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Freno al extractivismo de litio por sus efectos ambientales y humanos: fallo completo de la Corte de Justicia de Catamarca ante la desaparición de un río

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El reclamo del cacique Román Elías Guitian, del pueblo Atacameño, pasó desde 2021 todas las instancias judiciales hasta llegar a la Corte de Justicia (tribunal supremo de Catamarca), que ordenó detener los proyectos de extracción de litio en la zona de Salar del Hombre Muerto. El cacique había denunciado entre muchas cosas la desaparición del río Trapiche, cuyo cauce se secó totalmente debido a la desproporcionada e inconsulta utilización del agua (380.000 litros por hora) por parte de la minería de litio, en una zona árida. El fallo detiene la actividad, impide que se otorguen nuevos permisos, y ordena la realización de los informes de impacto ambiental acumulado para defender “el paisaje, la fauna y flora del lugar, el clima y el ambiente en general, las condiciones de vida de los habitantes del lugar y de la comunidad indígena afectadas”. La opinión del doctor Gustavo Gómez (Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) sobre la jurisprudencia y el significado del fallo frente a delitos ambientales; detalles de la causa, y el fallo completo.

Texto: Sergio Ciancaglini

La Corte de Justicia de Catamarca dispuso detener la actividad minera de litio en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, Catamarca, y ordenó además al gobierno provincial que no otorgue nuevas autorizaciones en la región “hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral”.

La causa judicial fue iniciada en 2021 por el cacique Román Elías Guitian, perteneciente al pueblo Atacameño. Entre múltiples cuestiones, Guitian –según recuerda el fallo de 51 páginas –denunció que  “el Salar del Hombre Muerto tiene un balance hídrico natural negativo, a lo que se suma, con el desarrollo de la actividad minera, la extracción de cantidades descomunales de agua dulce y salada del sistema. Manifiesta la existencia de un daño ambiental irreversible al secarse completamente la vega del Río Trapiche por la captación de agua superficial y subterránea (380.000 litros de agua por hora) por parte de la empresa Livent”.

Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA llevan adelante los emprendimientos “Ampliación de proyecto Fenix” y “Sal de Vida” en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, que involucra tanto a Catamarca como a Salta.

La sentencia de la Corte de Justicia lleva las firmasdeMaría Fernanda Rosales Andreotti (Presidenta), Carlos Miguel Figueroa Vicario (Ministro), Fabiana Edith Gómez (Ministra), José Ricardo Cáceres (Ministro), Rita Verónica Saldaño (Ministra), Néstor Hernán Martel (Ministro) y Marcela Isabel Soria Acuña (Ministra Subrogante).

Aquí puede accederse al fallo completo.

Los delitos ambientales según un fiscal

El doctor Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, brindó a lavaca su visión sobre la decisión judicial:El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca está marcando un hito muy importante en materia de la explotación de litio. Específicamente lo que reclama la Corte es que debe establecerse un sistema previo de informes de impacto ambiental, pero acumulativo”.

¿Por qué acumulativo?El caso del Salar del Hombre Muerto justamente se trató de una comunidad de un pueblo originario cuyo cacique demandó al Estado porque estaba entregando permisos de explotación de litio empresa por empresa, en vez de estudiar cuál es el efecto acumulativo al haber tantas empresas instaladas en el lugar. Ese es un aspecto muy importante”.

Agrega el fiscal: “Es un fallo muy valiente que crea jurisprudencia y que tendría que tener también una derivación en el campo de los delitos ambientales, porque evidentemente la falta del agua no es el único resultado que tiene la explotación de litio. Hay además otros elementos que se incorporan en la producción cuyos efectos deben figurar en el informe de impacto ambiental correspondiente”.

Gómez se refiere a los elementos y procesos posiblemente contaminantes que se ponen en práctica en los desarrollos de este tipo, frente a los cuales se realizan –siempre previamente– los estudios de impacto ambiental que luego permiten autorizar o no los proyectos. En este caso, se estaba llevando adelante la extracción sin que la obligación de presentar tales informes hubiera sido cumplida.   

Otro detalle: “Este es un río que desemboca en Salta con lo cual estamos hablando ya de un impacto Interjurisdiccional”. Quiere decir que lo que se estaba haciendo en Catamarca afectaba además a Salta. Por eso Gómez agrega. “Todo esto no es ajeno a los controles que deben hacer las autoridades administrativas provinciales. Pero en definitiva se trata de una buena jurisprudencia. Hay que ver qué tipo de impacto tiene en los otros lugares del país donde se está explotando el litio”.

Lo humano

El fallo no se cierra solo en lo ambiental, sino también en los derechos de las comunidades originarias, respaldados por tratados internacionales con rango constitucional, que implican la defensa también de los derechos humanos y la obligación de la consulta previa, libre e informada a las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos extractivos.

El juez Figueroa Vicario, por ejemplo, señala en su voto: “Que asimismo, debo tener presente que viene en amparo, la Comunidad aborigen Atacameños del Altiplano, y la protección diferenciada de la cual goza, que el Convenio 169 de la OIT aprobado por Ley 24071 en marzo de 1992 en los Considerandos de la Declaración, determina: “’Se reafirma básicamente que el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas es un derecho humano por su relación intrínseca con la naturaleza’”.

El punto 4) de la resolución dispone “ordenar al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca – Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, en calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional Nº 24585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera y la Ley Nº 25675, a la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral del desarrollo de la actividad minera (litio), que deberá versar sobre el impacto ambiental acumulado sobre el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto – Dpto. Antofagasta de la Sierra, sobre el paisaje, la fauna y flora del lugar, el clima y el ambiente en general, como las condiciones de vida de los habitantes del lugar y de la comunidad indígena afectadas”.

Por su parte, deberá brindarse el libre acceso a la información, como su consecuente participación a la Comunidad aborigen Atacameños del Altiplano y a los miembros de la localidad afectada -Antofagasta de la Sierra”.

Y finalmente: “Deberá abstenerse el Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental (en los términos del Código de Minería y Ley de Aguas de la Provincia) con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos –Salar del Hombre Muerto– Dpto. Antofagasta de las Sierras, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral, ordenado en el punto anterior”.

La sentencia ratifica además la lógica de los reclamos de las comunidades de diferentes puntos del país frente a un extractivismo al que pocas veces se le obliga a este tipo de límites, y que no parece generar ningún beneficio o superávit a las sociedades. Los medios masivos, mientras tanto, mencionan el hipotético perjuicio económico por el freno a una actividad que venía avanzando con libertad con todos los gobiernos. Lithium y Livent seguramente tendrían rédito económico no solo por el valor del litio sino por explotarlo sin cumplir los requerimientos ambientales que estipula la sentencia.

No se conocen, en cambio, beneficios económicos ni de ninguna otra clase que estas explotaciones hayan generado a las comunidades de un país cada vez más en crisis.   

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Amenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”

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Se vence mañana el plazo judicial para desalojar el sector del Parque Los Alerces ocupado desde 2020 por la comunidad mapuche Pailako. Detalles del caso, lo que plantea la comunidad, la ausencia de diálogo, la influencia de Milei y del gobernador chubutense, y qué pasó antes para llegar a esta situación. El contexto, según el pueblo mapuche, que incluye al gobierno kirchnerista que no concretó el mandado constitucional para relevar y reconocer las tierras que les corresponden. Por Francisco Pandolfi

Este jueves 9 de enero es el límite judicial impuesto a la comunidad mapuche Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, para concretar su desalojo. El 2 de enero les dieron cinco días hábiles para concretarlo.

Desde la lof, le dicen a lavaca: “Parques Nacionales, en nombre del Estado argentino, está forzando un desalojo aplicando normativa creada en el gobierno de facto militar, sumándole a la reciente derogación de la Ley de Emergencia territorial que los impedía. Están llevando adelante una campaña racista sobre las personas que estamos aquí, no reconociendo la preexistencia, menospreciando nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó todos los intentos de nuestros abogados y abogadas de frenar el desalojo, en una clara voluntad negacionista de entablar una mesa de diálogo. Detrás de esto hay intereses inmobiliarios, extractivistas, turísticos, y somos un estorbo para sus planes”. La idea del diálogo no prosperó para esta comunidad que se instaló en un sector de Los Alerces en 2020, reivindicando derechos ancestrales de cinco generaciones habitando en la zona. El 10 de diciembre pasado Javier Milei declaró por decreto el fin de la Ley de Emergencia para la concreción del reconocimiento a la posesión comunitaria de tierras por parte de los pueblos indígenas. Esa Ley 26.160 mantenía la suspensión de los desalojos sobre esas tierras. Después del decreto la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dispuso el 20 de diciembre que ya no existe la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, por lo que podía procederse al desalojo en el caso de Los Alerces.

Amenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”

Imagen publicada en la revista MU de Los Alerces tras los incendios del año pasado. Fotos: Nicolás Palacios/lavaca.org.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto (recusado en 2017 por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, en medio de una violenta represión de Gendarmería), exhortó a la comunidad a abandonar su tierra hasta este jueves 9 de enero. De lo contrario, notificó que ejecutará el desalojo “por la fuerza pública”. Tanto el director de Parques Nacionales, Cristian Larsen, como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (que el año pasado endilgó sin prueba alguna a la lof como responsable de los incendios en Los Alerces:

https://lavaca.org/notas/jamas-provocariamos-un-incendio-la-respuesta-de-la-comunidad-mapuche-acusada-por-el-gobernador-de-chubut/) informaron que presenciarán el desalojo.

En su primer año de gobierno el gobierno de Javier Milei cabalgó con toda su libertad discursiva y de acción por encima de las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Al intento ni bien iniciado su mandato de derogar la Ley de Tierras, que limita la posesión en manos extranjeras (decreto hoy frenado judicialmente) se le sumaron varios atropellos.

Los principales, en términos concretos, la derogación de la resolución 4811/96 que regulaba el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, para inscribir las personerías jurídicas, y el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Se puede contabilizar además el cambio de nombre al Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno; la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El contexto mapuche

Jorge Nawel es autoridad política de la Confederación Mapuche de Neuquén, y brinda un panorama para comprender la situación de las políticas sobre los pueblos indígenas. “Milei determinó distintos enemigos para su proyecto global y uno somos las naciones indígenas, porque habitamos lugares estratégicos para sus políticas de saqueo. Es un presidente al que no le interesa la industrialización, la educación y la salud pública, y todo su sistema económico se sostiene en la cuestión financiera y extractivista. Dentro de ese modelo sostenido en la explotación hidrocarburífera, minera, de litio, los pueblos somos una interferencia, y para facilitar el saqueo necesita privarnos de cualquier herramienta de defensa que tengan las más de 2.000 comunidades en el país y las más de 40 naciones indígenas que habitamos lo que hoy es Argentina. Así que cualquier ataque de Milei hacia nosotros no nos sorprende y siempre estamos esperando un próximo golpe”. 

Aclara sobre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: “Claudio Avruj es su titular y fue secretario de Derechos Humanos en la gestión de Macri. Es un conocido actor de políticas anti-indígenas. Al INAI lo desguazaron, lo vaciaron de contenido y de cuadros técnicos. Cuando hoy interviene, es para favorecer a nuestros sectores enemigos, así que no tenemos ninguna expectativa de que esto vaya a cambiar en el tiempo que dure su gestión”.

Amenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”

Escena de cultivo en la comunidad amenazada de desalojo. Fotos: Nicolás Palacios/lavaca.org

Democracia y racismo

–¿Cuál es la mayor preocupación frene al futuro?

–Que no hay oposición política. Este ajuste perverso contra los más postergados y débiles; estos abusos que genera un gobierno de verdaderos aventureros, lo pueden hacer porque enfrente hay una gran pasividad de la oposición, que está especulando –y que demuestra la pobreza de la política– con que una vez más sea el pueblo pobre el que salga a poner el cuerpo y la vida, y recién ahí aparecer como los defensores de las causas populares. Es vergonzoso que la dirigencia no se ponga a la altura de esta tragedia que estamos viviendo, porque la aparición de esta gente solo favorece a una porción muy pequeña de la población. No hay reacción de los partidos opositores, enfrascados en ver cómo salvan su pellejo, cómo sobreviven a todo el descreimiento general que va creciendo en esta falsa democracia, totalmente incompleta.

¿Y en ese caso?

Todo queda en nuestras manos: la defensa de nuestros derechos no depende de las instituciones, sino de nuestro poder de organización y movilización. Eso siempre fue así, pero en determinados momentos históricos supimos tener aliados. El gobierno nacional muchas veces lo fue, al ser una especie de garante o fiscal en nuestra lucha contra los intereses locales, los gobiernos provinciales que son los grandes deudores de los pueblos indígenas, por ser quienes tienen las facultades, la competencia y la jurisdicción para devolver nuestra tierra. Son los gobiernos provinciales los que deben otorgar la personería jurídica o aplicar la educación intercultural, por ejemplo. Hoy, sin embargo, el gobierno nacional sólo fogonea la criminalización y un absoluto odio racial, lo que genera que el abuso sea todavía mayor.

De CFK a Milei

–Todos los caminos conducen al extractivismo, al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). ¿Qué pasó para llegar hasta acá, a esta situación?

–Se llegó porque los gobiernos anteriores, más allá que se calificaran de demócratas, de progresistas, de nacionales y populares, todos defendieron siempre la matriz extractivista. Nosotros luchamos contra un modelo nocivo para la vida, la seguridad, para el aire que respiramos, como es el fracking que lo instaló Cristina Kirchner. En el momento de su mayor poder político nos entrevistamos con ella en el marco del Bicentenario (2010). No le pedimos que fuera una abanderada de la causa indígena, sino solo dos cosas: que nos garantice los derechos fundamentales como propiedad comunitaria de la tierra y el derecho a la consulta libre e informada. Ella tenía todas las facultades y posibilidades para hacerlo; contaba con mayoría absoluta en el Congreso para que esas leyes fueran realidad y sin embargo nunca lo logramos. En cambio lo que sí pasó fue que en 2013 se instaló el fracking (método de extracción de hidrocarburos empleando grandes cantidades de agua y contaminantes) con un pacto que hizo aquel gobierno con Chevron, una de las petroleras más contaminantes y desprestigiadas del mundo. Así lograron una alianza para explotar Vaca Muerta. Entonces, este perverso que ahora gobierna, encontró todas las condiciones para que la explotación fuera totalmente impune, al punto que hoy les permite instalar un comando unificado conducido por Patricia Bullrich, para que nadie interfiera sobre Vaca Muerta. En esto se ve claro cómo surgió Milei y cómo ante la enorme pasividad del poder político opositor, ejecuta las barbaridades que quiere.

Desalojo anunciado

El último 10 de diciembre, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos y a un año de tomar el poder, el gobierno nacional derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena, cuya prórroga vencía en noviembre de 2025 y suspendía los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios.

Amenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”

Cruz Cárdenas, uno de los integrantes de la comunidad Pailako.

Opina Jorge Nawel: “Por un lado, esa ley implicaba un relevamiento territorial de las comunidades, que en manos de este INAI era una herramienta peligrosísima, por sus múltiples abusos de poder, y su apoyo a los terratenientes y a las empresas transnacionales. Desde este punto no nos parece tan grave, porque Nación deja de tener injerencia en las disputas que tenemos con los gobiernos provinciales, así que ahora queda planteado el escenario para que las provincias muestren sus verdaderas caras: si van a resolver nuestra cuestión territorial o si van a seguir favoreciendo la usurpacion de los territorios”.

Los desalojos: “El problema mayor de la derogación de la ley de emergencia territorial es que detenía los desalojos. La necesidad de legislar en este aspecto se dio posterior al 2000, cuando se dictaron numerosas órdenes de desalojos, todas aplicadas con una violencia incontrolable. La ley aprobada en 2006 puso un freno a esa represión. Y en estos casi 20 años logramos –con mucha lucha y movilización–, la aprobación de numerosos instrumentos de derechos y jurisprudencia, así que si hay jueces y fiscales que creen que tienen las manos libres para cometer cualquier tipo de abuso, se equivocan y no nos vamos a quedar pasivos ante su intento de seguir violando nuestros derechos”.

–Existe una inminente amenaza de desalojo de la lof Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, que el juez Guido Otranto fijó para este jueves 9 de enero. ¿Qué significa este avance judicial?

–Esto tiene que ver con las políticas de Parques Nacionales. En el 2000, 2001 logramos en el Parque Nacional Lanín una política de co-manejo, en conjunto con el Estado, que pretendíamos que fuera ejemplificadora y se reprodujera en todo el país, porque las 40 naciones indígenas están superpuestas en áreas protegidas, pero no logramos que se replicara en otros parques, donde hay un abuso total hacia la población local, y los guardaparques son una especie de militarización en territorios indígenas. En el gobierno de Alberto Fernández pretendimos desarrollar esta política pero no hubo avances, en ningún sentido. Y así llegó Milei, que con una perversidad total dejó cesantes a numerosos trabajadores, muchos de ellos del pueblo mapuche. Además, prohibió todo tipo de manifestación política cultural; sacó resoluciones donde imposibilitó que se levantara la bandera del pueblo nación mapuche; prohibió a sus cuadros intermedios que promovieran festividades como el  We Xipantu, que es el año nuevo mapuche. Entonces, hoy los Parques Nacionales son un escenario de enfrentamiento, de criminalización grave. Si se llega a concretar mañana el desalojo de lof Pailako, significará una puerta abierta para toda una política de represión. La comunidad dijo que no va a permitirlo y veremos hasta dónde se animan a aplicar la violencia que vienen prometiendo. Lof Pailako tiene muchísimo acompañamiento, estamos todos movilizados y denunciando esta política perversa de Parques Nacionales. Los pueblos indígenas no vamos a bajar los brazos ante todas las amenazas, ningún pueblo se entrega mansamente como si fuéramos ovejas que vamos al matadero. 

“No nos van a poder borrar”

–Jorge, ¿cómo se reflexiona y se acciona ante este presente?

–Nos obliga a potenciar la organización y el grado de movilización que como pueblos indígenas podamos demostrar. Nunca vamos a bajar los brazos porque sabemos que estamos defendiendo un territorio valioso para este modelo depredador. Cada día estamos haciendo una política de resistencia, unificando las luchas para ponerle límites a quienes hoy gobiernan promocionando el sálvese quien pueda. En juego está nuestra vida, así que debemos potenciarnos y articularnos con los otros sectores también castigados, algunos incluso más que los propios pueblos indígenas. Ellos no van a poder, por más que consigan la complicidad de jueces y fiscales para ensayar políticas de desalojo, o que nos califiquen de usurpadores, violentos o terroristas. Más allá de todas esas campañas que montan junto a poderosos medios de comunicación, los pueblos indígenas estamos acá, en el centro de los intereses de este capitalismo depredador y no nos van a poder borrar. Si no lo hicieron con la fuerza de las armas hace 140 años atrás, menos lo van a poder hacer hoy.

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El mundo en una foto: el Papa y la kufiya

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El bebé está rígido, con los brazos abiertos y las piernas levemente recogidas. Alrededor tiene a sus padres, aunque se sabe que el oficial, formalmente conocido como Dios, debe estar mirando la escena desde otra parte. 

El bebé es Jesús y descansa su rigidez sobre una kufiya, el pañuelo que lleva el diseño de una red en negro sobre blanco: símbolo de Palestina, tal vez más fuerte que la propia bandera. La imagen y el pañuelo son parte de la escultura que artistas palestinos regalaron al argentino Jorge Bergoglio, formalmente conocido como Papa Francisco. 

Cuando ese pesebre se presentó en el Vaticano el 7 de diciembre de 2024 dijo Francisco: “Ante este pesebre recordamos a nuestros hermanos y hermanas que, en Belén y en otras partes del mundo, sufren la tragedia de la guerra”. Recorriendo ese paisaje desde su silla de ruedas agregó: “Con lágrimas en los ojos elevamos nuestra oración por la paz. ¡No más guerra, no más violencia! ¡Que haya paz en todo el mundo y para todos los hombres, a quienes Dios ama!”. 

Luego estalló un apocalipsis de críticas internas y externas. El mundo no parece excesivamente preparado para la búsqueda de la paz: su zona de confort es la violencia. El pequeño Jesús rígido y el pañuelo con la red en negro sobre blanco fueron retirados de la escena.

La situación previa: en octubre de 2023 un ataque del grupo Hamás a Israel –uno de los países más militarizados y en una zona permanentemente monitoreada por los servicios de inteligencia– provocó 1.189 asesinatos, entre ellos el de 815 civiles. Hamás pudo secuestrar además a 251 personas. De ellas, 117 (mujeres, niños y trabajadores extranjeros) recuperaron su libertad. En Israel se calcula que 64 rehenes siguen vivos en la Franja de Gaza, piezas de cambio para negociar la liberación de prisioneros palestinos.

El ataque de Hamás abrió la puerta a otro infierno: la campaña militar israelí contra Gaza. 

El cálculo difundido por Naciones Unidas es que ya ha habido 45.000 muertes de población mayoritariamente civil. UNICEF estimó que los niños muertos en Gaza por los ataques militares desde que se desató el conflicto es de 14.500. El otro dato: la hambruna masiva y la restricción del acceso a la ayuda humanitaria y a la prensa internacional. En su informe anual Reporteros sin Fronteras destaca: “Gaza se afianza como la zona más peligrosa del mundo en 2024 y en el territorio con mayor número de periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones en los últimos cinco años: el Ejército israelí ha matado a más de 145 periodistas desde octubre de 2023”.

El papa Francisco había planteado en noviembre: “Lo que está ocurriendo en Gaza, que según algunos expertos parecería tener las características de un genocidio, debería ser investigado con atención para determinar si encuadra en la definición técnica que sostienen juristas y organismos internacionales”.

La propuesta queda planteada, aunque corre el peligro de ser retirada a los mismos aposentos a los que fueron a parar Jesús y el pañuelo. 

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El gobierno en una foto: los dueños de la Argentina

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La foto y las sonrisas podrían ser un emblema de la época. Ocurrieron el 17 de diciembre de 2024 en el hotel Palacio Duhau-Park Hyatt. (Por Sergio Ciancaglini)

De creerse en los trascendidos a la opinión pública, el ministro Luis Caputo, alias Toto, dio cuenta en ese almuerzo de un pollo al horno con puré. Es un plato difundido en estas curiosas tierras, que tal vez Caputo no encontró en fugas anteriores, desparramado en playas cariocas tras “fumarse” 15.000 millones de dólares de reservas “irresponsable e ineficientemente”, según lo denunciaba el entonces panelista televisivo Javier Milei.  

En la foto se ve al actual ministro de Economía junto una serie de personas que en cualquier otro ámbito podrían ser confundidas con jubilados salvo por los trajes, las cuentas bancarias y las prótesis: Luis Pagani de Arcor (primer productor mundial de caramelos y otros productos que no aplican como alimentos); Héctor Magneto de Clarín (que definió a la presidencia de la Nación como “cargo menor”, aunque luego lo desmintió sin éxito ante la versión original del maestro Chiche Gelblung); Sebastián Bagó de los laboratorios ídem; Federico Braun de La Anónima (quien reconoció que lo suyo es  “remarcar todos los días” como actitud ante la inflación); Alejandro Bulgheroni (de Pan American Energy); Cristiano Rattazzi (reconoció que gracias a las actuales políticas la gente come menos carne, pero él también, mezclando pobreza con tips vegetarianos); Carlos Miguens del grupo ídem; Paolo Rocca de Techint, instalado financieramente en la guarida-ducado de Luxemburgo para no pagar impuestos; y Jaime Campos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) promotora del encuentro y diversas actividades cobijadas en una metódica penumbra. No estaba el presidente: no hacía falta.  

Había otras mesas que reunieron un  total de treinta y tres comensales, tres de ellas mujeres. Había un Blaquier, un Roggio, un Pérez Companc, un Roemmers, y hasta un Duhau (no Park Hyatt), entre tantos. No estaba el más rico, Marcos Galperín, un Elon Musk all uso nostro, emigrado al Uruguay para aliviar impuestos, quien de todos modos fue designado en la Mesa Ejecutiva de AEA junto a Magneto, Pagani y Rocca, por ejemplo. 

Había allí más riqueza reunida que la que posee en conjunto gran parte de las millones de personas del país que intentan seguir aferradas a una supuesta pirámide social que no derrama hacia abajo dinero y bienestar sino escombros y residuos. Afuera del hotel, cuentan, había gente ansiosa por ver qué pasaba dentro. No por AEA, sino por la posible aparición ante sus fans de Luis Miguel, huésped del lugar e intérprete de canciones que entre estos adultos mayores podrían haber encontrado coro. Por ejemplo, “Dame”.   

Antiguamente se mencionaba a este tipo de personas como dueños del país, capitanes de la industria y otros epítetos menos glamorosos. Hoy muchas de esas empresas están trasnacionalizadas y los ex dueños mutaron a CEOS. Había en otras eras emblemas como Franco Macri y Carlos Bulgheroni. Este último, fallecido en 2016 a los 71 años tras convivir desde los 28 con un cáncer de ganglios, es un símbolo: negoció con todas las dictaduras, con gobiernos democráticos, con Occidente, con China y hasta con los talibanes por un gasoducto de Las Mil y una noches, que jamás llegó a construir. Se le conocen pocas frases: “Somos los cortesanos del poder”, y “Los gobiernos pasan, nosotros quedamos” entre las icónicas.  

Los comensales del Duhau tomaron lo que Bulgheroni y también el Macri originario enseñaron. Al menos desde los tiempos de la dictadura lograron que los gobiernos les entregaron todo o casi. Muchos se enriquecieron inoxidablemente gracias al Estado, y supieron enriquecer a militares y funcionarios con los porcentajes correspondientes. Pero a estos empresarios nada, nunca, les resultó suficiente: “Será que no me amas” cantaría el huésped del Duhau. Los gobiernos pasan, ellos quedan. Para la población los resultados de tanto poder acumulado por estos señores en las últimas décadas están a la vista. 

Según las crónicas más serias (La Nación, por ejemplo, que tenía entre los convidados a Julio Saguier, presidente del directorio del diario), el ministro Caputo “contó que la genialidad fue bajar la tasa de interés”. 

En el marco del autopercibido mejor gobierno de la historia, las palabras de ese coloso rock star trasuntan cierto nerviosismo oficial, un trastorno obsesivo compulsivo de alabarse a sí mismo. Pueden parecer reacciones diagnosticadas por un conocido refrán español: “Dime de qué presumes, y te diré de qué careces”. El gobierno presume de un éxito económico inigualable, de un apoyo social inédito, de un crecimiento económico deslumbrante. Lo mismo ocurrió en su momento con otras experiencias como las de Martínez de Hoz, Menem y Macri, por poner una letra. 

El autoelogio oficialista deberá confirmarse o no más adelante, de acuerdo a los designios a veces astrológicos de la familia gobernante y su entorno, que evocan también a otra etapa que se autopercibía como exitosa, comandada por José López Rega (a) el Hermano Daniel, promotor de la idea de Argentina Potencia, del Rodrigazo y recordado, además, por la creación de la Alianza Anticomunista Argentina (o Triple A).   

Volviendo al Duhau, los invitados dijeron a Caputo a través del señor Campos lo que repitieron de distintas formas a todos los gobiernos anteriores:  

“La AEA, conformada por empresarios que lideran empresas muy importantes de nuestro país, quisiera expresarle hoy el compromiso de todos sus miembros de trabajar para que la Argentina deje atrás décadas de estancamiento y se encamine definitivamente en la senda del desarrollo económico y social”. 

La pregunta podría ser: ¿quién les pide tanto? ¿O será como tantas veces, un oficialismo producto del viento a favor, para finalmente descartarlo? Por ahora, solo sabemos que terminó una parte del juego que continuará en este 2025. Tiempo para desearnos un feliz año, aunque esta vez –con todo tan dado vuelta– podría ser prudente plantearlo al revés: que todos tengamos un zilef oña.  

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