Recesión mundial y, en Argentina, los más altos índices de informalidad. Por qué es momento de cristalizar derechos de millones de trabajadorxs que no podrán insertarse en el sector privado o público. El rol de la autogestión. La necesidad de políticas fuera de la lógica asistencial. De los barrios a la academia, pasando por las fábricas recuperadas, los movimientos sociales y funcionarios públicos: datos y realidades para pensar la reconstrucción social, económica y política que se impone. Por Lucas Pedulla.

En el centro comunitario y polo productivo Niños de Pie están fabricando dos vacunas al mismo tiempo. En la parte de atrás de esta casa ubicada en el barrio Nueva Ana de Villa Domínico, partido de Avellaneda, seis mujeres confeccionan en las máquinas textiles los 3.000 barbijos diarios que destinan para donación a salitas, hospitales y a la propia comunidad. Mientras, en la parte de adelante, otras cinco mujeres empiezan a picar cebollas, morrones y a trozar un pollo en la previa de la olla popular que reparte aproximadamente 100 raciones por día desde el comienzo de la cuarentena.

Cada una de ellas lleva su barbijo.

Cada una de ellas mantiene la distancia.

Y Norma Morales -coordinadora, dirigenta del movimiento Barrios de Pie en la provincia de Buenos Aires y una de las referentas nacionales de la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP)- explica: “Con la pandemia se visibilizó mucho más la situación en los barrios. No solo con la olla, ya que planteamos que en Argentina hay tres pandemias: el hambre, los femicidios y el Covid. Y logramos, desde la participación de los vecinos, empezar a tener una lógica de construcción a través de la comunidad. Hoy no se espera que venga un astronauta de afuera con alguna solución, sino que saben que con lluvia o 40 grados de temperatura, estamos nosotros”.

Fuera de la televisión y las redes sociales se urde este tejido que implica que muchas de estas mujeres se levanten a las 5 de la mañana, abran las puertas del centro a las ocho y las cierren doce horas después; para asumir tareas de apoyo escolar, confección de barbijos, cocina, y el acompañamiento de vecinas en situación de violencia, actividades que se dan todas juntas y que económicamente solo se expresan en el monto de $8.500 del llamado Salario Social Complementario, un programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 

Norma lo dice más claro: “Somos trabajadoras, y ese trabajo no es reconocido. Planteamos que somos parte de una solución para una Argentina mucho mejor que la que vivimos hoy. El trabajo es la columna vertebral de los movimientos, pero somos trabajadores informales, precarizados, sin vacaciones ni aguinaldo, y en ese marco se expresó la necesidad de un sindicato histórico. Somos trabajadoras de la economía popular”. 

Las dos vacunas, según Norma, tienen nombre: “Solidaridad y compromiso”.

El mapa laboral

Todos los augurios marcan que la economía global sufrirá una de las peores recesiones de las últimas décadas. El FMI la bautizó como “El Gran Confinamiento” y otros ensayan hipótesis de que se trata de la mayor crisis desde la Gran Depresión en 1929. Mientras en Estados Unidos 40 millones de personas solicitaron seguro de desempleo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé una contracción del 5,2% para toda la región, más de 11 millones de personas desempleadas y una pobreza según ingresos que aumentaría en 30 millones. 

En Argentina, el golpe se estima en 6,3 puntos del PBI y llega luego de cuatro años de macrismo explícito. Algunas cifras para entender el actual mercado de trabajo argentino:

Según datos del último trimestre de 2019, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC arrojó una población económicamente activa (ocupados y desocupados) de 13,439 millones de personas. 

A su vez, según estimaciones, el trabajo no registrado implica entre 7 y 8 millones de personas más. Es decir, de un total de 20 millones, cerca de un 40%.

El desempleo se ubica en 8,9% (1,195 millón de personas), según cifras del mismo período. 

Según el último informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA, marzo de 2020), hay 9,642 millones de personas asalariadas registradas y 2.287 millones de trabajadorxs independientes. Casi 12 millones de personas. 

Entre las asalariadas, el 50,1% proviene del sector privado (5,982 millones), el 26,6% del sector público (3,179 millones) y un 4% de personal de casas particulares (481 mil).

Entre el llamado “trabajo independiente”, completan los monotributistas (1,556 millones, el 13% del total), el trabajo autónomo (376 mil, el 3,2%) y los monotributistas sociales (355 mil, el 3%). 

Dentro de este escenario, la economía popular cobra un papel central. “Tenemos que construir trayectorias que vayan del subsidio al trabajo, y empezar a jerarquizar a la economía popular como dinamizadora de la economía”, apunta Carolina Brandáriz, integrante de la Mesa Nacional del Movimiento Evita y al frente de la Dirección de Cuidados Integrales en la Secretaría de Economía Social, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. 

A principios de junio, el Ministerio anunció la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP), una herramienta que busca formalizar a trabajadores de este universo “para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo”. Desde la Secretaría estiman que podrá alcanzar entre 4 y 5 millones de personas. Brandáriz: “Pensemos que para calcular el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE, el subsidio estatal de $10.000) se estipulaban 4 millones de personas, actualmente ya son más de 8 millones y la proyección es de 12 millones. Este registro pretende construir datos fehacientes sobre las condiciones de trabajo y la rama de actividad de cada trabajador y trabajadora para poder diseñar política pública con mayor eficacia”.

Desde vendedorxs ambulantes y recicladorxs a pequeñxs agricultorxs, trabajadorxs sociocomunitarixs y cooperativas de trabajo estarían incluidos en el registro: “El desafío es mejorar esos trayectos productivos para que formen parte de la reconstrucción de la Argentina que va a necesitarse después de la pandemia. Esa reconstrucción no puede darse sin la economía popular: pensar que el mercado de trabajo va a absorber por sí solo al 40% de la población que no tiene garantía de derechos laborales es quedarse con la conciencia tranquila de algo que no va a suceder. El escenario de pleno empleo es nostalgioso”.

Lo dice una funcionaria.

En ese sentido, el otro debate en las entrañas del país es pensar en otra ruralidad, tal como lo viene sosteniendo la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT, 15 mil familias productoras de alimentos agremiadas), con sus Colonias Agroecológicas, un mercado mayorista en Avellaneda y cuatro almacenes de ramos generales, para estimular la distribución y consumo de cercanía de productos saludables. El movimiento no solo está donando alimentos a los comedores en los barrios, sino que también presentó proyectos para mejorar el hábitat rural, y de herramientas de financiamiento y acceso a la tierra para los productores de la agricultura familiar, y así promover otro modelo agropecuario junto a los gobiernos locales. Un dato de la propia UTT: solo en la provincia de Buenos Aires, el 90% de los alimentos de las familias agrícolas no tiene tierra propia y la mayoría de los pueblos del interior bonaerense deben importar alimentos frescos.

Los posibles

José Luis Coraggio es economista, director de la Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y uno de los pensadores que más ha trabajado sobre la conceptualización de la economía popular en Argentina y en América Latina.

Coraggio propone a la economía popular como un tercer subsistema de un sistema económico mixto, junto a la economía empresarial capitalista y la economía pública. Con la unidad doméstica como eje, su enfoque se corre de pensar a la economía popular como “economía informal”: así se posiciona desde la combinación de formas de trabajo de los miembros de esa unidad -ya sea de un hogar o una comunidad- orientada por la mejora en las condiciones de vida de sus integrantes. Desde esta visión, unx docente, unx cooperativista, unx cartonerx y unx obrerx forman parte del conjunto de la economía popular, y contemplando sus trayectorias personales: quien hoy es un cartonero hace cuatro años pudo haber sido un obrero, y mañana un cooperativista.

Para Coraggio es central correrse de un tipo de política asistencial y focalizada en el sector más pobre, y visualizar al trabajo en su conjunto: “De lo contrario, queda el esquema clásico: empleo formal en empresas de capital Y en el Estado, luego todo un segmento social de individuos que no se pueden integrar, y el trabajo doméstico, que no es considerado trabajo. El sector precarizado es parte de una fuerza productiva que no está plenamente desarrollada, pero sí con un potencial a realizar en cuanto se articule con los otros trabajadores y tenga acceso a los medios de producción. Eso no se ve si no hay una visión más amplia. Hay que tener una visión de lo histórico, de lo actual, y de lo posible”.

Cómo sería: “Hay un enorme sector que vive de su trabajo a cambio de un salario y en condiciones de dependencia, con derechos laborales que las luchas sindicales lograron conseguir, y hay otro sector que lo hace de manera autónoma, asociándose por cuenta propia. A la vez que se reconocen las diferencias, no hay que perder de vista la unidad ontológica del trabajo: son todas formas distintas de una misma sustancia, que es el trabajo humano”.

La doble discusión

El proceso de recuperación de la fábrica de alfajores La Nirva, en La Matanza (ver nota de este número), es un ejemplo: 65 familias cuya relación laboral era salarial y que al cierre de esta edición estaban en proceso de organizarse bajo cooperativa, recuperando otro potencial productivo del sector. En Argentina existen 400 fábricas recuperadas que producen y ofrecen servicios y generan más de 18 mil puestos de trabajo. Y según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el número asciende 115 mil si se toma en cuenta el universo total de las cooperativas de trabajo. 

Por esa razón, el titular de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas de la Secretaría de Economía Social, Eduardo Vasco Murúa, también se entusiasma con el impacto que pueda tener el flamante RENATEP. Histórico referente del sector, desde su experiencia en la metalúrgica recuperada IMPA y en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, señala otro aspecto central de estos procesos: “El aguante de este sector es para resaltar cuando otras experiencias capitalistas empiezan a ajustar por el lado del despido. La salida de esta pandemia también va a pasar por este sector de la economía. Si trabajamos bien, el Ministerio de Desarrollo Social va a ser el mayor generador de empleo, acompañando los procesos de lucha y la necesidad de los compañeros”.

En ese sentido, Murúa es consciente de dos discusiones grandes por dar. La primera es dentro del propio Estado. “Tenemos que demostrar lo que somos capaces de hacer lxs trabajadorxs de la economía popular. Que el Estado en su conjunto entienda la potencialidad de esta realidad: nos han enseñado que se puede generar empleo a pesar del mandato mundial que tiende a su destrucción. Aún no hay una comprensión general, sino una mirada con desconfianza a ese todo”. 

Un ejemplo son las políticas económicas como el IFE o el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, destinado a pymes y grandes empresas de capital (como Techint y Clarín, por nombrar dos casos), pero no a cooperativas: “El Estado lamentablemente repite una asimetría en cómo está fragmentada la sociedad. Con impotencia vemos que compañeros que trabajan en una multinacional cobraban la mitad del salario por parte del Estado (hasta uno o dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, hoy en $16.875), mientras la mayoría de nuestros compañeros solo cobraban un Salario Social Complementario ($8500)”. Sobre el cierre de esta nota, luego de meses de reclamos el sector cooperativo celebró como una victoria propia la decisión gubernamental de extender la Línea 1, una ayuda vía Ministerio de Trabajo, por dos meses y elevarla a $16.500, similar cifra que se les otorga a los privados.

La pandemia también empezó a empujar la posibilidad de un Ingreso Ciudadano Universal, otorgado a todxs de forma independiente de su condición laboral y su situación familiar. Más acá de la utopía nórdica, el MNER insiste desde hace años con una renta de este tipo: “Muchos Estados estuvieron obligados porque hay muchos sectores que no están trabajando. Tenemos que asegurar una renta básica que asegure los derechos fundamentales de la población. Es la generación de una nueva sociedad”. 

Murúa subraya que esa dimensión es clave para la clase obrera en su conjunto: “Es algo que también los sectores sindicalizados, tanto privados o estatales, deberían contemplar.  Si no unimos al conjunto de clase trabajadora, es decir la economía popular con todos los trabajadores sindicalizados, no hay posibilidad de cambio en nuestro país”. 

Construir el futuro

Desde el sur del conurbano bonaerense, Norma Morales apunta que esa discusión -hacia adentro y hacia afuera- tiene que darse en un marco de reconocimiento de derechos. Y agrega que ese reconocimiento es, en primer lugar, un trabajo subjetivo. “Una cocinera histórica, Doña Elsa, no cobra nada porque es pensionada, y nos decía: ‘Yo lo hago por amor’. No se materializa económicamente todo el tiempo de cuidados”.

¿Dónde habría que profundizar? “Se presentó la Ley Ramona (por la referente de La Garganta Poderosa en la Villa 31), que destinaría $5.000 de emergencia a las trabajadoras sociocomunitarias, que suma pero tampoco alcanza. No tenemos que buscarle la vuelta cuando está el problema, sino de forma previa. No solo pedimos un salario mínimo y tener obra social, vacaciones pagas, aguinaldo, sino resolver problemas estructurales en los barrios populares: de los 4.500 que contabilizamos, no hay servicios de cloaca, vereda, instalación de luz. La reivindicación también viene por ahí: son derechos para tener una vida digna y mejorar nuestra calidad de vida”. 

Pone de ejemplo las dos semanas de confinamiento en Villa Azul: “Los compañeros decían que iban a extrañar todas las políticas públicas que pusieron en la puerta del barrio. Ojalá tuviéramos RENAPER, ANSES, Ministerio de Trabajo, de Salud y cajero automático los 365 días del año. Es para repensar de acá al futuro: esos son derechos tienen que estar siempre”.

¿Cómo se imagina ese futuro? “La economía popular es la economía familiar. Es tener un trabajo sin patrón, en donde definamos qué actividad hacer, el horario, el lugar, dónde trabajar. Que pongamos precio al producto que producimos. Los sectores populares tenemos capacidad de llevar este tipo de economía. Hay que cortar con los formadores de precios y los grandes terratenientes, los que se enriquecen a costilla de los trabajadores, porque tenemos capacidad de que estos no solo sean talleres, sino fábricas textiles coordinadas por nuestras mismas compañeras en los barrios. Hay que darle poder al pueblo. Y eso se hace a través de la economía popular. Esa es la salida”. 

Así como la institucionalización de los derechos sociales fue la columna vertebral de una sociedad salarial que se comenzó a edificar bajo el reconocimiento de demandas históricas que cristalizó el peronismo, las reivindicaciones de los movimientos y las organizaciones sociales cobran hoy un significado histórico frente a la actual crisis: la salida es por abajo, con trabajo y con derechos.