#NiUnaMás
Esquina Muerte: la masacre de Varela
Cuatro adolescentes fueron acribilladas y hasta hoy quién disparó no fue identificado por la justicia. El caso se suma a la lista de crímenes impunes marcados por el narco machismo que crece en el conurbano con complicidad policial y judicial. Por Florencia Alcaraz.
Juntas. A Sabrina, Denise, Némesis y Magalí las balas las atravesaron juntas.
Estaban acompañándose. Querían llegar hasta la casa de Némesis, de 15 años, que vive en el barrio El Alpino, el más alejado del centro de Florencio Varela. No querían que ella se quedara sola. Como no tenían plata para un remís, caminaron y esperaron el colectivo en la esquina de Senzabello y Los Andes. Ahí mismo se desplomaron todas, entre la vereda y el asfalto, cuando un tipo con una mochila en la espalda y una gorra roja disparó once veces a la cabeza y al pecho de las cuatro.
No erró un solo tiro.
Cada una recibió, directos y de rebote, nueve, siete, cuatro y tres balazos de un arma 9 milímetros.
Sabrina y Denise, de 16 y 17 años, murieron.
Némesis y Magali sobrevivieron. Ambas seguían internadas al cierre de esta nota.
Después del fusilamento a plena luz del día, el hombre huyó a toda velocidad.
No estaban solas ni iban por una cuadra oscura de noche como se apura a explicar la prensa comercial cuando ocurre un asesinato de una mujer en la calle para vincular los femicidios con la inseguridad. Estaban juntas, yendo a la parada del colectivo para volver a sus casas después del baile. El ataque las encontró así: acompañadas.
Los cuerpos de las cuatro pibas sobre el asfalto, la sangre en la vereda y los vecinos alrededor con sus teléfonos celulares en mano en la madrugada del sábado 11 de febrero quedaron registrados en un video que circuló por Whatsapp. También en las cámaras de seguridad del municipio que filmaron el antes, durante y después del asesinato. En los medios, debajo de esa foto, la frase “la masacre de Florencio Varela”, en tono novelezco, omitió la palabra clave: femicidio.
Masacre describe la tragedia, pero no enuncia lo que dicen esos cuerpos adolescentes con shorts, plataformas, botas y remeras cortas que muestran la panza. Dos están boca abajo, ya sin la vitalidad juvenil que tenían cuando habían salido a bailar la noche anterior al boliche Santa Diabla, en Varela. Una de las sobrevivientes, tirada sobre su amiga muerta, grita que quiere irse a su casa. La otra apenas se mueve. Intenta hablar, pero no puede: un tiro le atravesó la garganta.
¿Qué dicen esos cuerpos?
Son la evidencia de una cadena que termina en la forma más extrema de la violencia machista, el femicidio. También muestra los hilos de los negocios ilegales que se tejen en esta zona del conurbano bonaerense y cómo las mujeres pobres son un territorio en disputa.
Ni una ruptura ni el acoso ni los celos, como también dijeron muchos titulares: atrás de las amigas asesinadas y gravemente heridas están las tramas de la narco violencia machista.
Narco-machismo de barrio
Más allá del pacto de silencio que rodea al barrio donde ocurrió el crimen de las chicas, algunos vecinos y referentes de la zona hablan por lo bajo en la puerta de la Fiscalía de Florencio Varela, donde recayó la investigación. Ninguno quiere contar lo que sabe con el micrófono prendido o la cámara apuntando.
En un comienzo, la causa estuvo a cargo del fiscal Hernán Bustos Rivas. Fue desplazado. Como evidencia de que el machismo lo atraviesa todo, salió a la luz que tenía denuncias de su ex mujer por violencia machista y por no pasarle alimentos a sus hijas. Ahora las fiscales a cargo son dos: Mariana Dongiovanni, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 y Mariela López, de la Fiscalía de Violencia de Género de Quilmes.
Los vecinos cuchichean:
Que las pibas entraban droga a los boliches de la zona. Que les pagaban entre 500 y 1.000 pesos para gastar en la noche.
Que los tipos se aprovechaban de que eran menores.
Que ellas no eran transas, ni mulas, que eran apenas mensajeras, correos humanos.
Que no todas lo hacían.
Que hay una red que recluta nenas para el microtráfico.
Que una de ellas quiso abrirse de ese maneje y la respuesta fue el acribillamiento.
Que hubo connivencia policial de la Bonaerense.
Que las chicas murieron cerca de la comisaría tercera, que también está involucrada.
Mientras las fiscales parecen encorsetar la causa en develar quién es el hombre que apretó el gatillo, estos rumores van pasando lentamente del barrio al expediente a través de quienes se animan a hablar.
“Si al abrigo del espacio doméstico el hombre abusa de las mujeres que se encuentran bajo su dependencia es porque puede hacerlo. Es decir: porque ya forman parte del territorio que controla, el agresor que se apropia del cuerpo femenino en un espacio abierto, público, lo hace para mostrar que puede”, escribe la antropóloga Rita Segato cuando analiza los crímenes de las mujeres de Ciudad Juárez, en México. Las imágenes y vídeos de las pibas agonizando que circularon, además de mostrar esa apropiación, dejan un mensaje. ¿Qué mensaje quedó escrito en los cuerpos masacrados de las chicas de Varela? “Si salís del juego te pasa esto, queda en la nada y a nadie le importa”, describe la abogada María Florencia Casamiquela que representa a la familia de Sabrina y Némenis. Para ella no hay dudas de que fue una ejecución mafiosa.“Es una trama oscura, difícil de desenmarañar. Hay femicidio, pero también hay un condimento más, que tiene que ver con cómo se utiliza el cuerpo de las mujeres y el desprecio que hay sobre ellos. Eran chicas lindas, jóvenes y pobres. Estos tipos se valían de su situación de vulnerabilidad”, dice.
En su trayectoria como penalista en la provincia de Buenos Aires nunca había visto un caso de estas características. Enumera una serie de delitos que precedieron a las muertes de las chicas: corrupción de menores, venta de estupefacientes. Delitos que de haberse investigado hubieran evitado estas muertes.
Hasta ahora la causa está caratulada como doble homicidio consumado y agravado por ensañamiento y alevosía, además de doble tentativas de homicidio. Todos los casos agravados por el hecho de que se trataba de mujeres.
¿Quién disparó?
El primer detenido por el crimen fue Luis Esteban Weiman, un hombre de 36 años que figura como trabajador de guardia de seguridad de la empresa RedGuard. Había tenido un vínculo con Sabrina y, según se desprende de la investigación, también acosaba a Denise. Hasta el cierre de esta nota, se había negado a declarar. La abogada Casamiquela asegura que él sabe mucho. Quienes vieron el vídeo de la cámara municipal que registró el ataque sostienen que no fue quien gatilló.
Otro de los hombres sospechados hasta el momento es Adrián Abraham, de 31 años. Ambos casi duplican en edad a las adolescentes. Después de que sus caras salieran en la televisión, se hizo una rueda de reconocimiento con vecinos del lugar donde ocurrió el doble asesinato que dio como resultado negativo.
Otro de los detenidos es Maximiliano Mansilla, de 35 años. Quedó preso por otro delito: le secuestraron una pistola 9 milímetros Bersa -que tenía un pedido de secuestro porque había sido robada el año pasado en La Plata- 23 municiones, un handy, un cargador, una gorra y un correaje de policía.
Cuando las sobrevivientes se recuperen y puedan poner en palabras los recuerdos de esa noche y los vínculos de estos varones con sus amigas, es probable que haya más piezas para entender lo que pasó. La abogada Casamiquela no descarta que haya sido un “crimen tercerizado”. De algo está segura: “Esto no fue obra de un loquito como quieren instalar las defensas de los acusados”.
La abogada es crítica de la actuación judicial. Varios de los allanamientos que se hicieron en lugares donde habrían estado las chicas con este grupo de varones dieron negativos: se efectuaron cinco días después del crimen.
Julio Torrada, abogado e integrante de la Fundación Wanda Taddei, representa a la familia de Magalí. Coincide con Casamiquela en que hubo un aprovechamiento por parte de un grupo de adultos. “Esta gente les proveía droga y alcohol a las nenas. Se juntaban en un lavadero de autos donde las sometían a fiestas”, cuenta. También relata que hubo amenazas previas que quedaron registradas en el teléfono de Magalí. Lo mismo dijeron familiares de Sabrina y Denise.
Torrada, sin embargo, relativiza el entramado narco detrás del doble femicidio. “Si buscara espectacularidad, diría que en esta causa hay plata y drogas. Pero de eso, hasta ahora, no hay nada”, dice.
Por su parte, Adrián Sabaris, abogado de la familia de Denise no afirma ni descarta que detrás de las muertes de las pibas hay una red mafiosa vinculada a la venta de drogas.
La impunidad asegurada
La masacre femicida de Florencio Varela también pone en evidencia un patrón de impunidad: las investigaciones judiciales quedan estancadas cuando se trata de narco violencia machista. Algunos ejemplos recientes:
La muerte de Candela Rodriguez, 11 años, vinculada a la opacidad de los negocios de venta de drogas en la zona de San Martín, está siendo juzgada seis años después. El juicio comenzó el 6 de febrero. Hugo Bermúdez (56), Leonardo Jara (37) y Fabián Gómez (45) son los tres acusados. “Estos tres tipos fueron los que mataron a mi hija, pero después tiene que ir a juicio la mafia policial y los funcionarios de la justicia y del Gobierno que no hicieron nada por buscar a mi hija”, sostuvo la mamá de la víctima el primer día del juicio oral.
A más de dos años del crimen de Melina Romero, el mes pasado la causa volvió a foja cero cuando la fiscal María Fernanda Billone, entonces a cargo de la UFI 5 de San Martín, desistió de la acusación contra los tres varones acusados del femicidio. El lugar donde apareció el cuerpo de la chica que el día de su muerte cumplía 17 años es un terreno donde los transas de José León Suárez pasan de las villas de Indepedencia a la Cárcova. A pesar de que la pista de venta de drogas detrás del crimen apareció en los relatos de muchos, nunca fue profundizada. Al cierre de esta nota la causa fue elevado a juicio oral con un solo acusado. Dos fueron absueltos por falta de pruebas. Dijo a MU la mamá de Melina el día de la audiencia clave para que el caso no fuera archivado: “Mi hija tuvo hemorragia intracraneal, marca de ataduras en las manos y le faltaban piezas dentales entre otras cosas, ¿se lo hizo sola? ¿Se tiró sola? ¿Se violó sola? ¿Se mató sola? Es como que pretenden que Melina quede en el olvido, pero mientras yo tenga un aliento de vida, esto no va a pasar. Es una situación que me parece completamente repulsiva. En cada piba hay un poco de Melina y en Melina hay un poco de cada piba. Entonces: que hagan algo de verdad y que se dejen de derramar sangre de nuestras pibas. Va a haber juicio. Tengo un poco de esperanza: voy a pelear por esa llamita para que no se apague del todo”.
Frente a la fiscalía de Florencio Varela, a pocas cuadras de la estación de trenes de la línea General Roca, los familiares de víctimas de distintos casos se agrupan con las fotos de sus seres queridos en el pecho o en la mano. Cuando el crimen de las chicas saltó a los medios, el primer caso con el que se lo vinculó fue con el asesinato de Caíto Alegre, un pibe de 21 años asesinado el domingo 5 de febrero a la madrugada cuando salía del boliche D One, muy cerca de Santa Diabla, donde fueron baleadas las amigas.
“Hay bandas de pibes que trabajan para la policía. Esa es la realidad de estos barrios”, selaña una fuente local que prefirió el anonimato.
Diez días después del acribillamiento de las chicas, un grupo de familiares presentó un petitorio ante el Poder Judicial local para que se agilicen las investigaciones. Estuvieron la madre y los hermanos de Cristian Lemes, asesinado en el barrio Los Tronquitos, en octubre del año pasado. También la madre de los hermanos Javier David Vallejo y Benito Ricardo: dos muertes impunes más. Se sumaron las compañeras de La Jose, su única hermana y su sobrina. La Jose es Jose Zalazar Maturano, una crossdreser que apareció con el cráneo quebrado, la columna torcida y tajos en la cara después de salir una noche del 22 de febrero de 2016 en un bar de Florencio Varela. La investigación de la fiscal Gisela Olzanieki de la Unidad Funcional Nº 3 de Florencio Varela apuntó a una “pandilla de varones homofóbicos” que viene amenazando a las mujeres transgénero de la zona. “Lo más grave es que la policía tenía conocimiento de un grupo de varones que estaban hostigando a las gays y travestis de la zona. Llegaron tarde”, dijo Martín Ianfranco del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación al medio online Cosecha Roja. Vinculó el crimen a un marco de “recrudecimiento del machismo” y discriminación a las personas de diversidad sexual. Su causa judicial hoy sigue estancada
Después de presentar un petitorio conjunto y esperar toda la mañana, recién ahí los funcionarios judiciales los recibieron. No estaban solos. Los acompañaron el secretario de CTA Varela, Ignacio Concetti y Eugenia Vázquez, secretaria de derechos humanos de ese espacio. Eugenia empujó su propia búsqueda de justicia y desde entonces acompaña con tenacidad a otros familiares de víctimas en ese camino. Su hermana fue torturada y asesinada en una comisaría de Varela en 2002. “Los familiares reciben mucho maltrato. Los funcionarios están atrás de un escritorio y no se preocupan por los demás”, dice.
Mientras los policías, al ver la cantidad de personas reuniéndose frente a la oficina pública, salen a su encuentro, en las paredes de fiscalía alguien escribe con aerosol: “Ni Una Menos. Justicia x las chicas”.
Nénesis y Magali todavía están hospitalizadas. Se habían conocido en fútbol femenino y era la primera vez que Némesis salía con ellas.
Némesis, la chica con nombre de tragedia: su madre la bautizó como la diosa de la venganza divina.
Su venganza fue sobrevivir.
Este 8 de marzo el reclamo de Justicia por las dos amigas asesinadas y sus amigas heridas con saña y crueldad será, entonces, otro de los motivos para que las mujeres paremos el mundo.
Portada
Oraciones, entre la cruz y la raya: un ritual para presentar el nuevo libro del Observatorio Lucía Pérez

Este domingo 16 de noviembre presentamos el nuevo libro del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, editado por lavaca, con una perfomance conmovedora: Oraciones, entre la cruz y la raya fue una obra de teatro danza basada en los ejes teóricos de Femicidios, narcotráfico y Estado. La puesta transformó en lenguaje poético, corporal y musical una realidad que duele y mata, de la mano de talentosas artistas.

Familias sobrevivientes de femicidios, con el libro del cual son parte: el nuevo libro del Observatorio Lucía Pérez.
Oraciones, entre la cruz y la raya: así se llamó la presentación performática del nuevo libro del Observatorio Lucía Pérez editado por lavaca y titulado Femicidios, narcotráfico y Estado.
La obra de teatro y danza indagó en los mecanismos que operan sobre los cuerpos y los territorios desde una dramaturgia que combinó texto, movimiento y música. El resultado fue una experiencia que funcionó tanto como obra artística como herramienta para hacer sentir, colectivamente, de qué hablamos cuando hablamos de femicidios.
La obra fue ideada y escrita por Claudia Acuña, también responsable de la dirección general del Observatorio Lucía Pérez. En escena, Oraciones desplegó el trabajo de las intérpretes Julieta Costa, Lola Dominguez Hayes, Lucía Harismendy, Pia Leone, Luca y Juana Torras, quienes construyeron una trama sensible entre la fragilidad y la fortaleza. La música en vivo, a cargo de Santiago Torricelli en piano, aportó un pulso emocional que atravesó toda la pieza.



El diseño sonoro siguió de la mano de Pía Leone, junto con la operación técnica de Teo Escobar y Lucas Pedulla. Y el diseño gráfico estuvo a cargo de Jonatan Ramborger (autor, también, de la tapa del libro) y Julie August.
La puesta en escena fue realizada por Julieta Costa, mientras que la dirección coreográfica estuvo a cargo de la reconocida directora y coreógrafa Carla Rímola.
Oraciones dejó en quienes asistieron la certeza de que el arte no sólo puede denunciar lo que duele, sino también abrir caminos para imaginar otras formas de vida y de cuidado.
Y también, otras formas de presentar un libro.



El Observatorio y su libro
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org con el objetivo de profundizar el trabajo sobre formas de prevención y erradicación de la violencia patriarcal.
Cada día un equipo conformado por Claudia Acuña, Amalia Etchesuri, Anabella Arrascaeta y Pablo Lozano actualiza 12 padrones de manera autogestiva, datos que sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Se trata del único registro público del país, lo cual quiere decir que pueden consultarse las fuentes de cada dato.
Cada mes el Observatorio realiza un resumen de este diagnóstico junto a víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. El resultado es el informe mensual que se difunde a través de organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura que intenta pensar, más allá de las cifras, la radiografía social y política de esta violencia.


Femicidios, narcotráfico y Estado reúne ahora y por primera vez los distintos informes, investigaciones y acciones del Observatorio Lucía Pérez. Es un material que indaga a través de la articulación de textos teóricos y reportajes periodísticos las vinculaciones entre lo narco, la violencia machista, los femicidios y el rol del Estado en la trama de la impunidad.
Todo eso quedó plasmado en esta presentación-ritual colectivo para empezar a sanar una realidad que duele, y organizar la realidad que viene: aquella que queremos, deseamos y nos merecemos.
Si querés el libro escribinos al teléfono que figura en este link, y suscribite para apoyar todo lo que hacemos:
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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.

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