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Una corporación contra los vecinos de Esquel, primera parte: una demanda de película

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La demanda impulsada por la multinacional canadiense Meridian Gold contra seis vecinos de la Asamblea No a la Mina de Esquel es una confesión. Por primera vez se revelan allí los métodos usados por una empresa multinacional para manipular la opinión pública. Una prueba irrefutable de cómo mienten y quiénes construyen esas mentiras. La agencia de publicidad del kichnerismo, Braga Menéndez; el vocero de Carlos Menem, Jorge Azcarate y el primo del cónsul argentino en Nueva York, Raúl Timerman son revelados en esta querella como los autores de un plan destinado “a buscar el quiebre” entre los vecinos que se organizaron para resistir la instalación de una mina que contaminaría con cianuro la región. Por primera vez, también, se pueden escuchar sus “propuestas” identificando sus voces.

El 23 de marzo de 2003 los vecinos de Esquel lograron que se realizara un plebiscito para que toda la comunidad exprese su opinión sobre el proyecto de la multinacional canadiense Meridian Gold. El resultado: “no a la mina” ganó con el 81% de los votos. Seis meses después de este rotundo pronunciamiento, Meridian Gold organizó en hotel Crowne Plaza de Buenos Aires una reunión de tres jornadas, por la que abonaron 9.670 pesos más IVA, según la factura que presentaron como prueba en la causa Nº 6777/72 que iniciaron en el juzgado Nº 13, a cargo del juez Luis Alberto Schelgel. Allí se detalla que el 16, 17 y 18 de setiembre de 2003 contrataron un servicio de coffe break continuo, almuerzo para 16 personas, Internet por banda ancha, equipo de traducción simultánea inglés-castellano y viceversa, pantalla, proyector y siete micrófonos. El contenido de esa reunión no es el objetivo de la querella, sino su conclusión: intentan identificar quién o quiénes grabaron lo que allí se decía y criminalizar a la Asamblea No a la mina, que lo difundió públicamente. Las consecuencias de todo este despropósito es, en palabras del abogado del Cels Santiago Felgueras, defensor de los asambleístas demandados, “el guión de una película de Hollywood”.

Los personajes

Como detalla la minera en su presentación judicial, “entre los meses de abril y julio de 2003 contrató como consultora a la organización no gubernamental extranjera Bussines for Social Responsability (BSR) que, a fines de establecer las causas y soluciones para el conflicto, se encargaría de realizar un estudio de campo en la ciudad de Esquel, relevando opiniones, conocimientos, estados anímicos sociales e intereses de la población”. BSR se presenta en ese informe “como una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a las empresas a alcanzar resultados exitosos respetando los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente”. La integran 450 empresas, entre ellas Shell, General Motors, Brittish Petroleum y Sony y ha intervenido en todos los lugares del globo donde hubo resistencia organizada de la población

a los desmanes de las multinacionales: el norte de Perú, Nigeria, Bolivia o Venezuela son algunos de los ejemplos que ellos mismos citan.

La delegada de BSR para intervenir en el conflicto de Esquel es Christina Sabater, domiciliada en San Francisco según revela la presentación judicial y portadora de un caribeño castellano, según revelan los audios. Su nombre está al pie de la factura del Hotel Crowne Plaza.

Según detalla la querella “las personas que estando autorizadas intervinieron en las reuniones” son las siguientes:

Por Meridian Gold Holdings: Edward Colt (vicepresidente ejecutivo), Darcy Edward Marud (gerente de exploración) y Guillermo Mendoza (jefe de prensa).

Por la consultora BSR: Jim Bader, Matt Jeschke y Christina Sabater.

Por la agencia de publicidad Braga Menéndez y Asociados: Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli.

El último nombre de la lista: “El señor Jorge Azcárate, también convocado por Braga Menéndez”.

Veamos quiénes son estos criollos que jugaban de locales y qué dijeron.

Quién es quién

Braga Menéndez y Asociados es una agencia de publicidad que lleva el apellido de su mentor: Fernando Braga Menéndez. Como él mismo cuenta, “descubrió” a Néstor Kirchner cuando todos daban dos pesos por el entonces gobernador santacruceño. Braga Menéndez decidió trabajar en su campaña electoral, la que convirtió a Néstor Kichner en Presidente con el 22% de los votos, cuando su contrincante Carlos Menen se bajó del ballotage. El anuncio público de esta renuncia lo realizó el vocero del riojano, Jorge Azcárate, el participante de la reunión de Meridian Gold convocado por Braga Menéndez.

Braga Menéndez está abocado actualmente a la campaña de imagen de Cristina Kirchner.

Jorge Azcárate es el responsable de la consultora Bonaparte 48 S.A. Además de la ya mencionada participación en la campaña electoral de Menem, fue su subsecretario de Medios. trabajó para Mauricio Macri en el 2002 y fue portavoz del Grupo Dolphin, que controla a Transener y Edenor, entre otras empresas. Actualmente, es además asesor editorial de la revista Debates, cuya última portada inunda la ciudad con la imagen de Cristina Kichner y una nota que, en el mejor de los casos, formará parte de la antología de las mejores no-entrevistas de la historia del fin del periodismo.

Como neutralizar a Greenpeace

El juego de estas cínicas coincidencias no termina allí: en su página web, la agencia presenta como ejemplo de campaña institucional -en primer lugar y

con despliegue de gráfica y video- la campaña que realizó para Greenpeace. En el aviso gráfico puede verse la cara de Mario Pergolini en primerísimo plano, con un barbijo y el slogan: “la indiferencia huele como la contaminación”. Hay más: en los audios de la reunión del Crownel Plaza puede escucharse como Raúl Timerman, socio de la agencia Braga Menéndez, señala que el plan de acción ideado por la agencia contempla “contrabalancear la acción de Greenpace” en Esquel. ¿Cómo? Contratando servicios de otras ongs. “Las que nosotros identificamos son la Fundación Vida Silvestre, Cambio Democrático (menciona haber tenido una reunión con Graciela Tapia, miembro del consejo honorario), Poder Ciudadano (menciona que habló con su director, Carlos March, aunque no específica sobre qué) y FARN”. Los americanos suman un dato: “una fundación que trabaja mucho con los mapuches en la patagonia, de Cristina Miguens. Su hermano, Carlos Miguens vendió la empresa a Meridian Gold. Es como un grupo secundario, pero es para prevenir cualquier movilización sobre el tema indígena. Ella puede ser el contacto para asegurarse de estar hablando con la persona correcta.” Se trata de la Fundación Huiliches y de los Miguens del Grupo Bemberg, dueño -entre otras cosas- del Chocón y la minera Patagonia Gold. Carlos y Cristina son hijos de la fallecida cineasta María Luisa Bemberg. En el plan de acción presentado en la reunión del Hotel Crowne Plaza por la agencia Braga Menéndez, Timerman detalla qué pensaron hacer con estas ongs “creemos que van ser importante en el desarrollo de nuestra estrategia ir otorgándoles tareas. Es probable que se las contrate para determinadas actividades”.

Cómo encontrar el quiebre en la comunidad

A la reunión del Hotel Crowne Plaza realizada -reiteramos- seis meses después del rotundo pronunciamiento ciudadano del no a la mina, la agencia envió a su director de medios, Juan Carlos Malagoli. Él fue el encargado de hablar claro:

“El tema hoy es el problema con la comunidad. El 70% de la gente hoy en Esquel piensa que la compañía va a seguir avanzando. Y las cosas obvias son obvias, porque por más que digamos que estamos en pausa, el 70% del pueblo de Esquel sabe que va a seguir avanzando. Ya lo saben.”

Luego de detallar los problemas de “filtraciones” internas que los preocupan, los directivos norteamericanos de Meridian Gold, en ese inconfundible castellano gringo, enuncian el objetivo de la reunión: “cómo dar vuelta a la comunidad”. Malagoli es entonces el que explica el plan de la agencia. En primer lugar, deben realizar un diagnóstico para encontrar lo que llama “el punto de quiebre entre aquel que le importa más la ecología, aunque se muera de hambre y aquel que le importa más el dinero, como un eje absurdo y exagerado. Es decir, cuántos son esos en Esquel.” La forma ideada para realizar este diagnóstico es una encuesta que, aprovechando la coyuntura electoral provincial, los ayudará a disimular las verdaderas intenciones del sondeo. La agencia señala cuál cree que es la consultora ideal para encargarse de esta tarea: Catterberg y Asociados, que realiza habitualmente los sondeos para el radical, Carlos Maestro

“Elegimos esta consultora por su vínculo con Maestro y con el radicalismo de la provincia (…) Esta gente es muy amiga de Maestro, por lo tanto, si estamos de

acuerdo en que vamos a hacer la encuesta, esta gente hablaría con Maestro primero, antes de largar la encuesta. Tendríamos un ok de parte de ellos antes”.

Cómo llegar a Kirchner

Raúl Timerman es primo del cónsul argentino en Nuevo York, Héctor Timerman y sobrino del legendario Jacobo. Se presenta como un experto en marketing, es licenciado en Ciencias Químicas y tiene, además, un programa en Radio El Mundo, cuyo título quizá resulte premonitorio para contextualizar sin dichos: “Sin pedir permiso”.

Timerman fue el encargado de presentar, en la reunión del Hotel Crownel Plaza, un power point que presentó bajo el título de: “Cómo generar confianza”. Según sus palabras: “Cuáles son los mecanismos de generación de confianza que nosotros pensamos ejecutar”.

El primer mecanismo señalado por el plan ideado por la agencia Braga Menéndez contempla lo siguiente:

“Hay una lista de los integrantes del gobierno nacional que van a recibir la información que vamos a preparar: el ministro de planificación Julio De Vido; el secretario de minería Jorge Mayoral; el jefe de gabinete Alberto Fernández; el vocero presidencial Miguel Núñez; el secretario general de la presidencia Oscar Parilli; el secretario privado de la presidente de la Nación, Pepe Salvini y el jefe de asesores políticos del presidente de la nación Carlos Cunten. Esto se lee: Néstor Kirchner. Es decir, este es el grupo de confianza de Néstor Kirchner que nos interesa mantenerlos informados para asegurarnos que a cualquiera persona de su entorno que el Presidente consulte tenga la información”.

Malagoli amplia: “la idea es mantenerlos informados. Lo mismo que se hace con los periodistas, en este caso con los políticos”.

A continuación, se escucha el tono caribeño de Christina Sabater preguntando:

-“¿Están considerando que alguna persona de la empresa tenga contacto con esos políticos? Porque eso fue un problema: hasta ahora la empresa no ha tenido esos contactos.”

Responde Malagoli:

“Nosotros creemos que primero hay un trabajo por parte nuestra, porque ellos van a hablar con mayor tranquilidad, y van a decir una serie de cosas que ciertas o no y aunque enojen, hay que escucharlas. Es necesario que ellos se explayen y digan lo que piensan para preparar la visita donde la empresa pueda anunciar algo concreto. Esto no quiere decir que ellos no hagan lo que hace cualquier político: que corten con nosotros, llamen a Darcy (gerente de Meridian Gold), si él es el que estuviera a cargo del tema y le digan: quedate tranquilo, nosotros estamos con vos”; porque es parte de su profesión de políticos”.

Cómo ser honesto

Tal como lo especifica Meridian Gold en la querella, la corporación no había solicitado la grabación de esta reunión. De acuerdo a sus sospechas, la grabación que trascendió públicamente -y que, entre otros, los vecinos de la Asamblea de No a la mina recibieron anónimamente- corresponde exactamente al uso de los micrófonos que hizo cada participante: no se escuchan allí otras voces que no fueran las de quienes en cada momento tuvieron el uso de la palabra amplificada por los parlantes.

Es por eso que la querella presentada por la corporación tiene dos grupos de demandados. Por un lado, solicita que declare todo el personal del hotel, sonidistas y traductores que intervinieron en las jornadas. Pretenden así descubrir quién se dio cuenta que lo que allí pasaba era de interés de esa opinión pública que se pretendía manipular. Alegan que ese justiciero anónimo es responsable del delito previsto por la ley 24.766 que sanciona conductas “contrarias a los usos comerciales honestos”. Lo dicho: no hay aquí ironías, solo cínicas coincidencias.

Por otro lado, identifica a seis vecinos de Esquel -notorios por su participación y compromiso en la Asamblea No a la Mina- como responsables del delito previsto en el artículo 153 del Código Penal, que sanciona con prisión de 15 días a seis meses a quien “se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado”. Esto es: por difundir los audios que en esta página reproducimos.

La primera resolución del juez fue rechazar la demanda. El argumento: ni siquiera se entiende en la presentación a quiénes estaba Meridian Gold querellando. Sin embargo, la Cámara, apelación mediante, resolvió darle curso a la demanda.

La querella fue iniciada hace casi un año, pero los vecinos de Esquel recién se enteraron en octubre pasado, cuando les llegó la cédula de citación a los demandados. Como las actuaciones se presentaron en un tribunal de la Capital Federal, el primer inconveniente que se les presentó es el más obvio: trasladarse, conseguir abogados acreditados en esta jurisdicción, contar con el tiempo y el dinero suficiente para enfrentarse en tribunales con una corporación y todos los etcéteras de escala humana imaginables. Finalmente, concretaron el patrocinio legal del Cels, que el martes pasado solicitó al juez la postergación de la primera audiencia, ya que dos de las personas citadas acreditaban con certificados médicos estar impedidas de trasladarse: una por su avanzado embarazo y otra por una diabetes complicada. El juez, sin embargo, denegó la postergación, medida que fue apelada por los abogados.

David vs. Goliat

Por lo pronto, hasta Buenos Aires pudo llegar uno de los vecinos demandados: el abogado Gustavo Macayo. En diálogo con lavaca, fue el encargado de sintetizar la situación:

-Creo que esto no va a prosperar, la minera se ha equivocado. Es más: se ha equivocado grueso, porque nos ha permitido venir a Buenos Aires a difundir la situación. Están locos con lo que han hecho, o están desesperados.

-Resulta una paradoja que la demanda pretenda penalizar a quienes difundieron un plan secreto para manipular a la Asamblea.

– No sólo a la Asamblea, sino a toda la población de Esquel. Si uno escucha las grabaciones se da cuenta de que no sólo quieren incidir en la gente sino además en todas las figuras políticas relevantes: diputados, senadores, jefes de partidos políticos, algunos funcionarios cercanos al gobernador y al Presidente, a los que son las líneas más cercanas al ejecutivo provincial y nacional. Ellos hablan de ‘mantenerlos informados’ de los planes de la empresa, lo cual deja ver que todo el mundo está sabiendo que la empresa va a seguir adelante con el proyecto.

– ¿Cómo es que la minera pudo seguir en Esquel después de la consulta?

– A ellos la consulta se les escapó, no la pudieron parar. Nosotros hicimos muchas acciones: un amparo que está con sentencia, acciones administrativas, judiciales y legales importantes, pero que no fueron suficientes. Evidentemente estamos en una lucha muy desigual, frente a una empresa que maneja millones de dólares e influencias políticas en todos los niveles. Es una empresa que tiene mucha plata para aguantar los años que sea de desgaste, porque ellos tratan de desgastarnos a nosotros y nosotros tratamos de desgastarlos a ellos. Pero nosotros trabajamos a pulmón, sin recursos, como podríamos decir… trabajamos con una utopía que es ver si los podemos parar. Es un trabajo que no tiene ninguna financiación ni estructura y que es muy difícil, porque van surgiendo otros conflictos, como la empresa hidroeléctrica que se quiere hacer en Corcovado o el avance de otras empresas en la zona de la meseta. Surgieron un montón de concesiones mineras y la lucha se va haciendo más compleja para que una sola comunidad pueda seguir resistiendo. Y ellos siguieron avanzando, por donde pudieron seguir, siguieron.

-¿Por ejemplo?

-Se extendieron en concesiones.

-¿En el mismo Esquel?

-En toda la provincia hay más de 200 concesiones. La gobernación las siguió dando. Es más: la provincia prohibió mediante una ley la minería a cielo abierto con cianuro y la dirección provincial de mina continuó dando concesiones. Nosotros paramos el proyecto en Esquel, pero tenemos otro que está detrás de

Esquel, en otro sector de la cordillera, donde Meridian Gold hizo un intento de avanzar. También tuvimos que salir a pararlo, lo desactivamos, pero no hay ninguna seguridad de que no vayan a seguir. Esto es así, es muy complejo, muy largo y muy difícil.

-¿ Meridian Gold sigue teniendo abiertas sus oficinas?

-Ellos hoy operan con un perfil bajo. Tienen oficinas y personal, aunque se han vuelto invisibles, nadie los ve. No tienen discurso, ni vocero de prensa. A veces sacan un comunicado, pero no tienen un representante. Es que nadie quiere asumir ese papel ahora, porque la presión de los vecinos es muy fuerte.

-¿Será por eso que hicieron esta denuncia en Buenos Aires?

-Creo que ellos tratan de sacarnos a Esquel. Un poco porque acá la gente está menos enterada de lo que es la minera y también porque seguramente apuestan a desgastarnos más trayéndonos a Buenos Aires.

Lo dicho: Gustavo Macayo no se parece a Julia Roberts, pero esta querella parece una copia mejorada de aquel personaje que le valió un Oscar: Erin Brockovich

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Un año del Jujeñazo: el anticipo de la Ley Bases

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El experimento nacional con el RIGI y la Ley Bases tuvo una escala previa en Jujuy. La mirada hoy sobre lo que ocurrió hace un año con el trasfondo previsible: abuso de la violencia, de la trampa política, de las facultades delegadas al Ejecutivo y de la voracidad para el remate de bienes comunes y recursos naturales. Por Francisco Pandolfi

Junio de 2023 quedará guardado en la memoria y en las retinas de todas y todos los jujeños.

Se aprobó una reforma constitucional de manera exprés y a espaldas del pueblo.

El pueblo salió a la calle a reclamar al gobierno.

El gobierno lo reprimió ferozmente.

Alicia Chalabe, abogada que asesora a las comunidades originarias de Salinas Grandes, epicentro donde las multinacionales y los gobiernos se relamen para la extracción del litio, recuerda el fondo de la cuestión: “La reforma incorporó artículos de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura donde el oficialismo jujeño tiene mayoría, como la regulación del agua, la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no. La regulación de los bienes naturales queda sujeta a lo que disponga la provincia. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el país”.

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Noche de corte de ruta en Jujuy. La pueblada que salió a responderle al gobierno de la prepotencia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Las comunidades originarias, uno de los sectores más damnificados con la enmienda de la carta magna provincial, gestó el Tercer Malón de la Paz, que primero caminó desde la localidad de Abra Pampa hasta San Salvador de Jujuy, para intentar frenar la reforma. Al no ser escuchados y ser recibidos a los tiros, viajaron a Buenos Aires para visibilizar la situación ante el gobierno nacional. Llegaron el 1º de agosto, Día de la Pachamama, y se fueron el 16 de diciembre.

Acamparon 137 días frente a la Corte Suprema de Justicia. Exigieron tres puntos:

1) Que la Corte se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución.

2) Solicitar al Ejecutivo y al Congreso de la Nación la intervención de Jujuy.

3) Que el Poder Legislativo elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

Un año del Jujeñazo: el anticipo de la Ley Bases

El Malón de la Paz en Buenos Aires. No los recibió la Corte, los ignoraron, volvieron a cada territorio para resistir cara a cara con el extractivismo.

Hicieron huelga de hambre, se encadenaron al Palacio Judicial y al Congreso; realizaron decenas de movilizaciones; tuvieron una reunión con el entonces presidente Alberto Fernández y con un puñado de legisladores que, en concreto, no sirvieron para nada.

Se volvieron a su tierra con toda la dignidad y sin ninguna respuesta de los tres poderes, más que el destrato.

Un año después, la reforma de la Constitución continúa vigente.

Un año después, el pueblo jujeño no olvida.

Laboratorio experimental

Mercedes Sosa es profesora y la secretaria general del CEDEMS, gremio docente de secundarios y terciarios. No olvida: “A un año del jujeñazo, a un año de una represión atroz, a un año de las mutilaciones, a un año de las detenciones arbitrarias y sospechadas, a un año de prácticas de montaje y de infiltración para justificar la represión brutal; a un año, la única reflexión posible es que Jujuy fue el laboratorio, la antesala de lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Recuerda, cuando se ve por fuera y por dentro: “Todavía persisten los moretones, productos de la brutal golpiza a la que fue sometido el pueblo jujeño el año pasado; persisten los traumas, persiste el miedo a hablar. Todavía no terminamos de entender todo el aparato y el dispositivo con el que descargaron su furia represiva”.

Un año del Jujeñazo: el anticipo de la Ley Bases

La política del protocolo y la violencia, anticipada en Jujuy. Foto: Telam.

Enlaza lo que pasó, con lo que pasa: “Qué contradictorio que quienes defienden el territorio, que quienes defienden las formas ancestrales de la vida, el patrimonio natural y cultural, que quienes abogan por el derecho a la salud, a una vivienda, a la soberanía alimentaria, a un trabajo bien remunerado, sean en este momento considerados terroristas, mientras que el presidente, de manera jocosa y risueña, manifiesta en medios de comunicación internacionales que es un topo que viene a destruir al Estado… Qué contradictorio”.

Y sentencia: “La reforma constitucional de Jujuy fue la antesala de la Ley Bases, porque el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) sólo viene a devastarnos. A darle un marco jurídico a una política de saqueo. Acá estamos abatidos porque hace un año denunciamos lo que hoy está pasando en nuestro país”.

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Mercedes Sosa, en su sindicato docente. De fondo, maestros desaparecidos por la dictadura y Carlos Fuentealba, asesinado en democracia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Argentina es el cuarto productor mundial de litio, mineral no renovable que se extrae de rocas y salares de altura. Su demanda se caracteriza como un “boom mundial” al ser insumo para baterías de celulares y computadoras, así como para autos eléctricos. Por allí merodea el verdadero contenido de la flamante supuesta amistad del megamillonario norteamericano Elon Musk con Javier Milei.

En el territorio argentino actualmente existen 40 proyectos. Solo tres se encuentran en producción: uno en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y dos en la puna jujeña, en el Salar de Olaroz. Varios de los 37 proyectos restantes están en las Salinas Grandes, que comparten Jujuy y Salta. Allí, en abril de este año ya empezó la exploración del litio en la Mina Agonic por parte de la empresa Lithos Minerales del Norte. La autorización la había firmado el ex gobernador Gerardo Morales, que sigue manejando los hilos de la provincia a través de su delfín Carlos Sadir.

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Resistencia en el territorio y en la ruta, contra la reforma inconstitucional y el ninguneo a los pueblos indígenas. Foto Susy Maresca/Cítrica

¿Hay algún saldo positivo de todo esto para el pueblo jujeño? Plantea Mercedes: “A pesar del dolor, a pesar de darnos cuenta que cuando decíamos que lo que se venía para el futuro de nuestro país era este modelo extractivista, quedó una red solidaria consolidada y la certeza de que la soberanía hay que defenderla”.

¿Qué queda? “Seguir apostando por la reflexión, por la solidaridad, por el encuentro, por ayudarnos mutuamente, por sostenernos”.

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Las calles jujeñas como anticipo de lo que se vendría. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Un arma letal

Octavio Colina es uno de los voceros de Potrero de la Puna, en la localidad Abra Pampa, al norte de la provincia. Con un frío extremo en el campo donde cría a sus animales, no olvida: “Además de que la reforma no se hizo mediante la consulta libre, previa e informada hacia las comunidades como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, su inconstitucionalidad también queda manifiesta porque los constituyentes que elaboraron los cambios fueron funcionarios del mismo poder Ejecutivo, algo que lógicamente está prohibido, porque vulnera la división de poderes. Uno de ellos fue el mismo gobernador de ese entonces, Gerardo Morales. La caradurez llegó a puntos extremos y una reforma ilegal, aprobada entre gallos y medianoche que debería haberse declarado nula, sigue vigente”.

¿Qué significa en concreto esa vigencia?

Que tenemos menos derechos; hoy por cualquier cosa nos hacen contravenciones. Le da más poder al poder del gobierno y de las corporaciones. Las constituciones deben servir para que el pueblo controle al gobierno, no al revés, para que el gobierno controle, humille y desaloje como está sucediendo hoy. La reforma constituye un arma letal, porque ya no reconoce los títulos comunitarios y deja a merced de intereses privados nuestros bienes, como el agua, ahora manejado por un ente controlador. Esto no es el futuro, ya es el presente: el gobierno provincial acaba de firmar un contrato con Mekorot, una empresa de Israel que dice que nos viene a enseñar cómo administrar el agua”.

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Octavio Colina, comunero de la puna jujeña. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Colina plantea una mirada por fuera de las voces más radicales: “Nosotros no estamos en contra de que trabajen las mineras, pero sí que lo hagan responsablemente y que le quede al país lo que necesite, no lo que le conviene a las multinacionales como ahora, que pagan regalías de como máximo un 3%”. Agrega: “La reforma vino a profundizar un sistema: el gobierno provincial, junto al nacional y las multinacionales, entregan las riquezas minerales a cambio de nada. Es un saqueo que sólo deja pobreza y contaminación. Si verdaderamente pagaran lo que valen nuestros minerales, Argentina sería uno de los mejores países, sin deudas de ningún tipo, por ser tan rica en minerales, en agricultura, en ganadería. Somos un país empobrecido, con funcionarios y empresas que se llenan los bolsillos y un pueblo que recibe migajas”.

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Las bases y la guerra

José Sajama es el presidente de la comunidad aborigen de Queta, del pueblo kolla. Es comunicador indígena y nieto de descendiente de abuela malonera. No olvida: “A un año de ser violentados jurídica y físicamente, se ha profundizado el accionar violento, represivo y anti derechos en nuestra provincia. Lo que querían lograr se simboliza en el acuerdo con Mekorot, en un convenio que hasta hoy se desconoce la letra chica. Sí sabemos que vienen por el agua; pero pese a los múltiples pedidos de información, el Gobierno se llama a silencio”.

Cierra: “De esta manera, van de la mano provincia y nación, que con la Ley Bases puede lograr en la práctica modificar puntos centrales de la Constitución Nacional. Se le ha declarado la guerra al pueblo; nos quieren ver pobres, sin derechos y de rodillas. Y eso no se lo vamos a permitir”.

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Imágenes en San Salvador, Jujuy. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

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Gobierno y agrotóxicos: Caputo baja aranceles para beneficiar el uso de pesticidas que afectan la salud y el ambiente

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Glifosato, atrazina y 2-4,D son los tres venenos cuyos aranceles bajarán a menos de la mitad. Es un intento del gobierno de Javier Milei y su ministro Luis Caputo de beneficiar a las corporaciones de agrotóxicos y a los productores que los utilizan principalmente para productos transgénicos, en dosis cada vez mayores, y más patológicas. Detalles de otra medida regresiva para el medio ambiente, que busca favorece un sistema de producción contaminante, dañino y que beneficia principalmente a las grandes corporaciones del agronegocio.

Texto: Anabel Pomar

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a través de un mensaje en la red social X, anticipó medidas para “favorecer al agro”. El mensaje publicado éste lunes 8 de abril por la tarde, anunció que se producirá este mes la “baja de aranceles de herbicidas” y una “mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa”.

“Los herbicidas a base de atrazina, glifosato y 2-4,D bajarán del 35% al 12.6% (que es el Arancel Común vigente para el Mercosur). A su vez reduciremos el arancel de la Atrazina primaria, desde el 24% actual al 10.8%”, dice textualmente.

La medida, en un contexto de profunda inseguridad alimentaria y hambre, y décadas de afectaciones producto del uso de ese tipo de peligrosos agrotóxicos, pinta un escenario distópico. “El gobierno busca reducir los costos de producción de los productores individuales con el claro objetivo de incrementar la siembra de los cultivos dedicados a la exportación (maíz, soja, trigo), con ello incrementar los saldos exportables para desde allí obtener más ingresos relacionados con las retenciones a la exportación. En términos estrictamente económicos, al bajar el precio de estos herbicidas cambia la relación entre el costo del insumo y su productividad marginal. Lo que producirá un incremento en la utilización de estos insumos. Claro está, todo ello, a costa de la salud socio ambiental”, dijo a lavaca el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho. El gesto de Caputo parece responder a una realidad: no funciona la liquidación de la cosecha, lo cual es una de las patas, entre tantas, que amenazan desnudar al esquema económico del gobierno. Liberar estos precios, aunque sea a costa de la salud y de menor recaudación para el propio Estado, implica la idea de facilitar la producción de agricultores y pooles de siembra sumergidos en la creencia sobre su propia incapacidad (falsa) de cultivar sin agrotóxicos.

“El herbicida atrazina, muy soluble en el agua, es capaz de contaminar las napas y con ello el agua de bebida de todos los seres vivos. Por su parte el 2, 4 D es capaz de ser arrastrado por el viento (deriva) afectando a los cultivos circundantes de donde es aplicado. El glifosato, utilizado en la mayoría de las actividades agrícolas incluida la producción de frutas y hortalizas, contamina los alimentos, el agua y el aire que respiramos. Los tres herbicidas, parte del listado de plaguicidas altamente peligrosos, pueden producir alteraciones severas en la salud socioambiental, alteraciones endocrinas en los humanos alteraciones en el sistema nervioso, cáncer, linfoma de hodking”, resume a lavaca Souza Casadinho, que además es Coordinador Regional de la Red de Acción en plaguicidas sus Alternativas de América Latina (RAPAL)

Según estadísticas oficiales – últimos datos públicos – de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA, en 2022, Argentina importó:

ATRAZINA    21.007.820,00 (TOTAL DE KG – AÑO) desde China y USA.

GLIFOSATO   63.099.000,00 (TOTAL DE KG – AÑO) desde China y USA.

2,4 D     16.322.428,70 (TOTAL DE KG – AÑO) desde USA, China, México, Japón e India.

En un informe sectorial sobre Agroquímicos y Bioinsumos elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación, de noviembre de 2023, puede leerse: “Si se consideran parámetros internacionales, Argentina se ubica entre los países que más uso intensivo hacen de los agroquímicos 7,4 (Kg/Ha arable) en el año 2020”. El consumo en nuestro país, según esa fuente y para el mismo año, fue por USD 2.920 millones. El 76% de ese dinero, corresponde al rubro Herbicidas.

Uno x uno

Atrazina

La atrazina es un herbicida disruptor endocrino (químico capaz de dañar nuestras hormonas) que, aun en dosis muy bajas, puede causar defectos de nacimiento y daños reproductivos. También es un posible carcinógeno, con mayor evidencia en cáncer de mama y próstata.

Prohibida en cuarenta países (Fuente Rapal-dato de 2021), la atrazina (ATZ) es uno de los tres plaguicidas más utilizados de Argentina. Según un informe del 25 de septiembre de 2021 del Ministerio de Ambiente, “se han detectado desvíos del uso permitido, como, por ejemplo, su aplicación en barbechos y cultivos de soja, papa, algodón, trigo y girasol”.

En ese informe del Ministerio de Ambiente se resumen hallazgos de atrazina en aguas de lagunas de llanura pampeana, en la lluvia, en suelos, en sedimentos, en aguas de pozo de escuelas rurales y de comunidades. También hay evidencia de que está presente en verduras, frutas, peces y en leche de vaca.

La atrazina es el compuesto detectado con mayor frecuencia en diferentes cuencas hidrográficas argentinas. Esto se debe a la alta presión de su uso, su alta movilidad y persistencia. (Aparicio, De Gerónimo et at., 2015). En el agua de red no se la monitorea.

Por estos días, ese herbicida tomó nuevamente un criminal protagonismo tras el incendio en Atanor de San Nicolás, en el sector de fabricación de atrazina provocando una nube tóxica e inconmensurables daños que se suman a la más de una década de denuncias por contaminación, enfermedades y muertes en los barrios linderos.  

Glifosato

El herbicida glifosato es tal vez uno de los herbicidas más conocidos en nuestro país. La causa es sencilla. Es el más usado y también quizás el más denunciado por provocar afectaciones, no solo aquí sino en el mundo entero.

El glifosato [N-(phosphonomethyl)glycine] (GLY) es un herbicida (como indica la palabra que mata hierbas) no selectivo, de post-emergencia, de amplio espectro, ampliamente utilizado para el control de las “malas hierbas”. Introducido por Monsanto en la década de los 70 como principio activo del formulado Round Up, es posiblemente el herbicida más utilizado en la actualidad en todo el planeta.

En 2015, la IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, dependiente de la OMS), reclasificó al glifosato como clase IIA (Probable Cancerígeno en Humanos). El informe añade que hay fuertes evidencias de que la exposición a las formulaciones de base glifosato son genotóxicas; puede haber daños cromosómicos en las células sanguíneas; y que el glifosato y el ácido aminometilfosfónico (AMPA, producto de degradación del glifosato) inducen procesos de estrés oxidativo que pueden provocar muerte celular y disfunción tisular.

En nuestro país es posible encontrar residuos del herbicida con potencial carcinogénico en todo nuestro sistema ambiental. En diferentes concentraciones, en la lluvia que cae (el 80% tiene glifosato y el 34% su metabolito AMPA) en el algodón, gasas, (el 100% de todas las muestras de marcas que se venden en los comercios y supermercados dieron positivos para glifosato y AMPA). En el río Paraná y sus afluentes, tras un monitoreo en 23 puntos aparecen en los sedimentos (glifosato + AMPA) concentraciones de glifosato en proporciones tres veces mayor a la que se encuentra en un campo sembrado por soja, lo que daría a su vez cuenta de la movilidad de los componentes.

El pesticida ataca directamente también a comunidades, escuelas y personas. Por sólo mencionar un ejemplo, el 100% de participantes argentinos en la investigación internacional SPRINT sobre agrotóxicos dio positivo (glifosato en sangre). Todas las personas muestreadas tenían glifosato, aunque no lo usaran, inclusive aun viviendo lejos de los campos fumigados.

Lavaca ha cubierto las condenas y los numerosos juicios que se realizan en contra de Bayer/Monsanto, dueña del Roundup, la marca comercial más conocida del herbicida base de glifosato. Y también ha detallado cómo ese producto, pese a las evidencias que se siguen amontonando de su peligrosidad, continúa en el mercado a fuerza de lobby y fraude científico. Además de lo que representa como pérdida de dólares en un momento de crisis. Los productores quedan atrapados en un sistema presuntamente inevitable, reduciendo cada vez más sus ganancias. El detalle para todo esto: los proyectos agroecológicos han demostrado similar capacidad productiva, sin necesidad de esos gastos que afectan a quienes producen, y al país.

2,4 D

El herbicida 2,4 D, es célebremente famoso por ser uno de los componentes del “Agente Naranja” utilizado durante la Guerra de Vietnam por el ejército estadounidense. Fue clasificado en 2015 por la IARC como clase 2B, es decir, “posiblemente cancerígeno en humanos”. De altísimo riesgo, es neurotóxico, teratogénico (paladar hendido, malformaciones esqueléticas); genotóxico y disruptor endocrino.

Entre otros efectos reproductivos: disminuye el volumen de esperma y su movilidad y aumenta el porcentaje de espermatozoides anormales en trabajadores expuestos.

Asociado a la enfermedad de Parkinson, se señalan entre otros de sus efectos crónicos: bronquitis, peribronquitis, neumoesclerosis, nefrotóxico y hepatotóxico.

Es además altamente persistente. En 2014, en la ciudad santafesina de San José de la Esquina, un camión volcó 18.000 litros de ese herbicida. El Equipo Multidisciplinario de Interacción Ambiental (Emisa) de la Universidad Nacional de La Plata comprobó que los residuos del agrotóxico se registraban incluso a la vera del río Carcarañá y demostró que a casi dos años de ocurrido el derrame, la concentración del producto era hasta 100 veces más fuerte que “la tolerable”. Y aún se olía en el aire, síntoma obvio de su capacidad de seguir intoxicando sin degradarse.

La política del veneno

El biólogo, filósofo e investigador del CONICET, Guillermo Folguera, consultado por lavaca, señaló que este anuncio de reducción de aranceles para la importación tiene que ser comprendido en el contexto del “conjunto de medidas neoliberales que promueve el gobierno nacional actual pero también en cuanto a la genealogía e historia de nuestro país”.  A punto de publicar el libro Veneno en coautoría con la investigadora Paula Blois, en el que indagan sobre las políticas públicas y las relaciones de complicidad con las empresas extractivas, Folguera entiende que las políticas de los que se jactan de despreciar las políticas y el estado, no son nuevas. “En lo personal considero que se muestra un ciclo histórico muy marcado entre lo que ha significado la dictadura militar de la década del 70 y el intento por avanzar hacia el capitalismo en esta fase particular neoliberal, con un actor muy claro y muy evidente que tiene que ver con los grupos de especulación financiera, que se han metido muy fuerte en el agro, cosa que siguen profundizando”.

“Los cambios institucionales que se dieron en el gobierno de Carlos Saúl Menem promovieron los transgénicos pero también alteraron instituciones de control como SENASA. Omitieron cualquier política de prevención y ubicaron en un lugar muy secundario los cuidados ambientales y de salud. Los años siguientes han presentado a mi entender cierto carácter voluntarista en cuanto a la alternativa a los agronegocios sin meterse en el corazón, en el núcleo de este sistema que promueve la mercantilización de todo, de territorios, de cuerpos, de naturaleza, sin otra finalidad que es que cierto sectores del agro, de la especulación financiera y de las corporaciones se vean beneficiados”, concluye.

El gobierno, en el mismo mensaje de Caputo, anuncio una “mejora” en los permisos del SENASA. ¿Que implica esto?, se pregunta Casadinho y agrega: “¿Seremos más severos para aprobar el registro de un plaguicida?”. La respuesta parece obvia.

Además, incluyendo estudios de afectación a la salud donde pueda participar la sociedad civil, ¿la categorización de los plaguicidas será más exhaustiva? ¿Incluirá estudios sobre enfermedades crónicas?. Los representantes del ministerio de salud podrán participar de los estudios y en categorización toxicológica. ¿Esta mejora incluirá la prohibición de los 140 productos químicos prohibidos en otros países? ¿O será más de lo mismo? Es decir: aprobar el registro de plaguicidas sin realizar estudios en el país sobre su efecto tóxico, seguir aprobando plaguicidas altamente peligrosos, seguir aprobando plaguicidas manteniendo criterios de confidencialidad sin que la sociedad pueda conocer a fondo como se aprueban los plaguicidas, las investigaciones realizadas, así como su constitución. No estamos condenados a los plaguicidas. Es posible producir de manera rentable para los productores y generar ingresos para el país a partir de la producción agroecológica”.

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Precarizados y al borde del despido: así se apaga el fuego en Chubut

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Mientras el incendio que se inició en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut ya quemó cerca de 8 mil hectáreas y las autoridades afirman que el fuego por el momento está detenido, cientos de brigadistas y de otras áreas de los Parques Nacionales trabajan sin contrato laboral. La posibilidad de quedarse sin empleo por un decreto de Milei y el incumplimiento de Cabandié que lo podría haber evitado. La falta de respuestas de este gobierno que vacía al Estado y la pregunta sobre quién se beneficia con las llamas. Ganar al truco como forma de conservar el puesto, en un pasado donde la precarización era incluso mayor.

Desde Esquel. Texto: Francisco Pandolfi /Fotos: Nicolás Palacios

El 25 de enero a las 22.30 dos focos comenzaron el incendio en el Parque Nacional Los Alerces, que arrasó con alrededor de 8 mil hectáreas. Es la quinta vez en los últimos años (2008, 2015, 2016, 2023 y 2024) que se quema el mismo Parque; en total, cerca de 20 mil hectáreas

“El Parque está todo quemado”, dice Estela, personal técnico de Los Alerces, a cargo del área de pobladores. Está sentada en una de las miles de sombritas de esta inmensidad que cautiva a los ojos por tanta belleza, y que los hace trizas cuando lo que se ve es fuego y cenizas. En su sector laboral hay una sola persona: ella, únicamente, es el nexo con las 39 poblaciones y 57 familias que habitan el Parque Nacional.

Estela, en medio del fuego, está sin contrato.

Y no es la excepción, sino la regla.

“En total, en el Parque Nacional los Alerces somos 112 trabajadoras y trabajadores. Nada más que 112 personas para cubrir un área de más de 250 mil hectáreas, así que tenemos falencias por todos lados. Por lo menos, necesitaríamos más de la mitad, como para empezar”. 

Precarizados y al borde del despido: así se apaga el fuego en Chubut

Estela trabaja en Los Alerces hace 13 años / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

“Estamos en el aire”

No es el único problema la falta de personal. “35 brigadistas y 16 técnicos y administrativos estamos sin contrato. Yo hace 13 años que trabajo acá, tengo compañeros que están hace 20 y nunca nos pusieron en planta permanente. Siempre tuve contratos anuales, pero nuestra situación cambió tras el decreto firmado por el presidente Javier Milei”. A fines de diciembre, dio de baja los contratos del Estado firmados en 2023 y exhorta a que sólo podrán renovarse hasta 90 días. “El DNU dice hasta marzo, pero no firmamos nada, ni por tres meses. No tenemos ninguna comunicación oficial, nada que avale de manera formal que seguimos trabajando”.

Desde la asunción del nuevo gobierno, la Administración de Parques Nacionales (APN) está acéfala. Hasta el momento, no hay nadie que conduzca el organismo. En cuanto al Parque Nacional Los Alerces en particular, vive una situación parecida, ya que como no hay nadie nombrado oficialmente, el guardaparque Danilo Hernández Otaño es el intendente interino. “Es una locura la situación, la mitad del parque se quedaría sin empleados. Estamos en el aire y sin autoridades”, cuenta Estela.

Hernán Mondino conforma la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. Acaba de bajar del helicóptero luego de otro día larguísimo combatiendo al fuego. Es delegado de sus compañeros, que como él, tampoco tienen contrato. “No sólo los de este Parque; los más de 600 brigadistas a nivel nacional estamos en la misma situación de precariedad laboral; así subimos a apagar el incendio”.

“Nosotros firmamos un contrato anual a la salida de la gestión anterior, el decreto 84 de Milei dio de baja esos contratos y puso un periodo de revisión hasta marzo, pero no firmamos nada. No nos echaron y nos siguen pagando… de ahí andamos agarrados por ahora”. ¿Qué significa estar sin contrato, en relación a si se lastiman por ejemplo? “No sabemos. Por tema de seguros y ART nos dijeron que sigue todo vigente, pero es un gris”.

Hernán, delegado que se puso al hombro el reclamo / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Sin respuestas

Tanto el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, como la Autoridad de Parques Nacionales, dependen de la secretaría de Deportes, Turismo y Ambiente, desde hace días a cargo de Daniel Scioli. La cartera está bajo la órbita del Ministerio del Interior, comandado por Guillermo Francos. “Pedimos una reunión con Francos por la apertura de paritarias y no hubo ninguna respuesta para establecer con claridad la situación en la que estamos ahora. Te van llevando a definir situaciones más extremas. La temporada pasada hicimos seis, siete paros y sabemos bien que cuando se apague el fuego, olvidate: menos bola nos van a dar”.

La incertidumbre laboral es uno entre varios reclamos que encabezan las y los brigadistas, que en asamblea decidirán en las próximas horas los pasos a seguir. “Que aparezcan todos los recursos cuando hay incendios y antes no, debe ayudar a reflexionar un montón de cuestiones. En el sistema de incendios forestales el brigadista es el principal elemento, pero somos los principales precarizados. Es necesario un proyecto con los trabajadores adentro, con plenos derechos. Hoy no es que sobra nada, pero pedís un pantalón y te dan el pantalón; pedís borcegos y te dan borcegos… son cuestiones elementales que deben brindarse antes, ¿por qué esperar a que haya un incendio para que te den la ropa adecuada? En cuanto a infraestructura estamos mal, tenemos un baño para treinta personas”.

Todo tiempo pasado fue peor

Hernán tiene 39 años y repasa los derechos conquistados, así como de dónde se partió hasta llegar a la actualidad. “La visibilidad que tuvimos en los últimos años transformó lo que era el rol del brigadista, che pibe del guardaparque. Si había que ordenar la seccional, ahí iba el brigadista, lo mismo para cortar el pasto. Al protestar porque hoy los contratos son anuales, debemos recordar que hasta hace cuatro años eran trimestrales. Y no sólo eso, años atrás los hacían jugar al truco por el contrato”

¿Cómo que los hacían jugar al truco?

–Sí, la precariedad era total; el que ganaba se quedaba contratado, el que perdía, afuera.

Recuerda Estela: “Eso pasaba hace diez años atrás, o menos; los contratos eran por temporada; hubo muchísimo trabajo de ATE y de los trabajadores para revertir eso”.

Suma Hernán: “En la última gestión de Cabandié pasaron a ser contratos anuales. Sin embargo, la pelea de fondo es el pase a planta. En un discurso, Cabandié dijo que nos iba a pasar a planta, pero nunca lo hizo. Recién al final de la gestión se abrió el reconocimiento del Estado a la necesidad de pasar a planta a 450 brigadistas de todo el país, cuando a nivel nacional somos 600. Todo quedó en la nada y ahora con este gobierno…”.

Completa Estela: “El trabajador estatal va a la par de la política pública, y por eso los recortes de Milei; si no hay política pública, ¿para qué nos quiere?”. Reflexiona: “Más allá de lo que fue el gobierno de Alberto, no puedo creer que no hayamos pasado a planta todos los trabajadores del Estado en un gobierno que cree en el Estado. Dejaron una parte muy importante descuidada, al laburante, al efector de la política pública. Nos subieron el sueldo, nos mejoraron de categoría y eso fue muy importante, pero no alcanza. Nos dejaron en banda los gobiernos anteriores, no identificaron nuestra importancia”.

Estela tiene 47 años, un hijo y una hija, cuyos nombres lleva tatuados en la piel. Vela por ambos. “Todos los trabajadores que no estamos en planta permanente tenemos otra changa, un plan B por la incertidumbre de quedarnos sin laburo. Y ahora más que nunca. Soy costurera y me puse a trabajar más por si me quedo sin empleo”.

Precarizados y al borde del despido: así se apaga el fuego en Chubut

Una cuadrilla de brigadistas recién aterrizados / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Una pepa de oro

Según comunicaron desde el Parque Nacional Los Alerces, el fuego se encuentra “detenido en fase de control”, que significa que el frente de avance se detuvo “a raíz de los trabajos realizados o por efectos meteorológicos”. E informan que “284 personas están asignadas al terreno para el combate con herramientas manuales y fajas cortafuegos; con el apoyo de maquinaria vial y autobombas para evitar nuevos focos secundarios”. Sigue habiendo algunos prendidos, aunque están contenidos. Permanentemente se realiza una guardia de cenizas para evitar la multiplicación de nuevos fuegos.

Datos oficiales confirman que el 95 % de los incendios son causados por actividad humana. Este incendio, para todas las fuentes entrevistadas en esta cobertura, fue intencional, pero no hay ninguna prueba que demuestre quién fue ni por qué. “No hay dudas de que fue intencional por el lugar donde fue, que no es accesible para cualquier persona y porque se prendieron dos focos juntos –opina Hernán–. La cuestión está en saber cuál es la motivación y para eso es importante analizar el historial de los incendios en Alerces, que ya fueron varios; de hecho, en esa misma zona donde empezó, el año pasado apagamos un par de focos”. 

Añade Estela: “Fue intencional porque el área que se prendió no es de uso público, son áreas de pobladores; quien lo hizo debió conocer muy bien la zona. Todos los incendios anteriores tuvieron características similares: sabían que habría viento y que los días siguientes haría mucho calor, las condiciones perfectas para que el fuego se propague”.

Hernán profundiza sobre otro elemento: “A la intencionalidad se suma el cambio climático, la sequía, la disponibilidad de combustible; antes los incendios eran más controlables, hoy explotan por la desertificación del suelo. La palabra para definir este incendio es que el fuego se escurre, vos le hacés la faja, le hacés de todo y el fuego se escurre igual… el campo está seco, tocás al pasto y hace ‘crack’, entonces se prende al toque”.

¿Quién gana con este fuego?

–Hernán: Pienso, le busco la vuelta y no la encuentro; porque el tema inmobiliario en Parques no tiene sentido, ya que no se puede vender la tierra, es área protegida. En cuanto a negocios, por lo menos con las leyes actuales, hoy no podés hacer nada.

–Estela: No lo sé. Si vos me decís que los incendios empezaron en la era de Milei, y… te diría que la provincia podría tener sus intereses, porque el DNU habla de la posibilidad de la descentralización de organismos nacionales a las provincias, y Chubut siempre tuvo interés de crear un parque provincial. Los Alerces es una pepa de oro para todo el mundo, todos se lo pelean. Sin embargo, esto no empezó con Milei: este parque está todo quemado y no puede seguir quemándose.

¿Las flotas de aviones y helicópteros son estatales? 

–Hernán: No. Hasta mediados de enero no estaban disponibles los aéreos; son empresas contratadas, tercerizadas. Ahí entra la discusión plenamente política, por qué no los tenés vos como Estado, por qué no te armás de una flota hidrante que tenga capacidad de respuesta propia.

Las jornadas arrancan a las 7 y terminar cerca de las 18 / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Una hijaputez

El ex vicepresidente del Parques Nacionales (2015-2019), Emiliano Ezcurra, declaró en la Revista Gente que “muchas veces la forma de protestar contra el gobierno o una política de gobierno contraria a los parques nacionales o a la reducción de presupuesto para brigadistas puede generar que algunos individuos tomen venganza prendiendo fuego el bosque. Los contratos de brigadistas se renovaron solo hasta fines de marzo, entonces en protesta contra esa precariedad laboral es muy probable que haya pasado esto”.

Le responde el delegado de los brigadistas: “Quieren tener una respuesta rápida a una situación de mierda de la que en realidad no saben nada; buscan pegarle al que le sirve discursivamente, es parte del debate bajo de la política. Lo que debemos pensar es si estamos como sistema de incendio a la altura, si están los recursos disponibles y si hay políticas de incendio”. Luego de la respuesta racional, le deja paso al sentir: “Me da mucha bronca lo que dijo, porque es un montón de entrega; te duele la rodilla y tenés que patear igual; te duele algo, e igual tenés que cargar las herramientas. Este tipo simplifica lo que hacemos, diciendo que ves un humito, mandás el dron y después te tirás encima y listo, como si fuera soplar y hacer botella”.

Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Contesta Estela, directo al ex funcionario: “Los trabajadores de Parques no prendemos fuego, lo apagamos. Después que se fije la Justicia quién lo prende. Fue una hijaputez lo de esta persona, más con la situación laboral en la que estamos”. La Justicia no tiene novedades sobre la causa de este incendio. Ni tampoco sobre los fuegos anteriores. “Como se asume que son intencionales y algún día se van a cortar, no se invierte en la prevención, en la conservación. Hay que encontrar a quien los prende, pero nunca los agarran… O sea, ninguno es ninguno, en todos los incendios anteriores estamos como en este, no se supo ni se sabe nada”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1758100350152704093?s=20

Cuidar la naturaleza y a quien trabaja

En el Parque Nacional Los Alerces hay flora y fauna autóctona, hay lagos y ríos, hay montañas y poblaciones.

Y también hay laburantes precarizados, sin contrato y conectados con su hábitat.

Como Estela, que hace unos años se mudó al Parque Nacional Los Alerces: “Después del incendio habrá que esperar que crezcan los árboles; sabemos que se llenará de plantas exóticas, no nativas, y eso es grave; todo es grave, irrecuperable. Nadie que viva hoy va a volver a ver el bosque como fue. Ver al Parque quemado es lo más triste del mundo”.

Como Hernán, que nació en la localidad bonaerense de Berazategui y que eligió la Patagonia hace trece años: “Vine acá por los bosques, por los lagos, por la tranquilidad, por la paz; todo eso está en la naturaleza, hay que entender que somos parte, que hay que cuidarla. Y que otro norte, también, debe ser cuidar al que labura”.

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Por estas horas, en asamblea decidirán los pasos a seguir / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

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