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Invisibles. Niñez y femicidios: un tema pendiente

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La infancia y adolescencia están atravesadas por la violencia patriarcal pero el Estado parece no verlo, pese a que este año hubo 19 femicidios de menores, 31 niñes testigos de femicidios y 236 que quedaron huérfanxs. La antropóloga Florencia Paz Landeira recupera aquí el concepto de les niñes como actores sociales (y no como víctimas indirectas o colaterales) inmersos en formas de subordinación y violencias. El modelo androcéntrico y adultocéntrico. Las leyes que están y las políticas que faltan para considerar los derechos de les niñes como derechos humanos. Por Florencia Paz Landeira.

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Brenda Carolina Flores, de 30 años, fue asesinada por su pareja y padre de sus tres hijes, Marcelo Vilche, de 44 años, en su casa en Media Agua, San Juan, el pasado 22 de octubre. La mató de 17 puñaladas en la zona del pecho y luego se quitó la vida de un disparo. En la escena también se encontraba la hija menor de ambos, de 3 años, quien presenció el femicidio y luego alertó a su tía paterna, vecina de la casa contigua. 

¿Alcanza la categoría de “testigo” para hablar de lo vivido por esa niña?

Gloria Cristina Domínguez, de 29 años, fue asesinada por Juan Leonardo Doval, de 41 años, en la localidad de Villa Luzuriaga, Buenos Aires, el pasado 14 de junio. El encuentro se había organizado para concretar la compra de una panchera para el kiosco en el que Gloria trabajaba. Con esa excusa, Doval la engañó para llevarla a un predio abandonado. Allí abusó sexualmente de ella y luego la mató a golpes. Braian, el hijo de 5 años de Gloria, la había acompañado y presenció todo. Lo encontraron llorando solo y fue él quien guio a la policía hasta el lugar del crimen. 

¿Alguien le adjudicaría la categoría de víctima indirecta o colateral?

Nancy Villa, de la comunidad wichí, tenía 14 años y un embarazo de 4 meses cuando fue asesinada de una puñalada en la zona de la aorta, en Embarcación, Salta, el pasado 9 de enero. El imputado por el femicidio es Carlos Arsenio Juárez, de 18 años, pareja de la víctima. 

Estos son solo tres de los 296 femicidios en lo que va de 2021. Los tres implican de forma directa a niñas, niños y adolescentes. Hasta la fecha, se cuentan 25 femicidios de menores de 18 años; diez de los cuales eran menores de 10 años. A su vez, 31 femicidios fueron presenciados por niñes. Y 126 de las mujeres asesinadas eran madres. Este año acumula la insoportable cifra de 247 huérfanxs por femicidios.

En todos los casos, se trata de infancias y adolescencias atravesadas por la violencia patriarcal. La experiencia infantil de los femicidios aparece como una dimensión que aún no es considerada en todo su espesor socialmente y, en especial, por el Estado, cuyas regulaciones y políticas al respecto resultan insuficientes. En este texto proponemos aportar a pensar la experiencia infantil de la violencia patriarcal, desde una mirada que tome en serio la consideración de les niñes como sujetos sociales. Se nutre, en ese sentido, de perspectivas relacionales y situadas para pensar a las infancias. Es decir, aquellas que problematizan su cosificación o la reproducción de paradigmas de desarrollo lineales y de pretensión universal de les niñes, que tienden a enfatizar su incompletud, su dependencia, su pasividad y su incapacidad, como también de aquellas visiones romantizadas y homogeneizantes de les niñes como inocentes y puros, que no hacen más que extraerlos de la trama social y aproximarlos a un supuesto estado de naturaleza. Por el contrario, nos interesa subrayar que la experiencia infantil solo es posible de ser pensada en relación con otres y en el marco de dinámicas familiares, comunitarias e institucionales de las que niños, niñas y adolescentes son partícipes activos. 

Desde este enfoque, les niñes son considerados como actores sociales inmersos en contextos sociales relacionales y constituidos por procesos de jerarquización, formas de subordinación y violencias. En particular, las marcaciones de género y edad son en nuestras sociedades centrales en la producción de desigualdades (Llobet, 2020). De hecho, mujeres y niñes han sido objeto de las mismas formas de exclusión en lo que se refiere al ejercicio de derechos y de la ciudadanía, regida desde sus inicios –y en cierta medida, hasta el día de hoy– por el modelo androcéntrico y adultocéntrico que los construyó como “otros” deficitarios. Así, en lugar de ser reconocides como sujetos plenos de derechos, fueron objeto de políticas de tutelaje, protección y civilización. De allí que resulta fundamental pensar las violencias patriarcales y adultocéntricas de forma compleja e integrada.

Desprotegidas

Lucía Pérez –quien da nombre a este Observatorio– tenía 16 años cuando fue abusada sexualmente y asesinada. ¿Por qué entonces no denunciar su crimen como abuso sexual en la infancia tanto como femicidio? ¿Hace falta recordar que, además de ser una mujer, era una adolescente y que, por este estatus, era titular de derechos especiales que el Estado debía proteger? Hace falta. 

En Argentina, cuatro años antes de sancionarse la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se promulgó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo principal objetivo fue armonizar la normativa nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el instrumento de derechos humanos más ratificado a escala global. Su eje central se encuentra en el reconocimiento por parte de los Estados de los niños y las niñas como sujetos de derecho y no ya como objetos de protección o tutela paterna y/o estatal. Los derechos de les niñes son, en lo fundamental, derechos humanos, con la especificidad de reconocer lo singular de la experiencia infantil. Como señala Magistris (2019), durante mucho tiempo los niños y niñas fueron condenados a un margen de “no–derecho”. Su caracterización como seres incompletos, maleables y vulnerables los vinculaba a una necesidad de protección desubjetivante, que despolitizaba su estar en el mundo. Los niños y niñas eran vistos así como sujetos “en potencia”, antes que como actores sociales presentes y con agencia. 

La CDN y la ley nacional implicaron así un cambio en el modo de concebir a la infancia y, en particular, a las políticas dirigidas a esta población. En este sentido, la Ley 26061 creó un sistema integral de protección entre instituciones y actores estatales y sociales que se identifican como corresponsables en velar por el ejercicio de derechos de les niñes. Dentro de este sistema, un papel importante lo desempeñan los órganos de protección dependientes de los distintos poderes ejecutivos, que constituyen áreas especializadas en la temática a cargo de planificar políticas e instrumentar medidas cuando los derechos de les niñes se ven vulnerados o amenazados. La ley creó también la figura del/a Defensor/a de los Derechos de NNyA; figura que demoró quince años en instrumentarse y que debería velar y monitorear el reconocimiento, respeto y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia, sea por parte del Estado o de la sociedad en su conjunto.

El enfoque de derechos que hoy estructura las políticas hacia las infancias y adolescencias fue, a su vez, enriquecido y complejizado por la perspectiva feminista, y el reconocimiento tanto de las violencias sexo-genéricas como de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. 

La Ley de Educación Sexual Integral justamente fue sancionada tan solo un año después de la Ley de Protección de los Derechos de NNyA, dando cuenta de esta imbricación de perspectivas que dio lugar a una herramienta clave para avanzar en la democratización de las relaciones interpersonales, para reafirmar los derechos de NNyA, para garantizar el acceso a la salud, al derecho a decidir sobre la orientación sexual y de género, sobre la sexualidad y la maternidad y paternidad responsables (Naddeo, 2020). Sin embargo, a quince años de su sanción, comprobamos que no existe un protocolo específico en la comunidad educativa para abordar los femicidios, ni para casos donde un/a niño/a haya perdido a su madre por la violencia patriarcal, ni para aquellos que se cobran la vida de una estudiante, docente u otra integrante de la comunidad educativa.

Agustina Cruz tenía 17 años y estaba camino al colegio en Coronel Moldes, Salta, cuando fue atacada y degollada por su ex pareja, Juan Gallardo. Agustina, acompañada por su madre, había realizado dos denuncias antes de que ocurriera el femicidio. De más está señalar la insuficiencia de la protección estatal. Agustina la pagó con su vida. Una amiga y compañera del secundario se sorprendió ese día por la ausencia sin aviso de Agustina. Se terminó enterando de lo ocurrido cuando vio su foto en el noticiero. Frente a semejante horror, la comunidad educativa se organizó y convocaron a marchas y manifestaciones en reclamo de justicia. Sin embargo, se trató de una iniciativa espontánea movilizada principalmente por sus compañeres, las familias y los docentes. Las escuelas no cuentan con protocolos para abordar estas situaciones, ni con los recursos o la formación necesarias para brindar la contención y el acompañamiento que les compañeres de las tantas Agustinas necesitan. Lo anterior, a su vez, coloca el foco en la necesidad de fortalecer la atención de la salud mental de niñes y adolescentes, que avance en considerar la experiencia infantil de la violencia patriarcal como una problemática psicosocial.

Se evidencia, de esta forma, que los femicidios y la violencia patriarcal distan de ser un problema reconocido públicamente como relativo a la niñez y sus derechos, cuya garantía –insistimos– es materia del Estado. Sin duda la Ley Brisa (27452) implicó un avance en este sentido; sin embargo, la falta de articulación entre las áreas de género y de niñez y los obstáculos que el actual decreto reglamentario presenta para su concreción dan cuenta de los persistentes obstáculos en reconocer a les niñes como víctimas de femicidios. A su vez, mucho queda por debatir con respecto a (las limitaciones de) el ejercicio de la responsabilidad parental en aquellos casos en los que el femicida es el padre de les hijes de la víctima. El femicidio de Carla Siggou (abordado en otra parte de esta publicación), nos enfrenta con urgencia a esta encrucijada. Carla fue secuestrada, atada, violada y golpeada por Sergio Fuentes, su ex pareja y padre de sus dos hijes, el 26 de diciembre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires. La menor de sus hijas, de 2 años, fue testigo de la violencia. Fuentes fue condenado a seis años de prisión por violación y privación ilegítima de la libertad. Mientras la madre y el padre de Carla continúan la búsqueda de justicia por establecer la vinculación directa entre los hechos de violencia y su muerte, como también la (i)responsabilidad del gobierno de la ciudad en proteger a Carla, Fuentes puede reclamar el ejercicio de la responsabilidad parental por sus hijes. 

El legado de las Abuelas

Lejos de la idea de “víctimas indirectas o colaterales”, sostenemos que los femicidios afectan directamente al bienestar infantil y, por lo tanto, requieren de políticas públicas específicas. Hablamos, entonces, de niñes y adolescentes víctimas de femicidios, como una categoría abarcadora de distintas experiencias infantiles de la violencia patriarcal –tanto de aquellos crímenes que sustraen su vida, de aquellos que los colocan compulsivamente en la posición de testigos, como de aquellos que les dejan huérfanes– y, sobre todo, como una categoría a partir de la cual movilizar políticamente y demandar recursos, regulaciones y programas. Se trata de una problemática de infancia y de género y, crucialmente, de derechos humanos. 

La historia reciente de nuestro país y, muy especialmente, la labor desplegada por las Abuelas de Plaza de Mayo ha tornado incuestionable que la situación de las infancias, sus derechos y sus historias distan de ser un asunto privado que puede dirimirse entre las paredes de un hogar. Competen a la sociedad en su conjunto y, en especial, a los Estados, que deben instrumentar no solo mecanismos de protección, sino también políticas de reparación materiales y simbólicas cuando sus derechos son violentados. Si el abandono ha sido configurado socialmente como la peor de las violencias hacia las infancias, la ausencia de políticas integrales hacia niñes víctimas de femicidios (en su concepción amplia) es la forma estatal de abandono más cruel. 

Resulta fundamental, por un lado, visibilizar a les niñes (en su diversidad de expresiones e identidades de género) en las formas de analizar e intervenir sobre la violencia de género y, por el otro, desafiar el presunto carácter neutro y no generizado de los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes para avanzar en una comprensión articulada de las desigualdades de género y la protección a la niñez (Llobet, 2020). Así se podrán problematizar las estructuras de poder comunes a las formas sistemáticas de subordinación, cosificación y disminución de mujeres, trans y niñes. 

Hasta el día de hoy, las marcas de esta visión adultocentrista y paternalista permea las políticas públicas hacia les niñes. En este sentido, es necesario avanzar en políticas que reconozcan a les niñes como sujetos, que consideren la experiencia infantil a la hora de diseñar intervenciones de modo de reconocer las vulneraciones de sus derechos humanos, sin reducirlos a una figura de víctima inerte y pasiva, sin capacidad de agencia.

Bibliografía

Llobet, Valeria (2020). “Infancia(s) y género(s): desafíos a 15 años de la 26061”. En Miradas diversas sobre los derechos de las infancias. Análisis y reflexiones a 15 años de la Ley 26061. Buenos Aires: SENAF.

Magistris, Gabriela (2020). “La(s) infancia(s) en la era de los derechos. Balances y desafíos a 30 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. En Isacovich, Paula y Grinberg, Julieta: Infancias y juventudes a 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño. José C. Paz: UNPAZ.

Naddeo, María Elena (2020). “Niñez y género, una mirada desde los derechos humanos”. En Miradas diversas sobre los derechos de las infancias. Análisis y reflexiones a 15 años de la Ley 26061. Buenos Aires: SENAF.

La autora es integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).

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91 femicidios y ninguna respuesta

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“Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia” dice la 2ª carta del colectivo que nuclea a familiares de todo el país, dirigida a Javier Milei. Este 8 de abril las Familias Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo, como todos los primeros lunes de cada mes, mientras el mundo seguía el eclipse de sol. Denunciaron en un documento –también presentado en la Casa Rosada– que hasta el domingo 7 se produjeron 91 femicidios en el año, que dejaron además 9 víctimas menores asesinadas y 52 huérfanos. Hay, en lo que va de 2024, 18 mujeres desaparecidas. Luego las Familias hablaron sobre las causas, el factor narco y la responsabilidad del Estado.

91 femicidios y ninguna respuesta

Marta, madre de Lucía Pérez y Facundo, el papá de Luna Ortiz. La lectura del documento que exhibe el nivel de violencia contra las mujeres en el país.

En sintonía con el eclipse de sol de este lunes, la Plaza de Mayo presentó de pronto un clima desapacible, frío, ventoso, mientras las Familias Sobrevivientes de Femicidios volvieron a presentarse allí para visibilizar el reclamo sobre las mujeres asesinadas y para solicitar por carta (la 2ª en el año) que el presidente Javier Milei las reciba.

El grupo, alineado en sillas negras de espaldas a la Casa Rosada, aguantó la ventolera y leyó un documento del que se desprenden distintos datos:

  • º Hubo 91 femicidios en los 98 días del año hasta el domingo 7 de abril, registrados por el Observatorio Lucía Pérez.
  • º Además, 9 víctimas menores fueron asesinadas en el transcurso de esos femicidios.
  • º Otro saldo: 52 huérefanxs.
  • º Se contabilizaron otros 62 intentos de femicidios.
  • º Hay en el país 18 mujeres desaparecidas en lo que va de 2024.
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Mariela, y el reclamo por su hija.

Genocidio por goteo

Sobre estas cifras –que revelan lo que Marta Montero (madre de Lucía Pérez) define como “genocidio por goteo”– no ha habido respuesta alguna por parte del Estado.

El texto de la misiva fue presentado por la propia Marta, su esposo Guillermo Pérez, Susana Reyes (madre de Cecilia Basaldúa), Mariela Quintanilla (madre de Iara Nardelli), Facundo Ortiz y Marisa Rodríguez (padres de Luna Ortiz) en nombre del colectivo.  

El texto: “Señor Presidente de la Nación Argentina. Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias”. En marzo se había presentado la primera carta en la Casa Rosada y les dijeron que sería derivada a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

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Susana con imágenes de su hija, Cecilia Basaldúa.

Asesinadas en democracia

Susana Reyes, con una foto de su hija y las palabras “Verdad y justicia”,   recordó que hace cuatro años desaparecía Cecilia Basaldúa en Córdoba, cuyo cuerpo apareció el 25 de abril de 2020. “Y todavía estamos luchando para tener un fiscal en la causa por el crimen de mi hija, porque hubo un primer juicio en el que metieron preso a un inocente. Hay muchas causas armadas en Córdoba. Ahora estamos esperando que nos nombren nuevo fiscal, porque el que nos habían designado se jubiló el año pasado en agosto. Y no salió el decreto del nuevo.  Nosotros vamos a seguir siempre. Estamos luchando no solo por Cecilia sino por todas y todos los asesinados en democracia”.

Susana agrega: “Queremos que nos reciban para ver si nos pueden escuchar, si pueden hacer algo. Cada vez son más muertes que se siguen sumando. Hay niños huérfanos y las madres también quedamos huérfanas por la muerte de nuestras hijas. Así que vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias”.

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Marisa y Facundo, los padres de Luna Ortiz. El caso de su hija (drogada y muerta por sus captores) fue calificado como “homicidio imprudente”. Las familias reclaman justicia.

Homicidios imprudentes

Facundo suma sobre la historia de su hija, Luna Ortiz (19 años cuando fue asesinada el 2 de junio de 2017): “Hace ya siete años que asesinaron a Luna y todavía no podemos llegar a conseguir justicia, es una lucha interminable. La causa está en Casación, la Sala I. Es algo muy importante. Necesitamos que estos jueces nos escuchen y tomen una buena decisión condenando a Villarreal por femicidio”.

Para comprender: Luna fue contactada por Isaías Villarreal el 2 de junio de 2017 mediante Facebook. Se encontraron y él la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. Un día después, el 3 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa del propio Villarreal. Los jueces Ariel Introzzi Truglia y Sebastián Hipólito Urquijo y la jueza Verónica Mara Di Tommaso lo condenaron finalmente al máximo posible solicitado por un delito menor: 4 años y 11 meses por “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”.

Marisa, la madre de Luna, agrega: “El femicidio sigue impune, nos encontramos en la etapa de Casación otra vez planteando un femicidio. Apelando lo después de siete años de impunidad porque los jueces liberaron a uno de los femicidas de Luna. Vamos a seguir luchando porque queremos justicia por Luna y por todas nuestras hijas”.

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Lucía Pérez y Carla Soggiu. “Luchamos por justicia para todas”.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado?

Guillermo (el padre de Lucía Pérez): “Hace 8 años que venimos buscando justicia por nuestra hija (el femicidio ocurrió el 8 de octubre de 2016 y provocó el Primer Paro Nacional de Mujeres). Ahora el 29 de abril tenemos el recurso de Casación”. En el caso de Lucía, en marzo de 2023 hubo sentencia a perpetua en un caso (Matías Farías), y el otro acusado (Juan Pablo Offidani) terminó con una condena menor, 15 años en total, como “partícipe secundario” del crimen, que incluye la condena a ambos por la venta de drogas en la puerta de una escuela secundaria, lo que desencadenó toda la tragedia. La familia apeló la sentencia a Offidani, y las defensas de los acusados apelaron sus condenas. Es lo que comenzará a debatirse en el tribunal de Casación bonaerense.

“Queremos justicia” dice Guillermo, “y que nuestras hijas puedan descansar”.

En el documento presentado el mes pasado al gobierno junto a la solicitud de audiencia, se planteaba una mirada amplia y a la vez profunda de lo que ocurre: “No podemos hablar de femicidios y travesticidios sin hablar de narcotráfico, como no podemos hablar, sin nombrarlo, de ningún otro tema de esta emergencia social que estamos padeciendo hoy: hambre, desocupación, destrucción de la educación y salud pública. Todos fuegos que alimentan el incendio de nuestro futuro y paz social”.

Marta Montero habla sobre el rol estatal: “El Estado es responsable, por eso hablamos de genocidio, con un Estado que no hizo ni hace nada por evitarlo. Y decimos que son narcofemicidios, porque muchísimas veces tienen que ver con esa cuestión de lo narco, donde el Estado no solo está ausente sino que muchas veces está presente, porque ¿quién es el que no hace nada cuando venden droga en la puerta de una escuela? La policía, que es parte del Estado. ¿Y quién deja impunes muchos de estos crímenes? El Poder Judicial, que es parte del Estado”.

¿Y en los casos en que el origen es la violencia dentro de una pareja? “El Estado también es responsable al no avanzar en las investigaciones, al ocultar pruebas muchas veces, al dejar impune al asesino, al no atender a las víctimas, a los huérfanos, a las familias. Pero además, muchas veces esa violencia se genera por lo que hablábamos antes: el tema de la droga, la violencia que se genera territorialmente y en la gente que está en eso, que termina golpeando y matando a las mujeres”.

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Marta y Guillermo, los padres de Lucía.

El caso de Lucía implica una ruptura y un precedente, porque la familia logró que se anule el primer y vergonzoso juicio que absolvió a Farías y Offidani por el femicidio, acusándolos solamente de vender droga en vereda de la escuela marplatense a la que iba Lucía, que tenía 16 años cuando la mataron. Esa anulación permitió el segundo juicio (el que ahora irá a Casación por las respectivas apelaciones) y motivó además un jury: un juicio a los jueces de aquel primer proceso. “Estamos esperando que se concrete, porque ya está todo listo” explica Marta.

El rol de Marta Montero en Mar del Plata generó la invitación a participar con una ponencia en la 5º Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos que se está llevando a cabo en esa ciudad hasta el 11 de abril. Marta intervendrá este martes 9 en una sesión que tratará “Justicia de género en salud. Praxis feminists por la justicia en salud”. En el panel coordinado por Melanie Alperstein (Sudáfrica) intervendrá Marta (Femicidio, luchas por la justicia de género y rendición de cuentas), Julie Dale, de Brasil (Violencia y discriminación contra LGBTQI+), Zahira Bouhabra (en conexión desde Marruecos), y hablará sobre Resistencia a los sistemas violentos y respuesta a las crisis de violencia de género Rawia Mahmoud (en conexión desde Sudán).

Lo crucial del trabajo de la familia continúa en Mar del Plata con La Casa de Lucía, punto de encuentro, de conferencias, recitales, eventos culturales y lugar además de acompañamiento para otras familias víctimas de violencia o de femicidios.

O sea que allí se reúne lo académico con lo barrial y la solidaridad concreta, no discursiva. Sostiene Marta: “Para nosotros es una alegría, porque hay un enorme movimiento alrededor de las cosas que se hacen allí. Vienen mujeres, familias, también estudiantes, abogados, de todo. Estamos empezando un curso de huerta, pero también va a ser lugar para que terminen la secundaria quienes no pudieron hacerlo. Y el acompañamiento a otras familias es fundamental, porque a todos nos pasa que ante la justicia estamos desorientados, te hablan de modos que no entendés muchas veces. Con la experiencia que lamentablemente hemos tenido, ahora podeos ayudar a otra gente que pasa por lo mismo para que conozca y entienda sus derechos, y cómo llevar adelante las causas”.

Vuelve a hablar sobre la casa, y la cantidad y calidad de eventos que allí suceden: “Eso sorprendió incluso a los vecinos. Nos decían que era una casa que había estado siempre cerrada, oscura, abandonada (había pertenecido a un grupo narco, según puede verse en MU 190). Y la gente del barrio nos dice que hoy pudimos transformar esa oscuridad en una luz muy linda, que les da entusiasmo. Imaginate la alegría que es para nosotros” dice Marta, cuando se iban de Plaza de Mayo habiendo presentado la carta y el informe y –sorprendentemente- el lunes frío, ventoso, desapacible y eclipsado se transformaba en un día de otoño cálido y luminoso.

El próximo encuentro está previsto para el 6 de mayo.  

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En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

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Nuevo informe mensual del primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal.

En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez registró  85 femicidios y travesticidios en todo el país. Solo durante marzo ocurrieron 18, con el agregado de 3 infancias asesinadas: Alma, de 11 años; Mateo, de 2; y Zamir, de 9. El total en lo que va del año es de 9.

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Otro dato que surge del relevamiento es que, como resultado de estos crímenes de mujeres, se registraron 47 huérfanxs.

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

En este 2024, se llevan registradas 53 tentativas de femicidios.

Hay 18 mujeres desaparecidas.

Y llevamos 1.144 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Por otra parte, se realizaron 105 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal que exigen justicia ante los crímenes que no cesan. 

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

El número de funcionarios denunciados que ha registrado el Observatorio asciende a 482.

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Esos datos, esos crímenes, no son solamente cifras: por eso en nuestros padrones se visualiza cada nombre, la edad, el lugar donde vivían las víctimas y cómo sucedió cada femicidio, entre otros muchos datos que permiten dimensionar la violencia.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencia, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así reunidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

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8M: Estamos

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En otro Día Internacional de la Mujer el movimiento feminista volvió a llenar las calles de Buenos Aires, frente al Congreso, como supo hacer durante las movilizaciones a favor del aborto, en medio de algunas novedades: un gobierno que ataca al feminismo, que cree que lo puede contener con un protocolo antipiquetes y que enfrenta la agenda de derechos que las mujeres y disidencias volvieron a poner hoy en la calle. La desigualdad como eje. Las principales reinvindicaciones y palabras de hoy. Los testimonios que hablan de emergencias de hambre (con comedores sin comida y con el triple de gente), a la conexión con las banderas de derechos humanos. Les Nietes de personas desaparecidxs, y el lema de la bandera que salió hoy por primera vez a la calle: “Soy feminista porque tengo memoria”.

Texto: Anabella Arrascaeta

Fotos: Lina M. Etchesuri

“Soy feminista porque tengo memoria”, dice la bandera que Ana, nieta de detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico militar, pintó para marchar junto a sus compañeres de Nietes. Es la primera vez que esta frase sale a la calle, en este 8M, a días del 24, el primer marzo de la era de Javier Milei. 

8M: Estamos
Les Nietes en la puerta de Mu Trinchera Boutique. Foto: Lina Etchesuri

Argentina, 2024. Sobre Callao la Policía Federal intenta mantener cortada la Avenida para la foto que da cumplimiento al protocolo de la ministra Patricia Bullrich. No pueden. Los autos circulan solo esa cuadra y doblan a la izquierda por Avenida Rivadavia. Hacia la plaza Congreso las calles están cortadas porque el músculo de los feminismos está entrenado y volvió a llenarla. Partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, culturales, asambleas, deportistas, músicas, periodistas, y miles de grupitos de amigas, madres, abuelas, hijas, vecinas, nietes, en un largo y cada vez más inabarcable etcétera.  

A las cuatro de la tarde el hit sacude el pasto: “El que no salta votó a Milei”. 

La Plaza, una vez más, está llena.

¿Por qué?  

Límites

Cristina, 80 años, abre los ojos grandes desde abajo de la gorra que la protege del sol y dirige la mirada hacia sus amigas (otra Cristina de 72 años, y dos Lilianas, 67 y 70 años). Dice: “Peleamos mucho por este momento, y lo tenemos que defender”. Llegaron temprano, con sus remeras del grupo de teatro comunitario al que pertenecen y con el que en el último tiempo hicieron una obra sobre la Semana Trágica, y otra que es un homenaje a Azucena Villaflor, Madre de Plaza de Mayo desaparecida. “Tenemos una edad donde vivimos a full el patriarcado, y vemos en nuestras hijas ese cambio de paradigma: no son las mismas mujeres y yo me alegro profundamente por eso. Y aprendo todos los días de las generaciones nuevas, necesitamos acompañarlas porque debemos lograr ese cambio que de a poco se va modificando. No es que se haya logrado todo, nos falta, pero tenemos que estar unidas”. 

“Estar” y “juntas” son de las palabras que más se repiten hoy en Congreso. Y que se sienten: todas las generaciones, de los centros a los bordes. Dice una de las Cristinas: “Te voy a decir una frase peronista: unidos o dominados. En este momento, con este gobierno estamos en un retroceso, y nosotras tenemos que poner un límite: hoy, todas en las calles, estamos poniendo ese límite concreto en la calle”. 

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Comedores

Claudia, 54 años, vino de San Miguel y señala a una compañera: “Ella trae una papa”, y después apunta a otra: “Ella trae una cebolla”. Después mira a otra: “Ella trae fideos”. Así explica cómo están sosteniendo en los barrios las ollas desde que no reciben alimentos tras la asunción del nuevo gobierno.

Dice que lo hacen porque, cuando hay una emergencia, “el pueblo es solidario”. Y porque saben cómo hacerlo. “Nosotras echamos a los ingleses: las mujeres. Hicimos la bandera para Belgrano, organizamos la campaña para San Martín, y ahora tenemos que organizar la campaña para sacar a este loco. Las compañeras muchas son de programas sociales, todas trabajan, sirvieron cuando estaba la pandemia pero ahora las quieren descartar”. 

Según su termómetro, la gente que asiste a los comedores se triplicó. No son solo niñes: ahora son familias enteras. 

8M: Estamos

Fotos: Lina Etchesuri

“El barrio ahora se está dando cuenta que la casta somos nosotros” dice a lavaca. “La gente estaba cansada de los políticos comunes corrientes, pero ahora las mujeres del barrio están preocupadas porque no les alcanza para comer. Muchas no pudieron comprar útiles de sus hijos, y en los comedores no hay mercadería”. 

Claudia, que es militante del Movimiento Evita, dice que la organización está haciendo una autocrítica interna, pero ella ya tiene clara una posición: “Aunque sea un gobierno nuestro, si hay que hacer un reclamo, hay que hacerlo. No hay que esperar. Aprendimos que si un funcionario o compañero no está haciendo las cosas como corresponde, hay que protestar”. 

8M: Estamos

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

En los comedores de La Boca que tiene el MST también se triplicó la demanda. “Muchos vecinos que no iban, ahora van. En diciembre ya teníamos escasez de variedad pero ahora la situación está cada vez peor. No tenemos alimentos, hace varios meses no llegan”, dice Susana. Para sostener la olla organizan actividades: rifas, hay quienes arreglan cosas, otras que hacen las uñas: “Nos la rebuscamos”. Ese es el reclamo que llegó hoy hasta el Congreso. 

Susana explica: “Los comedores están compuestos por mujeres: somos las que los mantenemos. Pero hoy hay muchas compañeras grandes que no pudieron venir; son mayores y hace mucho calor; otras tienen muchos chicos. Antes podíamos venir, pero ahora no, porque se reprime. Es una decisión que muchas compañeras que tienen muchos hijos se quedan cuidando los comedores y las demás que podemos venir, venimos”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Aguante

Paula está con un cartel que clama: “Nuestros derechos no se negocian”. Del otro lado sentencia: “Milei nunca”. Llegó sola a Plaza Congreso, pero se encontró con amigas en el camino. Tiene 52 años, y dice: “Viví muchas crisis, pero hoy veo que estamos cada vez peor, tenemos un gobierno que no tiene idea de lo que es la empatía, de cómo se lleva adelante un país con todos los sufrimientos que hemos tenido, con una dictadura todavía reciente, con cosas nefastas que nos han pasado. Y en ese contexto, las mujeres somos las que hemos luchado”. 

Paula afirma que así como hubo y hay crisis, hay salidas: “Salimos primero organizándonos; somos las que podemos sacar este país adelante, porque somos empáticas. Hoy tenía miedo que no haya gente pero para sorpresa y alegría veo que todavía hay mucho aguante. Seguimos acá”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Tensión

Cuando los bombos de ATE dejan de tocar, Marina, a quien llaman “La capitana”, descansa. Están al frente de la masiva columna de trabajadoras del Estado, aún cuando se anunció que se les iba a descontar el día a quienes pararan. El efecto fue el contrario: “Estamos acá justamente por eso, a pesar que nos quieren guardadas en nuestros lugares y casas, aunque estén avasallándonos con que nos van a descontar el paro, con tomar represalia, venimos a poner el cuerpo más que nunca porque no vamos a permitir que se retroceda en ninguno de los derechos que hemos conquistado y están tratando de poner en riesgo”. 

¿Cómo los resguardamos? “Con esto”, dice y mira alrededor una marea de gente. “Animándonos entre nosotras a salir a la calle, fortaleciéndonos entre nosotras en los lugares que ya habíamos conquistado, perdiendo el miedo, entendiendo que si estamos juntas vamos conseguir la fuerza para defendernos, que ninguna se va a salvar sola, que es muy necesario que los feminismos puedan poner una voz en lo que está sucediendo y poder decir cómo impacta sobre nosotras el hambre que está generando este gobierno. Las voces están, las compañeras estamos: hay que animarse a levantarlas porque los lugares están todavía en tensión”. 

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa, joven asesinada en Capilla del Monte. Foto: Lina Etchesuri

Transversal

Las integrantes de Nietes posan con su bandera que lleva la insignia con la que comienza esta nota. Ana cuenta que escribió esa frase para recuperar “las luchas que hacen a las libertades que tenemos hoy y la memoria de los derechos que tenemos: esa es la conciencia que hoy reivindicamos”. 

¿Cómo se conectan el movimiento feminista y el de derechos humanos?

Lucía: No lo hemos charlado con tal profundidad en el organismo, podemos darte nuestras perspectivas; yo considero que empezaron a tener puntos de conciliación a partir del 2017-2018, con todo el movimiento que generamos las feministas jóvenes junto con las feministas históricas, contra la violencia hacia las mujeres que después se pudo darle muchísima fuerza a lo que fue la legalización del aborto. Solemos tener mucho vínculo con sobrevivientes, construcción política fraternal y compañerismo; hablando con una compañera de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, de Tucumán, nos contaba cómo le influyó el movimiento desde el 2017 en adelante, para tener el valor de poner en palabras la violencia sexual como parte de las torturas. A partir del 2017 se pudo retomar de otra manera porque también había más herramientas para problematizar un montón de cosas y para que también las nuevas generaciones acompañen procesos de históricas luchadoras.

8M: Estamos

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

¿Por qué les parece que esas dos banderas, la de feminismos y derechos humanos, son las más atacadas hoy? 

Ana: Creo que son los dos movimientos que han tenido la masividad, que han logrado interpelar al conjunto de la sociedad; tanto el movimiento de derechos humanos como el movimiento feminista ha logrado ser transversal a todas las tendencias. Y esa fuerza constituye una amenaza muy fuerte y ellos lo saben. Yo creo que los esfuerzos en desarmar todo esto es por la potencia que tiene en términos de transformación social, económica, subjetiva; por la fuerza y la potencia que tiene de interpelar al conjunto de sociedad, que se involucren personas que por ahí en la política no se meten tanto y en temas como derechos humanos y feminismos, sí. Eso es una fuerza muy grande. 

Después de marchar, les Nietes tocan en el piano de nuestra trinchera “Los dinosaurios” de Charly García. Y cuando terminan, aplauden y brindan por lo que están haciendo juntes. Historia, futuro, y presente.

Fotos: Lina Etchesuri

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