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Rosario narco (2): discurso oficialista, home office delictivo, cuatro propuestas y la enseñanza de The Wire

Al menos cuatro crímenes a mansalva en las últimas semanas que no se sabe con certeza por quién fueron ordenados. Denuncias por violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Letreros con amenazas al gobernador de Santa Fe y al intendente rosarino ampulosamente expuestos en una peatonal. La incertidumbre sobre lo que está ocurriendo. Y la sensación de triunfo de la confusión y la violencia, entre lo delictivo y los supuestos despliegues de seguridad. El contexto de las noticias cotidianas según el criminólogo y sociólogo Máximo Sozzo. Los efectos de la licuación económica y la exclusión social motorizadas por el gobierno nacional. El discurso de Milei y el combo explosivo. Y cuatro propuestas para cambiar el tipo de discusión sobre la seguridad en el país. Texto Sergio Ciancaglini
“Pullaro-Javkin, narcoprogresistas. Haganse los turros que van a ver plomo”.
“Pullaro-Javkin, tremendos vende humo. Con la mafia no se jode o llueve plomo”.
Esos mensajes manuscritos y altisonantes dirigidos a gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Pablo Javkin aparecieron en carteles pegados en la peatonal Córdoba de Rosario. En etapas tan confusas, es difícil determinar si son amenazas reales o fraguadas, y qué es lo que en realidad buscan como operación de comunicación. El término «narcoprogresistas» llama la atención, entre tantos discursos cruzados en muchos oficialismos de estos tiempos.
La noticia se agrega a las denuncias presentadas del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (SPPDP) sobre tormentos (picana eléctrica, submarino seco, golpes) aplicados a detenidos en los pabellones 7 y 8 de la cárcel de Piñero. Es la cárcel en la que se mostraron fotos de decenas de detenidos en el piso, rodeados de guardias camuflados, pertrechados y con el rostro oculto, copiando el estilo de imágenes que suele difundir el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele. Esa publicación en redes fue acompañadas por un texto también ampuloso y altisonante del ministro de seguridad provincial Pablo Cococcioni, que podía interpretarse en clave de amenaza: “Cada vez la van a pasar peor”.
La ministra Patricia Bullrich ordenó el patrullaje a cargo de 450 efectivos en algunos barrios rosarinos, cifra 10 veces menor a anteriores despliegues de las fuerzas de seguridad.
La historia había comenzado con un colectivo penitenciario baleado, el asesinato de dos taxistas (Héctor Figueroa y Diego Celentano, en ambos casos utilizando balas policiales) y un colectivero (Marcos Daloia), más el crimen del trabajador de una estación de servicio, Bruno Bussanich.
Para intentar comprender el contexto de lo que está ocurriendo, lavaca entrevistó al criminólogo Máximo Sozzo, abogado, doctor en Derecho, profesor de Sociología y Criminología de la Universidad Nacional de Litoral, en la que además dirige la Maestrìa en Criminología y el Programa Delito y Sociedad. Es además profesor de la School of Justice de la Queensland University of Technology (Australia).

Biografía de lo narco
¿Cómo entender lo que está pasando en Rosario? “Lo primero que diría es que hay un fenómeno de larga duración que tiene más de una década, con la formación de grupos más o menos rústicos vinculados al mercado de las drogas ilegales en la ciudad de Rosario. En distintos momentos históricos estos grupos tuvieron diversas relaciones entre sí de competencia o de cooperación”.
Cuando no había cooperación, aparecía la violencia: “A veces en forma instrumental, ligada a la lógica del negocio ilegal y a veces buscando generar reafirmaciones de identidad, búsqueda de respeto, etcétera”.
Un síntoma de esa cuestión fue el aumento de la tasa de homicidios en Rosario: “Tasas altas para Argentina y a nivel regional. Pero este entramado, tiene otro costado que es el de los fuertes niveles de complicidad policial, penitenciaria, judicial, política. Eso se ha revelado y conocido incluso por investigaciones judiciales, con imputaciones y condenas al demostrarse la presencia activa de policías jugando roles en ese entramado ilegal y corrupto. En menor cantidad de casos aparecen actores del Servicio Penitenciario e incluso del mundo judicial”.
Follow the money
El motor de lo que describe Sozzo es un bien muy escaso para demasiada gente en estos tiempos crueles: el dinero. El criminólogo razona: “Todo lo que estamos mencionando combina con un nivel de rentabilidad extraordinariamente alto, con patrones de consumo de esas drogas ilegalizadas que son muy altos”.
Y se agrega una de las claves de la época: “La presencia de una extraordinaria capacidad de lavado de activos, de circulación de dinero entre la economía ilegal y la economía legal, de múltiples actores que funcionan en el mundo económico como una interfaz para que ese dinero circule, lo cual también hace florecer de algún modo ese mercado ilegal”. Interfaz significa la conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. Esa articulación de lo ilegal con lo legal es la pista en la cual encontrar el origen de muchos de los problemas actuales. Sozzo comenta: “Una alumna me dijo: tenés que ver The Wire. Es una serie norteamericana que me pareció excepcional. Y una frase me dejó marcado para siempre: follow the money (seguí el dinero). Me quedó siempre como una frase para pensar las dinámicas contemporáneas”.
Reacción y cárcel
“Las instituciones estatales y la política santafesina han venido reaccionando en general con la estrategia de generar una especie de imagen de ser duros con el delito” explica Sozzo. “Y que se ha traducido fundamentalmente en prácticas de control que se han revelado bastante poco efectivas en términos de reducción tanto del espacio de ese mercado ilegal como de los niveles de violencia, que se asocian directa o indirectamente al mismo”.
Ocurrió al revés: crece el mercado narco y crece la violencia.
“Esto genera efectos muy dramáticos, como por ejemplo en el encarcelamiento. La provincia de Santa Fe en los últimos 10 años entró en fase de encarcelamiento masivo: en 2013 había 135 presos cada 100.000 habitantes y ahora hay 290. Un incremento extraordinario, superior a la media nacional por mucho, traducido a situaciones de sobrepoblación, de hacinamiento, de condiciones de vida indignas, de niveles de conflictividad exacerbados dentro de la prisión. También impacta en las comunidades de donde proviene la mayor parte de las personas encarceladas, los sectores vulnerables económica y socialmente. Entonces hay una larga sombra de la prisión metida en la vida cotidiana de barrios enteros de ciudades como Rosario o Santa Fe”.
Versión paroxística
Pero todo eso es el pasado (tan presente). “Ahora hay que sumar que tenemos un nuevo gobierno provincial que lo que hace es construir una versión paroxística de cosas que ya estaban presentes anteriormente”.
Lo paroxístico significa lo exacerbado, ensañado, exaltado: “Y se refleja en el escenario de las prisiones. Lo primero que hace el gobierno es construir en tiempo récord una nueva Ley de Ejecución Penal y una nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario. Dos reformas que uno podría acordar que era bueno hacer porque los instrumentos que teníamos eran anticuados. En el caso de la Ley Orgánica provenía de la dictadura, totalmente infectada por un legado autoritario extraordinario”.
Las reformas lanzadas por el Ejecutivo provincial se realizaron sin un debate serio en el parlamento, explica Sozzo. “Ni siquiera se debatió en comisiones. Y se generó también una extraña tendencia: diputados y senadores de la oposición también votaron esta reformas sin ningún tipo de consulta con ningún actor u organización que tenga algún tipo de saber o de experiencia vinculado al mundo penitenciario”.
Alto perfil
¿El resultado? “Una exacerbación de la tendencia punitivista” dice en referencia a lo que la calle llamaría rigor y mano dura. “Por ejemplo, se establece el rango de presos de alta peligrosidad. Esa condición ya existía, porque la había regulado administrativamente el propio Pullaro como ministro de seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz entre 2015 y 2019. Pero ahora se convirtió en Ley, por lo cual se autorizan a fondo medidas restrictivas con respecto a su vida cotidiana”.
¿Cuál es el efecto? “La regulación es muy vaga y amplia, le da mucha discrecionalidad las autoridades penitenciarias y de hecho no se establece ningún mecanismo de revisión judicial. Entonces el Servicio Penitenciario decide quién es preso de alta peligrosidad o alto perfil como le llaman y quién no lo es, sin ningún tipo de control por parte de una autoridad externa al propio Servicio Penitenciario”.
Home office
El mensaje del gobierno es que se está reconstruyendo el control estatal en las prisiones, porque los presos de alto perfil hacían lo que querían. Informa Sozzo: “Organizaban actividades delictivas desde la prisión, el home office delictivo, como como le han llamado públicamente las autoridades gubernamentales. Y por lo tanto esos presos de alto perfil son los máximos responsables de buena parte de las actividades ilegales que suceden en la ciudad de Rosario. Es cierto que algunas investigaciones judiciales han mostrado órdenes que han partido de la prisión para producir actos extorsivos, actos violentos”.
Pero siempre hay un pero: “De ahí a decir que esa es la única fuente de desenvolvimiento de actividades delictivas en la ciudad de Rosario es como otro paso que suena a exageración, pero se generan restricciones muy fuertes para la vida de esas personas. Restricción de visitas, regímenes más estrictos de encierro en cada pabellón, y demás. Estos presos de alto perfil ya tenían dificultades para hacer cosas fuera del pabellón, incluso ir a clases escolares y universitarias, pero ahora las restricciones son mucho mayores e incluyen requisas permanentes”.
La amenaza y lo descabellado
En estos casos pronto se llega al ejemplo Bukele, en El Salvador: “Es que todo esto ha sido publicitado imitando el estilo Bukele, con cuerpos desnudos en posiciones de sumisión, arrodillados o sentados con la cabeza gacha, esposados uno al lado del otro, amontonados, rodeados de oficiales penitenciarios altamente armados con el rostro tapado y todo está acompañado por heavy metal. Se percibe un alto nivel de humillación y degradación, que a mi juicio muestra lo que te decía: la versión paroxística del punitivismo”.
Sozzo señala una frase. “Con la frase ‘cada vez la van a pasar peor’ el gobierno genera una dinámica de la amenaza. No era del todo descabellado pensar que estas organizaciones más o menos rústicas podían producir respuestas por supuesto crueles, que merecen una condena extrema, pero que están encadenadas con estas dinámicas”.
Torturas
“Es muy interesante ver cómo las autoridades gubernamentales todo el tiempo dicen ‘estamos haciendo cosas dentro de la ley’. En algunos casos esto podría ser discutido –postula Sozzo. Uno no puede generar tratos crueles inhumanos o degradantes dentro de una prisión porque está prohibido por convenciones internacionales. Todo esto en un contexto en el que no hay muchos mecanismos estatales de control de las prácticas penitenciarias. Santa Fe es una de las provincias que no tiene un comité local de prevención de las torturas. Ni siquiera se sancionó una ley para su creación porque siempre ha sido resistida fuertemente por los sectores de la política santafesina”.
Finalmente, en este punto, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (SPPDP) pudo investigar y recabar información para esas primeras denuncias por torturas en las cárceles presentadas el 7 y el 14 de marzo.
El campeón y la deriva autoritaria
¿Cómo empalma en todo esto el discurso tanto del Presidente como de la ministra Patricia Bullrich que, además, gozan de gran consenso mediático y en parte de la población? “Esos discursos del gobierno nacional juegan un rol muy importante, que a la vez expresan tendencias de un marco político y cultural. Bullrich venía elogiando a Bukele, con su experiencia de encarcelamiento ultramasivo. No tenemos siquiera categorías conceptuales para para definir lo que está pasando en El Salvador, que duplicó su tasa encarcelamiento en un par de años y que hoy es el país que más encarcela en todas las Américas en términos proporcionales, lo que es verdaderamente un récord nefasto” define Sozzo.
“La tasa de encarcelamiento hoy del Salvador está en niveles delirantes. Supera los 800 presos cada 100.000 habitantes. Triplica el escenario santafesino y supera a Estados Unidos que es el gran campeón del encarcelamiento a nivel global en los últimos 40 años, aunque en los últimos 10 años ha experimentado un pequeño descenso. Me parece que esto forma parte de este clima signado por lo que podríamos llamar una deriva autoritaria”.
Exterminio y consenso
Esa deriva tiene método: “Hay una búsqueda de construir un lenguaje además simple, fácil de transmitir, que conecta con un sentido común difundido que demoniza a un conjunto de actores y los transforman un enemigo. El único resultado que puede haber es el exterminio o la neutralización perpetua, a través de un contexto de encierro”.
Un síntoma de otro tenor que confirma esa fiebre de autoritarismo: “No es casual que las mismas autoridades se expresen a favor de romper uno de los consensos de la transición a la democracia en nuestro país, que es el consenso que se construyó a través de la legislación sobre Defensa y Seguridad Interior entre los años 80 y comienzos de los años 90: la no intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior” recuerda Sozzo.
Ineficacia del espantapájaros
“Tanto la ministra Bullrich como el presidente Milei, explícitamente anuncian la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior para ampliar el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el delito y el gobernador Pullaro en declaraciones públicas declaró su acuerdo con esa la idea. Es decir: a la militarización de nuestras policías militarizadas ahora le agregaríamos la militarización de la ciudad a través del despliegue efectivo de fuerzas armadas en el ámbito civil”.
“El resultado que esto puede traer aparejado no puede ser más dramático. Se ha visto un despliegue enorme en 2014, con Sergio Berni a la cabeza de fuerzas federales, que venían a resolver los problemas de Rosario. Diez años después ya vimos que su ineficacia fue extraordinaria. Hoy se está informando de 450 efectivos, un volumen tremendamente limitado”.
Pero advierte: “Mi problema es con la práctica en sí misma. Poniendo en marcha los operativos de saturación puede haber un resultado marginal en términos de reducción del delito”.
Sozzo describe a este tipo de operativos como espantapájaros: “Tal vez alguien no alguien no cometa un acto delictivo porque ve cerca fuerzas de seguridad. Pero es difícil pensar que ese es un remedio para la motivación de cometer esos actos delictivos y violentos. Los mismos actores encontrarán otros momentos y otros lugares donde delinquir”.
Vocación por lo ilegal
El problema de los patrullamientos perpetuos: “N son un remedio. El efecto va a ser siempre limitado. ¿Por qué? Porque no lidiás con las condiciones de fondo que hacen que exista gente dispuesta a disparar armas de fuego o traficar sustancias ilegalizadas”.
“Los operativos de saturación policial han sido siempre acompañados de un incremento de la vulneración de los derechos de los ciudadanos, especialmente los jóvenes varones de piel oscura que son pobres y habitan en barrios marginales de nuestras grandes ciudades. Este tipo de acción policial, en medio de esta situación económica, termina reforzando en todo caso la vocación por participar en la economía ilegal”. Nuevamente aparece aquí la tesis de The Wire: se investiga y ralea a los jóvenes, a la mano de obra de soldaditos, pero no se sigue la otra enseñanza: follow the money, que acaso permitiría descabezar el negocio, actividad que no parece generar demasiado entusiasmo en las autoridades.
Otra descripción de este criminólogo de la Universidad del Litoral es que la policía termina cumpliendo funciones de cordón sanitario entre los sectores vulnerables y el resto de la geografía urbana. “Pero además esa policía ha sido descubierta como cómplice activa de las actividades delictivas vinculadas al mercado de las drogas ilegales. El problema es que no hay en la agenda del gobierno provincial ningún discurso acerca de la necesidad de reformar esa policía y transformarla. ¿Se puede con esos mismos actores construir un resultado positivo? Se puede decir no todos los actores policiales están involucrados en el mercado de drogas ilegales y seguramente es el caso, pero ¿podemos construir una apuesta por la policíalización de la ciudad cuando no hicimos nada en términos de reforma y depuración de esa misma policía? De hecho en los eventos delictivos dramáticos que acontecieron en los últimos tiempos se han descubierto balas policiales. No es un elemento menor, claro”.
Cuatro propuestas
¿Qué ideas podrían plantearse hacia adelante, tratando de buscar otros horizontes? Plantea Máximo Sozzo:
- “Es indispensable para enfrentar este fenómeno abordar la dimensión económica de ese mercado de drogas ilegales. Eso implica generar investigaciones y sanciones de actores privilegiados del mundo económico rosarino, que trabajan activamente en la producción de ese lavado de dinero, que es lo que vuelve esa economía rentable”.
- “Es indispensable discutir qué estructura estatal puede hacerse cargo de investigar delitos relativamente complejos, cómo organizarla, quién lo tiene que organizar y quién lo tiene que llevar adelante, para lo cual hay todo un proceso de construcción de capacidad estatal que parece bastante ausente en estos últimos 10 años o con resultados extraordinariamente limitados”.
- “Es indispensable discutir la reforma estructural de la Policía de la Provincia de Santa Fe. No es no es posible promover una política que dice querer enfrentar ese fenómeno sin revisar el rol de las instituciones policiales”.
- “Es indispensable crear también un Servicio Penitenciario democrático, en el cual haya mecanismos de control. Hoy nuestras prisiones tienen muy débiles mecanismos de control sobre lo que el Estado hace con las personas privadas de la libertad”.
“Creo que ahí tenemos cuatro líneas de ataque entre muchas otras más que son tan relevantes como estas que planteo, que sería importantes tomar en consideración”.
¿Cree que los ataques y muertes de inocentes son una respuesta al endurecimiento de la vida carcelaria? “Es lo que se nos presena como información. Pero es difícil de determinar. Tal vez haya otras fuerzas en juego que no vemos. Puede haber disputas policiales involucradas en la producción de estos hechos: ya ha ocurrido el uso de la violencia para generar algún tipo de negociación o intercambio. Pero no sé si tenemos toda la información, y no quiero aparecer como alguien que dice ‘sé cómo son las cosas’. Está recién empezando a pasar”.
Sobre el discurso público y político desde que asumieron las nuevas autoridades nacionales y provinciales: “Los defectos y debilidades de las intervenciones sociales del Estado en los territorios de la vulnerabilidad y la exclusión social forman parte también del entramado que genera estos resultados”.
“Las políticas contra la inclusión social del gobierno de Milei el único efecto que pueden generar es acrecentar los niveles de vulnerabilidad y exclusión social. Y esa es una de las bases de la construcción de esta dinámica –en los sectores populares especialmente– que permite el reclutamiento constante de jóvenes dispuestos a participar de ese tipo de actividad. Esa es una condición de base, de fondo, un elemento macroscópico de este gobierno ultra neoliberal, y que toma decisiones cada vez más exacerbadas. Entonces, claramente, es esperable que el combo se vuelva explosivo. Tal vez haya alguien con un tono más optimista. A mí me está costando trabajo encontrarlo”.
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Acto de la CGT: rápido, caluroso, con amenaza de paro y postergación de la reforma laboral

El acto programado por la CGT fue tan veloz que mucha gente ni había llegado a la Plaza cuando ya todo se estaba desarmando. Uno de los oradores que actualmente encabeza la central, Octavio Arguello, dijo: “Si no nos escuchan vamos a terminar en un paro nacional”. Un rato después, mientras la gente seguía arribando al acto que ya no existía, Patricia Bullrich confirmó que se posterga la discusión por la reforma laboral a febrero. Síntoma de que los números no le funcionaban al oficialismo para acelerar con una reforma navideña.
El acto fue absolutamente pacífico (muchos cuestionaban que demasiado) pero la Comisión Provincial por la Memoria informó que hubo más de 50 personas atacadas con gas pimienta por la Policía de la Ciudad. Otros agredidos fueron familiares de desaparecidos, pero por parte de “custodios” de la CGT con camisetas de la UOCRA y de su titular Gerardo Martínez. La idea de hacer la ronda chocó con estos custodios, que se envalentonaron con personas indefensas con el mismo entusiasmo que suele hacerlo la policía. Aparte de esos episodios, ¿qué nos dijo la gente que se movilizó? Palabras para entender esta época, entre el aplastamiento de la economía, los sueños del “trading” y la venta ambulante.
Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Una hora antes de que la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, confirmara que la discusión por la reforma laboral se patearía a febrero, el joven Gonzalo marchaba con sus compañeros de la secretaría de Educación de La Plata en dirección a Plaza de Mayo. Y después de evaluar que la reforma “le quita al de abajo para darle a los de arriba”, que la quita de horas extras “es una brutalidad porque uno hace horas por necesidad económica y no por descanso”, y que el hecho de que no haya vacaciones “es inhumano”, responde cuáles son sus deseos como trabajador:
“Vivir de trading”, responde. Eso significa vivir de comprar y vender acciones, divisas, criptomonedas, lo que sea, en los mercados, para tener ganancias gracias a fluctuaciones de precios en lapsos cortos.
Entiende Gonzalo el contexto en el que lo dice, las miles de personas que marchan como él, pero también piensa en que un alquiler no baja de 500 mil pesos por mes. “Mis preocupación es de los 20 a los 30 juntar la plata que pueda en una caja de ahorro, invertir y trabajar lo menos posible. Lleva pocas horas y tiene un buen margen de ganancia. En un buen momento podés pagar mil pesos una moneda que, en unos años, puede valer diez mil, pero por ahí perdés: es todo un riesgo”.
–¿Y el que hace Rappi, UBER o no tiene una relación de dependencia?
–Y… La tiene difícil. Cien por cien. Si no buscan invertir a futuro, va mal.
Gonzalo se mete de nuevo a la marcha que, en este momento, canta:
“Luche, luche, luche y que se escuche”.

¿Qué dice la reforma laboral?
El proyecto de ley de modernización laboral enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 2 de diciembre, busca reemplazar a la ley de Contrato de Trabajo y a sus modificaciones durante las últimas cuatro décadas.
Algunos de los puntos centrales:
- La ley deja afuera al personal de casas particulares, trabajadores agrarios, independientes y prestadores de plataformas tecnológicas (artículo 2).
- Vacaciones: la fecha de inicio, que hasta ahora debía ser notificada con una antelación no menor a 45 días, pasa a 30. El empleador podrá fraccionarlas mientras no sean tramos inferiores a siete días. El periodo de vacaciones –entre el 1º de octubre y el 30 de abril– el empleador “deberá organizarlas al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano”.
- Jornadas laborales de hasta 12 horas: aunque no se explicite en la redacción y busque solaparse, los artículos 42 y 43 estipulan que “el empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente la compensación de horas extraordinarias de trabajo, disponiendo un régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios (…) siempre y cuando se respeten los descansos mínimos entre jornada y jornada de doce horas”.
- Periodo de prueba: en la norma vigente a quien está a prueba se le informa con 15 días de antelación la extinción del contrato. En la que quieren aprobar “no se requerirá la obligación de preaviso” (capítulo 48).
- Periodo de prueba 2: mientras en la ley actual el periodo de prueba pone el límite en los 30 días, en la que se quiere imponer “se extenderá durante los primeros 6 meses” (capítulo 104).
- Indemnización: el artículo 51 dice que se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual durante el último año o el tiempo de prestación de servicios si fuera menor. Para esta remuneración no se tendrán en cuenta “los conceptos de pago no mensuales como el Sueldo Anual Complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual, etcétera”. En la norma vigente, solo se excluye al SAC. Y sí, dice así, literal: “etcétera”.
- Contribución: La iniciativa gubernamental crea el FAL, Fondos de Asistencia Laboral, que se conforma con una contribución mensual obligatoria del 3 % de las remuneraciones que se toman de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador. Este 3% hasta ahora va dirigido al ANSES para el pago de las jubilaciones.
- Plataformas tecnológicas: 1) en el capítulo 114 dice que el objeto es establecer reglas adecuadas para el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas. 2) En el 118 pondera un “principio de libertad de formas: las partes podrán acordar libremente los términos del contrato”. 3) El 121 refiere al seguro de accidentes personales: “Los gastos serán objeto de libre acuerdo entre las partes involucradas, sin establecer una responsabilidad exclusiva para ninguna de ellas”.
Sin embargo, el Gobierno olió un panorama desfavorable en el Senado, al menos en esta instancia, y si bien consiguió el dictamen, decidió postergar la discusión a febrero.

Dónde está la pelota
Cecilia, 25 años, no puede parar porque es vendedora ambulante. “Salgo a luchar todos los días porque Jorge Macri nos echó de la vía pública, no nos deja vender los pocos que productos que tenemos, no nos alcanza para comer y a muchos le decomisan la mercadería sin que la puedan retirar de los galpones”, dice esta trabajadora de Luis Guillón, sur conurbano. “Hay gente que se muere de hambre y no lo entienden. Los que tienen un sueldo en blanco no llegan a fin de mes, y encima le quieren pagar la indemnización en cuotas: me gustaría saber si el presidente y los senadores quisieran cobrar en cuotas”.
La diputada Natalia Zaracho (Frente Patria Grande) también era de las que no podían parar: “Soy hija del 2001, me tuve que inventar mi propio trabajo para comer y darle algo a mi familia, me organicé y me puse a pelear por la dignidad de los cartoneros”, cuenta desde Avenida de Mayo.
¿Qué pasó para que esta marcha esté corriendo una discusión clave desde atrás? “Lamentablemente se está dando una discusión que teníamos que haber dado antes. Ahora estamos con los términos y la pelota del lado de ellos, pero no podemos dejar de decir que no beneficia a los trabajadores. Tampoco va a generar puestos de trabajo. Necesitamos que el salario mínimo garantice que la gente pueda vivir. La economía popular se inventó su trabajo y necesitamos derechos para ese mundo, el más perjudicado. Todos los días se cierran pymes, dejando a trabajadores fuera del sistema, en el descarte. Vengo de ahí. Acá no va a venir ningún salvador a salvar al pueblo, es la comunidad organizada lo que va a frenar este modelo”.

Voces laborales
Omar está parado arriba de un banco sobre Avenida de Mayo. Sus manos en V, sus bigotes y sobre todo el cartel que cuelga del cuello “Paro general ya, pongan la fecha, traidores”, lo hace resaltar ante una marea de gente que copa las seis cuadras que separan la 9 de Julio y la Casa Rosada. Sin bajarse del banco, dice: “La CGT no tuvo otra que hacer esta movilización porque se le venía la noche por la presión popular; una reforma laboral no puede nacer así, comprando a gobernadores, es peor que la ley Banelco (escándalo de sobrinos en la reforma laboral del año 2000)”.
Diego sostiene una cartulina rosa: “No es libertad, es esclavitud”. Tiene 44 años, es de González Catán y labura en la construcción. Plantea: “Es esclavizante este momento. Aumentó todo 15 veces en estos últimos años, menos nuestro salario”. Cuenta que trabaja de manera informal y que ya no sabe cómo hacer. “No llego, no llegamos”, se despide, yéndose rápido ni bien culmina un acto precoz de la CGT.
44 años también tiene Oscar y es empleado del Correo Argentino desde hace 22, la mitad de su vida. Una vida con obstáculos. “Nunca estuvimos tan mal. Los sueldos son bajísimos. Si hoy hubiese retiro voluntarios, nos vamos todos, estamos desesperados. Y encima ahora esta reforma, que en vez de dar derechos nos lo quita. Les vamos a salir re baratos a la empresa si la aprueban”. Oscar mira a sus compañeros de trabajo y reflexiona: “A los que votaron esto, que son muchos, no los entiendo. Conocieron la historia del Correo, de cómo estaba la empresa privatizada y sin embargo siguen acompañando a este gobierno”.
Aníbal escucha la charla con Oscar y se acerca. Se pone a llorar porque tiene 68 años y, después de trabajar “toda la vida de ferroviario y de empleado del correo”, cobra “la mínima”. Dice que este presente también es consecuencia del pasado. “Los gobiernos más populares no hicieron reformas laborales a favor del pueblo y acá estamos, sufriendo esta entrega”. Alejandra, de Morón, sintetiza: “Es una reforma laboral que tiene una particularidad clara: quitan muchos derechos y no hay ningún beneficio; en vez de achicar las jornadas, van en sentido contrario”.
Florencia, 52 años, de Temperley, es científica del Conicet y docente de la UBA. “Es necesaria una reforma laboral”, piensa. Lo resume en su cartulina blanca: “Modernización es jornada laboral de 6 horas”. Y agrega: “Pero no sólo a favor de los empresarios como es esta, que debería tener una licencia de paternidad de 3 meses, que incluya derechos para el teletrabajo y los nuevos empleos por los avances tecnológicos”.
Romina, 33 años, vive en la Villa 20 de Lugano. Es auxiliar de portería y vino con SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires). “Estoy en contra de toda esta reforma, en vez de que sea a favor de la gente, con paritarias sin techo y acordes a la inflación y a las necesidades, buscan aumentarnos las horas de trabajo y fraccionarnos las vacaciones”. ¿En qué está pensando hoy un laburante? “En llegar al 15 del mes”.

Madres, curas & UOCRA
En Plaza de Mayo, el escenario de la CGT está emplazado exactamente en la Pirámide de Mayo, sitio en el que las Madres de Plaza de Mayo hacen su ronda todos los jueves, a las 15.30, hace 48 años. “Saludamos a las Madres que están presentes”, dice Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT. “Les ocupamos su jueves por un reclamo justo”, agrega, aunque ese gesto no se traducirá en los hechos. Tampoco tuvieron la sensibilidad de enlazar luchas: en 2001, por ejemplo, el 19 de diciembre cayó jueves de ronda, y mucha gente salió a la calle cuando vio por tele cómo le pegaban a las Madres.
El acto, sin embargo, se esfuma rápido. Sorprende lo escueto y que arriba del escenario no se trazara un plan a futuro. “Terminaremos en un paro general”, esbozaron, en caso de que la reforma prospere. “¿Ya terminó?”, se preguntan algunos manifestantes que recién ingresan a la Plaza. La mayoría desconcentra rápido. Algunos se quedan cantando contra la CGT: “Poné la fecha”, exigen sobre el paro, pero a destiempo porque en el escenario ya no hay nadie.
Muy pocos se quedaron a la ronda de las Madres, que tuvo una escena violenta y desagradable. El grupo que acompaña todos los jueves a las Madres Línea Fundadora –entre los que hay familiares de desaparecidos y sobrevivientes de centros clandestinos– quiso ingresar al sector de la pirámide para hacer la ceremonia habitual. Sin embargo, un grupo de seguridad de la CGT, con pecheras de la UOCRA, no quiso dejarlos pasar. Comenzó una discusión que derivó en que uno de los gremialistas le pegó a uno de los militantes que acompaña cada jueves. El golpe lo dejó con un corte en el ojo y con sangrado en la nariz.
Carlos, el célebre jubilado hincha de Chacarita, no podía creer la escena: “Yo peleo por vos, maleducado”, les dijo. También intentó mediar el padre Paco Olveira, pero el matón casi lo golpea también a él: “No me toqués”, le gritó al párroco.
La actitud era de amenazar democráticamente, tanto a un jubilado, a un cura o a familiares de desaparecidos, lo cual refleja en parte el estado de las cosas.
El grupo de Línea Fundadora dio la vuelta al escenario e ingresó, de todas formas, por otro sector hasta la Pirámide. Hizo la ronda en un círculo cercado por los fierros de un escenario gigante, una mesa con decenas de sanguchitos que sobraron, y hasta sillones para los sindicalistas. Héctor Daer, ex triunviro de la CGT miraba la ronda y aplaudía. “Recién nos golpearon”, le gritaron. Daer se terminó yendo. La empresa productora del evento, al menos, tuvo la gentileza de darles botellas de agua.
Mientras tanto, entre los ruidos de un escenario que empezaba a ser desarmado por otros trabajadores, en la Plaza resonaba el eco de cada jueves, al escuchar el nombre de cada persona desaparecida: “Presente”.
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La justicia identificó y procesó al policía agresor de la jubilada Beatriz Blanco

La jueza María Servini de Cubría, titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 1, identificó y procesó al integrante de la Policía Federal que golpeó a la jubilada Beatriz Blanco el 12 de marzo de este año.
Se trata del inspector Nicolás Emanuel Céspedez y fue imputado por lesiones agravadas.
La jueza le impuso un embargo de 40 millones de pesos y, sin bien lo eximió de prisión preventiva, le ordenó que informe sus movimientos y lo citó el lunes próximo para notificarlo. Servini consideró que el uso desmedido de la fuerza ejercida contra una anciana de 82 años fue evidente: «No hace falta ver su documento de identidad para notar su fragilidad».

Beatriz Blanco tras ser golpeada por el inspector Nicolás Céspedez.
Céspedez golpeó a la jubilada haciéndola caer de nuca, y además ni él ni ninguno de los otros policías intentaron ayudarla, por lo que tuvo que ser inmediatamente evacuada y hospitalizada.
La jueza Servini describe Beatriz fue rociada con gas pimienta y luego empujada “sufriendo un traumatismo cefálico en la región de la nuca (occipito -parietal derecha/izquierda) que derivó en el diagnóstico de Traumatismo encefalocraneano sin pérdida de la conciencia con herida cortante en región occipital”
Plantea el procesamiento: “…el imputado hizo uso desmedido, desproporcionado y exagerado de la fuerza contra una mujer mayor de 82 años de edad, indefensa que no presentaba peligro para la autoridad, lesionándola y apartándose así de la normativa vigente que rige en la materia”.
Agrega: “… se encuentra probado que existió por parte de Nicolás Emanuel Céspedez, dolo directo, o sea éste tuvo la voluntad de atacar físicamente a la Sra. Beatriz Blanco, y habiendo tenido tiempo para reaccionar con otra conducta no lo hizo”. El delito se agrava cuando el hecho se comete «Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales, o del servicio Penitenciario».
Otro párrafo crucial: «Sobre la especial calidad del sujeto activo que prevé la fórmula legal, corresponde indicar que: ‘El fundamento es que no solo se atenta contra la vida humana, sino que además el autor omite cumplir con el deber de otorgar seguridad y protección a los ciudadanos, defraudando así las expectativas depositadas en el correcto desempeño de su cargo o función»
Concluye la jueza: “Todo ello me permite concluir que las lesiones sufridas por Beatriz Blanco, derivadas de la conducta del imputado que se juzga en este acápite, efectivamente implicó una acción totalmente arbitraria por parte de Céspedez y en un claro abuso de su función, en carácter de miembro de una fuerza de seguridad”.
El próximo lunes 22 Céspedez deberá presentarse en el juzgado para ser notificado de su procesamiento.
Actualidad
Miércoles de jubilados: bautismo represivo, el baño de Milei y la mirada en la reforma laboral

Otra marcha de jubilados, reprimida con camiones hidrantes y atacada por un presidente que aseguró: “Estamos bañando gente”. Lo que sigue planteando la gente que no se resigna a las cloacas del presente.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
Un día antes de la marcha convocada por la CGT y las CTA a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, tuvo su bautismo en los miércoles de jubilados y jubiladas al rociar a jubilados, jubiladas y reporteros gráficos con violentos chorros de camión hidrante. La escena asombró al fotorreportero Rodrigo Abd, premio Pulitzer y World Press Photo, que desde agosto no cubría la manifestación de jubilados porque un hidrante, precisamente, le perforó el tímpano al golpearlo con el chorro.
“Por suerte no me tuvieron que operar”, suspira el profesional de Associated Press (AP). “El tímpano se recuperó bien, pero el oído quedó débil”. Hoy pasó a saludar y lo que vio fue más violencia: “Me entristece que el sistema no haya encontrado soluciones integrales a los jubilados, a los profesionales del Garrahan. Pasan los meses y seguimos igual”.

Dentro del Congreso, el día había arrancado movido con la flamante senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, cruzándose con el senador de Fuerza Patria, José Mayans, por la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que quedó en manos de la exministra de Seguridad, quien quiere conseguir dictamen para empezar cuanto antes el debate por reforma laboral en la Cámara alta. Mientras tanto, en Diputados, la nueva composición de LLA, sumados a los aliados, les permitió conseguir quórum para discutir el Presupuesto 2026. Uno de los puntos más calientes es el artículo 75, que busca derogar las leyes referidas a la emergencia en discapacidad y a los presupuestos universitarios. También elimina los fondos destinados para el Hospital Garrahan. (El final de la historia, durante la madrugada, determinó que el gobierno no pudo lograr apoyo para esos brotes de motosierra, que ya habían sido descartados por el parlamento y además por el Poder Judicial. Por lo tanto dejaba trascender que vetaría el nuevo presupuesto).

Afuera, la imagen parece idéntica al resto de los miércoles: un Congreso separado de la gente por una larga hilera de vallas que atraviesa todo el ancho de la Plaza. Sin embargo, esta vez un detalle cambia: hay un resquicio que la Policía Federal y Gendarmería ¿adrede? deja abierto entre dos vallas, y la gente empieza a pasar, de a una; tardan ¿adrede? más de veinte minutos hasta que las Fuerzas unen las estructuras con alambre.
La gente insulta. Mueve las vallas.
Uno de los policías federales habla en handy y pide refuerzos. Los refuerzos son:
- un camión hidrante de bomberos de la Policía Federal,
- dos camiones hidrantes de la Policía Federal,
- un camión hidrante de Gendarmería Nacional,
- la policía motorizada con más de una decena de motos,
- una centena de gendarmes y federales detrás de una valla.

Pedro en la silla
Resultados: la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó que hubo al menos tres heridos por gas pimienta.
Entre los chorros hidrantes y el gas pimienta, Pedro cruza la calle inundada en su silla de ruedas. Tiene 70 años, es vecino del barrio porteño de Caballito, y tiene una discapacidad por las secuelas de la polio que lo afectó en 1956. “Sobreviví a la polio, sobreviví al Covid y vengo a poner el cuerpo todos los miércoles acá”, dice, alejándose de la lluvia de Gendarmería y la Policía Federal.
Su interpretación: “Esta ministra (por Monteoliva) tiene que demostrar que no es menos que Bullrich. Bueno, hoy fue el estreno. De alguna manera tienen que frenar la protesta. Lo hacen con agua, pero también con las mentiras de la prensa. Pero seguimos adelante porque acá se nos va la vida. Vivo de mi jubilación, patrocino gratis a personas con discapacidad, y hay que seguir esta lucha”.

Dato: Más tarde Milei contó en uno de los streamings bancados por el gobierno, lo que pasó durante la represión: «Todos los genios de la defensa de los trabajadores ninguno laburó en su vida, como los de ahora. No saben lo que es trabajar, bañarse tampoco, por eso cuando aparece la caprichosa… Hoy hablé con la ministro (de Seguridad, Alejandra Monteoliva) y me dijo ‘ya hicimos una descarga’, y dije: ah bueno, estamos bañando gente». Esto provocó las carcajadas de sus fans.
Traducción: la represión a manifestantes jubilados, periodistas, fotógrafos y personas con discapacidad es tomada como un baño de gente. La frase posiblemente refleja mucho más sobre la pulcritud de quien la emite que sobre las personas a las que agrede.

Pensando en (el) mañana
Tras el momento represivo, las y los jubilados marchan alrededor de la plaza de los Dos Congresos. A diferencia de otros miércoles, cuando hubo varias rondas, esta vez se moviliza de forma unificada. “Igual tenemos que ser muchos más”, cuenta a lavaca Ana María Tapia, de la agrupación Jubilados Insurgentes. Mira al palacio legislativo y dice que no puede creer que ya se esté discutiendo esta reforma laboral: “En vez de bajar las horas y hacer turnos de 6, formando más turnos y generando más trabajo, se sube a 12 horas. Más esclavos, imposible. Retrocedemos 60 años como mínimo. Es terrible, pero vamos a seguir luchándola, no lo vamos a permitir”.
Mario y Rubén integran el Movimiento Activo de Trabajadores y Jubilados y acaban de terminar de marchar. Dice Mario, al lado de su nieta que lo acompaña la mayoría de los miércoles: “Una reforma laboral que nos hace volver a los viejos tiempos de la esclavitud. Si llegamos hasta acá es porque hasta hoy, las direcciones sindicales se borraron de la escena. Recién aparecen mañana convocando una movilización, cuando acá se necesita parar el país, no hay otra”.

Dice Rubén: “Es una estrategia que tiene este gobierno de llevarnos al siglo XIX, lo que representa una apabullante derrota de la clase trabajadora. Yo te puedo hablar una hora seguida, pero todas las penurias que estamos viviendo se resumen en sólo tres letras: “FMI”.
Se va otro miércoles, distinto, particular, con vistas al día de mañana, literal. Ana Valverde, de la Unión de Trabajadores Jubilados (UTJ), reparte volantes invitando a marchar este jueves a la marcha a Plaza de Mayo, concentrándose en 9 de Julio a las 14 horas. Dice que la CGT, en verdad, tendría que haber convocado un paro. “Un plan de lucha. vos pensá que allá adentro están entregando nuestras jubilaciones, el financiamiento del Garrahan, y la emergencia de discapacidad, pero ninguno de los trabajadores puede venir porque les descuentan el día, con riesgo a que los echen. Sin plan de lucha, es difícil”.
La foto

La foto que publicamos aquí fue tomada por el fotógrafo de lavaca Juan Valeiro. Sobre esa imagen realizó un posteo en instagram Cora Gamarnik, licenciada en Comunicación Social, doctora en Ciencias Sociales, Docente e investigadora del fotoperiodismo, coordinadora del área de Estudios sobre Fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, e investigadora adjunta de Conicet. Plantea Cora:
«Reprimir una imagen
Reprimir a quien la sostiene
Reprimir a quien la produce
Reprimir una imagen que habla a su vez de una represión anterior
Represión al cuadrado
Foto de @juan.valeiro para @mu.lavaca
represión a la marcha de los y las jubiladas
17 de diciembre de 2025. Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

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