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Freno al extractivismo de litio por sus efectos ambientales y humanos: fallo completo de la Corte de Justicia de Catamarca ante la desaparición de un río

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El reclamo del cacique Román Elías Guitian, del pueblo Atacameño, pasó desde 2021 todas las instancias judiciales hasta llegar a la Corte de Justicia (tribunal supremo de Catamarca), que ordenó detener los proyectos de extracción de litio en la zona de Salar del Hombre Muerto. El cacique había denunciado entre muchas cosas la desaparición del río Trapiche, cuyo cauce se secó totalmente debido a la desproporcionada e inconsulta utilización del agua (380.000 litros por hora) por parte de la minería de litio, en una zona árida. El fallo detiene la actividad, impide que se otorguen nuevos permisos, y ordena la realización de los informes de impacto ambiental acumulado para defender “el paisaje, la fauna y flora del lugar, el clima y el ambiente en general, las condiciones de vida de los habitantes del lugar y de la comunidad indígena afectadas”. La opinión del doctor Gustavo Gómez (Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) sobre la jurisprudencia y el significado del fallo frente a delitos ambientales; detalles de la causa, y el fallo completo.

Texto: Sergio Ciancaglini

La Corte de Justicia de Catamarca dispuso detener la actividad minera de litio en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, Catamarca, y ordenó además al gobierno provincial que no otorgue nuevas autorizaciones en la región “hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral”.

La causa judicial fue iniciada en 2021 por el cacique Román Elías Guitian, perteneciente al pueblo Atacameño. Entre múltiples cuestiones, Guitian –según recuerda el fallo de 51 páginas –denunció que  “el Salar del Hombre Muerto tiene un balance hídrico natural negativo, a lo que se suma, con el desarrollo de la actividad minera, la extracción de cantidades descomunales de agua dulce y salada del sistema. Manifiesta la existencia de un daño ambiental irreversible al secarse completamente la vega del Río Trapiche por la captación de agua superficial y subterránea (380.000 litros de agua por hora) por parte de la empresa Livent”.

Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA llevan adelante los emprendimientos “Ampliación de proyecto Fenix” y “Sal de Vida” en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, que involucra tanto a Catamarca como a Salta.

La sentencia de la Corte de Justicia lleva las firmasdeMaría Fernanda Rosales Andreotti (Presidenta), Carlos Miguel Figueroa Vicario (Ministro), Fabiana Edith Gómez (Ministra), José Ricardo Cáceres (Ministro), Rita Verónica Saldaño (Ministra), Néstor Hernán Martel (Ministro) y Marcela Isabel Soria Acuña (Ministra Subrogante).

Aquí puede accederse al fallo completo.

Los delitos ambientales según un fiscal

El doctor Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, brindó a lavaca su visión sobre la decisión judicial:El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca está marcando un hito muy importante en materia de la explotación de litio. Específicamente lo que reclama la Corte es que debe establecerse un sistema previo de informes de impacto ambiental, pero acumulativo”.

¿Por qué acumulativo?El caso del Salar del Hombre Muerto justamente se trató de una comunidad de un pueblo originario cuyo cacique demandó al Estado porque estaba entregando permisos de explotación de litio empresa por empresa, en vez de estudiar cuál es el efecto acumulativo al haber tantas empresas instaladas en el lugar. Ese es un aspecto muy importante”.

Agrega el fiscal: “Es un fallo muy valiente que crea jurisprudencia y que tendría que tener también una derivación en el campo de los delitos ambientales, porque evidentemente la falta del agua no es el único resultado que tiene la explotación de litio. Hay además otros elementos que se incorporan en la producción cuyos efectos deben figurar en el informe de impacto ambiental correspondiente”.

Gómez se refiere a los elementos y procesos posiblemente contaminantes que se ponen en práctica en los desarrollos de este tipo, frente a los cuales se realizan –siempre previamente– los estudios de impacto ambiental que luego permiten autorizar o no los proyectos. En este caso, se estaba llevando adelante la extracción sin que la obligación de presentar tales informes hubiera sido cumplida.   

Otro detalle: “Este es un río que desemboca en Salta con lo cual estamos hablando ya de un impacto Interjurisdiccional”. Quiere decir que lo que se estaba haciendo en Catamarca afectaba además a Salta. Por eso Gómez agrega. “Todo esto no es ajeno a los controles que deben hacer las autoridades administrativas provinciales. Pero en definitiva se trata de una buena jurisprudencia. Hay que ver qué tipo de impacto tiene en los otros lugares del país donde se está explotando el litio”.

Lo humano

El fallo no se cierra solo en lo ambiental, sino también en los derechos de las comunidades originarias, respaldados por tratados internacionales con rango constitucional, que implican la defensa también de los derechos humanos y la obligación de la consulta previa, libre e informada a las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos extractivos.

El juez Figueroa Vicario, por ejemplo, señala en su voto: “Que asimismo, debo tener presente que viene en amparo, la Comunidad aborigen Atacameños del Altiplano, y la protección diferenciada de la cual goza, que el Convenio 169 de la OIT aprobado por Ley 24071 en marzo de 1992 en los Considerandos de la Declaración, determina: “’Se reafirma básicamente que el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas es un derecho humano por su relación intrínseca con la naturaleza’”.

El punto 4) de la resolución dispone “ordenar al Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca – Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, en calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional Nº 24585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera y la Ley Nº 25675, a la realización de un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral del desarrollo de la actividad minera (litio), que deberá versar sobre el impacto ambiental acumulado sobre el Río Los Patos – Salar del Hombre Muerto – Dpto. Antofagasta de la Sierra, sobre el paisaje, la fauna y flora del lugar, el clima y el ambiente en general, como las condiciones de vida de los habitantes del lugar y de la comunidad indígena afectadas”.

Por su parte, deberá brindarse el libre acceso a la información, como su consecuente participación a la Comunidad aborigen Atacameños del Altiplano y a los miembros de la localidad afectada -Antofagasta de la Sierra”.

Y finalmente: “Deberá abstenerse el Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, de otorgar nuevos permisos/autorizaciones, o declaración de impacto ambiental (en los términos del Código de Minería y Ley de Aguas de la Provincia) con respecto a obras u actividades en el Río Los Patos –Salar del Hombre Muerto– Dpto. Antofagasta de las Sierras, hasta tanto se cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral, ordenado en el punto anterior”.

La sentencia ratifica además la lógica de los reclamos de las comunidades de diferentes puntos del país frente a un extractivismo al que pocas veces se le obliga a este tipo de límites, y que no parece generar ningún beneficio o superávit a las sociedades. Los medios masivos, mientras tanto, mencionan el hipotético perjuicio económico por el freno a una actividad que venía avanzando con libertad con todos los gobiernos. Lithium y Livent seguramente tendrían rédito económico no solo por el valor del litio sino por explotarlo sin cumplir los requerimientos ambientales que estipula la sentencia.

No se conocen, en cambio, beneficios económicos ni de ninguna otra clase que estas explotaciones hayan generado a las comunidades de un país cada vez más en crisis.   

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La censura avanza: el INTA prohíbe las palabras ag̶r̶o̶e̶c̶o̶l̶o̶g̶í̶a̶, b̶i̶o̶d̶i̶v̶e̶r̶s̶i̶d̶a̶d̶, g̶é̶n̶e̶r̶o̶ y c̶a̶m̶b̶i̶o̶ c̶l̶i̶m̶á̶t̶i̶c̶o̶

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La prohibición de palabras que intenta el INTA, que se agrega al ocultamiento del informe internacional SPRINT, que detectó 100% de casos estudiados en el país con decenas de pesticidas en sangre, orina y materia fecal. La denuncia del gremio con respecto al “adoctrinamiento” propiciado por la Vocería del actual gobierno. La agroecología como posibilidad que se intenta invisibilizar para favorecer a las corporaciones. (Foto de portada: grupos de productores recorriendo campos agroecológicos en Guaminí, provincia de Buenos Aires).

La principal organización gremial dentro del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) denunció entre otras cosas: “La censura impuesta sobre la divulgación de conceptos relacionados al Plan Estratégico Institucional 2015-2030, por ejemplo: cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, biodiversidad, huella de carbono y prohuerta, entre otros”.

APINTA (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) lanzó en junio el documento (que reproducimos aquí en su totalidad) con la firma de todas sus autoridades. Desde el gremio aclararon a lavaca que la censura no responde a una circular escrita, sino a una orden verbal surgida del presidente de la institución, un reconocido impulsor de los agronegocios: Juan Cruz Molina Hafford.

La prohibición busca anular actividades del propio INTA (el programa Prohuerta, por ejemplo) y avanza además sobre emprendimientos como la REDAE (Red Agroecológica del INTA). Pero fundamentalmente se inscribe en lo que el gobierno en curso llama “batalla cultural” que busca censurar, agredir y cancelar a quienes no actúen con obediencia debida, como intento, de paso, de distraer la atención sobre sus propias fallas, ineptitudes y escándalos.

El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá plantea a lavaca una pregunta que resulta una curiosidad de época: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?” en referencia al crecimiento de la agroecología como producción sana y sustentable de alimentos, que combate naturalmente el cambio climático, y favorece la biodiversidad.      

La prohibición parece una declaración de principios: el INTA busca censurar en el lenguaje interno y hacia la sociedad términos como agroecología, biodiversidad, cambio climático, huella de carbono o sustentabilidad. Una especie de fumigación de palabras que evidencia una mirada –o no mirada– de las autoridades de la institución respecto de lo que el ambiente científico internacional alerta frente a la crisis a la que están siendo sometidos el planeta y la humanidad por modelos de producción fundamentados en la destrucción de la naturaleza y la ceguera frente a sus efectos.

No se privaron de incluir “género” entre lo que no se debe decir. O “cambio climático” o “biodiversidad. El trasfondo mental de esa actitud se basa en la idea de que lo que no se nombra, o no aparece, no existe. En el país se aplicó durante décadas en el siglo pasado. No se podían nombrar ni escribir palabras como Perón o Evita. La dictadura de 1976 prohibió no solo palabras sino escritores, artistas, canciones, manuales de matemáticas, películas libros infantiles y hasta El Principito.  

El documento gremial fue firmado por el secretario general de la organización Mario Alberto Romero, el adjunto Luis Ceballos y unos 140 representantes del INTA de todo el país.

Adoctrinamiento oficialista

El gremio denuncia –además de la censura– la utilización de bots y trolls oficiales que descalifican las publicaciones institucionales en redes sociales, y además las agresiones, insultos y difamaciones contra el INTA y otros organismos científicos “por parte de personajes que posteriormente pasan a ser funcionarios del gobierno actual”.

Repudia también la recepción de correos de “propaganda política / adoctrinamiento desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno (Secretaría General de la Presidencia) utilizando las cuentas de correo electrónico institucionales”. Esas áreas son encabezadas por Manuel Adorni (SVC) y Karina Milei (SGP).

El Plan Estratégico Institucional 2015-2030 que APINTA da a entender que es el blanco de esta censura, está destinado a un desarrollo sostenible del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, “inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente”. El Plan resalta la intención de contribuir a la  “soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y soberanía alimentaria”.

La censura avanza: el INTA prohíbe las palabras ag̶r̶o̶e̶c̶o̶l̶o̶g̶í̶a̶, b̶i̶o̶d̶i̶v̶e̶r̶s̶i̶d̶a̶d̶, g̶é̶n̶e̶r̶o̶ y c̶a̶m̶b̶i̶o̶ c̶l̶i̶m̶á̶t̶i̶c̶o̶

Juan Kiehr, fallecido en junio, durante una producción para la revista MU en su campo La Aurora, de Benito Juárez, catalogado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como establecimiento emblemático de la agroecología, la palabra que el INTA busca desterrar.

Pesticidas hasta en la sangre

La maniobra tiene antecedentes en la institución. A fines de 2022 el INTA de córdoba, entonces regenteado por Molina Hafford, apercibió al ingeniero agrónomo de la institución, César Gramaglia, por haber planteado en un programa radial algo evidente: que la agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos.

Tal vez esa sea la clave del intento censor. la agroecología no perjudica en nada al modelo basado en insumos químicos y transgénicos (en realidad ocurre al revés, ya que la deriva contaminante en aire, agua y tierra sí puede dañar a los cultivos agroecológicos). Pero en lo que sí perjudica la agroecología al modelo que defiende el señor Molina Hartford es en que desnuda lo innecesario y lo insano del uso de esos insumos, más todavía en un país agobiado por la falta de dólares.

Más recientemente, en junio de 2023, la institución ordenó a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce omitir toda información pública sobre el proyecto SPRINT de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Unión Europea. La rama argentina tuvo al INTA como referente y además intervinieron 28 universidades e instituciones del exterior.

Los resultados completos del proyecto Sprint, también ocultados por el INTA en 2023.

Tal vez el resultado explique la mordaza: el total (100%) de 73 participantes argentinos en la investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El estudio incluyó a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como “omnipresentes”. Se encontraron además los venenos en los alimentos (contaminados con hasta 22 agrotóxicos), el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

La censura avanza: el INTA prohíbe las palabras ag̶r̶o̶e̶c̶o̶l̶o̶g̶í̶a̶, b̶i̶o̶d̶i̶v̶e̶r̶s̶i̶d̶a̶d̶, g̶é̶n̶e̶r̶o̶ y c̶a̶m̶b̶i̶o̶ c̶l̶i̶m̶á̶t̶i̶c̶o̶

Tapa de uno de los dos volúmenes que conforman un libro editado por lavaca.

La información que el INTA pretendía ocultar agregaba que los agrotóxicos encontrados fueron glifosato, su metabolito AMPA, Atrazina, Metolacloro, 2,4-D (Free), Clorpirifos (prohibido en el país). Insecticidas como Fipronil, Imidacloprid, Cipermetrina. Funguicidas como el Tebuconazol, entre otras peligrosas sustancias que representan un riesgo para la salud y el ambiente.

En declaraciones recientes el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, ex director nacional de Agroecología, planteó que la situación es muy triste y se preguntó: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?”. Recordó también ante el medio Todo provincial, que “hay más de 100 municipios que fomentan la agroecología y más de 2 mil productores que encuentran en ella una alternativa a una forma de producir que está trayendo muchos problemas y está contaminando el aire, el agua y el suelo”.

La censura avanza: el INTA prohíbe las palabras ag̶r̶o̶e̶c̶o̶l̶o̶g̶í̶a̶, b̶i̶o̶d̶i̶v̶e̶r̶s̶i̶d̶a̶d̶, g̶é̶n̶e̶r̶o̶ y c̶a̶m̶b̶i̶o̶ c̶l̶i̶m̶á̶t̶i̶c̶o̶

Eduardo Cerdá en MU.

Esos municipios están reunidos en la RENAMA (Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología). “Se ha producido una notable pérdida de biodiversidad. El 70% de la tierra del país están sembrados con soja y maíz. Está demostrado que hemos perdido el 50% de la fertilidad”, explicó Cerdá. “Las malezas son cada vez más resistentes por lo que aumentan cada vez más las dosis de agroquímicos generando problemas sanitarios y de contaminación a todo nivel”.

La censura avanza: el INTA prohíbe las palabras ag̶r̶o̶e̶c̶o̶l̶o̶g̶í̶a̶, b̶i̶o̶d̶i̶v̶e̶r̶s̶i̶d̶a̶d̶, g̶é̶n̶e̶r̶o̶ y c̶a̶m̶b̶i̶o̶ c̶l̶i̶m̶á̶t̶i̶c̶o̶

Remo Vénica, de la granja Naturaleza Viva, de Santa Fe, uno de los pioneros de la agroecología, que el INTA busca ocultar.

Eso lo ha llevado a plantear en la revista MU que los campos fertilizados y fumigados con pesticidas son “drogadictos”, ya que se precisa cada vez más veneno para lograr el mismo efecto.

La agroecología implica otro enfoque: “El que se lanza por este camino, no vuelve a lo anterior”. El argumento de Cerdá apunta a que quien produce agroecológicamente deja de invertir en la compra de agroquímicos valorizados, para colmo, según el dólar, y organiza por lo tanto un esquema productivo que además de la salud y el ambiente, implica también mejor rentabilidad.

Las autoridades del INTA siguen ejerciendo el silencio ante los temas de interés público aquí planteados.

La censura avanza: el INTA prohíbe las palabras ag̶r̶o̶e̶c̶o̶l̶o̶g̶í̶a̶, b̶i̶o̶d̶i̶v̶e̶r̶s̶i̶d̶a̶d̶, g̶é̶n̶e̶r̶o̶ y c̶a̶m̶b̶i̶o̶ c̶l̶i̶m̶á̶t̶i̶c̶o̶

Tapa del segundo volumen del libro que mejor no nombrar en el INTA.

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Primer día del juicio por una desaparición en democracia: ¿Dónde está Tehuel?

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Este lunes comenzó en La Plata el primer juicio oral y público por el caso del joven trans Tehuel de la Torre, que lleva a 1.250 días desaparecido. Bajo la acusación de homicidio agravado por odio a la identidad de género, en este juicio será juzgado Luis Alberto Ramos, uno de los dos imputados. Junto a Oscar Montes fueron los últimos en ver a Tehuel. El caso fue separado: mientras el proceso a Ramos comenzó hoy, Oscar Montes tendrá un juicio por jurado popular sin fecha prevista aún.

En esta primera jornada, las voces con las que el tribunal intentará responder el enigma de qué pasó con Tehuel no dieron respuestas contundentes, pero dejaron en evidencia una trama contextual que muchas veces puede volverse el centro: las vidas frágiles de Tehuel, su familia y las personas que tuvieron contacto con él la última vez, están demasiado lejos de los pasillos de Tribunales. La matriz patriarcal las atraviesa de la misma manera que las atraviesa la pobreza, las dificultades para nombrar y nombrarse en un conurbano profundo que marca muchísimo más las distancias del cisheteropatriarcado que en las capitales. ¿Cuándo desaparece Tehuel? ¿Cuando fue visto por última vez o cuando el Estado estuvo ausente, tiempo antes? ¿Qué debe hacer un pibito trans del conurbano casi rural para sobre-vivir? Los testimonios, las dificultades en los diálogos con los magistrados, y la trama detrás de otra persona desaparecida en democracia.

Por: Julia Varela/ Foto: Camila Flores Catino
(Esta nota que publica lavaca.org forma parte de una cobertura colaborativa sobre el juicio por el caso de Tehuel de la Torre, realizada entre varios medios pertenecientes a la Red de Medios Digitales (RMD) de La Plata: Pulso Noticias, Perycia, Otro Viento, AnRED, Nota al pie y Desde la raíz).

Primer día del juicio por una desaparición en democracia: ¿Dónde está Tehuel?

A las 11 de la mañana, una hora después de lo anunciado, se llenó la sala A del TOC 2 de La Plata. La demora se fue por el registro policial, el ingreso de los datos y la búsqueda de una sala de audiencias escondida en el entramado de pasillos y escaleritas del Fuero Penal del Poder Judicial de la ciudad. 

El Tribunal que lleva adelante este debate está conformado por tres personas: el presidente, Claudio Joaquín Bernard, la vicepresidenta Silvia Edit Hoerr y el vocal Ramiro Fernández Lorenzo. Ellxs son lxs que van a escuchar, durante las diez audiencias que tiene previsto que dure el juicio, a los más de sesenta testigxs que están citadxs a declarar. Al final del debate, serán también quienes decidirán si al imputado, Luis Alberto Ramos -el único imputado en este juicio- se lo condena como busca la fiscalía, por homicidio agravado por el odio de género. 

El primer juicio por Tehuel de la Torre es un juicio sin cuerpo y con cuatro elementos de prueba que para la fiscalía demuestran la culpabilidad del imputado: una mancha de sangre en la casa de Ramos, restos de la carcasa del celular de Tehuel, pedazos de ropa quemada que podrían corresponder a Tehuel y el cruce de las antenas telefónicas, que demostraría que los tres (Tehuel, Ramos y Oscar Montes, quien será juzgado por otro tribunal) estuvieron en la casa de Ramos la noche del 11 de marzo del 2021. Según fuentes de tribunales, la posición de los jueces respecto del agravante por odio a la identidad de género estaría, en este inicio, dividida. Pero el juicio recién comienza. En esa definición técnica, pero también política, podría estar el corazón del proceso. 

Primer día del juicio por una desaparición en democracia: ¿Dónde está Tehuel?

“El juicio empaña un poco nuestro primer pedido que es por una persona desaparecida. Hay una ausencia que el juicio no viene a saldar y olvida las responsabilidades en el proceso de desaparición. Un desaparecido en democracia no me parece un dato menor. Seguimos sin saber qué pasó. Me pregunto qué se hizo o cómo se hizo el proceso, o si sólo se apuntó al proceso judicial donde se va a penar a dos personas que también estaban en una absoluta marginalidad como estaba Tehuel. No nos podemos alejar del pedido por la memoria de Tehuel, el pedido original por la verdad que nos está faltando. ¿Cuál fue el recorrido que hizo esa noche? ¿Qué pasó con Tehuel?”, dijo Maru Bibiloni, filósofx y activista, que seguía el debate desde la sala, junto con la prensa y otrxs asistentes. 

Y agrega: “¿Quién tiene la capacidad de desaparecer un cuerpo? Hay tramas que el juicio no va a poder develar. Está apuntando a personas muy marginales, que vivían en la misma marginalidad que vivía Tehuel, y está marcando una ausencia anterior del Estado para brindar herramientas para garantizar que los derechos humanos estuvieran respaldados. En el caso de una posible condena, lo que sí va a pasar es que se va a clausurar una búsqueda y Tehuel sigue sin estar acá, seguimos sin saber qué pasó”. 

La lista de personas citadas a declarar en el primer día cambió a último momento. Al principio eran nueve personas, seis relacionadas a la familia de Tehuel de la Torre y tres de identidad reservada. Pero en la primera jornada del juicio terminaron por declarar seis personas, algunas que no estaban previstas. 

Primer día del juicio por una desaparición en democracia: ¿Dónde está Tehuel?

“A Tehuel, de chico, le gustaba el fútbol”, dirá su madre Norma Nahuelcura, al inicio de su declaración. La fiscalía le pregunta si tenía muchas novias y, además, si era varón. “Para el jardín del hijo de Michelle, Tehuel era varón”, contesta ella. La fiscalía insiste en preguntar si lo llamaban como él o como ella. No hay mayores preguntas o repreguntas sobre cómo la familia construía o acompañaba la identidad de Tehuel. Lo que Norma sí dice es que Tehuel no tenía trabajo: que vivía de changas, que cada vez que algún vecinx le pedía podar un árbol, él iba y lo cortaba. Fue contundente: “Era mala la situación económica. Me decía, no consigo trabajo, y estaba un poco nervioso”. 

El tribunal, la fiscalía y el particular damnificado intervienen, se superponen en las preguntas, a veces se pisan. Las respuestas son cortas, concretas, con poca información, con oraciones chiquitas. A Michelle Leyes, la novia de Tehuel, le preguntan si tenía algún vínculo con los imputados. Pero no termina de entender. El tribunal repregunta con un grito. Y en ese momento Michelle es clara: “Yo era la pareja de Tehuel, yo soy la pareja. Estuvimos dos o tres años. Nos conocimos a través de una página de Facebook y nuestro primer encuentro fue en Moreno”. 

Michelle pide que para declarar saquen a Ramos de la sala y el Tribunal accede, pero la interroga: 

-¿Entre su declaración en la comisaría y hoy vivió alguna amenaza por parte de Ramos? -pregunta el tribunal. 

-No. Pero no lo quiero ver. A mi me da miedo que él me vea o quiera hacer algo. 

– Pero no le pasó nada.

– No, pero le dicen el loco del cuchillo. En el barrio lo conocen así. 

Michelle no entiende muchas de las preguntas que el Tribunal le hace. Después de varios intercambios, Michelle cuenta que hizo la denuncia tres días después de ver a Tehuel por última vez.  

-¿Nos podés contar cómo fue la denuncia? 

-Al principio no me la quisieron tomar porque yo era menor, tenía 17 años. Tuve que esperar a que una conocida que tenemos en común llegara a la comisaría y me ayudara a que me la tomaran. Primero nos mandaron a la fiscalía de Alejandro Korn, después a la de San Vicente. 

Michelle recuerda que ella vivía con su hijo junto a Tehuel, en San Vicente, y que había una hora en bicicleta hasta Alejandro Korn. Cuando logró conseguir el teléfono de Ramos y escribirle para preguntarle por Tehuel, “me doy cuenta que Ramos habla de Tehuel como una femenina”. La fiscalía, dirigida por Juan Pablo Caniggia, y lxs abogadxs de la madre de Tehuel insisten en que Ramos lo identificaba como mujer: “Cuando yo hablaba con Luis, él hablaba de que era mujer”. “Le negaba su identidad”. “Al nombrarlo de esa manera, Ramos está restringiendo su decisión” dicen los abogados y, luego de eso, le piden que lea las capturas de pantalla de la conversación que Michelle tuvo con Ramos. 

A Michelle no le gustaba Ramos: “Nos había dicho una o dos veces que fuéramos con mi hijo a comer a su casa. Yo no le veía buena cara y a mi no me gustaba salir. A Tehuel no le gustó nada que yo no haya querido ir a comer con Ramos. Pero no me gustaba su apariencia, nunca tuve trato con él pero no me gustaba. Tehuel me había comentado que Ramos había tenido un acto de forma babosa con una chica a la que le entregaba mercadería. Y yo, siendo mujer, no me sentía cómoda para compartir. Ramos además tenía una denuncia por un supuesto abuso a un menor. Eso me lo contó Tehuel. Él le había dicho a Tehuel que esa denuncia se la había hecho su ex pareja por despecho”, agrega la joven. 

Primer día del juicio por una desaparición en democracia: ¿Dónde está Tehuel?

Catalina Salas, citada a declarar por ser la ex pareja de Luis Ramos, también pide que Ramos no esté en la sala. Estuvieron juntxs desde 2017 hasta el 29 de septiembre de 2020, cuando lo denunció por abusar de su hijo. “Nos separamos por los golpes, porque me pegaba. Los primeros años fueron excelentes, pero el último año empezó a estar como loco, malo, a maltratarme. Luis trataba a Tehuel como una persona normal. Pero él no me dejaba participar de las charlas, ni con él ni con nadie. Yo estaba embarazada y él me pegaba, por eso perdí a mi bebé”, cuenta Catalina. Y también agrega que a Ramos no le gustaba que los hombres estén con hombres, que y las mujeres estén con mujeres: era algo que “le daba bronca”. 

El resto de lxs testigxs citadxs por la fiscalía tuvieron que esperar: “Estamos a la espera de las respuestas, porque están llegando en tren y están demoradxs”, dijeron. Y, en la sala, esperamos. Luego de la confirmación de que no llegarían a tiempo, se citó a Julio Elías Agüero, actualmente detenido por otras causas, que había visto pasar a Ramos y a Tehuel la tarde del 11 de marzo de 2021, por la canchita de fútbol del barrio. 

Agüero también le pidió al Tribunal declarar sin Ramos cerca. “Tengo miedo de que le haga algo a mi familia”, dijo. El Tribunal retrucó: ¿Cuando declaró la primera vez le pasó algo a su familia?

-No.

“Yo estaba con los pibes del barrio. Un chabón nos corrió. Parece que venía borracho. Venia con una piba peticita, que tenia una visera para atrás de color gris, que tenia una campera de jean. Yo vi que venía con una piba.  Vi que venía caminando con un cuchillo. Venía gritando y de golpe empieza a corrernos”, dice Julio, pero los jueces no entienden, porque Julio habla como muchos pibes, rápido y con la boca cerrada.  

-Tiene mejor dicción el fiscal, obviamente, pero que declare el testigo-, pide el juez Bernard, mientras la Fiscalía intentaba oficiar de intérprete. 

“Es del barrio. Vive a cuatro cuadras de mi casa. Nos empieza a correr con un cuchillo, de la nada. La chica se iba caminando y después se volvieron a encontrar. La chica lo esperó adelante después de la corrida con el cuchillo. Nos quedamos quietos mirando para donde iban. Se fueron juntos”. 

-¿No lo puede decir de vuelta?-, pregunta el presidente del Tribunal. 

-Parece que escucho mal, yo no entendí nada de lo que dijo-, agrega el vocal. 

-Para entender su razonamiento -tercia la vicepresidenta, que revolea los ojos y no lo mira cuando habla:-, usted se da cuenta que no es muy preciso. 

“Después nos juntamos al otro día con los pibes, me dijeron que vivía ahí cerca. Que ya tuvo problemas con otros vecinos. Yo tengo a mi hija que vive cerca y me da miedo que si sale busque venganza”.

Antes de que declare Romina, la siguiente testigo, el Tribunal y la fiscalía insisten para que Ramos pueda volver a presenciar el debate. Ella había pedido que no, pero después dijo que le daba lo mismo y finalmente terminó accediendo a que el imputado la escuchara en la sala. 

Romina Lobosco fue el quinto testimonio, y llegó con retraso. Había una demora en el tren de la línea Roca que la traía a La Plata. Pese al largo viaje, su declaración fue ínfima, no estuvo en la sala más de cinco minutos. Dijo que conocía a Ramos del barrio, que ella y Emilse González, una ex pareja del imputado, se tienen como amigas en Facebook y habían intercambiado algún comentario en el cumpleaños del hijito de Emilse. También dijo que había hablado con un policía, pero no aportó mayores datos. A las 13:30 el testimonio de Romina ya había terminado. 

Después de media hora de cuarto intermedio, llegó otro testigo en tren: Ricardo Luis Somaruga, que alquilaba una de las piezas en el terreno donde vivía Ramos. Él dirá lo mismo que dijeron lxs testigxs anteriores; que no quiere a Ramos tan cerca, que se pone incómodo porque se conocen del barrio. Pero el tribunal considera que, como la incomodidad no es miedo, Ramos tiene derecho a estar en la sala.  

Ricardo pide perdón porque hace poco le hicieron un tratamiento odontológico y no puede hablar bien. El tribunal le pide que se acerque al micrófono y lo interroga. De dónde se conocen con Ramos, qué hacía para vivir. Ricardo cuenta que era remisero, que Ramos vendía gaseosas y tenía un despacho tipo almacén. 

-¿Y cómo llamaba Ramos a Tehuel? 

-No, ni idea.

¿Escuchó diálogos entre ellos? 

-Tomaban mate entre ellos.

-¿Sabe dónde se conocieron? 

-Me parece que en una marcha o una cooperativa.

-¿Sabe cómo identificaba Ramos a Tehuel? 

-No, ni idea. 

-¿Cómo se llevaba Ramos con su ex pareja? 

-Con Catalina se llevaban normal. Yo vivía acá y ellos al lado. Yo me iba a trabajar a la mañana y volvía a la tarde. 

-Eso ya lo entendí. 

-¿Sabe si Ramos era una persona violenta? 

-Lo normal, lo normal. 

-¿Usted hablaba algo con él? Ya me dijo que se levantaba temprano. 

-Yo me fui tres o cuatro meses antes. Hasta ahí lo vi. Lo vi en la casa un par de meses, después lo conocí por la repercusión pública. Sé que es la misma persona porque le decían chico o chica.

-No le estoy entendiendo -interrumpe la vicepresidenta. 

-Yo veía que este chico venía, tomaban mate con él, media hora, 40 minutos y después se iba. 

-Eso ya me lo dijo. Y cómo, ¿entraba a la casa y no hablaba? 

-Ramos le decía chico o chica, no sé. Cuando él venía a golpear el portón de chapa, grande, había que abrirle. 

-¿Y lo nombraba como si fuese un solo nombre? ¿chicochica

-Sí, “era una chica que era un chico”, me dijo Ramos. Él me contó que le había prestado dinero en varias ocasiones, y me pedía el celular. 

-¿Nunca vio una llamada con Tehuel? 

-Él usaba mi teléfono, pero yo no revisaba las llamadas. Ramos entregaba su teléfono a las chicas a cambio de favores sexuales.

Ricardo Somaruga fue el último testigo del día. Mañana martes, a partir de las diez, vamos a escuchar a trece personas más, una de ellas lo hará “por vía telemática” y el resto serán presenciales, en la sala. Cansado de las intervenciones el juez Bernard cerró la audiencia y despidió al testigo: “¡Que no pierda el tren!”. 

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Un mes después de la represión por la Ley Bases: dos nuevos liberados, y dos que siguen en prisión

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Plaza de Mayo congregó este viernes un acto al que asistieron dos flamantes liberados: uno en situación de calle que iba rumbo a una iglesia, y otro que perdió la casa. Las reflexiones y sentimientos, el acto, la carta de puño y letra y el comunicado de las personas ex detenidas. El “ejercicio represivo irracional” según parte del poder judicial, y la red de la libertad, cuando quedan aún dos personas presas. Por Lucas Pedulla.  

Hace un día que Cristian Valiente –verdulero, 41 años– y David Sica –desempleado  en situación de calle, 33 años– recuperaron su libertad. Estuvieron presos casi un mes sin pruebas tras la cacería de la Ley Bases pero hoy vinieron a Plaza de Mayo porque todavía quedan dos personas que siguen en el penal de Ezeiza por protestar: Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez. Vinieron porque saben el valor de ese tejido que se organizó en este afuera este mes, y la solidaridad que propició sus liberaciones.

Un mes después de la represión por la Ley Bases: dos nuevos liberados, y dos que siguen en prisión

Fotos: Juan Valeiro / lavaca.org

San Expedito y la policía

David vino invitado por Cristian. El 12 de junio, día de la represión, estaba intentando cruzar Callao y Mitre cuando lo paró un vallado policial. Hacía cuatro meses que estaba viviendo en la calle porque lo habían desalojado de su vivienda y ese día no se había enterado de la marcha porque le habían robado el celular. Sólo quería cruzar el vallado para caminar por Mitre hasta la iglesia de San Expedito y buscar algo de ropa y comida. La policía no lo dejó y discutió con una oficial: “Me escribieron (en el acta) que le pegué un cabezazo en el casco, que la escupí y que la patee: no la patee, no la escupí y no la cabecee”, dice a lavaca. “A lo sumo hubo un leve empujón, porque ella me maltrató y me agredió”.

Por querer ir a una iglesia, un mes de cárcel.

¿Qué espera ahora?: “Que renuncie Milei”, dice sin dudar.

Un mes después de la represión por la Ley Bases: dos nuevos liberados, y dos que siguen en prisión

El Estado presente. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org.

Perder la casa

Cristian, este mes, perdió su casa. Vivía en una pieza de un hotel céntrico donde trabajaba y fue a juicio porque no estaba registrado y la justicia le dio la razón (derecho que la Ley Bases borró ese miércoles en su capítulo de reforma laboral). Hasta que le pagaran su deuda, debía vivir allí. Pero lo desalojaron. El día de la protesta había ido a manifestarse: “Si estoy en contra de las políticas, voy. Es mi derecho”, dice, y se ríe cuando le recuerdo que lo acusaban de tener una granada pero, en verdad, era un gas que la policía usa para reprimir. Cuenta: “Me quedé en la Plaza del Congreso cuando ya habían desalojado todo. En el piso encuentro ese aerosol, que decía ‘Ministerio de Seguridad’ y tenía fecha de vencimiento en 2022. Mirá con qué está reprimiendo a la gente, pensé. Quería mostrarlo a la televisión y a los medios. Pero ni bien salgo viene la motorizada, me balean con goma la espalda y las piernas, y me rompen una costilla. Cuando me detienen gritan ‘granada, granada’, cae una brigada de explosivos, cortan la cuadra y me tiran dos horas a una esquina llena de orín sin saber quién me iba a llevar”.

Fotos: Juan Valeiro /lavaca.org

La red de la libertad

Lo llevaron a la Comisaría 4º, pensó que saldría rápido (“sólo fui a manifestarme, es mi derecho constitucional”), pero un comisario los hizo dormir esposados al aire libre: “Después nos mandaron a Comodoro Py esposados como vacas, y nos decían que nos acusaban que éramos terroristas y queríamos torcer la democracia. 17 horas en un camión esposados, sin darnos nada. Nos bajan, nos llevan a un cuartito y nos decían: ‘Zurdos de mierda, por qué no van a trabajar, esto ya se les acabó’. En ese cuartito, señores de traje y corbata dicen que nos niegan la excarcelación. Ahí dos monos del Servicio Penitenciario nos meten las cabezas en las rodillas, nos suben a un camión, nos escoltan cinco motos y yo, que cuatro horas antes estaba en mi casa, ahora estaba llegando a un penal de máxima seguridad. Les decía que era simple y chequearan las cámaras porque no había hecho nada”. 

Un mes después de la represión por la Ley Bases: dos nuevos liberados, y dos que siguen en prisión

David Sica y Cristian Valiente, los dos liberados. Quedan aún en prisión Daniela Calarco Arredondo y Roberto De la Cruz Gómez. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org.

Destaca la red que se armó en el afuera y les permitió estar hoy en libertad, pero también valora y subraya la solidaridad de los presos comunes. ¿Cómo se sale un mes después de la prisión? Responde Cristian: “Me cambió. No pertenezco a ningún partido político, pero ahora quiero poner el cuerpo. Siempre fui un laburante, desde los 14 años. Tuvimos muchas leyes que ganamos con los años, pero ahora los tiempos son otros, y hay que tomar cartas en el asunto. A ellos les conviene sacarte el laburo, que salgas a robar y mandarte a la cárcel para tenerte dormido y sedado. No quieren que crezcan los que laburamos, sino los amigos de los poderosos, mientras pretenden que nos banquemos las migajas”.

De fondo, la Plaza de Mayo se va llenando y Cristian se emociona: “Nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que unirnos y dejar las diferencias de lado, porque los de arriba solo quieren dividirnos. El pueblo unido puede ser feliz sin esperar nada de ellos”.

Fotos: Juan Valeiro /lavaca.org

El búmeran de Adorni

La organización del festival, motorizada por la Coordinadora por la Libertad de Lxs Presxs de la Ley Bases, es un éxito. Hubo una preocupación en el inicio cuando la policía de la Ciudad y la Federal no dejaban ingresar el camión-escenario: la Ciudad echaba la culpa a Nación y viceversa. El reclamo se viralizó con el correr de los minutos y, a las 15, el camión ya estaba en la plaza. Un primer triunfo que, con el correr de las horas, coronaría la jornada.

El festival también llegaba con un runrún de mensajes reenviados con los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni, que amenazó planteando que no hagan el festival en la calle porque, si no, “van a ir presos ellos también, aparte de los que ya están presos, les van a ir a hacer compañía a la prisión”. Además, la banda Sudor Marika, una de las convocantes, había divulgado amenazas que les llegaban por mail y redes sociales, luego de que el propio Adorni viralizara la participación del grupo en el festival. Un extraño búmeran comunicacional que no mermó la participación, sino que la aumentó. 

Fotos: Juan Valeiro /lavaca.org

En el plano judicial, la liberación de Cristian y David (que siguen procesados por atentado a la autoridad simple y agravado, respectivamente) llegó el jueves tras un nuevo fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, que confirmó, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, los procesamientos con prisión preventiva de Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez. A Daniela le imputan el incendio y daño agravado de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad. A Roberto, atentado a la autoridad agravada y daño agravado. Además, el fallo le hace constar que tiene antecedentes. Un dato es que los jueces, sin embargo, desestimaron el delito de intimidación pública. 

Un mes después de la represión por la Ley Bases: dos nuevos liberados, y dos que siguen en prisión

Fotos: Juan Valeiro /lavaca.org

El “ejercicio represivo irracional”

El tercer juez es Roberto Boico, cuyo voto a favor de las excarcelaciones quedó en disidencia, pero realizó una interesante lectura de la protesta social como derecho constitucional: “La violencia como conducto del ejercicio de la protesta excede lo jurídicamente tolerable, como también lo excede el ejercicio represivo irracional de parte de las autoridades públicas. Ambos extremos empalidecen la calidad democrática. Es indudable que resulta difícil precisar límites jurídicos estandarizados de las prácticas sociales de protesta, pero lo claro es que el ‘manifestante’, a secas y en contexto pacífico, no puede categorizarse como un ‘enemigo’, ni tampoco, livianamente, con calificativos e imputaciones adjudicables a quienes procuran desestabilizar el sistema democrático. Que los puede haber, ¡pues claro!, pero la estigmatización anticipada del colectivo que protesta, sin distinciones ni pruebas contundentes, no se corresponde con una actuación enlazada a los cánones de derechos humanos que nuestra Constitución reconoce y protege”.

Un mes después de la represión por la Ley Bases: dos nuevos liberados, y dos que siguen en prisión

Fotos: Juan Valeiro /lavaca.org

Un párrafo que apunta contra la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli, cuya denuncia quedó desarticulada casi por completo, aunque siga insistiendo con siete encarcelaciones.

Ahora, la decisión queda en manos de la Cámara de Casación Federal.

Puño y letra

A la Plaza ingresa una enorme columna del Frente Piquetero. En el escenario, además de denunciar los allanamientos a organizaciones sociales y las detenciones de 10 compañeras en Neuquén, militantes del Movimiento Teresa Rodríguez-Votemos Luchar leen una carta que Daniela, su compañera, escribió desde la cárcel, a puño y letra. 

Lavaca la transcribió íntegra para que, también, ayude a su difusión:

“Compas:

Debido a mi falta de talento literario, caeré seguro en todos los lugares comunes a lo largo de estas líneas. Pido disculpas adelantadas por eso.

No tengo más que palabras de agradecimiento hacia ustedes. Estoy al tanto del laburo enorme que están haciendo para conseguir la libertad de quienes aún siguen detenides. 

Ya hace un mes que estamos en esta situación. Quienes decidimos entregar nuestras vidas a dar pelea en pos de un mundo sin explotación, sabemos que estas injusticias son las armas que usará el capitalismo para doblegarnos. Pero lo peor que puede pasarnos no es perder la libertad física; sino que nos dejemos arrebatar la libertad de pensar, de sentir y de soñar (y mucho cuidado!! porque eso pueden conseguirlo mientras paseamos distraídamente por Parque Lezama, sin enterarnos que ya dejamos de ser libres). Es por esto que necesitamos entender el tamaño del enemigo. Dejar de lado mezquindades e individualismos y abonar cada une, desde nuestro lugar, la mayor unidad a la clase trabajadora. Este mes de encierro no ha conseguido hacerme dudar ni un solo momento de que el camino ES Y SEGUIRÁ SIENDO LA LUCHA Y LA ORGANIZACIÓN.

Somos hijes de un pueblo que sobradamente sabe de ganar y defender sus derechos con lucha. Somos hijes y nietes de la plaza, y si las madres y las abuelas siguen en ella; lo mínimo que tenemos que hacer es honrar su lucha luchando!!

Fotos: Juan Valeiro /lavaca.org

No quiero extenderme mucho más para no aburrirles. Solo volver a agradecer a todes, a cada organismo de DDHH, orgas políticas y sociales, mis abogades no sólo por la labor técnica (sino y sobre todo), por el acompañamiento humano, particularmente a mi familia y compás de organización por la incondicionalidad y el amor. Gracias a mi cuna que es mi amado movimiento piquetero.

Somos más y mejores quienes entendemos que un mundo más justo, sin explotadores ni explotades es tan posible como necesario, y debemos pelear para lograrlo. Porque como ya nos enseñó alguien infinitamente más sabio que yo: ES MEJOR MORIR DE PIE QUE VIVIR ARRODILLADES!!!

-BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCiAL

– Ni UN AJUSTE MÁS, Ni UN DERECHO MENOS

– HASTA EL SOCIALISMO SIEMPRE… VENCEREMOS

Dani”.

Los aplausos son masivos. Algunes ex detenides lloran, la emoción es mucha. Por el escenario pasan las bandas y les artistes que se acercaron para masificar el reclamo: Flopa Lestani, Paula Maffia, Saga.hfk, Sudor Marika, La piba berreta, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió. Por abajo se ven diputados, diputadas y referentes del Frente de Izquierda y de Unión por la Patria: un arco que va desde Miryam Bregman y Celeste Fierro a Sergio Palazzo y Juan Marino. 

Antes del cierre, quienes se suben al escenario son les ex detenides a leer el comunicado que consensuaron. También es emocionante porque cristalizan el trabajo que vienen sosteniendo hace un mes, cuando sus vidas cambiaron para siempre y cuyas familias armaron esta red que permitió sus liberaciones, que ahora buscan continuar y sostener por las dos personas que faltan. También compartimos el comunicado completo: 

Un mes después de la represión por la Ley Bases: dos nuevos liberados, y dos que siguen en prisión

Fotos: Juan Valeiro /lavaca.org

“Queremos agradecerles a cada uno de los que hoy se acercó al festival, a un mes de las detenciones del día de la movilización contra la ley bases. Para quienes no saben, somos un grupo de los 33 detenides que hoy nos encontramos en libertad, pero aún faltan Daniela Calarco y Roberto Gómez. Ayer a la noche liberaron a David y Cristian porque el armado judicial del fiscal Stornelli se cae a pedazos. El día 12, fuimos detenides ilegalmente por un operativo represivo llevado a cabo por Javier Milei, Patricia Bullrich, y Jorge Macri. Decidimos movilizarnos ese día porque lo que se votaba era una ley vergonzosa de ajuste y entrega, una ley que va contra los derechos de la inmensa mayoría del pueblo argentino. Reivindicamos el derecho a manifestarnos contra todas las políticas que afectan directamente a la vida de todo el pueblo trabajador. 

Con un operativo policial descomunal de todas las fuerzas de seguridad federales y de la Policía de la Ciudad, el gobierno fue decidido a reprimir y acusar a los manifestantes de terroristas que quieren hacer un golpe de estado. Nuestras detenciones fueron arbitrarias y violentas, la mayoría nos estábamos retirando cuando salieron a cazarnos, en muchos casos entre golpes, patadas, palazos y balas de goma. 

Fuimos detenides por la Policía de la Ciudad, que nos llevó a comisarías y alcaidías hasta el viernes 13 que nuestra causa pasó a la justicia federal, y por la Policía Federal, por lo que fuimos ingresados al sistema penitenciario desde el primer momento, cuando la justicia penal tiene un pedido de cupo con una lista de espera de más de 4500 personas para su ingreso. 

A algunas de nosotras nos hicieron pasar 17 horas adentro de un camión celular, esposadas, sin poder ver a un abogado, a un médico ni poder hacer una llamada telefónica. Cuando fuimos a la comisaría 15 de Chacarita nos dejaron tiradas en un pasillo, esposadas, sin agua, con amenazas constantes de la policía y donde tuvimos que dormir en el piso con frazadas que nos mandaron nuestros familiares. En Comodoro Py nos desnudaron una por una en un cuarto a puertas abiertas. Otros fuimos llevados a cárceles federales de máxima seguridad (Devoto, Ezeiza y Marcos Paz), donde agentes del Servicio Penitenciario Federal nos recibieron con pasamontañas y nos rociaron con gas pimienta en la cara. Nos verdugueaban e interrogaban en todo momento. Convivimos con el frío, ratas y cables pelados de electricidad donde había zonas con agua, corriendo riesgo de quedar electrocutados. Hostigaban a nuestros familiares que querían visitarnos y ponían trabas para el ingreso de comida y ropa. Somos víctimas de la violencia institucional habilitada por los discursos de odio de aquellos que ejercen el poder. Lo repetimos para que no se olvide que todavía Roberto y Daniela siguen presos por ejercer el derecho a la protesta. EXIGIMOS SU INMEDIATA LIBERTAD. 

También queremos agradecer a todes les que se fueron movilizando por las diferentes alcaldías y comisarias, a quienes estuvieron en Comodoro Py el viernes 14, cuando excarcelaron a 17, y a los que estuvieron el martes 18 en la concentración en esta misma plaza, la Plaza de nuestras Madres y Abuelas, que posibilitó la liberación de 11 más. Ese día se dictaron 28 faltas de mérito por ausencia de pruebas e irregularidades en el procedimiento. Escuchar sus gritos, cánticos y bombos nos llenaron el corazón ahí adentro donde la cosa se volvia desesperante al ver nuestros derechos pisoteados. Esas concentraciones y esa Plaza de Mayo repleta el martes 18, son producto de la más amplia unidad de que quienes defendemos los derechos humanos y las libertades democráticas, de la más amplia unidad del arco político, sindical, de organizaciones sociales, estudiantiles, asambleas barriales y de personas autoconvocadas que se acercaron. Esa unidad que seguimos necesitando hasta que salgan en libertad Roberto y Daniela y se cierren todas las causas. 

A todos y a cada uno de ustedes les debemos, nada más que la conquista de nuestra libertad, pero tenemos que pedirles algo más. Que nos sigan acompañando hasta que liberen a Daniela y Roberto, que se rechacen las apelaciones que hizo la Fiscalía a la falta de mérito dictada sobre siete compañeres y sobre todo hasta que se cierren las causas.

Durante el último mes vivimos una persecución desmesurada por parte del Estado, no solo durante nuestras detenciones, donde pasamos por penales de máxima seguridad sin siquiera estar procesades. Sino también afuera, siendo hostigados en las redes sociales, estigmatizados por el gobierno y la prensa oficial, incluso ayer el vocero presidencial Manuel Adorni publicó un tweet en contra de sudormarika por tocar acá, habilitando discursos de odio y amenazas. Nuestra solidaridad con Sudormarika. Hoy, el mismo Adorni en la conferencia de prensa nos amenaza con mandarnos a la cárcel. QUE SEPA QUE NO LES VAN A ALCANZAR LOS PENALES PARA LLEVAR A ESTA MULTITUD QUE DEFIENDE LA DEMOCRACIA.

Lo que nos pasó es una muestra del avance represivo de este gobierno, porque las detenciones siguen. En las últimas semanas en distintas movilizaciones fueron detenidos dos trabajadores del INTI, tres personas en Tucumán, allanamientos y detenciones a organizaciones sociales, o la policía en las puertas de los sitios de memoria decidiendo quién entra o no a sus puestos de trabajo de manera intimidante. Porque esta misma gestión que nos reprime avanza sobre nuestros derechos desmantelando la Secretaría de Derechos Humanos y sus políticas públicas. Despidiendo trabajadores y trabajadoras del Estado que son quienes garantizan derechos. Detrás de un supuesto ahorro presupuestario están queriendo avanzar sobre políticas y consensos alcanzados por nuestra sociedad en los últimos 40 años. 

Tenemos claro cuál es el rumbo que nos quieren imponer. Juegan con nuestros miedos, con nuestras vidas y el mensaje intimidante que quieren dejar es que, si protestas, podes terminar en un penal. No es contra nosotros, es contra todes. Porque entendemos que la protesta es un derecho y buscamos vivir en libertad y democracia. 

Siempre sentimos la solidaridad de ustedes, de nuestras familias, que pasaron de ser desconocidas a hermanarse en la lucha y de las personas privadas de libertad que siempre supieron la injusticia que se estaba cometiendo. Mientras tanto en el SERPAJ se alcanzaba una unidad de distintos sectores de todo el arco político, organismos de DDHH, sindicatos, organizaciones sociales y asambleas: así nace la Coordinadora por la Libertad de los Presxs de la ley Bases. A quienes también agradecemos. 

Por último, sigamos tejiendo redes, forjando la más amplia unidad necesaria para no permitir que pasen por encima de nuestros derechos. Porque somos un país de vanguardia reconocido a nivel mundial en materia de DD.HH. Hace más de 40 años gritamos NUNCA MÁS y NUNCA MÁS ES CON MEMORIA Y SIN PRESOS POLÍTICOS. 

Protestar es un derecho, no un delito! 

Libertad a Roberto Gómez y Daniela Calarco y todos los presos políticos! 

Cierre de todas las causas! 

Basta de despidos y persecuciones!”.

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Fotos: Juan Valeiro /lavaca.org

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