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Las olvidadas. Transfemicidios y mujeres en situación de prostitución

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En Santa Fe este año el asesinato de tres mujeres en situación de prostitución reveló la vulnerabilidad a la que quedan expuestas y la falta de acompañamiento estatal y social. Sus compañeras sospechan de sus parejas, clientes y, sobre todo, de la policía. Según el sindicato AMMAR, el 95% de los femicidios de putas quedan impunes. Por Lucrecia Raimondi.

El  dato lo dice todo: todas las víctimas no son iguales ante la ley. “El 96% de los femicidios de trabajadoras sexuales queda en la impunidad”, expresa un comunicado de AMMAR para denunciar la falta de justicia que caracteriza a estos femicidios. “La clandestinidad en la que ejercemos las trabajadoras sexuales nos expone a constantes situaciones de vulneración de derechos y muchas veces no nos atrevemos a denunciar por el estigma y la discriminación que afrontamos”, concluye el comunicado, parido tras el femicidio de dos trabajadoras sexuales en Rosario, una en febrero y la otra en agosto de este año. 

A la lista de  impunidad de los crímenes y desapariciones de mujeres en situación de prostitución en Mar  del Plata -que sumaron 24 víctimas- hay que agregarle otros casos emblemáticos, como el femicidio de Sandra Cabrera, asesinada el 24 de enero de 2004: le dispararon por la espalda en la nuca frente a una casa cerca de la terminal de ómnibus de Rosario, zona en la que hacía esquina.

Sandra era trabajadora sexual y secretaria general de AMMAR. Sus compañeras aseguran que la asesinaron porque denunciaba la complicidad de la policía con el crimen organizado y la explotación sexual de niñas y adolescentes. También por su tarea gremial, que la llevaba todos los días a recorrer las calles para que sus compañeras conocieran sus derechos frente al acoso, las detenciones arbitrarias, los abusos y extorsiones policiales. Sandra marcó un momento histórico en la lucha sindical de las mujeres en situación de prostitución.

Las voces marginadas

Gabriela Hamela, referente rosarina de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), analiza el crimen de sus compañeras en clave territorial: 

“Sandra denunciaba a los locales nocturnos y a la policía por la trata de personas y decía que, aun siendo trabajadora sexual, no aceptaba bajo ningún punto de vista la trata de menores dentro de estos espacios donde corría el proxenetismo”, cuenta Gabriela. “Por denunciar estos lugares su femicidio quedó impune. Porque aunque en ese momento no existía esa figura  penal, para nosotras lo de Sandra Cabrera fue un femicidio”. 

Por el crimen de Sandra  el único imputado es Diego Víctor Parvluczyk, ex subjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario, y presuntamente el último vínculo amoroso de Sandra. “Lo absolvieron por falta de pruebas y en 2007 quedó sobreseído, a pesar de los testimonios de las trabajadoras sexuales que lo incriminaban”. 

Pese a que en la causa escucharon los testimonios de sus compañeras, para Gabriela la impunidad del crimen la garantizó el estigma judicial que pesa sobre esas voces: “Ser trabajadora sexual es lo que garantizó la impunidad de su asesinato. Acá en la ciudad de Rosario, y en toda la provincia de Santa Fe, la policía tiene un gran poder. Nuestras voces no tuvieron la suficiente fuerza para vencer a esa realidad. Las maniobras, los actores políticos y las complicidades del Poder Judicial lograron que este tipo quede en libertad”.

Cuidarse solas

Gabriela reflexiona sobre los femicidios que padecieron este año en clave de cuidados: “Podemos pensar en redes de cuidado, lo hacemos, nos avisamos, pero no alcanza. Ahí es donde se ven las consecuencias de no tener derechos: el Estado nos obliga a la clandestinidad porque penaliza el trabajo sexual y tenemos que ejercerlo en un marco que no nos conviene a nosotras, de vulnerabilidad extrema. Hace unos años atrás, acá la ciudad de Rosario, fueron prohibidos todos los cabarets y los paseos nocturnos  (prostitución callejera) donde por decisión propia y de manera autónoma, muchas de las pibas trabajaban en estos lugares. En el cabaret una sentía una protección y una contención. Entonces el hecho de estar desprotegidas a nivel estructural para poder laburar es la situación que deriva este año en dos compañeras que quedaron expuestas a situaciones de violencia patriarcal que terminó con sus femicidios”.

Uno de esos crímenes ocurrió el 17 de febrero. La víctima fue Karen Liliana Peralta, 39, años, apareció asesinada de un golpe en la cabeza en un departamento del centro rosarino donde ejercía el trabajo sexual. Descartaron la hipótesis de un robo porque estaban todas sus pertenencias, a excepción de su celular, que presumen se lo llevó el asesino para evitar ser descubierto por haber tenido conversaciones con Karen. Los peritos forenses dictaminaron la causa de muerte por un traumatismo de cráneo producido  con un objeto contundente. La investigación es responsabilidad de la fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Homicidios Dolosos. Se investiga como femicidio. 

Karen tenía tres hijos. 

A casi diez meses de su asesinato no hay detenidos ni pruebas que identifiquen a un posible asesino, pero la hipótesis de la fiscalía apunta hacia un prostituyente. Sin embargo, el sindicato y las compañeras de Karen dudan  de esa hipótesis y piden que también se investigue a la pareja, un hombre de 44 años, que podría estar involucrado en el crimen. 

La muerte de una guerrera

El último de esta dolorosa lista ocurrió el 22 de agosto. Lorena María del Luján Riquel, 33 años, fue asesinada a golpes en la cabeza con un bloque de cemento en un callejón de la ciudad de Rosario. Lorena esa noche trabajó en la esquina de Rouillón y Avenida Perón, junto a dos compañeras, hasta que un hombre se acercó en auto y la llevó al callejón; pese a las advertencias de sus compañeras que querían acompañarla, ella se fue confiada porque lo conocía. Lorena sufría consumo problemático y él le proveía la cocaína. El hombre la obligó a tener sexo, la golpeó en la cabeza, se masturbó frente al cuerpo inconsciente de Lorena y antes de escaparse le robó las zapatillas.

El hombre fue identificado como Carlos Daniel B. de 32 años, apodado Lágrima, gracias al testimonio de dos vecinos que escucharon los gritos de auxilio de Lorena y describieron las características de su agresor: 1.70 de altura, vestido con jean y buzo gris y una lágrima negra tatuada en el pómulo izquierdo.  Así cayó Lágrima.

La sociedad ya no es ni ciega ni sorda ante los femicidios.

La causa se investiga como femicidio y abuso sexual con acceso carnal y hurto calamitoso en carácter de autor. Lágrima está imputado con prisión preventiva sin plazo “por haber abusado, robado y causado la muerte de Lorena Riquel por un traumatismo cráneo-facial grave”, sintetiza el procesamiento. 

Las mujeres en situación de prostitución que compartían calle con Lorena señalan que Lágrima continuamente las hostigaba y que en otras oportunidades le había pegado a Lorena. Suman que otra joven había tenido problemas con él porque la obligaba a hacer un servicio que ella no quería. Los datos judiciales  confirman sus testimonios: el último registro en el sistema es que había estado detenido seis meses por amenazas contra una mujer. 

Lorena Riquel era jefa de familia, madre de tres hijes de 13, 15 y 18 años. Era también una militante solidaria: cocinaba y gestionaba la olla popular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), organización en la que participaba en su barrio, Bella Vista. Una de sus compañeras de militancia, Vanina Otero, contó al medio local Rosario3 cómo era su compromiso social: “Era una luchadora, en lo personal siempre estaba con una sonrisa en la cara más allá de lo que pudiera estar pasándole. Era alegre y nos daba fuerza. Una chica trabajadora, tenía a cargo su madre, una mamá mayor; era jefa de una familia humilde que se ponía al hombro. La peleaba mucho tratando de vivir día a día y siempre al frente. Era emprendedora, siempre estaba al pie del cañón. Era abierta y no tenía prejuicios. Si a alguna compañera le pasaba algo, ya estaba ella preguntando qué se podía hacer. Era guerrera, iba al frente por sus hijos y los hijos de todas nosotras”.

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Lo que no se juzgó en el juicio por la joven abusada en Miramar

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Luego de que los tres jóvenes acusados de violar a una niña de 14 años en un camping de Miramar fueran absueltos en un juicio con jurados populares, la familia reclama la nulidad y pide un nuevo proceso. “Queremos una justicia que no sea machista, una justicia que defienda y proteja a las víctimas”, dice la madre de la joven a lavaca. Lo que no se tuvo en cuenta.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

La sentencia se conoció el 17 de septiembre pasado: el jurado popular declaró “no culpables” a Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25), los tres acusados de violar a una niña de 14 años durante los festejos de año nuevo. El juicio duró 4 días y la deliberación de los 12 ciudadanos que conformaron el jurado popular no llevó más de 4 horas.

La familia reclama ahora el desarrollo de un nuevo juicio técnico donde se tengan en consideración todas las pruebas que presentó la familia y que el jurado popular rechazó.

Según el recurso que presentaron ante la Cámara de Casación, ese fallo “vulnera el derecho a la integridad personal, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niña, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales y a la protección judicial”. Por lo cual solicitan se dejar sin efecto “el veredicto de “no culpabilidad” dictado por el jurado popular el día decretándose la “nulidad insanable”.

“Llegamos a ese juicio cuando pedimos la encarcelación de ellos tres que hasta ese momento computaban pena en su domicilio”, dice a lavaca Gisela Mendoza, mamá de la joven. La respuesta a ese pedido fue una fecha de juicio por jurado: “Nos avisaron con menos de un mes de antelación. Los fiscales tuvieron que estudiar la causa en ese corto tiempo, porque la fiscal que venía llevando el caso era otra”.

Lo que falta                                

Mendoza cuenta que, al hacerse un juicio a las apuradas, faltó el estudio de pruebas tales como el peritaje de un celular, que no llegó a investigarse porque tenía un patrón. La mamá de la joven también pone el foco en los resultados de la prueba alcoholemia “que dio negativa a los tres, pero pasaron muchas horas hasta que se hizo el estudio”.

La familia de la joven señala que además hay muchas pruebas que fueron desestimadas justamente por haberse tratado de un jurado popular, cuyo alegato estuvo “lleno de mentiras y prejuicios”. Un ejemplo: “En el alegato la abogada de Lucas Pitman se basa en lo lindo que es su defendido, y en que mi hija por haber tenido una relación consentida dos horas antes, se asume que el abuso no ocurrió. Repite que el consentimiento fue corroborado y eso no fue así”, dice Gisela.

Asimismo, explica que “no se tuvo en cuenta la prueba de ADN, tampoco las fotos del lugar donde se evidencia la cantidad de alcohol que habían bebido durante su estadía”, dice Gisela. “Tampoco se tuvo en cuenta el testimonio que dio mi hija Cámara Gesell, que por ley es la prueba más importante y fue verdadera como la consideró la especialista psicóloga que la realizó. Tampoco el relato de todos los que vimos a mí hija es ese estado de adormecimiento”.

Gisela también cuenta que la asesora de menores solo pudo presenciar el juicio en calidad de observadora, sin capacidad de filtrar preguntas, ya que fue rechazada dos veces por el juez. Lo mismo ocurrió con la psicóloga de la niña, a quien tampoco le permitieron filtrar preguntas. “A nuestro perito, Enrique Stola, tampoco lo dejaron estar como perito de parte”, denuncia.

En esta instancia Gisela le reclama al Tribunal de Casación que se tenga en cuenta todas las veces que se ha vulnerado los derechos de su hija: “Esperamos que Casación tome nuestro pedido, y si es necesario, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“Queremos una justicia que respete sus propias leyes, una justicia que no sea machista, una justicia que defienda y proteja a las víctimas”, dice Gisela, que espera la realización de un nuevo juicio que establezca una condena efectiva para los 3 acusados. Y remata: “A pesar de este terrible resultado que obtuvimos en Mar del Plata, la seguimos peleando. Porque todos sabemos que eso no fue un juicio, fue una pira (refiere a viejos enjuiciamientos) para una piba, que en público fue sometida, una vez, más a una justicia patriarcal”.

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Comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles: amenazas, un nuevo detenido y la esperanza de justicia

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Comienza a juzgarse el femicidio de la joven de 22 años asesinada en 2017. Mientras los cinco principales imputados llegan al juicio en libertad, un hombre fue apresado el domingo, cuando fue a votar, por amenazar a la familia a través de un video con una ametralladora. La relación de los sospechosos con la policía, y la muerte con tintes mafiosos del principal acusado, en 2019. Cómo fue la primera audiencia de un caso que devela la trama de impunidad de los femicidios territoriales, y el pedido y la lucha de Mónica, la madre de Araceli: «Yo quiero que toda la verdad salga a la luz”.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

4 años y 5 meses después, este lunes a las 9:30 finalmente comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada en abril de 2017. A cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de San Martín, integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio, la primera jornada se extendió hasta las 18 horas. La causa está caratulada como “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por una o más personas y femicidio”.

Un solo imputado llegó detenido: Carlos Cassalz fue apresado el domingo en la escuela donde votaba, por amenazar a Mónica, mamá de Araceli Fulles. Los demás imputados que llegan a juicio son Hernán Rodrigo Badaracco, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos. Todos se encuentran en libertad gracias a un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró, en septiembre del 2017, que por la “ineficiencia del sistema investigativo” no pudieron se obtenerse las pruebas necesarias para probar inculparlos, en un caso envuelto en sospechas de complicidad policial para garantizar el encubrimiento.

Hasta ayer el único detenido había sido Darío Badaracco, quien murió el 13 de abril de 2019 tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica, en otro claro hecho de tinte mafioso.

Los aprietes

Días atrás, a las 4 de la madrugada, Mónica recibió un mensaje con una amenaza: “Hay balas en el pecho para toda la familia de Araceli”; el mensaje incluía un video de 9 segundos en donde se veía a Carlos Cassalz con una ametralladora. Por estas amenazas, y no por el femicidio, fue detenido ayer cuando fue a votar a una escuela de San Martín.

“La verdad es que me sorprendió. -dice a esta agencia Mónica-. Yo había hecho una denuncia por un llamado y una grabación  que me habían mandado a las 4 de la madrugada, unificaron la denuncia mía con la de un testigo, y la DDI se encargó de encerrarlo. Hoy vino al juicio esposado”, se sorprende por la rapidez de la detención que, en el centro de votación, estuvo a cargo de la Gendarmería: acaso otro de los indicios que sugieren la participación policial como parte de la trama de impunidad.

En la primera y extensa jornada se leyeron las imputaciones y las declaraciones de cada imputado. Luego, fue el turno de Mónica Ferreyra, mamá de Araceli: “Tuvieron que hacer un receso de 5 minutos porque me afectó mucho dar declaración, me agarró como una crisis: recordar todo es muy triste”, sintetiza a lavaca.

Y sigue, sobre el tiempo transcurrido desde el hallazgo del cuerpo de su hija – 27 días desaparecida- hasta hoy: “Se pierden muchas cosas, mucho tiempo”. En parte culpa de ese tiempo, uno de los contrapuntos de la jornada fue el de los detalles temporales en el que se desencadenaron los hechos. Mónica: “En el momento de declarar no te da tiempo ni a pensar. Mi defensa le dijo al juez que no me podía apretar sobre esos detalles, que recuerde que soy la damnificada, que me mataron a la hija. ¿Se puede acordar de todo, fecha y hora tan detalladamente como está pidiendo usted? No es así, le dijo”.

En la jornada de hoy se esperaba que declararon once personas, pero solo lo hicieron tres. Estas dilaciones la familia proyecta que el juicio podría durar más de un mes.

La pista policial

Araceli Fulles desapareció el 2 de abril del 2017 –a los 22 años-, cuando iba de regreso a su casa. Muy temprano, Mónica había recibido un mensaje “Vieja, prepara unos mates que voy para casa”, pero nunca llegó. Tras 27 días de búsqueda incansable, su cuerpo fue encontrado gracias a la familia violado, asfixiado, destrozado, enterrado y cubierto de cal.

Su cuerpo estaba enterrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa la había dado el juzgado al comienzo de la búsqueda, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.

“Yo espero que los condenen a todos, que no salgan nunca más”, reclama Mónica. “Yo solo pido que el juicio tenga perspectiva de género, que salga todo a la luz y que los jueces se pongan la mano en el corazón y piensen en sus hijas. Que se compruebe que son culpables y vayan presos. Yo quiero que toda la verdad salga a la luz, que se sepa lo que pasó. Pero cuesta que salga todo a la luz cuando hay manos negras metidas en el medio”.

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12avo Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Necesitamos hechos”

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El grupo que reúne a madres y padres que perdieron a sus hijas por la violencia patriarcal reclamó una audiencia al Presidente y entregó en una carta medidas concretas para exigir justicia y prevenir los femicidios. Ya van 200 en lo que va del 2021. «¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas«, dice el texto, que aquí reproducimos de manera completa. Crónica y fotos del doceavo encuentro del grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios, en medio de la lluvia.

Pasado el mediodía de un miércoles de lluvia copiosa y como cada segundo miércoles de mes, el grupo de  Familiares Sobrevivientes  de Femicidios llevó a cabo su encuentro y por décima segunda vez, entregó una carta en la Casa Rosada para solicitar una audiencia con el Presidente Alberto Fernández. El pedido de justicia por los femicidios de sus hijas —en un país donde al día de hoy hay 200 femicidios, travestidicios, transfemicidios y Tehuel no  aparece desde hace casi seis meses—el reclamo se impone en un contexto que invisibiliza estas urgencias.

La mamá de Camila Flores, Susana y Daniel, la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa, Alfredo, el papá de Carla Soggiu, y la cantante Amalia Etchesuri.

En esta oportunidad no hubo sillas ni micrófonos para que contaran el estado de las causas de sus hijas debido a la lluvia sostenida. Participaron la mamá de Camila Flores —de 20 años, asesinada hace nueve meses  en Santa Fe—, Susana y Daniel, la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa —la joven de 35 años asesinada en Capilla del Monte, Córdoba, cuyo cuerpo apareció el 25 de abril de 2020— y Alfredo, el papá de Carla Soggiu, quien apareció flotando en el Riachuelo, cuatro días después de que activara dos veces el  botón antipánico que tenía porque su ex marido la había golpeado y violado. 

Con sus paraguas, bajo la lluvia, sostienen carteles  con los rostros de sus hijas. La mamá de Camila  no puede contener el llanto. Hay dolor en sus miradas, pero también hay determinación para mantenerse firmes contra la impunidad.

La cantante Amalia Etchesuri lee en voz alta la carta que minutos más tarde irán a entregar a la Casa Rosada:

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2021

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Desder que comenzó este año hemos sufrido 200 femicidios y travesticidios  y 166 infancias han quedado huérfanas. Sufrimos también 333 intentos de femicidios y realizamos 274 movilizaciones y marchas para exigir que paren de matarnos. Seguimos además reclamando la aparición con vida de Tehuel.

Desde que comenzamos a encontrarnos en esta plaza, hemos presentado una docena de cartas solicitando que nos reciba, las entregamos acompañadas con informes y propuestas concretas y urgentes, nacidas del calvario que representa para una familia acceder a una justicia justa y humana, que investigue y castigue el crimen de nuestras hijas. También presentamos propuestas para que el Estado prevenga estas violencias y contenga en tiempo y forma a las infancias que deja huérfanas.

En este largo tiempo hemos escuchado hablar mucho de la necesidad de una reforma judicial, como forma de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos. Necesitamos hechos, exigimos acciones concretas, reclamamos que se democratice el Poder Judicial de una vez por todas y para siempre.

Esta es la carta n° 12 con la cual, con respeto y esperanza, solicitamos que reciba a nuestras familias ¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas. Queremos transferirle ese peso, es suyo, le corresponde a la máxima autoridad del país hacer todo lo que pueda y más para transmitirle a toda la sociedad que nunca más ninguna madre, ningún padre, ningún hermano ni hermana, deba soportarlo, ninguna familia puede cargar sola ese peso. Es demasiado.

Atentamente,

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla Soggiu

Ana María Martinez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz

Mamá de Camila Flores

Yolanda Sequeira, hermana de Luciana Sequeira

Finalizada la lectura, se encaminan hacia la entrada de la Casa Rosada, donde como cada segundo miércoles de mes les preguntan quiénes son y qué quieren. Daniel Basaldúa explica: “Somos Familiares Sobrevivientes de Femicidios. Nos mataron a nuestras hijas, queremos dejar una carta dirigida al Presidente para que nos reciba”. 

Doce veces el mismo ritual, el paso firme de quienes no se cansan de exigir justicia, las lágrimas por lo que pasó y el grito impostergable y la lucha incansable para exigir justicia y que no vuelva a pasar.

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