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Femicidios y Estado: Las respuestas que faltan

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Tres preguntas surgidas de experiencias con familiares de víctimas, respondidas por funcionarias y referentes, desde la Ministra de Justicia de la Nación hasta el Ministerio de Mujeres y de Seguridad. La diferencia entre las respuestas devela la preocupación por el tema, pero también la falta de una política unificada. Por Anabella Arrascaeta y Lucrecia Raimondi.

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¿Se podría municipalizar la atención de la línea 144 o crearse nuevas líneas municipales específicas para dar respuesta a una mujer que está en emergencia por violencia?

Marcela Losardo, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El Ministerio de Justicia cuenta con una importante herramienta para desarrollar esta tarea. Desde la línea 137 se atiende a víctimas de violencia sexual y familiar, de explotación sexual y comercial infantil, de grooming y de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Esta línea, que funciona desde el año 2006, es atendida por un equipo interdisciplinario formado por profesionales de la psicología, la abogacía y el trabajo social, profesionales comprometidas y con una extensa experiencia. La línea 137 tiene alcance nacional y atiende las 24 horas durante todo el año. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con Equipos Móviles que, ante situaciones de urgencia, se desplazan junto a personal policial hasta el lugar en que la víctima se encuentre en riesgo inminente. En estos casos el equipo de profesionales la asiste a los fines de radicar la denuncia, y ante una violación o de presentarse lesiones, la acompaña al servicio público de salud para que reciba la atención y la medicación necesarias  de manera gratuita. Además, si se evaluara necesaria una intervención más allá de la urgencia, el caso se deriva a área de seguimiento. Tal como funcionan en el ámbito de CABA, los Equipos Móviles se han replicado con recursos locales en las ciudades de Resistencia (Chaco), y Posadas, Oberá y Eldorado (Misiones). Cuando llegan llamadas desde otras localidades del país, el equipo de profesionales articula su escucha con los recursos locales cercanos destinados a la asistencia y la protección de las víctimas. Uno de los objetivos de esta gestión es la progresiva federalización de la intervención de la Línea 137.

Norma Durango, Senadora por la Pampa, Presidenta de la Comisión Banca de la Mujer.

No sé si municipalizar la 144, tal vez sumar nuevas líneas locales, que sobre todos en los lugares más chicos ayuden con más rapidez en poblaciones más pequeñas, como por ejemplo las de La Pampa, donde el teléfono de la municipalidad, de la policía, de la oficina de la mujer suele ser siempre muy directo en la celeridad de la ayuda y la gente, no sé si la víctima, pero sí quienes la acompañan para ayudarla, saben que existen esas vías y cómo pedir auxilio.

Raquel Asensio, secretaria de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.

La importancia de esta línea es que un número único es muy fácil de incorporar, de conocer, y que se tiene información unificada entonces es un aporte muy valioso el que se puede dar desde la línea 144. Esta misma línea tiene operadores locales y esto no quita que efectivamente hay otros servicios que están municipalizados. La mayor cercanía siempre te da mayor posibilidad  de conocimiento de lo que se puede hacer y de los recursos disponibles. Quizás con la vorágine de lo que va pasando día a día con los cambios que se van haciendo y estos nuevos recursos que se van abriendo sería importante mantener actualizados esos recursos de la línea 144, que no sean recursos paralelos sino que puedan confluir todos en ampliar y mejorar la información que se le pueda dar a cada mujer que llama desde cualquier punto del país. A veces se abren recursos tan rápido en la urgencia que sería importante que todo este tipo de nuevas líneas y nuevos servicios sean informadas a la 144 para que no dependa de la mujer que conoció un teléfono o el otro sino que cualquiera pueda contar con la mayor cantidad de información posible. En esto la cercanía te da mejor oportunidad de saber qué funciona, qué no, qué respuesta brinda cada una. Sería importante que eso sea información a la que tengan acceso actualizado en la 144.

Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra las violencias por motivos de género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación.

La Línea 144 ofrece orientación, contención, articulación y seguimiento de casos y consultas ante situaciones de violencia por motivos de género. Es importante destacar que ante una situación de urgencia y riesgo inminente el canal de comunicación es el 911. La Línea 144 es un dispositivo federal y coordina acciones en conjunto con las áreas de género y diversidad de los gobiernos municipales y provinciales, con los diferentes poderes judiciales provinciales y con organizaciones de la sociedad civil a fin de articular recursos y herramientas que garanticen el abordaje integral de las violencias en el marco de la emergencia sanitaria. Por su parte varias provincias y municipios sumaron sus propias líneas locales de asistencia y contención que se complementan y no excluyen el alcance de la Línea 144.

Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias de género del ministerio de las Mujeres bonaerense

Hay municipios que tienen servicios propios: a los servicios de llamadas que tienen otra característica le suman el de violencia de género y están instalados en la comunidad. Es parte de las autonomías municipales, hay lugares donde el 144 y 911 llegan bien y otros distritos que por cuestiones de distancia prefieren tener sus propios servicios, y funciona. Tiene que haber complementariedad. 

Sabrina Calandrón, Subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de Nación

La línea 144 depende del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de la ministra Gómez Alcorta. Sé que están haciendo un trabajo para fortalecer el acceso a sistemas de denuncia y consultas, es un ministerio nuevo que tiene grandes desafíos por delante.

Femicidios y Estado: Las respuestas que faltan

¿Es posible abrir tribunales de género de emergencia para atender en contexto de aislamiento las denuncias por violencia? ¿Podrían crearse tribunales que en particular resuelvan casos de femicidios?

Marcela Losardo

Lo importante es sensibilizar y capacitar al Poder Judicial, a las Fuerzas de Seguridad, a los efectores de la salud y a todos los actores con responsabilidad en la asistencia y la protección de las víctimas de violencias de género, para que sus intervenciones sean contenedoras, efectivas y no revictimizantes. El Ministerio de Justicia está absolutamente comprometido con esta tarea. Desde el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, del que depende la Línea 137, se brinda capacitación en la temática, con perspectiva de género y derechos humanos, a miembros de las Fuerzas de Seguridad, del Poder Judicial, de organismos públicos y de entidades de la sociedad civil. Los equipos de profesionales del Programa dictan una materia obligatoria de la currícula de las escuelas de la Policía Federal: Introducción al Conocimiento, Abordaje y Prevención de las Violencias.

Norma Durango

La creación de tribunales es una competencia del Poder Legislativo nacional y provincial por lo que es un proceso lento sobre todo en este momento que además requeriría nombramiento de jueces a través del Consejo de la Magistratura, y su aceptación. No es posible desde el Senado ahora,  no creo que en este momento sea una medida rápida de tomar. Creo que en este momento lo que tiene que estar trabajando son las fiscalías de género. De hecho en La Pampa a pesar de haber feria las fiscalías están trabajando y recibiendo todas las denuncias. En todo el país sería recomendable que cada juzgado cuente con un fuero específico vinculado a casos de violencia de género.

Raquel Asensio

Nosotros lo impulsamos. No tenemos un proyecto de ley ni una cosa modelo pero sí creemos que las respuestas actuales que en algunas partes  van al fuero de familia, en otras al fuero penal, y en la Ciudad de Buenos Aires además tienen la jurisdicción propia (y si tenes un problema habitacional tenes que ir a otro lado a pedir un subsidio de vivienda). Es toda una fragmentación de un conflicto que es único que se lo traducimos a la mujer en varias causas judiciales civiles o penales a donde intervienen múltiples actores, con distintos abogados y fiscales y defensores de menores y oficinas de atención a víctimas y juzgados. Esto hace no solamente una práctica de revictimización a la mujer que tiene que ir recorriendo de manera fragmentada todas estas oficinas, sino también una pérdida de vista de la dimensión total que adquiere la violencia de género en estos casos. Y creemos que básicamente este diseño judicial está hecho para las necesidades masculinas. Cuando se pensó cómo es la organización judicial y la distribución de distintos fueros no estaban pensando en las necesidades de las mujeres. Entonces se están tratando de aggiornar los mecanismos para llevar adelante situaciones de violencia de género que antes se accedía de forma muy marginal a la justicia y que cada vez se denuncian más, se trata de adecuar a un mecanismo que no fue pensado para esto. Y pensamos que los juzgados de violencia pueden recoger mejor cuáles son esas necesidades y esas violencias de las mujeres. Después están las discusiones que son la letra chica sobre las que no tenemos una posición tomada ni unificada, sabiendo que la justicia actual no ha sabido responder a las necesidades de las mujeres. 

Josefina Kelly Neila

La creación de tribunales requiere de una reforma legal que debe debatir y aprobar el Poder Legislativo de la Nación. En el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se intensificaron las vías de articulación y coordinación con los organismos y autoridades del Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales provinciales para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por motivos de género. En particular, se solicitó la prórroga automática de las medidas de protección judiciales que vencían durante la cuarenta. Si una persona se encuentra con la situación de que en alguna comisaría o fiscalía no le quieren tomar la denuncia o no sabe dónde recurrir, puede comunicarse con Línea 144 y se le brindarán los datos actualizados sobre los lugares disponibles para que pueda hacerlo. Además, se convocó especialmente a una reunión con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y equipo, a representantes de la Oficina de la Mujer y Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación y representantes del Ministerio Público de la Defensa para evaluar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial la situación del acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencias por motivos de género en el contexto de la emergencia sanitaria. Se acordó promover medidas para ampliar las bocas de recepción de denuncias, coordinar con los equipos la toma de denuncia en los hogares, comunicar las medidas en el marco de la emergencia a procuradores y fiscales federales, entre otros temas relevantes.

Flavia Delmas

Es algo que se está discutiendo. En realidad lo que tendría que haber en este momento, y en eso estamos trabajando, es un rapidísimo acceso a la justicia que es lo que no está aconteciendo. Lo que vemos ahora es que las mujeres no están accediendo a los diferentes espacios para hacer denuncias, que las vías no están siendo efectivas y lo que se está haciendo es crear canales para que sean efectivas. Lo que necesitamos es resolución rápida de medidas. 

Sabrina Calandrón

Estos temas son competencia de otras reparticiones y funciones del Estado. Establecer cambios en la estructura del Poder Judicial requiere un profundo análisis y la evaluación de varios factores. Esta no es responsabilidad del Ministerio de Seguridad que, por supuesto, actúa colaborando y atendiendo las disposiciones e investigaciones judiciales cada vez que se lo requiere.

Femicidios y Estado: Las respuestas que faltan

¿De cuánto debería ser el presupuesto por mujer para aplicar la ley 26.485 de Protección integral de las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia?

Marcela Losardo

La ministra no respondió la pregunta por considerar que estaba fuera de su competencia.

Norma Durango

El presupuesto debe ser tan grande como sea posible para lo que se necesita. Ese es el horizonte deseado. Tanto el presupuesto nacional como los provinciales deben tener perspectiva de género y cuando digo eso, digo que todos los ministerios deben tener esta mirada para actuar no solamente en estos casos sino en todos, dándole importancia a todo lo inherente a las mujeres, desde el salario igualitario, las ayudas y la asistencia, hasta las situaciones de violencia. Por último, recordar que son premisas básicas en violencia de género, la necesidad que haya una articulación entre Seguridad- Justicia- Educación – Trabajo, un abordaje integral del tema, que trabaje sobre la prevención.

Raquel Asensio

La funcionaria no respondió la pregunta por considerar que estaba fuera de su competencia.

Josefina Kelly Neila

Pensar en la inversión del Estado en términos de un valor exacto por mujer no es un ejercicio que consideremos útil ni necesario, porque generalmente cuando se hace ese cálculo, se divide el presupuesto asignado al mecanismo para el adelanto de los derechos de las mujeres por la totalidad de las mujeres del país y esto implica desconocer que las políticas de género son transversales a todas las áreas del Estado. Lo que invierte el Estado en materia de género y derechos de las mujeres y personas LGBTI+ es mucho más que el presupuesto que asigna a un ministerio específico. De hecho, las políticas educativas, laborales, culturales e incluso ambientales tienen impacto en materia de género. Si solo se considera el presupuesto destinado a políticas contra las violencias de un organismo, se evalúa una fotografía recortada e incompleta. Trabajar en políticas sanitarias, laborales, educativas y económicas, entre otras, impacta directamente en la reducción de las violencias porque atacan su matriz cultural, que es la desigualdad. Es decir, para poder pensar en un número exacto por mujer, lo que habría que analizar es toda la inversión que todos los organismos hacen en incorporar perspectiva de género a las decisiones que toman y a los programas que implementan. Por otro lado, y a sabiendas de la situación presupuestaria, fiscal y en términos de deuda pública en la que la actual gestión de gobierno asumió, que incluso no le permitió aprobar aún el presupuesto 2020, no resulta posible hacer ese análisis de manera responsable.

Flavia Delmas

No se puede tomar el presupuesto para la protección integral por mujer porque lo fraccionás de una manera que no es real y tenés que pensarlo de manera real porque para hacer políticas contra la violencia necesitás que haya políticas para el empleo, políticas de vivienda, políticas para la autonomía, políticas de educación, políticas de prevención. Hay que pensar en un presupuesto transversalizado por el género, eso es fundamental, y pensar, lo que veníamos haciendo hasta que llegó el coronavirus, que la planificación en el área de políticas contra las violencias es una planificación integral que va desde la prevención, la asistencia, la atención y la salida de la violencia, en eso están los ministerios específicos y todas las demás áreas del gobierno, por eso es tan importante el tema de la transversalización: el presupuesto creo que hay que verlo de ese lugar. 

Sabrina Calandrón

El presupuesto debe ser uno acorde a la necesidad de tratamiento integral de la violencia por razones de género y que permita dar respuestas concretas a las personas que se encuentran en esa situación. En la actualidad contamos, como nunca antes, con una estructura ministerial dispuesta para la ejecución de esta ley, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. La inversión presupuestaria es visible y eso habla de la importancia que tiene para el Presidente este tema. Además, otros ministerios y entidades estatales también tienen responsabilidades en la ejecución de esa ley, con lo cual también hay allí una apuesta presupuestaria importante para encontrar soluciones.

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El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

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Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.  

Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.

Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.

Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?

Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.

Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.

Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.

Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.    

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

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A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

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El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.

Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.

En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.

3J federal

Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.

La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.

En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.

También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.

“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.

En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.

María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.

Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.

La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.

En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.

En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.

Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.

4J en la Ciudad

Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a  movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.

En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.

Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.

Femicidios en la mira  

En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.

¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.

Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.

Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:

  • a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
  • Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
  • Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
  • En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.

El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.

El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.

“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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