Israel Alegre, líder histórico de los qom, describe la impunidad en Formosa y el modo en que los gobiernos tratan a los pueblos originarios. La novedosa organización entre las comunidades, narrada por Darío Aranda.

La comunidad indígena Namqom fue noticia nacional en 2002, cuando una razzia policial con métodos propios de la dictadura militar ejecutó una feroz represión que terminó con una decena de heridos y 80 detenidos. En 2004 los jueces formoseños absolvieron a todos los policías acusados y el caso se transformó en símbolo de la impunidad. La causa se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comunidad fue intervenida y dividida por punteros políticos, pero sus líderes históricos mantienen los reclamos y no fueron cooptados por el gobierno provincial. Israel Alegre, 55 años, es uno de los referentes históricos de Namqom, símbolo de la lucha indígena del noreste argentino.

Namqom es una comunidad periurbana de las afueras de Formosa Capital, ubicada al margen izquierdo de la estratégica Ruta 11, puerta de ingreso a la ciudad. Alegre
está sentado bajo un árbol, es entrevistado para un documental. Saluda desde lejos, sonríe, y pide que se lo espere unos minutos. Se lo observa vital, argumenta con paciencia y suele referir a las leyes que contemplan los derechos indígenas, tanto nacionales como internacionales. Conoce de memoria los artículos, los recita, exige cumplimiento por parte de los Estados.

Termina la filmación e invita a iniciar la entrevista con Mu. La realidad formoseña, la falta de justicia por la represión de 2002, la necesidad de tierras, el rol de los punteros para dividir luchas, el rechazo a una planta de uranio, los paralelos entre el Imperio Romano y la sociedad actual, y una buena noticia: la conformación de una nueva organización indígena (Lafwetes), que reúne a 48 comunidades de los cuatro pueblos originarios de Formosa.

La trampa

Son una comunidad urbana pero también mantienen una lucha territorial. ¿Cómo es el conflicto actual?

Es el conflicto por el lote 67. En el 2006 el gobernador Gildo Insfrán estuvo acá en un acto, supo de 150 familias sin tierra por el mismo crecimiento de la comunidad. Y dijo que daba instrucción a los funcionarios para entregar la tierra. Invitó a la gente a que elija qué lugar iban a ocupar. La comunidad fue al catastro provincial, vieron que el lote 67 (vecino a la comunidad) era fiscal y le hicieron caso al gobernador: fueron a vivir a esa tierra. Hasta le pusieron un cartel al ingreso que recordaba los dichos del gobernador.

¿Luego comenzó el conflicto?

Los denunciaron por usurpación. Se supo que la dueña es una señora que falleció, no hubo sucesión y tuvo mucha deuda con la municipalidad. Entonces también hay un juicio entre los supuestos herederos y la municipalidad. Pero aún no hay sentencia de la Justicia.

¿De cuántas hectáreas se trata?

La municipalidad dice que va a donar 30 hectáreas, pero el lote tiene 97 hectáreas.

¿Alcanza esa tierra?

Tenemos muchas dudas. Tomamos como referencia el lote 68, donde está asentada la comunidad. Tiene 533 parcelas y viven 533 familias. La comunidad fue creciendo. Yo tengo cuatro hijos. Se casan, forman familia, y la comunidad no tiene más territorio. Y la ley es clara: el Estado debe entregar a las comunidades indígenas tierras aptas y suficientes. Además necesitamos el territorio para mantener viva la cultura comunitaria.

¿Cómo explicar la relación tierra-cultura para quiénes no conocen a los pueblos indígenas?

Nosotros tenemos nuestros ritos religiosos, que están ligados al territorio, muchos tienen que ver con el fuego y el humo, donde encontramos significados. Pero también del monte obtenemos remedios, cazamos, pescamos, escuchamos el ruido del monte que nos transmite cosas. Es parte de nuestra cultura y se pierde, si no lo transmitimos a nuestros hijos… El territorio es parte de nuestra vida, allí está la simbología con el mensaje de los pájaros y la renovación espiritual. Y todo eso se pierde en la ciudad. Hace falta recordar que el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional establece que debe haber tierras aptas y suficientes para los pueblos indígenas.

¿Con ustedes se cumple la Constitución?

(Sonríe) No conozco comunidad de Formosa donde se cumpla el derecho de tierras aptas y suficientes.

¿Qué opina de la ley N° 26160, sancionada en 2006, que ordena relevar los territorios indígenas?

Es sólo para relevar los territorios. Es contradictoria con la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que reconocen la preexistencia de los pueblos indígenas. Lo que queremos es que se regularicen las tierras, que nos entreguen los títulos comunitarios, no sólo que las releven.

El ministro de gobierno de Formosa, Jorge González, suele afirmar que todas las comunidades de la provincia tienen la tierra que
necesitan.

El ministro González miente. Él sabe cómo es la situación indígena de Formosa, pero la niega. En el caso de Namqom no tenemos el territorio que necesitamos.

Desde la escuela

También tienen los problemas típicos de barrios urbanos.

Siempre acá estuvimos muy movilizados y cortamos la ruta. Así logramos algunas respuestas al tema vivienda, un centro de salud, jardín de infantes y escuela. Pero seguimos luchando porque todas estas instituciones tienen como autoridades a blancos que se manejan con miradas racistas hacia los indígenas.

¿Algún ejemplo?

Los médicos imponen sus cultura blanca sobre nuestro saber, no hay diálogo. Y lo mismo en la escuela: hay maestros qom bilingües, pero no los dejan tener autoridad en las escuelas. Hace poco hubo un problema grave: han violado un niñito en la escuela y los directivos y maestros intentaron tapar todo. La familia y la comunidad reaccionaron. Le hemos perdido la confianza a los docentes actuales y exigimos un directivo y maestros indígenas: tenemos ese derecho. Pero se nos discrimina porque dicen que no estamos preparados, nos subestiman. Igual de importante al territorio es que haya educación bilingüe, maestros indígenas y profesionales indígenas. Pero el gobierno prefiere poner punteros y maestros cómplices para controlar a las comunidades.

La injusticia

¿Cómo está la causa penal originada en 2002, cuando la represión terminó con una decena de heridos y 80 detenidos?

La comunidad me asignó el mandato ancestral de ser delegado en busca de justicia por esa represión. Los jueces de Formosa cerraron la causa, absolvieron a todos los policías y políticos responsables. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2011 fui a una audiencia a Estados Unidos. Allí nos dieron 20 minutos para contar diez años de lucha. Daba impotencia. El gobierno dijo que la Presidenta estaba preocupada y propuso una mesa de diálogo. El ministro provincial Jorge González fue para hacer lobby del gobernador, dijo que Formosa era pionera en leyes, que en Namqom habían hecho un jardín y una escuela, propaganda y más propaganda.

¿Surgió un compromiso de esa audiencia?

Se propuso un “acuerdo amistoso”. Si la comunidad aceptaba, en treinta días debía estar la respuesta del gobierno. La comunidad propuso que haya tres jueces especializados en derechos humanos y legislación internacional. Uno propuesto por la comunidad, otro por los gobiernos nacional y provincial y el tercero por la Comisión Interamericana. Esos jueces debían elaborar una propuesta que contemple la reparación por los daños de la represión, que se efectivice la entrega del lote aledaño a la comunidad, agua potable y que se cree un fondo de desarrollo para la comunidad.

¿Cuál fue la respuesta de Nación y Provincia?

Nunca aceptaron. En junio de 2013 se presentaron los alegatos contra el Estado argentino. Lleva años de espera y no se resuelve.

El factor nuclear

Existe una gran conflicto en la provincia por la instalación de la planta de uranio (Dioxitek) a quince kilómetros de la ciudad y muy cerca de la comunidad. ¿Que postura tienen?

La mayoría ni siquiera sabe bien dónde quieren instalarla, ni qué es el uranio. Y los que saben no apoyan ese tipo de actividad. Estaría a unos cinco kilómetros en línea recta de Namqom. Es algo riesgoso.

¿Se cumplieron los pasos que establece la ley sobre derechos indígenas?

Para nada. No hubo proceso de consulta, que debió haber sido antes de la audiencia pública que hizo el gobierno en julio de 2014.

¿Qué harán?

Presentamos una medida cautelar de no innovar ante la justicia Federal y presentamos también una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Diputados de la Nación, para que den intervención a la Corte Suprema. Aún no obtuvimos respuesta.

De la conquista a Insfrán

¿Cuál es el rol de los punteros del gobierno en la comunidad?

No es algo nuevo. En la Campaña del Desierto Verde (avanzada militar del siglo 19), los grandes capitalistas ponían plata para matar indígenas y quedarse con las tierras. Y premiaban a los hermanos indígenas que eran cómplices de ellos. En todos los pueblos siempre ha habido traidores.

¿Ve prácticas similares hoy?

Es lo mismo que hacen los gobiernos en la actualidad. Le pagan a algunos indígenas, los compran, les dan planes y mandan al Canal 11 (oficialista) para que esos hermanos digan lo que quiere el gobierno. Esa práctica queda muy clara cada vez que el hermano Félix Díaz sale en algún medio de Buenos Aires. Enseguida acá sale algún puntero indígena diciendo lo que quiere el gobierno. Acá todos nos conocemos y sabemos cómo se manejan.

El año pasado hubo un caso de cinco wichís, de apellido Tejada, presos durante más de dos meses por defender su tierra. ¿Cómo vivieron esos hechos?

Fue una situación muy grave, en el oeste de la provincia, en la zona de Ramón Lista, y es algo que se repite en todas las comunidades indígenas que no obedecen a los políticos. Es un círculo vicioso impulsado por el mismo gobierno.

¿Cómo funciona?

La comunidad indígena reclama por sus derechos. Puede ser comida, salud, agua o tierra. El gobierno hace oídos sordos. Y el único medio que le queda a la comunidad es el corte de ruta. Entonces el gobierno va y reprime. Puede ser con la policía, con patotas o con los jueces. Es un círculo. Y todos los organismos del Estado -Ministerio de Educación, Salud, Instituto de la Vivienda- todos actúan de manera coordinada contra esa comunidad. Está todo muy aceitadito el sistema represivo.

¿En algunas comunidades también se impulsa las divisiones?

No en algunas: en todas las comunidades que no obedecen al poder. Se intenta dividir por el lado de los punteros o por el lado de asfixiar a la comunidad. Le sacan toda la ayuda. Si hay en ejecución alguna obra pública, la frenan. O dejan de entregar alimentos. Y comienzan a decir que no volverá la ayuda hasta que no dejen de seguir a los que reclaman.

El Imperio Romano

¿Cómo resumir y describir la situación de los pueblos indígenas de Formosa?

Dos ejemplos claros son justamente Namqom y La Primavera. Son comunidades que no se sometieron al poder político y en las que el gobierno intervino con violencia, con asesinatos incluidos. Eso se repite en distintas comunidades, que no llegan a los medios porque casi todos dependen del gobierno. El caso de los hermanos wichí Tejada es otro ejemplo. No obedecieron. Y por eso mismo les dieron cárcel.

Qué siente cuando ve que la Presidenta elogia a Insfrán en los actos públicos?

Es algo lógico. La cultura de un pueblo y el derecho están entrelazados. Los derechos en Argentina son de base romanista. Su origen es una sociedad de patricios que tienen los cargos y el poder, luego los plebeyos que cambian su trabajo por un salario, y finalmente estaban los esclavos, que eran lo más bajo de la sociedad. Hoy están los grandes capitalistas, sean empresarios o políticos, que se protegen entre ellos. Y ellos ven a los indígenas como lo más bajo de la sociedad. No les importan sus derechos: nos ven como los antiguos romanos veían a los esclavos.

¿Algún ejemplo que puede graficar esa
situación?

Las represiones y asesinatos son muy conocidos. Lo padecimos nosotros en 2002, La Primavera en 2010 y muchas otras comunidades. Pero hay otra práctica muy terrible: hoy la gran mayoría de los indígenas de Formosa son beneficiarios de pensiones no contributivas. ¿Sabe de qué son esas pensiones? Por invalidez. Nos hacen pasar por personas que tienen alguna discapacidad, aunque estemos bien. Nos fabrican una invalidez para darnos un plan. Si abrís la boca, si reclamás, te cortan el plan. Tratan a los indígenas como lo más bajo, como esclavos del siglo 21.

¿Por qué cree que esto sucede?

Se desprecian los valores y saberes indígenas y criollos. Desde la más alta autoridad de gobierno para abajo, se copia una cultura ajena. Hablan mucho de Latinoamérica, pero quieren ser europeos, quieren ser la aristocracia romana… (sonríe).

Raíz que brota

Desde hace casi dos años distintas comunidades indígenas de Formosa vienen reuniéndose para articular acciones. ¿Qué sucedió en enero de 2015? 

Fue un hecho muy importante para nosotros. Nos reunimos en asamblea 48 comunidades de los cuatro pueblos indígenas de Formosa (Qom, Wichí, Pilagá y Nivaclé). Fue en la comunidad de los hermanos Tejada (los que habían estado presos), en Ramón Lista (extremo oeste de la provincia). Ahí conformamos una organización que nos reúne a todos, para luchar mejor por todos nuestros derechos que están escritos muy lindos en las leyes, pero no se cumplen. Territorio, salud, educación, autodeterminación. La organización se llama Qopiwini Lafwetes.

¿Qué significa?

Es una palabra wichí difícil de traducir. Es como la raíz que está bajo tierra, esperando crecer a la superficie. A los pueblos indígenas nos podaron, cortaron nuestras ramas, creyeron que nos destruyeron, pero somos “lafwetes”, somos esa raíz que está viva debajo de la tierra y estamos creciendo. Las 48 comunidades unidas luchando somos eso: pueblos indígenas vivos.