La desaparición de Facundo Astudillo Castro profundiza la vieja herida de la democracia argentina: cómo -no- se investiga una causa caratulada como “desaparición forzada”. La lupa sobre la Bonaerense. La desinformación como sistema. El Poder Judicial encubridor. El rol del Estado,  y el del gobierno. La memoria de las familias de Luciano Arruga, Daniel Solano y Santiago Maldonado como caminos para construir otras respuestas. Por Lucas Pedulla.

Al cierre de esta edición hay una noticia que sigue siendo la misma, cada día, cada hora,  desde el 30 de abril: Facundo Astudillo Castro, joven de 22 años, oriundo de la localidad bonaerense de Pedro Luro, apasionado de la batucada e hincha de Boca, está desaparecido.

Su mamá, Cristina Castro, pidió la intervención directa a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: “Estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”.

La ONU le exigió al Estado argentino “inmediatez y exhaustividad” en la investigación, mientras se mantienen las medidas de prueba, rastrillajes, declaraciones testimoniales, contradicciones policiales y una sospecha sobre el accionar de la Policía Bonaerense, y la causa que tramita en el Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca continúa orientada a establecer o corroborar la hipótesis delictual: desaparición forzada de persona.

Una más este año, luego de Luis Espinoza en Tucumán.

Una más en democracia.

Una más en el país de los 30.000.

Cómo se distorsiona

“Hoy tenemos que gritar que Facundo está desaparecido, que su mamá lo último que supo es que a las 10 de la mañana le labraron una infracción en Mayor Buratovich (localidad a 30 km de Pedro Luro, también en el partido de Villarino) por salir sin permiso para circular, y que hay tres testigos que declararon que lo vieron subirse a una camioneta de la Bonaerene a las 15:30”, dice a MU el abogado Leandro Aparicio que, junto a Luciano Paretto, compone la querella de la familia. “La única forma que nos puedan cambiar esto es que aparezca Facundo con vida. Pero, hasta el momento, lo que tenemos es que la policía ha dejado huellas de encubrimiento por todos lados”. 

Una telaraña de testigos, filtraciones a la prensa local y contradicciones policiales anudan para la familia esas huellas que, no de forma casual, se repiten en cada caso de desaparición forzada y que evaden la pregunta central de qué pasó con Facundo, mientras hay patrones que se repiten en tres dimensiones complementarias: 

• Las fuerzas estatales. El abogado Aparicio enumera: “En los primeros días de junio, un amigo va a denunciar que Facundo no aparece: le dicen que tiene que ir con la madre. Va una segunda vez y le toman la declaración en un papel de rotisería: le dicen que tenga paciencia que ya va a aparecer. Luego, a partir del 15 de junio empiezan a entrar sin orden de allanamiento en distintas casas de hermanos de la exnovia, a otro hermano lo llevan a Mayor Buratovich, lo hacen esperar en la comisaría, lo meten en una habitación con cuatro policías, lo amenazan y después de que declara, lo siguen vigilando. Luego, el 19 de junio se hace el rastrillaje. Querían ir a la comisaría de Mayor Buratovich. A la mamá la frena el comisario, le dice que no tiene nada que hacer allí. Había cinco patrulleros bloqueando el ingreso. Allí aparece otra policía, que era una de las hermanastras de una de las oficiales que lo había parado a las 10 de la mañana, y dice que lo llevó a Facundo hasta Teniente Origone, donde surge otro policía y otra declaración contradictoria: afirmó que Facundo se subió a una camioneta en dirección a Bahía Blanca luego de una infracción. Días más tarde, declaró que se había ido caminando. Al día siguiente, un policía declara que lo vio a Facundo en Cerri, un pueblo al lado de Bahía. Es la primera denuncia que lo ubica ahí. Pero no declara como policía, sino como empleado de un comercio. El fiscal de la Procuvin le cortó la declaración porque estaba incurriendo en falso testimonio”. 
  
• La Justicia. Durante la primera parte de la búsqueda, la investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Médanos-Villarino, en manos del fiscal Dimás García, en una causa por “averiguación de paradero”. García rechazó asistencia de la propia provincia alegando que Facundo sólo estaba perdido y se valió de la propia Bonaerense, la principal sospechada. La causa pasó luego al Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, y de la Fiscalía Federal Nº1, en manos de Santiago Ulpiano Martínez, funcionario que llegó a la justicia gracias a un pliego que habilitó Mauricio Macri como Presidente, a pesar de las objeciones de los organismos de derechos humanos que lo señalaron como uno de los principales obstáculos en los avances de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en Bahía Blanca. La familia lo recusó por temor de parcialidad: lo acusa de no haberla recibido, de dilatar medidas de prueba, dar crédito a las versiones que desviaban la atención, y de “filtrar información distorsionada” a los medios locales, entre ellas, la de la persona que el 15 de julio declaró que había llevado a Facundo cerca de Bahía Blanca. Aparicio señala que esa testigo fue aportada por los mismos policías que le labraron la infracción durante la mañana del 30 de abril: “En ningún momento dice que fue Facundo y brinda una serie de datos que no coinciden con él”. 
  
• Los medios. La familia sostiene que La Nueva Provincia y La Brújula son las empresas de Bahía que terminan completando el eslabón, y “los principales difusores de las noticias falsas” del caso. Aparicio: “Con la declaración de la flamante testigo, no había ningun dato de que sea Facundo. Pero el día anterior, un editor de La Brújula tuitea que iba a ir a declarar una persona, y que habría novedades. Luego, publican una nota poniendo que hubo un ‘vuelco fundamental en la causa’, con toda una serie de datos falsos. ¿Cómo se filtra una testigo de identidad reservada?”.

No es la primera vez que Aparicio está frente a una causa por desaparición forzada. Fue uno de los abogados que acompañó a Gualberto Solano en la búsqueda para saber qué pasó con su hijo, Daniel, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel (Río Negro) el 5 de noviembre de 2011, tras reclamar por su sueldo como trabajador rural a la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. El 1° de agosto de 2018, después de 7 años, la Justicia condenó a siete policías por ser coautores de “homicidio calificado agravado por alevosía”, fallo que aún espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante un recurso de queja por parte de la defensa de los efectivos. Aparicio: “Están condenados por doble sentencia, pero llevan arma, cobran sueldo y siguen trabajando de policías a la espera del fallo”. El cuerpo de Daniel sigue desaparecido, y Gualberto -luego de años de huelgas de hambre, acampes y encadenarse reiteradas veces al juzgado- murió sin haber llegado siquiera a la sentencia. 

Cambian geografías y nombres, pero los mecanismos se repiten. “Con Solano nos decían que estaba en Conesa, en Neuquén, en Bolivia, de la misma manera en que ahora nos dicen que Facundo está en Viedma, en Bahía Blanca o en González Chávez. Lo único que te da son ciertos reflejos para prever lo que va a venir. El fiscal quería poner una recompensa para ayudar a la búsqueda. Le dijimos que si hacía eso ibamos a tener 5000 testigos, una hora cada uno, desviando la investigación. Dijimos basta”. 

¿Qué evaluación hace?

Esto no lo solucionás con ningún parche. No es solo la policía: es un sistema judicial corrompido hasta la médula. Entiendo que el cambio se va a dar con la movilización. Y si se da, tiene que salir de abajo y en contextos de crisis, porque esto no da para más. 

El estado es el problema

Los pedidos de Cristina y la explicación del abogado Aparicio sobre el encubrimiento, en medio de la falta de certezas de lo que pasó con Facundo, apuntan a echar luz sobre esa oscura matriz que no solo se revela ante cada caso de desaparición forzada, sino que además edifica el nudo central donde los tres eslabones se combinan para que estos casos se repitan sistemáticamente: la construcción de impunidad.

A la situación del caso Solano, otros dos ejemplos:

• 11 años después de la desaparición y muerte de Luciano Arruga, su familia sigue exigiendo que, sin tener novedades en la causa principal (“todo lo que no se hizo es prueba de lo significa una desaparición forzada”, dicen), se avance en el pedido de jury al juez Gustavo Banco y a las fiscales Celia Cejas y Roxana Castelli, cómplices del encubrimiento judicial. Pero ni la comisión bicameral de la Legislatura bonaerense ni la Procuración provincial acusaron, por lo que la familia quedó sola teniendo que afrontar una caución de 260 mil pesos para continuar con el proceso. Tuvieron que hacer un escrito apelando.
  
• 3 años después de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la Sala IV de Casación Penal resolvió no hacer lugar a la recusación del juez Gustavo Lleral, cuando fue el propio magistrado el que decidió cerrar la causa aconsejando por escrito “el cese” de su intervención en el expediente. 

Sergio Maldonado dice a MU: “La lucha en las calles, la difusión, todo va generando otra conciencia, pero también me doy cuenta que con eso solo no alcanza. Más allá de que la matriz del Estado de desaparecer, encubrir y matar siempre es la misma, va cambiando: aparece un remedio pero la enfermedad se agrava. Podés presentar leyes, hacer marchas, decir ‘No al gatillo fácil’, ‘Con vida lo llevaron, con vida lo queremos’, todas consignas, pero si no hay una reforma judicial enserio, y empezás a entender que fiscales y jueces son parte del problema porque te encierran en el famoso ocho, donde vas y venís, te dan vuelta y te desgastan, solo son palabras. El único que tiene la facultad de desaparecer, encubrir y mentir es el Estado. Entonces el Estado no puede ser el solucionador, porque va en contra de su forma de ser Estado: sos parte del problema”.

En el caso de Luciano Arruga seis años después de haber encontrado el cuerpo de su hermano, desaparecido el 31 de enero 2009 (había sido visto por última vez también en contacto con la Bonaerense), Vanesa Orieta se pregunta si es correcto hacer recortes temporales en relación a los gobiernos constitucionales. “El rol que han tenido las familias y la organización ha sido apuntar que las desapariciones forzadas, los casos de gatillo fácil y las torturas las enmarcamos en medio de una lógica represiva que se viene dando en todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia. Y para que esta impunidad exista hace falta la participación de un poder nefasto como el judicial, pero también la decisión política de que estas causas se mantengan en ese proceso”.

En ese camino, Vanesa destaca la lucha de las familias. “Hay momentos en que las palabras encuentran un vacío cuando las repetís sistemáticamente y no hay una respuesta contundente frente a eso. Entonces las lucha de las familias es admirable, y ojalá algún día la sociedad entienda el enorme sacrificio, sobre todo de esas mujeres madres, que les arrebataron a sus hijos. La lucha de esas mujeres logró visibilizar la problemática. Es una solidaridad tremenda, porque esos cuerpos hoy están cansados, con dolores, porque entendieron que no pueden avanzar con sus casos y la lucha es colectiva. Yo ya no pienso que vaya a obtener justicia por la causa de mi hermano ni que logremos condena a los responsables materiales, económicos y judiciales, pero sí me entregué a la idea de organizarnos para que haya algún caso que siente precedente para todos”.

Gatillo e ideología fácil

Por historia y memoria, pero además por condenas internacionales por desapariciones en democracia, el Estado argentino está obligado a tener una formación estructural respecto a desaparición forzada: no sólo es un compromiso luego de la aprobación de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Persona en 1995, sino que es una exigencia de la condena de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, en 2003. En 2020, y con la búsqueda de Facundo, el incumplimiento queda a la vista.

Sergio: “El Estado no está capacitado porque no sabe buscar ni investigar. Y sobre organismos, no hay nada por encima de Madres, Abuelas e Hijxs: el resto puede estar y apoyar, pero no entienden la lógica del derecho a saber la verdad. Me remito a las pruebas: ninguna de las cuatro querellas en la causa de Santiago fueron capaces de recusar a Lleral, un juez que dijo que Santiago se había ahogado solo, y tampoco ninguna acompañó el pedido de sostener la investigación de desaparición forzada. Es decir, ¿qué hace la familia que no se pone al frente? Acá encima las distancias son enormes: la fiscalía en Esquel, el juez en Rawson, la Cámara en Comodoro Rivadavia, y en Capital Federal están Comodoro Py y la Corte Suprema. Si yo no estuviera, la causa se habría caído o estarían investigando cualquier cosa, y tendríamos resultados como juzgar algún policía de alguna fuerza, diciendo que fue homicidio, pero sin cuerpo. Ese derecho a la verdad es desde donde yo me paro. Y es el valor que tenemos las familias”.

¿Es posible que ese valor se transforme en mecanismos que puedan romper la matriz? Sergio plantea algo concreto: “Los únicos que pueden entender esto son los propios familiares: no sabés cuál es la solución, pero sí conocés una gran parte del problema. La secretaría de Derechos Humanos tendría que tener un observatorio o una mesa en el que me gustaría que estuvieran distintas familias de distintas épocas. Que sea algo amplio, y se proponga avanzar y fortalecer los derechos humanos, sin ideologías partidarias”.

Vanesa: “Nosotros tuvimos que plantear que podíamos sufrir una desaparición forzada en democracia igual que cualquier otra persona en un contexto mucho más complejo y horroroso. Si depositara una cuota de confianza en el Poder Judicial y político, entiendo que es un trabajo muy serio e interdisciplinario donde se tiene que pensar que hay un gran porcentaje de seres humanos que viven arrasados por situaciones de empobrecimiento y vulneración, muchos sin voz, que no tienen el mismo apoyo, y no queremos que la vida humana se valorice por su condición de clase. Lo que las familias intentamos es concientizar y que sea la sociedad la que genere cierto temblor en las estructuras institucionales. Creemos que algo fue pasando. Que el presidente Alberto Fernández mencione en su discurso al gatillo fácil es por la lucha de esas familias. No basta, pero entiendo que cada día más van quedando un poco más acorralados”. 

Berni, Axel y el mareo

Cristina Castro atiende a MU un día después de la audiencia de recusación del fiscal Martínez. “Siento mucha impotencia de ver cómo desde Bahía y Villarino se han fraguado cosas, intentando tapar todo. Duele mucho ver cómo la Bonaerense sigue aportando testigos falsos y el fiscal los avala. Por eso hablo de sistema corrupto: desde el primer día que no me dejaron entrar en Buratovich, el subcomisario desplazado que nos amenazó y el hecho de mirarles a la cara y saber cómo mienten los testigos falsos”.

También dijo que no quería que la llamaran más. “Me refiero a los funcionarios que dicen: ‘Lo siento’. No quiero que nadie lo sienta. Quiero que trabajen, actúen y hagan las cosas. No quiero que Sergio Berni venga y me diga que lo siente. No quiero que Axel venga y me diga que lo siente. Quiero que tomen cartas en el asunto porque es su policía la que está acusada de desaparecer a mi hijo. Berni de acá se fue sabiendo todo lo que se hizo, no soy tonta. Que lo esté cubriendo es otra cosa. O le mintieron demasiado bien o no quiere ver la realidad”. 

Cristina sabe que todas las contradicciones y la falta de respuestas apuntan a otro factor que se repite en estos casos: marear a las familias. “No lo van a hacer. Sigo firme. Sé que mi hijo no salió de Buratovich. Yo sé que ahí le hicieron algo malo. No me van a convencer de otra cosa. Y lo voy a seguir gritando hasta que digan la verdad”.