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La máquina femicida

Publicada

hace 9 años

21/10/2015

Cuatro casos que revelan cómo actúan la justicia y el Estado antes y después de un acto de violencia contra la mujer. Criterios, trámites y programas que no funcionan.

La máquina femicida

1 Bajo riesgo

Dieciocho días y 74 puñaladas antes de morir, Claudia Schaefer denunció a su esposo Fernando Farré en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era la primera vez que Schaefer -44 años, trabajadora en Bodegas Salentein, tres hijos con Farré, departamento en Palermo, casa alquilada en el country Martindale de Pilar- hacía una denuncia. El 3 de agosto acudió acompañada de su abogado de divorcio, José Cárdenas, y dejó constancia de la violencia sufrida con un relato estremecedor: “Fue en mi casa, terminábamos de cenar, yo jugaba con los chicos en la Play. Fernando había estado buscando durante el día motivos de discusión. Se puso a hablar con los chicos, les dijo: ‘ustedes saben que su mamá quiere separarse, esta casa la compramos con mi trabajo y dinero de mi familia, y ahora su mamá se quiere separar y romper la familia’. (…) Agarré mi teléfono y le dije que iba a grabar la conversación para que todos escuchen su forma de expresarse conmigo y con los chicos. Cuando vio el teléfono se me vino encima para sacármelo, me agarró del pelo y me tiró sobre un sillón. Me puso una rodilla en la cara para que me quedara quieta. No me podía mover. Gritaba pidiendo ayuda, los chicos estaban ahí”.

Tres especialistas del equipo interdisciplinario de la OVD escucharon a Claudia y redactaron el legajo 6503/2015, que incluía un informe de situación de riesgo:

Verónica Aumann, psicóloga.

Lidia Vega, trabajadora social.

Elvira Delbono, abogada.

El informe de riesgo concluía: “Teniendo en cuenta el relato de la Sra. Schaefer se evalúa que esta situación se encuadraría dentro de la problemática de una conflictiva de pareja, con episodios de agresiones verbales, agravadas en la actualidad por la pérdida laboral del Sr. Farré. Al momento de la presente entrevista y considerando lo impredecible de las conductas humanas futuras, se valora dicha situación como de BAJO RIESGO”.

En mayúsculas y negritas.

Analía Monferrer, secretaria letrada de la Corte Suprema a cargo de la OVD, dice a MU que no pueden hablar de casos concretos por el “deber de confidencialidad”, pero indica que hay varios niveles de riesgo: bajo, medio, alto, altísimo. Explica que hay diversos indicadores para distinguirlos: agresor con armas, episodios de violencia sistemáticos o esporádicos, niños presentes, denuncias anteriores, etc. “Riesgo bajo no significa que no se necesiten medidas de protección. De hecho, en casos de riesgo alto, ha pasado que los jueces tampoco han dictado medidas. Si bien la actuación judicial en muchos casos ha sido oportuna porque se dictaron medidas de protección, no han sido suficientes. Antes de la Oficina la crítica era que el Poder Judicial no respondía, ahora es que no es suficiente”.

Sin poder hablar sobre casos concretos, la pregunta intenta no ser abstracta: ¿qué piensa frente a una situación con tirón de pelos, empujones y rodillas en la cara, frente a los hijos? Monferrer: “Para eso hay diferentes indicadores. Por ejemplo: vos podés ver la foto de una mujer totalmente lesionada, con la cara deformada, y decir que fue terrible lo que le hicieron. Pero si esas lesiones se curan en menos de un mes, son lesiones leves. Por eso hay que hacer un análisis de todo el caso y sus antecedentes, no solo el hecho puntual relatado. Esta situación que describís puede ser, en un contexto determinado, riesgo bajo. En otro, puede ser riesgo alto. Otra situación: el agresor la golpeó muy grave, pero no en la cara. Eso puede determinar un nivel de riesgo que dice que el agresor todavía tiene algún límite que hace que esta persona no exceda el nivel de violencia para que otros no se den cuenta de las agresiones. Ahora, una vez que los golpes pasan al rostro, ya son visibles para cualquiera. Eso puede aumentar el riesgo porque quiere decir que no hay ya ni un estímulo externo que pueda frenarlo”.

¿Cuál fue el límite Farré? 52 años, egresado de la UCA, máster en Estados Unidos, cargos destacados en Coca Cola, L´Oréal y AVON, fotografías con Paris Hilton, Kate Moss y David Bowie, había sido despedido de la multinacional de belleza Coty.

La denuncia presentada ante la OVD siguió su curso en el Juzgado Civil N°106, que decidió su exclusión del hogar y una orden de restricción de 300 metros, ambas con vigencia hasta la audiencia fijada para el 14 de agosto. A Schaefer le otorgó el botón antipánico. En la audiencia, Schaefer y Farré acordaron la “no convivencia” y un régimen para sus hijos. El Juzgado fijó el 19 de agosto como fecha para que Farré retirara sus pertenencias. Para Schaefer, la cita fue el 21 de agosto a las 11 en el country Martindale de Pilar.

Schaefer llegó junto al abogado Carlos Quirno a las 11.10. Farré ya estaba en el country junto a su abogada Andrea Frencia, y su madre Nenina Castro. “Cuando saludé a la señora, me di vuelta y la vi a Claudia avanzar con la valija hacia adentro de la casa. Fue la última vez que la vi viva”. Los abogados se retiraron para hablar sobre el trámite de divorcio. “Habremos hablado no más de 30 segundos y ahí empezamos a oír gritos muy difíciles de identificar. Nos pareció que venían de otra casa”. Eran los gritos de Schaefer. Quirno dijo que rompió la ventana de la habitación para ver qué estaba ocurriendo. Ambos vieron la cara de Farré desencajada mientras la apuñalaba una y otra vez. “Nos miró y siguió”, declaró Quirno. Frencia se sacó los zapatos y salió corriendo del susto. Quirno llamó al 911 a las 11.24.

14 minutos.

Es el tiempo que transcurrió entre que llegó y la mataron. Schaefer, que dieciocho días y 74 puñaladas antes se había ido de una oficina de la Corte Suprema con un diagnóstico de “bajo riesgo”, murió dentro de un vestidor.

2 El costo de las pericias

El vestidor de Melina Romero era la habitación en su casa en Martín Coronado, localidad del municipio bonaerense de Tres de Febrero. Allí se cambió la noche del 23 de agosto de 2014 cuando su mamá la vio por última vez con vida. Salió a festejar su cumpleaños número 17 al boliche Chankanab, en el partido bonaerense de San Martín, y nunca regresó. Su cuerpo apareció el 23 de septiembre en los basurales de José León Suárez. Fue brutalmente asesinada. La buscaba la policía, la encontraron dos mujeres cartoneras, integrantes de un movimiento social.

A más de un año del femicidio no hay ningún detenido en la causa. Hay tres mayores imputados: el pai César Sánchez (46), Joel Fernández (19), alias Chavito, y Elías Fernández (21). También un adolescente de 16 años cuya identidad está reservada. Todos están en libertad. Ana María, madre de Melina, tiene un patrullero custodiando su casa las 24 horas del día: los acusados viven en el barrio. La mayoría fueron señalados por una joven de 17 años, amiga de Melina y principal testigo en la causa: contó cómo los varones violaron y asesinaron a la adolescente.

El expediente lo tramita la fiscal María Fernanda Billone, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín. El abogado Marcelo Biondi puntualiza: “La pericia toxicológica nos demoró la causa un año por falta de reactivos”. Los reactivos son las sustancias con las que se procesa las muestras recogidas y se las analiza en los laboratorios (La Plata, en este caso). Ana María: “Si mi hija hubiera sido la hija de un juez o un fiscal, los reactivos aparecen al otro día”. Las pericias se hicieron finalmente en el Cuerpo Médico Forense de la Nación, luego de un trámite engorroso. “No es lo mismo hacer una pericia al mes de la aparición del cuerpo que hacerla al año”, advierte Biondi. La causa incorporó la autopsia y las declaraciones de los forenses recién en agosto pasado. Observaron un “infarto agudo de miocardio” como causal de muerte, sin poder brindar más detalles. Biondi: “La conclusión es que fue una muerte violenta”.

La demora del hallazgo del cuerpo dificultó las pericias. “No querían que el cuerpo de mi hija hablara -dice Ana María-. Cuando la vi estaba desfigurada. No tenía cara. Murió por traumatismo de cráneo, pero cuando la tiraron estaba viva”. Ana María concluye: “Ya no puedo creer más en la justicia”.

3 Prohibición de acercamiento

María Belén Morán intentó creer en la justicia cuando el 29 de julio salió de la casa de su mamá en la localidad bonaerense de Manzanares en dirección al Juzgado de Familia N°1 de Pilar para denunciar que su ex pareja, Alberto Moreno, no cumplía con la “prohibición de acercamiento” que el juzgado había ordenado por 30 días. La medida había sido dictada ocho días antes y prohibía a Moreno arrimarse a más de 500 metros. Ocho días después María Belén Morán era asesinada con 12 puñaladas en plena calle, en pleno día. En su cartera llevaba la “prohibición de acercamiento”.

El Juzgado que dictó la orden está a cargo de la jueza Raquel Conte, que ante la consulta de MU aclara: “En esa causa salió que yo había intervenido, pero no fue así. Era la feria y yo estaba de vacaciones. Intervino la doctora Sendra (Silvia Celina Sendra, del Juzgado de Familia N°2 de San Isidro)”. La orden, sin embargo, llevaba su nombre: “Salió mal el oficio. Mi secretaria no lo advirtió”.

María Belén Morán -23 años, un hijo de 4 en común con Moreno- pasó los dos días siguientes a la denuncia que empujó al dictado de la “prohibición de acercamiento” en un refugio para víctimas de violencia machista en Pilar. Ella tuvo que refugiarse. Cuando salió se fue a vivir a la casa de su madre. Un día antes del femicidio llamó a la policía porque Alberto Moreno la había amenazado en tres ocasiones. El Juzgado no previó un detalle: luego de ordenar la medida perimetral a 500 metros, Moreno se mudó a 150 metros de la casa de la mamá de Morán.

La jueza Conte responde: “Cuando la señora pidió la medida estaba viviendo en un hogar de tránsito. No nos llegó esa denuncia. Quedó en la comisaría. No teníamos conocimiento. Uno no tiene la bola de cristal. La mamá decía por televisión: ´¿Cómo no se le puso custodia policial?´. Es imposible que se le ponga custodia policial: por más que la ordenemos, la policía no la puede brindar por incapacidad de personal. Ella ni había pedido botones de pánico porque estaba realmente protegida: estaba en un hogar de tránsito. La que se la llevó fue la madre, pero es más fácil acusar a un juez que leer la causa”.

César Gérez, padrastro de Morán, dijo sobre la denuncia: “Vino el patrullero y cuando lo vieron a él lo palmearon en la espalda. Le dijeron que se quedara tranquilo”. Qué dice la jueza: “La comisaría tendría que haber dado aviso al juzgado, como cualquier caso de violencia familiar”. Moreno no se quedó tranquilo. Los amenazó. Les dijo que compraran “tres cajones”: uno para Morán, otro para su madre, otro para su hijo. La policía no actuó. “Se pudo haber evitado”, advirtió su madre, quien criticó a la Comisaría de la Mujer de Pilar porque no le tomaron la denuncia contra Moreno por las amenazas. Se la negaron porque no tenía “un parentesco” con él.

El 29 de julio a las 9:15 Morán salió de su casa hacia el juzgado para denunciar que su ex pareja violaba la orden judicial. No llegó. Moreno la abordó en la intersección de las calles Río Orinoco y Rodolfo de la Colina. Una amiga presenció todo. Gritó. Le dijo que iba a llamar a policía. Declaró: “De lejos llegué a ver cuando la agarraba de los pelos y le golpeaba la cabeza contra el piso. En ese momento corrí y le grité ´hijo de puta´”. Su amiga ya estaba agonizando: una de las lesiones fue una puñalada en la nuca de 5 centímetros de profundidad. Llamó a una ambulancia y tapó a su amiga con una tela blanca.

Qué dice la jueza Conte: “Nosotros no sabíamos que la mamá la había retirado del hogar de tránsito. Nadie nos había dicho nada: ni la policía ni la mamá ni nadie. No hay constancia en la causa. Adivinos no somos. Además hay una imposibilidad de llamar constantemente a la gente para ver dónde viven. Es ilógico pedir eso. Si no, tendría que tener un call center para que los empleados del juzgado llamen por teléfono a la gente para saber dónde están”.

4 Violencia de género

Con la llegada del Operativo Centinela al sur del conurbano bonaerense no hacen falta call centers: la propia gendarmería usa las instalaciones de un polideportivo de barrio para montar su destacamento y brindar seguridad. Allí los jóvenes van al baño, allí los gendarmes tiran los colchones para dormir y allí uno de esos gendarmes violó a una niña de 15 años amenazándola con su arma reglamentaria, mientras otros dos le hacían de campana.

La abogada Verónica Heredia intentó seguir cada uno de los pasos institucionales indicados para poder garantizar el acceso a la justicia a la niña violada. El 13 de abril acudió ante el programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue a la dirección que figuraba en la web oficial: San Martín 323, 4to piso. Cuando llegó un policía del edificio le avisó que se habían trasladado a otra dirección: Av. Costanera España 2591, 4° piso sector D. Sólo la dejaba un colectivo especial que pasa cada media hora por Paseo Colón.

Llegó.

Al final del 4° piso había una mesa con dos mujeres. Se presentó, les dijo que era la abogada de una niña violada por gendarmes y que traía una nota para la doctora Eva Giberti, coordinadora del Programa. Le respondieron que no estaba, le recibieron la nota y le dijeron que la llamarían.

La llamaron días después: le avisaron que desde el Programa no podían “hacer nada” porque era sólo para “casos de emergencia” y sólo actuaban dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Le dijeron que tampoco tenían equipo de abogados, pero que les pasara los datos de los gendarmes para ver “qué podían hacer”. Pasó los datos del expediente y el Ministerio de Seguridad (de quien dependen los gendarmes) solicitó copias. “Ni del Ministerio de Justicia ni del Ministerio de Seguridad se comunicaron con la familia o con los abogados”, aclara Heredia, que envió un correo solicitando que presentaran en el expediente un informe para que la niña declare en Cámara Gesell. Le respondieron que “no”, pero la derivaron con una abogada para que la asesorara.

Entonces, el 22 de septiembre, fue al lugar donde funciona el área de Violencia Sexual del Programa. La abogada que la atendió le dijo que para poder actuar debía recibir una orden “desde arriba: Presidencia o Alak”.

La doctora Heredia decidió intentar por otra vía. Llamó a la línea 144, promocionada para la “contención, información, asesoramiento para la prevención de la violencia de género”. Eran las 13:14. Luego de dos minutos de música clásica la atendió una mujer: “Atención, contención e información sobre la violencia de género”, anunció.

–Soy abogada de una nena de 15 años que fue violada en un barrio al sur del Conurbano.

-¿Violación? Violación no. Acá es violencia de género. Acá estamos para asesorar y orientar sobre violencia de género.

-¿Entonces qué es violencia de género?

-Bueno, a ver, ¿me decís en el sur del Conurbano? Entonces tenés que ir al Servicio de la Niñez del municipio.

-Ya fui y no me dieron ninguna solución.

-¡Qué raro! Bueno, entonces te doy la dirección de la sección Mujer: Irigoyen 3863.

-¿Hipólito Irigoyen?

-No sabría decirte, pero te doy el teléfono: 4229-2519. Ahí tienen área de equipo interdisciplinario de violencia de género: psicólogas, abogados, trabajadores sociales.

La doctora Heredia llamó a ese número a las 13:27. Atendió una mujer:

-Hola, Género.

-Soy abogada de una nena de 15 años que fue violada y quería ver qué asistencia podrían darle.

-¿15 años?

-Sí.

-Esto es para la Mujer, te paso al área de Niñez: 4247-2564.

La abogada marcó el número.

13:28: ocupado.

13:29: ocupado.

13:30: ocupado.

La abogada cortó.

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Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

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hace 3 semanas

26/11/2024

Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.

Tamara

Vanesa

Sheila

Abril

Rocio

Elena

Ana

Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.

Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.

La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.

Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.

Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

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No son cifras

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hace 3 semanas

25/11/2024

La cifra de violencia contra las mujeres registró un nuevo salto: 277 femicidios y travesticidios se produjeron hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, según la información del Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado sobre violencia patriarcal. Por esa razón la Secretaría de Género de la Asociación Atlética Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche Argentinos juega a las 21.15 en su estadio Diego Armando Maradona contra Barracas Central.

Se dejarán 277 butacas vacías de una de las tribunas para poner el foco así en todas las mujeres que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.

La investigación cotidiana del Observatorio Lucía Pérez elevó el registro de femicidios y travesticidios en lo que va del año a 277 hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Además, a raíz de esos crímenes, quedaron 161 huérfanxs. Como respuesta hubo 288 marchas y movilizaciones en búsqueda de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata en 2016, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina.

Mediante una docena de padrones que se actualizan diaria y mensualmente se construye una cartografía de la violencia y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con la que cuentan las víctimas antes de ser asesinadas.

De los 277 femicidios y travesticidios:

25 habían realizado denuncias previamente.
70 de ellas tenían hijxs, lo que provoca la cifra de 161 huérfanxs. En muchos casos sus hijxs presenciaron el crimen, como en el femicidio de Rosa Vanesa Mamani Vargas, asesinada el primer día del año; o el de Ramona Isabel Morínigo, asesinada en febrero frente a su hijo de 15 años; o el de Analía Celeste Oliva, cuyos hijos de 11 y 15 años fueron quienes encontraron el cuerpo.
Tres de ellas estaban embarazadas.
30 estuvieron desaparecidas antes de confirmarse que habían sido asesinadas.
24 eran menores de edad.

Cada una de ellas no es una cifra, son madres, hijas, hermanas, vecinas, amigas, compañeras, hinchas por las que pedir justicia.

Por eso que en este día la Secretaría de Género de Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio Lucía Pérez una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche, en el partido contra Barracas Central, se dejarán 277 butacas vacías de una de las plateas para poner el foco así en todas las que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.

Toda la información generada por el Observatorio Lucía Pérez está disponible y es de libre acceso con el deseo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/

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Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo

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hace 3 semanas

19/11/2024

Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.

Por Anabella Arrascaeta

Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.

La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial.

El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.

No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.

La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.

Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.

El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:

Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).

Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”.

La familia: “Mensaje mafioso”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:

Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.

Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.

La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.

Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”

El fallo

El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.

La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias.

El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Narcofemicidio“

El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).

Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa.

Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.

Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.

Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.

En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/

Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”.

Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez.

El proceso

El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.

En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.

Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada.

Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.

En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.

Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.

Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.

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