Con 32 años fue elegida asambleariamente como lideresa de una asociación de comunidades de Santa Victoria Este, Salta. MU viajó como parte de una investigación que ocupó sucesivos números: Viaje al país olvidado. En esta última entrega, Pérez repasa todos los temas que asedian a las comunidades originarias de la zona, pueblos wichí, chorote, toba, tapiete y chulupí: la propiedad comunitaria de la tierra, la falta de agua y servicios básicos, el hambre y la desnutrición, el machismo, los criollos.  Por Francisco Pandolfi.

Acá se vive a otro ritmo, incomparable con el de las grandes urbes. El tiempo está vinculado al hábitat, al contexto que rodea. El suceder de las horas, de los minutos, de los segundos se enlaza a la vida en el monte, al paso de las estaciones, a la naturaleza toda. Acá es Santa Victoria Este, localidad tripartita en el norte de Salta, pegada a la triple frontera con Paraguay y Bolivia. Acá, más del 75% de sus 17 mil habitantes es de pueblos originarios de cinco etnias: wichí, chorote, toba, tapiete y chulupí. Acá, en 1991 se creó Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), organización que nuclea a la gran mayoría de las comunidades originarias de la zona, con un fin específico: el mayor reclamo de tierras ancestrales de la Argentina. Desde hace un año, y por primera vez en su historia, quien preside la entidad es una mujer indígena, que también por primera vez habla con un medio de comunicación. Lo hace de forma pausada, pensante, a otro ritmo, a otro tiempo.

Cristina Pérez tiene 32 años y en julio de 2021 fue elegida asambleariamente por los representantes de cada comunidad  –hoy son más de 180–, tras el fallecimiento de su padre, Francisco Pérez, fundador y coordinador de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat. 

La historia dice que las reuniones comenzaron a mediados de la década del 60, que la unión entre los distintos pueblos se logró en 1984 y que la institucionalización como organización civil se rubricó en 1991. La lucha principal estuvo clara desde el origen: que el Estado salteño delimite, demarque y entregue un título único e indivisible de propiedad comunitaria a todas las comunidades, por las 400 mil hectáreas habitadas ancestralmente. La falta de voluntad política para llegar a ese destino hizo que Lhaka Honhat buscara la solución por fuera de la inacción gubernamental: en 1998 recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con patrocinio del CELS y, en paralelo, empezaron el diálogo con la Organización de Familias Criollas (mestizas con sangre india y descendientes de quienes llegaron de Europa a Santiago del Estero a principios del siglo pasado) por la repartición de los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia. Decenas de reuniones para conocerse, para sacarse o disminuir prejuicios mutuos, así como álgidas discusiones que acercaron posiciones, derivaron en un histórico acuerdo por la repartición del territorio, que instó en 2007 a que el gobierno provincial reconociera a sus dueños: originarios y criollos. Sin embargo, 15 años después el reclamo continúa.

¿Por qué todavía no cuentan con el título único de propiedad comunitaria?

Por distintos motivos. Por ignorancia, seguro. Por no haber voluntad gubernamental, también. Sabemos que la provincia nunca nos quiso entregar nuestro territorio. Pasaron muchos años y siempre hubo demoras; o no se trabajó o se trabajó poco. Al principio del gobierno de Urtubey, en 2007, debieron reconocernos tras el acuerdo al que llegamos con los criollos. Hubo un primer acompañamiento, pero después ya no. Hablaban de problemas económicos y falta de recursos. Pasó mucho tiempo para que se avanzara y los cambios de gobierno cada cuatro años no ayudaron. Con cada gestión se dependía de las ganas de avanzar o no, así que recién en 2014, con el decreto 1.498, se nos transfirieron las 400 mil hectáreas a los pueblos indígenas y las 243 mil hectáreas a los criollos, como habíamos acordado. 

¿Qué pasó después de 2014?

Lo mismo que en 2007. En una primera instancia se trabajó, pero otra vez la provincia incumplió sus promesas. Empezaron a faltar recursos, no había movilidad ni equipamiento. Demoraron muchísimo todo y por eso la Comisión decidió elevar el reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 2012, la Comisión Interamericana emitió un informe que demostró la violación a los derechos de las comunidades. El Estado desoyó la promulgación y en 2018 la protesta llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras dos años de análisis, el 2 de abril de 2020 la CIDH reconoció la violación por parte de un Estado de los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua. El fallo es vinculante, por lo que el Estado salteño está obligado a cumplirlo.

Tras la determinación de la Corte hace dos años, ¿en qué instancia está el proceso de la división de las tierras?

Tenemos buen diálogo con el gobierno nacional, que es positivo porque por primera vez hay una Unidad Ejecutora Nacional que articula con la provincia y el municipio. Esto nos ayuda porque siempre fue difícil vincularnos con la provincia de Salta. Luchamos hace mucho para que trabajen y cumplan lo que les corresponde. Necesitamos el título único porque sin territorio no se puede hacer nada, perdés la lengua, perdés la identidad. Hemos conseguido en noviembre pasado un pedido de hace varios años, que es la incorporación de técnicos locales, uno criollo y uno originario, porque reiteradas veces la provincia venía y marcaba cualquier cosa, sin consultar a las partes. 

La Corte le exigió al Estado provincial que luego de conocerse el fallo tenía seis meses para presentar un estudio con las situaciones críticas de falta de acceso al agua potable, a la alimentación y que formulara un plan de acción. ¿Eso se cumplió?

No lo cumplieron. Cuando salió la sentencia estábamos en pandemia y por un año todo estuvo paralizado. Recién en 2021 crearon la Unidad Ejecutora provincial. A partir de ahí estamos trabajando la delimitación y demarcación que es el primer punto de la sentencia. Y en paralelo al proceso de la tierra, otros ejes relacionados a nuestra calidad de vida: empezamos por el agua y luego vendrá la alimentación. El agua es un tema preocupante porque el gobierno no cumple muchísimas cosas al respecto.

¿Cuáles?

A todo gobierno le cuesta hacer una consulta popular, preguntar sobre las necesidades de la población. Acá tenemos muchos problemas en la instalación de los pozos de agua. O no hay, o los ponen en lugares donde las comunidades no están presentes. No se comunican con nosotros. Recientemente tuvimos reuniones mediante la Unidad Ejecutora Nacional, pero siguen los conflictos con las obras porque la provincia no nos consulta.

Santa Victoria Este se emplaza en el departamento Rivadavia, que junto a Orán y San Martín fue declarado en enero de 2020 en emergencia sociosanitaria, luego de numerosos fallecimientos de niñas y niños wichí por desnutrición. Rivadavia es la localidad de mayor porcentaje de muertes infantiles del país y el de índices más altos de necesidades básicas insatisfechas. “No hubo un gran cambio desde entonces. El problema es la falta de participación de las comunidades en las decisiones que se toman. Cuando se dictaminó la emergencia sociosanitaria ha habido mucha gente que vino, entró a los territorios, ONG diciendo que irían a trabajar en primera infancia, programas estatales que en vez de mandar a facilitadores originarios envían solo a criollos. Así nunca se va a resolver este problema”, se lamenta Cristina.

¿Cuál es el camino para la solución?

El pensarla junto a las comunidades, o sea, que exista la consulta previa. Desde que el Estado entró al territorio, hubo muchas familias judicializadas por ese tema. A una comunidad del monte no le vas a cambiar la mentalidad de un día para el otro, ni obligarla a ir al hospital porque no está acostumbrada al encierro. Entonces seguimos teniendo ese problema, y de hecho cada día vemos más niños desnutridos por falta de agua y de alimentación. En el hospital no analizan eso, no les importa, solo te mandan al centro nutricional pero no hay ningún seguimiento. Y los chicos se siguen muriendo.

¿El Estado aparece únicamente en dosis de asistencialismo?

Sí, es asistencial y negativo. Hace tiempo reclamamos un acompañamiento real hacia las comunidades. Imaginate que vos llegás a una familia del monte, que no te habla en español, que te tiene miedo y encima la amenazás que si no van al hospital le mandás a la policía. Causás más miedo y la familia termina huyendo. La única solución para el gerente del hospital y para estos programas es llamar a la policía y judicializar el caso. No ven la parte intercultural, lo mismo ocurre con los trabajadores de la salud. Tenemos muchos chicos originarios recibidos de enfermeros, que para ser incorporados en el sistema es toda una pelea; les puede demorar hasta 3 años que se los reconozca. Al contrario, el criollo viene de la mano de un político y encuentra trabajo fácilmente. Lo mismo pasa con la educación.

¿En qué sentido?

Dentro del sistema educativo hay maestros bilingües, docentes indígenas a quienes no les dan lugar. Tenemos escuelas en nuestras comunidades donde solo trabajan criollos, con docentes que vienen de Salta capital, de Tucumán. Hay maestros bilingües que los ponen a limpiar en vez de a cumplir su rol. No les importa la transmisión de nuestra cultura.

¿En qué otros ejemplos de la vida cotidiana notás esa discriminación?

En el acceso al DNI, porque si bien ha venido gente de Buenos Aires a facilitarlo, la demora para hacerlo es muchísima. Hay comunidades a las que les hicieron tres veces el trámite y nunca les llevaron el documento. Esos paisanos no tienen acceso a la educación ni a la salud ni a nada. Son desconocidos para el sistema. La discriminación está en todo momento, no se respeta nuestra cosmovisión. La gente mantiene su cultura, pescando y cazando, usando el monte para extraer la medicina ancestral que está relacionada a lo espiritual y eso el mundo blanco nunca lo va a entender. El indígena va al monte porque quiere comer un conejo, una charata, pero el criollo viene y arrasa todo. Te saca cien quirquinchos para vender o por deporte. En la tala ilegal también lo notamos. Los empresarios vienen y utilizan nuestras necesidades y hacen que las propias comunidades destruyan su propio monte. Sin embargo, el gobierno siempre culpa al indígena. No es así, ellos utilizan la carencia del otro.

Como representante de 180 comunidades, ¿hay alguna autocrítica que deben hacerse pensando en el futuro?

Sí, debemos trabajar mucho en el liderazgo y la unión para pensar qué modelo económico llevaremos adelante sin depender del mundo blanco. Un tema prioritario será el de los alimentos del monte, los frutos silvestres. Por ejemplo, con el algarrobo se puede hacer un proyecto grande, que sirva como alimento para paliar la desnutrición. No podemos estar dependiendo de los bolsones alimentarios, eso se impone desde el mundo blanco y no soluciona el hambre ni la desnutrición.

Cristina vive en la comunidad wichí Cañaveral, en la zona periurbana de Santa Victoria Este, a dos kilómetros de distancia del centro de la ciudad. Las infancias juegan entre árboles, gallinas, pollitos, gallos y casas bajas en su mayoría de adobe, que albergan a las 45 familias. “Vivimos gracias al trabajo que hacemos de artesanías; algunos pescan, otros cazan. Todos recolectamos frutas, incluido los niños, desde muy chiquitos. Es muy tranquilo vivir acá”, cuenta Cristina, que ahonda sobre las bondades del habitar comunitariamente: “Cañaveral se ha mantenido alejada de las divisiones generadas por la política partidaria. Criollos y políticos que llegaron a distintas comunidades con promesas, separaron a mucha gente y eso hizo muy mal; por eso acá nos mantenemos al margen, estamos tranquilos”.

¿Cómo es ser líder de Lhaka Honhat, siendo tan joven y mujer? 

Es un gran desafío, una alegría y un honor, porque es la lucha de todos los pueblos juntos. Ser tan joven es complicado; mucha gente no cree en que vamos a llevar adelante el proceso de tierras de la mejor manera, y más cuando se trata de una mujer originaria quien está al frente. Es la primera vez que los referentes otorgan esta oportunidad, lo que significa una gran responsabilidad para mí y el deseo de representar bien a las mujeres originarias para que ellas se sientan parte.

¿En qué te sentís menospreciada?

Noto bastante prejuicio desde afuera, por desconocimiento. Y mucho machismo. Anteriormente no lo había sentido tanto, pero en este cargo sí, permanentemente. Hay dirigentes que siguen pensando que la mujer originaria solo debe dedicarse a la artesanía o a la casa, no para un rol así. Incluso a la gente del gobierno le cuesta ver que sea yo quien esté al mando de la organización. Es otra de las luchas que tengo que dar todo el tiempo.

¿Cómo analizás la situación de la mujer originaria en general y en particular con el chineo (violaciones a mujeres originarias por criollos)?

La situación de la mujer es muy complicada donde vivimos, porque hay muchas violaciones de parte de los criollos. Es un tema que hasta hace poco no se había hecho público, en general por miedo. Además, muchas veces no existe acompañamiento dentro del sistema de salud. El “chineo” se conoció hace poco en la zona, falta información. Y además, si bien hay leyes que protegen a las mujeres, hay un choque dentro de las comunidades porque la ley del blanco es diferente a la de nosotros. Es necesario entender que afuera se habla de violencia de género, pero dentro de las comunidades es un término que nadie conoce.

¿Por qué aceptaste esta responsabilidad tan grande?

Porque tiene que ver con el futuro de mi familia y de todas las comunidades. Por amor a la lucha, el amor a la gente. Por el respeto y la memoria de quienes ya no están. Nuestros abuelos no fueron letrados, pero sí muy sabios. Ellos lograron que estemos cerca de cumplir este objetivo histórico, del que casi nadie dice nada. Por eso también decidí hablar, es muy importante que se conozca. Que nos conozcan. Si las promesas se cumplen, en un año y medio tendremos el título único de propiedad comunitaria y así, después de 40 años, por fin podremos gobernar en nuestro territorio.