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Femicidios y Estado: Las respuestas que faltan

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Tres preguntas surgidas de experiencias con familiares de víctimas, respondidas por funcionarias y referentes, desde la Ministra de Justicia de la Nación hasta el Ministerio de Mujeres y de Seguridad. La diferencia entre las respuestas devela la preocupación por el tema, pero también la falta de una política unificada. Por Anabella Arrascaeta y Lucrecia Raimondi.

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¿Se podría municipalizar la atención de la línea 144 o crearse nuevas líneas municipales específicas para dar respuesta a una mujer que está en emergencia por violencia?

Marcela Losardo, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El Ministerio de Justicia cuenta con una importante herramienta para desarrollar esta tarea. Desde la línea 137 se atiende a víctimas de violencia sexual y familiar, de explotación sexual y comercial infantil, de grooming y de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Esta línea, que funciona desde el año 2006, es atendida por un equipo interdisciplinario formado por profesionales de la psicología, la abogacía y el trabajo social, profesionales comprometidas y con una extensa experiencia. La línea 137 tiene alcance nacional y atiende las 24 horas durante todo el año. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con Equipos Móviles que, ante situaciones de urgencia, se desplazan junto a personal policial hasta el lugar en que la víctima se encuentre en riesgo inminente. En estos casos el equipo de profesionales la asiste a los fines de radicar la denuncia, y ante una violación o de presentarse lesiones, la acompaña al servicio público de salud para que reciba la atención y la medicación necesarias  de manera gratuita. Además, si se evaluara necesaria una intervención más allá de la urgencia, el caso se deriva a área de seguimiento. Tal como funcionan en el ámbito de CABA, los Equipos Móviles se han replicado con recursos locales en las ciudades de Resistencia (Chaco), y Posadas, Oberá y Eldorado (Misiones). Cuando llegan llamadas desde otras localidades del país, el equipo de profesionales articula su escucha con los recursos locales cercanos destinados a la asistencia y la protección de las víctimas. Uno de los objetivos de esta gestión es la progresiva federalización de la intervención de la Línea 137.

Norma Durango, Senadora por la Pampa, Presidenta de la Comisión Banca de la Mujer.

No sé si municipalizar la 144, tal vez sumar nuevas líneas locales, que sobre todos en los lugares más chicos ayuden con más rapidez en poblaciones más pequeñas, como por ejemplo las de La Pampa, donde el teléfono de la municipalidad, de la policía, de la oficina de la mujer suele ser siempre muy directo en la celeridad de la ayuda y la gente, no sé si la víctima, pero sí quienes la acompañan para ayudarla, saben que existen esas vías y cómo pedir auxilio.

Raquel Asensio, secretaria de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.

La importancia de esta línea es que un número único es muy fácil de incorporar, de conocer, y que se tiene información unificada entonces es un aporte muy valioso el que se puede dar desde la línea 144. Esta misma línea tiene operadores locales y esto no quita que efectivamente hay otros servicios que están municipalizados. La mayor cercanía siempre te da mayor posibilidad  de conocimiento de lo que se puede hacer y de los recursos disponibles. Quizás con la vorágine de lo que va pasando día a día con los cambios que se van haciendo y estos nuevos recursos que se van abriendo sería importante mantener actualizados esos recursos de la línea 144, que no sean recursos paralelos sino que puedan confluir todos en ampliar y mejorar la información que se le pueda dar a cada mujer que llama desde cualquier punto del país. A veces se abren recursos tan rápido en la urgencia que sería importante que todo este tipo de nuevas líneas y nuevos servicios sean informadas a la 144 para que no dependa de la mujer que conoció un teléfono o el otro sino que cualquiera pueda contar con la mayor cantidad de información posible. En esto la cercanía te da mejor oportunidad de saber qué funciona, qué no, qué respuesta brinda cada una. Sería importante que eso sea información a la que tengan acceso actualizado en la 144.

Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra las violencias por motivos de género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación.

La Línea 144 ofrece orientación, contención, articulación y seguimiento de casos y consultas ante situaciones de violencia por motivos de género. Es importante destacar que ante una situación de urgencia y riesgo inminente el canal de comunicación es el 911. La Línea 144 es un dispositivo federal y coordina acciones en conjunto con las áreas de género y diversidad de los gobiernos municipales y provinciales, con los diferentes poderes judiciales provinciales y con organizaciones de la sociedad civil a fin de articular recursos y herramientas que garanticen el abordaje integral de las violencias en el marco de la emergencia sanitaria. Por su parte varias provincias y municipios sumaron sus propias líneas locales de asistencia y contención que se complementan y no excluyen el alcance de la Línea 144.

Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias de género del ministerio de las Mujeres bonaerense

Hay municipios que tienen servicios propios: a los servicios de llamadas que tienen otra característica le suman el de violencia de género y están instalados en la comunidad. Es parte de las autonomías municipales, hay lugares donde el 144 y 911 llegan bien y otros distritos que por cuestiones de distancia prefieren tener sus propios servicios, y funciona. Tiene que haber complementariedad. 

Sabrina Calandrón, Subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de Nación

La línea 144 depende del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de la ministra Gómez Alcorta. Sé que están haciendo un trabajo para fortalecer el acceso a sistemas de denuncia y consultas, es un ministerio nuevo que tiene grandes desafíos por delante.

Femicidios y Estado: Las respuestas que faltan

¿Es posible abrir tribunales de género de emergencia para atender en contexto de aislamiento las denuncias por violencia? ¿Podrían crearse tribunales que en particular resuelvan casos de femicidios?

Marcela Losardo

Lo importante es sensibilizar y capacitar al Poder Judicial, a las Fuerzas de Seguridad, a los efectores de la salud y a todos los actores con responsabilidad en la asistencia y la protección de las víctimas de violencias de género, para que sus intervenciones sean contenedoras, efectivas y no revictimizantes. El Ministerio de Justicia está absolutamente comprometido con esta tarea. Desde el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, del que depende la Línea 137, se brinda capacitación en la temática, con perspectiva de género y derechos humanos, a miembros de las Fuerzas de Seguridad, del Poder Judicial, de organismos públicos y de entidades de la sociedad civil. Los equipos de profesionales del Programa dictan una materia obligatoria de la currícula de las escuelas de la Policía Federal: Introducción al Conocimiento, Abordaje y Prevención de las Violencias.

Norma Durango

La creación de tribunales es una competencia del Poder Legislativo nacional y provincial por lo que es un proceso lento sobre todo en este momento que además requeriría nombramiento de jueces a través del Consejo de la Magistratura, y su aceptación. No es posible desde el Senado ahora,  no creo que en este momento sea una medida rápida de tomar. Creo que en este momento lo que tiene que estar trabajando son las fiscalías de género. De hecho en La Pampa a pesar de haber feria las fiscalías están trabajando y recibiendo todas las denuncias. En todo el país sería recomendable que cada juzgado cuente con un fuero específico vinculado a casos de violencia de género.

Raquel Asensio

Nosotros lo impulsamos. No tenemos un proyecto de ley ni una cosa modelo pero sí creemos que las respuestas actuales que en algunas partes  van al fuero de familia, en otras al fuero penal, y en la Ciudad de Buenos Aires además tienen la jurisdicción propia (y si tenes un problema habitacional tenes que ir a otro lado a pedir un subsidio de vivienda). Es toda una fragmentación de un conflicto que es único que se lo traducimos a la mujer en varias causas judiciales civiles o penales a donde intervienen múltiples actores, con distintos abogados y fiscales y defensores de menores y oficinas de atención a víctimas y juzgados. Esto hace no solamente una práctica de revictimización a la mujer que tiene que ir recorriendo de manera fragmentada todas estas oficinas, sino también una pérdida de vista de la dimensión total que adquiere la violencia de género en estos casos. Y creemos que básicamente este diseño judicial está hecho para las necesidades masculinas. Cuando se pensó cómo es la organización judicial y la distribución de distintos fueros no estaban pensando en las necesidades de las mujeres. Entonces se están tratando de aggiornar los mecanismos para llevar adelante situaciones de violencia de género que antes se accedía de forma muy marginal a la justicia y que cada vez se denuncian más, se trata de adecuar a un mecanismo que no fue pensado para esto. Y pensamos que los juzgados de violencia pueden recoger mejor cuáles son esas necesidades y esas violencias de las mujeres. Después están las discusiones que son la letra chica sobre las que no tenemos una posición tomada ni unificada, sabiendo que la justicia actual no ha sabido responder a las necesidades de las mujeres. 

Josefina Kelly Neila

La creación de tribunales requiere de una reforma legal que debe debatir y aprobar el Poder Legislativo de la Nación. En el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se intensificaron las vías de articulación y coordinación con los organismos y autoridades del Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales provinciales para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por motivos de género. En particular, se solicitó la prórroga automática de las medidas de protección judiciales que vencían durante la cuarenta. Si una persona se encuentra con la situación de que en alguna comisaría o fiscalía no le quieren tomar la denuncia o no sabe dónde recurrir, puede comunicarse con Línea 144 y se le brindarán los datos actualizados sobre los lugares disponibles para que pueda hacerlo. Además, se convocó especialmente a una reunión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y equipo, a representantes de la Oficina de la Mujer y Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación y representantes del Ministerio Público de la Defensa para evaluar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial la situación del acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencias por motivos de género en el contexto de la emergencia sanitaria. Se acordó promover medidas para ampliar las bocas de recepción de denuncias, coordinar con los equipos la toma de denuncia en los hogares, comunicar las medidas en el marco de la emergencia a procuradores y fiscales federales, entre otros temas relevantes.

Flavia Delmas

Es algo que se está discutiendo. En realidad lo que tendría que haber en este momento, y en eso estamos trabajando, es un rapidísimo acceso a la justicia que es lo que no está aconteciendo. Lo que vemos ahora es que las mujeres no están accediendo a los diferentes espacios para hacer denuncias, que las vías no están siendo efectivas y lo que se está haciendo es crear canales para que sean efectivas. Lo que necesitamos es resolución rápida de medidas. 

Sabrina Calandrón

Estos temas son competencia de otras reparticiones y funciones del Estado. Establecer cambios en la estructura del Poder Judicial requiere un profundo análisis y la evaluación de varios factores. Esta no es responsabilidad del Ministerio de Seguridad que, por supuesto, actúa colaborando y atendiendo las disposiciones e investigaciones judiciales cada vez que se lo requiere.

Femicidios y Estado: Las respuestas que faltan

¿De cuánto debería ser el presupuesto por mujer para aplicar la ley 26.485 de Protección integral de las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia?

Marcela Losardo

La ministra no respondió la pregunta por considerar que estaba fuera de su competencia.

Norma Durango

El presupuesto debe ser tan grande como sea posible para lo que se necesita. Ese es el horizonte deseado. Tanto el presupuesto nacional como los provinciales deben tener perspectiva de género y cuando digo eso, digo que todos los ministerios deben tener esta mirada para actuar no solamente en estos casos sino en todos, dándole importancia a todo lo inherente a las mujeres, desde el salario igualitario, las ayudas y la asistencia, hasta las situaciones de violencia. Por último, recordar que son premisas básicas en violencia de género, la necesidad que haya una articulación entre Seguridad- Justicia- Educación – Trabajo, un abordaje integral del tema, que trabaje sobre la prevención.

Raquel Asensio

La funcionaria no respondió la pregunta por considerar que estaba fuera de su competencia.

Josefina Kelly Neila

Pensar en la inversión del Estado en términos de un valor exacto por mujer no es un ejercicio que consideremos útil ni necesario, porque generalmente cuando se hace ese cálculo, se divide el presupuesto asignado al mecanismo para el adelanto de los derechos de las mujeres por la totalidad de las mujeres del país y esto implica desconocer que las políticas de género son transversales a todas las áreas del Estado. Lo que invierte el Estado en materia de género y derechos de las mujeres y personas LGBTI+ es mucho más que el presupuesto que asigna a un ministerio específico. De hecho, las políticas educativas, laborales, culturales e incluso ambientales tienen impacto en materia de género. Si solo se considera el presupuesto destinado a políticas contra las violencias de un organismo, se evalúa una fotografía recortada e incompleta. Trabajar en políticas sanitarias, laborales, educativas y económicas, entre otras, impacta directamente en la reducción de las violencias porque atacan su matriz cultural, que es la desigualdad. Es decir, para poder pensar en un número exacto por mujer, lo que habría que analizar es toda la inversión que todos los organismos hacen en incorporar perspectiva de género a las decisiones que toman y a los programas que implementan. Por otro lado, y a sabiendas de la situación presupuestaria, fiscal y en términos de deuda pública en la que la actual gestión de gobierno asumió, que incluso no le permitió aprobar aún el presupuesto 2020, no resulta posible hacer ese análisis de manera responsable.

Flavia Delmas

No se puede tomar el presupuesto para la protección integral por mujer porque lo fraccionás de una manera que no es real y tenés que pensarlo de manera real porque para hacer políticas contra la violencia necesitás que haya políticas para el empleo, políticas de vivienda, políticas para la autonomía, políticas de educación, políticas de prevención. Hay que pensar en un presupuesto transversalizado por el género, eso es fundamental, y pensar, lo que veníamos haciendo hasta que llegó el coronavirus, que la planificación en el área de políticas contra las violencias es una planificación integral que va desde la prevención, la asistencia, la atención y la salida de la violencia, en eso están los ministerios específicos y todas las demás áreas del gobierno, por eso es tan importante el tema de la transversalización: el presupuesto creo que hay que verlo de ese lugar. 

Sabrina Calandrón

El presupuesto debe ser uno acorde a la necesidad de tratamiento integral de la violencia por razones de género y que permita dar respuestas concretas a las personas que se encuentran en esa situación. En la actualidad contamos, como nunca antes, con una estructura ministerial dispuesta para la ejecución de esta ley, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. La inversión presupuestaria es visible y eso habla de la importancia que tiene para el Presidente este tema. Además, otros ministerios y entidades estatales también tienen responsabilidades en la ejecución de esa ley, con lo cual también hay allí una apuesta presupuestaria importante para encontrar soluciones.

Femicidios y Estado: Las respuestas que faltan

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Lucía Pérez: la lucha para que al femicida Matías Farías no le bajen la condena

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(por Evangelina Bucari desde Mar del Plata, para lavaca)

Casi una década después del crimen que conmocionó a la Argentina y dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres, el caso de Lucía Pérez enfrenta un nuevo capítulo judicial y otra instancia de revictimización para su familia, que ya atravesó todo tipo de maltratos en la búsqueda de justicia por el narcofemicidio de su hija de tan solo 16 años. (Foto de portada, Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía, junto al abogado Juan Pablo Gallego)

En los tribunales de la calle Almirante Brown, en Mar del Plata, se lleva adelante una audiencia de cesura, un proceso de dos jornadas para determinar una nueva pena para Matías Farías, condenado por femicidio pero beneficiado el año pasado por un polémico cambio de carátula que hora le permitirá recibir una sentencia significativamente más baja que la prisión perpetua que cumplía.  

Tras un primer día (el miércoles 29 de abril) marcado por las declaraciones testimoniales que buscaron trazar el perfil del condenado y el impacto del crimen, la segunda jornada estará centrada en los alegatos finales de las partes.

El eje de la controversia radica en un fallo de 2025 de María Florencia Budiño y Víctor Violini, integrantes del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, quienes resolvieron que el asesinato de Lucía no constituyó un femicidio, sino un “abuso sexual agravado”.

Esta reconfiguración del delito tiene consecuencias directas en la condena: mientras que el femicidio conlleva prisión perpetua, la nueva carátula reduce el rango de la pena a un espectro de entre 8 y 20 años de prisión.

La querella, encabezada por el abogado Juan Pablo Gallego, adelantó que tanto la fiscalía como ellos pedirán la pena máxima posible. Sin embargo, aclaró que también plantearán una vía alternativa: “De manera subsidiaria, vamos a sostener la figura de femicidio, porque entendemos que la orden de Casación ha quedado abstracta”.

Sobre lo ocurrido en la primera jornada, el abogado destacó que “solo declararon los padres de Lucía”, y que Marta Montero, la madre, “tuvo una posición muy categórica, responsabilizando al Estado por el daño que viene padeciendo la familia”.

Gallego también cuestionó con dureza a la defensa: “Presentaron dos testigos falsos que terminaron en un papelón, en un contexto de muchísimo agravio hacia la víctima”. Pese a ese escenario, aseguró que la querella se retiró conforme con el desarrollo de la audiencia y con expectativas de cara a los alegatos finales.

En medio de esta tensión, la causa sumó otro giro relevante. Juan Pablo Offidani, condenado como partícipe secundario, vio revocada su libertad condicional hace apenas unos días. La Cámara de Apelación y Garantías hizo lugar al recurso del fiscal y la familia, y determinó que no se cumplían las condiciones para su excarcelación.

Offidani, quien inicialmente había sido beneficiado con la libertad tras pasar nueve años detenido, ahora deberá someterse a un régimen de semilibertad estrictamente supervisado, con salidas diurnas limitadas y la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la familia Pérez Montero.

Lucía Pérez: la lucha para que al femicida Matías Farías no le bajen la condena

En la puerta del juzgado, familiares y manifestantes con el abogado Juan Pablo Gallego, que explica:“Estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.

Ni un paso atrás  

La defensa de la familia Pérez Montero advirtió que si el tribunal local no convalida la gravedad del crimen y el perfil peligroso del condenado, recurrirán a la Corte Suprema o incluso a instancias de justicia internacional.

En cuanto a los fundamentos del fallo que modificó la calificación del caso, Gallego fue contundente: “En casi todos los párrafos, la propia Casación reconoce que se trata de un delito en un contexto de violencia de género, por lo que no se entiende el motivo de haber descartado el femicidio”.

En esa línea, vinculó la decisión con una coyuntura política específica: “En ese momento –señaló– se hablaba de eliminar la figura del Código Penal, cosa que finalmente no ocurrió”. De todos modos, se mostró confiado en que esa interpretación pueda revertirse.

Fue enfático en afirmar que desde la familia “no vienen a inventar una verdad”, sino a mostrar que los hechos probados encajan perfectamente en la figura que intentó “borrar” la Cámara de Casación. “En la audiencia de cesura volvió a quedar acreditado, como en todas las resoluciones y los juicios, que inequívocamente existió femicidio”, remarcó el abogado. Por eso, consideró que “estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.

Marta, que desde el día uno no dejó de luchar por su hija y “por todas las Lucías”, tiene una pregunta muy sencilla para hacerle a la justicia: “Si lo que le hicieron a Lucía no es femicidio, ¿entonces qué es?”.

Cronología de 10 años de impunidad y lucha

2016: Lucía es drogada, violada y asesinada el 8 de octubre. Las pericias forenses confirmaron que la última penetración anal infligida a Lucía ocurrió mientras ella agonizaba. Tenía rastros de drogas en su sangre.

2018: un primer juicio «misógino» absuelve a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los tres implicados en la violación y el femicidio de Lucía, condenándolos solo por venta de drogas.

2020: Casación anula ese juicio por contener «intolerables prejuicios de género».

2023: en un segundo juicio, Farías es condenado a perpetua por femicidio. Y Juan Pablo Offidani recibió la pena de 15 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes, y Alejandro Maciel, no recibió condena porque había fallecido en 2020.

2025: Un nuevo fallo de Casación “borra” el femicidio, e impone una audiencia de cesura para revisar la condena de Farías.

29 y 30 de abril de 2026: se desarrolla la audiencia de cesura.

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Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

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Por Bernardina Rosini para lavaca.org

Desde Córdoba

Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.

Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.

Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».

Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».

Un cuerpo desaparecido

La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».

Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.

La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.

Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».

Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

¿Quién mató a Cecilia?

Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.

Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:

  • Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
  • Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
  • Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
  • Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.

La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.

Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”

Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.

La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.

Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

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Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.  

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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