El periodista y diputado provincial de Santa Fe Carlos Del Frade estará presentando el próximo viernes en Rosario su nuevo libro Alto Perfil-Geografía narco 9, del que anticipamos aquí su prólogo. Se trata justamente del noveno trabajo de Del Frade sobre el tema del narcotráfico en la provincia, que le permite revelar de qué modo las organizaciones narco funcionan complementariamente a sectores policiales, lavado de dinero, concentración económica y políticas oficiales a las que califica como “narcozonceras” que con el discurso y la práctica de la “mano dura” terminan multiplicando el negocio. Una afirmación en el prólogo que explica mucho –cada vez más– del presente del país: “Ninguna de las 147 bandas que fueron reveladas por nosotros a fines de 2023 están exentas de tener nichos de corrupción de las distintas fuerzas de seguridad, tanto de la provincia de Santa Fe como de las nacionales”. Aquí, el prólogo completo del libro que será formalmente presentado el próximo viernes 16 a las 20 en el bar cultural La Popular, de Rosario.

Alto perfil

El narcoterrorismo fue la excusa de Estados Unidos para lanzar la doctrina de seguridad continental, superadora de la doctrina de seguridad nacional que fundamentó y alimentó los terrorismos de estado de los 70. Fueron los garantes del saqueo de las riquezas de Argentina y la Patria Grande. Gobiernos como el de Milei encarnan esta etapa terminal de la extranjerización de riquezas.

Por Carlos del Frade

Un fantasma recorre América del Sur.

El repetido concepto del narcoterrorismo.

Fue la excusa de Estados Unidos para lanzar la llamada doctrina de seguridad continental, superadora de la doctrina de seguridad nacional que fundamentó y alimentó los terrorismos de estado de los años setenta.

Bajo esa idea, los supuestos defensores del ser nacional se convirtieron en los garantes del saqueo al servicio de los grupos que concentran y extranjerizan riquezas en Argentina y la Patria Grande.

Las democracias encorsetadas o de baja intensidad, la demolición de la conciencia histórica y la autoestima de los pueblos generaron gobiernos surgidos del voto popular pero que representaban los intereses históricamente protegidos y atendidos por las dictaduras.

El menemismo, el macrismo y ahora el gobierno de Javier Milei encarnan esta etapa terminal de la extranjerización de riquezas y necesita de una excusa justificadora de la mano dura y lo que hoy se llama estado de excepción.

El 10 de enero de 2024, una de las principales representantes de las políticas del imperio, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Macri y Milei, habló del envío de fuerzas militares al Ecuador para participar de la lucha “continental” contra las organizaciones narcoterroristas.

En ese contexto, el nuevo gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz, hace eje en la mano dura, el empoderamiento policial, habla de período de excepción y remarca la necesidad de controlar cada vez más a los presos de “alto perfil”. De allí el título de este noveno tomo de la geografía narco que tienen ante sus ojos.

Es necesario decir que las amenazas recibidas por el nuevo gobernador y que llevó a trasladar a su familia fuera de la ciudad de Rosario merecen todo nuestro repudio y, de manera simultánea, nuestra solidaridad a sus seres queridos y su persona.

Pero es evidente que el plan de apropiación de las riquezas del pueblo argentina por grupos empresariales concentrados y muchos de ellos extranjeros necesita de una excusa para generar ocupación de calles y territorios que serán hervideros sociales por el empobrecimiento generalizado que producirá semejante transferencia de ingresos de los sectores populares y clase media a esos feudos del privilegio.

Narcozonceras y negacionismos

En ese contexto surgen exageraciones y negacionismos.

Porque no solamente hay narcozonceras como venimos señalando desde hace más de una década, si no también negacionismo.

Sigue repitiéndose la palabra “flagelo”, la idea de “estado ausente” o la teoría de la “guerra contra la droga”.

Pero es casi imposible escuchar a responsables políticos nacionales, provinciales y municipales hablar del negocio del narcotráfico y del negocio de las armas.

Semejante negacionismo produce dinero para las empresas que le venden tecnología de seguridad a los gobiernos y la repetida exhibición de “operativos de saturación” en los barrios más castigados por la pelea entre bandas narcopoliciales.

No hablar de negocios es convalidar la continuidad del mismo, la circulación de dinero que siempre está muy lejos de las geografías estragadas de los suburbios de las grandes ciudades argentinas y santafesinas.

Alto perfil

Por eso la definición de personas presas con organizaciones narcopoliciales barriales son denominadas de “alto perfil” cuando, en realidad, más allá de sus asesinatos y dominios patrimoniales, parecen estar lejos de ser los jefes del negocio multinacional y paraestatal del narcotráfico.

De tal forma que elegimos esta definición de “alto perfil” para titular este nuevo libro, el noveno ya de la serie que denominamos “Geografía narco”.

Los hechos y apuntes del presente volumen están ubicados, mayoritariamente, en el año 2023 y principios de 2024, a diez años del inicio del ciclo de ferocidad social que devino luego del asesinato de Claudio “el Pájaro” Cantero, el 26 de mayo de aquel interminable 2013.

Desde aquellos días hasta hoy existieron cuatro gobernadores en Santa Fe: Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz, Omar Perotti y Maximiliano Pullaro, asumido en diciembre de 2023.

Y cuatro presidentes: Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, también en ejercicio desde diciembre de 2023.

Sin poder escapar a la tentación de resumir nueve puntos centrales en estos nueve volúmenes de “geonarcos”, apuntamos algunas ideas:

1. Los negocios del narcotráfico y contrabando de armas son constitutivos del capitalismo en los últimos sesenta años. Intentar disminuir su capacidad de letalidad supone cortar los flujos de dinero.
2. A partir de los años noventa, la transición de la economía productiva hacia la financiarización de las actividades produjo una forma distinta de multiplicación de fondos a través del lavado de dinero y activos.
3. Más allá de las leyes existentes, el lavado de dinero y activos es el delito que menos se persigue en Argentina y cualquier provincia.
4. Lo que llega a los barrios de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela es consecuencia de las rutas inauguradas en los tiempos del terrorismo de estado, el 24 de abril de 1978 y es central la participación de los puertos privados en la zona sur de la provincia.
5. Ninguna de las 147 bandas que fueron reveladas por nosotros a fines de 2023 están exentas de tener nichos de corrupción de las distintas fuerzas de seguridad, tanto de la provincia de Santa Fe como de las nacionales.
6. Haber votado una ley de adhesión al narcomenudeo es repetir la vieja receta de la DEA que significa más control social que atentar contra los intereses del negocio. Habrá más narcotráfico y más violencia.
7. Más allá de las particularidades que tiene el negocio en la provincia de Santa Fe, los hechos demuestran que la economía del narcotráfico y del contrabando de armas dependen de manejos latinoamericanos.
8. En los países del tercer mundo como la Argentina, el consumo de sustancias psicoactivas no solamente es un negocio de millones de dólares si no también una garantía política de control social sobre las nuevas generaciones devenidas en consumidoras consumidas, lejos de la conciencia revolucionaria de los años setenta. De allí la importancia de pensar lo que supuso la llamada guerra del opio que terminó con el dominio de los puertos chinos a manos de los intereses y empresas inglesas. Esto parece que sucederá con el Paraná.
9. Es imprescindible tomar conciencia de la historia de los últimos cuarenta años de los pueblos de América para saber que castigar por abajo no solamente genera miles de muertes si no también la multiplicación del negocio.

La ferocidad que se advierte a partir de 2020 en los homicidios –siempre superan los 200 en la ciudad de Rosario– es directamente proporcional a los millones de dólares que evaden, subfacturan o fugan al extranjero empresas como Vicentin que sigue estando al frente del puerto de la ex ciudad obrera.

Las formas de explotación que sufren chicas y chicos de parte de las bandas narcopoliciales se parecen más a nuevas configuraciones del esclavismo o del neofeudalismo del tercer milenio.

El problema no es militar sino político: recuperar los barrios devenidos en gobiernos de facto de parte de estas bandas a través de la presencia de un estado virtuoso que multiplique el trabajo, la educación, la cultura, el deporte y la alegría en esas geografías, impulsando a las instituciones de la comunidad a ser protagonistas de una democracia más plena y menos vacía.

Si la política sigue resignada ante el poder económico concentrado y extranjerizado, seguramente habrá más narcotráfico, contrabando de armas y violencia letal en los barrios no solamente de las grandes ciudades santafesinas sino de todo el país.

Una de las claves está en saber que existe una economía informal e ilegal que representa el 50 por ciento de todo aquello que se produce tanto en Santa Fe como en la Argentina.

Si en el año 2022 hubo 288 homicidios en el departamento Rosario, 259 en 2023, esos asesinatos revelan una parte del problema; la otra porción reside en la cantidad de suicidios: 460 en el año 2022 y sin datos, por lo menos hasta el momento de redactar estos balbuceos, en 2023.

Saqueo del futuro

Esas cifras revelan el saqueo del sentimiento y la idea del futuro.

No hay vida humana, ni particular ni colectiva, que pueda desarrollarse sin la noción del mañana.

La vida humana se mutila al resignarse al no futuro.

Y esa cifra clama por una política que genere respuestas o lugares de abrazos cercanos para la existencia siga teniendo sentido en estos atribulados arrabales del mundo.

“Alto perfil. Geografía narco 9”, entonces, es un trabajo periodístico y político que busca pensar desde la realidad y alejarse de las formas de colonización pedagógica, económica, política y militar que siempre quieren imponer los imperios.

Carlos Del Frade, periodista y escritor.

De allí la necesidad de recordar, por ejemplo, lo sucedido durante las guerras del opio que determinaron el dominio inglés sobre los cinco puertos más importantes de China durante el siglo diecinueve. No porque la historia se repita, sino porque explica el concepto de la matriz de los procesos políticos y económicos que llevan a la extranjerización de riquezas y la subordinación de los pueblos.

Luchar contra el narcotráfico, como dijimos hace 24 años atrás cuando publicamos “Ciudad blanca, crónica negra”, es luchar contra el capitalismo.

No es sencillo.

Pero es imprescindible.

La violencia contra las mujeres provocó una manifestación en Mar del Plata reclamando por 4 femicidios en tres meses. Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, recalcó que dos de esos crímenes (el de Rocío Fernández y el de Betiana Moreira) “son casos de narcofemicidios”. Detalles de la marcha y de los casos que conmueven a la comunidad, mientras la policía vigila a las manifestantes y llega la noticia de otra mujer desaparecida: Florencia Villarino, 24 años.

Por Anabella Arrascaeta

Talia, 

Verónica, 

Rocío, 

Bettiana. 

Desde mayo de este año hasta hoy hubo cuatro femicidios en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, una ciudad signada por la violencia contra las mujeres desde hace décadas. En este caso, la cruel seguidilla de violencia que exhibió dos muertes en la última semana, desató este viernes una marcha que desde el Monumento a San Martín se desplegó por el centro de la ciudad costera, pasando por la puerta de la Municipalidad. 

“¿Por qué no van a los bunker narcos?”

Frente al municipio, con gran presencia policial, Marta Montero, mamá de Lucía Pérez (víctima de 2016 que provocó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país) tomó el megáfono y dijo: “¿Por qué en lugar de cuidar vienen a hostigarnos con la policía, por qué no van a ver los bunkers narcos que hay? ¿Por qué no se fijan en quienes nos matan a nuestras hijas?”.

Marta con megáfono: “Dos de los crímenes fueron narcofemicidios”.

Más tarde explicará a lavaca: “Hubo cuatro mujeres muertas en tres meses, dos de esos crímenes fueron narco femicidios, están relacionados con drogas: el de Rocío y el de Bettiana”. 

La marcha se había empezado a convocar mientras Rocío Belén Fernández, 27 años, aún estaba desaparecida. Lo estuvo durante 5 días. El último miércoles encontraron su cuerpo sin vida, dentro de una heladera, asesinada a golpes. “Hubo que velarla a cajón cerrado”, dice Marta, que acompañó a la familia de Rocío durante la búsqueda. 

La encontraron por un mensaje que Rocío le mandó a un amigo mencionándole dónde estaba. En ese lugar encontraron su cuerpo. Por el crimen la policía detuvo a Juan Carlos Galarregui, 56 años, dueño de esa casa, que había escapado. Lo capturaron en Santa Clara del Mar, cuando estaba por tomar un micro con destino a la ciudad de Buenos Aires. Vecinos dijeron a medios locales que de esa casa no paraba de entrar y salir gente y lo relacionaron con venta de drogas.

De la terapia al crimen

Un día antes, mientras aún se buscaba a Rocío, y se difundía su foto en una conferencia de prensa, llegó la noticia de que Betiana Soledad Moreira, 39 años, había muerto. Estaba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos desde hacía casi un mes producto de haber sido atacada a puñaladas en el pecho, espalda y piernas por su pareja, Roberto Daniel Martirena de 45 años. 

Las manifestantes y una imagen que trata de expresar lo que se vive (y lo que se muere) en Mar del Plata.

Betiana era de Santa Fe, había llegado a Mar del Plata para estar en un establecimiento que la ayudase a recuperarse de su adicción. Se fue de ese lugar, y conoció a quien terminó matándola. Betiana tenía 8 hijos. Su hermana, María, declaró al medio Power Max: “Sus chicos esperaban que ella se recupere, que se cure allá, que vuelva sana y se vaya a vivir con ellos, y eso no sucedió”. 

Verónica Ercilia Martínez, de 55 años, había sido asesinada a puñaladas el 21 de julio en su casa. Tenía un hijo. Su ex pareja, Sebastián Gayoso de 75 años, fue detenido en Pilar e imputado por femicidio. 

Dos meses antes, el 29 de mayo, había sido asesinada también a puñaladas Talía Abigail Aragón, de 27 años. Tenía 2 hijos. Su pareja, Lucas Emanuel Giménez, de 43 años, está detenido e imputado por femicidio. El fiscal Fernando Berlingeri investiga el caso, también el de Rocío. 

“La marcha de hoy fue gigante y yo me pregunto: ¿cómo no va a ser gigante? La gente está harta de que te maten, lo hacen como si no existieras, te borran del mapa”, dice Marta Montero.

Mientras habla le llega un mensaje: hay otra chica desaparecida. Marta y la Campaña Somos Lucía se han transformado en una referencia crucial en estos casos para familias desesperadas que buscan ayuda. El mensaje que recibe es sobre Florencia Milagros Villarino, de 24 años, de quien no se sabe nada desde hace dos días. “Ya mismo nos ponemos a difundir, hay que encontrarla”, dice, y no para. 

Posdata

Tres días después de la publicación de esta nota, el lunes 12 en lavaca, Florencia apareció viva. Es la principal noticia que dar.

La fiscalía a cargo de la investigación del crimen de esta referente de derechos humanos ordenó hoy la detención de su hijo Fernando (ambos en la foto). La noticia se conoció en el momento en que se estaba llevando a cabo el acto para exigir verdad y justicia. El comunicado de la fiscalía declara que tiene elementos “profusos y contundentes” que prueban su participación. La tremenda historia de violencia que marcó a esta familia.

La fiscalía a cargo de Juan Pablo Klinger ordenó hoy la imputación y detención de Fernando Albareda, hijo de Susana Beatriz Montoya, brutalmente asesinada el 1 de agosto en su casa de la ciudad de Córdoba. Esta familia que representa un símbolo de la violencia del terrorismo de Estado, abre así un nuevo capítulo sobre las consecuencias actuales de estas heridas sociales. Quizás uno de los más difíciles de procesar por cómo impacta en la actual coyuntura política y por cómo, dónde y con quién vamos a reflexionar sobre esto.

Un primer síntoma es la respuesta de HIJOS Córdoba: “No vamos a dar declaraciones porque estamos emocionalmente impactados”.

La versión y los hechos

Hasta la noticia de hoy, el relato que había hecho Fernando Albareda sobre la muerte de su madre era el siguiente.

Todo el viernes había estado llamando por teléfono a su mamá para preguntarle cómo le había ido en sus estudios. El día anterior la había acompañado al cardiólogo, quien le recomendó que se hiciera algunos chequeos. 

Susana no le respondió.

Luego de ir a buscar a su hijo donde juega al fútbol, Fernando fue a la casa de su madre, en el barrio Ampliación Poeta Lugones. Las ventanas estaban cerradas y no era lo normal, porque Susana las dejaba abiertas para que entrara el sol.

Fernando dijo que no tenía llaves de la casa y le pidió permiso a la vecina para subirse al techo: desde allí vio el cadáver de su mamá tirado en el patio, contó a la prensa.

“Le reventaron la cabeza a ladrillazos y le clavaron un cuchillo en el cuello”, declaró en eldoce.tv. 

El velorio de Susana Montoya.

La pintada

Fernando contó que había una pintada en una de las paredes de la casa, “aparentemente con lápiz labial”, que decía: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

Ahora, la fiscalía en su comunicado se refiere específicamente a esa pintada: “Cabe destacar que el informe técnico del Área de Grafocrítica de la Policía Judicial ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda”.

Una historia tremenda

Ricardo Fermín Albareda, el papá de Fernando, era subcomisario de la policía de Córdoba y militante del PRT: desde ese rol advertía y salvaba a compañeros para evitar que fueran secuestrados. Tenía 37 años cuando él mismo fue secuestrado el 25 de septiembre de 1979 por la brutal patota del Departamento 2 de Informaciones de la Policía provincial (D2). Lo llevaron al centro clandestino conocido como Casa de Hidráulica, a la vera del lago San Roque, en Villa Carlos Paz, un chalet construido en la década del ‘40 para reuniones de la Dirección Provincial de Hidráulica. 

Ricardo sigue desaparecido. Su secuestro y desaparición fueron juzgados en el segundo proceso por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, en la causa justamente conocida como “Albareda”. Uno de los testigos fue Ramón Roque Calderón, un ex policía del D2, que declaró que Albareda fue trasladado “esposado y con uniforme de policía” la medianoche del 26 de septiembre del 1979 por el entonces jefe del D2, Raúl Pedro Telleldín, y los policías Américo Pedro Romano y Hugo Cayetano Britos. Dijo que lo ataron a una silla con alambre y le “arrancaron las insignias y lo degradaron”. Que lo golpearon por horas. Y que Telleldín le cortó los testículos, se los introdujo en la boca, y le cosió los labios. Mientras Albareda se desangraba, sus torturadores y asesinos se fueron a comer un asado fuera de la casa. 

El juicio finalizó el 11 de diciembre de 2009 con las condenas a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez (entonces comandante del Tercer Cuerpo del Ejército); al jefe de la policía de Córdoba, coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos; al subdirector de la Dirección General de Inteligencia, comisario César Armando Cejas; y al exagente Britos. El excabo de policía Miguel Ángel Gómez fue condenado a 16 años. El expolicía Calixto Flores fue absuelto, pero luego Casación la revocó y lo condenó a seis años de prisión. Telleldín y Romano murieron impunes.

La causa fue paradigmática porque fue la primera condena a policías por delitos de lesa humanidad en Córdoba.

En mayo, el gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial la “reparación histórica del legajo laboral” de Albareda, en el marco de la Ley N° 10.874 de “Reparación Histórica del Legajo de los Trabajadores que fueron Víctimas del Terrorismo de Estado”, y decretó su “ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio”, al grado de Comisario.

En ese marco el Gobierno le reconoció a Susana Montoya, su viuda, los subsidios previstos y la actualización de la pensión. El destino que Susana quería para esos fondos era ayudar a sus nietos.

Este jueves, los organismos de derechos humanos de Córdoba realizaron una ronda reclamando el esclarecimiento de los hechos. La noticia de quién y cómo habría cometido el crimen los encontró durante esa misma marcha.

El medio Cba24 conversó con Ana Mohaded, la decana de la Facultad de Artes de la UNC, quien planteó la siguiente reflexión: “Fui a la ronda ampliada de los jueves. Muchísima tristeza. Pero también de nuevo la profunda certeza de que nuestro camino siempre fue y será construir un mundo mejor. El horror no es hijo de nuestro quehacer. A veces se nos infiltra, pero nuestro quehacer está basado en bajar los daños, calmar el dolor, buscar un modo en el que andar en la vida sea una experiencia disfrutable para compartir. Ahí vamos. Aunque nos cueste”.

Coronas en el velorio de Susana en Córdoba.