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Una nueva familia: la historia de Nancy y Yésica Segura

Publicada

hace 6 años

01/08/2020

Nancy Segura fue asesinada en junio de 2017 por su pareja, Rafael Inglera, en Mar del Plata. El juicio comenzó dos años después, en agosto de 2019. Fue el primer femicidio juzgado por jurados: seis hombres y seis mujeres. Inglera fue declarado culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, pero no tuvieron en cuenta el agravante de violencia machista. Para declararlo culpable de femicidio, donde la pena es de perpetua, se necesitaba unanimidad de votos, y dos no estuvieron de acuerdo. En las audiencias el fiscal Fernando Castro pidió la pena máxima: 25 años. La defensa de Inglera pidió la mínima: 8 años. Y la jueza Mariana Irianni lo condenó finalmente a 20 años de prisión. Inglera apeló y finalmente, durante este mes, la sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de la defensa, quedando firme la sentencia que firmó la Jueza Mariana Irianni. Compartimos la historia de Nancy Segura, y su hermana Yésica que quedó a cargo de sus sobrinos. Su historia revela hasta dónde llega el amor familiar y, también, la violencia estatal. La Ley Brisa que no se aplica, las denuncias que anticiparon la muerte de su hermana, la lucha junto a otros familiares para lograr justicia sin abogados, y para que se lo considere un femicidio.

Una nueva familia: la historia de Nancy y Yésica Segura — Foto: Romina Elvira

Por Anabella Arrascaeta.

Nancy Segura se desangraba en la parte de atrás de la moto que conducía Rafael Inglera por la puñalada que el mismo hombre le había dado. Llegaron al centro de salud en la madrugada del 19 de junio de 2017. En el camino Nancy se cayó tres veces, lo cual le produjo además un traumatismo de cráneo. Por la gravedad de las heridas la trasladaron finalmente al Hospital Interzonal, donde murió.

Ocho meses antes, a esa misma sala de salud de Playa Serena ubicada en el sur de Mar del Plata, Matías Farías y Juan Pablo Offidani llevaban a Lucía Pérez, 16 años, quien llegó muerta. “Después de Lucía hubo más casos -dice Marta Montero, su mamá, cuando advierte la concidencia-. Es perverso ver la misma secuencia en el mismo lugar: una mujer tras otra”.

Robar la vida

Nancy tenía 27 años y dos hijxs: Mili, que vio cuando su papá mataba a su mamá y que ahora tiene 7 años; y Brian que tiene 15 y esa noche estaba en lo de su tía Yésica, hoy devenida en madre.

A Yésica la llamó su hermana más chica porque un vecino le había avisado que Mili estaba sola en la puerta de la casa de Nancy: le pidió que fuera a ver qué pasaba. Era invierno y llovía. “Nunca me imaginé lo peor”, dice y relata que agarró a su sobrina, le puso una campera blanca de su hermana que estaba embarrada y se la llevó a su casa. “Ese día jugando me reí como nunca, sin saber lo que pasaba. Después me llamaron. Y lloré como nunca, también. Por eso nunca más me reí así”.

Según la reconstrucción de los hechos Rafel Inglera apuñaló a Nancy en la puerta de la casa, luego de discutir adentro, con el cuchillo que usaba para filetear pescado. Dice Yésica: “En las pericias saltó todo: él decía que mi hermana se había acuchillado ella, pero Nancy tenía signos en el cuello de haber sido levantada, ahorcada y apuñalada”. Inglera tuvo tiempo -una hora- para buscar testigos que acreditarán que había sido una pelea. Recién después la llevó a la sala de salud.

Yésica llamó a uno de sus hermanos para que cuidara a los chicos y fue hasta allá. Tuvo un ataque de nervios. Cuando a Nancy la trasladaron al Hospital Interzonal, Yésica, con una hermana y un hermano, le pidieron a una vecina que los llevara con el auto. Fue uno de los cirujanos el que les dio la noticia: Nancy había muerto.

Mientras su familia la velaba, en la casa donde vivían entraron a robar. Le sacaron todo: televisor, microondas, ropa, hasta el inodoro. Yésica, su hermana, se encargó de volver a armar en ese lugar vacío un hogar fraterno. “Hice denuncias, fue preso el pibe que robó, pero no recuperamos nada. Y empecé: traje algunas cosas de mi casa y fui comprando lo otro de a poquito”, relata quien desde entonces cuida de sus sobrinxs a tiempo completo.

¿Qué pasa con los huérfanxs de un femicidio? “Cuando murió mi hermana primero los tuve en mi casa, pero era muy chiquita. El Tribunal me dijo que sí o sí tenían que estar en su casa porque le quitaron a la madre y no les podían quitar la casa. Acá tienen sus cosas pero fue muy aberrante llegar a donde se produjo la muerte de mi hermana. Tardamos siete meses en poder volver”. Cuando lo hicieron cambiaron todo de lugar “porque si no faltaba ella nomás”. Y después de comprar lo que les habían robado, de a poco compró los materiales para que uno de sus seis hermanos que es albañil agrandara la casa. Así reconstruyeron literalmente un hogar: sumaron un comedor y una cocina.

Además de sus sobrinos, Yésica tiene un hijo de 10 años, Thiago, y está embarazada de ocho meses. “No me separé, es el papá de mi bebé, pero yo quise estar sola con ellos acá y él se quedó en mi casa y me ayuda. Yo quedé media… no sé si mal, pero quería estar sola acá con los nenes. Me gusta ser independiente. Aparte, son mis sobrinos; los mantengo yo”.

Una brisita

Esta última frase parece común pero esconde no solo la insensibilidad del Estado sino el incumplimiento de una ley.

Nancy y Yésica vendían juntas kits de limpieza de forma ambulante. A veces Yésica también limpia casas. En una de sus recorridas le contó a una mujer del barrio Bosque Peralta Ramos lo que había pasado con su hermana y que estaba preocupada por sus sobrinxs. “Tengo una amiga que puede ayudarte”, recibió como respuesta. Así conoció a Yamila Zavala Rodríguez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo-Mar del Plata y de la Comisión Provincial por la Memoria. Hija de Olga Irma Cañueto, militante de la Juventud Peronista y docente desaparecida, y del diputado peronista Miguel Zavala Rodríguez, a quien asesinaron en la calle el 22 de diciembre de 1976.

Yésica la llamó y fue al estudio de Yamila, que ya había escuchado del caso. Fue la abogada quien la acompañó en la presentación para que sus sobrinxs reciban la “Ley Brisa”, un régimen de reparación económica para les hijes de víctimas de femicidios hasta los 21 años y sin límite de tiempo si existe alguna discapacidad. La reparación -equivalente al monto de una jubilación mínima- es mensual y además contempla la atención integral de salud.

Fue la primera presentación para la reparación que hubo en Mar del Plata. En la votación de la ley que se aprobó por unanimidad el 4 de julio de 2018 la entonces diputada Fernanda Raverta, oriunda de la ciudad costera, nombró a Mili y a Brian: “Estos niños perdieron a su mamá en manos de un femicida”, contó y habló también de Yésica como “una tía que tiene mucho coraje, que es muy humilde pero que todos los días pelea para, por ejemplo, festejarles el cumpleaños a sus sobrinos”. Esa noche terminó su intervención en el recinto leyendo una carta que Yésica había escrito a su hermana.

Durante la cuarentena Fernanda Raverta fue designada al frente de la ANSES, organismo donde se realiza el trámite para acceder a la Ley Brisa a través del “Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes”. Pero a dos años de la sanción de la ley, solo Brian es beneficiario de la reparación; Mili aún no. Antes del inicio del aislamiento Yésica llevó a su sobrina al Hospital Materno donde le hicieron todos los estudios que, por la pandemia, vencieron: “Me falta el certificado de discapacidad, ahora tengo que hacer todo de nuevo a ver si me lo dan”, cuenta. Mili tiene mielomeningocele, una afección en la columna. Y no tiene obra social.

“Hay mucho desconocimiento sobre esta ley”, dice Yamila Zavala Rodríguez, que durante la cuarentena fue designada por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires como coordinadora territorial de la Unidad de Políticas Transversales de la quinta sección que incluye 27 municipios, Mar del Plata entre ellos. “Falta comunicación, información sobre la ley, que el sistema judicial y los efectores que trabajan la temática de género tengan conocimiento. Es una ley que repara lo irreparable, ayuda y ordena”. A veces ni eso.

Yésica -embarazada de ocho meses, dos niñes y un adolescente a cargo, vendedora ambulante en medio de una pandemia- cuenta que hoy se sostiene gracias a la ayuda de sus clientes, plata que cobra la estira, y la comida que nunca falta.

Mientras, espera que Mili reciba pronto lo que por ley y por vida le corresponde.

Sin defensa

Cuando Rafael Inglera llegó a la sala de salud con Nancy apuñalada quedó detenido en prisión preventiva. “Tuve que ir todos los días a Tribunales, porque no me daban bola. Ellos tenían plata y lo querían arreglar”, relata Yésica sobre todo lo que tuvo que hacer para que en agosto del año pasado comenzara finalmente el juicio. Fue el primer femicidio juzgado por jurados, “una estrategia de la defensa”, según ella, que agrega: “Quisieron instalar que fue una pelea y que no hubo intención de matarla”.

Doce jurados, seis hombres y seis mujeres, lo declararon culpable de “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, pero no tuvieron en cuenta el agravante de violencia machista. Para declararlo culpable de femicidio, donde la pena es de perpetua, se necesitaba unanimidad de votos, y dos no estuvieron de acuerdo.

El fiscal Fernando Castro pidió la pena máxima: 25 años. La defensa de Inglera pidió la mínima: 8 años. Y la jueza Mariana Irianni lo condenó finalmente a 20 años de prisión.

“Yo estuve todos los días del juicio -recuerda Yésica a quien en fotos de esa jornada se la ve abrazada a Marta Montero, mamá de Lucía-. Mi mamá se enfermó, mi papá no sabe nada de estas cosas, tuve que remar sola en el juicio. Dos meses antes el abogado se echó para atrás, dijo que no le cubría las horas. Para mí quería plata. Así que no tuve abogado, a mi hermana la defendió el fiscal, y la defendió con garra, bien defendida. Inglera dijo que la mató por amor, dijo que la amaba. Y la jueza le dijo: el que ama no mata”.

Yésica y su familia siguen exigiendo que el asesinato de Nancy sea nombrado como un femicidio para que no se siga invisibilizando la violencia machista. “Él se merecía una perpetua”, se enoja y recuerda que antes de que la asesinara, Nancy había denunciado a su pareja tres veces por violencia: “Dos veces la acompañé toda desfigurada”.

El 19 de junio, a tres años del asesinato, Nancy fue hasta los Tribunales con un pañuelo violeta a modo de barbijo. La acompañaron familias de víctimas de femicidios y organizaciones Allí desplegó una bandera que decía: “Nancy presente. Fue femicidio”.

Mamás de corazón

En la mesa de la cocina Brian, Mili, Thiago y Yésica hacen la tarea.

Sí: Yésica también.

Después de que su sobrino le preguntara algo que ella no supo contestar, Yésica empezó a estudiar séptimo grado con la idea de terminar la primaria y después la secundaria.

Brian y Mili lograron no interrumpir nunca la cursada escolar: “Hicieron todo lo mismo, nada más que les falta su mamá”, cuenta su tía y recuerda que al principio fue difícil. “Brian no quería hacer nada, no le sentía gusto a la vida. Mili lloraba de día y de noche. Fue un proceso muy duro. Brian estaba enojado con la vida, hasta ahora lo tenés que tratar con pinzas, es renegón. Y Mili se adaptó, ahora hasta me dice mamá. Yo no quería, pensaba que se iba a olvidar de mi hermana, pero la psicóloga me dijo: ‘Dejá que te diga, si ella tiene claro quién es su mamá y quién su mamá de corazón’”.

Yésica le reclama al Estado dos cosas: contención y justicia. “Cuando matan a una mujer la matan a ella y a toda la familia, a los hijos, a todo el mundo. Derrumban a toda la familia”. Pero sobre todo le reclama la escucha necesaria que puede poner freno a la violencia cuando todavía es posible hacerlo. “La forma de frenar los femicidios es que apenas una mujer va a hacer una denuncia tienen que escucharla, porque esto lleva a la muerte. Nancy fue toda golpeada y no la ayudaron, no la contuvieron. Tiene que haber contención y prevención cuando está viva. No les dan bola y vuelve a pasar lo mismo hasta que las matan”.

Yésica encontró otra forma de que sus reclamos no se diluyan en la cantidad de tareas que se sumaron a su vida. Fue durante una marcha cuando pensó que tenía que empezar a verse con otras familiares por fuera de las movilizaciones. Así, hasta que llegó la cuarentena, lo hacían los domingos en la casa de la familia de Lucía Pérez, para compartir almuerzo o mates. Dice Yésica. “Es un movimiento genuino: si pasa algo nos levantamos y salimos, y así nos acompañamos”. Cuenta Marta: “La sanación es luchar pero también encontrarnos, reírnos. Es hablar de las chicas, mencionarlas por su nombre, hablar bien sin angustiarnos, desde el corazón, recordándolas. Eso nos ayuda y nos fortalece”.

Ambas hoy forman parte del Colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios que hasta el inicio de la pandemia una vez por mes se dio cita en Plaza de Mayo. El último encuentro fue en febrero; Yésica viajó con una remera en la que tenía estampada dos fotos, la de su hermana y la de Lucía. “Me siento acompañada por mamás que pasaron por lo mismo”, explica. Marta: “Es como si nos conociéramos de toda la vida: nos entendemos cuando lloramos, cuando reímos. Tenemos mucho amor y eso se vuelve unión”.

Yésica y Marta describen a este grupo de lucha y contención que se formó, también, como una nueva familia.

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Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

Publicada

hace 4 días

25/04/2026

Por Bernardina Rosini para lavaca.org

Desde Córdoba

Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.

Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.

Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».

Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».

Un cuerpo desaparecido

La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».

Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.

La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.

Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».

¿Quién mató a Cecilia?

Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.

Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:

Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.

La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.

Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”

Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.

La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Publicada

hace 5 meses

02/12/2025

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Publicada

hace 6 meses

20/10/2025

Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos.

Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.

Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición.

Los narcos robados

A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza.

Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar.

Quiénes están en prisión

Hasta el momento las nueve personas detenidas son:

Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta.
Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando.
Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa.
Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”.
Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven.
Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno.

Vínculo de confianza

Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”.

Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.

Ya pasó un mes.

Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia.

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