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#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo

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Hoy no fue un jueves como cualquier otro en Plaza de Mayo. Pocas horas después de la histórica  ronda de las Madres de  Plaza de Mayo,  decenas de trans y travestis caminaron sobre sus pasos, abrazadas para gritar juntas «queremos vivir». Referentes de distintos colectivos trans se pararon detrás de una  gran bandera que decía: “Justicia por Diana Sacayán. Basta de Travesticidios” y fueron rodeadas por un público repleto de jóvenes.  Allí, formando  una voz  grupal conmovedora,  leyeron un documento  que  unió todos sus reclamos  en una misma posición política clara y fuerte.  Luego, mientras sostenían juntas esa misma bandera, realizaron la primera ronda trava alrededor de la Pirámide de Mayo  exigiendo memoria y justicia por sus compañeras muertas y por ellas mismas.

#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo

Foto: Lina Etchesuri


 “Ya que no nos están escuchando, nos juntamos a gritarlo. Decidimos decretar el Estado de Emergencia de nuestro movimiento”,  lee Violeta Alegre, académica e integrante de la Colectiva Lohana Berkins, impulsora de este primer Gritazo Trans Latinoamericano. Sintetiza con esa frase el motivo de la convocatoria frente a la Casa Rosada.  La emergencia  fue disparada por los últimos casos de travesticidios en el país que sembraron en sus compañeras la necesidad de exigir un freno. Desde esa rabia y ese dolor se lanzó rápidamente una convocatoria por redes sociales  para convocar al  potente  “Gritazo Trava-Trans Lationamericano” que se realizó hoy.
#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo
El documento:
“Desde el movimiento travesti-trans argentino queremos denunciar cómo las políticas neoliberales del gobierno macrista impactan de manera arrolladora sobre los sectores más vulnerables de la sociedad civil, principalmente en la de travestis, trans y trans-migrantes de la patria grande. Una de esas consecuencias es el incremento de los crímenes de odio, transfemicidios y travesticidios, como el de la compañera Diana Sacayán -militante del campo popular y defensora de los derechos humanos- asesinada el 11 de octubre de 2015 de 27 puñaladas.
Este movimiento se compromete a agotar todas las instancias para que se haga justicia por Diana y por todas las hermanas asesinadas en diferentes puntos de Latinoamérica.
#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo

Foto: Lina Etchesuri


Hoy decidimos gritar y decretar el Estado de Emergencia de nuestro movimiento.
No queremos que nuestras muertes queden invisibilizadas.
Queremos hacer oir esta furia desde nuestras propias voces, sin ningún tipo de tutelajes. Necesitamos vomitar la ira que venimos acumulando,
Seguimos siendo las que ponemos cuerpo y no tenemos el respaldo que tiene el resto de los movimientos sociales y políticos.
Nuestras vidas, nuestras existencias han sido penalizadas y criminalizadas desde siempre. A pesar del reconocimiento legal a nuestra identidad, no se llega a reparar así el daño histórico que se nos causó. Seguimos siendo expulsadas institucionalmente.
#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo

Foto: Lina Etchesuri


Este gobierno viene haciendo un vaciamiento de las políticas públicas en relación al acceso a la salud, a la educación, al trabajo, coartando nuestro derecho a elegir quiénes y cómo queremos ser.
Somos el colectivo más vulnerado de nuestra sociedad civil.
Nuestros cuerpos tienen las cicatrices de la violencia institucional sistemática, la cual se ha sostenido y se sostiene por patrones capitalistas, patriarcales, heterosexistas binarios, xenófobos y racistas.
Pero unidas y organizadas también sabemos la potencialidad que podemos tener.
#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo

Foto: Lina Etchesuri


Nosotras y nosotros conocemos de violencia, sabemos de discriminación y cómo ésta termina en muerte. Pero a pesar de todo, nuestros cuerpos han venido resistiendo y sobreviviendo desde que decidimos romper con las imposiciones culturales. Son ellos quienes mantienen la memoria viva. Nosotres hemos devenido en sujetas políticas, transformadoras de cambios.
Luchamos por la libertad y por la emancipación de los pueblos y de los cuerpos.
Venimos de la terrible orfandad que significa las irrecuperables pérdidas de Lohana Berkins, también asesinada por este sistema que no le permitió sostener su vida como a cualquier otra persona; y de diana Sacayán, a quienes vengaremos gritando con furia cada vez que salgamos a la calle a reclamar nuestros derechos.
No pararemos hasta que se haga justicia.
A las travestis y trans nos matas y nuestras muertes no interpelan ni son motivo para reclamar justicia como otras. Para la sociedad y para el Estado, nuestra muerte así como nuestra vida, no vale nada, no es una vida digna de ser vivida en igualdad de condiciones como la vida de cualquier ciudadano común.
Necesitamos casa, trabajo, salud educación y reparación y para ello, claro, necesitamos estar vivas.
Exigimos dejar de ser las cajas chicas, las «fáciles de justificar» de las fuerzas policiales que ahora, con el aval de este gobierno de derecha, del Poder Judicial, mediático y religioso, implementan políticas de mano dura a través de discursos y prácticas discriminatorias que nos criminalizan y que alimentan el odio hacia nuestras identidades.
Nuestro colectivo ha presentado por primera vez ante el Comité CEDAW un informe sobre la situación actual de los derechos humanos de personas trans y travestis. Allí denunciamos cómo en estos últimos 10 meses recrudeció la persecución, hostigamiento, armado de causas y vejaciones hacia integrantes de nuestro colectivo y cómo esto se agudización nuestras hermanas trans-migrantes. También denunciamos la falta de políticas públicas integrales a nivel nacional, provincial y local para revertir la exclusión a las que nos confina el Estado. La CEDAW acaba de emitir sus recomendaciones en las cuales manifiesta con preocupación la realidad que vivimos e insta al Estado argentino a revertir esta problemática.
En su reciente visita a nuestro país de la Relatora de las ONU Dubravka Simonovic, desde nuestras organizaciones le entregamos un informe sobre la criminalización a defensoras y defensores travestis y trans de derechos humanos, quienes están sufriendo ataques particulares y focalizados, así como la inacción del Estado para prevenirla y combatirla. Necesitamos erradicar la violencia judicial e institucional.
Basta represión y persecución.
Exigimos revisar la figura legal, los tiempos e imputabilidades, ya que no son concordantes con las particularidades con los que estos crímenes de odio son ejercidos sobre nuestros cuerpos.
Queremos soñar un futuro con nuevas generaciones sin violencias, con infancias trans que tengan instituciones con responsabilidades y compromisos paterno-maternales amorosas.
Queremos recordarles, también, que todo esto lo exigimos para que Nunca Más nos roben la niñez.
Nunca Más.
Ya que no nos están escuchando, nos juntamos a gritarlo:

  • Justicia por Diana Sacayán.
  • Basta de Travesticidios.
  • Basta de Transfemicidios.
  • Vivas Nos Queremos.
  • Ni Una Menos.
  • Cupo Laboral Trans YA.
  • Reconocer es reparar.
  • Infancias trans sin violencia ni discriminación.
  • Basta de violencia hacia los varones trans”.

 
Voz propia
Al finalizar la lectura del documento, la poeta y activista trans Susy Shock dice con la claridad que la caracteriza: “Estamos desde las muertes de Lohana y Diana en estado de orfandad. Como colectivo trans  estamos aprendiendo, casi gateando. Por eso, queremos decir que aunque agradecemos las adhesiones,  todo este acto  es nuestro. Es nuestra voz.  Es nuestra lucha. Agradecemos que acompañen, pero  no se olviden de que este grito es absolutamente independiente.”

#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo

Susy Shock
Foto: Lina Etchesuri


“El gritazo comenzó movilizadas  por todas aquellas que fueron presas, violentadas y asesinadas en el último tiempo”, dice la actriz trans Carla Morales Ríos y agrega: “Yo estoy muy contenta pero  también espero que podamos ser más. Como fue durante el matrimonio igualitario que yo asistí  aunque por ahí no quisiera casarme. Espero que nos hermanemos aún más y que cada movilización trans haya más compañeras y compañeros de otros movimientos feministas y LGTBI apoyando. Igual estoy  esperanzada porque acá hay gente que se compromete en serio  y tiene ganas de cambiar nuestra realidad. Para mí es un logro grupal muy grande estar hoy acá todas juntas”.
Ana Carolina: “Vinimos al gritazo para amplificar las voces del reclamo frente a las agresiones que reciben las travestis porque creemos que cuantas más seamos más se va a escuchar.”
Charo Lopez: “Vinimos a gritar por y con las travestis: basta”.
Maitena: “Me parace importante que los que estamos por fuera de este grupo también lo apoyemos. Tenemos que apoyar que se frene con los travesticidios. Tenemos que lograr que no se mate a alguien porque no se soporta que un hombre o una mujer elijan tener otro sexo .”
“Yo he ido a las primeras marchas a favor del divorcio. Hoy lo ves en perspectiva y parece imposible que no existiera ese derecho. Por eso hay que adherir a estas causas. Yo ya n o estoy dibujando solo dibujo para causas que realmente me den ganas. En este caso me dieron ganas de dibujar ese grito furioso en contra de la violencia, el grito de basta.”
“Exigimos Cupo Laboral Trans Diana Sacayán en el Consejo Nacional de las Mujeres”, dice Alma desde el megáfono  y cierra: “Además, escribimos y defendimos el informe frente a la CEDAW sobre la violencia que recibimos las trans y travestis. El día lunes hemos recibido las recomendaciones. La CEDAW le dice al Estado Argentino que es urgente que las compañeras trans puedan ingresar a un trabajo formal y digno. Esta presentación es el resultado del trabajo de muchas compañeras que va más allá de las organizaciones donde cada una milita porque entendemos que la lucha es una y el horizonte es uno. Tenemos que estar más unidas que nunca”.
#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo

Violeta Alegre. Foto: Lina Etchesuri


#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo
#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo

Lara Bertolini. Foto: Lina Etchesuri


#GritazoTrans: la primera ronda trava a la Pirámide de Plaza de Mayo
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Foto: Lina Etchesuri


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Foto: Lina Etchesuri


 

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7 años sin Lucía: Salvando el corazón

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Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.

Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre,  Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

Por Anabella Arrascaeta

Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.

Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año. 

Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?

Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos. 

Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso? 

Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron. 

En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata? 

La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

7 años sin Lucía: Salvando el corazón

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?

Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando. 

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

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