CABA
Es por abajo: Economía social para la pospandemia
Recesión mundial y, en Argentina, los más altos índices de informalidad. Por qué es momento de cristalizar derechos de millones de trabajadorxs que no podrán insertarse en el sector privado o público. El rol de la autogestión. La necesidad de políticas fuera de la lógica asistencial. De los barrios a la academia, pasando por las fábricas recuperadas, los movimientos sociales y funcionarios públicos: datos y realidades para pensar la reconstrucción social, económica y política que se impone. Por Lucas Pedulla.

En el centro comunitario y polo productivo Niños de Pie están fabricando dos vacunas al mismo tiempo. En la parte de atrás de esta casa ubicada en el barrio Nueva Ana de Villa Domínico, partido de Avellaneda, seis mujeres confeccionan en las máquinas textiles los 3.000 barbijos diarios que destinan para donación a salitas, hospitales y a la propia comunidad. Mientras, en la parte de adelante, otras cinco mujeres empiezan a picar cebollas, morrones y a trozar un pollo en la previa de la olla popular que reparte aproximadamente 100 raciones por día desde el comienzo de la cuarentena.
Cada una de ellas lleva su barbijo.
Cada una de ellas mantiene la distancia.
Y Norma Morales -coordinadora, dirigenta del movimiento Barrios de Pie en la provincia de Buenos Aires y una de las referentas nacionales de la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP)- explica: “Con la pandemia se visibilizó mucho más la situación en los barrios. No solo con la olla, ya que planteamos que en Argentina hay tres pandemias: el hambre, los femicidios y el Covid. Y logramos, desde la participación de los vecinos, empezar a tener una lógica de construcción a través de la comunidad. Hoy no se espera que venga un astronauta de afuera con alguna solución, sino que saben que con lluvia o 40 grados de temperatura, estamos nosotros”.
Fuera de la televisión y las redes sociales se urde este tejido que implica que muchas de estas mujeres se levanten a las 5 de la mañana, abran las puertas del centro a las ocho y las cierren doce horas después; para asumir tareas de apoyo escolar, confección de barbijos, cocina, y el acompañamiento de vecinas en situación de violencia, actividades que se dan todas juntas y que económicamente solo se expresan en el monto de $8.500 del llamado Salario Social Complementario, un programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Norma lo dice más claro: “Somos trabajadoras, y ese trabajo no es reconocido. Planteamos que somos parte de una solución para una Argentina mucho mejor que la que vivimos hoy. El trabajo es la columna vertebral de los movimientos, pero somos trabajadores informales, precarizados, sin vacaciones ni aguinaldo, y en ese marco se expresó la necesidad de un sindicato histórico. Somos trabajadoras de la economía popular”.
Las dos vacunas, según Norma, tienen nombre: “Solidaridad y compromiso”.
El mapa laboral
Todos los augurios marcan que la economía global sufrirá una de las peores recesiones de las últimas décadas. El FMI la bautizó como “El Gran Confinamiento” y otros ensayan hipótesis de que se trata de la mayor crisis desde la Gran Depresión en 1929. Mientras en Estados Unidos 40 millones de personas solicitaron seguro de desempleo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé una contracción del 5,2% para toda la región, más de 11 millones de personas desempleadas y una pobreza según ingresos que aumentaría en 30 millones.
En Argentina, el golpe se estima en 6,3 puntos del PBI y llega luego de cuatro años de macrismo explícito. Algunas cifras para entender el actual mercado de trabajo argentino:
Según datos del último trimestre de 2019, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC arrojó una población económicamente activa (ocupados y desocupados) de 13,439 millones de personas.
A su vez, según estimaciones, el trabajo no registrado implica entre 7 y 8 millones de personas más. Es decir, de un total de 20 millones, cerca de un 40%.
El desempleo se ubica en 8,9% (1,195 millón de personas), según cifras del mismo período.
Según el último informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA, marzo de 2020), hay 9,642 millones de personas asalariadas registradas y 2.287 millones de trabajadorxs independientes. Casi 12 millones de personas.
Entre las asalariadas, el 50,1% proviene del sector privado (5,982 millones), el 26,6% del sector público (3,179 millones) y un 4% de personal de casas particulares (481 mil).
Entre el llamado “trabajo independiente”, completan los monotributistas (1,556 millones, el 13% del total), el trabajo autónomo (376 mil, el 3,2%) y los monotributistas sociales (355 mil, el 3%).
Dentro de este escenario, la economía popular cobra un papel central. “Tenemos que construir trayectorias que vayan del subsidio al trabajo, y empezar a jerarquizar a la economía popular como dinamizadora de la economía”, apunta Carolina Brandáriz, integrante de la Mesa Nacional del Movimiento Evita y al frente de la Dirección de Cuidados Integrales en la Secretaría de Economía Social, dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
A principios de junio, el Ministerio anunció la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP), una herramienta que busca formalizar a trabajadores de este universo “para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo”. Desde la Secretaría estiman que podrá alcanzar entre 4 y 5 millones de personas. Brandáriz: “Pensemos que para calcular el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE, el subsidio estatal de $10.000) se estipulaban 4 millones de personas, actualmente ya son más de 8 millones y la proyección es de 12 millones. Este registro pretende construir datos fehacientes sobre las condiciones de trabajo y la rama de actividad de cada trabajador y trabajadora para poder diseñar política pública con mayor eficacia”.
Desde vendedorxs ambulantes y recicladorxs a pequeñxs agricultorxs, trabajadorxs sociocomunitarixs y cooperativas de trabajo estarían incluidos en el registro: “El desafío es mejorar esos trayectos productivos para que formen parte de la reconstrucción de la Argentina que va a necesitarse después de la pandemia. Esa reconstrucción no puede darse sin la economía popular: pensar que el mercado de trabajo va a absorber por sí solo al 40% de la población que no tiene garantía de derechos laborales es quedarse con la conciencia tranquila de algo que no va a suceder. El escenario de pleno empleo es nostalgioso”.
Lo dice una funcionaria.
En ese sentido, el otro debate en las entrañas del país es pensar en otra ruralidad, tal como lo viene sosteniendo la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT, 15 mil familias productoras de alimentos agremiadas), con sus Colonias Agroecológicas, un mercado mayorista en Avellaneda y cuatro almacenes de ramos generales, para estimular la distribución y consumo de cercanía de productos saludables. El movimiento no solo está donando alimentos a los comedores en los barrios, sino que también presentó proyectos para mejorar el hábitat rural, y de herramientas de financiamiento y acceso a la tierra para los productores de la agricultura familiar, y así promover otro modelo agropecuario junto a los gobiernos locales. Un dato de la propia UTT: solo en la provincia de Buenos Aires, el 90% de los alimentos de las familias agrícolas no tiene tierra propia y la mayoría de los pueblos del interior bonaerense deben importar alimentos frescos.
Los posibles
José Luis Coraggio es economista, director de la Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y uno de los pensadores que más ha trabajado sobre la conceptualización de la economía popular en Argentina y en América Latina.
Coraggio propone a la economía popular como un tercer subsistema de un sistema económico mixto, junto a la economía empresarial capitalista y la economía pública. Con la unidad doméstica como eje, su enfoque se corre de pensar a la economía popular como “economía informal”: así se posiciona desde la combinación de formas de trabajo de los miembros de esa unidad -ya sea de un hogar o una comunidad- orientada por la mejora en las condiciones de vida de sus integrantes. Desde esta visión, unx docente, unx cooperativista, unx cartonerx y unx obrerx forman parte del conjunto de la economía popular, y contemplando sus trayectorias personales: quien hoy es un cartonero hace cuatro años pudo haber sido un obrero, y mañana un cooperativista.
Para Coraggio es central correrse de un tipo de política asistencial y focalizada en el sector más pobre, y visualizar al trabajo en su conjunto: “De lo contrario, queda el esquema clásico: empleo formal en empresas de capital Y en el Estado, luego todo un segmento social de individuos que no se pueden integrar, y el trabajo doméstico, que no es considerado trabajo. El sector precarizado es parte de una fuerza productiva que no está plenamente desarrollada, pero sí con un potencial a realizar en cuanto se articule con los otros trabajadores y tenga acceso a los medios de producción. Eso no se ve si no hay una visión más amplia. Hay que tener una visión de lo histórico, de lo actual, y de lo posible”.
Cómo sería: “Hay un enorme sector que vive de su trabajo a cambio de un salario y en condiciones de dependencia, con derechos laborales que las luchas sindicales lograron conseguir, y hay otro sector que lo hace de manera autónoma, asociándose por cuenta propia. A la vez que se reconocen las diferencias, no hay que perder de vista la unidad ontológica del trabajo: son todas formas distintas de una misma sustancia, que es el trabajo humano”.
La doble discusión
El proceso de recuperación de la fábrica de alfajores La Nirva, en La Matanza (ver nota de este número), es un ejemplo: 65 familias cuya relación laboral era salarial y que al cierre de esta edición estaban en proceso de organizarse bajo cooperativa, recuperando otro potencial productivo del sector. En Argentina existen 400 fábricas recuperadas que producen y ofrecen servicios y generan más de 18 mil puestos de trabajo. Y según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el número asciende 115 mil si se toma en cuenta el universo total de las cooperativas de trabajo.
Por esa razón, el titular de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas de la Secretaría de Economía Social, Eduardo Vasco Murúa, también se entusiasma con el impacto que pueda tener el flamante RENATEP. Histórico referente del sector, desde su experiencia en la metalúrgica recuperada IMPA y en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, señala otro aspecto central de estos procesos: “El aguante de este sector es para resaltar cuando otras experiencias capitalistas empiezan a ajustar por el lado del despido. La salida de esta pandemia también va a pasar por este sector de la economía. Si trabajamos bien, el Ministerio de Desarrollo Social va a ser el mayor generador de empleo, acompañando los procesos de lucha y la necesidad de los compañeros”.
En ese sentido, Murúa es consciente de dos discusiones grandes por dar. La primera es dentro del propio Estado. “Tenemos que demostrar lo que somos capaces de hacer lxs trabajadorxs de la economía popular. Que el Estado en su conjunto entienda la potencialidad de esta realidad: nos han enseñado que se puede generar empleo a pesar del mandato mundial que tiende a su destrucción. Aún no hay una comprensión general, sino una mirada con desconfianza a ese todo”.
Un ejemplo son las políticas económicas como el IFE o el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, destinado a pymes y grandes empresas de capital (como Techint y Clarín, por nombrar dos casos), pero no a cooperativas: “El Estado lamentablemente repite una asimetría en cómo está fragmentada la sociedad. Con impotencia vemos que compañeros que trabajan en una multinacional cobraban la mitad del salario por parte del Estado (hasta uno o dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, hoy en $16.875), mientras la mayoría de nuestros compañeros solo cobraban un Salario Social Complementario ($8500)”. Sobre el cierre de esta nota, luego de meses de reclamos el sector cooperativo celebró como una victoria propia la decisión gubernamental de extender la Línea 1, una ayuda vía Ministerio de Trabajo, por dos meses y elevarla a $16.500, similar cifra que se les otorga a los privados.
La pandemia también empezó a empujar la posibilidad de un Ingreso Ciudadano Universal, otorgado a todxs de forma independiente de su condición laboral y su situación familiar. Más acá de la utopía nórdica, el MNER insiste desde hace años con una renta de este tipo: “Muchos Estados estuvieron obligados porque hay muchos sectores que no están trabajando. Tenemos que asegurar una renta básica que asegure los derechos fundamentales de la población. Es la generación de una nueva sociedad”.
Murúa subraya que esa dimensión es clave para la clase obrera en su conjunto: “Es algo que también los sectores sindicalizados, tanto privados o estatales, deberían contemplar. Si no unimos al conjunto de clase trabajadora, es decir la economía popular con todos los trabajadores sindicalizados, no hay posibilidad de cambio en nuestro país”.
Construir el futuro
Desde el sur del conurbano bonaerense, Norma Morales apunta que esa discusión -hacia adentro y hacia afuera- tiene que darse en un marco de reconocimiento de derechos. Y agrega que ese reconocimiento es, en primer lugar, un trabajo subjetivo. “Una cocinera histórica, Doña Elsa, no cobra nada porque es pensionada, y nos decía: ‘Yo lo hago por amor’. No se materializa económicamente todo el tiempo de cuidados”.
¿Dónde habría que profundizar? “Se presentó la Ley Ramona (por la referente de La Garganta Poderosa en la Villa 31), que destinaría $5.000 de emergencia a las trabajadoras sociocomunitarias, que suma pero tampoco alcanza. No tenemos que buscarle la vuelta cuando está el problema, sino de forma previa. No solo pedimos un salario mínimo y tener obra social, vacaciones pagas, aguinaldo, sino resolver problemas estructurales en los barrios populares: de los 4.500 que contabilizamos, no hay servicios de cloaca, vereda, instalación de luz. La reivindicación también viene por ahí: son derechos para tener una vida digna y mejorar nuestra calidad de vida”.
Pone de ejemplo las dos semanas de confinamiento en Villa Azul: “Los compañeros decían que iban a extrañar todas las políticas públicas que pusieron en la puerta del barrio. Ojalá tuviéramos RENAPER, ANSES, Ministerio de Trabajo, de Salud y cajero automático los 365 días del año. Es para repensar de acá al futuro: esos son derechos tienen que estar siempre”.
¿Cómo se imagina ese futuro? “La economía popular es la economía familiar. Es tener un trabajo sin patrón, en donde definamos qué actividad hacer, el horario, el lugar, dónde trabajar. Que pongamos precio al producto que producimos. Los sectores populares tenemos capacidad de llevar este tipo de economía. Hay que cortar con los formadores de precios y los grandes terratenientes, los que se enriquecen a costilla de los trabajadores, porque tenemos capacidad de que estos no solo sean talleres, sino fábricas textiles coordinadas por nuestras mismas compañeras en los barrios. Hay que darle poder al pueblo. Y eso se hace a través de la economía popular. Esa es la salida”.
Así como la institucionalización de los derechos sociales fue la columna vertebral de una sociedad salarial que se comenzó a edificar bajo el reconocimiento de demandas históricas que cristalizó el peronismo, las reivindicaciones de los movimientos y las organizaciones sociales cobran hoy un significado histórico frente a la actual crisis: la salida es por abajo, con trabajo y con derechos.
Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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