Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado.

POR EVANGELINA BUCARI

“Tuve miedo, vergüenza; quería olvidarlo”.
“Sentí asco y humillación”.
“Dejé el sueño de estudiar lo que me apasionaba”.
“Tenía terror”.

Durante años, estas frases quedaron guardadas en cuadernos íntimos, en chats borrados, en voces que apenas se animaban a mencionar lo que habían vivido.

Hasta que, gracias a la fuerza colectiva, 19 mujeres lograron romper el silencio y denunciar al periodista y profesor Pedro Brieger por acoso sexual, dejando en evidencia las responsabilidades institucionales y la naturalización de las violencias en ámbitos laborales y académicos, que trascienden sus casos y son más habituales de lo que imaginamos.

Esa valentía no se quedó solo en la denuncia pública: impulsó una acción colectiva transformadora y nació un proyecto de ley pensado para ponerle nombre y establecer responsabilidades para aquello que les había tocado vivir en soledad.

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados en octubre de 2024 por la legisladora Mónica Macha, del bloque Unión por la Patria, que presidía la Comisión de Mujeres y Diversidad, y acompañada por la firma de Paula Penacca, Gabriela Estévez, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Carolina Yutrovic, Hilda Aguirre, Leila Chaher y Ana Carolina Gaillard (Unión por la Patria); Silvana Giudici, Silvia Lospennato, Nancy Ballejos, Sofía Brambilla, Belén Avico y María Angel Sotolano (PRO); Carla Carrizo (UCR); Vanina Biasi (Frente de Izquierda); Esteban Paulón (Encuentro Federal) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

Pero hoy, tras atravesar con éxito el trabajo en comisiones y haber logrado dictamen con apoyos casi unánimes, perdió estado parlamentario y quedó fuera de juego porque no avanzó para su tratamiento en el recinto.

LA MÁQUINA ABUSADORA

En 2010, la periodista Agustina Kämpfer acusó públicamente al periodista Pedro Brieger de ser “un acosador” pero, como ella misma recuerda, fue “inmediatamente silenciada”.

Catorce años después, en 2024, una nueva denuncia en redes sociales actuó como catalizador, unió tres décadas de historias similares y llamó a la acción.

“El proceso de reconstrucción colectiva del daño fue completamente movilizante. A través de Periodistas Argentinas organizamos zooms en los que, en principio, cada una le contaba al resto –en absoluta confidencialidad, amorosidad, respeto y muchísimo entendimiento– lo que había vivido. No solo era hablar desde el corazón, sino escuchar con el corazón. Fue destapar algo que estuvo oculto y silenciado durante muchos años. Situaciones muy dolorosas, muy tristes”, recuerda Kämpfer.

Los testimonios recogidos y publicados en el informe “La cultura del acoso: punto y aparte” revelaron que existe un patrón de agresiones físicas, exhibicionismo explícito y coerción verbal en distintos ámbitos profesionales y académicos: una compleja y sistemática “máquina abusadora”.

Por eso, el enfoque del grupo fue claro: transformar el dolor en una herramienta jurídica concreta, diseñada para proteger a las futuras generaciones de trabajadoras y estudiantes.

En todo ese proceso, las víctimas, junto a Periodistas Argentinas, participaron en las recomendaciones para la redacción del articulado de la ley junto al abogado Juan Gallego.

“Fue un trabajo colectivo. Mi experiencia parlamentaria me permitió ver rápidamente cuál era el camino y el contexto en el que claramente estábamos ante una modalidad de violencia que no estaba descrita en la Ley 26.485”, explica el abogado.

VACÍO LEGAL

El núcleo de la iniciativa fue la incorporación en el Artículo 6° de la Ley 26485 de Protección Integral para las Mujeres, la figura del acoso y la violencia sexual en contextos de asimetría de poder como una nueva modalidad de violencia de género, proveyendo herramientas jurídicas específicas.

El objetivo fue cerrar un vacío legal que deja desprotegidas a trabajadoras y estudiantes, poniendo a su vez en línea a la legislación nacional con compromisos internacionales ya asumidos por Argentina, como el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de los Estados de prevenir y sancionar la violencia y el acoso en el mundo laboral.

De esta forma, las víctimas tienen la posibilidad de recurrir a la justicia y pedir medidas de protección frente a este tipo de acoso, como sucede cuando se denuncia violencia de género en el ámbito doméstico.

Más allá de que no pudo llegar a ser tratada en el recinto, para Macha es fundamental que este proyecto sobre la violencia de acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral y académico se convierta finalmente en ley.

“Los acosos sexuales en estos ámbitos son más cotidianos de lo que a veces creemos”, recuerda. Y destaca que es necesario “ofrecer una herramienta de denuncia y, a la vez, impulsar una transformación social más profunda, que motorice un cambio cultural”.

Estos argumentos explican el amplísimo consenso que había logrado la propuesta.

Excepto por La Libertad Avanza, el dictamen había sido firmado en un plenario conjunto por todas las fuerzas que integraban las comisiones de Mujeres y Diversidad, y de Legislación Laboral, y había quedado listo para ser tratado en el recinto en búsqueda de la media sanción.

Pero el tiempo pasó sin novedades y el proyecto se quedó en el camino.

La explicación de que no haya avanzado no responde a una disputa sobre su contenido sino a la parálisis más amplia que afecta el funcionamiento del Congreso.

Según señala Macha, en una agenda legislativa atravesada por la coyuntura, al recinto “solo llegaron temas como la crisis del presupuesto universitario, el desguace de políticas públicas o los vetos presidenciales”.

Quedaron así postergados este y otros proyectos que, no carentes de urgencia, están vinculados a procesos culturales que el feminismo intenta poner en palabras para construir herramientas con las que hacer frente a la violencia por motivos de género.

El verdadero problema, el obstáculo permanente, subraya la diputada saliente –desde el 10 de diciembre asume como senadora bonaerense–, es la falta de regularidad institucional:

“La traba más importante es esta dificultad de no contar con sesiones ordinarias donde se puedan poner en discusión los proyectos que ya tienen su ruta legislativa”.

Para las víctimas que pusieron su energía y expusieron su dolor, la inacción parlamentaria genera una profunda frustración.

El contraste entre el éxito en las comisiones y el silencio del recinto es desolador.

“Nos desilusiona bastante que, después de habernos escuchado tanto, los que tenían que plegarse para terminar de darle forma a todo esto no se hayan plegado como la Argentina necesita. No como nosotras necesitamos. Nosotras somos un vehículo en este proyecto de ley”, resume Kämpfer.

En su caso, esto tiene un significado profundo, porque siente que si ella hubiera tenido otras herramientas, Brieger hubiese sido frenado.

“Al escuchar que muchos de los casos pasaron tiempo después de que yo no pudiera hablar del todo, me atravesó un gran sentimiento de culpa. Pensé durante mucho tiempo que si yo no me hubiese dejado silenciar y hubiera alzado mi voz hasta el final, a esas mujeres que pasaron después un momento asqueroso junto a este hombre, no les hubiera pasado nada. Con algunas pude hablarlo, pudimos abrazarnos”, relata la periodista, con angustia.

FOJA CERO

La supervivencia del proyecto dependía de que fuera tratado en 2025, ya que si un expediente no obtiene la sanción en una de las Cámaras dentro del año parlamentario de presentación o al siguiente, se considera que está caducado.

No significa que se pausa, sino que todo el proceso debe reiniciarse desde cero.

Las firmas de apoyo, el dictamen favorable de las comisiones, las horas de debate y el consenso alcanzado quedan anulados.

En resumen, habrá que volver al punto de partida y presentar de nuevo el proyecto.

Más allá de la pérdida concreta de esta herramienta, el freno legislativo tiene un impacto humano y simbólico.

Dice Kämpfer: “Muchas de las personas que nos representan no están a la altura de las circunstancias, de lo que después aplauden y de lo que después también se rasgan las vestiduras en contra de la violencia de género, del acoso y tal”.

Esta parálisis legislativa ocurrió en un momento particularmente delicado y hostil.

Macha advierte que el clima político actual, bajo el gobierno de Javier Milei, ha generado un “retroceso muy peligroso en cuanto a lo social”, que no se restringe a lo parlamentario, sino que “agudiza las situaciones de violencia”, ante lo cual herramientas legales como esta son “más necesarias que nunca”.

Mientras el año legislativo vivió sus últimas jornadas –aunque puede restar alguna sesión extraordinaria a pedido del Gobierno– el destino de esta ley que sumaba una forma de violencia machista no descripta, se diluyó y, en muchos casos, quedó solo en discursos.

“Hay que hacer. Si no, son solo palabras”, concluyó Kämpfer.

Y advierte: “De todos modos se sostiene la lucha colectiva para que se convierta en ley”.