#NiUnaMás
Una nueva familia: la historia de Nancy y Yésica Segura
Nancy Segura fue asesinada en junio de 2017 por su pareja, Rafael Inglera, en Mar del Plata. El juicio comenzó dos años después, en agosto de 2019. Fue el primer femicidio juzgado por jurados: seis hombres y seis mujeres. Inglera fue declarado culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, pero no tuvieron en cuenta el agravante de violencia machista. Para declararlo culpable de femicidio, donde la pena es de perpetua, se necesitaba unanimidad de votos, y dos no estuvieron de acuerdo. En las audiencias el fiscal Fernando Castro pidió la pena máxima: 25 años. La defensa de Inglera pidió la mínima: 8 años. Y la jueza Mariana Irianni lo condenó finalmente a 20 años de prisión. Inglera apeló y finalmente, durante este mes, la sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de la defensa, quedando firme la sentencia que firmó la Jueza Mariana Irianni. Compartimos la historia de Nancy Segura, y su hermana Yésica que quedó a cargo de sus sobrinos. Su historia revela hasta dónde llega el amor familiar y, también, la violencia estatal. La Ley Brisa que no se aplica, las denuncias que anticiparon la muerte de su hermana, la lucha junto a otros familiares para lograr justicia sin abogados, y para que se lo considere un femicidio.
Por Anabella Arrascaeta.
Nancy Segura se desangraba en la parte de atrás de la moto que conducía Rafael Inglera por la puñalada que el mismo hombre le había dado. Llegaron al centro de salud en la madrugada del 19 de junio de 2017. En el camino Nancy se cayó tres veces, lo cual le produjo además un traumatismo de cráneo. Por la gravedad de las heridas la trasladaron finalmente al Hospital Interzonal, donde murió.
Ocho meses antes, a esa misma sala de salud de Playa Serena ubicada en el sur de Mar del Plata, Matías Farías y Juan Pablo Offidani llevaban a Lucía Pérez, 16 años, quien llegó muerta. “Después de Lucía hubo más casos -dice Marta Montero, su mamá, cuando advierte la concidencia-. Es perverso ver la misma secuencia en el mismo lugar: una mujer tras otra”.
Robar la vida
Nancy tenía 27 años y dos hijxs: Mili, que vio cuando su papá mataba a su mamá y que ahora tiene 7 años; y Brian que tiene 15 y esa noche estaba en lo de su tía Yésica, hoy devenida en madre.
A Yésica la llamó su hermana más chica porque un vecino le había avisado que Mili estaba sola en la puerta de la casa de Nancy: le pidió que fuera a ver qué pasaba. Era invierno y llovía. “Nunca me imaginé lo peor”, dice y relata que agarró a su sobrina, le puso una campera blanca de su hermana que estaba embarrada y se la llevó a su casa. “Ese día jugando me reí como nunca, sin saber lo que pasaba. Después me llamaron. Y lloré como nunca, también. Por eso nunca más me reí así”.
Según la reconstrucción de los hechos Rafel Inglera apuñaló a Nancy en la puerta de la casa, luego de discutir adentro, con el cuchillo que usaba para filetear pescado. Dice Yésica: “En las pericias saltó todo: él decía que mi hermana se había acuchillado ella, pero Nancy tenía signos en el cuello de haber sido levantada, ahorcada y apuñalada”. Inglera tuvo tiempo -una hora- para buscar testigos que acreditarán que había sido una pelea. Recién después la llevó a la sala de salud.
Yésica llamó a uno de sus hermanos para que cuidara a los chicos y fue hasta allá. Tuvo un ataque de nervios. Cuando a Nancy la trasladaron al Hospital Interzonal, Yésica, con una hermana y un hermano, le pidieron a una vecina que los llevara con el auto. Fue uno de los cirujanos el que les dio la noticia: Nancy había muerto.
Mientras su familia la velaba, en la casa donde vivían entraron a robar. Le sacaron todo: televisor, microondas, ropa, hasta el inodoro. Yésica, su hermana, se encargó de volver a armar en ese lugar vacío un hogar fraterno. “Hice denuncias, fue preso el pibe que robó, pero no recuperamos nada. Y empecé: traje algunas cosas de mi casa y fui comprando lo otro de a poquito”, relata quien desde entonces cuida de sus sobrinxs a tiempo completo.
¿Qué pasa con los huérfanxs de un femicidio? “Cuando murió mi hermana primero los tuve en mi casa, pero era muy chiquita. El Tribunal me dijo que sí o sí tenían que estar en su casa porque le quitaron a la madre y no les podían quitar la casa. Acá tienen sus cosas pero fue muy aberrante llegar a donde se produjo la muerte de mi hermana. Tardamos siete meses en poder volver”. Cuando lo hicieron cambiaron todo de lugar “porque si no faltaba ella nomás”. Y después de comprar lo que les habían robado, de a poco compró los materiales para que uno de sus seis hermanos que es albañil agrandara la casa. Así reconstruyeron literalmente un hogar: sumaron un comedor y una cocina.
Además de sus sobrinos, Yésica tiene un hijo de 10 años, Thiago, y está embarazada de ocho meses. “No me separé, es el papá de mi bebé, pero yo quise estar sola con ellos acá y él se quedó en mi casa y me ayuda. Yo quedé media… no sé si mal, pero quería estar sola acá con los nenes. Me gusta ser independiente. Aparte, son mis sobrinos; los mantengo yo”.
Una brisita
Esta última frase parece común pero esconde no solo la insensibilidad del Estado sino el incumplimiento de una ley.
Nancy y Yésica vendían juntas kits de limpieza de forma ambulante. A veces Yésica también limpia casas. En una de sus recorridas le contó a una mujer del barrio Bosque Peralta Ramos lo que había pasado con su hermana y que estaba preocupada por sus sobrinxs. “Tengo una amiga que puede ayudarte”, recibió como respuesta. Así conoció a Yamila Zavala Rodríguez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo-Mar del Plata y de la Comisión Provincial por la Memoria. Hija de Olga Irma Cañueto, militante de la Juventud Peronista y docente desaparecida, y del diputado peronista Miguel Zavala Rodríguez, a quien asesinaron en la calle el 22 de diciembre de 1976.
Yésica la llamó y fue al estudio de Yamila, que ya había escuchado del caso. Fue la abogada quien la acompañó en la presentación para que sus sobrinxs reciban la “Ley Brisa”, un régimen de reparación económica para les hijes de víctimas de femicidios hasta los 21 años y sin límite de tiempo si existe alguna discapacidad. La reparación -equivalente al monto de una jubilación mínima- es mensual y además contempla la atención integral de salud.
Fue la primera presentación para la reparación que hubo en Mar del Plata. En la votación de la ley que se aprobó por unanimidad el 4 de julio de 2018 la entonces diputada Fernanda Raverta, oriunda de la ciudad costera, nombró a Mili y a Brian: “Estos niños perdieron a su mamá en manos de un femicida”, contó y habló también de Yésica como “una tía que tiene mucho coraje, que es muy humilde pero que todos los días pelea para, por ejemplo, festejarles el cumpleaños a sus sobrinos”. Esa noche terminó su intervención en el recinto leyendo una carta que Yésica había escrito a su hermana.
Durante la cuarentena Fernanda Raverta fue designada al frente de la ANSES, organismo donde se realiza el trámite para acceder a la Ley Brisa a través del “Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes”. Pero a dos años de la sanción de la ley, solo Brian es beneficiario de la reparación; Mili aún no. Antes del inicio del aislamiento Yésica llevó a su sobrina al Hospital Materno donde le hicieron todos los estudios que, por la pandemia, vencieron: “Me falta el certificado de discapacidad, ahora tengo que hacer todo de nuevo a ver si me lo dan”, cuenta. Mili tiene mielomeningocele, una afección en la columna. Y no tiene obra social.
“Hay mucho desconocimiento sobre esta ley”, dice Yamila Zavala Rodríguez, que durante la cuarentena fue designada por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires como coordinadora territorial de la Unidad de Políticas Transversales de la quinta sección que incluye 27 municipios, Mar del Plata entre ellos. “Falta comunicación, información sobre la ley, que el sistema judicial y los efectores que trabajan la temática de género tengan conocimiento. Es una ley que repara lo irreparable, ayuda y ordena”. A veces ni eso.
Yésica -embarazada de ocho meses, dos niñes y un adolescente a cargo, vendedora ambulante en medio de una pandemia- cuenta que hoy se sostiene gracias a la ayuda de sus clientes, plata que cobra la estira, y la comida que nunca falta.
Mientras, espera que Mili reciba pronto lo que por ley y por vida le corresponde.
Sin defensa
Cuando Rafael Inglera llegó a la sala de salud con Nancy apuñalada quedó detenido en prisión preventiva. “Tuve que ir todos los días a Tribunales, porque no me daban bola. Ellos tenían plata y lo querían arreglar”, relata Yésica sobre todo lo que tuvo que hacer para que en agosto del año pasado comenzara finalmente el juicio. Fue el primer femicidio juzgado por jurados, “una estrategia de la defensa”, según ella, que agrega: “Quisieron instalar que fue una pelea y que no hubo intención de matarla”.
Doce jurados, seis hombres y seis mujeres, lo declararon culpable de “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, pero no tuvieron en cuenta el agravante de violencia machista. Para declararlo culpable de femicidio, donde la pena es de perpetua, se necesitaba unanimidad de votos, y dos no estuvieron de acuerdo.
El fiscal Fernando Castro pidió la pena máxima: 25 años. La defensa de Inglera pidió la mínima: 8 años. Y la jueza Mariana Irianni lo condenó finalmente a 20 años de prisión.
“Yo estuve todos los días del juicio -recuerda Yésica a quien en fotos de esa jornada se la ve abrazada a Marta Montero, mamá de Lucía-. Mi mamá se enfermó, mi papá no sabe nada de estas cosas, tuve que remar sola en el juicio. Dos meses antes el abogado se echó para atrás, dijo que no le cubría las horas. Para mí quería plata. Así que no tuve abogado, a mi hermana la defendió el fiscal, y la defendió con garra, bien defendida. Inglera dijo que la mató por amor, dijo que la amaba. Y la jueza le dijo: el que ama no mata”.
Yésica y su familia siguen exigiendo que el asesinato de Nancy sea nombrado como un femicidio para que no se siga invisibilizando la violencia machista. “Él se merecía una perpetua”, se enoja y recuerda que antes de que la asesinara, Nancy había denunciado a su pareja tres veces por violencia: “Dos veces la acompañé toda desfigurada”.
El 19 de junio, a tres años del asesinato, Nancy fue hasta los Tribunales con un pañuelo violeta a modo de barbijo. La acompañaron familias de víctimas de femicidios y organizaciones Allí desplegó una bandera que decía: “Nancy presente. Fue femicidio”.
Mamás de corazón
En la mesa de la cocina Brian, Mili, Thiago y Yésica hacen la tarea.
Sí: Yésica también.
Después de que su sobrino le preguntara algo que ella no supo contestar, Yésica empezó a estudiar séptimo grado con la idea de terminar la primaria y después la secundaria.
Brian y Mili lograron no interrumpir nunca la cursada escolar: “Hicieron todo lo mismo, nada más que les falta su mamá”, cuenta su tía y recuerda que al principio fue difícil. “Brian no quería hacer nada, no le sentía gusto a la vida. Mili lloraba de día y de noche. Fue un proceso muy duro. Brian estaba enojado con la vida, hasta ahora lo tenés que tratar con pinzas, es renegón. Y Mili se adaptó, ahora hasta me dice mamá. Yo no quería, pensaba que se iba a olvidar de mi hermana, pero la psicóloga me dijo: ‘Dejá que te diga, si ella tiene claro quién es su mamá y quién su mamá de corazón’”.
Yésica le reclama al Estado dos cosas: contención y justicia. “Cuando matan a una mujer la matan a ella y a toda la familia, a los hijos, a todo el mundo. Derrumban a toda la familia”. Pero sobre todo le reclama la escucha necesaria que puede poner freno a la violencia cuando todavía es posible hacerlo. “La forma de frenar los femicidios es que apenas una mujer va a hacer una denuncia tienen que escucharla, porque esto lleva a la muerte. Nancy fue toda golpeada y no la ayudaron, no la contuvieron. Tiene que haber contención y prevención cuando está viva. No les dan bola y vuelve a pasar lo mismo hasta que las matan”.
Yésica encontró otra forma de que sus reclamos no se diluyan en la cantidad de tareas que se sumaron a su vida. Fue durante una marcha cuando pensó que tenía que empezar a verse con otras familiares por fuera de las movilizaciones. Así, hasta que llegó la cuarentena, lo hacían los domingos en la casa de la familia de Lucía Pérez, para compartir almuerzo o mates. Dice Yésica. “Es un movimiento genuino: si pasa algo nos levantamos y salimos, y así nos acompañamos”. Cuenta Marta: “La sanación es luchar pero también encontrarnos, reírnos. Es hablar de las chicas, mencionarlas por su nombre, hablar bien sin angustiarnos, desde el corazón, recordándolas. Eso nos ayuda y nos fortalece”.
Ambas hoy forman parte del Colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios que hasta el inicio de la pandemia una vez por mes se dio cita en Plaza de Mayo. El último encuentro fue en febrero; Yésica viajó con una remera en la que tenía estampada dos fotos, la de su hermana y la de Lucía. “Me siento acompañada por mamás que pasaron por lo mismo”, explica. Marta: “Es como si nos conociéramos de toda la vida: nos entendemos cuando lloramos, cuando reímos. Tenemos mucho amor y eso se vuelve unión”.
Yésica y Marta describen a este grupo de lucha y contención que se formó, también, como una nueva familia.
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Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro condenó a Juan Carlos Corvalán como autor del asesinato de Nancy Fernández, perteneciente a la comunidad qom del Tigre. El hecho ocurrió hace diez años. Nancy reclamaba por el crimen de su hija Micaela, que aún sigue impune. Por Anabella Arrascaeta.
Hubo un gesto de justicia, diez años después. El Tribunal Oral de San Isidro anunció la condena de Juan Carlos Corvalán por el crimen de Nancy Fernández. El 1°de octubre se conocerá la resolución final, el tiempo de la condena, y los fundamentos. El fallo fue unánime, y los magistrados señalaron que para tomar la decisión tuvieron en cuenta la perspectiva de género y el derecho internacional. En la calle estaba Lisette, la hija de Nancy, quien agradeció el apoyo con el que contó y anunció que continuará la lucha por esclarecer el crimen de su hermana Micaela.
Nancy y su hija Micaela. La madre comenzó su lucha buscando esclarecer la verdad sobre el crimen de la niña de 14 años (caratulado como suicidio), y también fue asesinada.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada. Ambas eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Pese a esta condena, el crimen de Micaela sigue impune porque fue caratulado como suicidio. Esta historia, se teje entonces entre muertes e impunidades. Y el entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estuvo presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Esa red garantizó por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organizó que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
La condena marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
“Es gracias al apoyo que ustedes me dan que yo puedo seguir de pie, la lucha sigue; hoy se hizo justicia por mi madre pero todavía falta justicia por mi hermana”, dijo Lisette en la puerta de los Tribunales tras conocerse la sentencia de Nancy, que tal vez sea apenas el primer paso para desentrañar el fondo de esta historia.
Nota
Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández
Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.
Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.
Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.
El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.
Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)
Los crímenes
En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.
El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.
Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales.
El reclamo de justicia
Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.
La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette.
“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.
Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.
Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.
El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.
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201 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
En los 244 días del año transcurridos hasta fin de agosto el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 201 femicidios y travesticidios en todo el país. En el mes de agosto, además, se produjeron dos condenas históricas por los crímenes de Luana Ludueña en Córdoba y de Tehuel de la Torre en el gran Buenos Aires, que pueden conocerse en estos links.
De todos modos desde hace 1.297 días nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel de la Torre? Su cuerpo sigue sin aparecer, aun cuando en un fallo histórico, Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por su crimen. Los jueces Claudio Joaquín Bernard, Ramiro Lorenzo y la jueza Silvia Hoerr, integrantes del Tribunal N° 2 en lo Criminal de La Plata, consideraron en el crimen el agravante de “odio a la identidad de género”, como lo planteaban la familia y la fiscalía. Es el primer juicio que incorpora esta mirada en el caso de un varón trans en nuestro país. Como el caso fue dividido, el otro imputado, Oscar Montes, tendrá un juicio por jurado popular sin fecha prevista aún.
Esos avances judiciales se producen mientras los números de la violencia siguen poniendo a la sociedad en la zona del horror.
Solo durante agosto hubo 25 femicidios. La más pequeña tenía 11 años, se llamaba Luján. Otro saldo estremecedor de lo que va del año es que ya hubo 18 infancias asesinadas como producto de esas situaciones de violencia criminal.
Se produjeron, además, 156 tentativas de femicidios en el año. Y 64 desapariciones que continúan sin respuesta y sin que se conozca el destino de esas desaparecidas.
Otro resultado que no suele tenerse presente como efecto de esa violencia sistémica: el número de huérfanos por femicidios ascendió, durante 2024, a 129.
Para seguir exigiendo justicia, se llevaron a cabo 226 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal en todo el país.
El saldo actual arroja que hay 546 funcionarios denunciados. Es el registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad e Iglesia Católicas. Actualizado diariamente, revisado mensualmente. El caso más difundido este mes fue el del ex presidente Alberto Fernández, al que se sumó el del diputado Germán Kiczka.
Estos números y estas situaciones no son cifras aisladas: representan la cartografía de la violencia patriarcal. Frente a esa realidad, el Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran de modo autogestivo una serie de padrones que compartimos de manera libre en la web del Observatorio, los cuales comenzaron a materializarse en talleres realizados con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.
Todo la información producida es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org
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