Según estadísticas del Observatorio Lucía Pérez, más del 40% de las mujeres asesinadas tenían hijos e hijas. Ese dato nos obligó a poner la lupa en ese drama social silenciado. Historia, contexto y presente de familias víctimas de la violencia machista y estatal en todas sus formas: de la justicia a la falta de comprensión social de un vacío que si no se trata, se agranda. Tres voces que desde Corrientes, Jujuy y CABA iluminan cómo pensar y reparar lo irreparable, para lograr memoria, verdad y justicia.

Texto: Anabella Arrascaeta

Durante cada madrugada de una semana entera de mayo de 2015 tipeamos sin parar nombres, edades y detalles sobre las muertes de decenas de mujeres a lo largo y ancho del país. Dábamos así las puntadas iniciales del primer padrón autogestivo que brinda información pública sobre femicidios y travesticidios, una demanda y una idea que veníamos trabajando junto a familias, víctimas, organizaciones y amigas. Nacía el padrón de violencia patriarcal que salió a la calle el 3J de ese año, con la primera movilización multitudinaria de mujeres contra la violencia machista, el Ni una menos. Imprimimos listas y listas con cada uno de esos crímenes, y las llevamos ese día a Plaza Congreso: fue la primera vez que nuestro padrón estaba en la calle, el lugar donde se parió.

Colgamos una enorme tela negra en una reja a pocos metros del Congreso, y llevamos hojas, marcadores y pintura roja para hacer un ritual colectivo que consistía en que cada persona eligiera uno de esos nombres, lo escribiera junto a la edad de la víctima en uno de los papeles y lo pegase en la tela. 

Ese día fue la primera vez que Susana García pudo nombrar al asesinato de su mamá como un femicidio. “Era un tabú, no se podía decir”, explica ella, psicóloga. “Mi papá y mis abuelos me habían aclarado que no era conveniente que yo dijera cómo había muerto mi mamá: era mejor no decir que la habían matado porque era una mancha, inclusive para mí. Fue algo muy traumático y muy desquiciante en ese momento, era algo que no podía ocurrir, era del orden de la crónica policial, no era algo posible en la vida de una chica”. 

Sucedió en enero de 1974, pasaron 41 años para que en ese 2015, por primera vez, Susana pudiese escribir el nombre de su mamá en un mural que reclama verdad, memoria y justicia: 

María Inés, “Lili”, 39 años. 

Dice ella, ahora: “Como hijas e hijos hay una parte nuestra que quedó marcada, y esa marca no te la saca nadie, es irreparable, como quien tuvo un accidente automovilístico, se rompió unos cuantos huesos y sobrevivió. Bueno: esos huesos recuerdan. También el alma recuerda para siempre. Pero justamente hay forma de conectarse con esa situación para alivianar el camino a los que vienen detrás”.

El de Lili es el primer femicidio registrado en nuestro Observatorio de violencia patriarcal que hoy lleva el nombre de Lucía Pérez, y abarca desde aquel 1974 hasta la actualidad. El registro histórico que construimos sistematizadamente es de 4.493 crímenes, una cifra que seguramente aumente en el lapso entre que esta nota se escribe hasta que vos la leas. 

De todas esas víctimas, 1.846 tenían hijes: más del 40% de los casos. Ese número y la reflexión de Susana tal vez nos hablan del por qué de esta nota: “Todo el trabajo que se ha hecho de visibilización estos años es muy importante para aliviar a los que ya pasamos por esto, a los que lo están pasando, y desgraciadamente a otras que van a pasar por lo mismo porque el problema es muy profundo. Entonces, estoy segura: la solución no es individual”.

El estigma de la muerte

Lautaro Cesani es el menor de los dos hijos de Griselda Blanco, la periodista asesinada en Curuzú Cuatiá, Corrientes, el 20 de mayo de este año. El crimen generó varias sospechas entre el círculo de poder local, sobre todo por el tipo de denuncias que realizaba: en su última transmisión de Facebook (el medio que ella utilizaba para informar), un día antes del femicidio, aseguró que recibía amenazas de muerte. 

La fiscal María José Barrero Sahagún, titular de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos, primero detuvo sin pruebas a la ex pareja de Griselda, también periodista; debió liberarlo y recién luego puso la lupa sobre Darío Alfredo Holzweissig, empresario dueño de boliches bailables y ligado al comisario local, otro de los blancos de las denuncias de Griselda.

Lautaro tiene 25 años y vive en la casa donde mataron a su mamá. En el mismo terreno vive su abuela, que fue quien encontró el cuerpo y que sigue aterrada por eso. Lautaro, cuenta, puso luces y cámaras en la casa, pero no alcanza. Él también tiene miedo. “Es algo que se genera uno mismo”, dice intentando explicar que no se lo puede sacar del cuerpo. “Es complicado desde el punto de vista de un hijo, acá hay una posible vinculación con el comisario y por un lado uno quiere seguir con la investigación y por otro lado tengo que pensar que estoy acá solo con mi abuela”.

 Lautaro destaca que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Nación estuvo presente, pero de todos modos cree que el Estado reconoce en la teoría que los hijos e hijas son también víctimas ante el femicidio de su madre, pero no lo lleva a la práctica: “Falta más acompañamiento, es difícil buscar justicia siendo un hijo”. ¿En qué sería útil más acompañamiento? Apunta a la burocracia: “Por ejemplo, en todo lo que es la tramitación con la fiscalía”. 

Durante el avance (o no avance) de la causa tuvieron que atravesar primero la instalación mediática de la versión de suicidio de Griselda. Después, la aparición de un detenido con el que posiblemente se buscó distraer la atención, y al que finalmente liberaron. Luego, que a Darío Alfredo Holzweissig se lo impute por homicidio simple sin tener en cuenta la violencia femicida. Y más tarde, que la fiscal diese lugar al pedido de la defensa de realizar un juicio abreviado que finalmente fue rechazado por el fiscal general de Corrientes. Todo esto los hijos tuvieron que atravesarlo en medio del dolor de perder una mamá. Dos semanas después enterraron también a su abuelo. 

Al dolor se le suma una preocupación: lo laboral. Lautaro se quedó sin trabajo dos semanas antes del femicidio, arregla computadoras pero hoy no tiene un sueldo fijo. 

Su hermano (27 años) lo ayuda desde Buenos Aires, donde vive. “Mi mamá me ayudaba un montón, sobre todo porque estamos en Curuzú Cuatiá, es muy difícil conseguir trabajo siendo un lugar tan cerrado. Uno dice ‘acá nos conocemos todos, vamos a ver la solidaridad’, pero es todo lo contrario: ser hijo de una mujer asesinada es un estigma en un pueblo tan chico”.  

Llegar a fin de mes, curar el dolor y el miedo, y buscar justicia. Mientras, la causa del femicidio de Griselda sigue sin estar caratulada como femicidio, aunque está probado que la golpearon, acuchillaron y ahorcaron. “Queremos que sea caratulado como un femicidio y tenga los años que le corresponden, no un juicio abreviado ni que signifique la impunidad”. 

Crímenes por omisión

Rosa Reyna tenía 24 años y dos hijos de 3 y 4 años cuando en febrero de 2021 asesinaron en Jujuy a su mamá: Marina Rosita Patagua. Dos años después Juan Carlos Gutiérrez fue condenado a perpetua por el femicidio y por la violencia que había ejercido sobre Rosita meses antes. “Nosotros, como hijos, no teníamos conocimiento de que él era violento. Mi mamá no nos contó, pero había fines de semana que ella no quería que la viéramos, decía que estaba cansada por el trabajo y ahora nosotros no sabemos si tenía un ojo morado” dice Rosa, que no sabía hasta el momento del femicidio que su mamá había denunciado a Gutiérrez. Pero sí lo sabía el Estado: el femicida estuvo detenido dos meses por causarle lesiones; pero el juez Pullén Llermanos pidió el cese de esa detención: 22 días después, la mató. “Algo más deberían haber hecho por ella; nadie hizo nada y ahora hagamos lo que hagamos nadie me la va a devolver. Lo único bueno sería que no se vuelva a repetir, que no pase más”. 

El caso de Rosa es un ejemplo claro de por qué el Estado mata, en este caso por omisión. “Desde el momento en que mi mamá hizo la denuncia debió haber acompañamiento y seguimiento para tratar de que no volviese a ese vínculo: una vez que una mujer denuncia es porque no quiere tener nada más que ver con esa persona. Y después hay un proceso donde la persona tiene que tratar de no caer de nuevo en el círculo de la violencia, porque se va a volver a repetir. A mí me pasó porque yo también sufrí violencia de género. Después de que falleció mi mamá decidí separarme, tuve acompañamiento del equipo del Consejo de la Mujer y estaba con mi mente cambiada: no quería que me sucediera lo mismo que le pasó a mi mamá”. 

El caso permite además observar cómo el mismo Estado deja solas a las víctimas. En el juicio por el femicidio de su mamá, Rosa volvió a pedir acompañamiento psicológico, pero no lo obtuvo. “Una vez que pasó todo esto -dice su hija- pedí acompañamiento del Estado para volver a la psicóloga, porque no me sentía bien. Me dijeron: ‘ya te vamos a dar una cita’. Cuando estaba sucediendo el juicio estaba presente el Consejo de la Mujer y decían: ‘ya te vamos a llamar, te vamos a preparar una reunión’. Yo les dije: acuérdense de que yo trabajo, que tengo a mis hijos que son pequeños y también estoy estudiando, hay que ver de acordar qué día puedo. Me contestaban: ‘te vamos a llamar’. Pero nunca lo hicieron. Cuando vos llamás y pedís un turno, como está tan saturado el sistema, te dicen de acá a un mes por ejemplo. No tienen suficiente personal para que contenga a todos los casos que hay, por lo menos en mi provincia de Jujuy”.

Rosa cría a sus dos hijos pequeños, está cursando segundo año del profesorado de Artes y trabaja de portera en un jardín de infantes. Consiguió el trabajo después del femicidio de su mamá, cuando el gobernador Gerardo Morales les preguntó en qué podía ayudarlas. Ellas no dudaron: con un trabajo digno. “Más que nada fue como una pancarta, una propaganda, porque te dicen ‘sacate una foto con nosotros’ y salen con frases como ‘acá dando acompañamiento a la familia de víctima de femicidio’. Es más que nada una pantalla. Pero sí agradezco tener un trabajo en blanco porque hoy en día con esto sustento a mi familia”, dice ella.

Cada Día de la Madre Rosa Reyna va al cementerio junto a sus hijos: “Se quedaron sin abuela desde chiquitos”, dice. Lleva algo para comer y una botella de jugo en la mochila. “Es un día vacío”, resume Rosa, que vuelve a llorar cuando piensa en ese momento. 

Desde su experiencia, ¿cómo prevenir la violencia? “Hay que juntarnos. Todas las chicas de mi edad repiten: ‘A la primera que me haga, yo me voy’. Y cuando te sucede, cuando empieza la violencia, ahí estás y no te vas. Debería implantarse desde la escuela el cariño mutuo en la sociedad y el respeto por las otras personas”, dice Rosa mirando a sus hijos y pensando en el futuro. 

Comiendo con el femicida

Susana García recién había terminado la escuela secundaria cuando su mamá María Inés, aunque le decían Lili, fue asesinada en el barrio porteño de Palermo. “Ella había tenido una vida muy dura”, anticipa y enumera los hechos: había perdido a su mamá de chica en un accidente; luego vivió en un hogar porque su papá y su nueva pareja no quisieron cuidarla; cuando se separó de su segundo marido tuvo una enorme depresión; dos años antes del femicidio (aunque en esa época la palabra ni se usaba) estuvo internada en una clínica psiquiátrica “y fue parte de los experimentos de la época” dice Susana en referencia a los métodos eléctricos y químicos con que se “trataba” entonces a quienes padecían crisis mentales. 

Susana cuenta que Lili, al salir del encierro “se vinculó con personas bastante torcidas y poderosas”, y esa es una de las razones por las que cree que el femicidio jamás se esclareció. “Nunca pude saber qué pasó. Fue en el departamento de ella y evidentemente fue una persona que la conocía porque había restos de una cena. Ella cenó con la persona que la mató”. 

Susana tenía 17 años en 1974 cuando ocurrió el femicidio. Había decidido estudiar Psicología cuando su mamá estuvo internada en el psiquiátrico. “Ella siempre me decía: ‘tu vida va a ser mejor que la mía’ y su otra máxima era: ‘Susana, tenés que ser profesional, nunca dependas de un hombre’. Mi vida estuvo, de algún modo, moldeada por ella desde el mejor punto de vista”. 

Tras egresar del secundario empezó a estudiar Psicología y cambió su círculo social porque le parecía imposible no hablar de lo que le había pasado a su mamá. “En los tiempos que vinieron después estaba todo mal; si bien mi madre no era una militante, ocurrió en un momento de violencia hacia la juventud, hacia las mujeres, hacia la vida, una violencia que fue creciendo y creciendo. Ese crimen fue para mi vida el puntapié inicial de una violencia desatada”.

Pasó el tiempo: 49 años. Susana ya hace mucho trabaja con grupos de mujeres que sufrieron violencia. “Ser hijos e hijas adultas de mujeres asesinadas en una situación de femicidio es algo que te impregna toda la vida, y tenés que ver cómo lo llevás”.

Sobre el rol que debería tomar el Estado, asegura: “Pensando en términos de reparación, sería importante facilitar buenos tratamientos con terapeutas especializados en trabajar el trauma y el estrés postraumático. Me parece que el Estado debería proveer de equipos para que todos tengan acceso a esa atención, porque los femicidios ocurren en todas las clases sociales. Hay personas que tienen posibilidad de tratarse y otras personas que no. El Estado tendría que proveer profesionales serios y consolidados para que las víctimas puedan trabajar sobre esa situación que es como una herida de guerra que va a quedar para siempre. Al menos en mi creencia personal, la recuperación no es individual”. 

En nuestro país la figura de hijos e hijas en relación a la dictadura tiene un significado político y social muy fuerte. ¿Hay algo de esa figura que podría tomarse para el tema de hijes de víctimas de femicidios?

-Sí. Porque quedamos totalmente implicados en esta trama. No es solamente ese acto final: ese acto final implica una historia previa y una posterior. El femicidio tiene una historia que no puede desconocerse. Mi mamá le abrió la puerta, le preparó la cena, cenó con la persona que la mató; o sea que ese asesinato tiene un contexto y en el caso de las familias donde ocurre esto, los hijos convivieron con esa violencia. Es distinto cuando el criminal es un desconocido. Pero en mi caso hay fichas que me fueron cayendo después. Yo era muy jovencita. Primero viví violencias que ella sufrió siendo yo una nena. Después, lo que ella sufrió siendo yo adolescente. Y su asesinato fue el acto final. Reconstruir esa trama es fundamental. De algún modo como hijos e hijas tenemos esa conciencia y llevamos esa historia.