El gobierno anunció medidas de política ambiental pero, en paralelo, impulsa el extractivismo que destruye los bienes comunes. El Plan Estratégico Minero y sus aliados. El rechazo de asambleas socioambientales y pueblos originarios. Por Darío Aranda.

«Me comprometo ante ustedes en ser el primero que jure lealtad al medio ambiente”, propuso el presidente Alberto Fernández. 

Lunes 21 de septiembre. Quinta de Olivos. El sol del mediodía rebota en el césped verde del jardín. Más de 20 personas sentadas en ronda. Las organizaciones Jóvenes por el Clima, Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr-MTE) y el colectivo de oenegés Alianza por el Clima, entre otras y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en el anuncio de cuatro medidas: plan de erradicación de basurales a cielo abierto, proyecto de ley de educación ambiental, implementación del plan “casa común” (proyectos de agroecología municipal y preservación de reservas naturales urbanas) y  traspaso del Programa de Prevención de Incendios a la órbita del Ministerio de Ambiente. 

El Presidente tuvo pasajes elogiosos sobre el cuidado del planeta, frases dignas de un militante ambiental:

-“Comprometámonos a dejar de contaminar el lugar donde vivimos”.

-“Una humanidad que no cuida el mundo es lo mismo que un habitante que no cuida su hogar, lo desprecia y lo maltrata”.

-“Debemos ponernos firmes (frente a las corporaciones), porque en caso contrario se privilegiaría la rentabilidad de pocos en perjuicio de las inmensas mayorías”.

Fernández propuso que los niños de cuarto año de la escuela, al prometer a la bandera, “juren también por el ambiente”. No se mencionaron palabras incómodas: extractivismo, agrotóxicos, transgénicos, fracking, glaciares, megaminería. Las organizaciones cercanas al gobierno aplaudieron. Comparado con su antecesor, que dejó un techo muy bajo en política ambiental, el discurso presidencial es un cambio.

Sin embargo, un amplio abanico de oenegés y asambleas tuvieron una lectura distante. Greenpeace señaló que las medidas “son pasos necesarios pero insuficientes ante la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos”. Exigió que se catalogue como delito penal a los incendios y desmontes de bosques y humedales, y se obligue a los responsables a su restauración.

La Asamblea Popular por el Agua y la Asamblea de Pibes Autoconvocades, ambas de Mendoza, acordaron con los anuncios pero afirmaron: “No alcanza con cuatro propuestas aisladas. Consideramos que para salir de la crisis climática es necesario tomar medidas en cuanto al modelo de (mal) desarrollo que nos trajo hasta este lugar. Es necesario y prioritario terminar con el agronegocio y el monocultivo, con la megaminería metalífera, con el fracking, con la quema de nuestros humedales y el desmonte de los bosques nativos”.

Belén Branchi, activista socioambiental de Chubut e integrante de Radio Sudaca de Trelew, recuerda que en están en lucha frente a la avanzada del gobierno provincial que busca derogar la Ley 5001 (que limita la megaminería) y habilitar el proyecto Navidad de la multinacional Pan American Silver. “El mensaje presidencial suena bonito, con mención a la ‘sostenibilidad’ y dando la palabra a los jóvenes, pero un llamamiento a no seguir ‘consumiendo la casa común’ sin mencionar la megaminería, la producción hidrocarburífera ni el modelo agroindustrial suena bastante irrisorio”, cuestiona Branchi  quien destaca que “la agenda de ‘desarrollo económico’ del gobierno es Vaca Muerta, el Consejo Agroindustrial Argentino y la megaminería”.

El “Plan Estratégico” 

El gobierno publicó el 3 de agosto en el Boletín Oficial la resolución 47/2020. Establece: “Apruébase la planificación de la Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo para el ‘Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino’, con el propósito de consolidar a la actividad minera en el desarrollo productivo nacional”.

   “El Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino para los próximos 30 años propone consolidar el rol de la minería en el desarrollo productivo nacional y las condiciones que se requieren para aprovechar en plenitud las oportunidades que esta ofrece”, destaca.  Un objetivo es la  conformación de una “mesa nacional de notables” para lograr “una visión común para el desarrollo de la actividad”. Apunta a la construcción de “consensos”. Según el documento, la “mesa de notables” incluirá a sectores políticos,  científicos, empresarios, sindicales, gobiernos provinciales y “organizaciones libres del pueblo”. No específica cómo se los elegirá, pero buscará “consensos” para el avance de la actividad.

El segundo objetivo oficial incluye “la institucionalización de la vinculación pública privada para el desarrollo productivo minero”, el incremento de ingresos fiscales por exportación, “simplificación de procesos y flexibilidad para la competitividad del sector”.

En el anexo de la resolución se detallan acciones consideradas estratégicas: potenciar el desarrollo del sector minero, promover inversiones en la exploración y explotación y cambiar la imagen negativa de la megaminería: “Cuarto objetivo estratégico será comunicar a la comunidad el potencial de la minería en el marco del modelo de desarrollo productivo nacional, procurando la difusión y la legitimación de la actividad minera”.  Se reiteran en el texto las palabras “sustentabilidad”, “aprovechamiento racional”, “preservación ambiental” y “uso racional de los recursos naturales”. No menciona casos puntuales, pero son públicos los intentos de nuevos proyectos en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Un mes antes de la resolución ya funcionaba la mesa de fomento de la megaminería, encabezada por los ministros de Ciencia, Roberto Salvarezza, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Por videoconferencia estuvieron presentes el secretario de Minería, Alberto Hensel; la presidenta de la Comisión de Minería de Diputados y ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci; y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). “Uno de los desafíos tiene que ver con aumentar las exportaciones, el desarrollo federal, estructurar planes de desarrollo a largo plazo”, destacó Kulfas.

Salvarezza, impulsor del extractivismo minero, petrolero y agronegocio, siempre con un discurso en base al “diálogo” pero inclinado al avance de  actividades extractivas,  planteó: “Quiero destacar la iniciativa de mirar a la minería a largo plazo y su articulación contemplando la ciencia, la tecnología y el medio ambiente (…) Es importante la ciencia en el debate, para que se lleve adelante con la mayor transparencia dejando de lado posiciones extremas”. No especificó si “posiciones extremas” son la de las asambleas ambientales o las de las empresas mineras. 

La presidenta del Conicet, Ana Franchi, dijo que la comunidad científica está preparada “si hay un desafío”. Alberto Carlocchia, de la Cámara de Empresarios Mineros llamó a dejar de lado “la dicotomía minería sí o minería no” y planteó “construir lazos con la sociedad para que la minería se desarrolle de manera orgánica”. La gacetilla del gobierno remarcó que se “busca diseñar una estrategia compartida para la minería de los próximos 30 años”. 

Las comunidades mapuche-tehuelche de Chubut no fueron invitadas a la mesa para debatir y consensuar el “plan minero”, pero emitieron un comunicado que expresa su sentir: “Nuevamente queremos expresar nuestro rotundo rechazo a la megaminería. Y más específicamente al proyecto Navidad, en manos de la empresa Pan American Silver. La megaminería destruye elementos de la naturaleza, destruye el territorio”. 

Firmado por las comunidades Yalalaubat, Mallín de los Cual, Los Pino, Laguna Fría–Chacay Oeste y comunidad Ñuke Mapu, exigen que se respeten los derechos de los pueblos originarios, se deroguen las concesiones de los proyectos donde no se aplicó el derecho a la consulta previa, libre e informada (como establece la normativa internacional que Argentina suscribió) y se remedien los daños ambientales producidos por las empresas mineras. Y finaliza con una exigencia: “Que las empresas mineras se retiren de los territorios de las comunidades indígenas”.