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Derechos Humanos

Dagmar Hagelin: memoria de una desaparición olvidada

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Se cumplen hoy 48 años del secuestro y desaparición de la sueca Dagmar Ingrid Hagelin, de 17 años. La violencia genocida sobre mujeres, el rol de Alfredo Astiz y las repercusiones del caso en el presente.

Por Claudia Acuña, con Lucas Pedulla y Line Bankel

Tenía 17 años, recién había terminado la secundaria y en cuatro días disfrutaría su premio: un mes de vacaciones en Villa Gesell. Pero estamos en enero de 1977 en el oeste del conurbano y eso significa que  está por comenzar uno de los capítulos más violentos de esa Historia que hoy muchos quieren negar.

Si hay represión es porque antes hubo lucha, nos recuerda siempre María Galindo, y por eso a esta historia hay que darle contexto: en el triángulo conformado por tres municipios –La Matanza, Morón, Tres de Febrero– funcionaba uno de los motores de la industria nacional. Eso en aquella época significaba que todos sus obreros estaban organizados y politizados, también sus estudiantes y buena parte de la sociedad barrial. Eso –la industria argentina, la organización gremial, la politización social– es lo que comenzaron a hacer desaparecer con el golpe militar los mismos intereses que nos gobiernan hoy. Por eso mismo conviene recordar a Dagmar Ingrid Hagelin, la joven sueca de 17 años que jamás llegaría a disfrutar su premio: hoy se cumplen 48 años de sus secuestro, tortura y desaparición.

Un día de enero

Norma Susana Burgos era la viuda de Carlos Caride, una leyenda de la resistencia peronista. Con él tuvo dos hijas. La más pequeña se llamaba Victoria Eva, murió el 29 de diciembre de 1976 y quizá esa tragedia fue la que la obligó a exponerse. Lo cierto es que la secuestraron el 26 de enero de 1977 en Ramos Mejía y en la calle. La llevaron a la ESMA donde la torturaron. Luego la subieron a un auto hasta su casa ubicada en Sargento Cabral 317, de El Palomar. Eran ya las diez y media de la noche cuando el padre de Susana abrió la puerta e irrumpió la patota.

Dagmar Hagelin: memoria de una desaparición olvidada

Norma Susana Burgos, también secuestrada y testigo clave en el caso de Dagmar.

Rafael Burgos soportó el interrogatorio, contuvo el llanto de su nieta y toleró el desastre del allanamiento, mientras por la ventana observaba a su hija en el asiento trasero de uno de los autos sin patente, esposada y golpeada. Siete hombres se quedaron toda la noche en esa casa esperando que a la mañana llegara alguien a quien describieron como una mujer rubia. A las 8 en punto la que llegó fue Dagmar.

Dagmar era inteligente y rápida. Apenas vio a los hombres comenzó a correr. Detrás salieron dos a perseguirla, pero la diferencia era humillante. Cuando estaba a punto de doblar la esquina y conseguir así resguardo, uno de los lentos apoyó la rodilla en la vereda y le disparó. Dagmar cayó con la fuerza que había alcanzado su carrera. En el piso quedó el charco de sangre que brotó de su cabeza al golpear contra las piedras del baldío.

El lento que le disparó fue Alfredo Astiz.

El otro apuntó con su arma al taxista Jorge Oscar Eles, quien estaba en el garaje y con su hijo. Los bajó del auto, le pidió las llaves y abrió el baúl: ahí arrojó Astiz el cuerpo herido de Dagmar.

Los genocidas

Seis vecinos, el taxista, su esposa, los padres de Susana, entre otros testigos, describieron esta escena en los dos juicios que tuvieron que hacerse para lograr la condena. 29 miembros de la Armada fueron imputados por la desaparición forzada de Dagmar. A seis de ellos (Alfredo Astiz, Julio César Coronel, Oscar Antonio Montes, Pedro Antonio Santamaría, Lucio Francisco Rioja y Carlos Guillermo Suárez Mason) se le sumaron los agravantes de los delitos de homicidio simple en grado de tentativa, en concurso real con robo de automotor con armas al estar involucrados directamente al operativo ilegal del secuestro.

Dagmar Hagelin: memoria de una desaparición olvidada

Foto familiar de la niña Dagmar Hagelin. Intentó escapar corriendo y Alfredo Astiz le disparó y luego la arrojó al baúl de un auto robado por el grupo de tareas de la ESMA.

Estos son algunos datos reveladores de la situación actual de algunos de los condenados:

  • Ricardo Miguel Cavallo: su hijo hizo un documental titulado “Mi padre, el represor”.
  • Eugenio Bautista Vilardo: desde la prisión escribe un blog para agitar la liberación de genocidas. En diciembre de 2024 le rechazaron el pedido de ser considerado incapaz.
  • Juan Carlos Fotea: rechazaron liberarlo en mayo de 2024.
  • Miguel Ángel García Velasco: le concedieron arresto domiciliario.
  • Antonio Pernías: solicitó arresto domiciliario en 2024, pero por ahora sigue preso en la cárcel.
  • Jorge Carlos Rádice: solicitó salidas transitorias en 2024, pero en diciembre se las denegaron.
  • Jorge Eduardo Acosta: escribió desde la cárcel una carta celebrando el triunfo de Javier Milei. “Se aproxima la hora”, amenazó.
  • Diez murieron en prisión.
  • Cuatro posaron sonrientes en la foto con los diputados del oficialismo que los visitaron para urdir su liberación. Entre ellos el lento Astiz.

Las pruebas

Lo que sucedió entonces es, para estos casos, excepcional. Ragnar Hagelin, el padre de Dagmar, le pidió a ayuda a su cuñado Oscar Amerio, un suboficial del Ejército, quien apenas le describió la situación le aconsejó: “hay que moverse ya y muy rápido”.

Lo que hicieron a partir de allí fue extraordinario.

Primero hablaron con el padre de Norma y con todos los vecinos, anotando detalles, nombres y descripciones de los secuestradores y sus autos, entre otros datos. A media tarde fueron a la Brigada de Morón y les exhibieron el libro de actas donde estaba registrado el pedido de zona liberada y, lo más importante, quién lo solicitaba: la Unidad de Tareas 3.3.2 de la Armada, con base operativa en ESMA. Allí fueron.

–Soy suboficial del Ejército y sé que a mi sobrina la trajeron acá– le dijo Amerio al guardia.

El guardia transmitió el mensaje y también la respuesta:

–Váyase de acá ahora mismo y no diga nada de esto a nadie si quiere mantener su vida y su puesto.

Luego fueron a la casa del embajador sueco Bertil Kollberg: ya era medianoche y la seguridad los trató como sospechosos, por lo que decidieron presentarse al día siguiente  en la embajada. Así y a las 9 de la mañana lograron que apenas 25 horas después de su secuestro y desaparición Dagmar tuviera inmunidad diplomática, un rango de protección que la embajada comunicó formalmente y con carácter de urgente a la cancillería argentina.

El siguiente paso fue la Casa Rosada para entrevistarse con un capitán de la Armada, de apellido Pérez Millán, que trabajaba en la Secretaría de Prensa. En el libro Dagmar, mi hija, Ragnar cuenta qué respondió:

–Por suerte, señor Hagelin, tengo un camarada de armas, un hombre de la misma promoción que la mía y amigo personal, que está cumpliendo tareas en los servicios de inteligencia de la ESMA. Lo contacto para pedirle información sobre su hija. Yo también soy padre.

Tal como habían acordado, volvieron a hablar al mediodía. La respuesta fue en otro tono:

–Para tener información necesito el documento de su hija.

–Lo tenía ella cuando la secuestraron.

–Lo lamento, pero sin esa información no voy a poder averiguarle nada.

Hagelin tuvo noticias de Pérez Millán dos semanas después cuando la información del secuestro de Dagmar fue publicada en tres diarios: La Opinión, La Nación y The Buenos Aires Herald. Fue entonces cuando el capitán se comunicó para ofrecerle un intercambio de favores: necesitaba esos recortes. A cambio le dijo lo que había averiguado:

–La chica está viva, presa e incomunicada. Va a pasar mucho tiempo hasta que su familia pueda tener noticias sobre ella. Primero hay que comprobar si estaba en la cosa o no.

Dagmar Hagelin: memoria de una desaparición olvidada

Ragnar Hagelin con su hija. La embajada sueca no se ha pronunciado públicamente sobre la visita de los legisladores del oficialismo a los genocidas que secuestraron y desaparecieron a Dagmar. El embajador Torsten Ericsson se ha mostrado, en cambio, muy activo en relación a la explotación minera y al RIGI.

¿Dónde está Dagmar?

Cinco sobrevivientes declararon que vieron a Dagmar en la ESMA. Dos más testificaron que tenían conocimiento de su presencia. Otros cuatro aseguraron haber escuchado a sus secuestradores hablar de ella.

Norma Burgos la vio dos veces y esos encuentros los tuvo que revivir varias veces hasta obtener justicia: primero al padre de Dagmar apenas fue liberada de su cautiverio, luego ante las autoridades suecas, finalmente y dos veces ante la justicia argentina. Su testimonio según el crudo textual del escrito judicial:

“El 27 de enero de 1977 encontrándose en el tercer piso de la ESMA, encapuchada, con las manos esposadas a las espaldas y con los grilletes en los pies, fue trasladada hasta la habitación que oficiaba de enfermería en el sótano. Allí le fue levantada la capucha y vio que en la habitación se encontraban entre otras personas, Francis Whamond y Alfredo Astiz y acostada en una camilla Dagmar Ingrid Hagelin, consciente y con una herida un poco más arriba del arco superciliar izquierdo; su cuero cabelludo y su pelo tenían aún sangre pegada que supone había emanado de dicha herida. Dijo que Astiz agregó en ese momento que había sido él quien le había disparado el tiro que le había rozado la frente y que al ser retirada de la enfermería, entre Astiz y Whamond comentaban que «el error fue porque la suequita se parece a la Berger» –esto porque la Marina tenía información que su casa era visitada por María Antonia Berger (sobreviviente de la masacre de Trelew)–, pues si bien Berger tenía más edad que Hagelin eran muy parecidas físicamente. Indicó también que dos o tres días después fue nuevamente llevada al sótano y pudo ver por segunda vez a Hagelin quien ya a esa altura tenía un vendaje mayor en la cabeza y una de sus manos estaba esposada a la cama, lo que denotaba que había sido limpiada y objeto de alguna curación. Añadió que una semana después supo por otros detenidos que Hagelin había sido trasladada al tercer piso, encontrándose sola en una habitación contigua al baño utilizado por otros detenidos de ese piso y la pudo ver allí por última vez con un camisón o bata floreada, sin capucha”.

En sus días de cautiverio Norma vio a otra detenida-desaparecida con la camisa que tenía puesta Dagmar el día que la secuestraron. Se la pidió. Años después, ya refugiada en España, se la entregó a al padre de Dagmar.

Los testimonios ubican a Dagmar en la ESMA hasta febrero de 1977. Fue en febrero, justamente, cuando los reclamos del gobierno sueco obligaron a la Junta Militar integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti a reunirse especialmente para tratar “el tema”.

 
La justicia

El primer juicio se realizó en 1986 y probó la culpabilidad de todos los imputados, pero consideró los delitos prescriptos. El segundo, realizado el 29 de noviembre de 2017, tras anularse las leyes de impunidad, logró que la prisión perpetua sea efectiva. Habían pasado cuarenta años desde su secuestro y desaparición y los padres de Dagmar ya habían muerto.

Quien siguió todo el proceso del principio al final fue el abogado Luis Zamora, quien ahora recuerda así todo lo que significó:

“Tomé el caso en 1979 cuando estaba en el CELS, un organismo que habían formado dos abogados padres de desaparecidos: Emilio Mignone y Augusto Conte. Ahí me presentaron a los abuelos de Dagmar, Buccicardi y su esposa, encantadores: su vida pasaba por buscar a la nieta. Hagelin ya se había ido a Suecia porque lo habían amenazado. A partir de ahí empecé averiguar dónde estaba la causa y me encontré con que había avanzado en un tribunal de San Martin, algo muy poco común porque en general los habeas corpus se rechazaban. Ese tribunal se había declarado incompetente y remitido a la justicia militar. Hasta el año 84 no tuve conocimiento de qué había pasado con ese expediente. Y lo que pasó también fue excepcional: cuando la embajada presenta el testimonio de Norma Susana Burgos, esa causa va al Primer Cuerpo del Ejército, luego a la Marina y ahí pasa algo que creemos que no se hizo nunca: cita a declarar a los responsables del secuestro”. Luego, se archivó el expediente.

Zamora recuerda que la actitud de la embajada sueca fue criticada por la familia de Dagmar. Años después se supo por una investigación que realizó el periodista Ezequiel Fernández Moores, que la selección del fútbol sueca había recibido instrucciones de no pronunciarse sobre la dictadura durante su participación en el Mundial 78. Quizá por eso mismo la televisión sueca, durante la transmisión de la ceremonia de apertura, insertó imágenes de las Madres de Plaza de Mayo y un popular periódico dibujó a los jugadores de la selección con el nombre de Dagmar en las camisetas. Zamora cuenta también que durante los años de impunidad acompañó a Hagelin a reuniones en las cuales personas vinculadas a los servicios de inteligencia le prometían darle información y lo que soportaban, en cambio, eran asquerosas narraciones sobre cómo Dagmar había sido violada y torturada durante su cautiverio.

Zamora fue también el abogado de la causa por la desaparición de doce personas –entre ellas la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, y Alice Domon y Léonie Duquet, dos monjas francesas–, producto de la infiltración realizada por Alfredo Astiz. Su nombre ficticio era Gustavo Niño y se hacía pasar como familiar de una persona desaparecida. Los secuestros se produjeron entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. A una de las religiosas la secuestraron en Ramos Mejía, cerca de donde habían capturado en enero a Norma Burgos.

1977 se inicia entonces con la desaparición de Dagmar, que implicó el primer reclamo internacional a la dictadura militar y termina con la desaparición de un grupo emblemático que incluía a dos ciudadanas francesas, lo cual produjo otro grave conflicto diplomático. En ambos intervino Astiz. “Nunca lo había pensado así” se sincera Zamora. “Pero es cierto que fue uno de los años más feroces desde el punto de vista de la represión y también que Astiz no se infiltró en Montoneros, sino en las Madres…”. Hay entonces algo más en común con Dagmar: Astiz se dedicó a ejercer la violencia genocida sobre mujeres. Su cobarde participación en la Guerra de Malvinas es la pincelada que culmina su retrato.

Relaciones diplomáticas

La embajada sueca no se ha pronunciado públicamente sobre la visita de los legisladores del oficialismo a los genocidas que secuestraron y desaparecieron a Dagmar. Su embajador, Torsten Ericsson se ha mostrado, en cambio, muy activo en relación a la explotación minera: el 27 de noviembre viajó a Santa Cruz formando por primera vez parte activa de una delegación comercial a las provincias, el 15 de diciembre se reunió con el presidente de la Cámara Argentina de las Empresas Mineras (CAEM) y para finalizar el año expresó en una conferencia su entusiasmo por el Régimen  de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su ilusión de que pueda sellarse un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

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La justicia en el cuerpo

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El Equipo Argentino de Antropología Forense es una referencia internacional en la búsqueda y reconocimiento de personas desaparecidas. En este 2025 se están cumpliendo 40 años del Juicio a las Juntas que tuvo entre sus testimonios cruciales al del científico norteamericano Clyde Snow. El trabajo forense fue el que permitió identificar restos de víctimas de la dictadura, que así pudieron ser juzgados como homicidios cuando el delito de desaparición no existía. Aquella declaración de Snow fue uno de los espaldarazos para este grupo. Cómo nació, qué descubre, cómo es su trabajo cotidiano, y por qué se convirtió en un símbolo en el mundo. En tiempos complejos en los que parecería que faltan ejemplos e inspiraciones, aquí hay uno de tantos: un equipo en movimiento, que reúne la ciencia y lo social -pese a los frenos libertarios- para sostener un modelo que rompe al negacionismo y revela la verdad.

Por Lucas Pedulla.

(Publicada originalmente en la revista MU)

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Nueve relatores de Naciones Unidas ante “el grave deterioro de las libertades fundamentales” en Argentina

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Nueve relatores especiales de Naciones Unidas expresaron en una carta remitida al gobierno argentino su “seria preocupación” ante “el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023”. La carta fue enviada el 12 de mayo, pero los representantes de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la difundieron recién el viernes 11 de julio, tras dos meses de indiferencia por parte del Gobierno nacional. Recién entonces, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, se solicitó “una prórroga con el fin de dar respuesta”.

Los expertos han requerido al gobierno argentino información sobre once puntos, entre ellos:

Nueve relatores de Naciones Unidas ante “el grave deterioro de las libertades fundamentales” en Argentina

El foto reportero Pablo Grillo, tras el ataque policial sufrido el 12 de marzo.

  • “Explicar la racionalidad de los operativos policiales” y “especialmente en relación a la proporcionalidad”, es decir, la relación entre la fuerza policial desplegada y la cantidad de participantes de la manifestación.
  • También solicitan “el detalle de la cantidad del armamento usado” y el número de personas afectadas por su uso, discriminando número de mujeres, niños y niñas afectadas”.
  • Otro requerimiento: “información detallada sobre las acciones implementadas para prevenir y sancionar los actos de intimidación y estigmatización contra manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo: a) las investigaciones iniciadas sobre estos actos; b) las medidas de protección ofrecidas a las víctimas y, c) las sanciones impuestas a los responsables, si las hubiera.”
Nueve relatores de Naciones Unidas ante “el grave deterioro de las libertades fundamentales” en Argentina
  • Piden, además, información sobre “ la situación de los jueces que han sido objeto de agresiones verbales por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo” y” las medidas adoptadas para garantizar que todos los jueces de Argentina puedan ejercer sus funciones profesionales sin temor a represalias, intimidación o interferencias indebidas, de conformidad con los estándares internacionales y regionales”. Este punto está especialmente motivado por las situaciones denunciadas ante la CIDH en relación a los agravios y persecuciones que sufrieron los jueces que no convalidaron las detenciones arbitrarias ni los operativos policiales, como el caso de la jueza Karina Andrade y el juez Roberto Gallardo.
Nueve relatores de Naciones Unidas ante “el grave deterioro de las libertades fundamentales” en Argentina

La carta suscritpa por los nueve relatores especiales tiene 25 carillas. Las primeras 16 resumen los informes recibidos sobre criminalización de manifestaciones pacíficas, ataques a la prensa, uso desmedido y desproporcional de la fuerza policial, ataques a jueces y denuncias sobre personas heridas –como el caso del fotógrafo Pablo Grillo- o detenidas arbitrariamente. Luego de puntualizar la información requerida en once puntos, le adjunta al gobierno argentino el marco legal que está obligado a cumplir, entre ellos el derecho a libertad de reunión, de opinión y expresión, a la libertad y seguridad personal y a la independencia del Poder Judicial. Ese marco legal desarrollado en extenso tiene la siguiente frase introductoria: “En relación con las alegaciones anteriormente expuestas y, sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales aplicables”.

Aquí el texto completo de la carta.

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Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

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La comunidad kolla Cueva del Inca de Tilcara, Jujuy, fue desalojada aplicando un apagón eléctrico en la zona, al estilo de lo ocurrido en 1976 en el Ingenio Ledesma. La policía local destruyó las casas que están en una zona considerada Patrimonio de la Humanidad y agredió a los pobladores, que decidieron volver a sus tierras para recuperarlas. El trasfondo de los negocios inmobiliarios y mineros, el rol del poder judicial y la reflexión de la gente de Cueva del Inca.  

Por Francisco Pandolfi

Fotos: Uma Nielsen

Los desalojos de las comunidades originarias se volvieron una característica más en esta gestión del gobierno nacional. El terreno para esto lo allanó el decreto que puso fin a la Ley de Emergencia para la concreción del reconocimiento a la posesión comunitaria de tierras, que mantenía la suspensión de los despojos. Ese decreto fue firmado por Javier Milei a un año de asumir su mandato, el 10 de diciembre de 2024. La fecha no fue elegida por casualidad: se trata del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Con esa dinámica, la comunidad kolla Cueva del Inca de Tilcara, Jujuy, fue desalojada en medio de violencia y varias irregularidades este lunes 7 de julio: 

1) No fue notificada del desalojo. 

2) El despojo ocurrió a la madrugada, incumpliendo toda legalidad.

3) La policía encargada del operativo ejerció violencia física y cortó la luz eléctrica en la zona.

4) La comunidad cuenta con personería jurídica.

5) Cueva del Inca es parte de la Quebrada de Humahuaca, territorio considerado Patrimonio de la Humanidad desde 2003 por la UNESCO, por lo que está prohibido cualquier desalojo.

Este lunes a la madrugada, todo eso no importó.

Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

La reconstrucción en Tilcara, después del desalojo.

La jueza, el hotelero y la violencia

Miriam Alfaro tiene 39 años, hace artesanías y es la presidenta de la comunidad Cueva del Inca, emplazada en la Quebrada de Sarahuaico, a pocos metros del acceso por ruta nacional 9 a Tilcara. Con el viento de fondo, algunas whipalas flameando y su casa destruida, habla con lavaca: “Sin ser notificados, la jueza Liz Valdecantos Bernal ordenó al juez de paz de Tilcara, Pedro Apaza desalojarnos de nuestro territorio comunitario, que ya habían intentado desalojar en abril. Alrededor de 50 efectivos de la Policía de Jujuy, sin identificación, entraron a nuestra comunidad antes de las 6.30, todavía de noche, al grito de ‘váyanse usurpadores’ y nos desalojaron de forma muy violenta”.

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Miriam cuenta que la Policía cortó la luz y que la comunidad se quedó sin señal de comunicación. Y que luego entró a su casa derribando la puerta, insultándolos, diciéndoles narcotraficantes. “Ni bien entraron tiraron un gas lacrimógeno que cayó en mi cabeza. A un hermano lo tiraron al piso y lo golpearon, a otra hermana lo mismo. Yo tengo una discapacidad motora y cuando estaba intentando salir por voluntad propia de mi casa, un policía me jaló, me tiró al piso y se tiró encima mío. Todo fue brutal y violento, más que un desalojo parecía un allanamiento por la magnitud que ha tenido. De hecho, detuvieron a doce integrantes de la comunidad, que ya fueron liberados”. Agrega: “Fue totalmente ilegal, no solo por ser en plena oscuridad y sin notificación, sino porque tenemos todo en regla”.

La técnica utilizada para concretar el desalojo retrotrae al histórico Apagón de 1976, en plena dictadura, en el ingenio Ledesma de Libertador General San Martín, cuando se utilizó el corte masivo de luz para perseguir a trabajadores, con un saldo total de tal metodología represiva de 400 personas secuestradas, 55 de las cuales siguen desaparecidas.

Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

Miriam: ¿qué intereses hay detrás de este desalojo?

En 2017, el empresario hotelero Carlos Vázquez denunció por usurpación a uno de los integrantes de la comunidad, Javier Mamani. O sea, individualizaron el proceso. Javier siempre fue uno de los miembros más luchadores y ya no vive en nuestro territorio, pero igual vinieron a desalojarnos, en otra irregularidad del proceso. Vázquez, dueño del hotel El Canto del Viento, quiere quedarse con nuestras tierras en complicidad con el gobierno de turno, que busca hacer acá un negocio inmobiliario. Nosotros como comunidad tenemos personería jurídica, la carpeta técnica que nos exigen así como el relevamiento territorial indígena (ReTeCI, Registro Territorial de Comunidades Indígenas). Cumplimos con todos los requisitos. Y además tenemos una sentencia judicial de 2006 a nuestro favor para que el gobierno jujeño nos entregue el título comunitario. Si aun así debemos enfrentar estas situaciones es porque detrás no sólo hay intereses inmobiliarios y turísticos, sino también mineros. En los cerros de la Quebrada de Humahuaca hay muchos minerales, que no nos pertenecen a nosotros, sino a la Pachamama.

Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

¿Cómo entender la orden de la justicia?

Porque hay una mafia judicial. Es de la única manera en que se explica que un hotelero mueva tantos policías para sacarnos del foco a nosotros. Los emprendimientos privados siempre llegan a un acuerdo con el sistema judicial y con todo el gobierno provincial para quedarse con los territorios comunitarios. Acá está todo confabulado, son todos cómplices. Un ejemplo: para demoler mi casa el lunes, trajeron a los bomberos de la provincia.

La pueblada y 100 familias

El 20 de junio pasado se cumplieron dos años de que el entonces gobierno de Gerardo Morales aprobó una reforma constitucional viciada de todo tipo de irregularidades (sin consulta previa a las comunidades; debatida y votada de manera express, sin licencia de la sociedad), que derivó en el levantamiento popular más grande de la historia de la provincia, con 100 mil personas en las calles. Y en una feroz represión policial (disparos a la cabeza –4 personas perdieron la vista en uno de sus ojos–; persecución a periodistas y fotógrafos; hostigamiento a dirigentes sociales; amenazas de despidos a manifestantes; allanamientos ilegales, entre varios etcéteras).

“Esto es una consecuencia de haber estado en contra de la reforma. Quisieron avasallarnos en ese momento y siguen ahora en el gobierno de Carlos Sadir, maltratándonos, porque este no es el primer desalojo. Ya hubo otro en la localidad de Guerrero, hace unas horas quisieron desalojar una comunidad en la finca El Pongo y así muchos otros”.

En la comunidad Cuenca del Inca viven alrededor de 100 familias y hay un sitio arqueológico y cultural donde descansan los ancestros. Hay animales: llamas, cabras, ovejas, chivos. Hay plantas: cardones, churquis, sumalaguas, molles. La mayor parte de la comunidad vive de la artesanía, ganadería, albañilería y de administrar un circuito turístico que está dentro del territorio. Este miércoles, 48 horas después del desalojo, la comunidad organizada resolvió en asamblea retornar al territorio y comenzar la reconstrucción de lo destruido y en vigilia permanente. Por ahora, la Policía no volvió. 

Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

Al lado de los escombros, y junto a las paredes que poco a poco vuelven a levantarse, concluye Miriam: “Volvimos porque este es nuestro lugar y de acá no nos iremos. Vivimos dentro de una zona declarada Patrimonio de Humanidad, pero la otra cara de la moneda es la realidad que vivimos: un constante hostigamiento y persecución. La codicia del empresario Vázquez, la complicidad del poder judicial y todo un gobierno. Destruyeron mi casa y todas mis pertenencias. Ahora mismo, mientras estamos hablando, están en un depósito judicial que está dentro del hotel de este empresario. Ese hotel, hoy es un búnker donde salen y entran policías. Es una incoherencia total, que ya no nos sorprende, pero que no nos hará dejar de resistir. No vamos a permitir que nos vengan a sacar, ni nos vengan a atropellar, ni nos vengan a maltratar, ya fue suficiente todo lo que hemos pasado. Es hora de decir basta”.

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