#NiUnaMás
Vivir para contarla: el caso de Jéssica Fernández, sobreviviente de un intento de femicidio
Ocurrió en Moreno: Justino del Valle Ríos le disparó cinco veces a Jéssica Fernández, pero ella se recuperó. Había hecho tres denuncias contra su ex pareja, pero el Estado nunca dio una respuesta efectiva. Lo que cuentan ella y su círculo íntimo, todavía desde el hospital. Las voces que grafican cómo opera la violencia machista. El récord de casos, y las manifestaciones en reclamo de justicia: “No queremos más muertas”. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Está mejorando, parece que en un día o dos ya le dan el alta. No lo podemos creer”, dice Maru, la mejor amiga de Jéssica Fernández Argüello, desde la sala de Cuidados Intermedios del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. “Pero tiene mucho miedo de volver a su casa”, agrega. Efectivamente, al cierre de esta edición a Jéssica le dieron el alta.
El sábado 24 de octubre a las 8 de la noche, Jéssica escuchó que Justino del Valle Ríos, el padre de su hija de 4 años y de su hijo de 3, entraba a su casa del Barrio Cuartel V, de Moreno. Ella estaba en el piso de arriba bañando a su nene cuando él entró, ella bajó y él le disparó cinco veces. Los tiros le afectaron de gravedad el pulmón y el corazón, también el abdomen, un hombro y un brazo. Como pudo, su hermana Tania –que estaba en su casa–, la llevó a la vereda y la acomodó en su auto. Era de noche, llovía y la calle de tierra estaba oscura y embarrada. Cada pozo del barrio se sentía como una amenaza y Jéssica agonizaba.
Con las fuerzas que le quedaban, Tania llegó al centro de salud del barrio, donde trabaja otra de sus hermanas y allí pidieron una ambulancia que la trasladó al hospital de Moreno. Para llegar al hospital hay que transitar calles de tierra, sin luz, poceadas, llenas de piedras y cascotes. Aunque la ambulancia se apuró, pasó más de media hora. Cuartel V es una zona semi rural del partido de Moreno. En el camino a la ruta que lleva al centro de Moreno hay varios tramos en los que sólo hay pasto y algunos árboles, el alumbrado no llega y los vecinos y vecinas dejan las luces de sus casas prendidas para poder ver.
“Si hoy estoy acá es porque el asesino se quedó sin balas y porque el cuerpo de mi hermana me defendió: se puso adelante para protegerme a mí y a sus dos hijos. Ella había hecho tres denuncias, pero nunca le dieron botón antipánico, nunca le llegó al tipo la orden de restricción. Nunca nada, nunca. No sé cómo pude sacar a mi hermana, herida con cinco balas, de un barrio como el nuestro y un día de lluvia: se me moría por el camino. Queremos justicia para ella y tranquilidad para mis sobrinos”, remata Tania.

Gastos, tiros y denuncias
Hacía 3 meses que Jéssica y Del Valle Ríos estaban separados, pero vivían en la misma casa. Según Tania, él se gastaba todo lo que ganaba en alcohol y no la dejaba salir ni a la esquina. “Cuando llamábamos para preguntar cómo iban las denuncias nos decían que no podíamos hacer nada”, cuenta Tania que ansía ver a su hermana volver a trabajar como peluquera desde su casa.
Para poder hacer las denuncias, Jéssica tuvo que viajar desde su barrio hasta el centro de Moreno; los transportes interurbanos son escasos y tienen poca frecuencia. Había radicado al menos tres denuncias por violencia de género en en el poder judicial para solicitar la exclusión de hogar. La justicia local había emitido una orden de restricción perimetral, que Del Valle Ríos no cumplía y la policía no hacía nada para impedirlo. La última denuncia fue el 29 de septiembre pasado, cuando ella se presentó en la Comisaría de la Mujer y Familia de Moreno para denunciar a Ríos y advertir que él podía hacer lo que finalmente hizo: intentar matarla.
“Yo escuché unos tiros pero no salí, porque a veces acá se escuchan tiros”, dice el vecino que vive frente a la casa de Jéssica, desde la puerta de la suya. “Recién al otro día me enteré de lo que había pasado”, agrega. Para llegar a la casa de Tania y de Jéssica hay que preguntar, porque las calles no tienen nombre y se cortan, la señal del celular se pierde y las manzanas son irregulares.
Una parte del hospital está en reconstrucción. Ocupa toda una manzana. La guardia está a la vuelta de la entrada principal y a la tarde, es la única entrada al nosocomio. Hay varios edificios, construcciones de principios de siglo XX, rodeados de pasto y árboles. Familiares de internados descansan a la sombra. Una mujer le da la teta a su beba sentada en el piso y algunas personas esperan para ser hisopadas por el Covid–19. Jéssica estuvo un mes en terapia intensiva, en coma, respirando artificialmente. Para sus hermanas y para Maru es un “milagro” que se haya despertado. Ellas se turnan para cuidarla y acompañarla, le muestran fotos, videos y audios de whatsapp de su hija y de su hijo, que quedaron al cuidado de sus tías.
“Yo quiero justicia, quiero que pague, que no le den pocos años, que le den lo más que se pueda, porque tiró a matar. Si yo hoy estoy viva, es gracias a toda la gente que estuvo al lado mío y al trabajo de los médicos y de las enfermeras”, dice a MU Jessica desde el celular de su amiga que la cuida en el hospital.

Alerta Moreno
Según las estadísticas del primer informe del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Moreno es una de los distritos con más llamados a la Línea 144. En lo que va del año hubo 10 femicidios: Juana Ruiz, 77 años; Sandra Soledad García, 28 años; Ludmila Pretti, 14 años; María Magdalena Figueredo, 23 años, y su hija, Luz Emily de 4 años; Rosa Estela García, 64 años; Camila Tarocco, 26 años; Olga Verón, 37 años; Debora Ríos, de 36 años; y Marilyn Alejandra Sánchez.
Camila Aldana Tarocco –de 26 años– también era madre de dos hijos de 5 y 7 años. Cuando apareció muerta el miércoles 15 de abril llevaba desaparecida más de 10 días. Fue encontrada dentro de una bolsa semienterrada en un descampado que queda a 200 metros de la casa de su ex novio, Ariel Alberto González.
González ya había sido denunciado por la propia Camila por violencia de género y tenía antecedentes por robo y un juicio por violencia de género previsto para el 13 de marzo, que se postergó por las medidas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). El juez de Garantías 2 de Moreno, Gabriel Castro, le había concedido la prisión domiciliaria y él se había acercado a la joven violando las restricciones judiciales. Ariel González no tenía tobillera, y Camila no tenía botón antipánico.
Las amigas de Camila se organizaron para que el crimen no quede impune. Durante meses repudiaron y denunciaron la decisión del juez de enviar a González a su casa sin custodia ni tobillera. La jueza de garantías 3 de Moreno, Cecilia Ardohain, imputó a González por “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”. Ahora, desde la cárcel donde cumple prisión preventiva, González amenaza a las amigas y compañeras de Camila “tiene un celular y nos manda mensajes para que nos quedemos calladas”, contaron a MU.

Aislamiento violento
«Yo caracterizo a Moreno como un reducto semi-feudal, gobernado desde la recuperación de la democracia por los varones del conurbano, acérrimos machistas, patriarcales y capitalistas y todo está pensado y organizado en función de esos criterios”, describe a su ciudad Cristina Coronel, histórica militante por los derechos de las mujeres y diversidades, hoy integrante de la Red Feminista de Moreno. “Lo grave es que las mujeres de los partidos políticos lo han naturalizado y es difícil romper con esas posturas. Lo bueno es que cada vez quedan más en evidencia, por las contradicciones que provocamos con nuestras luchas. Aunque falta mucho por hacer, hemos conseguido algunas transformaciones, por eso seguiremos en la calle luchando”, agrega Cristina, quien también integra la organización Mujeres al pie del cañón, que viene trabajando en la lucha feminista, barrial y comunitaria.
La Red Feminista de Moreno se conformó luego del femicidio de Ludmila Pretti, la adolescente de 14 años que fue asesinada en una fiesta de cumpleaños. El cuerpo de Ludmila fue hallado en la casa donde vive Cristian Jerez, el dueño de la casa donde se hizo la fiesta, debajo de una cama, tapado con dos colchones. Según las investigaciones forenses, el cuerpo estaba semidesnudo, con signos de que la víctima se había defendido de un intento de abuso sexual. El informe preliminar dice que la adolescente fue ahorcada con una pashmina que llevaba anudada al cuello.
“Pedimos una audiencia urgente con la intendenta Mariel Fernández y con la directora de género de Moreno. Las compañeras le entregaron una propuesta al Municipio, entre ellas, la más importante era armar el comité de crisis contra las violencias de géneros y que esté constituida por las diferentes organizaciones sociales, representantes judiciales, de la policía y otras instituciones del Estado”, explica Coronel. “Seguimos en la calle, seguimos movilizadas, atentas, no bajaremos los brazos aunque quieran ningunearnos, la vida de nuestras hermanas vale mucho, no queremos más muertas, no queremos más femicidios”.
A fines de octubre, 50 mujeres, algunas con bebés en brazos y cartulinas escritas a mano, se movilizaron a la Municipalidad de Moreno a exigir políticas públicas que las protejan frente a la violencia machista que creció exponencialmente durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Llegaron caminando, desde sus barrios, alejados del centro, a donde a veces no llegan los servicios esenciales como el transporte y el gas. Pidieron que cuando sus vidas corren peligro, el Estado no las obligue a hacer la denuncia por mail porque no tienen computadoras, ni red de internet ni crédito en sus celulares. “No puedo elegir si compro pan o voy a hacer la denuncia: no tengo esa opción porque soy madre a cargo de cuatro hijos”, dijo una de las mujeres desde el micrófono, durante la manifestación frente a la sede municipal. Además, explicaron que muchas mujeres no pueden denunciar por correo electrónico porque no saben escribir.
En el barrio donde la casa de Jessica Fernández Argüello espera, dos chicas adolescentes llevan una garrafa de más de 20 kilos, ayudándose con un palo de escoba para repartir el peso. Otra mujer joven maneja una mezcladora de cemento mientras cuatro pequeños de no más de 4 años juegan con tierra. En Cuartel V, muchos hogares están sostenidos por mujeres.
Por eso, las integrantes de la Red Feminista piden también recursos, no sólo económicos, sino integrales: refugios, botones antipánico, acompañamiento social, legal y psicológico. Que las denuncias se tengan en cuenta y la policía actúe a tiempo. Que se cumplan las perimetrales. Contención para víctimas, hijes, familias. Prevención, capacitación, educación en la no violencia. En definitiva, presencia del Estado en los barrios, activa y concreta.
#NiUnaMás
Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
#NiUnaMás
La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios
Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.
por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta
Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:
- Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
- Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
- Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.
Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.
Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.
¿Qué vimos?
En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.
Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.
Territorios, cuerpos y violencias
Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.
Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.
Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.
¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.
Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.
Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.
El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.
Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.
En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.
En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.
Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.
Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.
Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.
La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.
Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.
Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.
Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.
Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.
Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.
Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.
En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?
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