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Autogestión sin minas

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Ismael Bordagaray. El pueblo no recibe fondos para su funcionamiento, y el intendente –K pero antiminero– lanzó la autogestión. Asambleas y democracia vs. obediencia.

“La provincia no nos manda fondos para funcionamiento desde enero, porque recomenzaron los cortes contra la minería. Como si los cortes fueran de la intendencia y no de la comunidad. Así que hemos tenido que empezar a autogestionarnos, y por ahora seguimos adelante”. Ismael Bordagaray tiene 34 años, está casado, espera una beba, integra el Frente para la Victoria, pero formó parte de las asambleas antimineras y una vez electo intendente se mantuvo del lado de la comunidad.
Famatina, 7.000 habitantes, es uno de los pueblos que ha logrado detener los proyectos mineros desde 2007, cuando intentó instalarse Barrick Gold. Lo hizo con su asamblea, y el apoyo activo de la de Chilecito, y del conjunto de asambleas que aparecieron en La Rioja, gobernada entonces por Ángel Maza (que había sido el Secretario de Minería de Carlos Menem en lo que fue el parto de la actual legislación minera) y luego por Luis Beder Herrera. Beder era vicegobernador y tumbó a Maza en 2007 con un discurso antiminero, que dio vuelta en el aire apenas asumió, según la maradoniana teoría del panqueque.
Sus intentos por reflotar la ofensiva minera chocó a comienzos de este año con la comunidad de Famatina que masivamente se instaló en Alto Carrizal para impedir todo acceso de Osisko Mining a las áreas mineras.
Plata de la soja
Dice Bordagaray: “La autogestión consiste, por ahora, en organizar eventos, ferias, peñas, pero también implica que entre el propio personal de la municipalidad se hagan vaquitas, por ejemplo, para pagar el combustible para que salga el camión recolector de basura. También hay vecinos que hacen aportes, además de pagar los impuestos, cosa que por suerte también están haciendo puntualmente al saber lo que ocurre con los fondos. Hay comerciantes que hacen donaciones, y el resto la ponemos nosotros. Por suerte la gente de la intendencia se está portando muy bien en ese sentido, porque, por ejemplo, no se pueden pagar horas extras ni viáticos”.
Primero dejaron de recibir el rubro provincial de Gastos de Funcionamiento, casi 200.000 pesos por mes. “Pero dos meses después también suspendieron el Fondo Social Solidario, que viene de la Nación directo a los municipios. Ahí la provincia está violando el decreto presidencial que reglamenta la distribución de esos fondos (entre 70.000 y 100.000 pesos mensuales). En el momento en que nosotros nos paramos a acompañar a los vecinos, se suspendió todo” explica el intendente. El Fondo Solidario se forma con impuestos a la soja, aunque a Famatina le están aplicando una fumigación política.
Pollos + peñas
Otras estrategias: “Hemos organizado peñas en Chilecito a través de gente conocida. Cobran 10 a 15 pesos la entrada y todo va para el municipio. Cada mes hacemos una feria de pollos, el otro día vendimos 170 pollos a 35 pesos cada uno. También ferias de platos, venta de empanadas, lo que sea para cubrir las necesidades básicas del municipio. Los gastos de funcionamiento involucran, además del combustible, pago de algunos planes sociales, asistencia a las escuelas y a gente necesitada, insumos de oficina, luminarias públicas”.
El castigo a Famatina empieza a traducirse en un parate económico: “Por supuesto que el faltante es mucho mayor que los aportes que se puedan hacer, y eso se está empezando a sentir en el pueblo y en el departamento, al no estar el municipio comprando como siempre combustible, cemento, pinturas, insumos. Todo empieza a pararse. En el caso del Fondo Solidario, la provincia está incursionando además en un delito sobre los caudales nacionales. Con ese dinero hicimos dos salones comunitarios, mejoramos las luces del pueblo, estamos pagando un jardín de infantes para el que la gobernación tampoco nos dio la plata”.
Bordagaray se asombra: “Pese a todo nos está yendo mejor de lo que yo podía pensar. Lo malo es que en lugar de construir y mejorar, sólo estamos resistiendo. Yo espero que el problema se destrabe cuando a nivel nacional se entienda que aquí hay una lucha no contra cualquier minería, sino contra la megaminería a cielo abierto. Podemos pensar distinto en este tema, pero no somos el enemigo, y yo me siento parte del espacio político que defiende a la Presidenta”.
Otra bronca oficial contra el intendente es su apoyo al pedido de revocatoria de la diputada Adriana Olima. “Ella subió con nosotros, y cambió totalmente de discurso. Anda regalando heladeras, tiene fondos para repartir, arma como un municipio paralelo tratando de convencer a la gente de apoyar a la minera. Por eso se juntaron más de 1.000 firmas pidiendo que su mandato sea sometido a un referéndum revocatorio, como plantea la Constitución. El Tribunal electoral no lo aceptó, pero ahora tiene que fallar el Tribunal Superior de Justicia. Si no lo aceptan, estamos estudiando llamar a un plebiscito, que aunque no sea vinculante como sí lo es el referéndum, deje claro lo que piensa la gente de esta señora”.
La población está 8 a 2 contra la minería, según calcula Bordagaray. “El problema es que a nivel local se percibe otra realidad, que también es global. El que está contra las mineras es porque tiene un ideal y un proyecto de vida. El pro minero, te lo digo así, es porque saca unos mangos”.
Sobre la política actual: “Ser de un espacio político no me convierte en soldado. Pero así como veo positivo lo que se ha hecho con las jubilaciones, con los hidrocarburos, con Aerolíneas, en algún momento el tema minero entrará en agenda y se tomarán decisiones diferentes a las actuales”.
Bordagaray estuvo en Buenos Aires. “Hablé con referentes del gobierno, y me queda claro que dentro del mismo proyecto hay mucha gente que piensa que necesitamos una discusión para rever las leyes de los 90 que favorecen a estas multinacionales. Lo que está haciendo el gobernador es una política del apriete, con un único resultado que es hacerle daño a la comunidad. Pero creo que esto al final se va a solucionar, por las buenas, o por lo que podamos hacer ante el Poder Judicial”.
En Alto Carrizal continúa el corte desde enero y hasta que la comunidad tenga garantías de haber logrado hacerse oir.

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