura a la tarde, un yogur de vez en cuando. Pero lo que más lamenta no es eso: “Tuve que hacer más espaciosas las salidas con mis nietos. Es lo que más daño me hace. Este gobierno genera eso: mucho daño”.
El malestar social crece y la acción de las jubiladas y jubilados es una muestra que se ratifica cada miércoles. Hoy al mediodía tomaron el PAMI en la provincia de Mendoza; por la tarde, en Buenos Aires, se concentraron como cada semana ante el Congreso. Esta vez, además, caminaron a Plaza de Mayo bajo la consigna “marcha anti represiva y contra el veto presidencial”.

Geopolítica de la actualidad argentina, tras la vergonzosa intervención del supuesto futuro embajador norteamericano en Argentina, y el más vegonzoso silencio oficial al respecto.
También está presente el recuerdo de María Teresa López, la jubilada que murió este domingo de un cáncer terminal, mientras el gobierno le negaba acceso a sus medicamentos.
Las comparaciones son ilustrativas
Las leyes aprobadas por el Senado hace dos semanas –suba de las jubilaciones, ley de moratoria previsional y emergencia en discapacidad– ya están en Casa Rosada y el Poder Ejecutivo debe promulgar o vetar la ley antes del 4 de agosto. Este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó: “No tenemos los recursos para pagar el aumento a jubilados”. De confirmarse el veto, para revertirlo, la oposición tendría que reunir dos tercios en cada cámara del Congreso.
Carlos opina: “Ya compraron que no salga el rechazo al veto, quedó claro con el acuerdo de De Loredo en Córdoba con la Libertad Avanza. Yo soy radical, y me duele un montón. Pero la lucha sigue. Vetará la ley, y nos seguirá teniendo acá, como cada miércoles”.
La jubilación mínima es de 379.000 pesos. Con el aumento votado en el senado se iría a 441.600. Un número muy distinto del sueldo mensual, por poner un caso, de Demian Reidel, titular de la empresa pública Nucleoeléctrica y quien hasta pocas horas era el jefe de Asesores de la presidencia: $14.134.792,15.
O sea, 37 jubilaciones mínimas.

No suele faltar el accionar policial contra quienes manifiestan.
¿Qué es el equilibrio?
Antes de marchar se hace la habitual “radio abierta” frente al Congreso. Se habla de resistencia y de persistencia. De seguir en la calle para enfrentar el veto. De tener fuerza para lo que viene: “La motosierra que seguirá atacando”.
Hay una señora con una botella de agua en una mano y un libro en la otra, insultando a viva voz por la privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos). Hay trabajadores despedidos de las empresas Secco y Georgalos, y los que representan a los hospitales Garrahan y Posadas, en pleno conflicto salarial. Hay carteles contra el ministro de salud Mario Lugones. En otros casos las pancartas exigen justicia por Pablo Grillo, el fotógrafo que sigue rehabilitándose tras ser baleado por Gendarmería el 12 de marzo pasado. También está Beatriz Blanco, la jubilada que aquel día fue golpeada y tirada al suelo por la Policía.
Juan Manuel, 61 años, lleva un cartel que ahorra metáforas, calificando al presidente Milei como “paparulo” y sugiriendo con rima, dónde ubicar el veto. Ahonda en la opinión: “Dicen que no pueden aumentarnos para mantener el equilibrio fiscal y eso es una estupidez. En poquísimos países del mundo hay superávit fiscal porque ese no puede ser el eje del gobierno, sino que la gente viva bien, que no se muera de hambre”.
¿Si el veto se confirma? “En octubre habrá que votar legisladores que defiendan al pueblo y nosotros estar en la calle, así de sencillo”.

Vacaciones de invierno
Empieza la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo, primero por Rivadavia, luego por Avenida de Mayo. Cuatro cuadras entre jubilados y organizaciones de derechos humanos y sociales fluyen hasta la calle Salta, cuando un cordón de la Policía de la Ciudad impide el paso incluso por la vereda, rompiendo el protocolo implementado por Patricia Bullrich.
Tras unos minutos de tensión y una lanzada de gas lacrimógeno por parte de la policía, con golpes a jubilados y reporteros gráficos, el cordón de uniformados se abre y la movilización continúa hasta la Casa Rosada.
Dato no menor: la policía porteña es la única que actuó hoy, a diferencia de los miércoles anteriores en los que prevalecieron las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Aeroportuaria y la Federal).
Durante la caminata se canta:
Se pensaban que nos habían cagado,
porque éramos unos viejos meados;
pero ahora, con lucha y con paciencia
va creciendo la nueva resistencia…
Luche que se van,
luche que se van.
Lo escuchan muchas familias con infancias que pasean por la zona, en plenas vacaciones de invierno. Los chicos preguntan. Los grandes contestan. Todos miran.
Las y los jubilados siguen cantando:
Qué lo vengan a ver, qué lo vengan a ver,
jubilados enseñan cómo luchar a la CGT.

En la marcha se recordó el conflicto en el Hospial Garrahan.
Economía oncológica
Ana es de Barracas y tiene 74 años. Dice que no le recomienda a nadie ganar poquito más de 300 mil pesos. Ni tener un marido que tampoco llegue a los 400 mil, ni tener que alquilar con esas jubilaciones. Cuenta que le da aliento la rebeldía de los jubilados que entraron al PAMI de Mendoza a reclamar por la gratuidad de todos los medicamentos, y también la ilusiona la marcha de hoy, la más multitudinaria de los últimos miércoles. “Estamos empeñados en seguir adelante, necesitamos un gran cordobazo, una movilización que una a todas las personas que sufrimos las consecuencias de este gobierno”.
Al llegar a Plaza de Mayo se lee un documento consensuado por todas las organizaciones que integran la mesa de jubilados. En el acto se nombra, se homenajea y se llora a María Teresa López, jubilada que falleció el domingo a la madrugada, quien no recibía los remedios oncológicos, negados por el PAMI en modo motosierra. Tenía 67 años, integraba Jubilados Insurgentes y era asambleísta ambiental de su ciudad natal, Caleta Olivia, donde denunció la contaminación del agua por empresas petroleras.
“Para nosotros fue un ejemplo porque luchó hasta el último día de su vida”, plantea Zulema, compañera de lucha y de calle. Ella y sus compañeros y compañeras tienen un cartel que dice: “Justicia por Mary. Lugones y PAMI son responsables”. Zulema recuerda las protestas con Mary frente al PAMI. Muchas veces aceleraron algún trámite, pero el recorte brutal del gobierno la dejó sin medicamentos.
“A pesar de que tenía un cáncer terminal, venía al Congreso todos los miércoles. La recordamos así, en la calle, porque nos da fuerza. Si ella en ese estado luchaba incansablemente, nosotros no podemos dejar esta pelea. Denunciamos al Estado, a Milei, a Lugones, y a todos los que están involucrados en el crimen de Mary y en este genocidio permanente ”.

Uno de los grupos de jubilados, en Plaza de Mayo.
En el acto, al jubilado que recuerda a Mary se le quiebra la voz. Como en la ceremonia de las Madres todos los jueves, en esta misma Plaza, propone un coro:
–Mary, presente: ¡ahora!
–Y siempre.
–¡Ahora!
–Y siempre.
Se despiden. Un hombre se va gritando “¡Fuera Milei cagador!”. Todos se saludan. No hace falta aclarar que las personas más movilizadas de esta época no necesitan que nadie las convoque: el próximo miércoles, a más tardar, volverán a hacerse oír.
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Neuquén: represión en modo Milei-Bullrich a la Confederación Mapuche

La Confederación Mapuche de Neuquén denuncia una feroz represión con detenidos (ya liberados) y varias personas lastimadas, incluso dos adolescentes –uno con las costillas fisuradas–. Describen que, como ocurre en Buenos Aires, también en Neuquén atacaron primero a la prensa que cubría la situación: desde el martes pasado integrantes de comunidades estaban encadenados a la Casa de Gobierno exigiendo el otorgamiento de las personerías jurídicas que el gobierno al mando de Rolando Figueroa, prometió y les niega sistemáticamente incumpliendo la ley y un fallo de la Corte Suprema. La violencia política en la provincia, la actitud de los CEOS y la petroleras, el peso de Vaca Muerta y las claves para comprender el conflicto en una provincia que no es un emblema de «progreso petrolero», sino una de las más endeudadas, empobrecidas y contaminadas del país.
Por Francisco Pandolfi
“Feroz represión”, “golpiza brutal” y “cacería al estilo Milei y Bullrich”.
Así definió Lefxaru Nahuel, werken (vocero) de la Confederación Mapuche de Neuquén, a lavaca lo ocurrido en la provincia.
Fue una de las 19 personas detenidas –horas después liberadas– por el gobierno provincial luego de la violencia que desató ayer la policía local contra cuatro comunidades mapuche que desde el martes pasado se habían encadenado frente a la Casa de Gobierno para exigir que el Poder Ejecutivo, al mando del gobernador Rolando Figueroa, cumpla una promesa: otorgarles las personerías jurídicas. “Estuvimos cinco días manifestándonos pacíficamente hasta que vino la policía provincial a golpearnos de manera brutal, a hombres, mujeres, niños. Hay seis personas lastimadas” explica Lef.
Muestra un paralelismo con las manifestaciones en Buenos Aires: “Se usó la misma estrategia: atacar primero a quienes registraban la represión. Los redujeron y detuvieron para que dejaran de filmar. Después siguió la cacería, inclusive contra personas que pasaban por ahí y grabaron la situación. Vamos a presentar una medida judicial contra el abuso policial en el operativo”. La policía también se llevó a dos adolescentes de 15 y 13 años –a uno le fisuraron las costillas al patearlo en el piso–. “Hubo un especial ensañamiento con los adolescentes que estaban ahí; a ellos dos les pegaron muchísimo, cosa que también vamos a denunciar ante la fiscalía”.

Foto publicada por la Confederación tras la liberación de las 19 personas detenidas. La imagen de portada, gentileza de Tiempo Argentino.
Promesas incumplidas, amenazas cumplidas
El pedido de reconocimiento de personería jurídica es de cuatro comunidades mapuche: Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (paraje Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo) y Ragilew Cárdenas (Picún Leufú). La protesta tiene un sustento que data del 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó a la provincia de Neuquén regularizar el reconocimiento a las personerías jurídicas. “Fue un fallo importante, pero los gobiernos se negaron sistemáticamente a aplicarlo y sólo buscaron entorpecer la aplicación de este derecho” relata Lef.
Las promesas continuaron: “En 2023 se aprobó la ley provincial de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas con personería jurídica y se puso un plazo para el nuevo registro que no cumplieron, por lo que en 2024 empezamos acciones directas. En septiembre de ese año, el gobierno firmó un acta de compromiso de reconocimiento legal a las comunidades en un plazo de dos semanas. Tampoco lo cumplieron. Semanas atrás, se comprometieron en un acta a dar una respuesta en cinco días. Y otra vez lo mismo: esa nueva mentira no fue admitida por las comunidades que definimos encadenarnos a la Casa de Gobierno”.
Insiste: “Tenemos todos los requisitos cumplidos, no tenemos más nada que discutir. Lo que falta es que el gobernador firme el decreto, pero no quiere hacerlo. Nos resulta inadmisible que Figueroa no cumpla la ley ni el fallo de la Corte y es lo que está haciendo de manera autoritaria, subiéndose a la ola de Milei del ‘acá las leyes son las que yo digo y a quien no le gusta lo voy a reprimir’. Eso amenaza desde hace hace tiempo, y lo cumplió ayer”.
Los CEOS y la contaminación
Ni bien liberado de la Comisaría Segunda, Lef dijo megáfono en mano: “Figueroa es responsable de haber reinaugurado la etapa de la violencia política en la provincia de Neuquén rememorando lo peor del sobischismo, lo peor de la dictadura militar”. Y amplió: “No hay derechos, no hay garantías. Hacemos responsable al gobernador y a los CEO de las petroleras que son las que realmente gobiernan la provincia de Neuquén”.

Imágenes y explicaciones tomadas del Facebook de la Confederación Mapuche de Neuquén.
El 17 de julio la Confederación Mapuche de Neuquén denunció a Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) por residuos peligrosos que dejó en la comunidad Kaxi Payiñ, al norte de la capital neuquina y se movilizó a las puertas de YPF bajo la consigna “Sin agua potable no hay salud”, exigiendo derogar el decreto que habilita la extracción de petróleo a través del fracking (fracturación hidraúlica).
Relaciona la represión con esa marcha: “Sabíamos que el vuelto iba a ser fuerte, porque así se maneja la mafia petrolera neuquina”.
¿Cómo es el mapa de la situación?
El mega proyecto Vaca Muerta (segunda reserva de gas natural más grande del mundo y la cuarta de petróleo) no lo dirigen los gobiernos, sino las petroleras. Y en el gobierno de Milei eso se ha profundizado, tanto así que directamente las empresas Tecpetrol, Techint, Tenaris tienen los gasoductos, los oleoductos, todo lo que es la dirección de YPF; manejan también la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, que son quienes regulan los ríos y el uso del agua; manejan también la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Energía de la Nación. Son los CEOS gobernando el país, en beneficio de ellos y perjudicando al pueblo. La máxima muestra de esto es el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que también lo escribieron ellos. Esa situación es la que nosotros repudiamos, porque si no parece que es decisión de un político y basta con cambiar el color partidario cuando en realidad hay un pacto extractivista en nuestro país que está decidido a beneficiar a las corporaciones con tal de que financien ciertas campañas. Hoy Neuquén es la provincia más endeudada per cápita de Argentina, cuando supuestamente desde afuera se ve acá estamos tirando manteca al techo. Es una muestra de que el extractivismo genera grandes riquezas para las empresas pero genera deuda, pobreza y contaminación para quienes viven en los territorios que son zona de sacrificio.
¿Cómo se relaciona el contexto neuquino con el hecho de que no se cumpla con la entrega de las personerías jurídicas?
La clave es que a partir de que las comunidades tienen las personerías, pueden acceder a la regularización de los territorios, a la defensa judicial en cada uno de los juicios que tienen por supuesta usurpación y también se puede acceder al derecho a la consulta libre, previa e informada frente a cualquier proyecto en sus territorios; eso es lo que las empresas se niegan a que suceda. No es el gobierno, sino las empresas las que imponen estas condiciones y que no quieren saber nada con que haya gente en los territorios. Con esto no me refiero solo al pueblo mapuche. El gobierno provincial hizo un trabajo detallado y muy dedicado de limpiar los territorios de población criolla y mapuche de una manera injusta y arbitraria. Con medios espurios desalojaron a familias campesinas y criollas que vivían desde hacía 80, 100 años antes de que Neuquén fuera una provincia. Esta es la situación de Vaca Muerta y por eso las petroleras no quieren que las comunidades accedan a la personería jurídica.
¿Cómo sigue esta historia?
En las próximas horas nos reuniremos y definiremos los pasos a seguir, que lo comunicaremos en un pronunciamiento, pero después de la represión de ayer el diálogo está completamente roto con el gobierno. El pueblo mapuche está de pie y dignamente va a seguir firme con la fortaleza mostrada desde hace siglos, manteniendo su proyección cultural y defendiendo sus derechos fundamentales.
Actualidad
Garrahan: con el corazón en la calle y en la salud pública

Una conmovedora y masiva marcha acompañó el reclamo del Hospital Garrahan, en crisis por decisión del gobierno de Milei que, al mismo tiempo, ataca a la salud pública, hiper endeuda al país, subsidia y financia todas las bicicletas financieras y fomenta la especulación con el dólar. La movilización partió del Garrahan, llegó a Congreso y de ahí a Plaza de Mayo, con el apoyo explícito de transeúntes, automovilistas y comerciantes a cada paso. Lo que dicen médicos, profesionales y pacientes de un hospital emblemático que atiende a todos los niños, niñas y adolescentes del país con patologías complejas. La teoría sobre el odio a los trabajadores públicos, los reclamos que apuntan a una canasta básica como mínimo, ante un gobierno que en lugar de intentar solucionar el problema tiende a empeorarlo, y sigue con la política de la motosierra, que por definición solo es capaz de amputar al sistema de salud, mientras en el hospital una señora era intervenida para donar parte de su hígado a un bebé de 5 meses. ¿Quién gana y quién pierde con lo que pasa en el Garrahan? El documento completo que se leyó durante el acto.
Por Francisco Pandolfi
Fotos Juan Valeiro
.
Dentro del Hospital Garrahan, en la puerta del área de radiología hay un cartel que no debería estar ahí, pegado. O no debería estarlo en condiciones normales. “Buscado por vaciar al Garrahan”. Debajo se ve la foto de Mario Lugones, ministro de Salud, con una inscripción: “Quiere robarle la salud a las infancias para beneficiar su propio negocio”.
Esa imagen se repite por todo el establecimiento, junto a otros que informan sobre el paro de actividades que arrancó a las 7 de la mañana de este jueves y se extenderá hasta las 7 de mañana del viernes (se mantuvieron el servicio de guardia y la atención a pacientes internados) y convocan a la movilización que está empezando ahora mismo, cuando médicos y enfermeros y personal administrativo se alistan en la puerta para movilizar primero al Congreso, y desde ahí hacia Plaza de Mayo.

Otra de las cartulinas pegadas en los pasillos hace foco en los trabajadores: “Defendamos al Garrahan y a sus laburantes”. Uno de ellos es un médico anestesista que está de guardia y prefiere no dar su nombre. No va a marchar, pero baja a la puerta del hospital para bancar la resistencia colectiva. Trabaja aquí hace más de treinta años. Sintetiza la gravedad del problema: hay un equipo de seis perfusionistas que se encargan, en las operaciones y trasplantes de corazón (se hacen promedio dos por día) de mantener al corazón latiendo mientras se realiza la intervención. En los últimos meses tres de los seis profesionales, con más de quince años de trayectoria, renunciaron por los bajos salarios. “Si se va un perfusionista más, hay que cerrar el programa, porque es imposible se sostener”.
Esto (y tanto más) es lo que está en juego hoy en el Hospital Garrahan.

El odio al trabajador público
Arranca una movilización que cuadra a cuadra se volverá más masiva. Se canta “el hospi no se toca, el hospi no se toca”.
Se pregunta si el hospital está y la masa contesta que sí.
Se pregunta si los laburantes están y se contesta que sí.
Se pregunta si las familias de los pacientes están y se contesta que sí.
Y se pregunta si el sueldo está, y la respuesta es unánime: “Nooooo”, con esa o que se extiende en el aire y que da más fuerza a seguir cantando.
Mercedes Méndez, Meche, es licenciada en enfermería y trabaja en el hospital hace 31 años: “El desfinanciamiento viene desde hace un año y medio y las consecuencias son evidentes: muchos profesionales ya abandonaron el hospital. El gobierno es consciente de lo que está generando, porque para ellos la salud es un gasto y no una inversión. Va en la misma línea del ataque a los jubilados y a las personas con discapacidad”.
Agrega: “La salud y la educación pública siempre estuvieron al límite con todos los gobiernos, nunca estuvimos cómodos y siempre tuvimos que salir a luchar por nuestros derechos. Pero esta gestión vino a endurecer todo, con un odio de clase al extremo, que viene a decirnos que nos odia por ser trabajadores públicos. O sea no tiene lógica lo que hacen. Vienen por todo lo que quedaba y no se lo vamos a permitir, porque la salud pública debe seguir siendo un bastión a preservar”.
¿Qué está en riesgo hoy? Enumeran trabajadoras y trabajadoras del hospital:
- “Una red integral de atención que asiste a todos los niños, niñas y adolescentes del país con patologías complejas”.
- “La formación de profesionales que se capacitan en el Garrahan para asistir a pacientes pediátricos en todo el país, desde La Quiaca a Tierra del Fuego”.
- “Los avances tecnológicos en ciencias médicas que ayudan a disminuir la mortalidad y mejoran la calidad de vida de pacientes pediátricos con enfermedades graves”
- “Los avances científicos en medicina pediátrica que se realizan en la institución y se replican en numerosos centros de atención”.
Otro de los afiches muestra un corazón abrazado por dos manitos, y el lema “El pueblo abraza al Garrahan”. La frase parece haber presagiado lo correcto, lo que sucede, lo que está pasando en el camino que arranca en la puerta del Garrahan, sigue en avenida Entre Ríos hasta llegar al Congreso de la Nación. Y luego a Plaza de Mayo.

La pelea de Morena
Morena es una de los miles y miles de pacientes de todo el país que se atiende en el Garrahan. Tiene 11 años de edad. Vino a la marcha con su mamá Rosario y su abuela Noemí. Cuentan que en pandemia a Morena le dieron la vacuna Moderna contra el Covid y le provocó una enfermedad en la sangre: Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI). Dice Noemí: “La internaron en el Garrahan cuando tenía 3 mil plaquetas, y lo normal es 150 mil. Corrió peligro su vida”. Morena estuvo más de un mes internada y se sigue tratando actualmente. Dice Rosario: “Mucho tiempo debimos venir todos los días a control, ahora cada seis meses porque está mejorando”.
Completa su abuela Noemí: “Este gobierno busca matarnos en vida. No se entiende que se metan con quienes salvan la vida de bebés, niños y adolescentes, que son nuestros hijos, nietos y sobrinos. Siento asco, bronca y sobre todo impotencia, porque sólo pueden tomar estas decisiones quienes tienen una mentalidad asesina y el gobierno esto lo demuestra todos los días”.

El reclamo y las promesas falsas
Se va sumando gente al andar. Hay trabajadores que en la caminata entregan volantes a la gente que mira, que aplaude, que está atendiendo en sus negocios mientras la marea humana cada vez es más numerosa y ahora llega al Congreso de la Nación. Allí, a principios de julio, la Cámara de Diputados trató la emergencia para el Garrahan, pero la sesión se levantó por discusiones entre el bloque de La Libertad Avanza y el peronismo. Y la emergencia quedó sin tratar.
¿La emergencia? La recomposición salarial del 100%; que el sueldo base para cualquier ingresante sea el que determina la canasta básica familiar: un millón ochocientos mil pesos; y el aumento presupuestario del hospital.
Las y los trabajadores del Garrahan comenzaron con el reclamo por la recomposición salarial hace más de un año. Le prometieron un bono y tampoco lo cumplieron. Llevan 14 paros y no sólo no fueron escuchados por el gobierno nacional sino que la situación empeoró: el gobierno difundió el 2 de julio un reglamento que degrada las condiciones laborales de los residentes en hospitales nacionales al buscar convertirlos en “becarios”, detrimento a la formación a largo plazo. (https://lavaca.org/actualidad/otro-ataque-a-la-salud-publica-y-al-garrahan-las-movilizaciones-que-se-vienen/)

El símbolo de la crueldad
Eliana lleva un cartel que dice “la salud pública es salud socioambiental”.
Eliana trabaja como administrativa del hospital hace 12 años y en la actualidad está en el área de servicio social. Dice que hoy el Garrahan es un símbolo de lucha, compromiso, amor, de igualdad por atender a todo tipo de paciente, pero también de la crueldad: “Están poniendo en peligro la salud de los niños, niñas y adolescentes no solo de nuestro hospital sino de todo el país y de Latinoamérica. Los tratamientos están en peligro, las formas de atención, los médicos que se van imposible de recuperar en sus saberes”.
Eliana cuenta la supervivencia en números concretos: “La pérdida salarial es casi del 100% desde noviembre del 2023 a la actualidad. En este último año nuestro aumento fue menor al 3%. Yo cobro 800 mil pesos con más de 10 años de antigüedad. Hicimos una cuenta con otros trabajadores del Garrahan y descontando alquiler y el resto de los impuestos, nos quedan 4.415 pesos por día para vivir. Con eso tenemos que comer, comprar un remedio, sostener a tus hijos. O sea, vivir así es imposible”.

Si el Garrahan gana
La marcha ahora llega a Plaza de Mayo y un océano de gente inunda las calles porteñas. Adelante solo se ven miles de cuerpos. Atrás, también. Están todos los sectores de la salud pública a nivel nacional, además de varios gremios, un grupo de sindicatos de la CGT, las dos CTA, y muchísimas organizaciones barriales, estudiantiles, culturales y sociales: desde la actriz Mirta Busnelli, el dirigente Ricardo Alfonsín y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. No hay un policía y no hay disturbios, lo que evidencia un signo de estos tiempos: «Cuando la movilización es multitudinaria, no hay protocolo que valga», dicen desde la cabecera. Mientras la ciudad de Buenos Aires es el epicentro de esta movilización, profesionales de la salud realizan cortes, paros y marchas en todo el país en reclamo de los recortes presupuestarios en todos los hospitales de Argentina.
Desde la cabecera de la marcha –que lleva una bandera con el lema “Por el Garrahan, la salud pública y todas las luchas”, dicen: «Si el Garrahan gana, gana la clase trabajadora. Si el Garrahan gana, Milei tiene un problema».
Termina la marcha en Plaza de Mayo.
Mientras tanto, en el Hospital Garrahan una señora está siendo intervenida quirúrgicamente. Le está donando parte de su hígado a un bebé de 5 meses en el Hospital de Pediatría de mayor complejidad de Latinoamérica.

Reproducimos el documento completo que se leyó en la marcha.
Compañeros y compañeras, familias, trabajadores, trabajadoras, estudiantes,
jubilados: “Gracias por estar hoy llenando esta plaza”, abrazando esta lucha que no es
sólo nuestra, sino de todo un país.
Esta enorme movilización llega a la Plaza de Mayo para decirle bien fuerte al gobierno
de Milei: ¡no al vaciamiento del Hospital Garrahan! ¡Basta de ajuste a la salud pública!
¡Recomposición salarial ya para sus trabajadores y trabajadoras!
Queremos destacar que esta tarde no estamos solos en Plaza de Mayo: se está
desarrollando una verdadera jornada nacional, con acciones en todos los rincones del
país.
La asamblea de trabajadoras y trabajadores del Garrahan, que agrupa a todas las
profesiones y oficios que sostienen el funcionamiento hospitalario, y es impulsada por
los sindicatos combativos de la institución (Junta Interna de ATE y la Asociación de
Profesionales y Técnicos) y el colectivo de trabajadores autoconvocados, resolvió esta
movilización como parte de su plan de lucha. Sin embargo, la jornada fue rápidamente
abrazada por un colectivo mucho más amplio que el interior del Garrahan: se hizo
bandera del pueblo argentino, empezando por las propias familias que atienden a sus
niños, niñas y adolescentes en el hospital. A la vez por diversas organizaciones
sindicales, sociales, políticas y de DDHH; también, por ciudadanos y ciudadanas de a
pie, que han venido a sumar su cuerpo y su voz, y poner un límite a la destrucción.
La pelea de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan es causa nacional por
muchos motivos. En primer lugar, porque plantean un reclamo elemental: que nadie en
el hospital debería ganar menos que el costo de la canasta familiar ($1.800.000).
¡Basta de trabajadores bajo la línea de pobreza!
Mediante la intervención institucional y el estrangulamiento financiero disfrazado de
austeridad, el gobierno ataca al hospital, vaciándose su recurso humano,
abandonando su infraestructura y generando condiciones laborales insostenibles para
sus trabajadores. Estamos atravesando una crisis grave, persistente y cada vez más
profunda que ha dañado y amenaza con destruir el rol del Hospital como centro de
referencia para la salud pública de alta complejidad. Hay que destacar que el
Garrahan es protagonista insustituible en la red pediátrica nacional.
Por eso, hoy decimos con fuerza en esta Plaza de Mayo: “El Hospital Garrahan no se
toca”
Ante este conflicto, la actitud destructiva del gobierno y sus tentáculos que infiltran la
cúpula directiva del hospital ha sido desinformar y mentir a la población. Al mismo
tiempo, difamar, agredir y amenazar a sus trabajadores. Nos han acusado de ñoquis;
mintieron sobre la composición de todo el plantel; engañaron sobre el presupuesto que
viene recortando al hospital; tildaron de “ideológicos” a comités de trabajo
interdisciplinarios y al conflicto de generado por intereses ajenos al hospital, cuando en
realidad está sostenido por asambleas abiertas y masivas de trabajadores.
¿Por qué mienten? Tal vez porque no soportan ver que una institución pública pueda
ser sinónimo de excelencia y humanidad. Porque les incomoda que exista un hospital
que demuestra todos los días con intervenciones quirúrgicas innovadoras,
tratamientos de vanguardia y un equipo de salud que está comprometido con la
institución que lo colectivo funciona y que el cuidado de las infancias y adolescencias
de la Argentina no se rige por las lógicas del mercado.
Ahora, Lugones y Milei redoblan la apuesta al nombrar un interventor como Director
Médico. Pirozzo no tiene antecedente alguno en pediatría, y sólo es designado por su
trayectoria como vaciador del Sommer y del Bonaparte, hospitales en los que ejecutó
despidos masivos.
Pero si el gobierno redobla la apuesta, nosotros aquí movilizados también lo hacemos.
Le recordamos al gobierno que en el Garrahan hay una larga historia de lucha por
salario, condiciones de trabajo y, en definitiva, su defensa, más allá del poder de turno.
Esta plaza colmada es un mensaje contundente al gobierno de Milei y al empresario
Lugones: este pueblo no va a permitir que se lleven puesto al principal hospital
pediátrico del país y a la salud pública sin pelear. Con los métodos que venimos
empleando -asambleas, paros, movilizaciones- insistiremos en que el gobierno dé
respuesta a nuestros reclamos y exigiremos la aprobación de cualquier ley que sea
favorable a ellos, como la ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, que ya ha obtenido
dictamen en comisiones para ser tratada y esperamos sea apoyada masivamente por
legisladores de todo el país.
Resulta claro que la agresión al Garrahan forma parte de un ataque a la salud pública.
El sistema de residencias se ha mostrado en el mundo y en la Argentina como la mejor
forma de capacitación de posgrado. Los residentes son parte esencial del sistema y
del equipo de salud y constituyen la garantía de su funcionamiento futuro. La reforma
intempestiva e inconsulta del empresario Lugones al sistema de residencias
nacionales expresada en la resolución 2109 debilita la formación, precariza
condiciones laborales y rompe un sistema probado, justo y eficaz. Expresamos nuestro
más enérgico rechazo a esta reforma y reivindicamos la organización y lucha de los
residentes que deben contar con salarios y condiciones laborales dignas en todas las
jurisdicciones del país. ¡Basta de precarización, pobreza y aprietes! ¡Sin residentes no
hay hospital!
El propósito de desmantelar toda responsabilidad del Estado nacional respecto de la
salud pública se completa con los despidos a mansalva en instituciones fundamentales
de nuestro sistema sanitario. Repudiamos los despidos en los hospitales Posadas,
Sommer y Bonaparte durante este 2025 y seguimos exigiendo la reincorporación de
todos. Repudiamos, también, la reciente creación de la ANES (Administración
Nacional de Establecimientos de Salud), cuyo único propósito es profundizar los
recortes. Antes, hubo despidos en el Ministerio y se desmantelaron las Coordinaciones
Nacionales de TBC, Lepra, Hepatitis y HIV. También se cerró el Instituto Nacional del
Cáncer y se desfinancian el Clínicas, el Roffo y en general los hospitales universitarios.
Estas políticas debilitan las posibilidades de diagnóstico, prevención y tratamiento. Así,
se dañan las vidas de nuestro pueblo. La reciente pérdida de Araceli Julio pone en el
centro de la escena el accionar irresponsable de este gobierno, pues ella fue una de
tantas personas que tuvo que luchar contra los recortes en el dispendio de medicación
oncológica por parte de la DADSE.
Trabajadores en distintas jurisdicciones, provincias y municipios del país, desde
Ushuaia a La Quiaca, enfrentan las medidas de ajuste en el Sistema Público de Salud.
Hoy mismo, junto a esta enorme marcha, hay movilización en Rosario, paro en
Chubut, paro y movilización en Neuquén y La Rioja, acto en el Hospital Central de
Mendoza y asambleas en Chaco y todos los hospitales de Río Negro.
Nos dicen que “no hay plata”, mientras el gobierno acaba de destinar 4200 millones de
dólares al pago de deuda externa. ¡La salud pública necesita recursos ya!
Como si todo esto fuera poco, tenemos el ajuste brutal en discapacidad, que afecta en
forma generalizada a las personas en esa condición y a los trabajadores de salud que
se desempeñan en el área. Exigimos la inmediata implementación de la ley
recientemente sancionada.
Desde esta plaza decimos: que se vaya el empresario Mario Lugones. Que renuncie
ya. ¡La salud y la vida no son mercancías!
Evidentemente, lo que ocurre con el Garrahan en particular y la salud pública en
general tiene el mismo origen que tantos otros padecimientos que está sufriendo
nuestro pueblo. El vaciamiento planificado también afecta a la educación y al sistema
científico-tecnológico. Lo mismo ocurre con el teatro independiente y la cultura en
general. La destrucción salarial corre a la par de la miseria jubilatoria. Los despidos en
el estado se emparentan con la desocupación creciente en el sector privado. La
crueldad contra usuarios del sistema de salud va de la mano con el recorte de
alimentos en los comedores populares. Por eso, no es casual que en esta plaza
estemos juntos trabajadores y trabajadoras del Garrahan y decenas de hospitales de
todas las jurisdicciones; residentes de la nación, la CABA y la Provincia de Buenos
Aires; trabajadores de organismos fundamentales del Estado afectados por fusiones y
cierres; trabajadores que enfrentan despidos en distintos sectores de la industria;
jubilados que se plantan todos los miércoles y nos convocan especialmente a movilizar
el próximo 23 de julio; docentes y estudiantes que pelean por la educación pública;
organizaciones sociales y piqueteras que resisten en los barrios.
Hoy 17 de julio y desde esta plaza, decimos con fuerza: el Garrahan nos necesita. Nos
necesita defendiendo cada puesto de trabajo, cada área, cada servicio. Porque
cuando atacan al equipo de salud, no atacan a individuos; atacan a un entramado que
recibe, cuida, diagnostica, cura y acompaña a quienes llegan desde todos los rincones
del país.
Hoy, la salud de nuestras infancias y adolescencias está en riesgo. Duele decirlo, pero
es urgente hacerlo. Lo que está pasando atenta directamente contra un sistema de
salud pública e integral que se está desmantelando frente a nuestros ojos. Es por todo
esto que no podemos naturalizar la indiferencia, aceptar la violencia como forma de
gobierno, ni permitir que nos arrebaten los derechos que nos pertenecen.
Necesitamos darle continuidad a esta potente convocatoria con un paro activo
nacional, una enorme y superior Marcha Federal y un verdadero plan de lucha. Las
centrales obreras -en especial la CGT- tienen esa responsabilidad. Sin embargo, no
nos vamos a quedar cruzados de brazos y así cómo construimos desde abajo, con
asambleas, Cabildo Abierto y articulaciones de distinto tipo esta Plaza por el Garrahan,
la salud pública y todas las luchas, vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros para
garantizar la continuidad de este 17 de julio, más masivo, más contundente y con el
mismo compromiso.
Viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan
Porque nuestras chicas y chicos no son un gasto, son el futuro.
Defendamos la salud pública.
Defendamos a las infancias.
La salud no se negocia.
La dignidad no se entrega
El Garrahan no se toca.
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