Un chico de 17 años en un centro socioeducativo. En la foto se lo ve de pie, el más alto, en el Agote, un Día de la Madre. La desesperación por salir. El encierro en una “tumba” de castigo. La responsabilidad de los funcionarios y una muerte que podría haberse evitado. Detrás, esa madre, Liliana Basualdo, empleada doméstica, que nunca abandonó otra forma de desesperación: la búsqueda de justicia. Detalles del caso que llega a juicio desde este martes: 10 años después. El relato de Liliana que es una radiografía de muchas vidas vulnerables, y la expectativa frente a la causa.

Por Lucrecia Raimondi

El 26 de noviembre de 2014 hacía seis meses que Diego, 17 años, se encontraba con una medida de privación de su libertad ambulatoria en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”. Las últimas semanas en el Centro no estaba bien, se sentía irritable, contestaba, no acataba las normas. Estaba enojado porque el juez le había negado la libertad y el traslado. La convivencia con los otros pibes también era difícil. Quería salir. Esa mañana, por insultar a un profesor, la directora del Centro lo castigó por 48 horas en el sector de “ex ingreso”. La celda ubicada en el subsuelo era de 3 por 1,80 metros sin ventilación ni agua ni baño, entraba poca luz natural por una pequeña ventana enrejada y hermética, había una cama de hierro, un colchón de espuma.

Ese día fue de visita, a la tarde vió a su hermana y a su sobrino; a las 17:00 horas el celador lo llamaba y no se quería despedir, volvía y le daba besos a su familia, los abrazaba. Una hora y media después, la reja de su celda estaba con candado. A las 20:30 horas, el adolescente protestaba encerrado, desesperado por salir. Diego tenía un encendedor que pasó por alto dos requisas. Para intentar un traslado prendió el colchón: pasados los minutos el incendio se descontroló, a los gritos pidió auxilio entre el fuego y el humo tóxico. Los adultos que debían cuidar de su integridad se demoraron el tiempo suficiente como para que las consecuencias sobre Diego fueran irreversibles. Entrada la noche del 2 de diciembre murió solo en el Instituto del Quemado.

A la Justicia le llevó 5 años resolver el procesamiento y más de 10 años dar inicio al juicio por la muerte de Diego Iván Borjas, que vivió 17 años. El debate oral y público comenzará este martes 11 de febrero en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº5 de Capital Federal contra cuatro funcionarios del Centro “Dr. Luis Agote” y la entonces responsable de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal (DINAI) de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). Está prevista la citación de 35 testigos que declararán en al menos siete audiencias que se podrían extender hasta principios de marzo.

Diego en su décimo cumpleaños, entre sus padres.

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sennaf tenía a su cargo los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”, “Gral. Manuel Belgrano”, “Gral. San Martín” y “Dr. Manuel Rocca” bajo la órbita de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal. Tras las muertes de Diego Borjas y Lucas Simone, la DINAI fue reorganizada y los cuatro Centros se transfirieron en el año 2016 a la ciudad de Buenos Aires. La actual autoridad responsable es la Dirección Operativa de Centros Socioeducativos de Privación de Libertad Ambulatoria dependiente del Consejo de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes (CDNNYA) del Gobierno de la Ciudad.

“Un caso de esta trascendencia llega a juicio gracias al esfuerzo de Liliana Basualdo, la mamá de Diego, con nuestra representación, y el empuje que también trabajaron la querella de la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Fiscalía de Instrucción. Este es un caso que atravesó muchas instancias, incluso varias veces se recurrió a la Casación, el máximo tribunal del país, para que finalmente se habilite la etapa de juicio. A pesar de que la enorme mayoría de las pruebas en las que se fundamenta la responsabilidad de los funcionarios acusados estaban disponibles desde un primer momento. Con lo cual, hemos atravesado una resistencia bastante fuerte, por lo menos de ciertos operadores del sistema de administración de justicia, para procesar este tipo de casos que presentaban una complejidad adicional. Nos demandó mucho esfuerzo, reiteradas presentaciones, para que esto avance y que el juicio se resuelva con la mayor celeridad posible”, manifestó en diálogo con lavaca Pablo Rovatti, abogado querellante por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos que representa a la mamá de Diego Borjas.

Una muerte evitable

El Centro Agote fue protagonista de sucesivas quemas de colchones en el año 2014: una en marzo, una en octubre, dos en noviembre y tres en diciembre. Seis meses después de la muerte de Diego, en julio del 2015, Lucas Simone de 16 años murió en su habitación en el Centro Rocca por la quema de un colchón a modo de protesta. El Gobierno de la Ciudad cerró las puertas de ese Centro tras un motín ocurrido en abril del año siguiente; Pablo César Arce, director del Centro Rocca al momento de la muerte de Lucas, fue llevado a juicio y absuelto en octubre de 2024.

Durante la investigación en el Juzgado de Instrucción Nº27 de Capital Federal se demostró que la DINAI había sido informada de los incendios y su recurrencia, tanto en el Centro Agote como en otros centros. “La Dirección debió hacer una contratación directa para la una compra urgente de colchones ignífugos y reemplazar los de espuma de poliuretano. Además, en el Centro Agote se cometieron una multiplicidad de negligencias: la directora ordenó una medida de sanción en un espacio que no estaba en condiciones para su uso, las dos requisas de ese día fueron defectuosas porque Diego tenía en su poder un elemento prohibido y que era de riesgo en esa celda, el celador de guardia no estaba en su puesto y su relevo tampoco al momento del incendio, su superior no controló que estuvieran en la vigilancia de ese sector”, describió el abogado de la familia del adolescente. “Esto no tendría que haber pasado”, se lamentó su mamá Liliana, en diálogo con Lavaca.

Para el juez que procesó a los funcionarios, Diego no debió permanecer en una celda de mínimas dimensiones sin ventilación, con un colchón de un material altamente inflamable que libera gases tóxicos al arder, sin ningún tratamiento retardante de la combustión. Diego no debió tener consigo un encendedor ni debió estar solo ni la puerta debió estar cerrada con candado. “En su momento el juez expuso en el auto de procesamiento que era una trampa mortal. Cómo pudieron dejar a un chico encerrado en una celda de dos metros, con un colchón inflamable y un encendedor. Además estaba sancionado, con el riesgo de reclamo que esto genera. No hacía falta ser experto. Un funcionario que se supone que está especializado en la atención de chicos en conflicto con la ley penal, debería saberlo. Ese es el eje de las imputaciones”, aseveró Rovatti.

Por su parte, Rodrigo Borda afrontará la querella institucional por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que dentro de sus funciones solicitó al Tribunal ser parte acusadora con el objetivo de que se dirima la responsabilidad del Estado en la muerte de Borjas por las irregularidades tanto en la prevención como en la actuación frente al siniestro. El Ministerio Público Fiscal presentará su acusación desde la Fiscalía Nº5 a cargo de Juan Manuel Fernandez Buzzi.

Adultos irresponsables

Los cinco imputados en el juicio por la muerte de Diego Borjas serán indagados en un juicio oral y público por el delito de “homicidio imprudente”. Las penas van de 3 a 5 años de prisión. Si la condena es menor a tres años la ejecución de la pena podría quedar en suspenso.

Cada funcionario deberá responder según la responsabilidad y rol que cumplían al momento de la muerte del adolescente:

• Alejandra Beatriz Aguilar Pedalino, quien fuera la Directora de la DINAI, era la primera superior de los directores de los cuatro Centros de Régimen Cerrado para adolescentes en conflicto con la ley penal de CABA. Tomaba conocimiento formal de los sucesivos incendios ocurridos en el Centro Agote, que anticiparon el riesgo que finalmente se concretó en la muerte de Borjas. Por inacción incumplió con su deber de garante de la vida de los adolescentes por no tomar de inmediato todas las medidas a su alcance para la inspección, relevamiento y recambio de colchones de poliuretano por una nueva dotación de colchones ignífugos.
• La entonces directora del Centro de Régimen Cerrado “Dr. Luis Agote”, Lidia González, ordenó una medida de sanción teniendo conocimiento de la problemática de consumo de estupefacientes y los conflictos con la ley penal que tenían Diego y otros chicos. La cercanía con ellos le permitía prever el modo de reaccionar ante, por ejemplo, una sanción. La acusada decidió separar al adolescente de sus pares y ponerlo en un lugar que no se usaba porque no estaba en condiciones, lo que incrementó el riesgo de que prendiera fuego un colchón a modo de reclamo, como había sucedido en tres oportunidades anteriores. Ante la cercanía con Diego y conocer su trayectoria de vida, más los incendios previos, la circunstancia le exigía extremar los cuidados.
• Al momento de incendiar el colchón no había ningún adulto vigilando el sector de “ex ingreso” donde Diego estaba sancionado. Humberto Marcelo Fernández era el celador de turno pero al momento del incendio había pedido un relevo a Eduardo Alberto Morales. Fernández está imputado por no detectar en la requisa que Diego tenía consigo un encendedor. Por su parte Morales, que hacía el relevo, decidió ausentarse del sector para realizar otra tarea: dejó a Diego y la reja del sector bajo llave y se llevó el manojo; las llaves no tenían identificación.
• Héctor Rufino Ruiz, el encargado de guardia, era el superior de ambos celadores, debía supervisar que el sector estuviera cubierto y que los adolescentes sancionados estuvieran con vigilancia permanente.

El juez de instrucción había resuelto en el año 2019 el procesamiento de seis funcionarios por considerar que la sanción y las condiciones que le habían impuesto a Borjas no habían sido correctamente supervisadas, que habían violado los derechos de detención del adolescente. A los meses, la Cámara Nacional de Apelaciones dictaminó la falta de mérito para procesar o sobreseer a la vicedirectora. Entre 2021 y 2022 el ex secretario de la Sennaf, Gabriel Lerner, y el entonces Director Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional e Integración Federal de la Sennaf, Carlos Andrés Fagalde Fernández, fueron sobreseídos por entender la Justicia que “el rol institucional que le cupo al imputado al momento del luctuoso suceso no basta para imputar la responsabilidad penal por el mismo”.

“¿Habrán sentido su muerte?”

Diego nació en diciembre de 1993 en Cuartel V, barrio Don Sancho de José C. Paz, en la Provincia de Buenos Aires. Era hincha de River, le gustaba la música y estar en la esquina con sus amigos. Diego era muy callado. El amigo más cercano era su primo Sebastian, con quien empezó a ir a Capital. Le costaba sostener la escuela y empezó a irse de la casa cuando se agravó su situación de consumo problemático. En la MU 142 contamos su historia a cinco años de su muerte.

Liliana encontró una carta de su hijo donde fantaseaba con unas vacaciones en Pinamar: “Debió ser un deseo que él tenía, porque Diego no conocía el mar. Jamás gané bien como empleada doméstica pero es mi trabajo, es lo que aprendí a hacer y yo no tuve oportunidad de estudiar. A mí nunca me alcanzó para decir me voy al mar. Nunca fuimos a conocer nada, eso era parte también de nuestra pobreza. Al tiempo de morir Diego, uno de mis sobrinos me dice por qué no lo cremaba y lo tiraba al mar. Yo no sé, nunca pude quemarlo”.

La única hermana con la que Liliana se entendía era la mamá de sus sobrinos que “tienen problemas con la droga”. Uno de ellos era Sebastián, que cayó detenido con Diego en 2014. Liliana contó a lavaca que su sobrino “hizo un tratamiento, se curó de las adicciones, se casó y ahora está bien”. Entre las anécdotas familiares de niños abandonados y maltratados, entre los recuerdos, deslizó que a las audiencias no pensaba ir acompañada.

Liliana y el papá de Diego, Francisco, con la foto de su hijo. Es ella quien impulsó la causa por la muerte de Diego.

-¿Por qué preferís afrontar sola el juicio?

Perdón la expresión pero es que yo tengo una familia de mierda, lo siento así en el sentido de que tuve muchos problemas porque trataban a mi hijo de peste, de que era un drogadicto, que era un chorro. Lo miraban mal de pies a cabeza. Venía Dieguito y me decía: “A mí no me interesa lo que hablen”. Por eso no quiero decirle a nadie, no quiero que me acompañen porque siento que no se lo merecen. Le diría a mi mejor amiga que falleció hace dos años o a mi hermana Patricia pero vive lejos. Igual no me molesta ir sola, siempre estuve muy sola en muchas situaciones.

La ausencia de Diego la lleva en solitario, la pone muy triste, evita hablar del tema. En diciembre de 2024, a 10 años de haber perdido a su hijo, recibió la notificación del juicio: “El día que me llegó el papel lloré muchísimo. Pasaron tantos años, pero no te olvidás de tu ser amado, siempre lo llorás. No puedo hablar tanto de esto porque a mí me causa mucha angustia. Me consuelo pensando que es parte de la vida, pero esto no tenía que ser parte de mi vida, no tendría que haber pasado”.

¿El juicio puede reparar algo de tu dolor?

Yo creo que depende de cómo sea la condena. No siento que vayan a la cárcel. Lo único que a lo mejor no podrán trabajar, pero si ya son personas grandes tampoco les importa. Lo que yo me pregunto de ellos es si habrán sentido su muerte de alguna manera.

¿Por qué creés que no les afectó?

En el sanatorio nadie se acercó cuando estaba internado, fuimos con mi hija, estábamos las dos solas paralizadas, yo no sabía ni por dónde empezar ni qué tenía que hacer. En ese momento no me daba cuenta de que me evitaban. Me visitó una vez un psicólogo de la Sennaf. Después nadie más, nunca más. Es como todo, si pasan cosas, del Estado nadie se acerca.

¿Cómo imaginás ver a los funcionarios acusados?

No sé, me lo imagino como en las películas. Yo sabía que en algún momento iba a pasar esto. Es un delirio, pero de González la verdad ni siquiera me acuerdo de la cara. Lo que nunca me olvido es de sus palabras. Cuando falleció Diego, entre tanta gente que iba, ella fue a mi casa. Lo único que recuerdo que tuvo para decirme fue: “Sí Liliana, Diego venía mal”. Eso me dio la sensación de que pensaba que merecía un castigo. Solo recuerdo esa vez, que eso fue todo.

¿Para vos es una forma de resguardo no hablar sobre qué pasó con Diego?

A mí me produce mucha angustia todavía. Si me hubieras dicho que falleció en la cama de un hospital por una enfermedad, obvio que me hubiera dolido y todo lo que significa el perder un hijo. No digo que sería menos doloroso, pero lo tomaría de otra manera. De esta forma tomé dimensión de lo terrible de lo que había pasado. A su vez, cuando me preguntan qué pasó con mi hijo digo que fue un accidente en moto. Yo siempre le pido perdón a mi hijo porque me cuesta decir la manera en que falleció, porque también me produce mucha vergüenza el lugar donde estuvo. Eso pasa, más allá de que no voy a estar explicando el caso, me resulta muy vergonzoso decir que se murió en un Instituto, porque si bien para la sociedad fue un delincuente, para mí era mi hijo.

¿Qué sensación te da cuando aparecen discursos de odio contra los pibes que están en esas situaciones difíciles?

Me pongo en el lugar del otro porque a nadie le gusta que le maten a un chico que trabaja como pasó en Moreno, hay que estar de ambos lados. Pero me provoca mucho dolor cuando escucho “una rata menos”, para mí no es así, se necesita más ayuda. Me causa culpa que nosotros como padres a veces no tenemos los medios o no tuvimos la educación porque fuimos criados sin amor. Pero me da rabia cuando hablan mal porque ven a un chico juntando cartón o consumiendo piensan “qué barbaridad, dónde están los padres”. A ver, acá estoy. Mi hijo se iba así y yo estaba. Si había algo que no le hacía falta era hacer eso.

¿Qué debería hacer la sociedad y el Estado con los chicos que están vulnerables?

No sé, quisiera saber qué tendríamos que hacer nosotros como padres, con tanta droga en la calle cómo prevenirlos, me lo pregunto porque en realidad me siento más responsable como madre. Yo fui una niña golpeada, que vivía con mi abuela y me marcaban a palo, después tuve una madrastra que también me lastimó. Siento que es mentira que existe algo para la niñez, está todo muy abandonado, lo veo ahora con unos sobrinos que el servicio local no existe, funciona todo mal. Lloro tanto y es tan grande mi sufrimiento hacia la niñez, porque me toca mucho de cerca.

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse tituló así este artículo realizado especialmente para lavaca a partir del DNU 62/2025 del gobierno que busca modificar la Ley de Identidad de Género, aclarando al enviarla lo siguiente: “Con este DNU todos los adolescentes de entre 16 y 18 años pueden decidir como adultos sobre sus cuerpos, menos los adolescentes trans, lo que violenta el principio de no discriminación”. Los que se busca anular, la violación de la Convención de los Derechos del Niño, lo discriminatorio, lo ideológico, la clemencia y los perros, los peligros y una mirada hacia adelante, con el foco puesto en el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial.  

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Lo que hay no es lo que había

El Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 viene a modificar un artículo de la Ley de Identidad de Género (LIG) 26.743, prohibiendo a las personas menores de 18 años acceder a las intervenciones y tratamientos para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida.

Hasta ahora, a partir de la reforma del año 2015 del Código Civil y Comercial (CCyC), se daban tres situaciones:

1. Las personas entre 16 y 18 años podían acceder como si fueran adultos, en virtud de lo dispuesto para personas trans y no trans, de esas edades, por el art. 26 del CCyC.
2. Las personas menores de 16 años para tratamientos no quirúrgicos: debían solicitar la práctica a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y contar con asistencia de abogado del niño.
3. Las personas menores de 16 años para intervenciones quirúrgicas, además de las exigencias para las prácticas no quirúrgicas, debían contar con la conformidad de la autoridad judicial.

De esta manera, ya sea ante el abogado del niño, o ante éste y ante el juez, se cumplía con el mandato del art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño de que niños, niñas y adolescentes sean escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado.

Imagen tomada en la Marcha Antifascista y Antirracista realizada el 1º de febrero.

La violación del derecho a la libre expresión del niño y su derecho a ser escuchado

El DNU 62/2025, más allá de determinar si reúne los requisitos de “necesidad” y de “urgencia” a la luz de la doctrina jurisprudencial, viene a cercenar este derecho del niño, e incumplir esta obligación asumida por la República, al fulminar el derecho a la libre expresión del niño y su derecho a ser escuchado. Sin escuchar a ningún niño, el Presidente prohíbe por sí solo, a todos los niños, niñas y adolescentes por igual, su derecho a la salud trans, sin las distinciones que podría hacer en cada caso un juez, el derecho a acceder a la salud trans.

El carácter discriminatorio del DNU 62/2025

Resulta más que evidente que la finalidad no es la alegada defensa del interés superior del niño, sino el primer paso, traspasando ahora el discurso transfóbico y adentrándose por primera vez en el terreno jurídico, que efectiviza la ideología discriminatoria del gobierno de Milei, tributaria de ideologías foráneas como las de Trump, Vox, Orban, etc. que colisionan con el contenido de nuestro sistema jurídico.

En efecto, con esta sorpresiva y no debatida reforma, introducida en evidente represalia a la masiva Marcha Antifascista del 1° de febrero pasado,  resulta que los adolescentes de entre 16 y 18 años, pueden acceder a cualquier tratamiento, inclusive quirúrgico, sin necesidad de autorización judicial, a excepción de las personas trans.

Si una adolescente de 16 años nacida mujer, decide practicarse una cirugía de mamas para afirmar su femineidad, puede hacerlo según el art. 26 del CCyC, pero no podría ejercer el mismo derecho una adolescente trans para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida, porque se lo prohíbe la nueva redacción del art. 11 de la LIG, redacción introducida por el aquí comentado DNU de Milei. De la misma manera, podría tratarse con hormonización masculina un adolescente nacido varón que quiere afirmar su masculinidad, mas no una adolescente mujer que quiere adecuar los caracteres secundarios de su cuerpo a su identidad de género. De manera tal que, lo que pueden hacer los adolescentes cisgéneros, no lo pueden hacer los adolescentes transgéneros.

Resulta evidente que no se protege las niñeces y adolescencias, sino que se persigue, desde temprana edad, a las identidades trans. Y eso en derecho tiene un nombre: DISCRIMINACIÓN.

El DNU filicida

Se ha afirmado que «…las vulnerabilidades generales de lxs adolescentes pueden verse agravadas por el estrés de la minorización específico del colectivo LGBTI e interactuar con otros motivos de discriminación y/o estigma como la clase, la etnia o la religión. Esta combinación entre variables individuales y sociales lleva a que el riesgo de suicidio sea mucho mayor entre adolescentes y jóvenes LGBTI (Saewyc, 2011; Muraco y Russell, 2011)…” STÉFANO BARBERO, Matías y BOY, Martin: «Salud y Adolescencias LGBTI. Herramientas de abordaje integral para equipos de salud», Ministerio de Salud de la Nación, 2017, pág. 37, ISBN 978-950-38-0256-4.

Obligar a una persona de la edad que sea, a vivir en un cuerpo que es ajeno a su íntimo sentir, evidentemente afecta la salud psíquica de adolescentes, amén que la ausencia de adecuación incrementa la vulnerabilidad al bullying por razones de género.

El presidente Milei está poniendo en grave riesgo la salud de las infancias trans, por lo que sería deseable que revisara sus odios y, parafraseando a la Obispa Mariann Edgar Budde, qué agradable sería este país si Milei, por estas infancias, tuviera un poco de CLEMENCIA.

Por lo menos que tenga por nuestras niñeces trans, la clemencia que tiene por sus perros.

Conclusión

En síntesis, el DNU 62/2025 resulta inconstitucional y anticonvencional por no reunir los extremos de necesidad, ni de urgencia, cercenar el derecho a la libre expresión y el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes, incumplir la obligación de la República de garantizar ese derecho a ser oídos, resultar discriminatorio, desconoce el derecho humano a la identidad de género que la misma LIG en su art. 13 reconoce, vulnera el carácter progresivo y no regresivo de dicho derecho humano, y, finalmente y más grave, afecta el derecho humano a la salud y a la vida de las infancias trans.

Es de NECESIDAD Y URGENCIA, que el gobierno lo revoque, o que el Congreso lo rechace, o que los jueces lo declaren inconstitucional.

Pero hagan, hagan algo, porque detrás de los discursos, y atrás de las ideologías del odio, hay niñes.

Cristina Montserrat HENDRICKSE

Catorce juicios orales y públicos entrarán en etapas decisivas en este 2025, y es posible que al menos otros seis inicien sus audiencias, entre las 254 causas que están en instrucción por violaciones a los derechos humanos. La imposibilidad del negacionismo frente a crímenes concretos: asesinatos, torturas, delitos de lesa humanidad contra niños y niñas, violaciones, fusilamientos individuales y grupales, robos a las víctimas, robos de bebés, personas vivas arrojadas al mar, detenidos incendiados, entre otros delitos cometidos por el terrorismo de Estado que llegarán a condena en la medida en que se encuentre a los culpables. Cada caso podría ser en sí mismo el tema de una serie, de un libro, de una película o de alguna actualización de una historia universal de la infamia.

Lo hecho hasta aquí con respecto a los juicios, y las fechas y los detalles de cada próximo caso para entender la historia no como mero pasado, sino como aprendizaje del infierno que una sociedad puede evitar impidiendo la impunidad y logrando una modesta y crucial revolución: hacer cumplir la ley.

Por Sergio Ciancaglini

En 2024, pese a los oleajes negacionistas o simplemente hostiles hacia las políticas de derechos humanos, hubo 17 juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que llegaron a sentencia con 55 condenas y 14 absoluciones. 

Según los datos elaborados por el Ministerio Público Fiscal (a través de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad encabezada por la fiscal María Ángeles Ramos) hasta fin de 2024 se desarrollaron 668 juicios de los cuales casi la mitad (332) llegó a sentencia. Siguen instruyéndose 254 y 65 son los elevados a la espera de iniciar las sesiones orales y públicas.

Desde que se reiniciaron los juicios en 2006 hubo1.195 condenas y 196 absoluciones. Explica la Procuraduría: 

De las 3.775 personas investigadas por crímenes contra la humanidad, 1.450 (38%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 613 (16%) están detenidas bajo las siguientes modalidades:
• El 81% tiene arresto domiciliario.
• El 10% está alojado en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales.
• El 9% está detenido en su mayor parte en la Unidad Penitenciaria N°34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. También se registra la detención de una persona en una dependencia de una fuerza de seguridad federal.

Aquí, el detalle y fecha de reinicio de las audiencias de los juicios orales y públicos que continuarán durante este año con posibilidad de llegar prontamente a sentencia, y algunas de las nuevas causas que está previsto que se inicien. La lectura indica que cada caso podría ser el tema de una serie, de un libro, de una película o de alguna versión actualizada de la  Historia Universal de la Infamia.

Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS QUE CONTINUARÁN EN 2025

Megacausa Zona V – Bahía Blanca

3 de febrero, 9 horas. Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca.

Este es el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la historia de Bahía Blanca, el sur de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia entera. Se incluyen también delitos perpetrados antes, en los meses previos al golpe. Comenzó en 2022, e investiga las violaciones a los derechos humanos contra 334 personas. Durante los alegatos, una de las querellas expresó algo que es jurisprudencia al menos desde la Causa 13 (el Juicio a las Juntas militares realizado en 1985). “Decir que lo sucedido fue una guerra, no solo es jurídicamente falso, sino también éticamente aberrante y técnicamente incorrecto”.  

Los crímenes juzgados son homicidios, tormentos, privaciones ilegales de la libertad y delitos contra la integridad sexual, entre otros, ordenados y concretados desde la jefatura del V Cuerpo de Ejército, con centro en Bahía Blanca, llegando al sur de la provincia de Buenos Aires –Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino y Patagones-, y toda la Patagonia: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Fallecieron 13 de los acusados desde que comenzó el juicio. Quedan 38 ex militares que integraron el Comando del V Cuerpo de Ejército, y dos profesionales de la salud del centro clandestino La Escuelita, cuya función era prolongar las prácticas de torturas contra las víctimas.

Los jueces sonErnesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido.

La fiscalía está a cargo de Miguel Palazzani, con los auxiliares fiscales José Nebbia, Pablo Fermento y Paula Molini.

Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Juicio Saint Amant IV – San Nicolás

11 de febrero a las 9 horas, Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario

El cuarto tramo de este juicio se inició en marzo del año pasado, para investigar delitos contra 74 personas durante el período del terrorismo de estado en jurisdicción del Área Militar 132; gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires. La causa lleva el nombre del ex coronel Manuel Saint Amant, que conducía esa área Militar y murió en 2016 en el penal de Ezeiza cumpliendo la prisión perpetua que le aplicó la justicia tras ser condenado en el primer juicio instruido por este tema. Luego otros 16 represores fueron condenados en diferentes segmentos de la causa, que entra en su cuarta etapa, con violaciones a los derechos humanos en San Nicolás, Baradero, San Pedro, Ramallo y Pergamino.

El tribunal está formado porRomán Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario.

El fiscal es Adolfo Villatte, con al auxiliar fiscal Juan Patricio Murray.

Los imputados son ex integrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás: Antonio Federico Bossie (ex capitán, oficial de Operaciones y de Inteligencia), Guillermo Aníbal Piccione (ex capitán, oficial de Logística y de Personal) y Bernardo Luis Landa (ex teniente primero, oficial de Logística); el exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás Omar Andrada (ex teniente coronel, fue jefe del organismo); los ex cabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hugo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los ex oficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi.

La causa investiga crímenes contra trabajadores, delegados y militantes gremiales –UOM, Sindicato de Comercio, CGT– de esa zona bonaerense, integrantes de partidos políticos y también militantes católicos.

Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Juicio Área 400 y acumuladas II – Megacausa Campo de Mayo

11 de febrero, 9.30 horas. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín

La causa investiga los crímenes de lesa humanidad contra 15 víctimas en la guarnición militar de Campo de Mayo.

Hay tres imputados: el ex comisario de la seccional 2º de Villa Ballester, Carlos Daniel Caimi; el ex jefe de Personal de la plana mayor del área militar 400, Luis Pacífico Britos; y Horacio Rafael Sánchez, ex teniente primero designado como jefe de la Compañía Destino de la Escuela para Apoyo para el Combate General Lemos.

En el primer juicio se llegó a 19 condenas en 2022: 10 miembros del Ejército, Gendarmería, Policía Bonaerense y la Armada recibieron perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 350 personas. Otros nueve tuvieron entre 4 y 22 años de prisión. Los delitos: privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, allanamiento ilegal, robo, abuso deshonesto, violación y homicidios.

El tribunal: Silvina Mayorga, Daniel Omar Gutiérrez y María Claudia Morgese Martín. La fiscalía está a cargo de Marcelo García Berro y la auxiliar fiscal Gabriela Sosti.

Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Juicio Mansión Seré IV – San Martín

11 de febrero, 12 horas. Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín.

Este juicio unifica dos causas. Una aborda 127 casos de víctimas de privación ilegítima de la libertad y tormentos en el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense, integrado por los centros clandestinos de detención Mansión Seré, la I Brigada Aérea de Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la Comisaría de Castelar, la Comisaría de Haedo, la Comisaría 1ª de Morón, el Destacamento de Paso del Rey, la VII Brigada Área de Moreno, la Subcomisaria de Francisco Álvarez y la Comisaría de Moreno, aunque no todos forman parte de estas audiencias. La otra causa incluida se refiere a las privaciones ilegítimas de la libertad de tres personas por las cuales fue requerido a juicio el ex cabo de inteligencia de la Fuerza Aérea, Vázquez Sarmiento, quien además está acusado por la falsificación del DNI que utilizaba cuando fue detenido.

Tribunal:María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti.

Elfiscal es Félix Crous, con auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala.

El total de víctimas: 114. Hay 5 imputados: Juan Carlos Vázquez Sarmiento, ex cabo principal de inteligencia de la Fuerza Aérea; Juan Carlos Herrera, ex teniente 1° de la I° Brigada Aérea de El Palomar; José Juan Zyska, ex cabo 1° de la misma unidad militar; Ernesto Rafael Lynch, ex capitán de la VIII° Brigada Aérea de Moreno de la Fuerza Aérea; y Julio César Leston, ex cabo 1° de la Regional de Inteligencia “Buenos Aires” (RIBA) de la Fuerza Aérea.

Masacre del Pabellón Séptimo – CABA

12 de febrero, Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires

El 14 de marzo de 1978 se realizó una violenta requisa en la cárcel de Villa Devoto, y un incendio que provocó 65 muertes de reclusos tras lo que también se llamó “motín de los colchones”. Las víctimas murieron asfixiadas, baleadas o quemadas, según el caso. Los integranes del Servicio Penitenciario impidieron la entrada al lugar a los bomberos, argumentando que el fuego estaba controlada, mientras morían decenas de personas. La justicia considera que el caso como parte de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura, tormentos que además de las víctimas fatales dejaron graves secuelas físicas a otras 88 personas allí detenidas.

Los jueces son Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado.

El fiscal es Abel Córdoba, junto a las auxiliares María Laura Grigera y Viviana Sánchez.

Los imputados: el ex director del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz; el ex jefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez; y el ex celador de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda.

Juicio al juez Otero Álvarez – Córdoba

12 de febrero, Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba.

Una nueva audiencia indagatoria y el final de la etapa probatoria se producirán el 12 de febrero. El 18 comienzan los alegatos de la querella y el 28 se pronunciará el Ministerio Público Fiscal.

Tal la agenda próxima por el caso del juez de Córdoba Carlos Otero Álvarez, que había recibido una absolución que fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara señaló inconsistencias y parcialidad en esa absolución ya que consideró que Otero Álvarez “incumplió su deber como funcionario público que desde su cargo jerárquico podría haber intentado hacer algo por las personas que estaban siendo torturadas”. Se presume su complicidad con tormentos y fusilamientos. La acusación incluye “incumplimiento de los deberes de funcionario público –en la modalidad de abuso de autoridad– y omisión de denunciar delitos” en 92 hechos.

Entre tales hechos se incluyen 31 fusilamientos en la UP1 en 1976, por los que se condenó en 2010 a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, además de secuestros y tormentos que fueron denunciados por víctimas cuando Otero Álvarez era secretario penal del Juzgado Federal N° 1.

Los jueces son Facundo Zapiola, Mario Martínez y José Escobar Cello. Las audiencias en Córdoba han presentado escollos para víctimas y testigos, y dificultades o imposibilidad de difusión de las audiencias para la prensa, tratándose de una causa de trascendencia pública. Uno de los testigos clave y querellante, Luis Baronetto, declaró al medio local El Sur que pese a ese escenario adverso el juicio demuestra que “hasta en las peores condiciones políticas es posible resistir y llevar adelante acciones, aun con poderes institucionales como la Justicia, donde hubo complicidad con la dictadura y hay una continuidad”.

Juicio Subzona 15 III-Mar del Plata

14 de febrero, Tribunal Oral Federal de Mar del Plata

Informó el Ministerio Público Fiscal (en la página fiscales.gob.ar): “El denominado juicio ‘Subzona III’ aborda 123 casos de víctimas privadas ilegítimamente de su libertad y torturadas, y algunas de ellas abusadas sexualmente: 44 permanecen desaparecidas y 88 son casos que se tratan por primera vez en un juicio. Todos los acusados fueron condenados anteriormente en otros procesos. Se espera que declaren casi 230 testigos”.

Las víctimas resultaron estudiantes universitarios, militantes políticos, trabajadores de diferentes oficios, profesionales y un concejal.

El juicio comenzó en octubre de 2024. La fiscalía describió secuestros de madrugada protagonizados por grupos armados contra víctimas que descansaban en sus viviendas, robos, interceptaciones violentas en bares, la vía pública y el Palacio municipal, homicidios, desapariciones, aplicación de tormentos y delitos sexuales en centros clandestinos de detención, en el marco de la persecución por razones políticas.

Es el tercer tramo de la causa que investiga los crímenes ocurridos en esa subzona militar durante la dictadura, a cargo de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, con intervención de las jefaturas de las áreas 15.1 y 15.2, a cargo de los grupos de artillería de Defensa Aérea 601 y 602. Se presentan además crímenes consumados por personal de la Armada Argentina en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, el Edificio Agrupación Buzos Tácticos, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (E.S.I.M.) y la Prefectura Naval Argentina, que actuaron como parte de la Fuerza de Tareas N° 6 de la Armada, con dependencia funcional de la Subzona militar 15.

Los jueces son Nicolás Toselli, Fernando Minguillón y Martín Poderti.

La fiscalía es encabezada por Santiago Eyherabide con María Eugenia Montero y Julio Darmandrail como auxiliares fiscales.

Hay 20 imputados: 20. Vírtom Modesto Mendíaz, Alfredo Manuel Arrillaga, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Carlos Alberto Suárez, Rubén E. Miguel Fernández, Carlos Víctor Milanese, Raúl Alberto Marino, Roberto Mario Blanco Azcarate, Raúl César Pagano, Alfredo Raúl Weinstabl, Luis Héctor Bonanni, Daniel Eduardo Robelo, Julio César Fulgencio Falcke, Carlos María Robbio, Héctor Raúl Azcurra, Ernesto Davis, Carlos Arturo Mansilla, Néstor Ramón Eduardo Vignolles y Osvaldo Gaspar Siepe.

La Huerta y Subzona 12 – Provincia de Buenos Aires

14 de febrero, 8.30 horas. Tribunal Oral Federal de Mar del Plata

La Huerta fue un centro clandestino de detención, desaparición y torturas que funcionó en las afueras de Tandil durante la represión ilegal en dictadura, pero las investigaciones ampliaron esa geografía. Se juzgan delitos de lesa humanidad en el Área 121 que incluye, además de La Huerta, a las comisarías Primera y Segunda de Tandil, la “Chacra de Méndez” y el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER), junto a hechos ocurridos en la ciudad de Azul: la Subzona 12.

Se investigaron 192 casos inicialmente, y hubo más de 200 testigos a lo largo de 30 meses de audiencias con 26 imputados. La fiscalía planteó al acusar: “Aquí se juzgan muchos hechos aberrantes, como torturas, homicidios, desapariciones y abusos sexuales. Pero también privaciones de libertad masivas que no tuvieron tormentos y duraron períodos inferiores a un mes, por los que sus víctimas albergan la ilusión de que se haga justicia con sus casos. Esas víctimas que hoy son casi 50 años mayores que en aquel momento, viven esta instancia con una esperanza de justicia, tanto en un sentido reparador de su caso como en uno comunicativo que ayude a que el terrorismo de Estado no se repita”.

El tribunal está integrado porFernando Machado Pelloni, Nicolás Toselli y Luis Imas.

Los fiscales federales sonSantiago Eyherabide y Juan Pablo Curi, con los auxiliares fiscales María Eugenia Monterio y Julio Darmandrail.

Juicio Superintendencia de Seguridad Federal III

14 de febrero, 9.30 horas Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 – CABA

La causa juicio aborda seis operativos represivos ilegales realizados por grupos de la Superintendencia de Seguridad Federal entre 1976 y 1977 en los que fueron asesinadas o desaparecidas 11 personas, según lo detalla la página juiciosdelesahumanidad.ar. Los 17 acusados son exintegrantes de la Policía Federal, en su mayoría en los departamentos Sumarios y Táctico de la Superintendencia de Seguridad Federal. Cinco de los operativos que abarca el debate fueron en la Ciudad de Buenos Aires y uno en el partido bonaerense de San Martín.

Los delitos que se imputan a los ex policías: homicidio, privación ilegítima de la libertad y allanamiento ilegal. Informa la plataforma: “Su participación en estos hechos se pudo probar a partir de documentos recuperados de los Consejos de Guerra que se realizaron durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército, a cargo de la jurisdicción, a través de los cuales se buscaban dar una apariencia de legalidad a la actuación represiva”.

Los casos señalados en fiscales.gob.ar incluyen

1) Los homicidios deJorge Hugo Casoy, María Marta Carlota Imáz Garzón Maceda de Casoy y Bernardo Levenson (madrugada del 18 de mayo de 1976 en el interior del departamento 33, piso 8 de Yatay 707.

2) El homicidio de Mario Lerner el 17 de marzo de 1977 en Don Bosco 4125, piso 1°, departamento “C”.

3) Los homicidios de Carlos Gabriel Federico Jeifetz y de Nora Beatriz Salvarezza en el operativo realizado por la Brigada de la Zona 1° de la Supertintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA en la calle San Nicolás 2220, piso 1°, departamento “18”, el 4 de enero de 1977.

4) Los homicidios de Mario Alfredo Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera y Liliana Patricia Griffin en la noche del 19 de abril de 1977, en Bacacay 2215, piso 6°, departamento “A”, en el marco del operativo llevado a cabo por personal del Departamento Táctico de la Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA.

5) El homicidio de Oscar De Cicco en un procedimiento fraguado del 14 de abril de 1977 en la estación de servicio YPF de Montes de Oca y Sáenz Peña, en Villa Maipú (San Martín).

6) La privación ilegal de la libertad de Alberto Jorge Gorrini –quien permanece desaparecido– el 2 de junio de 1977 durante un procedimiento realizado en la calle Salcedo 3564 de la ciudad de Buenos Aires.

Tribunal: Daniel Horacio Obligado, Sabrina Namer e Ignacio Carlos Fornari.

A cargo de la acusación, el fiscal general Pablo Ouviña y, como fiscales auxiliares, Santiago Ghiglione y Mercedes Moguilansky.

Los17 imputados:  Juan Carlos Carrera, Esteban Adolfo Sanguinetti, Antonio Ángel Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Jorge Berón, Norberto Julio Varcasia, Rafael Oscar Romero, Osvaldo Néstor González, Daniel Pablo Amarillo, Juan Adolfo Ríos, Miguel Enrique Carlos Olarte, Alberto Mattone, Horacio Alfredo Ortiz,  Eduardo Norberto Comesaña, Gerardo Jorge Arráez y Germán Ricardo Rimoldi.

Juicio «Comisaría 5° III» – La Plata

Febrero, fecha a determinar. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

En la tercera parte de esta causa hay tres imputados y 112 víctimas.

• El ex teniente del Regimiento de Granaderos a Caballo, José Ignacio Saravia Day, está acusado por la privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravada en perjuicio de los conscriptos José David Aleksoski –desaparecido–, Juan Ignacio Araujo y Roberto Campos. Aleksoski permaneció secuestrado en la comisaría 5ta de La Plata.
• El ex policía Pedro Raúl Muñoz es juzgado por crímenes contra 110 víctimas (por privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y sustracción, retención y ocultamiento de menores de diez años de edad) en esa dependencia policial.
• El ex médico policial Jorge Antonio Bergés será juzgado por la privación ilegal de la libertad y los tormentos aplicados al desaparecido Jorge Julio López, quien permaneció secuestrado en aquél lugar.

Actúa elTribunal Oral Federal N°1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso.

LaUnidad Fiscal Federal de La Plata es integrada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin.

Juicio «1 y 60» y «Comisaría 8º» – La Plata

Febrero, fecha a confirmar. Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata

En este caso que alcanza a 299 víctimasse investigan los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención y exterminio conocido como “1 y 60”,  primer eslabón del plan represivo montado por las fuerzas armadas y de seguridad en la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar, y en la comisaría 8va, en la avenida 7 y 74. Todo ocurrió, vale recordar, cuando la represión provincial era controlada por el general Ramón Camps y el comisario Miguel Etchecolatz.

Los Imputados son 18. Por el Regimiento 7, los ex oficiales de Inteligencia Jorge Alberto Crinigan y Luis Gustavo Diedrichs, los ex oficiales de Operaciones Ismael Ramón Verón y Lucio Carlos Ramírez, el exjefe de la Compañía A Lucas Marcelo Castro, los ex oficiales de Personal Enrique Francisco Welsh y Rubén Vicente Sánchez, y el ex oficial de Logística Enrique Armando Cicciari; el ex cabo primero de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón; los ex policías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D’ottavio y Raúl Ricardo Monzón, quienes se desempeñaron como oficiales en las instalaciones de 1 y 60, y Juan Antonio Vidal, exj efe del denominado Grupo Cóndor; los ex oficiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale.

Se agregan los civiles Carlos Ernesto Castillo (miembro de la Concentración Nacional Universitaria), y Jaime Lamont Smart, de oficio abogado, quien fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la época de los hechos.

Integran el tribunal Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso (subrogantes).

Los fiscales generales sonHernán Schapiro y Gonzalo Miranda y sus auxiliares fiscales Juan Martin Nogueira y Ana Oberlin.

Juicio «Pellegrini» o VIllazo (Rosario)    

Fecha prevista de reinicio, marzo 2025. Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario

Una huelga y pueblada histórica en Villa Constitución, de obreros melatúrgicos frente a las empresas (principalmente Acindar, en la que se instaló un centro clandestino de detención) y frente a la propia UOM, derivó en una represión ilegal motorizada por el gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón durante 1975 y la primera parte de 1976. 

El juicio involucra al ex jefe de personal de Acindar en Villa Constitución, Roberto Pellegrini, aAntonio Federico Bossie, ex jefe de inteligencia y personal del Área Militar 132 (San Nicolás) y a 21 ex policías federales, un ex prefecto y un ex policía santafesino.

Se los acusa por la privación ilegítima de la libertad contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios entre el 20 y 26 de marzo de 1975. Las privaciones de la libertad continuaron durante meses y años, según cada situación.  

Germán Sutter Scheneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci son los jueces. El fiscal es Adolfo Villate.

Además de Pellegrini y Bossie los acusados son los ex policías federales Roberto Raúl Squiro, Leonardo Dec, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdes, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Osvaldo Esteban Petroli, Carmen Amanda Grossoli de Hellaid, Jorge Argentino Coronel, Raúl Héctor Cerliani, Emilio Hugo Marciniszyn, Roberto Álvarez, Horacio Miguel Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai, Eduardo Mugica, Juan Carlos Faccendini, Oscar Alberto Vessichio y Bernardino Sambrano; el ex prefecto Carlos Albareda y Amadeo Chamorro (ex oficial de la guardia rural «Los Pumas» de la policía santafesina).

Juicio Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2). 

Sin fecha prevista de continuación. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza.

Más de 300 víctimas y 28 imputados. La plataforma del Ministerio Público Fiscal detalla los siguientes delitos de lesa humanidad: “Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, lesiones graves agravadas, robo agravado por el uso de armas de fuego y violación perpetrada con el uso de fuerza o intimidación, cometidos durante la última dictadura cívico militar en esa provincia contra más de 300 víctimas del centro clandestino de detención que funcionó en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2), donde revistaban los imputados”.

El D-2 fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más importante de Mendoza, ubicado en el propio Palacio policial. Desde allí se realizaban los trabajos de inteligencia (espionaje) contra ciudadanos de todo tipo (trabajadores, estudiantes, docentes, profesionales, amas de casa, delegados gremiales, militantes políticos). La persecución culminaba con el secuestro, sometiendo a las víctimas a toda clase de vejámenes o incluso su desaparición y muerte.

Los acusados son: Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Eduardo Germán Cía Villegas, Carlos Plácido Escobar Zurita, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Teodoro Alejo Galigniana Oros, Lucas Marcelo Rubén Gary Domínguez, Abelardo Santiago Garay Mauceri, Rubén Darío González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz Calderón, Mario Alfredo Laporta Chielli, Celustiano Lucero Lorca, Gerónimo Antonio Mateo Jofré, Oscar Alfredo Maturano Ibaceta, Ricardo Benjamín Miranda Genaro, Marcelo Rolando Moroy Suárez, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, Jacinto Salvador Olmedo Muñoz, Armando Oscar Quintero Bassi, Omar Pedro Reta Zárate, José Esteban Roccato Villegas, Miguel Ángel Salinas, Adolfo José Siniscalchi Arizmendi, José Lellis Sosa Córdoba, Miguel Ángel Tello Amaya, Juan Hipólito Tello Yáñez y Omar Pedro Venturino Amaker.

El tribunal está integrado por Alejandro Piña, Alberto Carelli y Paula Marisi.

Fiscales: Dante Vega y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante.

Causa Vuelos – Mar del Plata

Sin fecha todavía.

Se trata de un juicio iniciado por la justicia marplatense, derivación de los vuelos de la muerte. Se investiga el encubrimiento ante la aparición de cuerpos que habían sido arrojados al mar desde aviones por la represión clandestina, que llegaban a las costas según las corrientes en una franja que se calcula en 150 kilómetros. Eran enterrados sin siquiera averiguar su origen ni identificarlos.

Están acusados el entonces juez de Dolores Carlos Facio, el médico policial Miguel Cabral (que en cuatro casos intervino sin señalar las muertes violentas de esas personas), y el ex jefe de Catastro de General Lavalle, Juan Domingo Montenegro, como parte del encubrimiento. Se imputa además a siete policías bonaerenses que cumplían sus destinos en las playas: Domingo Martínez, Alberto Martínez, Emilio Luchetti, Juan Antonio Estrada, Mario Castronuovo, Ednio Llorens y Francisco Aristegui.

La causa está a cargo del juez Martín Bava.

CAUSAS PARA LAS QUE SE PREVEE EL INICIO DE AUDIENCIAS ORALES Y PÚBLICAS EN 2025

Laguna Paiva II (niños) – Santa Fe

Laguna Paiva II examinará una situación inédita en términos de lesa humanidad: los delitos de abandono de persona, secuestro y tortura cometidos contra 16 niñas y niños durante la dictadura. Ya tuvo una primera parte referida a la represión ilegal de trabajadores ferriviarios, metalúrgicos y de frigoríficos en la zona de Villa Constitución. Lo sustancia el Tribunal Oral de Santa Fe.

La APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) es querellante en este segundo jucio, e informó: «Gran parte de las víctimas tenían, en aquellos momentos, entre 1 y 15 años. Niñas y niños que sufrieron los secuestros, torturas, abandonos, abusos sexuales (delito que no tiene imputados) y confinamientos en centros clandestinos de detención de la ciudad de Santa Fe.  Hay cinco imputados. Antonio Parvellotti, subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la policía santafesina; Eduardo Riuli, oficial ayudante del D2; Víctor Brusa, secretario del juzgado federal; Oscar Valdez, oficial ayudante del D2, y Fernando Mendoza, comisario de la seccional de Laguna Paiva.

Jueces: Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Elena Beatriz Dilario. Fiscalía: Martín Suárez Faisal y el equipo de abogados querellantes de APDH, 

Crimen de Horacio Roberto Marchi – Rosario

Se estima se llevará adelante este año el crimen de Horacio Roberto Machi, arquitecto y militante político. Tras su secuestro, el cuerpo apareció destrozado por explosivos, mientras se informaba sobre un falso enfrentamiento armado. La causa apunta a la responsabilidad del Destacamento de Inteligencia 121.

Juicio Slattery y otros – Santa Fe

Tribunal Oral Federal de Santa Fe

Las víctimas son 25, integrantes mayoritariamente de la Juventud Peronista y el Partido Comunista. Los imputados son 8. Privaciones ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y violación de domicilio producidas entre noviembre de 1975  y 1977. Según cada caso, las víctimas fueron llevadas a las seccionales Primera, Segunda y Cuarta, la Alcaldía de Policía y la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe; las cárceles de Coronda, del «Buen Pastor» y la Unidad Penal 4 de Santa Fe; las cárceles bonaerenses de Sierra Chica y La Plata (Unidad 9); y la cárcel porteña de Caseros.

Los imputados son los policías provinciales retirados Ricardo Silvio Ramón Ferreyra, Germán Raúl Chartier, Carmelo Leonardo Rolón, Luis Antonio Pavan, Enrique Carlos Nardi y Tomás Andrés Ramos; el policía federal retirado Miguel Luis Slattery; y el militar retirado Carlos Enrique Pavón.

Jueces: Luciano Homero Lauria, José Escobar Cello y Beatriz Dilario. Fiscal: Martín Suárez Faisal.

 Ingenio La Fronterita – Tucumán

Por primera vez se juzgará en Tucumán la responsabilidad empresaria en rímenes de lesa humanidad.

Durante la dictadura 68 personas sufrieron el terrorismo de Estado dentro del ingenio La Fronterita, de Famaillá. Los acusados son ex directivos de esa empresa: Alberto Figueroa Minetti, administrador; Eduardo Butori y Fernando Cornú De Olmos. Se les imputa complicidad en violaciones de domicilio, privaciónes ilegítimas de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio contra 68 personas, de las cuales 11 siguen  desaparecidas. Se trataba en su mayoría de trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas.

Juicio hermanos Radice

El integrante de los grupos de tareas de la ESMA Jorge Rádice cumple prisión por condenas anteriores por delitos de lesa humanidad. En este caso él y su hermana Norma (ambos contadores) son acusados además de lavado de activos, a partir de los bienes robados por estos grupos de tareas a sus víctimas. Así obtuvieron y blanquearon dinero, empresas, propiedades, automóviles, embarcaciones y caballos de carrera. Tras dejar la ESMA, Rádice trabajó en estos asuntos desde las oficinas “civiles” que instaló el almirante Emilio Eduardo Massera cuando pretendía convertirse en dirigente político. Las audiencias orales y públicas podrían comenzar también en este 2025.

Causa ESMA-Rúa-Kosich y otros

El teniente de navío Aníbal Roberto Colquhoun, de la ESMA, condujo un grupo que secuestró a Ramón García Ulloa, a su esposa, Dolores del Pilar Iglesias Caputo, y a Mónica Liliana Goldstein, que siguen desaparecidos. Después organizó un operativo con autos y camión para desvalijarles sus hogares. En ese grupo estaban René David Rúa (hoy 68 años), Daniel Omar Kosich (64), Osvaldo Víctor Pérez (64) y Jovito Martiré Villalba (64), que estudiaban en la ESMA y hacían literalmente sus primeras armas entre los grupos de tareas. Como Colquhoun no informó debidamente a los jefes de los escuadrones de la muerte sobre los hurtos, cayó en desgracia. Colquhoun falleció antes de ser juzgado en etapas anteriores de la causa ESMA, pero quedó pendiente esta parte de su accionar, que muestra uno de los aspectos no siempre difundidos del accionar represivo: el robo a las víctimas.