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10 años sin Iván, 4 años sin Luciano: el Poder Judicial y su rol en las desapariciones forzadas

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El mismo día que se cumplen 10 años de la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia, familiares de Luciano Arruga revelaron la trama judicial de estas desapariciones. En una conferencia de prensa realizada en el CELS denunciaron que sus teléfonos fueron pinchados durante un año y cuatro meses. La medida, mantenida en un legajo secreto que recién se dio a conocer, fue solicitada por la fiscal Celia Cejas y habilitada por el juez Gustavo Banco, en abril del 2009, y se prorrogó 14 veces – a medida que iba venciendo el permiso- hasta agosto de 2010, poco antes que el CELS interviniera en la causa. “No es la primera falta de respeto que sufre la familia”, dijo angustiada Vanesa Orieta, hermana de Luciano, “ya que nunca nos trataron como víctimas sino como responsables de la desaparición. Nos criminalizan y subestiman porque venimos de un barrio pobre del conurbano”. Por su parte, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, informó que ese organismo junto a la APDH de La Matanza y el abogado de la familia Juan Manuel Combi solicitaron un pedido de juicio político contra la fiscal Cejas y el juez Banco por haber “controlado a la familia sin justificación”.
La noticia la dio a conocer Chillier en la apertura de la conferencia de prensa que se brindó hoy en el CELS junto al abogado de esa institución, Maximiliano Medina, la hermana de Luciano, Vanesa Orieta, su mamá, Mónica Alegre, Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza y el abogado de la familia, Juan Manuel Combi. Chillier anunció: “Hoy presentamos en el Consejo de la Magistratura un pedido de jury político contra la fiscal Cejas y el juez Banco ya que durante 1 año y medio habilitaron pinchaduras telefónicas a la madre, la hermana y otras personas cercanas a Luciano”. Según pudo precisar lavaca, además de Vanesa y Mónica, quienes sufrieron el espionaje fueron la abuela de Luciano, Marta, y su pareja Héctor. Chillier habló del “control a la familia sin justificación” y del carácter “secreto” del legajo que habilitó dicha intervención gracias a un artículo procesal penal que autoriza a fiscales abrir legajos paralelos. La justificación que alegó la fiscalía para la realización de escuchas fue “la obtención de datos útiles sobre el paradero de Luciano”. Precisó Chillier: “Pero no se puede utilizar para producir pruebas como en este caso”.
Según relató, los pedidos de intercepción de llamadas fueron solicitados en 15 oportunidades sucesivas por la fiscal y habilitados toda vez por el juez de la causa Banco, en un período de 1 año y cuatro meses que comprende de abril del 2009 hasta agosto de 2010, dos meses antes que interviniera el CELS en la causa. Una de las primeras medidas que se impulsó desde este organismo fue justamente la solicitud de revisar este legajo oculto que “la fiscal Cejas mandó con 5 meses de demora”.
Chillier consideró esta maniobra judicial como parte de “un problema estructural de violencia institucional” que se da en los casos en que “los sospechosos son policías y la justicia muchas veces actúa de manera cómplice”. El CELS apuntó entonces a los “responsables institucionales” de la medida de espionaje contra la familia y a la responsabilidad de la jefa del Ministerio Público, que designó a la fiscal Cejas a cargo de la causa de Luciano Arruga.

4 años sin Luciano

Luciano ArrugaLuego fue el turno de Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, que hasta entonces se mantuvo visiblemente angustiada junto a su madre Mónica. Lo primero que recordó Vanesa: “Hoy se cumplen 10 años de la desaparición de Iván Torres”. Luego hizo un repaso por otros casos de desaparición forzada -como Sergio Ávalos y Daniel Solano- para ilustrar la tardanza de los mecanismos de justicia y la afectación de las familias en ese proceso. “En 4 años pasan un montón de cosas en la familia. Para lograr la carátula de desaparición forzada y el pase a la justicia federal tuvimos que estar en la calle. Y es inhumano. No es nuestro deber. Nuestro deber es superar el dolor, en nuestras casas, con contención. No perder nuestra vida en la calle”.
Sobre el espionaje, Vanesa recordó: “No es la primer falta de respeto que sufre la familia” y relató los maltratos y amenazas que sufrió en estos cuatro años, tanto ella como su madre y otros familiares y amigos. “Se mueven con impunidad porque la sociedad no termina de entender la importancia de estos casos, y en eso tienen algo de razón”, sentenció.
El racconto de Vanesa se remitió a la primer fiscal del caso, la doctora Castelli, que tuvo la causa los primeros 45 días. Vanesa: “En esos 45 días perdimos a Luciano”. Vanesa contó cómo se encargó de ir todos esos días a la fiscalía donde estaba Castelli, quien no la recibió ninguna vez. “Siempre me dejaron en la mesa de entrada”, dijo. En ese interín Vanesa dejó dos cartas que alertaban a la fiscal el riesgo que corría la familia, ya que denunciaban a los policías del destacamento como responsables de la desaparición de Luciano.
“La primera vez que me tomaron declaración fue cuando apareció un testigo que decía haber visto a mi hermano siendo golpeado en el destacamento la noche del 31 de enero”, contó Vanesa. “Esa declaración yo la di con un policía detrás, un policía que yo estaba denunciando”.
“¿Qué tipo de protección me estaban dando como familiar?”, se preguntó.
Cuando lograron remover a esa fiscal, las esperanzas se renovaron al ritmo de rastrillajes, búsqueda de pruebas y medidas que apuntaban a los policías. Hoy, Vanesa definió todo eso como un “maquillaje”. “Nos dimos cuenta que al mismo tiempo que hacía esas cositas mínimas, mantenía una postura muy agresiva contra la familia. Tenía una necesidad de meterse en nuestra vida privada muy grande”. Las escuchas confirman la sospecha.
Vanesa dijo dos frases muy fuertes que dejaron resonando el pequeño auditorio del CELS:
-“Les digo la verdad, ya no tengo esperanzas de encontrar a mi hermano. Pero ojalá que el caso y toda la lucha de la familia sirva para no seguir cometiendo muchos errores”.
-“No queremos seguir más hablando de un desaparecido. Es un desaparecido porque no nos dicen dónde está”.
Desde esta frase, Vanesa recordó que la convocatoria para informar el espionaje a la familia se da en el marco de la campaña que impulsan familiares y amigos de Luciano por el “derecho a saber”: el derecho a saber dónde está Luciano Arruga.
Por último, Vanesa no eludió el tema de la baja de imputabilidad, sosteniendo: “Hay que salir a luchar para que no se implemente”, pero alertando que esa legalidad no hace falta para que la policía lleve adelante maltratos, torturas y desapariciones contra muchos pibes: “Eso ya está pasando”.
Luego de Vanesa, la madre de Luciano pronunció unas breves y sentidas palabras: no le dio relevancia al espionaje telefónica “porque yo ya me sentía acusada”, pero sí manifestó dolor y bronca por estar implicada hasta su madre. “Es la justicia que tenemos los pobres”, sintetizó, “que nos cierran la puerta en la cara”. Entre la decepción por haber confiado en la fiscal y en otros a los les quepa el saco, dijo estar triste “porque no puedo confiar en nadie”.
Cerró la conferencia Pablo Pimentel, quien caratuló la noticia del espionaje como una “nueva desaparición de Luciano”.

10 años sin Iván

ivan torresDesde la mañana y en Comodoro Rivadavia se realizaron distintas actividades por los 10 años de la desaparición de Iván Torres.
“Hoy a las 10:30 nos juntamos en la Plaza Vito, el lugar donde fue visto por última vez Iván por los amigos, se desplegó una bandera, se pasaron unas fotos y ahí se pegó la última sentencia de la Cámara Penal”, relata desde Comodoro la abogada del caso, Verónica Heredia.
Esta última sentencia de la Cámara Alta de Comodoro modificó la carátula de «desaparición forzada» – la causa de Iván había sido la primera en lograrlo en Argentina- a la de «privación ilegítima de la libertad» con el argumento que al momento del delito no estaba tipificada la desaparición. Si bien existe un principio general del Derecho Penal que prohíbe aplicar una ley sancionada luego del momento de los hechos que tipifica, como el cuerpo de Iván todavía no aparece, en su caso se trata de un “delito continuado”. Así lo explica Verónica Heredia: «Mientras no aparezca Iván el delito se está ejecutando todos los días. Entonces desde el momento en que se tipifica alcanza los hechos. En definitiva la persona que el 2 de octubre de 2003 privó de la libertad a Iván y no lo dijo, y el que sabía y no denunció al otro, y el que no investigó pero sabe, hoy lo sigue sabiendo».
Además, el 13 de marzo de 2007 la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró el delito como «desaparición forzada» e instó al Estado argentino a investigar profundamente el caso de Iván. «Que se haya cambiado la calificación es muy grosero. Es desconocer la jurisprudencia internacional. Estamos estudiando la posibilidad de denunciar a estos jueces ante el Concejo de la Magistratura por desconocimiento del Derecho y de resoluciones internacionales», asegura Heredia. Desde 2007 que la defensa ya no sigue la causa que estos jueces tomaron en 2005, justamente porque «no estaban dadas las condiciones para que se llevara adelante una investigación imparcial: el fiscal no aportó ninguna prueba, y la jueza cumplía los roles de investigar y juzgar, lo cual es inconstitucional».
Entre otros hechos que fueron garantizando la impunidad, uno de los más graves tuvo que ver con una serie de fotos que aparecieron en el expediente y fueron tomadas a Iván durante un supuesto cautiverio. La jueza no determinó quién aportó esas pruebas contundentes, que en este marco parecen mensajes mafiosos. “La última foto que nosotros vimos de Iván fue en febrero de 2011: está parado con el torso desnudo y un jean, y en una posición… como pidiendo ayuda. Fueron fotos que aparecieron en el expediente judicial, que no nos dejaron ver durante mucho tiempo. En ese lapso se ingresaron un montón de escritos y presentaciones de la propia jueza. Eso sólo tendría que haber generado que la jueza preguntara quién trajo esa foto. Cuando lo mostramos a la Corte Interamericana los jueces no lo podían creer, les preguntaron a los abogados y no supieron qué responderles. La impunidad está consagrada en los expedientes”.
María, madre de Iván, repite hace un tiempo en este mismo sentido: “No necesitamos ningún testigo que hable porque el expediente habla por sí solo”.
Hoy al mediodía, desde la plaza la movilización por Iván se trasladó a la Comisaría 1° donde estuvo detenido. Se sospecha que de allí desapareció. Su madre, María, hizo una conferencia en el hall donde acampó durante más de un año en reclamo por la aparición de su hijo (sí: en el hall de la comisaría), volviendo a denunciar las amenazas que sufrió durante ese lapso y los desastres de la causa judicial. Desde las 19 las actividades seguían en una biblioteca popular de Comodoro, a cargo de un grupo de poetas, y mañana está planeada una mesa-debate sobre delitos de lesa humanidad en la Universidad de la Patagonia, y a las 16 horas. Entre los disertantes estarán la madre de Iván, César Antillanca – padre de Julián, joven de 16 años asesinado por la policía en Trelew en 2010- y en representación de los familiares de Luciano viajará Rosaura Barletta. Por último, las actividades que recuerdan los 10 años sin Iván Torres culminarán el sábado 5 en una radio abierta en la plaza y una movilización por las calles de Comodoro, donde estará presente Nora Cortiñas, entre otros.
Frente al retroceso que implica el cambio de carátula en la causa de Iván, la defensa estudia presentar el caso ante la Corte Penal Internacional, uno de los máximos organismos en materia de Derecho Penal. “Lo que queremos demostrar es que el caso de Iván es un caso testigo de una práctica sistemática por parte de la policía, con silencio del Poder Judicial y complicidad del poder político. Y que entonces esa desaparición forzada se convierte en un delito de lesa humanidad”, dice Heredia.
Tales argumentos ya fueron presentados ante la Corte Interamericana que confirmó el carácter de “desaparición forzada” culpando al Estado argentino, que todavía no acató las medidas que solicitó esa Corte, sino al contrario: hace meses permitió el cambio de carátula en la causa, entre otras impunidades. Por eso, Heredia concluye: “En definitiva, más allá de las instancias internacionales, tenemos que seguir peticionando todos los días, movilizándonos con la gente”.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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