Argentina originaria: Pasado y presente de una batalla que tiene como escenario el territorio y como eje, el modelo económico. El libro de Darío Aranda ya agotó cuatro ediciones y este año saldrá a la venta una edición corregida y actualizada.

Modesto Inacayal fue un reconocido cacique tehuelche, capturado y tomado como botín de guerra en la Campaña del Desierto. No fue encerrado en una cárcel, tampoco destinado a los campos de concentración, final común de las comunidades indígenas. El cacique Inacayal, junto a su familia, fue obligado a ser pieza de exhibición viviente en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Encerrado en el oscuro sótano del museo, debía posar semidesnudo; lo medían, lo pesaban, era un objeto de estudio. La sociedad “civilizada” le dio la peor condena: usarlo de conejillo de indias, exhibirlo, maltratarlo, forzarlo a deambular perdido, triste, humillado. La tortura duró dos años. Murió el 24 de septiembre de 1888. De inmediato su cuerpo fue puesto en exhibición al público. Recién un siglo después, en 1994 y tras reclamos de comunidades tehuelches, los restos del cacique fueron llevados a su territorio ancestral.

Similar padecimiento vivieron los caciques Foyel y Sayhueque, junto a sus familias1. “Los representantes de los pueblos originarios fueron exhibidos al público como fieras de zoológico”, denuncia el historiador y periodista Osvaldo Bayer.

El libro El racismo argentino, del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social (Guias), recuerda el testimonio más recurrente y triste de Inacayal:

“Yo jefe, hijo de esta tierra. Blancos ladrones, mataron a mis hijos, mataron a mis hermanos, robaron mis caballos y la tierra que me vio nacer. Yo, prisionero”.

Campos de concentración.

Desaparecidos.

Torturas.

Asesinatos masivos.

Robo de niños.

Las cinco acciones fueron sistemáticamente ejecutadas por el imperio otomano, el nazismo y la última dictadura militar de Argentina. Las tres, a pesar de pertenecer a distintos momentos históricos, fueron reconocidas como genocidios. No se duda de esos crímenes de lesa humanidad.

A fines del siglo 19 el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niños. Los pueblos indígenas estuvieron, como nunca antes en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy, un gran sector de la sociedad argentina niega que haya sido un genocidio.

La Argentina moderna está construida sobre esa negación, madre de todas las represiones.

La impunidad

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se juzgó a los responsables máximos de nazismo (Juicios de Nüremberg). En Argentina, en 1985, se realizó el juicio a las Juntas Militares de la última dictadura militar. En la actualidad, tras resistir y derogar las llamadas leyes de impunidad, en distintas ciudades del país la justicia condena las desapariciones y las responsabilidades militares y civiles durante la dictadura.

No hubo intención política de algo similar hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas. “Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares de fines de siglo 19 y principios del 20, que derrotaron la autonomía indígena a fuerza de masacres, para consolidar al Estado Nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador Walter Delrio, autor de Memorias de expropiación, sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943).

Delrio es co-director de la Red de Estudios Sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. En su producción académica brinda pruebas sobre cómo, luego de la conquista militar, el Estado construyó un discurso de negación de la realidad indígena del país, donde “el crisol de razas” negó lo originario. Detalla que la invisibilización fue una estrategia de dominación, que permitió el desarrollo de distintas prácticas genocidas, como el traslado masivo de personas, la separación de familias y la supresión de la identidad de menores, la utilización de prisioneros como mano de obra esclava y la reducción en campos de concentración.

El pecado original

Diana Lenton es doctora en antropología, especialista en temas de política indígena y co-directora de la Red de Estudios Sobre Genocidio. Llama “pecado original” al nacimiento de Argentina sobre un engranaje jurídico que negó los derechos de los pueblos indígenas y, además, ejecutó la muerte y desaparición de la población originaria. La conformación del Estado nacional, a fines del siglo 19, coincidió con un tipo de discurso autoritario que luchaba por hegemonizar el cuerpo de discursos sobre la  población.

Luego de la campaña militar al Sur sobrevino la avanzada sobre el Norte, también llamada Conquista del Desierto Verde. Las poblaciones indígenas eran sometidas, obligadas a ser mano de obra esclava en las plantaciones de caña de azúcar y algodonales. También se los obligó a reclutarse en el Ejército. Los niños y mujeres fueron repartidos para el trabajo domiciliario.

Apresados y bautizados

La isla Martín García, ubicada en la confluencia entre el Río Uruguay y el Río de La Plata, se transformó en un gran campo de concentración. En un solo año -1879- fueron apresados y bautizados 825 indígenas, según consta en un investigación en desarrollo de los investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Alexis Papazian y Mariano Nagy, que analizaron archivos de la Armada y el Arzobispado. Los registros dan cuenta de 363 hombres, 132 mujeres y 330 niños.

Los investigadores explican que la población era mucho mayor, sobre todo porque muchos prisioneros no figuran en los registros clericales de Martín García, ya sea porque habían sido bautizados con anterioridad o porque murieron antes de recibir la bendición del cura.

Papazian analizó los archivos oficiales que dan testimonio de lo sucedido en Martín García. No tiene dudas de que se trató de un campo de concentración que funcionó antes, durante y después de la Campaña del Desierto (desde 1872 hasta 1886), en el cual se practicó una rígida coerción sobre los cuerpos indígenas.

No hay cifras oficiales de la magnitud del campo de concentración. Papazian y Nagy son muy cautos en cuanto a números, sobre todo porque se asemeja mucho a un rompecabezas de fuentes y porque los registros son desordenados e imprecisos, sobre todo porque muchas veces no se contabilizaba a niños y mujeres. Sin embargo, y en base a pruebas documentales, los investigadores afirman que por la isla  Martín García pasaron al menos 3.000 personas, privadas de su libertad, sin derecho a defensa alguna y a las que se les negó todo derecho humano.

La isla no sólo recepcionó a habitantes originarios, sino que también funcionó como punto de reparto hacia todos los puntos cardinales del país.

El destino de los presos era diverso. Podían permanecer como detenidos, enviados a canteras, estancias o a formar filas del mismo Ejército que los había atacado. Los documentos oficiales dan cuenta de familias acomodadas de Buenos Aires que pedían mujeres y niños para trabajar en las tareas hogareñas e incluso en los campos. “Fue claramente un mecanismo de control social enmarcado en un proceso mucho mayor: el del genocidio”, precisa Papazian, que también forma parte de la Red de Estudios Sobre Genocidio. Explica que en 1890 ya no quedaban indígenas en Martín García. El destino no daba mucho opciones: Ejército o Marina, trabajo esclavo para empresarios, labores domésticas en casas de familia o la muerte.

Campos de concentración

La provincia de Mendoza también supo de campos de concentración y trabajo esclavo. Diego Escolar investiga desde hace diez años lo sucedido con el Pueblo Huarpe y los prisioneros de las campañas militares. Investigador del Conicet en Mendoza y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, confirma que en la provincia se concentraron grandes contingentes de personas que fueron repartidos en estancias, propiedades de los altos mandos militares y en las familias acomodadas de la región. Casi siempre pasaban a ser trabajadores esclavos, condición que padecieron hasta -al menos- la década de 1890.

En base a diarios de la época, partidas bautismales, memorias orales y entrevistas de principios del siglo 20 se establece que, entre 1879 y 1886, fueron repartidos en Mendoza al menos 3.000 indígenas. Junto  a su equipo de investigación -Leticia Sald y Carla Riggio- estima que el número es mayor. Los lugares de detención ya comprobados fueron seis: en los departamentos de Maipú, Malargüe, Santa Rosa, San  Rafael, Rivadavia y en la capital provincial.

Junín de los Andes (Neuquén), Chinchinales y Valcheta (Río Negro), Carmen de Patagones (Buenos Aires) y Retiro (Ciudad de Buenos Aires) también contaron con campos de concentración, como los seis de Mendoza y el de la isla Martín García. A todos ellos eran confinados familias enteras, sin diferencia de sexo y edad. Su mayor crimen había sido ser indígena y habitar un territorio preciado.

30.000

El investigador del Conicet y director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, Daniel Corach, afirma, en base a partes del Ejército, que la avanzada militar del siglo 19 dejó un cifra estimada en un número inquietante: “30 mil desaparecidos”.

A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasara a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.

A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.

Pasado y presente

En 1994, la Ley N° 24.411 establece que el Estado deberá pagar 224.000 pesos de indemnización a los familiares de los asesinados por el terrorismo de Estado. Ninguna reparación económica se debatió jamás en ámbitos institucionales para las víctimas del genocidio indígena.

Tampoco, como en todo lo referido a pueblos originarios, existen datos oficiales sobre los asesinados y desaparecidos durante la Campaña del Desierto, pero algunas investigaciones dan idea de su magnitud:

Diana Lenton señala que en 1883, a sólo cinco años de iniciada la avanzada militar, 20.000 prisioneros habían sido trasladados a Buenos Aires. Luego serían asesinados, desaparecidos o esclavizados.

El profesor de la Universidad de Buenos Aires Mariano Nagy, en base a Estado y cuestión indígena, de Enrique Mases, precisa que habitaban la Patagonia 25.000 indígenas.

En el primer año de la Campaña del Desierto hubo 1.300 indígenas muertos “en combate” y 13.000 prisioneros que pasaron a quedar bajo tutela del Estado.

En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negada por un sector de intelectuales, comunicadores y referentes de opinión.

La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas: los distintos modelos productivos del último siglo y medio -agroexportador, petrolero, forestal, minero- tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas. También hoy.