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La máquina femicida

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Cuatro casos que revelan cómo actúan la justicia y el Estado antes y después de un acto de violencia contra la mujer. Criterios, trámites y programas que no funcionan.

La máquina femicida

1 Bajo riesgo

Dieciocho días y 74 puñaladas antes de morir, Claudia Schaefer denunció a su esposo Fernando Farré en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Era la primera vez que Schaefer -44 años, trabajadora en Bodegas Salentein, tres hijos con Farré, departamento en Palermo, casa alquilada en el country Martindale de Pilar- hacía una denuncia. El 3 de agosto acudió acompañada de su abogado de divorcio, José Cárdenas, y dejó constancia de la violencia sufrida con un relato estremecedor: “Fue en mi casa, terminábamos de cenar, yo jugaba con los chicos en la Play. Fernando había estado buscando durante el día motivos de discusión. Se puso a hablar con los chicos, les dijo: ‘ustedes saben que su mamá quiere separarse, esta casa la compramos con mi trabajo y dinero de mi familia, y ahora su mamá se quiere separar y romper la familia’. (…) Agarré mi teléfono y le dije que iba a grabar la conversación para que todos escuchen su forma de expresarse conmigo y con los chicos. Cuando vio el teléfono se me vino encima para sacármelo, me agarró del pelo y me tiró sobre un sillón. Me puso una rodilla en la cara para que me quedara quieta. No me podía mover. Gritaba pidiendo ayuda, los chicos estaban ahí”.

Tres especialistas del equipo interdisciplinario de la OVD escucharon a Claudia y redactaron el legajo 6503/2015, que incluía un informe de situación de riesgo:

Verónica Aumann, psicóloga.

Lidia Vega, trabajadora social.

Elvira Delbono, abogada.

El informe de riesgo concluía: “Teniendo en cuenta el relato de la Sra. Schaefer se evalúa que esta situación se encuadraría dentro de la problemática de una conflictiva de pareja, con episodios de agresiones verbales, agravadas en la actualidad por la pérdida laboral del Sr. Farré. Al momento de la presente entrevista y considerando lo impredecible de las conductas humanas futuras, se valora dicha situación como de BAJO RIESGO”.

En mayúsculas y negritas.

Analía Monferrer, secretaria letrada de la Corte Suprema a cargo de la OVD, dice a MU que no pueden hablar de casos concretos por el “deber de confidencialidad”, pero indica que hay varios niveles de riesgo: bajo, medio, alto, altísimo. Explica que hay diversos indicadores para distinguirlos: agresor con armas, episodios de violencia sistemáticos o esporádicos, niños presentes, denuncias anteriores, etc. “Riesgo bajo no significa que no se necesiten medidas de protección. De hecho, en casos de riesgo alto, ha pasado que los jueces tampoco han dictado medidas. Si bien la actuación judicial en muchos casos ha sido oportuna porque se dictaron medidas de protección, no han sido suficientes. Antes de la Oficina la crítica era que el Poder Judicial no respondía, ahora es que no es suficiente”.

Sin poder hablar sobre casos concretos, la pregunta intenta no ser abstracta: ¿qué piensa frente a una situación con tirón de pelos, empujones y rodillas en la cara, frente a los hijos? Monferrer: “Para eso hay diferentes indicadores. Por ejemplo: vos podés ver la foto de una mujer totalmente lesionada, con la cara deformada, y decir que fue terrible lo que le hicieron. Pero si esas lesiones se curan en menos de un mes, son lesiones leves. Por eso hay que hacer un análisis de todo el caso y sus antecedentes, no solo el hecho puntual relatado. Esta situación que describís puede ser, en un contexto determinado, riesgo bajo. En otro, puede ser riesgo alto. Otra situación: el agresor la golpeó muy grave, pero no en la cara. Eso puede determinar un nivel de riesgo que dice que el agresor todavía tiene algún límite que hace que esta persona no exceda el nivel de violencia para que otros no se den cuenta de las agresiones. Ahora, una vez que los golpes pasan al rostro, ya son visibles para cualquiera. Eso puede aumentar el riesgo porque quiere decir que no hay ya ni un estímulo externo que pueda frenarlo”.

¿Cuál fue el límite Farré? 52 años, egresado de la UCA, máster en Estados Unidos, cargos destacados en Coca Cola, L´Oréal y AVON, fotografías con Paris Hilton, Kate Moss y David Bowie, había sido despedido de la multinacional de belleza Coty.

La denuncia presentada ante la OVD siguió su curso en el Juzgado Civil N°106, que decidió su exclusión del hogar y una orden de restricción de 300 metros, ambas con vigencia hasta la audiencia fijada para el 14 de agosto. A Schaefer le otorgó el botón antipánico. En la audiencia, Schaefer y Farré acordaron la “no convivencia” y un régimen para sus hijos. El Juzgado fijó el 19 de agosto como fecha para que Farré retirara sus pertenencias. Para Schaefer, la cita fue el 21 de agosto a las 11 en el country Martindale de Pilar.

Schaefer llegó junto al abogado Carlos Quirno a las 11.10. Farré ya estaba en el country junto a su abogada Andrea Frencia, y su madre Nenina Castro. “Cuando saludé a la señora, me di vuelta y la vi a Claudia avanzar con la valija hacia adentro de la casa. Fue la última vez que la vi viva”. Los abogados se retiraron para hablar sobre el trámite de divorcio. “Habremos hablado no más de 30 segundos y ahí empezamos a oír gritos muy difíciles de identificar. Nos pareció que venían de otra casa”. Eran los gritos de Schaefer. Quirno dijo que rompió la ventana de la habitación para ver qué estaba ocurriendo. Ambos vieron la cara de Farré desencajada mientras la apuñalaba una y otra vez. “Nos miró y siguió”, declaró Quirno. Frencia se sacó los zapatos y salió corriendo del susto. Quirno llamó al 911 a las 11.24.

14 minutos.

Es el tiempo que transcurrió entre que llegó y la mataron. Schaefer, que dieciocho días y 74 puñaladas antes se había ido de una oficina de la Corte Suprema con un diagnóstico de “bajo riesgo”, murió dentro de un vestidor.

2 El costo de las pericias

El vestidor de Melina Romero era la habitación en su casa en Martín Coronado, localidad del municipio bonaerense de Tres de Febrero. Allí se cambió la noche del 23 de agosto de 2014 cuando su mamá la vio por última vez con vida. Salió a festejar su cumpleaños número 17 al boliche Chankanab, en el partido bonaerense de San Martín, y nunca regresó. Su cuerpo apareció el 23 de septiembre en los basurales de José León Suárez. Fue brutalmente asesinada. La buscaba la policía, la encontraron dos mujeres cartoneras, integrantes de un movimiento social.

A más de un año del femicidio no hay ningún detenido en la causa. Hay tres mayores imputados: el pai César Sánchez (46), Joel Fernández (19), alias Chavito, y Elías Fernández (21). También un adolescente de 16 años cuya identidad está reservada. Todos están en libertad. Ana María, madre de Melina, tiene un patrullero custodiando su casa las 24 horas del día: los acusados viven en el barrio. La mayoría fueron señalados por una joven de 17 años, amiga de Melina y principal testigo en la causa: contó cómo los varones violaron y asesinaron a la adolescente.

El expediente lo tramita la fiscal María Fernanda Billone, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín.  El abogado Marcelo Biondi puntualiza: “La pericia toxicológica nos demoró la causa un año por falta de reactivos”. Los reactivos son las sustancias con las que se procesa las muestras recogidas y se las analiza en los laboratorios (La Plata, en este caso). Ana María: “Si mi hija hubiera sido la hija de un juez o un fiscal, los reactivos aparecen al otro día”. Las pericias se hicieron finalmente en el Cuerpo Médico Forense de la Nación, luego de un trámite engorroso. “No es lo mismo hacer una pericia al mes de la aparición del cuerpo que hacerla al año”, advierte Biondi. La causa incorporó la autopsia y las declaraciones de los forenses recién en agosto pasado. Observaron un “infarto agudo de miocardio” como causal de muerte, sin poder brindar más detalles. Biondi: “La conclusión es que fue una muerte violenta”.

La demora del hallazgo del cuerpo dificultó las pericias. “No querían que el cuerpo de mi hija hablara -dice Ana María-. Cuando la vi estaba desfigurada. No tenía cara. Murió por traumatismo de cráneo, pero cuando la tiraron estaba viva”. Ana María concluye: “Ya no puedo creer más en la justicia”.

3 Prohibición de acercamiento

María Belén Morán intentó creer en la justicia cuando el 29 de julio salió de la casa de su mamá en la localidad bonaerense de Manzanares en dirección al Juzgado de Familia N°1 de Pilar para denunciar que su ex pareja, Alberto Moreno, no cumplía con la “prohibición de acercamiento” que el juzgado había ordenado por 30 días. La medida había sido dictada ocho días antes y prohibía a Moreno arrimarse a más de 500 metros. Ocho días después María Belén Morán era asesinada con 12 puñaladas en plena calle, en pleno día. En su cartera llevaba la “prohibición de acercamiento”.

El Juzgado que dictó la orden está a cargo de la jueza Raquel Conte, que ante la consulta de MU aclara: “En esa causa salió que yo había intervenido, pero no fue así. Era la feria y yo estaba de vacaciones. Intervino la doctora Sendra (Silvia Celina Sendra, del Juzgado de Familia N°2 de San Isidro)”. La orden, sin embargo, llevaba su nombre: “Salió mal el oficio. Mi secretaria no lo advirtió”.

María Belén Morán -23 años, un hijo de 4 en común con Moreno- pasó los dos días siguientes a la denuncia que empujó al dictado de la “prohibición de acercamiento” en un refugio para víctimas de violencia machista en Pilar. Ella tuvo que refugiarse. Cuando salió se fue a vivir a la casa de su madre. Un día antes del femicidio llamó a la policía porque Alberto Moreno la había amenazado en tres ocasiones. El Juzgado no previó un detalle: luego de ordenar la medida perimetral a 500 metros, Moreno se mudó a 150 metros de la casa de la mamá de Morán.

La jueza Conte responde: “Cuando la señora pidió la medida estaba viviendo en un hogar de tránsito. No nos llegó esa denuncia. Quedó en la comisaría. No teníamos conocimiento. Uno no tiene la bola de cristal. La mamá decía por televisión: ´¿Cómo no se le puso custodia policial?´. Es imposible que se le ponga custodia policial: por más que la ordenemos, la policía no la puede brindar por incapacidad de personal. Ella ni había pedido botones de pánico porque estaba realmente protegida: estaba en un hogar de tránsito. La que se la llevó fue la madre, pero es más fácil acusar a un juez que leer la causa”.

César Gérez, padrastro de Morán, dijo sobre la denuncia: “Vino el patrullero y cuando lo vieron a él lo palmearon en la espalda. Le dijeron que se quedara tranquilo”. Qué dice la jueza: “La comisaría tendría que haber dado aviso al juzgado, como cualquier caso de violencia familiar”. Moreno no se quedó tranquilo. Los amenazó. Les dijo que compraran “tres cajones”: uno para Morán, otro para su madre, otro para su hijo. La policía no actuó. “Se pudo haber evitado”, advirtió su madre, quien criticó a la Comisaría de la Mujer de Pilar porque no le tomaron la denuncia contra Moreno por las amenazas. Se la negaron porque no tenía “un parentesco” con él.

El 29 de julio a las 9:15 Morán salió de su casa hacia el juzgado para denunciar que su ex pareja violaba la orden judicial. No llegó. Moreno la abordó en la intersección de las calles Río Orinoco y Rodolfo de la Colina. Una amiga presenció todo. Gritó. Le dijo que iba a llamar a policía. Declaró: “De lejos llegué a ver cuando la agarraba de los pelos y le golpeaba la cabeza contra el piso. En ese momento corrí y le grité ´hijo de puta´”. Su amiga ya estaba agonizando: una de las lesiones fue una puñalada en la nuca de 5 centímetros de profundidad. Llamó a una ambulancia y tapó a su amiga con una tela blanca.

Qué dice la jueza Conte: “Nosotros no sabíamos que la mamá la había retirado del hogar de tránsito. Nadie nos había dicho nada: ni la policía ni la mamá ni nadie. No hay constancia en la causa. Adivinos no somos. Además hay una imposibilidad de llamar constantemente a la gente para ver dónde viven. Es ilógico pedir eso. Si no, tendría que tener un call center para que los empleados del juzgado llamen por teléfono a la gente para saber dónde están”.

4 Violencia de género

Con la llegada del Operativo Centinela al sur del conurbano bonaerense no hacen falta call centers: la propia gendarmería usa las instalaciones de un polideportivo de barrio para montar su destacamento y brindar seguridad. Allí los jóvenes van al baño, allí los gendarmes tiran los colchones para dormir y allí uno de esos gendarmes violó a una niña de 15 años amenazándola con su arma reglamentaria, mientras otros dos le hacían de campana.

La abogada Verónica Heredia intentó seguir cada uno de los pasos institucionales indicados para poder garantizar el acceso a la justicia a la niña violada. El 13 de abril acudió ante el programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue a la dirección que figuraba en la web oficial: San Martín 323, 4to piso. Cuando llegó un policía del edificio le avisó que se habían trasladado a otra dirección: Av. Costanera España 2591, 4° piso sector D. Sólo la dejaba un colectivo especial que pasa cada media hora por Paseo Colón.

Llegó.

Al final del 4° piso había una mesa con dos mujeres. Se presentó, les dijo que era la abogada de una niña violada por gendarmes y que traía una nota para la doctora Eva Giberti, coordinadora del Programa. Le respondieron que no estaba, le recibieron la nota y le dijeron que la llamarían.

La llamaron días después: le avisaron que desde el Programa no podían “hacer nada” porque era sólo para “casos de emergencia” y sólo actuaban dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Le dijeron que tampoco tenían equipo de abogados, pero que les pasara los datos de los gendarmes para ver “qué podían hacer”. Pasó los datos del expediente y el Ministerio de Seguridad (de quien dependen los gendarmes) solicitó copias. “Ni del Ministerio de Justicia ni del Ministerio de Seguridad se comunicaron con la familia o con los abogados”, aclara Heredia, que envió un correo solicitando que presentaran en el expediente un informe para que la niña declare en Cámara Gesell. Le respondieron que “no”, pero la derivaron con una abogada para que la asesorara.

Entonces, el 22 de septiembre, fue al lugar donde funciona el área de Violencia Sexual del Programa. La abogada que la atendió le dijo que para poder actuar debía recibir una orden “desde arriba: Presidencia o Alak”.

La doctora Heredia decidió intentar por otra vía. Llamó a la línea 144, promocionada para la “contención, información, asesoramiento para la prevención de la violencia de género”. Eran las 13:14. Luego de dos minutos de música clásica la atendió una mujer: “Atención, contención e información sobre la violencia de género”, anunció.

Soy abogada de una nena de 15 años que fue violada en un barrio al sur del Conurbano.

-¿Violación? Violación no. Acá es violencia de género. Acá estamos para asesorar y orientar sobre violencia de género.

-¿Entonces qué es violencia de género?

-Bueno, a ver, ¿me decís en el sur del Conurbano? Entonces tenés que ir al Servicio de la Niñez del municipio.

-Ya fui y no me dieron ninguna solución.

-¡Qué raro! Bueno, entonces te doy la dirección de la sección Mujer: Irigoyen 3863.

-¿Hipólito Irigoyen?

-No sabría decirte, pero te doy el teléfono: 4229-2519. Ahí tienen área de equipo interdisciplinario de violencia de género: psicólogas, abogados, trabajadores sociales.

La doctora Heredia llamó a ese número a las 13:27. Atendió una mujer:

-Hola, Género.

-Soy abogada de una nena de 15 años que fue violada y quería ver qué asistencia podrían darle.

-¿15 años?

-Sí.

-Esto es para la Mujer, te paso al área de Niñez: 4247-2564.

La abogada marcó el número.

13:28: ocupado.

13:29: ocupado.

13:30: ocupado.

La abogada cortó.

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

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La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
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La última Mu: Yo princesa

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