Jorge Reyna, 17 años, fue detenido por la policía en 2013. Horas después perdió la vida dentro de un calabozo. Desde 2019 el expediente penal está archivado en la Fiscalía de Cosquín. Sin embargo la causa civil dio un vuelco inesperado: se reconoció parcialmente, como “daño moral”, la responsabilidad del Estado en el hecho. Lo que cuenta Olga Tallapietra, la madre: vivir a los 17,  violencia, gatillo fácil, y la pelea contra la impunidad policial. Por María Eugenia Marengo.

“Aquello con lo que uno vive y sobre lo que va apoyando sin saber las horas, se vuelve a la larga y en silencio una forma de fe”. 
Alejandra Kamiya.

Qué significa el costo de la vida en un expediente judicial? La pregunta ocupa todo el despacho del abogado. La chatura del silencio es una manera de buscar una respuesta. No hay equilibrio en esa balanza que sujeta una mujer con vendas en los ojos, repetida de tres formas distintas en el despacho del abogado: lámpara, pintura y tarjeta de contacto.

“No vale la vida por sí misma, lo que vale es la capacidad económica”  dice el abogado Daniel Guevara en su estudio de Capilla del Monte, y levanta las cejas aseverando lo terrible de su significado. 

El 30 de julio del año 2015, la demanda civil por la muerte de Jorge Reyna en la Comisaría de Capilla del Monte –Córdoba– se presentó en el Juzgado de Primera Instancia de la localidad de Cosquín, dos años después de iniciar la causa penal. El 10 de diciembre de 2024 la Cámara de Apelaciones de Cruz del Eje ratificó la sentencia de Primera Instancia, en la que se admite la existencia de un “daño moral” por parte del Estado, ante la muerte de un menor de edad en una comisaría. 

El lugar es un cubículo donde casi no penetra la luz. Son las cuatro de una tarde soleada de septiembre y ante cada pregunta, el abogado mira la sentencia, va y viene entre el escritorio ancho donde está la mujer vendada y la computadora. De fondo una música instrumental recorre el color ámbar de la sala que lo inunda todo. 

Con la sentencia civil firme, solo restan los tiempos para ejecutar el cálculo matemático que hace el Poder Judicial para medir el valor económico del daño moral. Mientras que la parcialidad de la sentencia implicó dejar por fuera el daño psicológico y material, es decir, lo que valía la vida de Jorge Reyna. 

“Técnicamente valés por lo que sos capaz de producir” aclara Guevara.

Los últimos días

La mañana del domingo 13 de enero de 2013 la familia Reyna se despertó temprano, entre gritos. Cuando Olga Tallapietra salió de su casa de San Esteban para saber qué pasaba, vio que la policía saltaba el alambrado para el campo aledaño. “Métase adentro señora” le decían ellos. Pero Olga se quedó, quizás con la presunción de lo que estaba por ocurrir. 

“Ese es mi hijo” les dijo cuando alcanzó a reconocerlo en medio del alboroto. 

De su casa lo llevaron al Complejo Esperanza, un instituto para menores en las afueras de Córdoba, junto con otro, más pibito que él, pero lo largaron rápido. Jorge lo defendía y les decía a  los policías que no tenía nada que ver. 

El Complejo Esperanza cuenta con seis edificios, donde ingresan los jóvenes para su “re-educación”. Según la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba, SeNAF, el robo calificado es una de las principales causas por las que los adolescentes quedan recluidos en el Complejo. Jorge estuvo allí durante cinco meses y se dio maña con las manualidades, que le obsequiaba a su mamá. En la carta que le envió a su familia no veía la hora de encontrarlos: “Tengo muchas ganas de comer un guiso de arroz con pollo como los que prepara la mami y que papá me espere con una fresca”. 

En mayo de 2013 volvió con su familia y su convicción era que no se iba a mandar más cagadas vinculadas a los robos que traía a cuestas por el pueblo. 

“Hasta que lo volvieron hacer entrar en la misma. Todo el tiempo la policía lo perseguía” reconoce Olga.

El comisario

La última vez que los visitó  fue  antes del Día de la Madre. Hacía un tiempo se había ido a lo del abuelo en Capilla del Monte. “Me voy con el nono”, les dijo. Estaba trabajando en un taller mecánico en el paraje de Santa Isabel. 

“Venía tan bonito, camisita a cuadros, la misma que tenía la noche que lo mataron, jeans, zapatillas nuevas –recuerda Olga–. Estaba impecable”.  

Pero se volvieron a ver. El 23 de octubre de 2013 llegó una citación de la policía para que se presentara en la Fiscalía de Cosquín por una pericia psiquiátrica para el Instituto de Menores. Ahí, el secretario López lo apuró un poco: 

–¿Quién te vende la droga? 

–Yo no sé nada– dijo, como arañando una respuesta que contenía adentro ese miedo a punto de explotar. 

De regreso, en el colectivo, decidió romper el silencio: 

“¿Sabés lo que nos hace hacer el comisario Castro?” y quizás apenas miró a su mamá, las pestañas se le enrularon hacia abajo, por ahí titubeó, o el ruido mecánico del motor fue un salvavidas para decirlo envuelto entre el bullicio de los pasajeros.

“Nos hace robar para él. Después va a buscar las cosas y cuando allanan el lugar queda como parte del procedimiento”.

Y no le dijo más. Le regaló a su mamá un chocolate y una gaseosa. Olga se bajó en San Esteban. Él dijo que seguía a Santa Isabel.  

Juan Castro fue comisario en La Falda, hasta la sospechosa muerte de Brian Palomeque, de 16 años, quien apareció colgado de un árbol en el invierno de 2012. Luego de la muerte de Jorge Reyna, Castro fue removido de su cargo en Capilla del Monte, hasta que terminó ascendido a jefe de Inspección de la Unidad 3 de Punilla Norte. Hoy está jubilado. 

La mañana del 26 de octubre de 2013 fue confusa para la familia. Un policía se acercó a la casa de San Esteban para avisarles que su hijo estaba detenido en Capilla del Monte por un presunto robo. De ahí, todas las versiones. El abuelo y dos amigos aseguraron haberlo visto la mañana del sábado, pero en el expediente penal figura su ingreso a las 6:45, según el testimonio del subcomisario Marcos Ariel Villagra. Desde esa hora hasta su muerte pasó 14 horas encerrado en un calabozo. 

La versión policial –que consta en el expediente– fue que Jorge Reyna había entrado en un estado depresivo y se había ahorcado con una de las mangas de su buzo atada a la reja del ventiluz de la celda, “ubicada a 1.55 mts. del suelo y la otra manga a su cuello, dejando caer su cuerpo”. La altura de Jorge era de 1,58, sin embargo para los forenses quedó sentado sin tocar el piso, con sus manos extendidas apoyadas sobre las piernas, provocando su propia asfixia mecánica.

Según recuerda Olga, los golpes los tenía del lado izquierdo: cejas, piernas, costillas. Se lo entregaron casi desnudo, con la camisa a cuadros desabrochada. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Cosquín, con la carátula “Reyna, Jorge s/muerte por etiología dudosa”. El 20 de diciembre de 2019 la actual  fiscal de Instrucción Paula Kelm la archivó. 

La nuda vida

La policía de Capilla del Monte está asustada; están armados y equipados como para combatir”. La voz de una vecina de San Esteban suena en el medio de una plaza colmada que hace silencio. 

Hace dos días, Jorge Reyna apareció sin vida y las calles se llenaron de jóvenes. La provincia de Córdoba envió la Infantería: los torsos robustos de los pibes se llenaron de marcas por los continuos impactos de las balas de goma que se disparaban.  

Hace dos días, la comunidad está en alerta. “Que la policía de Capilla del Monte y de todo Córdoba sepa que el pueblo los está mirando y está atento a cada movimiento que va hacer”, continúa la vecina, bajo un cielo celeste que va cambiando su color.

Hace dos días, la policía motorizada salió a perseguir de nuevo, los disparos rajaron la noche tapando los gritos, la bronca, el repudio. Facundo aparece detrás de un árbol de la Plaza San Martín, se levanta la remera y su espalda parece brotada por alguna enfermedad. Los disparos siguen. Algunas aureolas sangran. No se anima a ir al hospital. Nueve años después, se reconocerá en una foto publicada en la red social Instagram de un medio de comunicación local: “No voy a olvidarme nunca de esa noche, fue un infierno, nos atacaron por atacar, desde el lado de los manifestantes nos defendimos. Es irónico encontrarme en las fotos, soy el de la remera violeta”. 

En el año 2013 en la provincia de Córdoba estaba vigente el Código de Faltas que habilitaba la detención de menores de edad en las comisarías. Esta ley contravencional fue modificada en 2016. Una de las figuras más cuestionadas de este código era el “merodeo” (art.98), que le otorgaba una facultad discrecional al policía para que determinara quién era “merodeador” o no. En el marco de esta normativa, durante 2013 se produjeron 200 detenciones en la ciudad de Córdoba. Un menor de 18 años podía tener una detención preventiva sin límite de horas, ser llevado a un calabozo por estar tomando alcohol en la vía pública y no era obligatorio tener un abogado defensor. Si bien bajo el nuevo Código de Convivencia Ciudadana se derogaron estas figuras, aparecieron otras como “conducta sospechosa”, cuyo significado es tan ambiguo como el anterior. 

El 2013 también fue el año del “narco  escándalo” y el “acuartelamiento” de la policía que se multiplicaría luego en varias provincias del país. A partir de una investigación periodística del por entonces programa televisivo ADN, se puso en evidencia la vinculación del gobierno de José Manuel de la Sota con el narcotráfico, y la policía le soltó la mano. Liberó zonas. Hubo una seguidilla de saqueos en la capital y en el resto de las ciudades, la policía se metía sin uniforme en cada tumulto, asamblea y marcha. En 2016, la justicia federal condenó por esta causa a tres años al ex jefe de Drogas Peligrosas, el ex comisario Rafael Sosa.

Durante todos estos años, la violencia continuó. La pandemia hizo lo suyo y la arbitrariedad policial fue la reina de las calles. ¿Cuándo las lógicas excepcionales se convirtieron en prácticas permanentes de los gobiernos civiles? Ahí, en ese umbral indeterminado entre democracia y absolutismo, como definió el filósofo Georgio Agamben al Estado de excepción, se materializa la represión y persecución a los jóvenes de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Esas “nudas vidas” (sin valor ni derechos, superfluas) se hacen amenaza cuando cruzan el límite y aparece el Estado fundado desde el miedo para justificar la violencia y generar una sensación de incertidumbre en la población sobre aquello que la amenaza, asegurando su supuesta protección. Entre los años 2011 y 2015, hubo 59 víctimas fatales en manos de agentes de seguridad del Estado de la provincia de Córdoba. La policía provincial fue la responsable del 83% de las muertes, el resto correspondió a personal del Servicio Penitenciario; Gendarmería Nacional, Ejército y Complejo Esperanza. 

Hoy, esa cifra va en ascenso. Según el último informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de febrero de este año, el Estado asesinó a 9.672 personas en todo el país. Solo en Córdoba, en los primeros 8 meses del gobierno de Martín Llaryora, hasta agosto del año pasado, hubo al menos 10 casos de “gatillo fácil”. “Son entre 10 y 15 casos anuales”, asegura Valeria Plaza, investigadora de Conicet de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Esa nuda vida: la que no vale nada, la sacrificable. 

A través de sus ojos

«Si yo no insistía para abrir el cajón, nunca me iba a enterar de todos los golpes que tenía. Me iba a tragar eso de que se quitó la vida. Por algo no me lo dejaban ver” dice Olga, preguntándose qué tanto sabía para que lo mataran así.  

Con el corazón hecho un ovillo de memoria, lo mira en las fotos cuando era un bebé. Jorgito estaba por ser papá. Su nieto siempre va a tener los mismos años que la ausencia de su padre. 

El dolor se lleva adentro de distintas maneras. Una de sus hijas le ha contado que al principio se despertaba en las noches y veía a su hermano sentado desde la punta de la cama cucheta y le hablaba, le decía que no había sido culpa de él lo que había pasado. El más chico tenía un año cuando Jorgito murió, pero tiene atesorada la remera que le regaló ese 12 de octubre de 2013, para su primer cumpleaños. Hace poco, una de sus hermanas lo dibujó. Este 2025 cumpliría los 30. 

“En San Esteban siempre lo recuerdan bien, que hacía esto con la cabra, que andaba con los pescados, los patos, con todos los animales. Sus hermanas y hermanos no tienen otro recuerdo que no fuera de felicidad”.

Olga busca fotos en el cajón de un aparador de madera pintado de blanco. Tiene dos vidrios con forma de corazón. Saca algunas, dice que una de sus hijas las recortó para pegarlas en un papel. Cuánto dura una imagen. Cuándo se convierte la experiencia en un recuerdo. Cómo se construye la presencia de lo que ya no está. 

De bebé, en su niñez, con sus hermanos y en la escuela: 

“Le encantaba participar en actos escolares y obras de teatro” dice Olga y la imagen la lleva al maestro Chacho, quien alguna vez le contó una historia ya convertida en anécdota del día en que Jorgito fue a la escuela con un dinosaurio pajarito al que le cargaba agua, se la echó a los enchufes y  quemó todas las computadoras.

Hacer una fotografía, escribió alguna vez Susan Sontag, es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra persona o cosa. “Todas las fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo”. 

Las imágenes se van ordenando. De manera cronológica hay un salto a 2013. El rostro de ese niño adolescente se convierte en una imagen congelada, tiene un significado político, consolida una posición moral en quienes marchan en la calle y levantan las fotos de los que ya no están. 

Hace 18 años que en la ciudad de Córdoba, en noviembre, se realiza la Marcha de la Gorra y hace 11, cada mes de agosto, la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. 

“Yo sabía verla por tele, nunca me imaginé que iba a estar en ese lugar. Estar ahí, me dio fuerza para seguir luchando. Es fuerte ver a todas esas mamás” reconoce Olga con la vista  nublada.

El álbum de fotos se hace una línea de tiempo. Asambleas, manifestaciones en los tribunales, radios y entrevistas. 

“Siempre me pregunto quién fue el que mató a mi hijo, por qué se ensañaron así, por qué nunca se hizo justicia por su muerte” dice mientras piensa en una imagen: “Hoy si veo algo malo, como un policía que le esté pegando a un chico, me voy a meter, lo defendería, desde el lugar de una mamá que le mataron a su hijo”.

Los daños

Jorge Reyna estuvo 14 horas detenido sin orden judicial y con directivas de ser llevado con sus progenitores. Tardaron dos horas, luego de su detención, en comunicarse con la Fiscalía. Dos horas y media en llevarlo al médico y tres horas después se inició la búsqueda de sus familiares. 

En el patio de la comisaría de Capilla del Monte, en una celda sin luz eléctrica, apartado del resto de los detenidos, Jorge Reyna fue alojado en un habitáculo casi sin ventilación, que se conectaba mediante un pasillo con el resto del edificio de la dependencia policial. Dice en el expediente Amelia del Valle Romero, el personal de guardia a cargo, que la comisaría estaba muy concurrida por los robos de la madrugada anterior y por eso se lo alojó afuera, en una celda interna sin llave, solo con un pasador, separado de los detenidos adultos.

“En varias oportunidades durante la mañana me dirigí a observar al menor (…) en ningún momento este estuvo fuera de mi vista”, declaró del Valle Romero. El resto de los testimonios de la policía aludieron que Jorge se encontraba en un buen estado anímico. 

El juez de la causa civil, Francisco Martos, consideró que existió una falta de idoneidad del personal policial y de prestación de servicios adecuados, ante la detención de un menor de edad sin orden judicial: “todo lo cual permite vislumbrar un obrar antijurídico por parte del Estado provincial”. También agregó que la imposibilidad de encontrar a la familia durante el transcurso de las horas no libera de responsabilidad, ni disminuye la gravedad del hecho. 

El fallecimiento de un hijo es por su naturaleza inconmensurable, esa es la palabra que se utiliza en la sentencia y se hace lugar a un daño de carácter  moral. “El dinero no lo borra ni lo hace desaparecer, pero puede ser considerado como una compensación (…) del dolor injustamente causado”.

Daniel Guevara retoma. Dice que la causa entró justo antes de que se reformara el Código Civil en el año 2015. “El derecho de daños tiene una consideración más general, en el Código anterior, tenés que probar todo. Jugamos con las reglas del viejo Código”.

Si bien la sentencia civil parte de un hecho irrefutable y objetivo, como lo es la muerte, los fundamentos jurídicos para no hacer lugar a los daños de carácter psicológico y materiales se centraron en la falta de pruebas. Es decir, no se acreditó que la familia hubiese iniciado una terapia, ni tampoco se comprobó el aporte económico por parte del hijo fallecido al sostenimiento familiar.

Des-archivar

¿A dónde van las causas que se archivan? La respuesta se hace tan universal como la duda.

La socióloga Elizabeth Jelín explica cómo el archivo retrotrae la idea del vínculo con el pasado, a partir del cual se conservan sus rastros. Pero, ¿qué sucede cuándo esos rastros se transforman en algo vivo, en evidencia, en el propio testimonio de los victimarios?

Hace seis años que la causa penal está en el archivo regional de los tribunales de Cosquín y solo puede desarchivarse con una orden judicial, una prueba que dé lugar a la apertura de una nueva investigación. 

Hace seis años que el expediente respira en ese lugar donde se empaquetan y se sellan las historias. ¿Cómo será esa habitación donde ni siquiera los familiares tienen permiso para pasar? Quizá tenga la puerta sin candado y paredes tan descascaradas como la celda donde Jorge pasó sus últimas horas, con un poco de luz que atraviese por esa ventana rectangular al ras del pasto del patio de la Fiscalía. Algo de la claridad que pueda pasar por las celosías metálicas. Estanterías cargadas de cajas de cartón con etiquetas desteñidas. Una lamparita prendida tal vez cuelgue del techo. Tal vez no. 

En esa habitación también descansa una versión de la muerte de Jorge Reyna, un montón de papeles agrupados en diez cuerpos de expedientes. Todo resulta ser un conjunto de tecnicismos que recrean el lugar que ya no existe. Una vida que ya no respira. Una Muerte de Etiología Dudosa. MED, como titula la carátula penal: una muerte por razones que no son certeras. Para su mamá, un asesinato. Una tortura premeditada. Un cuerpo que guarda sus cicatrices tapadas con tierra. 

“Si se pudiera desarchivar la causa y que paguen los culpables -dice Olga- les preguntaría por qué lo hicieron: a Jorgito me lo mataron a golpes”.

¿Final?

En una de las paredes de su casa, Olga tiene un cuadro con el rostro de Jorge a los 8 años. La sonrisa queda para siempre, no se enmarcan ahí las claves de lo que ocurriría más tarde. El tiempo a veces corroe, la imagen se deteriora, el color se pierde. “No me gusta ir al cementerio, pero si voy, prefiero ir sola. Lo tengo que sentir”, dice. 

Doce años después, la justicia de la provincia de Córdoba reconoce en parte esa responsabilidad del Estado por la muerte de su hijo. 

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Las palabras rebotan de nuevo en el despacho del abogado: “Hay una responsabilidad objetiva: el personal policial debería haber evitado el daño (sin dolo) y, en consecuencia, se indemniza”. 

Todo el ámbar se deshace sobre los bordes de la puerta abierta del despacho del abogado. 

Ya pasó más de una hora. Olga piensa, si todo sale bien, en repartir ese dinero entre sus hijos, y se imagina poder hacerle a Jorgito algo mejor en el cementerio.  

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