¿Cómo se convalidó el mayor endeudamiento de la historia argentina? El dirigente del Movimiento de Empresas Recuperadas inició una causa reclamando información pública, que ya llegó a la Corte Suprema. Sin ley, decreto ni expediente; con impunidad: el negocio de la deuda. SERGIO CIANCAGLINI

El hombre tiene pelo muy blanco y sospechas muy negras. Ambos, el pelo y las sospechas, se le pusieron de punta en 2018 frente a ciertos datos de la irrealidad argentina:

• Se anunció el mayor crédito recibido en la historia del país, que además es el mayor préstamo otorgado por el FMI en su historia, por valor de 57.100 millones de dólares, que no se utilizó para ninguna cuestión concreta (hospitales, caminos, fábricas, salud, vivienda, educación, alimentación) sino solo para contener el valor del dólar (cosa que no se logró) mientras se favorecía la fuga de capitales (en lo que hubo un éxito notable). Continuó la devaluación permanente de la moneda y la evaporación de divisas con aval oficial, y eso mismo impulsó además el nivel de inflación más lisérgico de la historia reciente, con los resultados conocidos para la población en términos de empobrecimiento generalizado, cierre de empresas, desocupación, y resurgimiento del hambre.

Frente a ese panorama, el eternamente canoso Eduardo Murúa, el Vasco, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), hombre poco dispuesto al oficio de tragarse sapos de modo silencioso, decidió iniciar una demanda judicial. Lo hizo junto al Centro de Estudios Estratégicos para la Integración Financiera (CINFIN) que coordina Eduardo Codianni (ex jefe de Promoción de Derechos Humanos en el BCRA). El equipo legal lo integran Andrés Bernal, Augusto Martinelli y Francisco Verbic.
Informa Murúa: “Acá lo que se vio es una responsabilidad de la clase política y sindical. Ni los políticos ni los sindicalistas sufren lo que sufrió la gente mientras volaban las reservas para favorecer a los que fugan capitales. Y dijimos: ¿qué podemos hacer?”.

Demanda elemental

De esa sencilla pregunta nacía el “Caso Murúa”. La presentación judicial, en junio de 2018, planteó dos cosas simples y tuvo resultados asombrosos. La solicitud a la jueza María Biotti:

• “Que ordene a la demandada entregar a esta parte el texto completo del contrato a ser firmado, memorando y carta de intención suscripta con el FMI y cualquier otra documentación complementaria del empréstito suscripto con el FMI”.
  “Que ordene a la demandada detallar las características financieras del acuerdo arribado: montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros (tasas de interés, cargos, prórrogas de jurisdicción, comisiones, aforos) y toda otra información directamente vinculada con el empréstito contraído”.

Murúa reclamó lisa y llana información pública: “Lo que pedimos es que muestren los papeles. No aparecieron, aunque en realidad aparecieron después, fechados posteriormente a nuestro reclamo. O sea: armaron el expediente cuando se avivaron de que tenían que respondernos. Eso quiere decir que se tomó el crédito más grande de la historia sin el Congreso, sin una ley, sin un decreto del Ejecutivo, sin estudios de factibilidad, quebrando las leyes administrativas incluso del Banco Central. El Ejecutivo no cumplió con los requisitos del propio Estado para tomar esa deuda, que por lo tanto es ilegítima y nula”.
El abogado Andrés Bernal: “Queríamos acceder a los contratos con el FMI. La jueza rechazó la demanda, apelamos, el gobierno primero negó la información, y realizamos otra presentación que fue complementaria del Caso Murúa que llamamos Caso Codianni. Se llegó así a una resolución muy fuerte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que interpreta que la información finalmente brindada por el gobierno es parcial e insuficiente, y ordena entregar todos los contratos y anexos. Eso lo apeló el gobierno y el caso hoy está en la Corte”.
Agrega Bernal: “El endeudamiento más importante en la historia del país y del FMI se hizo incumpliendo toda la normativa local que define cómo el Estado debe asumir una decisión como esa. Es obligatorio un expediente a partir de lo cual se resuelve mediante otro acto administrativo: un decreto, una disposición, una resolución. Pero estos expedientes administrativos son de fecha posterior a la toma del crédito, lo cual es una barbaridad y habla por sí mismo de que todo el proceso es nulo por incumplimiento del proceso administrativo correspondiente”.
En la página fmiargentina.com figura el detalle de todo este desquicio. Se informa que el primer expediente fue iniciado por el Ministerio de Hacienda el 21/06/2018, una semana después del ingreso de la demanda del “caso Murúa” y 9 días después de la firma de la Carta de Intención para solicitar el crédito. No hay constancia de dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención, ni del dictamen previo del BCRA sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de pagos (requisito exigido por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156). Ni siquiera hay constancia de que se haya suscripto acuerdo alguno.

¿Hay delito?

La cadena de responsabilidades involucra al presidente saliente Mauricio Macri y a varios integrantes de su equipo: Luis Toto Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Guido Sandleris y el propio Marcos Peña.
Explica Bernal: “Nosotros hacemos un planteo para que se declare nula la toma del crédito. No sé qué puede resultar de eso”. Hay quienes sospechan que el avance de la causa, de mínima, puede brindar más fuerza de negociación frente al FMI, que no deja de ser parte de todo este enjuague.
¿Hay delito? Explica el abogado: “A partir de una declaración de nulidad del crédito, habría una responsabilidad penal y patrimonial de los funcionarios. Pero ese es un paso posterior. Mientras tanto lo que mostramos es una obviedad. Por ejemplo, por ley el BCRA debe analizar la factibilidad del crédito en la Balanza de Pagos. Nos contestaron que lo van a hacer en el futuro en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el FMI. O sea que el BCRA reconoce que el análisis de factibilidad lo va a hacer con el prestamista”.
¿Cómo pensaron esa estrategia judicial? “Vimos que Macri anunció que se buscaría el crédito y a la semana Dujovne y Sturzenegger aparecieron diciendo que lo habían conseguido y que estaban muy emocionados. Esa ridiculez nos llevó a hacer un planteo totalmente burocrático”.
Los abogados comprendieron que en una semana no se había podido tramitar nada. En acuerdo con Murúa y con Codianni resolvieron no salir a discutir política, económica o ideológicamente el endeudamiento. “Fue una estrategia sabiendo además cómo se manejan estos banqueros. Con lo que tenemos documentado y probado se demuestra el incumplimiento administrativo nacional. Lo que hicieron fue ir por la vía del hecho. Por eso vamos a seguir buscando que se declare nulo el endeudamiento”.
Murúa llegó a encadenarse este año al BCRA: “Era para que no siguieran rifando dólares. El nuevo gobierno tendrá que negociar con el FMI con otro capital político. Y nosotros seguiremos planteando la necesidad de una Renta Básica Universal como salario para todas las personas en edad de trabajar: es la única forma de activar el mercado interno. Pero todo va a depender del grado de movilización y de discusión que pueda haber en la gente. No alcanza un pacto social con los incluidos. Hay que discutir con los excluidos. Y no solo decir que querés incluirlos, sino hacerlo con medidas rápidas. Porque son ellos los que más sufrieron todo esto”.