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Es por abajo: Economía social para la pospandemia

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Recesión mundial y, en Argentina, los más altos índices de informalidad. Por qué es momento de cristalizar derechos de millones de trabajadorxs que no podrán insertarse en el sector privado o público. El rol de la autogestión. La necesidad de políticas fuera de la lógica asistencial. De los barrios a la academia, pasando por las fábricas recuperadas, los movimientos sociales y funcionarios públicos: datos y realidades para pensar la reconstrucción social, económica y política que se impone. Por Lucas Pedulla.

Es por abajo: Economía social para la pospandemia
Foto: Luna Schapira

En el centro comunitario y polo productivo Niños de Pie están fabricando dos vacunas al mismo tiempo. En la parte de atrás de esta casa ubicada en el barrio Nueva Ana de Villa Domínico, partido de Avellaneda, seis mujeres confeccionan en las máquinas textiles los 3.000 barbijos diarios que destinan para donación a salitas, hospitales y a la propia comunidad. Mientras, en la parte de adelante, otras cinco mujeres empiezan a picar cebollas, morrones y a trozar un pollo en la previa de la olla popular que reparte aproximadamente 100 raciones por día desde el comienzo de la cuarentena.

Cada una de ellas lleva su barbijo.

Cada una de ellas mantiene la distancia.

Y Norma Morales -coordinadora, dirigenta del movimiento Barrios de Pie en la provincia de Buenos Aires y una de las referentas nacionales de la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP)- explica: “Con la pandemia se visibilizó mucho más la situación en los barrios. No solo con la olla, ya que planteamos que en Argentina hay tres pandemias: el hambre, los femicidios y el Covid. Y logramos, desde la participación de los vecinos, empezar a tener una lógica de construcción a través de la comunidad. Hoy no se espera que venga un astronauta de afuera con alguna solución, sino que saben que con lluvia o 40 grados de temperatura, estamos nosotros”.

Fuera de la televisión y las redes sociales se urde este tejido que implica que muchas de estas mujeres se levanten a las 5 de la mañana, abran las puertas del centro a las ocho y las cierren doce horas después; para asumir tareas de apoyo escolar, confección de barbijos, cocina, y el acompañamiento de vecinas en situación de violencia, actividades que se dan todas juntas y que económicamente solo se expresan en el monto de $8.500 del llamado Salario Social Complementario, un programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 

Norma lo dice más claro: “Somos trabajadoras, y ese trabajo no es reconocido. Planteamos que somos parte de una solución para una Argentina mucho mejor que la que vivimos hoy. El trabajo es la columna vertebral de los movimientos, pero somos trabajadores informales, precarizados, sin vacaciones ni aguinaldo, y en ese marco se expresó la necesidad de un sindicato histórico. Somos trabajadoras de la economía popular”. 

Las dos vacunas, según Norma, tienen nombre: “Solidaridad y compromiso”.

El mapa laboral

Todos los augurios marcan que la economía global sufrirá una de las peores recesiones de las últimas décadas. El FMI la bautizó como “El Gran Confinamiento” y otros ensayan hipótesis de que se trata de la mayor crisis desde la Gran Depresión en 1929. Mientras en Estados Unidos 40 millones de personas solicitaron seguro de desempleo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé una contracción del 5,2% para toda la región, más de 11 millones de personas desempleadas y una pobreza según ingresos que aumentaría en 30 millones. 

En Argentina, el golpe se estima en 6,3 puntos del PBI y llega luego de cuatro años de macrismo explícito. Algunas cifras para entender el actual mercado de trabajo argentino:

Según datos del último trimestre de 2019, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC arrojó una población económicamente activa (ocupados y desocupados) de 13,439 millones de personas. 

A su vez, según estimaciones, el trabajo no registrado implica entre 7 y 8 millones de personas más. Es decir, de un total de 20 millones, cerca de un 40%.

El desempleo se ubica en 8,9% (1,195 millón de personas), según cifras del mismo período. 

Según el último informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA, marzo de 2020), hay 9,642 millones de personas asalariadas registradas y 2.287 millones de trabajadorxs independientes. Casi 12 millones de personas. 

Entre las asalariadas, el 50,1% proviene del sector privado (5,982 millones), el 26,6% del sector público (3,179 millones) y un 4% de personal de casas particulares (481 mil).

Entre el llamado “trabajo independiente”, completan los monotributistas (1,556 millones, el 13% del total), el trabajo autónomo (376 mil, el 3,2%) y los monotributistas sociales (355 mil, el 3%). 

Dentro de este escenario, la economía popular cobra un papel central. “Tenemos que construir trayectorias que vayan del subsidio al trabajo, y empezar a jerarquizar a la economía popular como dinamizadora de la economía”, apunta Carolina Brandáriz, integrante de la Mesa Nacional del Movimiento Evita y al frente de la Dirección de Cuidados Integrales en la Secretaría de Economía Social, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. 

A principios de junio, el Ministerio anunció la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP), una herramienta que busca formalizar a trabajadores de este universo “para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo”. Desde la Secretaría estiman que podrá alcanzar entre 4 y 5 millones de personas. Brandáriz: “Pensemos que para calcular el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE, el subsidio estatal de $10.000) se estipulaban 4 millones de personas, actualmente ya son más de 8 millones y la proyección es de 12 millones. Este registro pretende construir datos fehacientes sobre las condiciones de trabajo y la rama de actividad de cada trabajador y trabajadora para poder diseñar política pública con mayor eficacia”.

Desde vendedorxs ambulantes y recicladorxs a pequeñxs agricultorxs, trabajadorxs sociocomunitarixs y cooperativas de trabajo estarían incluidos en el registro: “El desafío es mejorar esos trayectos productivos para que formen parte de la reconstrucción de la Argentina que va a necesitarse después de la pandemia. Esa reconstrucción no puede darse sin la economía popular: pensar que el mercado de trabajo va a absorber por sí solo al 40% de la población que no tiene garantía de derechos laborales es quedarse con la conciencia tranquila de algo que no va a suceder. El escenario de pleno empleo es nostalgioso”.

Lo dice una funcionaria.

En ese sentido, el otro debate en las entrañas del país es pensar en otra ruralidad, tal como lo viene sosteniendo la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT, 15 mil familias productoras de alimentos agremiadas), con sus Colonias Agroecológicas, un mercado mayorista en Avellaneda y cuatro almacenes de ramos generales, para estimular la distribución y consumo de cercanía de productos saludables. El movimiento no solo está donando alimentos a los comedores en los barrios, sino que también presentó proyectos para mejorar el hábitat rural, y de herramientas de financiamiento y acceso a la tierra para los productores de la agricultura familiar, y así promover otro modelo agropecuario junto a los gobiernos locales. Un dato de la propia UTT: solo en la provincia de Buenos Aires, el 90% de los alimentos de las familias agrícolas no tiene tierra propia y la mayoría de los pueblos del interior bonaerense deben importar alimentos frescos.

Los posibles

José Luis Coraggio es economista, director de la Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y uno de los pensadores que más ha trabajado sobre la conceptualización de la economía popular en Argentina y en América Latina.

Coraggio propone a la economía popular como un tercer subsistema de un sistema económico mixto, junto a la economía empresarial capitalista y la economía pública. Con la unidad doméstica como eje, su enfoque se corre de pensar a la economía popular como “economía informal”: así se posiciona desde la combinación de formas de trabajo de los miembros de esa unidad -ya sea de un hogar o una comunidad- orientada por la mejora en las condiciones de vida de sus integrantes. Desde esta visión, unx docente, unx cooperativista, unx cartonerx y unx obrerx forman parte del conjunto de la economía popular, y contemplando sus trayectorias personales: quien hoy es un cartonero hace cuatro años pudo haber sido un obrero, y mañana un cooperativista.

Para Coraggio es central correrse de un tipo de política asistencial y focalizada en el sector más pobre, y visualizar al trabajo en su conjunto: “De lo contrario, queda el esquema clásico: empleo formal en empresas de capital Y en el Estado, luego todo un segmento social de individuos que no se pueden integrar, y el trabajo doméstico, que no es considerado trabajo. El sector precarizado es parte de una fuerza productiva que no está plenamente desarrollada, pero sí con un potencial a realizar en cuanto se articule con los otros trabajadores y tenga acceso a los medios de producción. Eso no se ve si no hay una visión más amplia. Hay que tener una visión de lo histórico, de lo actual, y de lo posible”.

Cómo sería: “Hay un enorme sector que vive de su trabajo a cambio de un salario y en condiciones de dependencia, con derechos laborales que las luchas sindicales lograron conseguir, y hay otro sector que lo hace de manera autónoma, asociándose por cuenta propia. A la vez que se reconocen las diferencias, no hay que perder de vista la unidad ontológica del trabajo: son todas formas distintas de una misma sustancia, que es el trabajo humano”.

La doble discusión

El proceso de recuperación de la fábrica de alfajores La Nirva, en La Matanza (ver nota de este número), es un ejemplo: 65 familias cuya relación laboral era salarial y que al cierre de esta edición estaban en proceso de organizarse bajo cooperativa, recuperando otro potencial productivo del sector. En Argentina existen 400 fábricas recuperadas que producen y ofrecen servicios y generan más de 18 mil puestos de trabajo. Y según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el número asciende 115 mil si se toma en cuenta el universo total de las cooperativas de trabajo. 

Por esa razón, el titular de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas de la Secretaría de Economía Social, Eduardo Vasco Murúa, también se entusiasma con el impacto que pueda tener el flamante RENATEP. Histórico referente del sector, desde su experiencia en la metalúrgica recuperada IMPA y en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, señala otro aspecto central de estos procesos: “El aguante de este sector es para resaltar cuando otras experiencias capitalistas empiezan a ajustar por el lado del despido. La salida de esta pandemia también va a pasar por este sector de la economía. Si trabajamos bien, el Ministerio de Desarrollo Social va a ser el mayor generador de empleo, acompañando los procesos de lucha y la necesidad de los compañeros”.

En ese sentido, Murúa es consciente de dos discusiones grandes por dar. La primera es dentro del propio Estado. “Tenemos que demostrar lo que somos capaces de hacer lxs trabajadorxs de la economía popular. Que el Estado en su conjunto entienda la potencialidad de esta realidad: nos han enseñado que se puede generar empleo a pesar del mandato mundial que tiende a su destrucción. Aún no hay una comprensión general, sino una mirada con desconfianza a ese todo”. 

Un ejemplo son las políticas económicas como el IFE o el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, destinado a pymes y grandes empresas de capital (como Techint y Clarín, por nombrar dos casos), pero no a cooperativas: “El Estado lamentablemente repite una asimetría en cómo está fragmentada la sociedad. Con impotencia vemos que compañeros que trabajan en una multinacional cobraban la mitad del salario por parte del Estado (hasta uno o dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, hoy en $16.875), mientras la mayoría de nuestros compañeros solo cobraban un Salario Social Complementario ($8500)”. Sobre el cierre de esta nota, luego de meses de reclamos el sector cooperativo celebró como una victoria propia la decisión gubernamental de extender la Línea 1, una ayuda vía Ministerio de Trabajo, por dos meses y elevarla a $16.500, similar cifra que se les otorga a los privados.

La pandemia también empezó a empujar la posibilidad de un Ingreso Ciudadano Universal, otorgado a todxs de forma independiente de su condición laboral y su situación familiar. Más acá de la utopía nórdica, el MNER insiste desde hace años con una renta de este tipo: “Muchos Estados estuvieron obligados porque hay muchos sectores que no están trabajando. Tenemos que asegurar una renta básica que asegure los derechos fundamentales de la población. Es la generación de una nueva sociedad”. 

Murúa subraya que esa dimensión es clave para la clase obrera en su conjunto: “Es algo que también los sectores sindicalizados, tanto privados o estatales, deberían contemplar.  Si no unimos al conjunto de clase trabajadora, es decir la economía popular con todos los trabajadores sindicalizados, no hay posibilidad de cambio en nuestro país”. 

Construir el futuro

Desde el sur del conurbano bonaerense, Norma Morales apunta que esa discusión -hacia adentro y hacia afuera- tiene que darse en un marco de reconocimiento de derechos. Y agrega que ese reconocimiento es, en primer lugar, un trabajo subjetivo. “Una cocinera histórica, Doña Elsa, no cobra nada porque es pensionada, y nos decía: ‘Yo lo hago por amor’. No se materializa económicamente todo el tiempo de cuidados”.

¿Dónde habría que profundizar? “Se presentó la Ley Ramona (por la referente de La Garganta Poderosa en la Villa 31), que destinaría $5.000 de emergencia a las trabajadoras sociocomunitarias, que suma pero tampoco alcanza. No tenemos que buscarle la vuelta cuando está el problema, sino de forma previa. No solo pedimos un salario mínimo y tener obra social, vacaciones pagas, aguinaldo, sino resolver problemas estructurales en los barrios populares: de los 4.500 que contabilizamos, no hay servicios de cloaca, vereda, instalación de luz. La reivindicación también viene por ahí: son derechos para tener una vida digna y mejorar nuestra calidad de vida”. 

Pone de ejemplo las dos semanas de confinamiento en Villa Azul: “Los compañeros decían que iban a extrañar todas las políticas públicas que pusieron en la puerta del barrio. Ojalá tuviéramos RENAPER, ANSES, Ministerio de Trabajo, de Salud y cajero automático los 365 días del año. Es para repensar de acá al futuro: esos son derechos tienen que estar siempre”.

¿Cómo se imagina ese futuro? “La economía popular es la economía familiar. Es tener un trabajo sin patrón, en donde definamos qué actividad hacer, el horario, el lugar, dónde trabajar. Que pongamos precio al producto que producimos. Los sectores populares tenemos capacidad de llevar este tipo de economía. Hay que cortar con los formadores de precios y los grandes terratenientes, los que se enriquecen a costilla de los trabajadores, porque tenemos capacidad de que estos no solo sean talleres, sino fábricas textiles coordinadas por nuestras mismas compañeras en los barrios. Hay que darle poder al pueblo. Y eso se hace a través de la economía popular. Esa es la salida”. 

Así como la institucionalización de los derechos sociales fue la columna vertebral de una sociedad salarial que se comenzó a edificar bajo el reconocimiento de demandas históricas que cristalizó el peronismo, las reivindicaciones de los movimientos y las organizaciones sociales cobran hoy un significado histórico frente a la actual crisis: la salida es por abajo, con trabajo y con derechos.

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El teatro sale a la calle por la derogación del decreto 345

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A 44 años del atentado al Teatro Picadero en plena dictadura, distintas salas, artistas, productores y gestores organizan un encuentro para conectar pasado y presente. De Teatro Abierto al Festival ENTRÁ, la organización contra el desmantelamiento del sector, representado en el decreto 345, para defender la cultura, la identidad y crear lo que viene.

Por María del Carmen Varela

El 6 de agosto de 1981, a pocos días de haberse iniciado el ciclo Teatro Abierto, el Teatro Picadero sufrió un atentado que lo dejó en ruinas. Por eso, 44 años después, bajo otro ataque sistemático a la cultura, la comunidad teatral sale a la calle para recordar y exigir.

La propuesta reza:

El Teatro está Abierto: ENTRÁ.

La historia no se repite igual, pero rima.

El miércoles próximo, de 17.30 a 19.30, en la puerta del Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA, trabajadorxs de las artes escénicas se reunirán para celebrar que el teatro sigue abierto y para defender al Instituto Nacional del Teatro que por el decreto 345 está siendo desmantelado.

La gacetilla anuncia la participación de Lorena Vega, Valeria Lois, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra leyendo framentos de “Decir sí” de Griselda Gambaro, “El Acompañamiento” de Carlos Gorostiza, “Parlamento” del grupo Piel de lava y “Civilización” de Mariano Saba. Un diálogo entre obras que fueron parte de aquel ciclo y obras contemporáneas que hablan de nuestro presente. También habrá un cierre musical a cargo de Talleres Batuka.

Sigue la gacetilla: «Les invitamos a este evento que es, a su vez, un acto de conmemoración y un encuentro de resistencia. Como Teatro Abierto en los 80, hoy desde ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) seguimos encontrándonos para defender nuestra identidad cultural, nuestro teatro».

El texto poético que acompaña el mitín:

Ayer fue dictadura, hoy es democracia simulada

Ayer fue incendio, hoy es apagón

Ayer fue teatro como refugio, hoy es como grito

Ayer fue unión de artistas, hoy es red federal viva

Ayer y hoy: el teatro vuelve a responder como acto político y vital

En defensa de la cultura, exigimos la derogación del decreto 345.

Entrá porque es urgente

Entrá porque es ahora.

El emblemático ciclo Teatro Abierto arrancó el 28 de julio de 1981 en en el Teatro Picadero. Su organización fue un acto de resistencia en un contexto de dictadura que censuraba a dramaturgxs, directorxs teatrales, actores y actrices de la escena nacional. Un grupo de dramaturgxs comenzó a reunirse en la sede de Argentores para poner al teatro en acción: Así nació Teatro Abierto. Con una programación de 21 obras breves, se proyectó la realización de 3 funciones por día durante 3 meses. Con dramaturgxs como Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pacho O´Donell, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, entre otrxs, el ciclo se convirtió en un verdadero fenómeno artístico apenas iniciado. El público respondió a la convocatoria y se agotó la venta de abonos casi de inmediato. Una semana después, el 6 de agosto, se produjo el atentado que destruyó al Picadero. Al día siguiente se produjo una concurrida asamblea en el Teatro Lasalle y decidieron continuar. Varias salas teatrales ofrecieron sus instalaciones y finalmente el Tabarís, clásico espacio de la revista porteña, fue el elegido para reanudar el ciclo. Una semana más tarde, volvió Teatro Abierto con un apoyo multitudinario por parte del público que llenó la sala hasta la última función.

Contacto: +54 9 11 6914-3033 (Ana)

[email protected]

Instagram: @festivalentra

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Villa Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”

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Vecinas y vecinos del barrio del sur porteño resisten ante una obra que está haciendo el gobierno de la Ciudad a espaldas de la comunidad: tala de centenares de árboles añosos, el cierre de varios ingresos y egresos de la autopista Dellepiane y la colocación de un nuevo peaje (a 4 km de otro ya existente) para ampliar la recaudación. El silencio del gobierno local y el ruido de sus topadoras arrasando el espacio verde y público. La voz de la organización popular que no calla y sale a la calle, otra vez –este viernes y en una caravana de autos– para visibilizar lo que pasa en una de las zonas más postergadas de CABA: a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel hasta Dellepiane Norte y Piedra Buena.

Por Francisco Pandolfi

Desde noviembre del año pasado la comunidad de Villa Lugano resiste a una obra que ya está haciendo el Gobierno de la Ciudad sin licencia social ni escuchar a la vecindad: el Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de centenares de árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista y otro peaje (a cuatro kilómetros del de avenida Lacarra). 

La organización popular no cesó desde el momento en que se enteraron de la iniciativa. Asambleas, audiencias públicas, semaforazos, volanteadas en los distintos sub barrios que forman parte de este barrio porteño bien al sur porteño. Y guardias, para evitar el talado de árboles en lo que las y los vecinos denuncian como “un ecocidio”, que está sucediendo desde marzo.

La comunidad hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, sin respuestas.

Sin embargo, la obra empezó aún incumpliendo la promesa de que antes habrían mesas de trabajo en conjunto. Este viernes, la comunidad decidió volver a manifestarse, en una caravana de autos para seguir visibilizando la problemática. Desde lavaca hablamos con el colectivo de vecinos apartidario No dividan Lugano que está al frente de denunciar la obra. 

Sobre lo negativo y lo positivo de la obra, dirán: “El Master plan Autopista Parque Dellepiane fue presentado como una mejora para el sur de la ciudad, pero en la práctica profundiza las desigualdades urbanas, degrada el ambiente y fragmenta el territorio. Lo negativo es abrumador”, y enumeran: 

• Implica la tala de más de 500 árboles añosos, sin plan de reforestación efectivo.

• Aumenta la huella de carbono y destruye espacios verdes sin compensación.

• Instala un Metrobus central inaccesible, que obliga a cruzar pasarelas extensas sin rampas adecuadas ni soluciones reales para personas mayores o con movilidad reducida.

• Divide al barrio aún más, eliminando accesos, aislando sectores y obstaculizando la vida cotidiana.

• No contempla una red multimodal de transporte, ni bicisendas, ni centros de transferencia.

• Instaura peajes en tramos que eran gratuitos, generando un nuevo costo para vecinos que hacen trayectos cortos todos los días.

Agregan: “Lo positivo, si lo hay, podría haber sido la oportunidad de pensar el área como un verdadero corredor verde y sustentable. Pero nada de eso fue incorporado, ni escuchado”. Y vuelven a enumerar, en este caso, sobre lo que es fundamental denunciar en esta obra:

• Fue diseñada sin participación ciudadana efectiva, sin diálogo real con la comunidad.

• Incumple múltiples normativas locales y nacionales, desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes de accesibilidad, ambiente y derechos ciudadanos.

• Avanza a pesar de un amparo ambiental colectivo presentado por vecinos, vulnerando el Acuerdo de Escazú y los principios de justicia ambiental.

La obra es impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de su empresa estatal AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), con financiamiento internacional de la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina. Las veces que lavaca quiso comunicarse con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño fue imposible. Nadie atiende. En relación a AUSA el prensa de la empresa explicó que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.

Dicen las y los vecinos: “El proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental adecuados, sin matrices de costo-beneficio transparentes y sin haber sido sometido a procesos participativos válidos. Hoy, la obra está en plena ejecución, avanzando a toda velocidad sin haber sido revisada tras la presentación del amparo ni durante las mesas de trabajo convocadas por la Justicia, una vez que ya habían iniciado la obra”.

¿Las mesas de trabajo están sirviendo de algo? ¿Hay escucha del gobierno porteño y de la empresa?

Las mesas de trabajo fueron convocadas por orden judicial. Pero en la práctica, no hay escucha real. El GCBA y AUSA llegan a las mesas con el proyecto cerrado, sin brindar información clave, sin contestar a los pedidos de acceso a la información, ni frenar las obras mientras se debate. Las propuestas alternativas presentadas por los vecinos (como usar colectoras, premetro, u otros modelos de movilidad sustentable) ni siquiera fueron consideradas. Las mesas han sido una formalidad dilatoria mientras la obra avanza sin freno.

¿Qué perjuicios ya están sucediendo y cuáles sucederán?

Tala de árboles, pérdida de sombra, humedad y biodiversidad; rotura de veredas, ruidos permanentes, vibraciones y molestias en la vida diaria; corte de accesos históricos, dejando barrios desconectados. Y si no se frena habrá un aumento de inseguridad vial, con colectivos cruzando carriles rápidos en maniobras riesgosas; aislamiento de sectores enteros del barrio; encarecimiento de la vida cotidiana por peajes, más transporte y pérdida de comercios barriales; mayor contaminación ambiental y sonora; desvalorización de las propiedades y deterioro del entorno.

¿Por qué este viernes 1 de agosto la comunidad hará una caravana?

Porque ya no alcanza con reclamar en silencio ni esperar respuestas que no llegan. Convocamos a una caravana vecinal pacífica para visibilizar el conflicto, frenar el avance destructivo de la obra, y exigir participación real. Será una caravana con autos, banderas argentinas y carteles. Queremos que nos vean y que nos escuchen.

La caravana saldrá a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel y finalizará en Dellepiane Norte y Piedra Buena. Participarán familias, organizaciones barriales, ambientalistas, arquitectos, docentes, jubilados, comerciantes. Al finalizar, se realizará una ceremonia simbólica con Flavia Carrión, antropóloga y comunicadora de sabiduría ancestral, en el Día de la Pachamama. “Será un acto de gratitud ambiental, una pausa colectiva para honrar a los árboles y el esfuerzo de toda nuestra gente; para agradecerle a la Tierra por seguir aguantándonos. Un momento para reencontrarnos con lo esencial: la naturaleza, la vida en comunidad y la defensa de lo que amamos”.

Esta misma vecindad organizada se formó el año pasado con el nombre “No dividan Lugano”, cuando evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nivel, que hubiesen significado un abanico de perjuicios para el barrio. En ese entonces, cuando llegaron las topadoras, mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. En esta crónica contamos lo que fue ese proceso comunitario.

Un año después, el barrio de Lugano sigue en pie de resistencia. “Somos una comunidad que se levanta para defender a su barrio. Ya presentamos más de 800 firmas, relevamientos propios y propuestas alternativas. Pero nos siguen ignorando, y la obra sigue destruyendo. Por eso salimos a la calle, otra vez, y así lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta”.

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Actualidad

Marcha de jubilados: balas y bolitas

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Siete detenidos y al menos 30 personas heridas, entre jubilados, curas, trabajadores de prensa (lavaca, Cítrica, Infonews, El Destape y C5N, entre ellos), defensores de derechos humanos, y un niño de 4 años que estaba con su familia en la Plaza de los Dos Congresos. Ese es uno de los saldos de otra semana de represión brutal a la protesta de cada miércoles, esta vez coordinada por la Policía de la Ciudad, que disparó postas de goma, balines con gas pimienta, granadas aturdidoras, golpeó con escudos y lanzó un nuevo tipo de gas que producía tos y vómitos. El despliegue también implicó tareas de inteligencia ilegal con efectivos que filmaban y fotografiaban manifestantes, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también relevó «policías armados con postas de plomo que están prohibidos». Los carteles, las reflexiones, y la creatividad: algunos integrantes de la marcha terminaron jugando a las bolitas en la calle con los balines policiales. 

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El padre Paco Olveira muestra los balines que golpean y expulsan gas pimienta. Terminaron jugando con ellos a la bolita sobre la acera.

Otro miércoles de protesta de jubilados y otro miércoles de represión feroz y absurda enfocada principalmente a jubilados y a la prensa que cubría lo que estaba ocurriendo. Con ataques directos a los ojos y a los cuerpos. A las cámaras y a los celulares que registraban la bestialidad de las fuerzas de seguridad –el fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, entre ellos, con quemaduras de primer grado en el cuello y en la oreja–. No es difícil imaginar lo que hubiese ocurrido si ese ataque le hubiera llegado directamente a los ojos. Esta vez fue la Policía de la Ciudad la encargada de lanzar gases y disparos a mansalva en la intersección de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña cuando la movilización pretendía ir hacia la Casa Rosada.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El fotógrafo Juan Valeiro de lavaca, uno de los periodistas atacados, como ocurrió con profesionales de Cítrica, Infonews, El Destape y C5N.

Hubo 7 detenidos (Agustín Cano, Leandro Maristains, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos, Hugo Eischler y Javier Mendoza) y al menos 30 heridos según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre ellos un niño de 4 años que estaba en la Plaza de los Dos Congresos junto a su familia.  

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Escenas de otro miércoles de violencia estatal absurda.

Más allá de la violencia ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la concentración de jubilados tuvo un eje concreto de reclamo: el “no al veto” del gobierno nacional a la suba de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, Javier Milei ya avisó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. Tiene plazo hasta el lunes 4 de agosto, tiempo destinado a ofrecer distintas cuestiones no públicas a diputados que se sumen a apoyar el veto, como ha venido ocurriendo. ¿El argumento del oficialismo contra un ínfimo aumento a jubilados? “Va en contra del equilibrio fiscal”.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Una de las jubiladas víctimas del coraje policial contra ellas, y de un nuevo gas tóxico, un símbolo de esta época.

Con la camiseta de Independiente y máscara del Hombre Araña, un jubilado entendió el mapa económico que traza esa decisión, y lo señaló con un cartel en tono bíblico: en el Génesis se habla de un sueño con vacas gordas y vacas flacas, referencia a los períodos de prosperidad y a los de dificultades. El jubilado escribió una actualización argentina de aquella imagen que ya no tiene forma de sueño sino de pesadilla. 

  • “Vacas gordas, jubilados flacos”.
Marcha de jubilados: balas y bolitas

El Hombre Araña es del Rojo, y releyó el Génesis.

Números y un café

Carlos trabajó cuarenta años en el Correo y no falta ningún miércoles a la marcha de jubilados y jubiladas con su remera ya mítica de Chacarita. Tanto, que casi nadie sabe que se llama Carlos y la gente le dice “Chaca”. Hoy caminó por Rivadavia con dos vendas que le envolvieron sus dos antebrazos. “Como todos los miércoles, venimos a reclamar y te cagan a palos. Acá tenés la prueba”, dijo a lavaca  mostrando sus moretones. “Pero ya lo dije: esta sangre mía Bullrich la va a pagar”.

Héctor acaba de cumplir 75 años: “Decir que la suba de las jubilaciones atenta contra el equilibrio fiscal es una payasada. Milei lo deja claro cuando le baja las retenciones al campo, como dijo el sábado en la Sociedad Rural. Para nosotros nada y para los ricos todo, esa es la política del gobierno. ¿El beneficio para el campo no genera déficit fiscal? Milei es una máquina de mentir”. El hombre cuenta sus propias y reales retenciones: “Ya no salgo más que los miércoles acá. Ya no tengo la vida que tenía antes, no puedo viajar ni tomarme un café”.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Policías en acción, frente a jubilados que reclaman por sus haberes amputados por la motosierra.

De ratificarse el veto a los jubilados, la suba de agosto no será del 7,2% como fija la ley aprobada (el haber mínimo $441.600), sino del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51.

Abus en la calle 

Alicia tiene 63 años y lleva un pañuelo firmado por siete de sus nietos: “Abus en lucha”, “Aguanten los jubilados”. No entiende la distribución de la riqueza. O sí, pero la ve obscena: “La baja de las retenciones y el veto a los jubilados es una guasada total”. Sus retenciones: “Ya no me puedo dar más un gustito. Vivo el día a día, ya no estoy comprando nada ni semanal ni mensual”.

En la marcha hubo muchos carteles al respecto: 

  • No al veto: nuestra indigencia es tu superávit
  • Ni veto ni represión: fuera el FMI
  • No al veto a las leyes en jubilaciones
  • No al veto: cobarde estafador (y la cara de Milei). 

Ana, 74 años, trajo su propia pancarta: “Baja las retenciones a los ricos, hambrea a los viejos”. Cuenta que su hijo trabaja en el Correo y teme ser despedido, que su nieta encontró trabajo en un Todo Moda pero la echaron a los dos meses. Para ella todo el pueblo debería movilizarse: “No sólo los jubilados y los del Garrahan. Todos”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

No hay plata para el cine argentino (el Gaumont como símbolo) pero sí para filmar ilegalmente a manifestantes.

Walter (66) y Julio (62) llegaron de Campana, norte de la provincia de Buenos Aires. Sumaron otros dos carteles: “Viejo: no te quedes en tu casa, vení a luchar” y “Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos”. Walter movió la cabeza de un lado para el otro al recordar el discurso de Milei en la Sociedad Rural: “Un tipo desquiciado, frente a toda la oligarquía, los terratenientes, los dueños de la tierra. Él mismo dice: ‘soy cruel’. Nos la está haciendo parir. Nos quitó la medicación, todo un desastre”.

Julio coincidió: “Ahí ves realmente para quién gobierna. Hasta el que tiene séptimo grado, como yo, se da cuenta”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Jubilado hablándole a la pared.

Roberto, 62 años, de Trelew (Chubut), lo escucha: “Pero hay que seguir viniendo, compañeros. Son totalmente inescrupulosos. Hoy hablaba con un amigo que me decía que había que respetar el voto popular, pero Hitler también ganó con el voto popular. Si no salimos a la calle, no sé qué más va a pasar”. 

Vallas a donde vayas

El Congreso estuvo totalmente vallado. Vallas sobre Entre Ríos, Riobamba, Yrigoyen, Rivadavia. “Este quilombo lo hizo la Buillrich”, gritó un cincuentón a los automovilistas que se quejaban porque avanzar por las calles lindantes era un imposible.

Luis llevó un cartel: “Menstruación=sueldo de jubilado; viene una vez y se va a los tres días”. Dijo que lo escuchó a Milei cuando anunció en La Rural la baja de las retenciones al agro. “Lo que me dolió fue que la gente aplaudió cuando dijo que iba a vetar nuestro aumento. La gente del campo aplaude a todos los que empiezan con la “m” de mierda: Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milei”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Mensaje para el tal vez próximo embajador de Trump en Argentina. Un apellido que parece un mandato.

Después de la radio abierta, como cada miércoles, empezó la movilización. Las columnas bajaron a Hipólito Yrigoyen, cuya circulación no estaba cortada y marcharon por la calle. “Luche que se van”, fue otra vez el hit, al que siguió “que se vayan todos”. Uno de los temas, con dedicatoria explícita: “A dónde está, que no se ve, esa famosa CGT”. Nobleza obliga: ni la CGT ni ningún partido político, con la cabeza en las elecciones legislativas y no en la calle.

La violencia y las bolitas

Sobre Yrigoyen, casi Luis Sáenz Peña, se divisaba un camión hidrante que se retiró. La columna dobló al final de la Plaza para ir hacia Avenida de Mayo con la intención de seguir la marcha hacia Plaza de Mayo. Sin embargo, en otro operativo de pésima coordinación –esta vez por la Policía de la Ciudad– la manifestación se mezcló entre autos y colectivos que seguían pasando. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

“¡Por la vereda!”, gritaron algunos jubilados. Pero en ese momento, los efectivos cortaron de cordón a cordón empezando con la respuesta física violenta. El operativo estuvo acompañado, como suele ocurrir, por oficiales con cámaras que filmaron y sacaron fotos (con el objetivo de realizar algún tipo de “inteligencia” y amedrentamiento a quienes ejercen el derecho de reclamar). 

La movilización avanzó pero rápidamente empezaron las detonaciones de escopeta con postas de goma y de granadas. Dispararon balines de armas byrna, redondos y de colores, que impactaban en los cuerpos, provocando lastimaduras y liberación del gas que llevan dentro. También lo hicieron sobre la vereda, donde se supone que no hay “protocolo”. Detuvieron, golpearon y gasearon fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras de prensa, como cada semana. El efecto de esos spray, que poseen una sustancia espesa y viscosa: penetra los poros y quema durante horas. El fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, como otros reporteros (Cítrica, Infonews, C5N y El Destape, entre otros), fueron atendidos en la misma plaza y en el Instituto Patria. “Quemadura de primer grado”, diagnosticaron a nuestro compañero.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

¿Qué escudan los escudos?

Nadie fue ajeno a esta nueva ofensiva. La policía disparó un gas que generaba tos hasta el punto de provocar arcadas y vómitos. La sensación era extraña, porque no había un sabor ácido ni picante, pero provocaba una tos ronca. El efecto llegaba incluso a las calles aledañas, aparentemente ajenas al la marcha. “El registro del despliegue policial evidencia su brutalidad e irracionalidad”, denunció la CPM, organismo que precisó otro detalle alarmante: “Se relevaron también policías armados con armas con postas de plomo que están prohibidas, y acciones de inteligencia ilegal”. 

Agregó la CPM que el ataque incluyó a defensores de derechos humanos, cuyo hostigamiento tenía como fin evitar el registro de los hechos.

Sin embargo, la gente no se fue.

La gente se quedó. La policía avanzaba, seguía gaseando, y la gente siguió. 

“¡Tienen miedo!”, gritó una jubilada. “¡Tienen miedo!”.

Uno de los primeros detenidos había sido el padre Paco Olveira. Lo golpearon, lo gasearon y lo salvó la gente. Se llevó de recuerdo dos de los balines de la Policía. “Es el último arma que trajo Bullrich”, explica y muestra a lavaca. “Te tiran y salta el gas. No te deja respirar. Y duele, porque nos dieron unos cuantos en los pies. Gracias a Dios hoy no tiraron a los ojos”.

De fondo, la jubilada siguió gritando: “¡Tienen miedo!”.

Otro miércoles de protesta de jubilados se diluía entre detenciones y balines de gas. Entre un cordón con armas largas sobre Rivadavia y un grupo de la motorizada dispuesto a salir sobre Rodríguez Peña. Sin embargo, mientras el padre Paco seguía mostrando los balines, alguien propuso:

–Juguemos a las bolitas.

Todos se rieron, por el absurdo de la situación. 

De nuevo, frente al horror, la creatividad social. 

Y así, frente a policías que seguían filmando ahora una burla, un párroco y una jubilada arrodillados en la calle, jugaron a las bolitas con los balines para cerrar otro miércoles argentino.

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