Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado.

Por Francisco Pandolfi

A fines de 2016 y con la firma de Genoveva Ferrero el gobierno porteño contrató a la empresa Coradir como proveedora del servicio “botón antipánico” hasta el 31 de diciembre de 2017, que luego prorroga por un año más.

Geno –como se hace llamar– es electa en 2015 diputada porteña por el PRO, pero renuncia a su banca 39 días después para convertirse en funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Es hija de la ex diputada Fernanda Ferrero (UCeDé) y la esposa del juez federal Ariel Lijo, postulado por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia y rechazado por el Senado.

Hoy es la secretaria de Administración y Presupuesto del Poder Judicial porteño. Es decir: quien paga los gastos y los sueldos.

El 31 de diciembre de 2018 a las 23.59.59 Coradir dejó de prestar el soporte para el sistema del botón antipánico para dejar el servicio a cargo de la nueva ganadora de la licitación: la empresa Soflex S.A., con la venia de quien por entonces era el ministro de Seguridad y Justicia, además de vicejefe de Gobierno porteño: Diego Santilli.

Hoy es ministro del Interior del gobierno nacional. Es decir: quien negocia con los gobernadores votos de leyes a cambio de recursos del Estado.

¿Hubo comunicación entre las empresas en la transición?

Responde Juan Manuel Baretto, director de Coradir, que atiende a MU desde San Luis, donde radica la empresa:

“Fue instantáneo, no hubo relación entre nuestros equipos técnicos y los de Soflex. Nunca hablamos, no tengo Ni tuvimos vínculo. No hizo falta porque CABA tiene los servidores propios en su oficina, tienen la potestad de seguir operando. Por eso Soflex automáticamente empezó a manejarlo”.

Completa:

“Brindamos el servicio hasta el último día de 2018. ¿Por qué el cambio? Se lo tenés que preguntar a quienes adjudicaron la licitación. Son decisiones políticas. Nosotros nunca tuvimos un incidente, jamás nos falló la geolocalización”.

A los 15 días del traspaso Carla Soggiu apretó cinco veces su botón antipánico y las cinco veces la geolocalización falló.

Días después un trabajador del puerto encontró su cuerpo flotando en el Ricachuelo.

En su página web Soflex se jacta de sus principales “casos de éxitos”. Entre ellos fFigura el Ministerio de Seguridad porteño.

Dicen que “gestionan más de 15 mil llamadas diarias y garantizan una coordinación eficiente de emergencias”.

MU llama al teléfono que figura en el sitio y, cuando se pide hablar con un responsable al que preguntarle por el caso de Carla, responde “Javier”.

No querrá revelar su apellido, aunque podría ser Javier Gutnisky, director de la empresa fundada en 2008.

Un extracto de la conversación:

Javier, ¿cuál es tu apellido?
No. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Te invito a conocer mi empresa de ingeniería de software. Me gustaría hacerte una presentación de lo que hacemos. Por teléfono no contesto nada. Vos hacé la nota que …quieras, ahora si querés saber realmente cómo funcionamos y quiénes somos, estás invitado. Esto es software, ¿vos conocés? Para generar una opinión de una empresa de tecnología tenés que saber.

¿Por qué no anduvo el botón antipánico que presionó Carla Soggiu?

¿Quién te dijo que no anduvo? ¿Quién dice que no anduvo? No te voy a contestar absolutamente nada, eso es una suposición tuya. Yo no tengo ningún tipo de información, eso es exclusivo de la policía. Nosotros somos proveedores de una plataforma de software.

La geolocalización no anduvo. ¿Por qué?
¿Quién dijo eso?

El informe de la Central de Alarmas Fijas y Móviles de la Policía de la Ciudad.

Entonces no tengo nada que responderte. Nosotros no tenemos nada que ver. Somos toda gente de tecnología, podemos hablar de protocolos, de módulos de comunicaciones, de la comunicación GPS y por qué vía se realiza. Eso es lo que hacemos y hasta ahí te puedo contestar.

Ahora es 26 de diciembre de 2018 y Carla tiene 28 años. Vive enfrente de su mamá y su papá, junto a sus hijos Ángel (4) y Ámbar (2), y con quien hasta ese día fue su marido: Nicolás Fuentes.

Aquel día Nicolás Fuentes la ata, la viola y la golpea en la cabeza, todo delante de Ámbar.

Esa tarde dos comisarías (la 4B y la 32) se niegan a recibir la denuncia. Le toman declaración en la Comisaría de la Mujer y la de Arriban al Hospital Argerich, donde personal de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) determina que por las lesiones Carla requiere de cuidados especiales por un tiempo no menor “a treinta días”.

El 2 de enero de 2019 le dan un botón antipánico y clasifican el caso de alto riesgo.

Ahora es martes 15 de enero de 2019.

Carla regresa a la casa de sus padres –donde se muda tras los golpes recibidos– con el botón antipánico en la cintura. Viene de pasar la tarde con un amigo que, como registra una cámara de seguridad, la acompaña a subirse al colectivo 32, en Avenida Sáenz al 500 alrededor de las 19.30. Está a quince cuadras, pero nunca llega.

A las 20:08, como figura en el informe de la Central de Alarmas Fijas y Móviles de la Policía de la Ciudad, presiona el botón por primera vez. Manifiesta que se “encuentra perdida”, que “no conoce el barrio”.

El documento es contundente:

“El geoposicionamiento del botón indica que se encuentra en la cuadra de su domicilio particular”.

A las 20.25 se avisa al Centro de Monitoreo Urbano y a las 20.28 se asigna un móvil para localizarla.

Veinte minutos pasan desde que Carla pulsa el botón y se asigna un patrullero. Llega al minuto, aunque no donde está ella, sino a la casa de sus padres.

El motivo es la clave:

“ASIGNACIÓN GPS APROXIMADA: No encontrado”, sentencia el informe.

Carla aprieta el botón cinco veces en poco más de una hora.

Dice que está atascada en el barro, que cree encontrarse en una villa, que siente mucho olor a combustible.

La policía la busca, pero al desconocer la ubicación precisa “no se logra dar con la usuaria”.

El último audio de Carla es su muerte.

Carla se ahoga.

La dimensión sobre el alcance de esa falla surge de una pregunta a Barreto:

¿Cuál es la precisión del GPS?

Dos metros y medio desde donde la persona aprieta el botón.

DESPUÉS DE LA MUERTE

Por los crímenes que padeció Carla se abrieron tres expedientes judiciales.

1. Se inicia el 26 de diciembre de 2018 con la denuncia de Carla a su ex pareja Sergio Fuentes.

El 20 de diciembre de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 porteño lo condena a 6 años de prisión por “abuso sexual agravado por acceso carnal”.

La familia se entera del juicio cuando la secretaria del juzgado llama a su casa para preguntar por Carla. Le responden que estaba muerta. Les informan que ya no pueden presentarse como querellantes y asisten al juicio como público.

Fuentes recupera la libertad en 2024 y sus hijos no lo quieren ver. La tutela la tienen sus abuelos maternos, Alfredo y Rosana.

2. Se origina el 15 de enero de 2019 cuando se denuncia su desaparición.

Se investiga la “muerte por causa dudosa”. Son 470 fojas donde prevalece la búsqueda policial y el hallazgo del cuerpo.

El fiscal César Augusto Troncoso establece que no hay vinculación entre la muerte y los golpes que Fuentes le había propinado en la cabeza a una persona con hidrocefalia y una válvula insertada en el cerebro.

“No se investiga un homicidio doloso vinculado con violencia de género”.

Sobre el botón antipánico miente y omite:

“Se encontraba activo y pese a las llamadas desde el centro de alarmas para ubicarla, no se ha podido lograr hacerlo por el devenir del deceso de Soggiu hasta el día que fue hallado su cadáver producto de una nueva geolocalización del botón antipánico aludido”.

El 11 de marzo de 2020 el fiscal Troncoso archiva la causa sin las declaraciones del ministro de Seguridad ni de la empresa. La familia se entera 20 meses después.

Apelan la decisión, pero el fiscal de Cámara también la archiva. Entonces alegan la Ley de Víctimas, que autoriza se abra la investigación sin asistencia de un fiscal y logran que se los acepte querellantes.

3. En 2022, la familia inicia un nuevo proceso judicial, dirigido a Diego Santilli por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El abogado querellante, Adrián Albor, afirma:

“Hubo delito: una persona perdió la vida por la negligencia de este funcionario que no evitó que Soflex se hiciera cargo de un servicio que no estaba en condiciones de brindar”.

La jueza de primera instancia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, Juzgado N° 5, María Fernanda Botana, ordena en junio de 2024 que Santilli sea llevado a juicio oral.

Cuenta el abogado Albor:

“Como en el sistema de la Ciudad de Buenos Aires la elevación a juicio es apelable, en octubre de 2024 la Cámara de Apelaciones la revocó por unanimidad (Jorge Franza, Patricia Larocca e Ignacio Mahiques –hijo de Cartiglia, juez federal y hermano de Juan Bautista, jefe de los fiscales porteños–) y dispuso el sobreseimiento”.

La familia apela ante el Tribunal Superior de Justicia porteño (Luis Lozano, Marcela de Langhe, Inés Weinberg –compañera de gimnasio de Macri– y Alicia Ruiz).

La novedad:

“Sobreseyeron a Santilli hace dos meses, un día antes de que Esper bajara su candidatura y él subiera como primer diputado bonaerense por La Libertad Avanza”.

Ahora el trámite está en la Corte Suprema de la Ciudad:

“Vamos a agotar todas las instancias internas para llegar a cortes internacionales, único lugar donde podemos obtener justicia; de los tribunales argentinos no esperamos nada, peleamos escarbadientes contra tanques que conforman una familia: más del 50% de los jueces tienen otros familiares en el Poder Judicial”, sintetiza Albor.

La familia ha planteado que el de Carla es un caso de femicidio de Estado. Lo dicen sin miedo y sin pánico.

Hasta el cierre de esta edición, Diego Santilli no había respondido el pedido de entrevista.

Ahora es diciembre de 2025.

Rosana muestra un video filmado pocas semanas antes de la muerte de Carla. Está vestida de payasa y actúa en el jardín de sus hijos. Canta El Brujito de Gulubú.

Ángel, ya de 11, y Ámbar, ya de 9, salen de la pieza a saludar. Ella dice estar fascinada con el patín; él, con la defensa personal.

Viven con sus abuelos junto a Copito, un perro de 14 largos años, y los gatos Camila y Pedro.

El próximo paso de la familia es presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dice Rosana:

“Ir a una corte internacional me permite ver una lucecita, que en la justicia argentina ya no veo”.

Alfredo:

“Seguimos peleando contra molinos de viento. Pero seguimos”.