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10° Marcha de la Gorra: el Estado Policial impugnado

Publicada

hace 7 años

25/11/2016

Desde Córdoba, Rául Zibechi analiza el impacto de la 10° Marcha de la Gorra. La realidad que viven los jóvenes en los barrios periféricos: represión policial y desborde callejero, bronca y festejo, acoso y desafío. Cómo se vio y vivió la mayor movilización cordobesa.

Por Raúl Zibechi, desde Córdoba, para Brecha.

“Ni yuta, ni tuya”, dice el cartelito que la chica lleva colgado al cuello, anudando en una sola frase dos luchas potentes de estos días. A su alrededor revolotea un inmenso caleidoscopio de cuerpos y voces, sonidos y cánticos, danzas y ritmos que emanan de gargantas y de instrumentos, bombos, trompetas y platillos; las calles céntricas se convirtieron, el viernes 18, en un enorme tablado donde 20 mil jóvenes (y un puñado de mayores de 40) escenificaron la alegría de caminar como son, con sus colores y olores, con sus ropas y gorras, sin ser molestados por la policía. Es, dicen, el día de fiesta.
La décima Marcha de la Gorra recorre con cansina lentitud el centro de Córdoba. La cabeza es villera. Destacan las madres de los asesinados y desaparecidos portando enormes pancartas que claman “Justicia”. Las chicas villeras lucen como saliendo a la bailanta, pelos pintados, calzas de colores, y exageran poses de estrellas pop. Los varones caminan con sus infaltables gorras. Murgas, batucadas, teatro espontáneo, arte popular circense y cuerpos pintados; múltiples colores sobre cuerpos marcados porque, en los barrios de la periferia, ¿quién no fue golpeado por la policía?
Los grupos que hacen teatro escenifican las razias, arrodilladas con las manos en la nuca, los brazos en alto contra la pared y las piernas bien abiertas, acosados por “canas” que forman parte de la parodia. Algunas pancartas y muchos carteles, frases y consignas pintadas sobre las remeras y sobre la piel. Llama la atención que la piel se convierta en tela de pancarta. Quizá porque sientan todos los días, en el alma y en el cuerpo, la hondura de la frase de Paul Valery: “Lo más profundo es la piel”.
“Los ricos pasean, los pobres merodean”, dice un cartelito, en referencia al Código de Faltas que utiliza la figura del “merodeo” para ensañarse con los pibes de los barrios que tienen prohibido acercarse al centro. Un grupo de más de cien estudiantes universitarios portan, a modo de banderas, balas negras desplegadas al viento, en una danza circular y macabra imposible de eludir.
En la segunda fila marchan los organismos de derechos humanos y detrás las organizaciones sociales. La anarquista Federación de Organizaciones de Base con una nutrida columna de madres y pibes de los barrios, el autonomista Encuentro de Organizaciones, un vistoso grupo de La Poderosa, el grupo surgido en torno a una revista villera, Barrios de Pie con una enorme pancarta y la agrupación estudiantil La Bisagra, cerrando el tramo donde se agrupan hasta trece movimientos que trabajan en los territorios de la pobreza de la capital cordobesa. Más atrás las juventudes de los partidos, haciendo realidad una frase de una investigación sobre las marchas: “A medida que nos alejamos de la ´cabeza´ la cosa se pone más opaca”*. Los gestos grotescos y el desbunde dan paso a la seriedad de lo que, en términos sistémicos, se conoce como “la política”. Con mayúscula, claro.

10° Marcha de la Gorra: el Estado Policial impugnado

Foto: Marcha de La Gorra

Código de faltas

Decir que cada año hay 73 mil detenidos puede sonar exagerado. Lo cierto es que los jóvenes son indagados por “portación de rostro” en las vías públicas, por una policía que los para en función del aspecto. La policía de la provincia ha venido creciendo a la par de las detenciones. En 2007 había 13.400 uniformados. En 2009 ya eran 16.700 y al año siguiente treparon casi a 20 mil. Hoy se calcula que hay 25 mil policías en una población de poco más de tres millones.
Los detenidos por “portación de rostro” escalaron de forma similar: de 27.000 en 2009 pasaron a 42.700 en 2011 y se puede estimar que superan los 50 mil este año, aunque la policía se niega a facilitar datos. El abogado Sergio Job asegura que el 80 por ciento de los jóvenes de la ciudad fueron alguna vez detenidos por la policía. Entre los jóvenes pobres de 18 a 25 años habría que esforzarse para encontrar alguno que no haya sido detenido.
El Código de Faltas fue aprobado en 1994 pero su impronta en la ciudad empezó a hacerse visible desde 1999 cuando asume la gobernación José Manuel de la Sota. Desde los primeros días en el cargo estableció alianzas con el Instituto Manhattan, defensor de la “tolerancia cero”. El Código es considerado inconstitucional porque viola el derecho a la defensa y el acceso a la Justicia consagrados en la Constitución, y porque anula los criterios de parcialidad e independencia ya que otorga a la Policía (según el artículo 114) la autoridad para detener, instruir y juzgar en cualquier punto de la tramitación del hecho.
Como el Código es “simplemente” administrativo, no es necesario que haya jueces que sentencien sino que esa labor corresponde al comisario de cada distrito, quien decide la pena en base a los informes de sus subordinados. “Varios comisarios han sido denunciados penalmente por sus propios dirigidos, luego de que estos recibieran castigos desmedidos por no haber logrado el número de detenciones que cada policía está obligado a hacer por turno”, asegura Job.
Entre las figuras más polémicas por las que se puede detener a personas en la calle, figuran “mendigar” (artículo 46), “prostituirse escandalosamente” (art 45), concurrir a reuniones públicas tumultuarias, autorizadas o no (art 99) y sobre todo “merodeo” (art 98). Es tan general que permite detener a quienes “permanecieran en las inmediaciones de edificios o vehículos en actitud sospechosa”, algo que sólo la policía puede determinar. En los hechos, la figura no permite distinguir entre pasear y merodear lo que, dice el abogado, “se resuelve en los hechos con criterios racistas, clasistas y culturalmente discriminatorios”.
En abril pasado se aprobó un Código de Convivencia que “no es otra cosa que el Código de Faltas dibujado”, según los organizadores de la Marcha. Por eso el lema central fue “El Estado es responsable”, a la vez que exigen la derogación del nuevo código.

Foto: Marcha de La Gorra

Pibes que sobran

El asesinato de Güere fue uno de los crímenes policiales que mejor desnudan la violencia contra los jóvenes pobres. Fernando Güere Pellico y su amigo Maximiliano Peralta, de 21 y 18 años, salieron en su moto a comprar vino un sábado por la noche. Cuando regresaban fueron emboscados por un patrullero que los siguió con las luces apagadas. Dispararon cinco veces. Maxi salió corriendo, herido al caerse de la moto. A Güere lo mataron de cuatro disparos. Los dos trabajaban en los cortaderos de ladrillos.
El viernes, al día siguiente de la Marcha, comenzó el juicio contra los dos policías que les dispararon, el sargento Ruben Leiva y el oficial Lucas Chávez, imputados por homicidio calificado agravado. Güere es uno de los 150 muertos registrados desde 2011, que incluyen los femicidios que en su inmensa mayoría son mujeres asesinadas por sus parejas con armas reglamentarias, o sea son policías, según miembros del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, inspirador de la Marcha de la Gorra.
Es evidente que una política de seguridad este tipo responde a intereses de los grupos privilegiados, algo que los jóvenes tienen muy claro. “La orientación de sus gobiernos ha fortalecido los intereses de minorías que explotan y disgregan al pueblo. Un plan semejante sólo puede imponerse si logran derrotar a quienes hoy estamos de pie enfrentando sus políticas represivas y de ajuste”, señala la “Carta Abierta al Estado Policial”, manifiesto leído en el cierre de la Marcha, que recuerda el título de la misiva de Rodolfo Walsh a la Junta Militar en 1976.
Dicen que el Estado es patriarcal además de policial, y denuncian “las violaciones y abusos en las cárceles y en los barrios, para no detener a las jóvenes y el pedido de teléfonos y datos, son prácticas que aparecen de manera permanente”. Agregan que el aparato policial es la principal fuente de delitos por su connivencia con el crimen organizado. “El Estado que ustedes administran es un Estado policial, que no comete excesos en nombre de la seguridad, sino que es la fuente misma del delito que dice combatir, y que en estos diez años no ha dejado de subir”, sacude el manifiesto.
Apuntan contra la ley antiterrorista aprobada por el gobierno de Cristina Fernández, que lleva a una creciente intervención militar en el espionaje de organizaciones sociales. Trazan un mapa transparente de sus alianzas: apoyan el Encuentro Nacional de Mujeres, rechazan la criminalización de lesbianas, gays, trans y bisexuales; están contra la penalización del consumo de marihuana y la persecución a las trabajadoras sexuales, y contra la represión a los movimientos sociales.
En suma, una suerte de alianza informal de los que no caben en un sistema dominado por el capital financiero. O, como destaca Job, “quien no consume, sobra”. En su opinión, el hecho de colocar las contravenciones del Código de Faltas al mismo nivel que los delitos establecidos en el Código Penal, dibuja una policía preventiva, de saturación y ocupación territorial que es el núcleo del Estado Policial, que “responde y debe estar enmarcado en la reconfiguración que ha sufrido el sistema capitalista en las últimas décadas”.
Un Estado Policial funcional a la hegemonía del extractivismo, que se resume en la expulsión de campesinos de sus tierras, pero también en la incapacidad del modelo de cobijar con empelo digno a los millones de jóvenes que no tienen otro futuro que trabajos de baja calidad, precarios y mal pagos.

Foto: Marcha de La Gorra

Colectivo de jóvenes

Lucrecia Cuello egresó de la Facultad de Psicología para volcarse, a comienzos de la década de 2000, en los barrios populares desde la psicología social comunitaria. La revuelta de diciembre de 2001 estaba fresca cuando empezaron a organizar encuentros de jóvenes de diversos barrios, que venían realizando talleres de teatro, murga, revistas y cuanta iniciativa les sirviera para sobrellevar la amarga cotidianeidad.
En uno de los barrios más pobres de Córdoba, Barranca de Yaco, poblado por carreros y cartoneros con viviendas precarias, Huayna explica una realidad tremenda. “Hace unos meses se incendió una vivienda, llamamos a los bomberos y llegó la policía. Alguien se enferma, llamás a la ambulancia y llega la policía. Es lo único que nos mandan”. Lucrecia dice algo similar: “Hacíamos una revista, y si se hablaba por ejemplo de salud sexual y reproductiva, terminaba saliendo la cana, era imposible que no saliera”.
Hacia mediados de la década, la política de seguridad del gobierno De la Sota impuso que los jóvenes de los diversos barrios se empezaran a reunir. “En un encuentro en 2007 los pibes nos dicen a los técnicos que basta de esta lógica que ustedes arman el tallercito y nosotros tenemos que decir lo que ustedes quieren. Queremos tomar las decisiones y queremos salir a la calle”, relata Lucrecia
Sigue: “Fue muy fuerte porque nos interpelaban, pero aceptamos el desafío, hubo un primer momento en que nos separamos y ellos nos decían ustedes los técnicos vayan allá y nosotros nos reunimos por nuestro lado y al final de la reunión nos encontramos. Estuvimos como un año así y nos bancamos”.
Con el tiempo, reflexiona que estaban “reproduciendo el tutelaje colonial sobre los pobres, que siguen siendo subalternos en relación a las ONG y también en las organizaciones de la izquierda”. Fue posible porque venían de un proceso muy intenso con asambleas de hasta 300 de diferentes barrios. “Creo que lo que pasaba es que en cada barrio ellos iban generando cosas muy interesantes, hacían teatro, murga, y cuando se encuentran los barrios, eso explotó. Recuerdo cómo se miraban, cómo descubrieron la geografía en la vivían todo eso”.
El proceso que describe Lucrecia, como parte de una generación de activistas universitarias que se comprometieron en el ciclo de luchas que cuajó en los hechos de 2001, es menos excepcional de lo que parece. Durante años los “técnicos” trabajaron con dinámicas de educación popular para fomentar actividades recreativas. En cierto, momento, las relaciones dieron un vuelco. “Desbordaron la educación popular. El encuentro entre ellos fue determinante para romper con el técnico o con el militante que va al territorio”.
Diez años después de la primera marcha, a la que fueron apenas 50 personas, los jóvenes de los barrios están más seguros de sí mismos, tienen menos miedo y mucha más decisión de seguir adelante. Durante la marcha alguien saca un celular donde aparecen escenas de lo sucedido en Villa La Tela cuatro días antes. La policía hizo disparos y el barrio entero salió a la calle. No es el único caso.
“Está pasando en muchos barrios, creo que eso empieza hace cuatro, cinco años. Después del período del 2000 al 2001, cuando hubo una explosión, vino una anestesia porque las políticas sociales lograron frenar lo que sucedía en los barrios. Pero desde 2010 hay otra cosa, una confianza con el que vive al lado de tu casa. Entra la cana y los vecinos salen con piedras como sucedió en Los Cortaderos, sin saber por qué entró”, explica Lucrecia.
El objetivo de los chicos es llegar al centro, traspasar las fronteras de sus barrios cercados, trascender los límites.
-¿No tienen miedo?
-No tienen. A Güere lo fusilaron dos policías en Los Cortaderos. Los pibes nunca más se detuvieron, aunque saben que los pueden matar por la espalda como a Güere. Es un barrio de cinco kilómetros y la única entrada es la ruta. En ese camino la cana los persigue, pero dicen: “No vamos a parar nunca, si vemos un cana seguimos en la moto”. Y no van a parar.
Muchos consideran la Marcha de la Gorra como una expresión de un mundo en movimiento que cobra visibilidad ese día, aunque en los barrios es lo cotidiano. Una realidad que el Estado y los partidos no parecen reconocer.
Córdoba no es cualquier lugar. En 1918 fue el epicentro de la lucha por la reforma universitaria. En 1968 el Cordobazo fue la insurrección obrera y estudiantil que echó por tierra la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. En 2016 se realizó la décima Marcha contra la represión policial, la mayor movilización anual de la ciudad.
-¿Quiénes saldrían si hubiera un nuevo Cordobazo?
-Los barrios saldrían. Tengo mucha más confianza política en ellos que en cualquier otro sector. Ahí no hay democracia, hay dictadura. El sentimiento de “qué más vamos a perder” está en el cuerpo de generaciones.

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#TomáLaPalabra #TomáLaCalle : palabras de mujeres en acción

#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo

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Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

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hace 1 día

28/09/2023

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.

Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.

Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.

Video: Sebastián Smok.

De la economía popular a la formal

“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo” — La cabeza de la marcha de este 28 S. (Foto: Sol Tunni).

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI

Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.

Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.

Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.

Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad

Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.

¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)

¿Por qué creés que quieren que se termine?

Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.

Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?

Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.

¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?

No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.

¿Cómo volvemos para volver a ser marea?

Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.

Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok

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Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

Publicada

hace 2 días

27/09/2023

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).

Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.

La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.

Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.

En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).

¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.

En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.

Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.

Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.

El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes

Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.

En los hogares

Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.

Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.

A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.

Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza

En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.

Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.

Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.

El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.

Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.

“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.

En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada

En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.

En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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hace 5 días

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»