Por Flavia Delmas

Este lunes y martes se desarrollaron las audiencias en el marco del jury que se le lleva adelante a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas –suspendidos desde hace tres años– acusados de mal desempeño en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Uno de los principales interrogantes del debate fue acerca de la perspectiva de género y por qué es una obligación de los jueces aplicarla.

Comencemos por desglosar los términos:

Perspectiva refiere a un punto de vista que debe tener el magistrado para evaluar las pruebas del caso.

Género refiere a las relaciones de poder entre personas de diferente sexo.

La noción de perspectiva de género nos habla de la vida cotidiana, ya que somos seres que se relacionan en un determinado contexto sociohistórico. Es por ello, por su cotidianidad y su raigambre histórica, que las llevamos adelante con naturalidad, sin advertir cómo operan las diferencias y desigualdades. Naturalizamos estereotipos que pre-juzgan: las personas debemos ser de tal o cual manera y ajustarnos a determinadas normas. Corrernos de esas reglas implica castigos sociales. Así se instalan mitos, como por ejemplo el del amor romántico por el cual el sapo se transforma en el príncipe azul o el de la pollerita corta que justifica la violencia. Un mecanismo que tiene consecuencias concretas: transitar de noche para un varón no es lo mismo que para una mujer, tampoco tienen las mismas oportunidades de acceso a trabajos y mucho menos a los niveles de poder.

Momento de la declaración del lunes pasado: Guillermo, el padre de Lucía Pérez, habla ante el jury de enjuiciamiento. Lo observan los jueces acusados. A la izquierda de la imagen, Pablo Viñas, y a la derecha, Facundo Gómez Urso. El fallo que dictaron en 2018 fue anulado por su falta de perspectiva de género. En la foto principal, Marta Montero, la madre de Lucía, habla frente a jury convocado en la ciudad de La Plata.

En nuestra sociedad no son las mismas expectativas y oportunidades para un varón que para una mujer. Estas diferencias desigualadoras, al decir de Ana María Fernández, se tornan trágicas en algunas circunstancias porque alimentan el sistema patriarcal cuya forma de supervivencia es la violencia.

Ahora bien, ¿pueden los jueces omitir diferencias como el sexo, la edad, la posición que ocupan las personas en la relación que entablan y que llevan, en este caso, a Lucía Pérez Montero a perder la vida?

La respuesta es la ley: no pueden.

Los narco femicidios

Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018.

Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO. A partir de este caso, pudimos dar cuenta de otras situaciones en las que bandas criminales captan a niñas, adolescentes y jóvenes a través de la venta de estupefacientes, generando relaciones de poder y deudas que obligan a pagar con dádivas sexuales, violencia sexual o explotación sexual.

Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima.

La ignorancia

Comencemos a repasar algunos de los tramos significativos en las audiencias del juicio a los jueces Viñas y Gómez Urso, acerca del entendimiento de la perspectiva de género.

María Elena Naddeo, en su intervención experta durante el jury acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dirá que la presentación del amicus que realizaron desde la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) se debió al “bochorno que implicaba la sentencia (…) que desconocía totalmente la Convención de los Derechos del Niño, que desconocía el plus de protección especial que requería”. Es decir: la perspectiva de los jueces debía ser la que dictan los tratados internacionales con jerarquía constitucional: tutelar a Lucía. También aseveró que en este caso“lo grave que vimos es un proceder que niega la existencia de las violaciones al poner el consentimiento como si fuera parte de la aceptación de la violencia (…). Fue una sentencia absolutamente parcial”.   

El abogado Esteban Viñas –primo hermano de uno de los jueces imputados e integrante y miembro honorario de la Red de Jueces Penales– al  ser interrogado por los abogados de la acusación, respondió:

• ¿La vida sexual de una niña es un elemento decisivo a la hora de resolver un delito sexual?
• Entiendo que no (…).
• ¿Usted entiende que las garantías y los estándares internacionales en materia de los derechos de las mujeres y de los niños deben ser aplicadas, son obligatorias?
• Desde luego que sí (…).

Luego deviene una pregunta llamativa de la abogada defensora de Viñas y Gómez Urso

• Si el tribunal consideró que no se verificaba violencia de género ¿debe aplicar perspectiva de género?

Radica en esta formulación la cuestión nodal, ya que es un gravísimo error considerar que la perspectiva de género puede ser posterior a decidir si hubo violencia de género. ¿Por qué? Porque para delimitar qué pasó es necesario indagar los hechos con esa herramienta conceptual, algo que los jueces Viñas y Gómez Urso evitaron por completo. 

Durante las audiencias de ese primer juicio que hoy está en el banquillo quedó claro que los jueces escucharon a testigos y evaluaron las pruebas sin esa obligatoria perspectiva. Así lo testimonió en el jury la experta Laurana Malacalza:

“En el momento de la declaración (…) recuerdo una vehemencia muy particular de parte del Tribunal mientras exponía el concepto de perspectiva de género. Me preguntaron si esos conceptos que estaba emitiendo los había inventado yo o los había sacado de algún lugar. Por supuesto esto me llamó muchísimo la atención, porque suponer que yo había inventado el concepto daba cuenta de un gran desconocimiento (…). Fue el doctor Viñas, específicamente, quien le preguntó a la secretaria si ella se sentía así, subordinada, dominada. La secretaria estaba justo sirviéndole un café. Respondió: ‘no, para nada’. Y él me dice entonces ‘en esa sociedad que usted describe las mujeres no se sienten identificadas. De hecho, tenemos una gobernadora y una presidenta mujer”.

La culpabilidad de la víctima

En ese primer fallo que hoy está en el banquillo el nombre de Lucía Pérez aparece 164 veces,en tantoPablo Offidaniapenas 33. Para llegar a la conclusión de la ausencia de abuso o violación sexual seguida de muerte, debieron realizar una operación de inversión de sentido: crear lo que conocemos como la figura de “la mala víctima”: una mujer dominante, no dócil. También tuvieron que “lavarle la cara a los victimarios”: crear la ilusión de una situación idílica que unió a la víctima con sus victimarios.

La defensora de Farías, María Laura Solari, declaró durante el jury que Lucía era: “Una persona muy alegre, muy dedicada a su estudio, prácticamente con una asistencia perfecta al colegio, muy cuidada inclusive muy contenida por su familia, con mucho diálogo con su hermano, una joven con proyectos, con muchas ganas de vivir (…) No tenía un consumo problemático”.

Sin embargo, en la sentencia los jueces la describirán de la siguiente manera:

“Lucía distaba mucho de ser sumisa. Tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería (…) Soberbia y orgullosa”.

Durante la segunda jornada del jury se produce este diálogo en el interrogatorio del abogado de la acusación a Laura Solari, defensora de Matías Farías:

Abogado: ¿Usted recuerda haber preguntado sobre la vida sexual de Lucia?

Dra. Solari: Si, si

Abogado: ¿Esas preguntas fueron objetadas por el tribunal?

Dra. Solari: No, porque no las objetó la parte.

El mito del amor romántico

El conocimiento de Farías con Lucía fue de 24 horas, “una relación de conocimiento incipiente”, dirá el juez Viñas. Según surge en el primer juicio, Farías tenía al menos dos relaciones anteriores en Mar del Plata. La primera, con una mujer con 5 hijos. El sexto es de Farías y nació con una discapacidad. Offidani declaró que era su padrino. Ahora está a cargo de su tía. Los otros cinco quedaron a disposición del juez de menores, dado el contexto de abandono familiar en el que se hallaban. La segunda pareja es una joven que fue recordada en las audiencias por la enfermera que estaba a cargo de la sala de salud el día que llevaron ahí el cuerpo de Lucía. La recordó al preguntarle los jueces, como es rutina, si conocía a alguno de los imputados. La enfermera señaló a Farías: “Lo conocí cuando llevó a la salita a una chica a parir. No somos una sala preparada para eso. La chica además llegó al parto sin ningún control durante el embarazo”.

A los jueces esos antecedentes de relaciones marcadas por el abandono, el consumo problemático y las consecuencias en la salud y la vida de las mujeres y niños implicados no les pareció un contexto significativo para evaluar la conducta previa de los implicados. ¿Por qué? Porque los jueces tuvieron una perspectiva: la mirada pre-juiciosa de la discriminación.

Es esa perspectiva discriminatoria la que les impidió ver lo evidente: ser una niña-adolescente y sufrir una muerte violenta no constituyó para ellos un delito.

En febrero de este año la Corte Suprema bonaerense aprobó una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género. Cita el fallo que anuló la sentencia que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez y, entre otras directivas, señala: “la estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional. Por eso, al momento de decidir sobre un caso no sólo deben ser suprimidos, sino que al observarse su utilización esa práctica debe ser señalada y sancionada”.

Que así sea.