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El femicidio de Luciana Sequeira: el virus de la impunidad

Publicada

hace 3 años

23/06/2022

Quisieron hacer pasar la muerte de la joven como causada por Covid-19, lo cual además evitó que la familia pudiera despedirse; tenía signos de tortura que nunca fueron investigados. Un detenido, hijo de un oficial, y los indicios de que hay más involucrados en Villa Atamisqui, un pueblo donde las sospechas llegan a la policía y a la municipalidad. El reclamo de su hermana, de Santiago del Estero a la Plaza de Mayo. Por Anabella Arrascaeta.

El femicidio de Luciana Sequeira: el virus de la impunidad — Fotos: Catalina Distefano

Apenas Luciana Sequeira murió, sola en una sala del Hospital Regional Ramón Carrillo de la capital de Santiago del Estero, la familia marchó a la Comisaría 20 de Villa Atamisqui a pedir justicia.

Marcó así hacia dónde mirar: a la policía, para que no encubriera al único sospechoso, un joven que en ese momento era menor de edad, hijo de un oficial del pueblo.

Luciana, 17 años, estaba en el último año del secundario; le gustaba jugar al fútbol y quería estudiar para ser, justamente, policía.

El 14 de junio de 2021, salió de su casa junto a su prima para hacer compras. Antes de entrar al supermercado le dijo que iba a sacar unas fotocopias que necesitaba para la escuela a una librería ubicada a unas cuadras. No volvió. Lo siguiente que supo su familia llegó de una llamada del hospital: estaba internada muy grave.

Qué pasó

El lunes 14 de junio, a las 18 horas, Luciana llegó junto a Lautaro Corvalán, compañero de escuela, a un hotel transitorio en el Barrio Lagunita Sur de Villa Atamisqui. Llegaron en la moto de Lautaro, una moto roja. La moto negra de Luciana quedó estacionada a dos cuadras del hotel. Una hora después de ingresar al hotel, él se fue, solo. Entonces la dueña del lugar entró a la habitación y encontró a Luciana cubierta de sangre, inconsciente, con convulsiones y tapada con dos almohadas.

“Ella lo conocía a él porque era compañero de colegio, pero no sabemos qué pasó dentro del hotel”, dice a MUYolanda, hermana de Luciana.

Los dueños del hotel llamaron al hospital; llegó la ambulancia y después la policía. Luciana había salido con su documento, carnet de la obra social y las llaves de su moto, pertenencias que nunca aparecieron.

Relata Yolanda sobre la sospecha en esos primeros momentos: “Supuestamente entre los primeros en entrar a la habitación estaba el padre de este chico, sin saber que el hijo estaba involucrado. Además, hubo más gente en la habitación: el dueño del hotel entró con un vecino, y entró la mujer también”.

A Luciana la llevaron en ambulancia hasta el Hospital Zonal y por la gravedad de su cuadro la derivaron al Hospital Regional, a 120 kilómetros, en la capital de la provincia.

“Le pusieron oxígeno y la llevaron a la ciudad; tardaron hora y veinte minutos en llegar. Por lo que dice la historia clínica llegó prácticamente muerta porque perdió mucha sangre”.

Tenía quemaduras en las piernas y en la espalda, además de una herida en la zona genital que le provocó la hemorragia.

El hospital

Luciana agonizó durante tres días en terapia intensiva del Hospital Regional. Yolanda, una de sus 5 hermanas y hermanos, se enteró de lo que había pasado porque el llamado de una prima. Ella vive en la Ciudad de Buenos desde hace 14 años; se fue inmediatamente para su provincia natal. Cuando llegó, la noche del 16 de junio, Luciana todavía seguía viva, pero no pudo verla. Tampoco la pudieron ver su mamá, ni su papá, ni sus hermanos: nadie de su familia pudo ni acompañarla en el dolor ni despedirse. “Supuestamente porque ella tenía Covid positivo no nos dejaban verla. Pero nunca tuvo ningún síntoma. Aparte a mi mamá y a mi hermano les hicieron test y dieron negativo. A Luciana le hicieron dos testeos: el primero fue un antígeno que dio negativo y el segundo dio positivo, pero nunca vimos ese comprobante”, dice, continuando el camino de dudas.

Cuando el 17 de junio por la mañana Luciana murió, el parte epidemiológico del Ministerio de Salud provincial la incluyó entre las 13 víctimas del coronavirus de ese día, obviando la situación violenta en la que fue encontrada, los indicios de tortura que causaron la muerte, e incluso la investigación en curso.

La autopsia, llevada adelante por una junta médica, tardó casi tres semanas en arrojar resultados. Lo que concluyó fue que murió por “causa mixta”, es decir por la pérdida de sangre pero también por problemas ocasionados por el cuadro de Covid. La autopsia además indicaba que tenía quemaduras pero no a qué se debían, y que tenía lesiones vaginales pero no cómo se habían producido. Analiza Yolanda: “Nosotros no tuvimos perito de parte en la autopsia porque la abogada de ese momento nos recomendó que no era necesario, que los médicos no se iban a vender. Pero la pericia yo creo que fue falsificada: Luciana no puede haber fallecido de Covid si ella entró con un shock hipovolémico, si había perdido mucha sangre. Ahora nosotros pusimos un perito de parte para impugnar la autopsia pero lo que explicó el abogado actual es que todavía no se puede utilizar”.

Yolanda, que trabaja en una casa particular mientras estudia para ser chef, pagó el monto equivalente a casi cuatro salarios mínimos a su abogado, pero asegura no estar conforme con el proceso.

La investigación

Desde el día en que Luciana fue atacada intervino la fiscal Vanina Aguilera, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. La misma tarde del lunes Lautaro Corvalán, en ese momento también de 17 años, fue detenido en su casa.

Cuando Luciana murió, Corvalán fue imputado, en una audiencia virtual, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. Después de que se le leyeron los cargos, él hizo silencio desde el Centro de Guarda para Jóvenes en Conflicto con la Ley, y no declaró. En ese momento lo defendían tres abogados. “Sigue detenido, antes estaba en un penal de menores pero ahora está en una comisaría. Mi abogado me dijo que a la querella no se le dice dónde está, pero hay rumores de que está en la comisaría del pueblo donde el padre trabaja”, cuenta Yolanda, indignada, a mil kilómetros de su familia.

Su hipótesis: “Parece que hay más involucrados pero él no quiere hablar. En un momento dijeron que había dos sospechosos más pero como no había pruebas no se avanzó en la investigación. Supuestamente hay una testigo que no quiere hablar, porque los involucrados son gente de poder. Supuestamente los que están detrás de esto son narcos”.

Las mismas dudas de Yolanda llegan hasta los dueños del lugar: “Yo lo que pienso es que el dueño del hotel también está involucrado en esto, no puede ser que no haya escuchado ningún ruido, que ella no se haya defendido”.

Los videos y las fotos del lugar muestran un alojamiento sin nombre ni cartel. Toda la edificación está en planta baja, justo en la esquina de las calles Córdoba y Sarmiento. En el frente, arriba de cada una de las puertas pintadas de marrón, está escrito a mano y pintura el número de habitación, que se pueden alquilar, según medios locales, por hora, día o mes. En el lateral una puerta de reja blanca lleva a un patio trasero.

“La habitación donde ellos estaban está al lado de donde los dueños atienden. El hotel tiene dos entradas, una por delante y otra por detrás que hay como un patio, un portón. Pero las cámaras están solo adelante”. Yolanda piensa entonces que si hubo más involucrados entraron y salieron por atrás, sin ser vistos.

Mientras tanto el acceso a la justicia es a tracción de wifi. Dice Yolanda: “En una audiencia no pudimos participar porque en Santiago del Estero hay muy mala conexión a Internet y mi mamá no pudo conectarse. A mí no me dejaban conectarme porque tenía que ser mi mamá o mi papá, que son los denunciantes. Estuvo el abogado, en otra audiencia mi mamá fue al estudio de abogados directamente para poder estar”. Cada vez que la familia de Luciana quiere averiguar algo de la causa tiene que recorrer los 120 kilómetros que la separan de la capital. Ni para los traslados, ni abogados, ni pericias recibieron ayuda estatal, ni municipal, ni provincial, ni nacional.

La despedida

El cuerpo de Luciana no pudo ser velado por su familia: por protocolo Covid fue directo al cementerio de Villa Atamisqui. A fin de año, cuando la joven hubiese terminado el secundario, se hizo una ceremonia y se colocó sobre la cruz que lleva su nombre un gorro de egresada, y sobre su tumba, el diploma de su escuela secundaria.

Las movilizaciones para pedir verdad y justicia al principio eran masivas para un pueblo pequeño, después, no. “Últimamente no iba nadie. -se lamenta Yolanda- Los amenazaron y dejaron de ir, están todos metidos en la política, tienen planes sociales o trabajan en la municipalidad, y los amenazaban que se iban a quedar sin trabajo si seguían en las marchas”.

El pasado 3 de junio, a siete años de la primera marcha de Ni Una Menos, Yolanda fue a Plaza de Mayo con la foto de su hermana. Llevó lapiceras de colores y una cartulina violeta. Frente al memorial de las víctimas de femicidios que impulsaron durante esa tarde el Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca, Yolanda escribió: “Somos el grito de las que ya no tienen voz. Justicia por Luciana Sequeira. 17/6/21”.

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