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Tomas, asambleas y paro en el Estado contra los despidos: lo que empieza

El gremio estatal ATE decidió realizar un paro nacional el viernes, después de un día de tomas y asambleas en distintos organismos del Estado en repudio a los despidos masivos. La lluvia no impidió las movilizaciones ante la certeza de unos 11.000 despidos en el sector público que el vocero del presidente Manuel Adorni corrigió hacia arriba: 15.000. Lo hizo en plena mañana, como una provocación más mientras las fuerzas policiales se desplegaban hacia las sedes estatales en conflicto. Nada pudo evitar ni disimular los reclamos, que derivaron en un plenario por la tarde que convocó en el paro para el viernes. Lo que se vio y escuchó en las calles, pasos futuros y pronósticos de un abril agitado.
Textos: Lucas Pedulla y Franco Ciancaglini.
Este miércoles la mañana parecía una noche. Se vieron imágenes muy diferentes en los organismos del Estado: en cada caso, trabajadoras y trabajadores que intentaban resistir o torcer de algún modo la política de desempleo impulsada por el gobierno nacional.
Hubo lugares, como el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), donde se vio una cola de personas bajo sus paraguas esperando resignadamente que les informen su situación.

Una imagen muy distinta se vio y vivió en el INADI, donde trabajadoras y trabajadores empujaron hasta vencer la resistencia policial y de la seguridad al grito de “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode”.
Así lograron instalarse dentro del edificio para llevar a cabo una asamblea.

Entre esos dos ejemplos, cada dependencia buscó su modo de plantarse frente a la situación que el gobierno parece dispuesto a seguir agravando. Un plenario de ATE realizado durante la tarde determinó la convocatoria a un paro del sector para el próximo viernes 5, que posiblemente incluya una marcha hacia el Ministerio de Economía que todavía comanda Luis Toto Caputo. La CGT también tuvo reunión, y Héctor Daer confirmó que están estudiando posibles movilizaciones y medidas (un paro) durante abril, aunque el tema se terminará de definir la semana próxima.

El día de los paraguas. En este caso, frente a Desarrollo Social.
Desempleo en Trabajo
Samanta tiene 38 años, es insulinodependiente y en julio cumpliría 10 años como trabajadora en la cartera de Trabajo –antes Ministerio, hoy relegada a Secretaría– pero previo al fin de semana largo de Pascuas recibió un mail a las cinco y media de la tarde.
“Me echaron”, dice allí, en Leandro N. Alem al 650, con lágrimas en los ojos. Así se enteró de que fue una de las 520 personas despedidas en la cartera laboral. “Trabajaba justamente en el área que reinserta en el mercado laboral a poblaciones vulnerables, llamada Dirección de Enlace con Políticas Sociolaborales. Y dependemos de una subsecretaría que no sabemos si va a estar en el próximo organigrama, porque no hay estructura nueva ni funcionarios nombrados”.
Samanta habla debajo de una lluvia que no cesa, en la puerta de la Secretaría de Trabajo, uno de los escenarios del llamado de ATE para ocupar organismos, dependencias y ministerios estatales en rechazo a los despidos, cifra que el gremio calculó en más de 11 mil familias y que al rato el vocero Manuel Adorni elevaría a 15.000. Las asambleas se replicaron también en el INADI, Desarrollo Social, ENACOM, Servicio Meteorológico Nacional, entre otras.
En Trabajo se escuchan dos cantos que acompañaron la jornada:
- “Pettovello no te lo decimos más, si nos tocan compañeros qué quilombo se va armar”.
- “Techint, basura, vos sos la dictadura”.

Foto Lina Etchesuri para Lavaca
El ministerio de Techint
Las razones de la última consigna son públicas. El actual secretario de Trabajo es Julio Cordero, que no esconde en su perfil de Linkedin que trabajaba a tiempo completo como abogado de Grupo Techint, liderado por el magnate Paolo Rocca.
Para confirmar de qué se trata todo, Rocca apareció en la lista de la revista Forbes entre los milmillonarios del mundo (5.600 millones de dólares). Es el segundo argentino, detrás de Marcos Galperín, aunque en realidad Rocca no aparece allí como argentino sino italiano. El Grupo Techint (cabeza, además, del negocio petrolero por ejemplo en Vaca Muerta) es al que le abrieron las puertas de Trabajo para colocar a su gente. Por eso allí desembarcó también Ernesto Rona, que se desempeñó durante décadas en el área de recursos humanos de la corporación. Un tercer nombre vinculado a Techint es Miguel Ángel Ponte, hombre de la ministra Sandra Pettovello en Capital Humano, ministerio del que hoy depende Trabajo.
Por eso el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirma desde el micrófono: “Rocca designó más funcionarios en el Gobierno que la propia fuerza política que ganó las elecciones. Estamos obligados a repensar viejas consignas del movimiento obrero. En los 90 decíamos que hay que fortalecer al Estado para liberar la Nación, pero hoy con Milei nos damos cuenta que si el Estado se fortalece o se debilita depende de quién lo mira. Si lo miramos de nuestro lado, decimos que están destruyendo el Estado y el servicio del pueblo, pero la AEA (Asociación Empresaria Argentina) está diciendo: felicitaciones Presidente”.

Asamblea en el hall del ENACOM.
“Hoy no termina nada”
Estima Aguiar que este esquema de despidos estatales abarca en teoría de 14 a 21.000 casos. ATE realizó un monitoreo de la situación hasta ahora, con el resultado parcial de casi 7.000 despidos:
- Anses: 1.200.
- Secretaría de Trabajo: 517
- Secretaría de Agricultura Familiar: 900
- INCAA: 170
- Ministerio de Capital Humano: 800
- Centros de Referencia de Desarrollo Social (CDR): 600
- Agencia Nacional de Discapacidad: 332
- Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf): 300
- Indec: 100
- Personal Civil de las Fuerzas Armadas: 280
- Secretaría de Comercio: 225
- Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo): 120
- Secretaría de Cultura: 208
- Nación ART: 200
- Acumar: 120
- Subsecretaría de la Mujer: 150
- Conicet: 87
- Servicio Meteorológico Nacional: 80
- Secretaría de Derechos Humanos: 12
- Administración General de Puertos: 185
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): 89
- Parques Nacionales: 79
- Vialidad: 67
- Ministerio de Economía: 26
- COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo): 25
- Secretaría de Energía: 21
- CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte): 2
- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): 40
A esos 7.000 hay que agregar el anuncio del vocero de que se llegará a 15.000.
Aguiar denuncia la militarización en muchos organismos para evitar las asambleas. “Los despidos son todos ilegales. No los vamos a aceptar. Por eso resolvimos estos ingresos masivos y simultáneos. La historia nos demostró que es con lucha la única posibilidad de revertir esta situación. Sé que hay debates, algunos que dicen que se abrió alguna mesita de diálogo para ver si reincorporamos uno o dos compañeros. Pero yo me formé en un sindicato en el sabemos que siempre perdemos, si el diálogo, si no está precedido por un plan de lucha. Por eso hoy no termina nada: hoy empieza todo. Vamos a hacer un plenario con 1.000 delegados para profundizar el plan de lucha y un paro nacional antes de que termine esta semana. No podemos, a la pérdida de derechos, sumarle la ineficacia para defendernos”.

Asamblea en la Secretaría de Derechos Humanos.
La destrucción del Estado
Bajo esta lluvia escucha Sol. Tiene 39 años, hace 20 años se desempeña en Trabajo, hace 2 es planta permanente. Calcula que “zafó” de esta tanda de despidos pero que no sabe si será una de las próximas, cuando terminen los contratos que el Estado prorrogó por otros tres meses: “Trabajo en la Dirección Nacional de Protección e Igualdad Laboral. En nuestra subsecretaría echaron a 13 personas. Es tremendo. Y en tres meses viene otra tanda. Estamos sin autoridades, acéfalos, desde que asumieron estamos boyando, sin tareas. Es desesperante. El fin es la destrucción del Estado, la desregulación absoluta. Vienen por todo”. Se le humedecen los ojos: “Tengo un hijo autista. Es un hogar monomarental. Soy yo con mi hijo. Ser trabajadora estatal es mi identidad. Amo lo que hago”.
Daniela Frencie es delegada general de la Junta Interna de ATE en Trabajo y explica a lavaca: “El sentido de este desguace está enmarcado en el plan estratégico del gobierno y del grupo económico que se hizo cargo de la cartera laboral para pegarle a políticas clave como: 1) la conciliación laboral, 2) el seguimiento de paritarias, 3) los planes de formación profesional, 4) las estrategias de políticas de igualdad laboral en el mercado de trabajo, 5) la inserción territorial que tiene este organismo para poder garantizar las políticas”.
Traduce: “Desguaza todo esto para ir por el trabajo y el derecho de todos los laburantes”.

Aguiar, con chaleco verde, durante el acto en Trabajo. Foto: Lina Etchesuri para lavaca
Eso entendieron también algunos referentes sindicales que llegaron en apoyo.
- Hugo Yasky, secretario general de la CTA de lxs Trabajadorxs: “Hay que construir un plan de lucha. La unidad no se declama, se construye con hechos”.
- Jorge Yabkowski, por la CTA Autónoma: “Le mandamos una carta a la CGT para que ponga fecha del paro. Mucho más temprano que tarde tendremos ese paro general para parar esa ofensiva”.
- Abel Furlán, secretario general de la UOM, que denuncia más de 8.000 despidos en el sector desde diciembre: “Sabemos lo que significa un telegrama en el seno de nuestras familias. Es un gobierno totalmente insensible que viene a atropellar al pueblo en general”.
- Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria: “Si el gobierno no cambia las políticas, va a ser el voto popular el que cambie al gobierno”.
A cada orador la calle le respondía el mismo canto: “Paro paro paro, paro general”.
A la calle también llegan videos o imágenes de las otras sedes. En el INADI, las trabajadoras logran vencer el cerco de la policía y entran. En la Secretaría de Derechos Humanos se realiza una asamblea masiva. Sobre Leandro N. Alem, el delegado de prensa de ATE en Trabajo, Hernán Izurieta, subraya la importancia de la medida: “Nosotros y nosotras defendemos los edificios donde trabajamos cotidianamente, las políticas públicas, los puestos de trabajo, los derechos laborales, económicos y sociales de nuestro pueblo. Quienes agreden, son violentos y quieren ver sufrir a nuestro pueblo, son los funcionarios que están dejando a miles de compañeros en la calle”.

El clima de una época.
Izurieta avisa que van a hacer un cordón para dejar entrar a lxs despedidxs y realizar la asamblea dentro del edificio. En esa fila, donde se ven rostros con mucha angustia y ojos humedecidos, Samanta está a punto de entrar a Trabajo, pero antes llega a decir a lavaca: “Arrasaron con el cupo laboral trans, con compañeros que tienen tratamiento prolongado, con enfermedades crónicas. Es deshumanizante”.
Samanta entra. Afuera, sigue lloviendo.
Evita y el capital humano
El rostro de Evita sigue estampado sobre el edificio de Desarrollo Social, que ahora es parte de “Capital Humano”. La mayoría de las ventanas de las oficinas de sus 22 pisos están sin luz. Muchas de las personas que allí trabajan se encuentran afuera, en la calle, bajo sus paraguas, concentradas en reclamo de los más de 1.200 despidos en esta dependencia.
En la puerta sobre la calle Lima, dos hombres corpulentos que se identifican como de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) dividen las filas entre las y los trabajadores “de Desarrollo” y los “de Salud”, que comparten edificio.
Del primero, 1.200 trabajadores fueron despedidos, contando este edificio, Anses y cientos de oficinas territoriales distribuidas por todo el país. De Salud, por el momento, ninguno.
“En Capital Federal ya hay 11 mil despidos con nombre y apellido y lugar de trabajo, así que protestamos para lograr su revinculación”, dijo a lavaca Daniel Tano Catalano, secretario general de ATE Capital, en la puerta del edificio de Evita. “Y sabemos que puede subir ese número ya que hubo gente que todavía no fue notificada”, adelantó minutos antes que el vocero presidencial precisara la cifra de 15.000 despidos totales al momento.
En Desarrollo, una de las políticas más desarmadas fue la de los llamados Centros de Referencia que no se encuentran en el centro porteño, sino en las distintas provincias acercando los distintos programas estatales. Dice Catalano: “Desde diciembre para acá todos los centros de referencia y los lugares de asistencia directa sobre las infancias no están recibiendo ningún tipo de estructura. Los pibes entre 3 y 4 años y los centros de asistencia, no tienen los subsidios que recibían. Las personas que tienen enfermedades crónicas no tienen medicamentos. Personas con enfermedades oncológicas tampoco… Todo se afecta”.
El Ministerio se encuentra paralizado de hecho desde el cambio de gobierno. Del subsecretario para abajo, no hay funcionarios designados, por ende no hay tareas. ¿Hay algún criterio en los despidos? Catalano: “No. Despidieron a gente con veinte, diez, treinta años de antigüedad; compañeros de planta permanente, compañeras que están embarazadas; despidieron del cupo de discapacidad, del cupo travesti trans. O sea, no hubo criterio. Armaron una franja y simplemente los echaron. No se preocuparon por ver tareas y funciones”.
La entrevista se interrumpe porque la policía irrumpe: cruza desde el Ministerio, donde estaba apostada por orden de Patricia Bullrich, hacia la plaza donde sucede la concentración. En una muestra de provocación, se paran al lado de las y los trabajadores, que no cortaban la calle, ni siquiera parcialmente. Luego de algunos empujones, los efectivos logran que nadie siquiera pise el cordón.
La sobreactuación policial, sin sentido, durará menos de 30 minutos. Se retiran, y evitan confrontaciones innecesarias, que nunca se sabe si no es su verdadero objetivo.
Políticas integradoras
José Gazpio luce una bolsa de consorcio como chaleco, pero no está haciendo una performance, sino protegiéndose de la lluvia con lo que tenía a mano. Fue despedido el miércoles pasado por mail: “Vi el correo el jueves a la mañana”, cuenta. “Lo veíamos venir, ya habían llegado comunicaciones de otras dependencias. Sabíamos de los compañeros de Anses, del Servicio Meteorológico y sabíamos que los compañeros que estábamos en Desarrollo Social, específicamente en áreas referidas a la asistencia social, como la Secretaría de Economía Social, muy vinculada al Potenciar Trabajo. Ellos no creen en el Estado en términos generales pero en lo específico sabíamos que podíamos ser destinatarios de estas medidas”.

José Gazpio: «Lo veíamos venir».
José era trabajador de la Dirección nacional de Políticas Integradoras, junto a otros 9 compañeros. Él y dos más fueron despedidos. Sus tareas: “Hasta el cambio de gobierno estábamos muy abocados a un programa llamado Plan Federal de Ferias. La idea era fortalecer ferias de la economía popular con material, instrumentos, gazebos, carteleras, articulaciones con los municipios para que los dejen trabajar, etc. Con el cambio de gobierno no tuvimos tareas, como miles de compañeros de distintos ministerios. No sabíamos quiénes eran nuestro jefes (los conocimos hace poco), nunca hablaron con nosotros de nada, de qué debíamos hacer. O sea: tampoco podían saber ellos qué hacíamos, ni por qué nos debían echar”.
José confirma que casi todas las secretarías se encuentran paralizadas. Grafica sobre lo que genera la falta de personas designadas: “El Estado es una estructura jerárquica, si no hay líneas de trabajo, quienes estamos abajo somos peones, no es que podemos tomar decisiones por nuestra cuenta ni mover expedientes”.
Con el Estado paralizado, no solo los trabajadores están sin tareas sino que las políticas de asistencia no llegan, en un contexto de desastre económico. “Si a nosotros nos dicen que esto que estábamos haciendo no es necesario, nosotros no hubiéramos tenido problema de hacer otra cosa. Pero nadie nos dijo nada. Esa fue la estrategia”.
¿Esa estrategia tuvo un criterio de despido?
Yo creo que no hay criterio. Cuando vos decís que vas a echar 70 mil tipos lo que querés es desmantelar el Estado. Por ejemplo la Datse, organismo que garantizaba el acceso a medicamentos caros a personas que no los pueden pagar, que sufren enfermedades de baja incidencia (son pocas las personas que las padecen en la sociedad). ¿Cuál es el criterio de desarmar eso? Es un crimen.
¿Cómo termina esto?
Hay un sector de la población que sigue enojado, y se dicen cosas absurdas como recesión con esperanza, con ilusión. Pero cuando el conjunto de la población empiece a no llegar a fin de mes, y tenga que recortar cosas que ya no puede recortar, tendremos más acompañamiento los sectores que estamos peleando desde el día uno.
¿Cuál va a ser la estrategia?
Hay una doble estrategia: cagarnos a piñas o militarizar todos los conflictos, y por otro lado somos todos chorros, delincuentes, y con eso desgastan, difaman, pero es imposible que este rumbo económico tenga algún futuro para la mayoría. Yo no la veo.
¿Qué ves hacia adelante, en lo laboral, en lo personal?
Yo tengo un hijo por venir, va a nacer en mayo. A mí no se me caen los anillos. Soy un laburante y voy a conseguir laburo, seguramente…
¿Y las cuentas?
Acá ganamos menos que la canasta básica, tengo dos hijos, mi compa labura como municipal y cobra la mitad o menos que yo. Pagamos alquiler, y nos alcanzaba hasta ahí, ahora menos… Será difícil conseguir laburo con estas características en este escenario donde todo el mundo está buscando laburo, o porque tiene que tener un laburo más o porque la rajaron de otro lado. Y así, aumenta la explotación. No sé si esta gente tiene algún cargo de conciencia, si piensa que la gente la está pasando mal o simplemente no le importa.
¿Vos qué creés?
Que no le importa.
Cómo se sigue
Desde abajo de un gazebo el micrófono pasa por algunos representantes sindicales. Se grita por la reincorporación de las y los despedidos. Se habla de una “violencia nunca vista” contra los trabajadores estatales. Se menciona que lo que se defiende no son solo los puestos laborales, sino la función del Estado misma, su alcance y su eficiencia. Y se vaticina que esto recién comienza.
“Vamos a hacer una asamblea en cada sector de trabajo”, dice Catalano a lavaca. “Se va a mandatar a la Seccional Capital para un paro el viernes. La idea es marchar y ver si podemos abrir la mesa de negociación para que la gente vuelva a trabajar. No vamos a prestarnos a la confrontación con la policía que propone este gobierno para preservar a las y los compañeros”.
¿Cómo sigue todo esto?
Debería ser con un movimiento obrero que nos organice para dar mejor las peleas, las organizaciones sociales siendo parte de ese debate y la estructura política en el parlamento dando los debates que deba dar y creando las condiciones para que Milei dé una vuelta de tuerca a lo que está generando que es realmente nocivo. Si no tiene resistencia, no va a revisar nada de lo que está haciendo.
¿Qué tan lejos se está de ese debate y esa estructura?
Ojalá la CGT que se junta hoy pueda brindar un día y un lugar para juntarnos y manifestar de manera colectiva. Si no, el miércoles que viene los movimientos sociales van a agarrar la calle y habrá que acompañarlos. Hay que estar en todos lados: no podemos abandonar la calle.

Foto: Lina Etchesuri para Lavaca
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Córdoba contra la reforma laboral

Córdoba amaneció este jueves paralizada y movilizada desde la madrugada y hasta después del mediodía. Cortes simultáneos y coordinados bloquearon los accesos a la ciudad desde las 6 de la mañana mientras se nutrían las columnas gremiales que marcharon hacia el centro cívico, que un cordón policial mantuvo aislado para impedir la concentración.
Se improvisó entonces un escenario desde un camión desde el cual Mariana Mandakovic, representante de Cispren –sindicato de prensa cordobés– y secretaria adjunta de la CTA, leyó uno de los dos documentos que sintetizan las exigencias de cuarenta organizaciones sindicales de todo el país. “El único antecedente similar a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Milei tuvo lugar en 1976, con la dictadura cívico militar”, denunciaron.

El palco del acto en Córdoba. (Fotos: prensa del sindicato de Aceiteros).
Entre los puntos conflictivos que la reforma laboral propone, destacaron: ruptura del sistema de negociaciones colectivas, restricciones al derecho de huelga, financiamiento de despidos con recursos del sistema de seguridad social y la institucionalización del techo salarial y los límites a las paritarias.
El otro documento estuvo dirigido al gobernador Martín Llaryora. “Las provincias están quebradas por culpa del programa económico de Milei y no por los trabajadores. No tiene que ser cobarde. Anímense a enfrentarlo”, exigieron.
El plan de acción contra la reforma laboral tendrá continuidad la próxima semana en Rosario con una movilización convocada a las 11 de la mañana del 10 de febrero. Para el día siguiente, miércoles 11, los gremios anunciaron un paro general, ya que el Senado votará el controvertido proyecto.
La movilización cordobesa fue convocada por la CGT y las dos CTA de la provincia y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) nacional. “No hay otra alternativa que la lucha y demostrar el descontento ante esta mal llamada reforma laboral que es totalmente regresiva. No tiene ningún artículo que beneficie a los trabajadores”, sintetizó Rubén Urbano, secretario general de la UOM de Córdoba.

El cerco policial frente a la movilización.
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Represión contra jubilados: La debilidad de la fuerza

El Gobierno exhibió este miércoles un nuevo signo de debilidad al reprimir otra pacífica marcha de jubiladas y jubilados. Hubo cuatro personas detenidas, 35 heridas y dos debieron ser hospitalizadas. (En la imagen de portada se ve una de las dos detenciones que sufrió el cura Paco Olveira).
A una semana de la sesión en el Senado que discutirá la aprobación de la reforma laboral, la violencia desplegada contra personas mayores, con discapacidad y trabajadores y trabajadoras de prensa se entendió como el despliegue de un show destinado a disuadir una protesta cuyos alcances no prevé.

Foto: lavaca.org
De lo contrario, no puede entenderse el absurdo de cómo el sacerdote Paco Olveira fue detenido dos veces.
O la forma en la que se llevaron en un camión del Servicio Penitenciario Federal a Miguel Ángel, un jubilado con problemas en el corazón.
O la manera en la que dos oficiales federales se llevaban a Fernando Quintero, un jubilado con muletas, al que soltaron porque empezó a convulsionar.
La violencia y la arbitrariedad de cientos de efectivos (?) contra quienes se manifestaban puede ser leída como un síntoma de la fuerza y lo genuino del reclamo.
El temor estatal al registro de esos hechos también llevó a las fuerzas a pegar y gasear a periodistas y fotógrafxs que, durante la mañana, se habían movilizado al Senado para hacer una conferencia como acción en contra de la derogación del Estatuto del Periodista.
Luego de la escenificación de la violencia, la marcha se hizo como cada miércoles, y algunos siguieron para acompañar el cabildo realizado en el Hospital Garrahan en contra del despido y persecución a las y los profesionales que lucharon por la mejora de sus condiciones laborales. Como cada jornada, también cantaron contra la CGT («a dónde está que no se ve»), cuyo Consejo Directivo se reunirá este viernes para definir si realizará alguna acción de cara al miércoles que viene.

Foto: lavaca.org
Los datos de la violencia
La Comisión por la Memoria informó que cuatro personas fueron detenidas, más de 35 resultaron heridas y dos debieron ser hospitalizadas. Los principales párrafos del informe:
“Jubilados, personas con discapacidad y manifestantes fueron víctimas de un desproporcionado dispositivo de seguridad que contó con la presencia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de detención y motorizada de la Ciudad de Buenos Aires (GAM)”.
“La Policía Federal acorraló a los manifestantes en la esquina de Callao y Rivadavia y con empujones, golpes con escudos y gas pimienta, logró desalojarlos hacia el centro de la plaza. Posteriormente, la Policía Federal armó sucesivos cordones policiales que fueron apostados sobre Av. Rivadavia hasta Avenida de Mayo y San José, donde además ubicaron un camión hidrante, que evitaba totalmente el paso de personas hacia la zona de Congreso o 9 de Julio”.
“Cuatro personas resultaron detenidas: Miguel Ángel Caly, Ivo Enríquez, Francisco “Paco” Olveira y Fidel Tomas Bravo. Más de 35 personas resultaron golpeadas o heridas por gas pimienta, padeciendo irritación en los ojos y la piel; dos de ellas tuvieron que ser hospitalizadas por crisis convulsivas, previamente atendidas por CEPA y el equipo de monitoreo de la CPM”.

Foto: lavaca.org
“En nuestra calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura monitoreamos el despliegue de las fuerzas represivas y junto al @argentinacepa asistimos a las víctimas de la represión. Esta tarea de control forma parte de las actividades desarrolladas con el @cnpt_argentina y el @mlptcaba”.
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El Garrahan movilizado frente a las amenazas oficiales: «¿qué miedo vamos a tener?»

El gobierno amenazó con nuevos despidos en el Garrahan, que el año pasado había conseguido una histórica actualización salarial del 61%. La explicación de la situación, lo que dicen las madres de los niños internados, la importación de material de descarte como si fuese una gran noticia. Las acciones, el cabildo abierto, y cómo se organiza la posibilidad de poner límites frente a los atropellos.
Por Francisco Pandolfi
El Jefe de Gabinete del gobierno nacional –y también vocero–, Manuel Adorni, lanzó este martes un tweet como nueva avanzada contra el Hospital Garrahan. Amenazó con el despido de 10 trabajadores y sancionar a otros 29, muchos de los cuales estuvieron al frente de los reclamos en 2025.
En las peleas de ayer, se sustenta la amenaza de hoy: el año pasado los trabajadores lograron un aumento salarial –histórico, inusual– del 61% en el salario básico luego de meses de protestas, asambleas y 32 huelgas.
Como respuesta al (nuevo) amedrentamiento protagonizado por Adorni se convocó a una conferencia de prensa para este miércoles al mediodía: “Nos castigan por defender al Hospital”, denunciaron en la explanada del Garrahan, símbolo de la salud pública argentina: se atienden anualmente más de 660.000 niños de todo el país, se realizan 12.000 cirugías complejas y se trata el 40% de los casos de cáncer infantil.
El sumario
En la conferencia, distintos delegados se pasan el micrófono, la palabra, las ideas, y la bronca.
Alejandro Lipcovich, administrativo y representante de ATE. Dice que el ataque es 100% político y decidido por la Casa Rosada. Y dice también que las autoridades del hospital son meros apéndices, “chirolitas” (por el antiguo muñeco de un ventrílocuo) de este poder de turno.

¿El origen del ensañamiento?: “Pocos días después de conseguir el aumento salarial se inició el proceso sumarial, que institucionalmente se supone es interno, que debe seguir una serie de pasos, que todavía no concluyó porque las personas acusadas de hechos ridículos ni siquiera habíamos sido notificadas”.
Los hechos ridículos: “Fuimos a protestar frente a la Dirección por algo tan elemental como nuestro derecho a huelga y que no nos descuenten el salario por ejercer un derecho constitucional. Atacan a los sindicatos y a los compañeros que estuvimos al frente porque el vaciamiento no cesa en el hospital, desamparando los tratamientos de los niños”.
Norma Lezana, nutricionista y Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos, hace 39 años trabaja acá: “Fuimos a la Dirección para pedir una mesa de diálogo, que alguien nos escuche; eso exigimos el 31 de octubre tras un año y cuatro meses sin respuesta. Lo que respondieron fue descontarle, a sueldos de un millón de pesos, hasta 600 mil. ¿Por qué? Por luchar ante una dirección sorda”.
¿Qué miedo vamos a tener?
Además de a Adorni, se apunta a Milei –Javier, presidente–. A Lugones –Mario, ministro de Salud–. A Pirozzo –Mariano, el interventor–. “Nosotros estamos en un proceso sumarial y el informe lo hace la sumariante Fernanda Marino, que depende del Consejo de Administración y del Poder Ejecutivo. Es escandalosa y grave esta terrible intervención del gobierno y el tweet de Adorni refleja que el proceso sumarial está totalmente viciado”, denuncia Lezana.
Agrega lo actual: “Presentamos un amparo sindical sobre el cual la justicia no se expidió, pero el Poder Ejecutivo ya determina que estamos cesanteados y deberían sacarnos los fueros, entonces no tenemos ninguna garantía. Nosotros todavía ni pudimos ejercer nuestro derecho a la defensa. Es pura arbitrariedad”.

Sentencia: “Lo que quieren hacer es privatizar nuestro hospital. Pirozzo viene acá a hacer su trabajo, lo mismo que hizo al despedir a más de 200 trabajadores del Bonaparte y más de 100 en el Sommer”.
Bárbara Acevedo es enfermera focalizada en la adolescencia. Lleva en la mano un cartel: “Abajo los sumarios, arriba el Garrahan”.
Dice: “Qué miedo vamos a tener contra las sanciones si sostenemos el hospital junto a las madres que todos los días enfrentan la enfermedad y la muerte de sus hijos; qué miedo vamos a tener si sostenemos esta realidad sobre nuestros hombros”.
Una de esas madres está acá y se llama Florencia, es de Tierra del Fuego y es la mamá de Simón. Simón está internado desde hace varios meses, tiene leucemia y acaba de recibir un trasplante de médula. Florencia dice, entre lágrimas: “Gracias a estos profesionales Simón está vivo, ellos le salvaron la vida en un momento en que el hospital se está quedando sin médicos, enfermeros, farmacéuticos”.
Importando lo que no funciona
Una de las enfermeras que conoce a Simón es Mercedes “Meche” Méndez, enfermera de Cuidados Paliativos del Garrahan. Pone el foco en otro tweet de Adorni, publicado este lunes: “A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado. Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos. Fin”.
Meche dice a lavaca: “Es aberrante, criminal y ya lo vivimos en los noventa. Te mandan lo que en otros países del supuesto primer mundo está en desuso y no funciona bien. Implica una falta de seguridad absoluta, tanto para el profesional como para el paciente. No es una mejor calidad en la salud, al contrario. Nosotros debemos aspirar a un hospital con los mejores equipos, no el descarte. Esto es muy peligroso”.
Por la tarde, las y los trabajadores hicieron un cabildo abierto junto a distintas organizaciones para compartir distintas miradas sobre la reforma laboral que el gobierno aspira a que se apruebe en el Congreso.
Definieron hacer una asamblea interna el lunes y ahí determinar los pasos a seguir. Explica Norma Lezana: “No estamos cesanteados, ni suspendidos. Acá estamos, fuertes, en la lucha y en alerta. Ayer temblé cuando recibí la notificación y hoy, con esta convocatoria masiva, tengo la certeza de que acá hay valentía para pelear y seguir defendiendo el hospital”.


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