Sigamos en contacto

#NiUnaMás

La peor deuda: las víctimas invisibles

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Las infancias huérfanas por los femicidios son las víctimas ignoradas por las políticas estatales y los análisis académicos. En muchos casos fueron testigos de los crímenes, en otros perdieron a ambos padres: una asesinada, otro suicidado. El trámite para que se haga efectiva la Ley Brisa hace imposible que la ayuda llegue cuando más la necesitan. Por Anabella Arrascaeta.

La peor deuda: las víctimas invisibles

Al cuerpo de Fátima lo encontró su hija de 13 años. Alejandra tenía un bebé de un año. Las hijas de Érica, de 7 y 3 años, quedaron al cuidado de sus hermanos mayores, de 19 y 20 años, y de sus tías. La hermana de Florencia, en San Luis, quedó a cargo de sus dos sobrinos. Los hijos de Rosana, de 13, 6 y 3, encontraron en Jujuy el cuerpo de su mamá, y el de su papá, el femicida, ahorcado. Yanina era madre de seis hijes. 

No son casos aislados. El sistema femicida dejó a más de 320 niños, niñas y adolescentes huérfanos durante 2020. Esta cifra seguramente es mayor: muchas veces las fuentes de información ni registran la cantidad de hijes que tenían las víctimas. Y así como el Estado no da información oficial sobre la cantidad de femicidios que se producen cada mes, tampoco lo hace sobre la cantidad de hijes que han perdido a sus madres en estos crímenes. Las infancias son las víctimas invisibles de los femicidios y esa invisibilización no es un mero descuido: el Estado tiene muchas deudas con ellas por no prevenir, por no cuidar, por no erradicar, y por no reparar.

El Observatorio Lucía Pérez decidió llevar registro de las infancias huérfanas por sugerencia de las propias familias. Fueron abuelas, abuelos, tías, quienes nos señalaron también la ausencia de ayuda estatal, porque son quienes se hacen cargo de sostener la vida de esos niñes: el desayuno, la ropa, la escuela. 

La falta de ley

El 19 de junio de 2017 en Mar del Plata Rafael Inglera apuñaló a Nancy Segura. Su hija Mili, que en ese momento tenía 4 años, vio cómo su papá mataba a su mamá. Brian, que tenía 11, estaba en la casa de Yésica, su tía, hermana de Nancy, que tras ese crimen se convirtió en madre adoptiva de sus dos sobrinos. Yésica tiene además un hijo de 10 años, y un bebé de meses. 

Las dos hermanas eran vendedoras ambulantes: vendían juntas kits de limpieza. A veces Yésica también limpia casas. En una de sus recorridas le contó a una mujer del barrio Bosque Peralta Ramos lo que había pasado con su hermana y que estaba preocupada por sus sobrines. “Tengo una amiga que puede ayudarte”, la esperanzó. Así conoció a Yamila Zavala Rodríguez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo-Mar del Plata y de la Comisión Provincial por la Memoria, que la acompañó en la presentación para que sus sobrines reciban la Ley Brisa, que establece una reparación económica para les hijes de víctimas de femicidios, hasta los 21 años y sin límite de tiempo si existe alguna discapacidad. La reparación es equivalente al monto de una jubilación mínima, mensual y además contempla la atención integral de salud. Fue la primera presentación para la reparación que hubo en Mar del Plata. 

En la votación de la ley -que se aprobó por unanimidad el 4 de julio de 2018- la entonces diputada Fernanda Raverta, oriunda de Mar del Plata, contó la historia de Mili y  Brian-“Estos niños perdieron a su mamá en manos de un femicida”- y describió también a Yésica “una tía que tiene mucho coraje, que es muy humilde, pero que todos los días pelea para poder, por ejemplo, festejarles el cumpleaños a sus sobrinos”. La diputada terminó su intervención en el recinto leyendo una carta que Yésica había escrito a su hermana y había publicado en sus redes sociales. Durante la cuarentena Fernanda Raverta fue designada al frente de la ANSES, organismo donde se realiza el trámite para acceder a la Ley Brisa. 

Cuando este año comenzó el aislamiento, Yésica estaba embarazada de siete meses. No podía salir a trabajar como vendedora ambulante y solo uno de sus sobrinos estaba cobrando la reparación: Brian. Mili todavía no: el trámite demoró más porque la niña tiene una discapacidad.  Antes del inicio del aislamiento Yésica había llevado a su sobrina al Hospital Materno donde le hicieron todos los estudios requeridos para acceder a la pensión, pero por la pandemia, vencieron. Yésica ya sabe que el año próximo tendrá que volver a empezar con los trámites que garanticen lo que a su sobrina le corresponde de por vida. 

Cambiar algo y todo

«La justicia acá es muy lenta, casi inoperante”, dice Cintia del MTE Rural, compañera de Rosana Mazala que el día de su cumpleaños, 28 de septiembre de este año, fue asesinada por su marido en Perico, Jujuy. Sus hijos encontraron el cuerpo de su mamá y de su papá, que después del femicidio se ahorcó. “Los chicos hasta el momento no reciben ningún beneficio. Hubo mucha gente que se acercó para decirle que iban a hacer lo posible, pero hasta ahora, nada. No se está cumpliendo esta ley acá, y creo que deberían moverse rápido: ese beneficio es fundamental para los niños. Lo necesitan: estamos en tiempo de crisis y no hay trabajo”. 

Alejandra Nahir Álvarez, de 17 años, tenía un bebé de un año. Fue asesinada por su ex pareja, en San Salvador de Jujuy. Días después del femicidio la abogada Mariana Vargas,  patrocinante de la familia e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, acompañó a José y Deolinda -padres de Alejandra-, a una audiencia con el gobernador Gerardo Morales. José llevaba en brazos a su nieto. En la reunión no permitieron que ingrese la abogada, así que escribió una carta para señalarle una prioridad: “Señor Gobernador: la Ley Brisa recién va a poder ser percibida por los abuelos del bebé de Alejandra cuando la causa penal por femicidio se eleve a juicio oral. Hasta tanto ello ocurra, es necesario ver qué subsidio mensual equivalente puede percibir el bebé a través de sus abuelos y desde la provincia”.

Lo que la doctora Morales detalla con claridad es todo lo que padecen  las familias sobrevivientes de femicidios cuando quedan a cargo de sus nietes: la tramitación de la reparación no es un mero trámite: requiere patrocinio legal. Así se lo explicó la abogada a Morales: “Hay dos trámites importantes a realizar: la guarda/tutela de ese bebé en los Tribunales de Familia, y luego la supresión del apellido paterno en los juzgados de primera instancia. Necesitamos que ambos trámites gocen de Justicia Gratuita. El primero hace a todas las cuestiones que hoy requiere el bebé: obra social, iniciar trámites de Ley Brisa, y un perito (asistente social), que es un costo que las familias de víctimas de femicidio deben tener garantizado”.  

Respuestas oficiales

El acceso a la reparación garantizada por la Ley Brisa es difícil, engorroso y lento, principalmente porque el inicio del trámite es el inicio de un juicio. Es decir: para poder hacer el pedido de la reparación económica se requiere el inicio de un proceso penal, lo que implica tener recursos para poder contratar un abogado o esperar a tener un abogado oficial, que hoy demora varios meses. 

La Comisión Permanente de Seguimiento que tiene como finalidad monitorear y controlar el régimen de reparación económica está presidida por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y conformada por el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  

Desde ANSES informaron a MU que el organismo “recepciona la documentación y genera el expediente electrónico que tramitan los tres organismos: ANSES, Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros y SENNAF. Sobre el procedimiento informaron: “Una vez iniciado, es remitido al Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género, donde se coteja la documentación y se realiza el primer contacto con la persona que solicitó la reparación. Se elabora un informe técnico de la situación actual de la familia, que es remitido a la SENNAF para su evaluación, aprobación o eventual observación o desestimación, en el caso de corresponder. A su vez, tanto el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tienen competencias para brindar acompañamiento en el proceso de reparación, de acuerdo a la especificidad de cada organismo”. 

Actualmente el alcance del derecho establecido en la Ley Brisa llega  a 794 niñas, niños, adolescentes y jóvenes informó a MU el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner. En diciembre de 2019 eran 350 las reparaciones entregadas, por lo cual enfatizan que hubo un incremento de 226,85%. “Hay 268 titulares en la provincia de Buenos Aires, siguiendo en cantidad las provincias de Santa Fe con 76, Mendoza con 66 y Córdoba con 60”, detalla Lerner. Desde octubre la reparación por mes es de  18.129 pesos. 

Las respuestas del secretario de Niñez, Gabriel Lerner:

¿La Secretaría tiene un cálculo estimado de tiempo que demoran las familias en acceder a la reparación?

Ahora la Secretaría está acompañando a conseguir las constancias, pero lo que hace más complejo es el tema de las dos constancias judiciales necesarias: hay que acreditar por un lado, la situación procesal del expediente penal que acredite la existencia de un hecho de femicidio y por otro lado, la constancia de otro juzgado de otra competencia, que es el Juzgado de Familia, que acredite la guarda del niño o la niña. Una vez que están esas dos constancias, en dos meses los trámites son asignados, a menos que las constancias no sean claras. Por eso nosotros, además de ponernos de acuerdo entre los organismos del Estado, nos pusimos en contacto con las familias, porque el problema es que los procedimientos judiciales son diferentes en todas las provincias. Por ejemplo: en la justicia nacional existen los auto procesamientos; eso implica que ni bien se  inicia un proceso al poco tiempo hay una persona imputada y se dicta el procesamiento, pero en la provincia de Buenos Aires no hay autoprocesamiento: hasta que no hay elevación a juicio no hay ningún fallo intermedio. Cada provincia tiene su particularidad en las guardas, en las tutelas y en los temas penales. 

¿Consideran que hay que cambiar el procedimiento?

Nosotros no lo podemos cambiar, es un tema de la ley. Les mandamos informes a los legisladores con todo esto. 

Otro problema son las carátulas, cuando las investigaciones no son llevadas adelante con femicidios.

Ese no es un problema de la ley, es un problema de si se está accediendo a la justicia o no. Si la justicia considera que no hubo femicidio no va a haber RENNYA (Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes).

¿Tienen diálogo con las familias?

No tenemos contacto con todas las familias. Sí tenemos contacto con las que necesitan acompañamiento, que necesitan asesoramiento, pero algunas  tramitan la reparación mediante apoderados. El problema aparece cuando hay se demora una documentación para completar el trámite. Yo me he abocado para que esto se acelere, que haya acceso más masivo. 

¿Se está garantizando el acompañamiento al acceso a la salud?

No ha habido mayores demandas, pero tendríamos que poder armar más sólidamente el programa. 

Alerta roja: informe sobre los canales de denuncia de violencias

El 8 de abril de 2020, a pocos días de iniciado el aislamiento social obligatorio, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta fue invitada a exponer ante la Banca de la Mujer del Senado de la Nación para informar sobre las medidas dispuestas por el Estado para prevenir el impacto de esta medida sanitaria en las mujeres víctimas de violencias.  En su extensa declaración, la ministra detalló dos medidas concretas: la declaración de la línea 144 como “servicio esencial” y la campaña barbijo rojo.

El pobre resultado cosechado por esa campaña exime de cualquier análisis sobre su eficacia, pero la persistencia del Estado Nacional en promocionar a la línea 144 como única puerta de acceso a los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia machista representa un problema central, con graves implicancias, tal como advertimos en nuestro informe de mayo de 2020. 

Los canales actuales

El Estado Nacional tiene tres líneas de atención a víctimas de violencia, aunque promociona solo una: 

La línea 144, creada a partir de la sanción de  Ley 26.485, que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con dos excepciones: Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Esto implica que cualquier llamado recibido desde otras provincias es atendido por el centro de operaciones que funciona en CABA, que clasifica el caso y deriva la consulta a los recursos disponibles en el territorio donde  se origina la demanda. 

 Una consecuencia de la organización de la línea 144 la sufren los datos que suministran las fuentes estatales y, por lo tanto, deben considerarse oficiales. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires informó en junio un aumento del 48% en las denuncias recibidas por esa línea durante la cuarentena, el Ministerio de Mujeres reportó un aumento del 29%. La diferencia en las cifras se explica en la multiplicidad de canales para denunciar violencia que hay a lo ancho y largo del territorio nacional. Un ejemplo: la provincia de Santa Fe implementó  el Teléfono Verde y una línea de Whatsapp. El Teléfono Verde recibió, en abril de 2020,  un promedio de 25 consultas  por cada día de aislamiento, pero en mayo las llamadas recibidas a través del servicio de mensajería superaron a las de la línea gratuita. Se trata de la provincia que registra mayor cantidad de femicidios desde que se llevan registros y en la que en cinco ciudades (incluidas la cabecera provincial y Rosario) hubo 8.733 denuncias de violencia de género durante el primer mes de cuarentena: desde el 20 de marzo al 27 de abril de este año.

Este año, además, quedó expuesto públicamente un dato alarmante: las trabajadoras que atienden la línea 144 denunciaron que ellas mismas están siendo sometidas a una situación de violencia laboral por parte del Estado. A la vulnerabilidad contractual, la ausencia de obra social y la inestabilidad laboral que padecen se sumó un atraso en el pago de los haberes. Por eso en mayo realizaron un paro para visibilizar la situación, con  el riesgo que implicó abandonar esa tarea que fue considerada esencial en el contexto de la cuarentena. 

La línea 137 depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Según explica su directora. Eva Giberti, es federal y “es suficiente marcar su número y las profesionales y los choferes policías llegarán dispuesto/as a enfrentar  violencias y acompañar a las víctimas”.   No hay información oficial sobre cuántas intervenciones realiza este programa.

En los hechos, ante una emergencia la línea a la que se pide urgente intervención es la 911, que conecta con la policía. Este año por primera vez se difundieron los datos sobre cuántas intervenciones realizó la línea 911 por casos de violencia de género durante la pandemia: recibió un total de 127.812 llamadas. Se trata, nada menos, de los casos más graves y de la demanda más urgida, que al sistematizarse podrían ofrecer  una cartografía de prevención mucho más certera que la que brindan los datos parciales de la línea 144.

Nuestro informe de junio reiteró: “Es urgente la unificación de los datos, diversificados por la multiplicidad de sistemas de ingreso de denuncias que al no centralizarse ni sistematizarse, invisibiliza información que permitiría prevenir y contener estas violencias. Reiteramos: no existe en todo el país una línea telefónica, sino varias, así como en cada ciudad argentina hay varios canales para denunciar violencias, sin duda motivados por la gran demanda que cosecha el aislamiento y la pandemia. Es tarea del Estado nacional unificar esa información en un registro único que permita focalizar así territorios, necesidades y, lo que es más importante, a dónde dirigir recursos”.

El cambio histórico

En noviembre, el Estado argentino anunció por segunda vez la creación de un sistema unificado de denuncias por violencia de género.

 La primera fue en abril de 2019, cuando a través de la  Resolución 351/2019 publicada en el Boletín Oficial  el 23 de abril de 2019,  creó el sistema Nacional de Denuncias por Violencia de Género (SIVIOGEN), dependiente del Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de la ministra Paricia Bullrich. La resolución destaca en su primer objetivo que se propone “articular las bases de datos, diversificar y consolidar fuentes de información, como también coordinar, estandarizar e interoperar las diferentes bases”.

El segundo anuncio de lo mismo fue este año a través de la Resolución 408/2020, que comienza citando a la anterior –cuya implementación y resultados nunca fueron informados- para crear el Sistema Único de Registro por Violencia de Género (URGE), también dependiente del Ministerio de Seguridad, ahora a cargo de la ministra Sabina Andrea Federic.

La resolución reconoce que el Estado Nacional nunca creó la herramienta informática necesaria para hacer efectivo el sistema centralizado que anunció y promocionó Bullrich en los medios, y ordena a la Subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa que realice “el seguimiento de la implementación” de esta resolución. 

A partir de ahora que así sea, entonces,  es responsabilidad de la titular del área, la doctora Silvia La Ruffa.

#NiUnaMás

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.  

Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.

Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.

Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?

Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.

Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.

Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.

Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.    

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”
Seguir leyendo

#NiUnaMás

A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.

Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.

En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.

3J federal

Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.

La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.

En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.

También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.

“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.

En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.

María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.

Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.

La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.

En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.

En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.

Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.

4J en la Ciudad

Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a  movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.

En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.

Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.

Femicidios en la mira  

En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.

¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.

Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.

Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:

  • a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
  • Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
  • Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
  • En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.

El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.

El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.

“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.

Seguir leyendo

#NiUnaMás

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio
Seguir leyendo

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.