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Vivir para contarla: el caso de Jéssica Fernández, sobreviviente de un intento de femicidio

Publicada

hace 6 años

21/11/2020

Ocurrió en Moreno: Justino del Valle Ríos le disparó cinco veces a Jéssica Fernández, pero ella se recuperó. Había hecho tres denuncias contra su ex pareja, pero el Estado nunca dio una respuesta efectiva. Lo que cuentan ella y su círculo íntimo, todavía desde el hospital. Las voces que grafican cómo opera la violencia machista. El récord de casos, y las manifestaciones en reclamo de justicia: “No queremos más muertas”. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Vivir para contarla: el caso de Jéssica Fernández, sobreviviente de un intento de femicidio — Fotos: Lina Etchesuri

Está mejorando, parece que en un día o dos ya le dan el alta. No lo podemos creer”, dice Maru, la mejor amiga de Jéssica Fernández Argüello, desde la sala de Cuidados Intermedios del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. “Pero tiene mucho miedo de volver a su casa”, agrega. Efectivamente, al cierre de esta edición a Jéssica le dieron el alta.

El sábado 24 de octubre a las 8 de la noche, Jéssica escuchó que Justino del Valle Ríos, el padre de su hija de 4 años y de su hijo de 3, entraba a su casa del Barrio Cuartel V, de Moreno. Ella estaba en el piso de arriba bañando a su nene cuando él entró, ella bajó y él le disparó cinco veces. Los tiros le afectaron de gravedad el pulmón y el corazón, también el abdomen, un hombro y un brazo. Como pudo, su hermana Tania –que estaba en su casa–, la llevó a la vereda y la acomodó en su auto. Era de noche, llovía y la calle de tierra estaba oscura y embarrada. Cada pozo del barrio se sentía como una amenaza y Jéssica agonizaba.

Con las fuerzas que le quedaban, Tania llegó al centro de salud del barrio, donde trabaja otra de sus hermanas y allí pidieron una ambulancia que la trasladó al hospital de Moreno. Para llegar al hospital hay que transitar calles de tierra, sin luz, poceadas, llenas de piedras y cascotes. Aunque la ambulancia se apuró, pasó más de media hora. Cuartel V es una zona semi rural del partido de Moreno. En el camino a la ruta que lleva al centro de Moreno hay varios tramos en los que sólo hay pasto y algunos árboles, el alumbrado no llega y los vecinos y vecinas dejan las luces de sus casas prendidas para poder ver.

“Si hoy estoy acá es porque el asesino se quedó sin balas y porque el cuerpo de mi hermana me defendió: se puso adelante para protegerme a mí y a sus dos hijos. Ella había hecho tres denuncias, pero nunca le dieron botón antipánico, nunca le llegó al tipo la orden de restricción. Nunca nada, nunca. No sé cómo pude sacar a mi hermana, herida con cinco balas, de un barrio como el nuestro y un día de lluvia: se me moría por el camino. Queremos justicia para ella y tranquilidad para mis sobrinos”, remata Tania.

Gastos, tiros y denuncias

Hacía 3 meses que Jéssica y Del Valle Ríos estaban separados, pero vivían en la misma casa. Según Tania, él se gastaba todo lo que ganaba en alcohol y no la dejaba salir ni a la esquina. “Cuando llamábamos para preguntar cómo iban las denuncias nos decían que no podíamos hacer nada”, cuenta Tania que ansía ver a su hermana volver a trabajar como peluquera desde su casa.

Para poder hacer las denuncias, Jéssica tuvo que viajar desde su barrio hasta el centro de Moreno; los transportes interurbanos son escasos y tienen poca frecuencia. Había radicado al menos tres denuncias por violencia de género en en el poder judicial para solicitar la exclusión de hogar. La justicia local había emitido una orden de restricción perimetral, que Del Valle Ríos no cumplía y la policía no hacía nada para impedirlo. La última denuncia fue el 29 de septiembre pasado, cuando ella se presentó en la Comisaría de la Mujer y Familia de Moreno para denunciar a Ríos y advertir que él podía hacer lo que finalmente hizo: intentar matarla.

“Yo escuché unos tiros pero no salí, porque a veces acá se escuchan tiros”, dice el vecino que vive frente a la casa de Jéssica, desde la puerta de la suya. “Recién al otro día me enteré de lo que había pasado”, agrega. Para llegar a la casa de Tania y de Jéssica hay que preguntar, porque las calles no tienen nombre y se cortan, la señal del celular se pierde y las manzanas son irregulares.

Una parte del hospital está en reconstrucción. Ocupa toda una manzana. La guardia está a la vuelta de la entrada principal y a la tarde, es la única entrada al nosocomio. Hay varios edificios, construcciones de principios de siglo XX, rodeados de pasto y árboles. Familiares de internados descansan a la sombra. Una mujer le da la teta a su beba sentada en el piso y algunas personas esperan para ser hisopadas por el Covid–19. Jéssica estuvo un mes en terapia intensiva, en coma, respirando artificialmente. Para sus hermanas y para Maru es un “milagro” que se haya despertado. Ellas se turnan para cuidarla y acompañarla, le muestran fotos, videos y audios de whatsapp de su hija y de su hijo, que quedaron al cuidado de sus tías.

“Yo quiero justicia, quiero que pague, que no le den pocos años, que le den lo más que se pueda, porque tiró a matar. Si yo hoy estoy viva, es gracias a toda la gente que estuvo al lado mío y al trabajo de los médicos y de las enfermeras”, dice a MU Jessica desde el celular de su amiga que la cuida en el hospital.

Alerta Moreno

Según las estadísticas del primer informe del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Moreno es una de los distritos con más llamados a la Línea 144. En lo que va del año hubo 10 femicidios: Juana Ruiz, 77 años; Sandra Soledad García, 28 años; Ludmila Pretti, 14 años; María Magdalena Figueredo, 23 años, y su hija, Luz Emily de 4 años; Rosa Estela García, 64 años; Camila Tarocco, 26 años; Olga Verón, 37 años; Debora Ríos, de 36 años; y Marilyn Alejandra Sánchez.

Camila Aldana Tarocco –de 26 años– también era madre de dos hijos de 5 y 7 años. Cuando apareció muerta el miércoles 15 de abril llevaba desaparecida más de 10 días. Fue encontrada dentro de una bolsa semienterrada en un descampado que queda a 200 metros de la casa de su ex novio, Ariel Alberto González.

González ya había sido denunciado por la propia Camila por violencia de género y tenía antecedentes por robo y un juicio por violencia de género previsto para el 13 de marzo, que se postergó por las medidas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). El juez de Garantías 2 de Moreno, Gabriel Castro, le había concedido la prisión domiciliaria y él se había acercado a la joven violando las restricciones judiciales. Ariel González no tenía tobillera, y Camila no tenía botón antipánico.

Las amigas de Camila se organizaron para que el crimen no quede impune. Durante meses repudiaron y denunciaron la decisión del juez de enviar a González a su casa sin custodia ni tobillera. La jueza de garantías 3 de Moreno, Cecilia Ardohain, imputó a González por “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”. Ahora, desde la cárcel donde cumple prisión preventiva, González amenaza a las amigas y compañeras de Camila “tiene un celular y nos manda mensajes para que nos quedemos calladas”, contaron a MU.

Aislamiento violento

«Yo caracterizo a Moreno como un reducto semi-feudal, gobernado desde la recuperación de la democracia por los varones del conurbano, acérrimos machistas, patriarcales y capitalistas y todo está pensado y organizado en función de esos criterios”, describe a su ciudad Cristina Coronel, histórica militante por los derechos de las mujeres y diversidades, hoy integrante de la Red Feminista de Moreno. “Lo grave es que las mujeres de los partidos políticos lo han naturalizado y es difícil romper con esas posturas. Lo bueno es que cada vez quedan más en evidencia, por las contradicciones que provocamos con nuestras luchas. Aunque falta mucho por hacer, hemos conseguido algunas transformaciones, por eso seguiremos en la calle luchando”, agrega Cristina, quien también integra la organización Mujeres al pie del cañón, que viene trabajando en la lucha feminista, barrial y comunitaria.

La Red Feminista de Moreno se conformó luego del femicidio de Ludmila Pretti, la adolescente de 14 años que fue asesinada en una fiesta de cumpleaños. El cuerpo de Ludmila fue hallado en la casa donde vive Cristian Jerez, el dueño de la casa donde se hizo la fiesta, debajo de una cama, tapado con dos colchones. Según las investigaciones forenses, el cuerpo estaba semidesnudo, con signos de que la víctima se había defendido de un intento de abuso sexual. El informe preliminar dice que la adolescente fue ahorcada con una pashmina que llevaba anudada al cuello.

“Pedimos una audiencia urgente con la intendenta Mariel Fernández y con la directora de género de Moreno. Las compañeras le entregaron una propuesta al Municipio, entre ellas, la más importante era armar el comité de crisis contra las violencias de géneros y que esté constituida por las diferentes organizaciones sociales, representantes judiciales, de la policía y otras instituciones del Estado”, explica Coronel. “Seguimos en la calle, seguimos movilizadas, atentas, no bajaremos los brazos aunque quieran ningunearnos, la vida de nuestras hermanas vale mucho, no queremos más muertas, no queremos más femicidios”.

A fines de octubre, 50 mujeres, algunas con bebés en brazos y cartulinas escritas a mano, se movilizaron a la Municipalidad de Moreno a exigir políticas públicas que las protejan frente a la violencia machista que creció exponencialmente durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Llegaron caminando, desde sus barrios, alejados del centro, a donde a veces no llegan los servicios esenciales como el transporte y el gas. Pidieron que cuando sus vidas corren peligro, el Estado no las obligue a hacer la denuncia por mail porque no tienen computadoras, ni red de internet ni crédito en sus celulares. “No puedo elegir si compro pan o voy a hacer la denuncia: no tengo esa opción porque soy madre a cargo de cuatro hijos”, dijo una de las mujeres desde el micrófono, durante la manifestación frente a la sede municipal. Además, explicaron que muchas mujeres no pueden denunciar por correo electrónico porque no saben escribir.

En el barrio donde la casa de Jessica Fernández Argüello espera, dos chicas adolescentes llevan una garrafa de más de 20 kilos, ayudándose con un palo de escoba para repartir el peso. Otra mujer joven maneja una mezcladora de cemento mientras cuatro pequeños de no más de 4 años juegan con tierra. En Cuartel V, muchos hogares están sostenidos por mujeres.

Por eso, las integrantes de la Red Feminista piden también recursos, no sólo económicos, sino integrales: refugios, botones antipánico, acompañamiento social, legal y psicológico. Que las denuncias se tengan en cuenta y la policía actúe a tiempo. Que se cumplan las perimetrales. Contención para víctimas, hijes, familias. Prevención, capacitación, educación en la no violencia. En definitiva, presencia del Estado en los barrios, activa y concreta.

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Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords

Publicada

hace 3 días

09/06/2026

En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.

Por Evangelina Bucari

En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.

Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.

La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.

Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.

Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.

“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.

RADIOGRAFÍA

El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.

Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.

En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.

Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.

Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).

Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.

Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.

Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.

En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.

Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.

Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.

LA ANTIAGENDA

El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.

Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.

Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.

Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.

Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.

Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.

Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.

En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.

En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.

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Nota

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Publicada

hace 1 semana

04/06/2026

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.

Por Bernardina Rosini

El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.

Lo que no se puede creer

Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.

Varones

Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org

«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.

Dónde está Delicia

Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.

Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.

Justicia sin apellido

Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»

Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.

La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

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El 3J porteño: Vamos

Publicada

hace 1 semana

04/06/2026

Por Claudia Acuña

Fotos: Juan Valeiro

Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.