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Rosario narco (2): discurso oficialista, home office delictivo, cuatro propuestas y la enseñanza de The Wire

Al menos cuatro crímenes a mansalva en las últimas semanas que no se sabe con certeza por quién fueron ordenados. Denuncias por violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Letreros con amenazas al gobernador de Santa Fe y al intendente rosarino ampulosamente expuestos en una peatonal. La incertidumbre sobre lo que está ocurriendo. Y la sensación de triunfo de la confusión y la violencia, entre lo delictivo y los supuestos despliegues de seguridad. El contexto de las noticias cotidianas según el criminólogo y sociólogo Máximo Sozzo. Los efectos de la licuación económica y la exclusión social motorizadas por el gobierno nacional. El discurso de Milei y el combo explosivo. Y cuatro propuestas para cambiar el tipo de discusión sobre la seguridad en el país. Texto Sergio Ciancaglini
“Pullaro-Javkin, narcoprogresistas. Haganse los turros que van a ver plomo”.
“Pullaro-Javkin, tremendos vende humo. Con la mafia no se jode o llueve plomo”.
Esos mensajes manuscritos y altisonantes dirigidos a gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Pablo Javkin aparecieron en carteles pegados en la peatonal Córdoba de Rosario. En etapas tan confusas, es difícil determinar si son amenazas reales o fraguadas, y qué es lo que en realidad buscan como operación de comunicación. El término «narcoprogresistas» llama la atención, entre tantos discursos cruzados en muchos oficialismos de estos tiempos.
La noticia se agrega a las denuncias presentadas del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (SPPDP) sobre tormentos (picana eléctrica, submarino seco, golpes) aplicados a detenidos en los pabellones 7 y 8 de la cárcel de Piñero. Es la cárcel en la que se mostraron fotos de decenas de detenidos en el piso, rodeados de guardias camuflados, pertrechados y con el rostro oculto, copiando el estilo de imágenes que suele difundir el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele. Esa publicación en redes fue acompañadas por un texto también ampuloso y altisonante del ministro de seguridad provincial Pablo Cococcioni, que podía interpretarse en clave de amenaza: “Cada vez la van a pasar peor”.
La ministra Patricia Bullrich ordenó el patrullaje a cargo de 450 efectivos en algunos barrios rosarinos, cifra 10 veces menor a anteriores despliegues de las fuerzas de seguridad.
La historia había comenzado con un colectivo penitenciario baleado, el asesinato de dos taxistas (Héctor Figueroa y Diego Celentano, en ambos casos utilizando balas policiales) y un colectivero (Marcos Daloia), más el crimen del trabajador de una estación de servicio, Bruno Bussanich.
Para intentar comprender el contexto de lo que está ocurriendo, lavaca entrevistó al criminólogo Máximo Sozzo, abogado, doctor en Derecho, profesor de Sociología y Criminología de la Universidad Nacional de Litoral, en la que además dirige la Maestrìa en Criminología y el Programa Delito y Sociedad. Es además profesor de la School of Justice de la Queensland University of Technology (Australia).

Biografía de lo narco
¿Cómo entender lo que está pasando en Rosario? “Lo primero que diría es que hay un fenómeno de larga duración que tiene más de una década, con la formación de grupos más o menos rústicos vinculados al mercado de las drogas ilegales en la ciudad de Rosario. En distintos momentos históricos estos grupos tuvieron diversas relaciones entre sí de competencia o de cooperación”.
Cuando no había cooperación, aparecía la violencia: “A veces en forma instrumental, ligada a la lógica del negocio ilegal y a veces buscando generar reafirmaciones de identidad, búsqueda de respeto, etcétera”.
Un síntoma de esa cuestión fue el aumento de la tasa de homicidios en Rosario: “Tasas altas para Argentina y a nivel regional. Pero este entramado, tiene otro costado que es el de los fuertes niveles de complicidad policial, penitenciaria, judicial, política. Eso se ha revelado y conocido incluso por investigaciones judiciales, con imputaciones y condenas al demostrarse la presencia activa de policías jugando roles en ese entramado ilegal y corrupto. En menor cantidad de casos aparecen actores del Servicio Penitenciario e incluso del mundo judicial”.
Follow the money
El motor de lo que describe Sozzo es un bien muy escaso para demasiada gente en estos tiempos crueles: el dinero. El criminólogo razona: “Todo lo que estamos mencionando combina con un nivel de rentabilidad extraordinariamente alto, con patrones de consumo de esas drogas ilegalizadas que son muy altos”.
Y se agrega una de las claves de la época: “La presencia de una extraordinaria capacidad de lavado de activos, de circulación de dinero entre la economía ilegal y la economía legal, de múltiples actores que funcionan en el mundo económico como una interfaz para que ese dinero circule, lo cual también hace florecer de algún modo ese mercado ilegal”. Interfaz significa la conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. Esa articulación de lo ilegal con lo legal es la pista en la cual encontrar el origen de muchos de los problemas actuales. Sozzo comenta: “Una alumna me dijo: tenés que ver The Wire. Es una serie norteamericana que me pareció excepcional. Y una frase me dejó marcado para siempre: follow the money (seguí el dinero). Me quedó siempre como una frase para pensar las dinámicas contemporáneas”.
Reacción y cárcel
“Las instituciones estatales y la política santafesina han venido reaccionando en general con la estrategia de generar una especie de imagen de ser duros con el delito” explica Sozzo. “Y que se ha traducido fundamentalmente en prácticas de control que se han revelado bastante poco efectivas en términos de reducción tanto del espacio de ese mercado ilegal como de los niveles de violencia, que se asocian directa o indirectamente al mismo”.
Ocurrió al revés: crece el mercado narco y crece la violencia.
“Esto genera efectos muy dramáticos, como por ejemplo en el encarcelamiento. La provincia de Santa Fe en los últimos 10 años entró en fase de encarcelamiento masivo: en 2013 había 135 presos cada 100.000 habitantes y ahora hay 290. Un incremento extraordinario, superior a la media nacional por mucho, traducido a situaciones de sobrepoblación, de hacinamiento, de condiciones de vida indignas, de niveles de conflictividad exacerbados dentro de la prisión. También impacta en las comunidades de donde proviene la mayor parte de las personas encarceladas, los sectores vulnerables económica y socialmente. Entonces hay una larga sombra de la prisión metida en la vida cotidiana de barrios enteros de ciudades como Rosario o Santa Fe”.
Versión paroxística
Pero todo eso es el pasado (tan presente). “Ahora hay que sumar que tenemos un nuevo gobierno provincial que lo que hace es construir una versión paroxística de cosas que ya estaban presentes anteriormente”.
Lo paroxístico significa lo exacerbado, ensañado, exaltado: “Y se refleja en el escenario de las prisiones. Lo primero que hace el gobierno es construir en tiempo récord una nueva Ley de Ejecución Penal y una nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario. Dos reformas que uno podría acordar que era bueno hacer porque los instrumentos que teníamos eran anticuados. En el caso de la Ley Orgánica provenía de la dictadura, totalmente infectada por un legado autoritario extraordinario”.
Las reformas lanzadas por el Ejecutivo provincial se realizaron sin un debate serio en el parlamento, explica Sozzo. “Ni siquiera se debatió en comisiones. Y se generó también una extraña tendencia: diputados y senadores de la oposición también votaron esta reformas sin ningún tipo de consulta con ningún actor u organización que tenga algún tipo de saber o de experiencia vinculado al mundo penitenciario”.
Alto perfil
¿El resultado? “Una exacerbación de la tendencia punitivista” dice en referencia a lo que la calle llamaría rigor y mano dura. “Por ejemplo, se establece el rango de presos de alta peligrosidad. Esa condición ya existía, porque la había regulado administrativamente el propio Pullaro como ministro de seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz entre 2015 y 2019. Pero ahora se convirtió en Ley, por lo cual se autorizan a fondo medidas restrictivas con respecto a su vida cotidiana”.
¿Cuál es el efecto? “La regulación es muy vaga y amplia, le da mucha discrecionalidad las autoridades penitenciarias y de hecho no se establece ningún mecanismo de revisión judicial. Entonces el Servicio Penitenciario decide quién es preso de alta peligrosidad o alto perfil como le llaman y quién no lo es, sin ningún tipo de control por parte de una autoridad externa al propio Servicio Penitenciario”.
Home office
El mensaje del gobierno es que se está reconstruyendo el control estatal en las prisiones, porque los presos de alto perfil hacían lo que querían. Informa Sozzo: “Organizaban actividades delictivas desde la prisión, el home office delictivo, como como le han llamado públicamente las autoridades gubernamentales. Y por lo tanto esos presos de alto perfil son los máximos responsables de buena parte de las actividades ilegales que suceden en la ciudad de Rosario. Es cierto que algunas investigaciones judiciales han mostrado órdenes que han partido de la prisión para producir actos extorsivos, actos violentos”.
Pero siempre hay un pero: “De ahí a decir que esa es la única fuente de desenvolvimiento de actividades delictivas en la ciudad de Rosario es como otro paso que suena a exageración, pero se generan restricciones muy fuertes para la vida de esas personas. Restricción de visitas, regímenes más estrictos de encierro en cada pabellón, y demás. Estos presos de alto perfil ya tenían dificultades para hacer cosas fuera del pabellón, incluso ir a clases escolares y universitarias, pero ahora las restricciones son mucho mayores e incluyen requisas permanentes”.
La amenaza y lo descabellado
En estos casos pronto se llega al ejemplo Bukele, en El Salvador: “Es que todo esto ha sido publicitado imitando el estilo Bukele, con cuerpos desnudos en posiciones de sumisión, arrodillados o sentados con la cabeza gacha, esposados uno al lado del otro, amontonados, rodeados de oficiales penitenciarios altamente armados con el rostro tapado y todo está acompañado por heavy metal. Se percibe un alto nivel de humillación y degradación, que a mi juicio muestra lo que te decía: la versión paroxística del punitivismo”.
Sozzo señala una frase. “Con la frase ‘cada vez la van a pasar peor’ el gobierno genera una dinámica de la amenaza. No era del todo descabellado pensar que estas organizaciones más o menos rústicas podían producir respuestas por supuesto crueles, que merecen una condena extrema, pero que están encadenadas con estas dinámicas”.
Torturas
“Es muy interesante ver cómo las autoridades gubernamentales todo el tiempo dicen ‘estamos haciendo cosas dentro de la ley’. En algunos casos esto podría ser discutido –postula Sozzo. Uno no puede generar tratos crueles inhumanos o degradantes dentro de una prisión porque está prohibido por convenciones internacionales. Todo esto en un contexto en el que no hay muchos mecanismos estatales de control de las prácticas penitenciarias. Santa Fe es una de las provincias que no tiene un comité local de prevención de las torturas. Ni siquiera se sancionó una ley para su creación porque siempre ha sido resistida fuertemente por los sectores de la política santafesina”.
Finalmente, en este punto, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (SPPDP) pudo investigar y recabar información para esas primeras denuncias por torturas en las cárceles presentadas el 7 y el 14 de marzo.
El campeón y la deriva autoritaria
¿Cómo empalma en todo esto el discurso tanto del Presidente como de la ministra Patricia Bullrich que, además, gozan de gran consenso mediático y en parte de la población? “Esos discursos del gobierno nacional juegan un rol muy importante, que a la vez expresan tendencias de un marco político y cultural. Bullrich venía elogiando a Bukele, con su experiencia de encarcelamiento ultramasivo. No tenemos siquiera categorías conceptuales para para definir lo que está pasando en El Salvador, que duplicó su tasa encarcelamiento en un par de años y que hoy es el país que más encarcela en todas las Américas en términos proporcionales, lo que es verdaderamente un récord nefasto” define Sozzo.
“La tasa de encarcelamiento hoy del Salvador está en niveles delirantes. Supera los 800 presos cada 100.000 habitantes. Triplica el escenario santafesino y supera a Estados Unidos que es el gran campeón del encarcelamiento a nivel global en los últimos 40 años, aunque en los últimos 10 años ha experimentado un pequeño descenso. Me parece que esto forma parte de este clima signado por lo que podríamos llamar una deriva autoritaria”.
Exterminio y consenso
Esa deriva tiene método: “Hay una búsqueda de construir un lenguaje además simple, fácil de transmitir, que conecta con un sentido común difundido que demoniza a un conjunto de actores y los transforman un enemigo. El único resultado que puede haber es el exterminio o la neutralización perpetua, a través de un contexto de encierro”.
Un síntoma de otro tenor que confirma esa fiebre de autoritarismo: “No es casual que las mismas autoridades se expresen a favor de romper uno de los consensos de la transición a la democracia en nuestro país, que es el consenso que se construyó a través de la legislación sobre Defensa y Seguridad Interior entre los años 80 y comienzos de los años 90: la no intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior” recuerda Sozzo.
Ineficacia del espantapájaros
“Tanto la ministra Bullrich como el presidente Milei, explícitamente anuncian la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior para ampliar el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el delito y el gobernador Pullaro en declaraciones públicas declaró su acuerdo con esa la idea. Es decir: a la militarización de nuestras policías militarizadas ahora le agregaríamos la militarización de la ciudad a través del despliegue efectivo de fuerzas armadas en el ámbito civil”.
“El resultado que esto puede traer aparejado no puede ser más dramático. Se ha visto un despliegue enorme en 2014, con Sergio Berni a la cabeza de fuerzas federales, que venían a resolver los problemas de Rosario. Diez años después ya vimos que su ineficacia fue extraordinaria. Hoy se está informando de 450 efectivos, un volumen tremendamente limitado”.
Pero advierte: “Mi problema es con la práctica en sí misma. Poniendo en marcha los operativos de saturación puede haber un resultado marginal en términos de reducción del delito”.
Sozzo describe a este tipo de operativos como espantapájaros: “Tal vez alguien no alguien no cometa un acto delictivo porque ve cerca fuerzas de seguridad. Pero es difícil pensar que ese es un remedio para la motivación de cometer esos actos delictivos y violentos. Los mismos actores encontrarán otros momentos y otros lugares donde delinquir”.
Vocación por lo ilegal
El problema de los patrullamientos perpetuos: “N son un remedio. El efecto va a ser siempre limitado. ¿Por qué? Porque no lidiás con las condiciones de fondo que hacen que exista gente dispuesta a disparar armas de fuego o traficar sustancias ilegalizadas”.
“Los operativos de saturación policial han sido siempre acompañados de un incremento de la vulneración de los derechos de los ciudadanos, especialmente los jóvenes varones de piel oscura que son pobres y habitan en barrios marginales de nuestras grandes ciudades. Este tipo de acción policial, en medio de esta situación económica, termina reforzando en todo caso la vocación por participar en la economía ilegal”. Nuevamente aparece aquí la tesis de The Wire: se investiga y ralea a los jóvenes, a la mano de obra de soldaditos, pero no se sigue la otra enseñanza: follow the money, que acaso permitiría descabezar el negocio, actividad que no parece generar demasiado entusiasmo en las autoridades.
Otra descripción de este criminólogo de la Universidad del Litoral es que la policía termina cumpliendo funciones de cordón sanitario entre los sectores vulnerables y el resto de la geografía urbana. “Pero además esa policía ha sido descubierta como cómplice activa de las actividades delictivas vinculadas al mercado de las drogas ilegales. El problema es que no hay en la agenda del gobierno provincial ningún discurso acerca de la necesidad de reformar esa policía y transformarla. ¿Se puede con esos mismos actores construir un resultado positivo? Se puede decir no todos los actores policiales están involucrados en el mercado de drogas ilegales y seguramente es el caso, pero ¿podemos construir una apuesta por la policíalización de la ciudad cuando no hicimos nada en términos de reforma y depuración de esa misma policía? De hecho en los eventos delictivos dramáticos que acontecieron en los últimos tiempos se han descubierto balas policiales. No es un elemento menor, claro”.
Cuatro propuestas
¿Qué ideas podrían plantearse hacia adelante, tratando de buscar otros horizontes? Plantea Máximo Sozzo:
- “Es indispensable para enfrentar este fenómeno abordar la dimensión económica de ese mercado de drogas ilegales. Eso implica generar investigaciones y sanciones de actores privilegiados del mundo económico rosarino, que trabajan activamente en la producción de ese lavado de dinero, que es lo que vuelve esa economía rentable”.
- “Es indispensable discutir qué estructura estatal puede hacerse cargo de investigar delitos relativamente complejos, cómo organizarla, quién lo tiene que organizar y quién lo tiene que llevar adelante, para lo cual hay todo un proceso de construcción de capacidad estatal que parece bastante ausente en estos últimos 10 años o con resultados extraordinariamente limitados”.
- “Es indispensable discutir la reforma estructural de la Policía de la Provincia de Santa Fe. No es no es posible promover una política que dice querer enfrentar ese fenómeno sin revisar el rol de las instituciones policiales”.
- “Es indispensable crear también un Servicio Penitenciario democrático, en el cual haya mecanismos de control. Hoy nuestras prisiones tienen muy débiles mecanismos de control sobre lo que el Estado hace con las personas privadas de la libertad”.
“Creo que ahí tenemos cuatro líneas de ataque entre muchas otras más que son tan relevantes como estas que planteo, que sería importantes tomar en consideración”.
¿Cree que los ataques y muertes de inocentes son una respuesta al endurecimiento de la vida carcelaria? “Es lo que se nos presena como información. Pero es difícil de determinar. Tal vez haya otras fuerzas en juego que no vemos. Puede haber disputas policiales involucradas en la producción de estos hechos: ya ha ocurrido el uso de la violencia para generar algún tipo de negociación o intercambio. Pero no sé si tenemos toda la información, y no quiero aparecer como alguien que dice ‘sé cómo son las cosas’. Está recién empezando a pasar”.
Sobre el discurso público y político desde que asumieron las nuevas autoridades nacionales y provinciales: “Los defectos y debilidades de las intervenciones sociales del Estado en los territorios de la vulnerabilidad y la exclusión social forman parte también del entramado que genera estos resultados”.
“Las políticas contra la inclusión social del gobierno de Milei el único efecto que pueden generar es acrecentar los niveles de vulnerabilidad y exclusión social. Y esa es una de las bases de la construcción de esta dinámica –en los sectores populares especialmente– que permite el reclutamiento constante de jóvenes dispuestos a participar de ese tipo de actividad. Esa es una condición de base, de fondo, un elemento macroscópico de este gobierno ultra neoliberal, y que toma decisiones cada vez más exacerbadas. Entonces, claramente, es esperable que el combo se vuelva explosivo. Tal vez haya alguien con un tono más optimista. A mí me está costando trabajo encontrarlo”.
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La policía porteña con permiso para matar

En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, hubo 44 asesinatos cometidos por la policía porteña, entre casos de gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías. El jueves navideño hubo otro asesinado, Gabriel González, en Lugano, y este domingo la policía disparó a Leonardo Vargas en Constitución, un vecino que estaba tratando de evitar que le robaran el celular. Está internado, peleando por su vida.
En 72 horas la Policía de la Ciudad fusiló a dos personas:
- El jueves 25 de diciembre, en la Villa 20 de Lugano, mató a Juan Gabriel González.
- Este domingo 28 de diciembre, en el barrio porteño de Constitución, ejecutó a Leonardo Vargas, que ahora lucha por su vida en el hospital Ramos Mejía.
El crimen de Lugano
Gabriel González tenía 45 años y fue asesinado en Navidad, tras intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. En las imágenes se observa nítidamente cómo lo fusilaron a corta distancia. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa de su muerte fueron “las lesiones por proyectil de munición múltiple. Hemorragia interna y externa”.

El momento en el que la policía de la Ciudad dispara contra Gabriel González.
Correpi (la Coordinadora contra la represión policial e institucional), afirmó: “Juan Gabriel recibió un impacto directo al cuerpo. No sabemos todavía qué tipo de cartuchería utilizaron, pero a corta distancia y directo a zonas vitales como tórax y abdomen, un disparo de escopeta es letal, tanto con cartuchos antitumulto (con postas de goma) o todo propósito (con postas de plomo). Hasta un cartucho de estruendo (sin munición) puede herir o matar a corta distancia. Por eso los protocolos de uso de armas largas prohíben terminantemente disparar directamente al cuerpo con cualquier tipo de cartuchería”.

Nelly, la viuda de Gabriel.
Tirar a matar en Constitución
El jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es Diego Casaló mientras que Horacio Giménez es el Ministro de Seguridad del gobierno porteño liderado por Jorge Macri.
Este domingo por la tarde, en la esquina de Salta y Constitución, la Policía de la Ciudad volvió a tirar a matar. En este caso a Leonardo Vargas, quien quedó gravemente herido y pelea por sobrevivir. Lo que cuentan testigos: le dispararon tres tiros cuando intentaba que una persona en situación de calle no le robara su celular.

Vecinas y vecinos de Constitución, reclamando en la calle. La policía disparó contra una persona a la que le estaban robando el celular.
Esta noche, vecinas y vecinos del barrio se concentraron en esa esquina con la consigna: “Basta de gatillo fácil”. Desde la manifestación, Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) le dijo a lavaca: “Un policía de la Ciudad, de la comisaría vecinal 1C, salió de la pizzería Ugis y sin mediar ninguna palabra le disparó tres balazos y uno de ellos le impactó en el rostro. Pedimos justicia y denunciamos que estamos cansadas de los límites que está cruzando la Policía de la Ciudad, que parece que tiene libre camino para violentarnos. Parece que hay un nuevo orden social de limpieza e higienización hacia las vidas de los pobres, de las migrantes, de las trabajadoras sexuales; parece que hay vidas descartables que no valen”.
La Policía de la Ciudad entró en servicio el 1º de enero de 2017.
Desde Correpi compartieron a lavaca: “En estos 8 años el total de casos de gatillo fácil de esta fuerza abarca a 168 víctimas. En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, el total de asesinatos por la policía porteña es de 44 en todas las modalidades: gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías”.
El testimonio de Georgina Orellano para lavaca.
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Mendoza en caravana hacia la capital provincial contra el proyecto minero San Jorge

Este lunes miles de personas salieron a las rutas mendocinas a pie, a caballo y en toda clase de vehículos. Un “caravanazo” para llegar a la capital provincial este martes manifestándose contra la posible votación en el Senado del informe ambiental que daría piedra libre a un emprendimiento megaminero rechazado desde hace años. Se manifestó en contra el CONICET (en un documento luego censurado) y hay llamamientos de iglesias católicas y evangélicas, comunidades y pueblos originarios para evitar este avance. Detalles de la marcha y lo que está ocurriendo.
Por Francisco Pandolfi
Fotos: Archivo por el Agua de Mendoza
El pueblo de Mendoza empezó este lunes la “Nueva gesta libertadora por el agua”. Una caminata que partió a las 8 desde la localidad de Uspallata, al norte de la provincia y llegará este martes alrededor de las 10 de la mañana a la puerta de la Legislatura en Mendoza Capital, donde la Cámara de Senadores votará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge. De aprobarse, según se presume que ocurrirá, autorizará un proyecto rechazado desde 2007 que no cuenta con la llamada “licencia social” por parte de las comunidades y cuyos estudios de impacto ambiental ya fueron rechazados.

El mapa del caravanazo.
A pie, a caballo, en autos y toda clase de vehículos la provincia salió a las rutas y calles. Lo que está en juego es una explotación de la minería metalífera a gran escala, de oro y cobre, que atraviesa la cuenca del Río Mendoza y abastece a una población de 1,5 millones de habitantes, a más de 9.000 industrias y riega 250 mil hectáreas de cultivos.
La marcha hacia la capital
La marcha va bajando de norte a sur, pasó por Rocas Amarillas a las 13, Curva de Guido a las 15.30, Puente Anderson este atardecer para llegar cerca de las 21 a Potrerillos, a Cacheuta a la medianoche, a Luján de Cuyo al amanecer del martes hasta plantarse en la puerta de la Legislatura para exigir lo que le dicen a lavaca desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata: “Demandamos a los poderes del Estado provincial el rechazo de la DIA y el archivo definitivo del expediente”.

La movilización en ruta hacia la capital mendocina.
Cuando hablan del archivo definitivo del expediente es porque la historia no es nueva y ya tuvo varios capítulos.
El gobierno mendocino junto a la empresa multinacional Solway Holding insiste en imponer el Proyecto San Jorge desde hace 18 años. En 2011 la Legislatura ya rechazó por unanimidad un estudio de impacto ambiental similar al que se votará en pocas horas; en 2019 se generó una movilización histórica contra la derogación de la Ley 7722 de defensa del agua, que obligó a que la Legislatura repusiera esa norma; y ahora, en 2025, el gobernador Alfredo Cornejo –con la venia del gobierno nacional– profundizó la avanzada con el Poder Legislativo a su favor. El miércoles 26 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la DIA, junto a otros tres proyectos pro mineros y todo parece allanado para que se repita el mismo resultado.

Los llamados de las religiones
En la antesala de la votación en Diputados, el Conicet Mendoza se había expedido en contra de la megaminería por identificarse “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. Sin embargo, el documento fue censurado un día después (https://lavaca.org/actualidad/mendoza-el-consenso-de-la-rosca-y-la-inmediata-movilizacion-contra-el-proyecto-san-jorge/).
Esta vez, a horas de la votación en el Senado hubo una seguidilla de pronunciamientos desde comunidades indígenas, organizaciones sociales, académicas y hasta eclesiásticas a favor del cuidado del agua y el ambiente. Se construyó un frente ecuménico, conformado por iglesias católicas, protestantes, evangélicas y ortodoxas, para decir no a la megaminería. “El agua que abastece al 75% de la población de la provincia está en grave riesgo con la vida y la producción de Mendoza”, expresó la Red del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y la Red de Fe por la Justicia Climática en una carta dirigida a los senadores, que denuncia “cuestionados procesos de evaluación ambiental, de participación ciudadana y de respeto por las leyes vigentes”.

El paisaje natural y el paisaje humano.
Se realizó también una Mesa de Diálogo integrada por laPastoral Social de Mendoza, la Comunidad Huarpe Guaytamari, asambleas vecinales y organizaciones civiles, que publicó el documento “Por el Bien Común del Pueblo Mendocino”, que cuestiona la declaración ambiental: “Una DIA condicionada, con vacíos y vicios, elementos mal consignados, observaciones no contestadas y promesas a futuro, es ilegal e ilegítima”. Rechazan allí la violación del Principio Precautorio y de Equidad Intergeneracional, y denuncian que se ignoraron informes de instituciones como CONICET, UNCUYO y el Departamento General de Irrigación. Además, se señala la persecución de voces críticas y la judicialización de la protesta social a través de detenciones arbitrarias por las que intervino el arzobispo mendocino.
Tras el clásico “el agua vale más que el oro” La Mesa de Diálogo propone un horizonte alternativo: la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, como símbolo de un modelo de desarrollo basado en el cuidado de la casa común.

Tortitas y traiciones
Desde las rutas mendocinas, le cuentan a lavaca sobre cosas que los impactaron en esta marcha: las cerezas que donó una señora, las tortitas (los criollos en otras partes del país) que amasó otra; los carteles que se escriben, la gente que se va sumando en cada pueblo y ciudad, las canciones que se inventan, el agua que alcanzan desde las casas. Existe un carácter movimentista, cada uno hace y da lo que puede, durante todo el recorrido.
Nora Moyano integra la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza y sus 74 años la impulsan a seguir caminando. “Esta verdadera peregrinación es para salvar el bien más preciado que tenemos: el agua. Nos quieren destruir también los glaciares que es donde se origina el agua que bebemos, con la que cultivamos. Además, destrozarán la cordillera de los Andes a través de una sopa química”.
El saldo según Nora: “¿Qué nos queda? Basura tóxica a perpetuidad. Esto ya lo intentaron varias veces. En 2019 en trece días logramos revertir la ley cianuro que buscaba lo mismo que ahora, y ese es el ejemplo más reciente que hoy nos inspira a caminar desde Uspallata, San Carlos, San Rafael, Malargüe, desde cada lugar de la provincia. Es un hecho histórico. Los diputados ya nos traicionaron y esperamos que no hagan lo mismo los senadores. Somos muchísimos exigiendo que no avance y se archive para siempre esta locura”.

Otra histórica movilización mendocina.

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Marcha por la Emergencia en Discapacidad: “Sabemos no bajar los brazos”

Desde el Congreso hasta el ministerio de Salud, una enorme marcha encabezada por personas con discapacidad atravesó el centro de la ciudad de Buenos Aires este miércoles bajo la vigilancia de la policía antidisturbios debidamente pertrechada, y entre los bocinazos de adhesión de los automovilistas. El gobierno promulgó pero no aplica la ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso, reduce o elimina el apoyo a las familias, y maneja el ANDIS bajo la sospecha/certeza de corrupción que le puso la música de “Alta Coimera” al mediodía porteño. Imágenes y palabras desde una movilización asombrosa que describe mucho sobre el presente.
Por Sergio Ciancaglini. Fotos Juan Valeiro/lavaca.org
El adolescente gigantesco va con un muñeco de peluche y una sonrisa a toda prueba. Ve a Luis, un jubilado, choca puños con él, le pasa la mano por el hombro, le dice gracias y se pierde en la manifestación, con el muñeco en la mano y su mamá atrás.
Luis, un tipo duro, ex gastronómico que ha bancado represiones de gendarmería, policía, prefectura & afines en las marchas de los miércoles, se queda mirando al chico, y se larga a llorar. Le pregunto por qué llora: “Me emocionó. A los 75 años ver a un pibe con discapacidad, un disca como dicen ellos, que te haga esa caricia… no es joda”. Se pasa las manos por los ojos, sonríe y dice: “El día que dejás de emocionarte es que sos un tronco seco”. Plantea una teoría de salud pública: “Acá hay pasión, en las marchas de jubilados también. Pasión mata remedio”. Se recompone y sigue marchando con el cartel que preparó para esta semana: “El 26 sacá la basura”.

Luis, el jubilado con su cartel, y el chico que lo emocionó.
Bailando en la silla
La marcha arrancó en Congreso. Detrás de un camión que funcionó como escenario y guía, iban juntándose personas en sillas de ruedas, víctimas de distintas cosas que pasan cuando la carambola de la vida sale torcida. O personas con síndrome de Down caminando, y en muchos casos bailando al ritmo de los redoblantes, o ciegos y ciegas, y los familiares en cada caso, todo el mundo cuidando a los otros. Una chica con síndrome me señala los cordones desatados de la zapatilla y dice: “No te caigas”. Sonríe, y entiendo lo que le pasó a Luis.

El paisaje está plagado de gendarmes cerca del Congreso, y policías armados, escudados y ataviados como para la guerra, incluyendo a otros con cámaras filmando a personas con autismo, antiguas víctimas de polio, y todo lo indescriptible de este movimiento que sale a defender lo suyo. Y que, al hacerlo, desnuda el grado de corrupción y descomposición que impregna estos tiempos políticos.

¿Con financiamiento del INCAA?
La situación: la Ley de Emergencia en Discapacidad fue votada dos veces en Diputados y dos en el Senado. La segunda aprobación fue para rechazar el veto del Poder Ejecutivo. El gobierno entonces se vio obligado a promulgar la Ley pero no la aplica, bajo la excusa de que el Congreso tiene que definir las fuentes de financiación. Resultado: una tasa objetiva de crueldad y/o perversión, contra la gente y las familias que están este miércoles en la calle.
Otro detalle: la ANDIS, desde el señor Diego Spagnuolo cortó beneficios, redujo prestaciones, congeló los pagos a prestadores pero aumentó el presupuesto destinado a compra de remedios. De ese presupuesto aumentado es que se alimentan las maniobras reveladas en los audios de Spagnuolo, incluida la indexación de las coimas.

Caminar, hacerse ver y meter ruido.
José Enrique Montenegro va en su silla de ruedas. Tiene asistencia perfecta a las marchas de jubilados. “Allí empezó toda esta resistencia. En los que creían que estaba lo más golpeado, lo más jodido, está lo más poderoso. Y esto me hace acordar a cuando yo era más chico, que apareció una agrupación que se llamaba Los Rengos de Perón”. Lleva sobre sus piernas una bandera que dice “la patria no se vende” y una gorra en la que se lee “Cristina libre”. Cada vez que puede en estas manifestaciones y en las de jubilados, baila con su silla, las manos aferradas a las ruedas, siguiendo el ritmo, sacudiéndola, siempre con una sonrisa contagiosa. Tiene en los brazos y manos una fuerza de otro tipo, apenas inferior a la de esa sonrisa.

Se marcha como se puede.
No somos pobrecitos
Acompaña la movida Jony de la silla, como conocen todos a Jonathan Yeferley, muchacho de rastas recogidas, tres rulos como tirabuzón sobre la frente, que cuenta a lavaca: “Yo hace tres años me reconozco como sujeto de derecho, como persona con discapacidad, que siempre trataba de esconder para sentirme integrado a la sociedad. Pero bueno, el mundo disca, como nos gusta decir, se está despertando. Este gobierno fue muy cruel y vamos a aprovechar esta volada para generar conciencia de que somos personas. No somos pobrecitos ni inválidos mentales ni discapacitados: somos personas con discapacidad y tenemos derechos”.

Sobre la calle Lima, llegando al Ministerio de Salud.
Plantea Jony: “Creo que vamos a lograr un cambio cultural, como lo consiguieron las mujeres. Y si hay un orgullo disca, no es por ser disca, es por pelear, ser solidarios, tener corazón”.
Lo perverso
Presentan en el camión al diputado autor de la ley, Daniel Arroyo, de lo que se llamó en su momento Unión por la Patria y ex ministro de Desarrollo Social. “Sé de la angustia y desesperación que todos tenemos. Sigue sin resolverse la atención a las personas con discapacidad y sus familias. El sistema está colapsado, las personas no acceden a los medicamentos, a las terapias, a los tratamientos. Los hogares y centros de día hacen lo que pueden pero n pueden funcionar, las escuelas están recontra complicadas. Las personas en los talleres siguen cobrando 28.000 pesos por mes, y los acompañantes terapéuticos cobrando 3.000 pesos la hora, pero a 180 días: si empiezan a trabajar hoy lo van a cobrar en marzo del año que viene. Y el transportista sigue cobrando 541 pesos el litro de nafta”.
“Dos cosas tienen que pasar. Una es poner en marcha la ley. Dos, la Agencia de Discapacidad tiene los recursos ya. Son fondos de afectación específica, el presupuesto dice que tienen esa plata. Lo otro es que actúe la justicia, pero además está el camino del Congreso, donde hemos pedido la interpelación al Jefe de Gabinete porque lo único que tiene que hacer es transferir los recursos que ya están, para poner en marcha la ley”.

Luego explica a lavaca: “El gobierno transfirió fondos al ANDIS, no para cumplir la ley pero sí para actualizar los precios, pero tampoco lo hizo. Claramente lo que hace el gobierno es perverso. No quiere dar el brazo a torcer. Esto no tiene impacto fiscal. Es como alguien que se pone obtuso y dice ‘no, no, no’ y no quiere salir de eso.
El gobierno responde que hay que decirle de dónde sacar los recursos.
-Hace dos años que el gobierno no tiene presupuesto. Lo que hace es transferir recursos de un lado a otro. Lo hace directamente todo el tiempo. Acá es lo mismo.
Las retenciones no cobradas les hicieron ganar a las grandes cerealeras 1.500 millones de dólares. Están los gastos en servicios llamados de inteligencia.
-¿Y lo que gastaron en boletas para las elecciones? Plata hay, pero el gobierno decide lastimar a toda esta gente.
Después de haber hecho esta Ley, de las más importantes de los últimos tiempos, Arroyo termina su mandato y no fue incluido en las listas del peronismo. Elije la elegancia: “Vuelvo a la actividad académica, hay que construir otras ideas, me viene bien tomar distancia y pensar, abrir la cabeza. Por ejemplo, el cuidado de personas es probable que se convierta en una de las mayores fuentes de trabajo en el país. ¿Cómo hay que trabajar con eso? Y en lo general hay que redefinir todas las políticas, incluidas las sociales. Así que me dedicaré a eso”.
En un bar consulto a un señor que se llama Leonardo qué opina sobre lo que está viendo por la ventana. “Es muy triste. Una señora chilena me decía que habría que hacer la Teletón, que son colectas benéficas”. Ninguna colecta podría recaudar ni remotamente el funcionamiento permanente que requieren esas familias. “Ah, puede ser”. ¿Alguna idea sobre la corrupción en el área de discapacidad, justamente? “Bueno, habría que estudiarlo”. Así razona parte de la sociedad. Según una de las frase más reiterada de esta época, es lo que hay.

Abrazos.
Tres madres
La marcha fue una esforzada travesía y a la vez una fiesta que llegó hasta el edificio de 9 de Julio y Belgrano (donde funciona ministerio de Salud) en cuya parte superior puede verse todavía la imagen de Eva Perón. Por la 9 de Julio pasaban cantidad de automovilistas tocando bocina como forma de apoyo.

José y Jony.
Hablaron Jony, Gustavo (ciego que clamó “vamos el pueblo todavía”), y el sacerdote Pablo Molero (Coordinador del foro permanente para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad). Se agradeció que hubiera varios diputados que acompañaron la marcha sin pedir que los nombren o les den micrófono. Habló también un joven a través de un traductor de voz, acompañando con gestos las palabras que él había pensado y escrito, y el robot reproducía: “El famoso 3 por ciento no es una cifra, es un símbolo. El símbolo de un gobierno que se enriquece mientras miles de familias hacen malabares para pagar una sesión de terapia o ir hasta el hospital. Eso no es error. Eso es crueldad planificada. No se puede vivir a pulmón, haciendo rifas para pagar un acompañante. Este domingo cuando vayas a votar acordate de quiénes somos. De los que no gritan porque no pueden pero sienten igual…” el robot seguía hablando en medio de una ovación que solo se detuvo al final cuando se escuchó a ese joven diciendo, a través de lo que había grabado: “La dignidad no se ajusta. Se defiende”.

Hablaron también madres de personas con trastorno autista.
Lola: “Sabemos que tenemos una lucha diaria por nuestros hijos, siempre, y esa fuerza de lucha se transmite acá. Se metieron con el colectivo más vulnerable. Despertaron a un monstruo. Porque no tienen idea de la lucha que tenemos día a día. Hasta que salga la Ley de Emergencia en Discapacidad, vamos a seguir en la calle. Queremos agradecerle al periodismo que acompañó, a toda la gente que vino, al Congreso que acompañó con su voto. Y gracias por tanto, tanto amor”.

Valentina, mamá de un adolescente con trastorno del espectro autista, y un admirador que se ganó con sus palabras.
Eugenia: ”Hagamos que este colectivo, que muchos creen que es vulnerable, muestre su fuerza, que es la fuerza que entregamos día a día”.
Valentina: “Se metieron con gente que no sabe bajar los brazos. Las personas con discapacidad, sus cuidadores y sus familias sabemos no bajar los brazos. Sabemos de obstáculos y dificultades para toda la vida, y no bajamos los brazos. A veces nos tomamos un tiempito para tomar carrera, y volvemos a insistir. Porque así es nuestra vida. Vamos a seguir insistiendo hasta que aumenten los aranceles a los prestadores, para que todas las pensiones por discapacidad sean restablecidas y hasta que se cumpla cada artículo de la ley. Vamos a seguir acá”. Luego se cantó el Himno.

El proyecto de destrucción de esta y tantas otras realidades sigue funcionando. Al salir, un chiquito con síndrome de Down y comiendo un helado de frutilla saludaba a la gente y sonreía. Volví a sentirme como Luis. Los próximos tiempos dirán cómo se sigue escribiendo la historia emocionante de la gente que sabe cómo no bajar los brazos.


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