Algo hizo click en la historia judicial argentina cuando el juez Fernando Poviña, de Jujuy, procesó a Carlos Blaquier como cómplice primario de la dictadura.

Hay textos judiciales que se leen como una novela:
“En el período comprendido entre los meses de julio y agosto de 1976, grupos de individuos armados, uniformados o de civil, pertenecientes a las fuerzas de seguridad estatales (Policía Federal Argentina, Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia de Jujuy), determinados por el entonces general Luciano Benjamín Menéndez, Jefe del III° Cuerpo del Ejército Argentino y máximo responsable en la cadena de mandos de todas las fuerzas de seguridad en esta jurisdicción; habrían realizado en forma ilegal y sin orden judicial alguna, allanamientos y detenciones de personas residentes u oriundas de las localidades jujeñas de Calilegua, Ledesma y Libertador Gral. San Martín. Circunstancias éstas en las cuales habrían participado también personal y directivos de la empresa Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial quienes, entre otras cosas, habrían puesto a disposición de los grupos de tareas medios de transporte de la Empresa para secuestrar y trasladar a los detenidos. Éstos últimos habrían sido llevados por distintas unidades policiales o de Gendarmería Nacional, y desde allí alojados en el Centro Clandestino de Detención ubicado en la Localidad de Guerrero de esta provincia. Con posterioridad, algunas de ellas habrían desaparecido hasta el día de la fecha…”
El texto completo ocupa 207 páginas que cambian el chip de la historia judicial argentina, al procesar a Carlos Pedro Blaquier, el presidente del ingenio Ledesma agregando una palabra a la memoria colectiva: la dictadura no fue militar, fue cívico – militar.
El procesamiento abarca dos causas (el caso Aredez, y el de la Noche del Apagón), se conoció el 15 de noviembre de 2012, incluye a Blaquier y al administrador Alberto Lemos, y fue firmado por el juez Fernando Poviña, del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy. Los imputados mantienen su libertad provisional, no pueden salir del país, y se les trabó un embargo por 10 y 5 millones de pesos respectivamente.
Cómplice primario
Blaquier es acusado como “cómplice primario” y Lemos como “secundario” de la desaparición de 29 personas, todo en el marco de la persecución gremial y laboral en Libertador General San Martín, donde se ubica la empresa azucarera más grande del país.
El juez Poviña dio por probado el secuestro y desaparición incluso de quien había sido intendente del pueblo, Luis Aredez. Y luego, en el caso de la Noche del Apagón (julio de 1976), probó el secuestro masivo de centenares de trabajadores y sus familiares, muchos de los cuales quedaron cautivos y luego fueron liberados. Poviña juzgó por los que continúan desaparecidos, no encontró hasta ahora elementos para acusar a Blaquier por los casos de homicidios y torturas, pero advirtió que la investigación debe continuar.
¿Qué hicieron los civiles?
Blaquier tiene 85 años, se hizo cargo del imperio de la familia de su ex esposa Nelly Arrieta, ama los chistes verdes que cuenta en su mansión La Torcaza (San Isidro) o en La Rosadita (Jujuy), ha sido militante de todos los gobiernos (dictaduras, peronismos, radicalismos, kirchnerismos) y contó siempre con una enorme complicidad político y mediática jujeña y porteña, que recién ahora parece quebrarse: los que lo elogiaban u ocultaban, ahora lo denuncian fogosamente y hasta dudan de su virilidad públicamente. Chisme mata información.
En Jujuy durante décadas hubo sólo una (1) persona que siguió denunciando lo que había ocurrido: Olga Aredez, la esposa de Luis, que giraba en la plaza de Libertador con su pañuelo blanco rodeada de silencio. Ahora se ve que Olga era la única que tenía razón. Murió en 2005, tras un cáncer gatillado por la bagazosis, víctima del otro crimen de Ledesma: la contaminación.
Relaciones estrechas
El fallo además abre cabezas con respecto a la participación civil en la dictadura. Nombra casos como los de José Alfredo Martínez de Hoz y el Grupo Perriaux y dice: “La política económica y la política represiva estuvieron, entonces, estrechamente relacionadas. Así, no resulta sorprendente a esta altura del análisis que aquellos militares que participaron en los sucesivos golpes de estado y asumieron la conducción estatal como ministros o funcionarios públicos, fueran luego de su retiro contratados por las grandes corporaciones como lobistas o asesores”.
Para entender el contexto el juez menciona documentos desclasificados de la Embajada norteamericana e informa: “De acuerdo a los funcionarios estadounidenses, el afán represivo de los empresarios era tal, que las propias fuerzas armadas, adalides de la lucha contra la subversión, debían ‘filtrar’ sus denuncias. Al mismo tiempo, el documento señala que la principal causa de ‘denuncia’ de trabajadores por parte de los patrones era su desempeño como activistas gremiales”. O sea: empresarios a la derecha de los militares.
Sostiene Poviña: “En dicho contexto, la cooperación en cadena de los imputados Blaquier y Lemos tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma contra los dirigentes sindicales de la misma”,
La causa está en apelación. También ese chip cambió: Blaquier y los militares gozan del beneficio de la justicia, ese artefacto que ellos mismos aplastaron y negaron a sus víctimas cuando apagaron la luz, hace 30.000 vidas.