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Una nueva familia: la historia de Nancy y Yésica Segura

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Nancy Segura fue asesinada en junio de 2017 por su pareja, Rafael Inglera, en Mar del  Plata. El juicio comenzó dos años después, en agosto de 2019. Fue el primer femicidio juzgado por jurados: seis hombres y seis mujeres. Inglera fue declarado culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, pero no tuvieron en cuenta el agravante de violencia machista. Para declararlo culpable de femicidio, donde la pena es de perpetua, se necesitaba unanimidad de votos, y dos no estuvieron de acuerdo. En las audiencias el fiscal Fernando Castro pidió la pena máxima: 25 años. La defensa de Inglera pidió la mínima: 8 años. Y la jueza Mariana Irianni lo condenó finalmente a 20 años de prisión. Inglera apeló y finalmente, durante este mes, la sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de la defensa, quedando firme la sentencia que firmó la Jueza Mariana Irianni. Compartimos la historia de Nancy Segura, y su hermana Yésica que quedó a cargo de sus sobrinos. Su historia revela hasta dónde llega el amor familiar y, también, la violencia estatal. La Ley Brisa que no se aplica, las denuncias que anticiparon la muerte de su hermana, la lucha junto a otros familiares para lograr justicia sin abogados, y para que se lo considere un femicidio.

Foto: Romina Elvira

Por Anabella Arrascaeta.

Nancy Segura se desangraba en la parte de atrás de la moto que conducía Rafael Inglera por la puñalada que el mismo hombre le había dado. Llegaron al centro de salud en la madrugada del 19 de junio de 2017. En el camino Nancy se cayó tres veces, lo cual le produjo además un traumatismo de cráneo. Por la gravedad de las heridas la trasladaron finalmente al Hospital Interzonal, donde murió. 

Ocho meses antes, a esa misma sala de salud de Playa Serena ubicada en el sur de Mar del Plata, Matías Farías y Juan Pablo Offidani llevaban a Lucía Pérez, 16 años, quien llegó muerta. “Después de Lucía hubo más casos -dice Marta Montero, su mamá, cuando advierte la concidencia-. Es perverso ver la misma secuencia en el mismo lugar: una mujer tras otra”. 

Foto: Romina Elvira

Robar la vida

Nancy tenía 27 años y dos hijxs: Mili, que vio cuando su papá mataba a su mamá y que ahora tiene 7 años; y Brian que tiene 15 y esa noche estaba en lo de su tía Yésica, hoy devenida en madre. 

A Yésica la llamó su hermana más chica porque un vecino le había avisado que Mili estaba sola en la puerta de la casa de Nancy: le pidió que fuera a ver qué pasaba. Era invierno y llovía. “Nunca me imaginé lo peor”, dice y relata que agarró a su sobrina, le puso una campera blanca de su hermana que estaba embarrada y se la llevó a su casa. “Ese día jugando me reí como nunca, sin saber lo que pasaba. Después me llamaron. Y lloré como nunca, también. Por eso nunca más me reí así”. 

Según la reconstrucción de los hechos Rafel Inglera apuñaló a Nancy en la puerta de la casa, luego de discutir adentro, con el cuchillo que usaba para filetear pescado. Dice Yésica: “En las pericias saltó todo: él decía que mi hermana se había acuchillado ella, pero Nancy tenía signos en el cuello de haber sido levantada, ahorcada y apuñalada”. Inglera tuvo tiempo -una hora- para buscar testigos que acreditarán que había sido una pelea. Recién después la llevó a la sala de salud. 

Yésica llamó a uno de sus hermanos para que cuidara a los chicos y fue hasta allá. Tuvo un ataque de nervios. Cuando a Nancy la trasladaron al Hospital Interzonal, Yésica, con una hermana y un hermano, le pidieron a una vecina que los llevara con el auto. Fue uno de los cirujanos el que les dio la noticia: Nancy había muerto. 

Mientras su familia la velaba, en la casa donde vivían entraron a robar. Le sacaron todo: televisor, microondas, ropa, hasta el inodoro. Yésica, su hermana, se encargó de volver a armar en ese lugar vacío un hogar fraterno. “Hice denuncias, fue preso el pibe que robó, pero no recuperamos nada. Y empecé: traje algunas cosas de mi casa y fui comprando lo otro de a poquito”, relata quien desde entonces cuida de sus sobrinxs a tiempo completo. 

¿Qué pasa con los huérfanxs de un femicidio? “Cuando murió mi hermana primero los tuve en mi casa, pero era muy chiquita. El Tribunal me dijo que sí o sí tenían que estar en su casa porque le quitaron a la madre y no les podían quitar la casa. Acá tienen sus cosas pero fue muy aberrante llegar a donde se produjo la muerte de mi hermana. Tardamos siete meses en poder volver”. Cuando lo hicieron cambiaron todo de lugar “porque si no faltaba ella nomás”. Y después de comprar lo que les habían robado, de a poco compró los materiales para que uno de sus seis hermanos que es albañil agrandara la casa. Así reconstruyeron literalmente un hogar: sumaron un comedor y una cocina. 

Además de sus sobrinos, Yésica tiene un hijo de 10 años, Thiago, y está embarazada de ocho meses. “No me separé, es el papá de mi bebé, pero yo quise estar sola con ellos acá y él se quedó en mi casa y me ayuda. Yo quedé media… no sé si mal, pero quería estar sola acá con los nenes. Me gusta ser independiente. Aparte, son mis sobrinos; los mantengo yo”. 

Foto: Romina Elvira

Una brisita

Esta última frase parece común pero esconde no solo la insensibilidad del Estado sino el incumplimiento de una ley.

Nancy y Yésica vendían juntas kits de limpieza de forma ambulante. A veces Yésica también limpia casas. En una de sus recorridas le contó a una mujer del barrio Bosque Peralta Ramos lo que había pasado con su hermana y que estaba preocupada por sus sobrinxs. “Tengo una amiga que puede ayudarte”, recibió como respuesta. Así conoció a Yamila Zavala Rodríguez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo-Mar del Plata y de la Comisión Provincial por la Memoria. Hija de Olga Irma Cañueto, militante de la Juventud Peronista y docente desaparecida, y del diputado peronista Miguel Zavala Rodríguez, a quien asesinaron en la calle el 22 de diciembre de 1976. 

Yésica la llamó y fue al estudio de Yamila, que ya había escuchado del caso. Fue la abogada quien la acompañó en la presentación para que sus sobrinxs reciban la “Ley Brisa”, un régimen de reparación económica para les hijes de víctimas de femicidios hasta los 21 años y sin límite de tiempo si existe alguna discapacidad. La reparación -equivalente al monto de una jubilación mínima- es mensual y además contempla la atención integral de salud.

Fue la primera presentación para la reparación que hubo en Mar del Plata. En la votación de la ley que se aprobó por unanimidad el 4 de julio de 2018 la entonces diputada Fernanda Raverta, oriunda de la ciudad costera, nombró a Mili y a Brian: “Estos niños perdieron a su mamá en manos de un femicida”, contó y habló también de Yésica como “una tía que tiene mucho coraje, que es muy humilde pero que todos los días pelea para, por ejemplo, festejarles el cumpleaños a sus sobrinos”. Esa noche terminó su intervención en el recinto leyendo una carta que Yésica había escrito a su hermana.  

Durante la cuarentena Fernanda Raverta fue designada al frente de la ANSES, organismo donde se realiza el trámite para acceder a la Ley Brisa a través del “Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes”. Pero a dos años de la sanción de la ley, solo Brian es beneficiario de la reparación; Mili aún no. Antes del inicio del aislamiento Yésica llevó a su sobrina al Hospital Materno donde le hicieron todos los estudios que, por la pandemia, vencieron: “Me falta el certificado de discapacidad, ahora tengo que hacer todo de nuevo a ver si me lo dan”, cuenta. Mili tiene mielomeningocele, una afección en la columna. Y no tiene obra social. 

“Hay mucho desconocimiento sobre esta ley”, dice Yamila Zavala Rodríguez, que durante la cuarentena fue designada por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires como coordinadora territorial de la Unidad de Políticas Transversales de la quinta sección que incluye 27 municipios, Mar del Plata entre ellos. “Falta comunicación, información sobre la ley, que el sistema judicial y los efectores que trabajan la temática de género tengan conocimiento. Es una ley que repara lo irreparable, ayuda y ordena”. A veces ni eso.

Yésica -embarazada de ocho meses, dos niñes y un adolescente a cargo, vendedora ambulante en medio de una pandemia- cuenta que hoy se sostiene gracias a la ayuda de sus clientes, plata que cobra la estira, y la comida que nunca falta. 

Mientras, espera que Mili reciba pronto lo que por ley y por vida le corresponde. 

Foto: Romina Elvira

Sin defensa

Cuando Rafael Inglera llegó a la sala de salud con Nancy apuñalada quedó detenido en prisión preventiva. “Tuve que ir todos los días a Tribunales, porque no me daban bola. Ellos tenían plata y lo querían arreglar”, relata Yésica sobre todo lo que tuvo que hacer para que en agosto del año pasado comenzara finalmente el juicio. Fue el primer femicidio juzgado por jurados, “una estrategia de la defensa”, según ella, que agrega: “Quisieron instalar que fue una pelea y que no hubo intención de matarla”. 

Doce jurados, seis hombres y seis mujeres, lo declararon culpable de “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, pero no tuvieron en cuenta el agravante de violencia machista. Para declararlo culpable de femicidio, donde la pena es de perpetua, se necesitaba unanimidad de votos, y dos no estuvieron de acuerdo. 

El fiscal Fernando Castro pidió la pena máxima: 25 años. La defensa de Inglera pidió la mínima: 8 años. Y la jueza Mariana Irianni lo condenó finalmente a 20 años de prisión. 

“Yo estuve todos los días del juicio -recuerda Yésica a quien en fotos de esa jornada se la ve abrazada a Marta Montero, mamá de Lucía-. Mi mamá se enfermó, mi papá no sabe nada de estas cosas, tuve que remar sola en el juicio. Dos meses antes el abogado se echó para atrás, dijo que no le cubría las horas. Para mí quería plata. Así que no tuve abogado, a mi hermana la defendió el fiscal, y la defendió con garra, bien defendida. Inglera dijo que la mató por amor, dijo que la amaba. Y la jueza le dijo: el que ama no mata”. 

Yésica y su familia siguen exigiendo que el asesinato de Nancy sea nombrado como un femicidio para que no se siga invisibilizando la violencia machista. “Él se merecía una perpetua”, se enoja y recuerda que antes de que la asesinara, Nancy había denunciado a su pareja tres veces por violencia: “Dos veces la acompañé toda desfigurada”. 

El 19 de junio, a tres años del asesinato, Nancy fue hasta los Tribunales con un pañuelo violeta a modo de barbijo. La acompañaron familias de víctimas de femicidios y organizaciones Allí desplegó una bandera que decía: “Nancy presente. Fue femicidio”. 

Foto: Romina Elvira

Mamás de corazón

En la mesa de la cocina Brian, Mili, Thiago y Yésica hacen la tarea. 

Sí: Yésica también.

Después de que su sobrino le preguntara algo que ella no supo contestar, Yésica empezó a estudiar séptimo grado con la idea de terminar la primaria y después la secundaria. 

Brian y Mili lograron no interrumpir nunca la cursada escolar: “Hicieron todo lo mismo, nada más que les falta su mamá”, cuenta su tía y recuerda que al principio fue difícil. “Brian no quería hacer nada, no le sentía gusto a la vida. Mili lloraba de día y de noche. Fue un proceso muy duro. Brian estaba enojado con la vida, hasta ahora lo tenés que tratar con pinzas, es renegón. Y Mili se adaptó, ahora hasta me dice mamá. Yo no quería, pensaba que se iba a olvidar de mi hermana, pero la psicóloga me dijo: ‘Dejá que te diga, si ella tiene claro quién es su mamá y quién su mamá de corazón’”. 

Yésica le reclama al Estado dos cosas: contención y justicia. “Cuando matan a una mujer la matan a ella y a toda la familia, a los hijos, a todo el mundo. Derrumban a toda la familia”. Pero sobre todo le reclama la escucha necesaria que puede poner freno a la violencia cuando todavía es posible hacerlo. “La forma de frenar los femicidios es que apenas una mujer va a hacer una denuncia tienen que escucharla, porque esto lleva a la muerte. Nancy fue toda golpeada y no la ayudaron, no la contuvieron. Tiene que haber contención y prevención cuando está viva. No les dan bola y vuelve a pasar lo mismo hasta que las matan”. 

Yésica encontró otra forma de que sus reclamos no se diluyan en la cantidad de tareas que se sumaron a su vida. Fue durante una marcha cuando pensó que tenía que empezar a verse con otras familiares por fuera de las movilizaciones. Así, hasta que llegó la cuarentena, lo hacían los domingos en la casa de la familia de Lucía Pérez, para compartir almuerzo o mates. Dice Yésica. “Es un movimiento genuino: si pasa algo nos levantamos y salimos, y así nos acompañamos”. Cuenta Marta: “La sanación es luchar pero también encontrarnos, reírnos. Es hablar de las chicas, mencionarlas por su nombre, hablar bien sin angustiarnos, desde el corazón, recordándolas. Eso nos ayuda y nos fortalece”. 

Ambas hoy forman parte del Colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios que hasta el inicio de la pandemia una vez por mes se dio cita en Plaza de Mayo. El último encuentro fue en febrero; Yésica viajó con una remera en la que tenía estampada dos fotos, la de su hermana y la de Lucía.  “Me siento acompañada por mamás que pasaron por lo mismo”, explica. Marta: “Es como si nos conociéramos de toda la vida: nos entendemos cuando lloramos, cuando reímos. Tenemos mucho amor y eso se vuelve unión”. 

Yésica y Marta describen a este grupo de lucha y contención que se formó, también, como una nueva familia.

Foto: Romina Elvira

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Lucía Pérez: mil firmas por una fecha para el jury a los jueces que dejaron impune el femicidio

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A pesar de haber sido votado por unanimidad hace más de un año, el juicio político a Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas sigue sin fecha. Pasaron ya cuatro años del fallo misógino y la familia logró un nuevo proceso que comenzará en febrero, pero en paralelo reclama el fin de la impunidad para quienes buscaron consagrar la impunidad. Organizaciones, sindicatos y hasta la actual Ministra de la Mujer de la Nación acompañan el pedido de la familia, a través de distintas cartas dirigidas a la Corte Suprema de la Provincia y miles de firmas cosechadas durante la muestra El cuarto de Lucía el mes pasado en Mar del Plata.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, viajó toda la noche y llegó a la Plata a las 7.20 de la mañana para entregar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mil firmas que acompañan el pedido urgente de que se resuelva el jury a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes pretendieron consagrar la impunidad en el femicidio de la jóven marplatense de 16 años.

“Ya han pasado cuatro años del fallo y un año de que los jueces han sido apartados de sus cargos pero aún seguimos sin respuesta. Exigimos la audiencia de prueba a estos magistrados que han sido apartados por mal desempeño de funcionario público. Queremos una reforma judicial con perspectiva en derechos humanos”, dice el texto que reunió mil firmas durante la exposición de El Cuarto de Lucía en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. 

Además, junto a las firmas, se entregaron cartas de organizaciones que acompañan el reclamo, entre ellas una firmada por Ayelen Mazzina Guiñazú, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en la que solicita “tengan a bien adoptar las medidas necesarias para que dicho poder del Estado tome razón de los cambios que han venido operándose a nivel social, que comprenda lo imperativo de adoptar como elemento central la perspectiva de género y feminista a la hora de juzgar, que se posicione como servidor de la comunidad, que escuche sus reclamos y reivindicaciones, y se convierta así en un ejemplo y un pilar más de la lucha contra el patriarcado, las vulneraciones sociales y desigualdades por razones de género”. Además, dejando en claro que no pretende la intromisión en otros poderes, sigue la Ministra: “Deseamos que la población bonaerense y del resto de la nación Argentina pueda observar prontamente que se transita hacia un efectivo juzgamiento de los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso”. 

Marta Montero ante la Corte Suprema bonaerense: en sus manos, la carta que reclama fecha urgente para el jury, acompañada por mil firmas.

La falta de decisión

Lucía tenía 16 años cuando la abusaron y mataron. Pero los jueces Gómez Urso, Viñas y Aldo Carnevale (que evadió el jury político porque fue beneficiado por la ex gobernadora Vidal con la jubilación anticipada) absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel y se dedicaron a hacer un minucioso análisis de la vida de Lucía: qué le gustaba escuchar, qué profesión quería seguir, con quién y de qué chateaba, qué le gustaba fumar.

En noviembre del año pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados votó por unanimidad a favor de la suspensión de los jueces Pablo Viñas y Juan Facundo Gómez Urso, y del inicio del juicio político por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. La audiencia estuvo presidida por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Pero el proceso aún no inició. Dice Marta Montero: “Ya está sorteado quienes van a llevar adelante la audiencia, entonces solamente se tienen que sentar y hacerlo. Tiene que tomar la decisión”. 

¿Qué falta, entonces? “Decisión política”. 

El cuarto

Para exigir que se concrete el inicio del jury se inició una campaña durante la exposición de “El Cuarto de Lucía” en el Teatro Auditorium de Mar del Plata en la cual se juntaron nada menos que mil firmas. Todas dirigidas a la Corte Bonaerense, algunas de ellas se acompañan con cartas que suman su voz al reclamo. Entre otras, están firmadas por: 

  • Ayelen Mazzina Guiñazú, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
  • Comisión Ejecutiva Nacional de la Central de Trabajadores/as de la Argentina Autónoma
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Regional tuyú Sur
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Regional Mar del Plata.
  • Asociación Judicial Bonaerense. Departamental Mar del Plata.
  • Foro de Géneros, foro interdistrital de géneros sobre abuso, violencia y trata de personas. 
  • Red Regional de Mujeres.

“Para seguir creyendo en la justicia, solicitamos que este jury se concrete a la brevedad”, dice la carta de la Red Regional de Mujeres. Desde la Asociación Judicial Bonaerense, por su parte, solicitan el inicio del juicio “cumpliendo de esta forma el propio Estado los compromisos internacionales asumidos de lucha contra la violencia de género”. Desde el Foro de Géneros interpelan: “No entendemos por qué el retardo de la justicia de esta medida votada por unanimidad”. 

Remata el pedido Marta Montero: “Hemos ido, hablado, preguntado miles de veces. Ahora hacemos esta campaña porque no queremos seguir esperando y porque no estamos solos: nos apoyan. Entonces que nos escuchen: queremos que se ponga fecha”. 

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Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

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