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10ma carta de Familiares Sobrevivientes de Femicidios al Presidente: el frío afuera y adentro de la Rosada

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Como cada segundo miércoles del mes, el grupo de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunió en Plaza de Mayo, actualizó el estado de las causas impunes de sus familiares, renovó los reclamos de justicia, por medidas urgentes y por una audiencia con el Presidente Alberto Fernández. Las palabras de la familia de Luciana Sequeira, joven de 17 años asesinada en Santiago del Estero, junto a las de Luna Ortiz, Cecilia Basaldúa y Lucía Pérez. Lo que tienen en común los casos, de la impunidad a la lucha. La lista de los 153 femicidios y transfemicidios leídos hoy en la voz de Susy Shock, Valeria Lois y Alejandra Flechner; y la carta completa, entregada por décima vez.

“Seguimos viniendo. No nos cansaremos. Nos toca frío, agua. ¡Nos falta nieve! Todos los climas hemos pasado, y el Estado no escucha lo que estamos diciendo”.

En un nuevo encuentro de Familiares Sobrevivientes de femicidios, Marisa, la mamá de Luna Ortíz, encuentra esa síntesis entre el clima adentro y afuera de la Casa Rosada, que se dibuja sobre el fondo de estas cuatro familias que sentadas en Plaza de Mayo esperan ser atendidas.

La familia de Luna Ortíz.

La familia de Lucía Pérez.

La familia de Cecilia Basaldúa.

La familia de Luciana Sequeira, 17 años, asesinada recientemente en Santiago del Estero.

Y a través de ellas, de cientos de otras familias que comparten el grito de justicia por los femicidios, el pedido de medidas urgentes al Estado y encarnan la lucha como la única manera de que algo cambie.

Las cartas en juego

Hoy se entregó la décima carta al presidente Alberto Fernández. En ella, los familiares detallan los patrones de impunidad, revictimización y la máquina de violencia machista que se repiten en cada una de las causas, en los casos, en sus vidas. Debajo, la letra completa.

El 11 de mayo pasado, esta carta fue entregada también ante el Ministerio de Mujeres y Diversidades. “El 11 de mayo dejamos el mismo petitorio a la ministra”, aseguró hoy Marta Montero, mamá de Lucía Pérez. “Lejos de tener una respuesta tuvimos una negativa: el Ministerio de Mujeres de Nación no puede hacerse cargo de las pericias de nuestras hijas”.

Marta y, luego, Marisa, mamá de Luna Ortíz, contaron en detalle el problema que representa enfrentar los costos del proceso, y en particular el relacionado a los peritajes. Para Marisa, se trata de otra instancia de revictimización: “Que se deje revictimizar a las víctimas en lo que cuesta pagar un perito. Hoy le decimos a este Estado que vamos a venir días de lluvia y frío porque todos los días tenemos la ausencia. Y que no vamos a parar hasta tener verdadera justicia”, sintetizó luego de relatar el pedido urgente para que su caso sea considerado femicidio.

Marta Montero también hizo referencia a las inclementes condiciones del clima: “Gracias por estar haciendo el aguante con este frío”, se dirigió a las personas y medios (Télam, Radio 10, Radio Continental, IP Noticias, Canal de la Ciudad) que se acercaron al Encuentro. Y contextualizó: “A la humedad y el frío lo soportamos igual, pero no deberíamos estar acá. El presidente bien podría hacer la diferencia de recibirnos. Esta es la décima carta que le venimos a traer, con todo respeto”.

Daniel Basaldúa, papá Cecilia, estuvo presente como cada miércoles. Inició el encuentro de esta manera: “Estamos dando la lucha en los medios y en la calle, y eso es lo que no les gusta a la justicia patriarcal. Vamos a seguir en la lucha por todo el ocultamiento que hay en el caso de mi hija, y para que esto no siga pasando”.

Daniel se refiere a la causa que tiene detenido a un hombre que denuncian se trata de un “perejil”, mientras los verdaderos autores del femicidio seguirían libres en Capilla del Monte; un círculo de impunidad encabezado por la fiscal Paula Kelm. Susana Reyes, mamá de Cecilia, quien realizó su propia investigación ayudada por la comunidad de Capilla, puntualizó hoy en la Plaza de Mayo: “A los asesinos de mi hija los tenemos fichados, y andan libres. Eso tiene que frenarse. Nos gustaría nos escuche el gobernador de Córdoba”.

“Quieren hacer pasar que ella murió por Covid”

El Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se repite cada segundo miércoles del mes, y siempre contiene un nuevo condimento. Esta vez se acercó Yolanda, la joven hermana de Luciana Sequeira, quien falleció el 16 de junio luego de ser herida de muerte en un hotel alojamiento en Villa Atamisqui, Santiago del Estero. Durante el Encuentro, Yolanda se limitó a decir: “Pido justicia por mi hermana y que esto se esclarezca”.

Luego, en diálogo con lavaca profundizó sobre el caso que involucra a esferas del poder santiagueño, su ocultamiento e impunidad: “Ahora están tapando todo allá en Santiago. La autopsia no deja mucho lugar a duda: fue un femicidio, y están haciendo pasar que ella murió por Covid, y no es así”.

¿De qué sospechan?

Cuando mi mamá fue al hospital le dijeron que tenía una hemorragia por un corte que le habían hecho. Y en la autopsia dice que ella tuvo un desgarro. Y un desgarre y un corte es algo totalmente diferente. Ahora dicen que murió por una neumopatía, cuando nunca tuvimos un resultado positivo de Covid. El 15 la hisoparon y le dio negativo en el propio Hospital.

¿En la justicia figura que este cuadro está asociado al Covid?

Sí, asociada a un shock. Pero no es así: el cuerpo habla por sí mismo.

¿Por qué el ocultamiento?

Él es un hijo de policía, y para variar menor de edad. Pensamos que por eso está todo comprado allá; todo lo maneja el gobierno. El tipo este está metido con el gobierno, también.

¿Qué pasa en Santiago?

No se hace justicia, todo se tapa, no sale de Santiago. El caso de Luciana salió porque pudimos hablar con medios de acá de Buenos Aires, sino se quedaba allá.

¿Cómo se da vuelta la impunidad?

Saliendo a pedir justicia y a pedir ayuda, porque si te quedás callada no se hace justicia.


El sábado 17 a las 15 horas habrá una movilización en la plaza central de Villa Atamisqui, Santiago del Estero.

La larga lista

En las voces conmovedoras de Susy Shock, Valeria Lois y Alejandra Flechner estuvieron presentes los femicidios y transfemicidios de 2021. Una lectura y escucha prolongada en medio de Plaza de Mayo que permite dar dimensión no solo a la cantidad, sino a cada nombre y edad que encarna la cifra.

La lista completa, elaborada por el equipo del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez (https://observatorioluciaperez.org/), el primer padrón público y autogestivo:

Graciela Carolina Flores, 44 años

Elisa Robles, 36 años

Analía del Rosario Barbosa Martínez, 26 años

Noelia Albornoz, 32 años

Bebé de Elisa Robles, 1 día

Gabriela Verónica Lencina, 43 años

Mariana Madonna, 63 años

María Florencia Ascaneo, 41 años

Jaqueline del Carmen Pino, 43 años

Yésica Celina Paredes, 22 años

Ana Astorga, 29 años

Alicia Moreno, 72 años

Anabella Viviana Olmos, 26 años

Nancy Villa, 14 años

Marcia Dominga Acuña, 16 años

Natalia Maldonado, 24 años

Felipa Correa, 39 años

Yésica Viviana Palma, 23 años

Karen Jazmín Ponce, 19 años

Jacinta Ester Acosta, 81 años

Cintia Edith Romero, 37 años

Carla Yanina Gomelsky, 39 años

Corina Soledad Irazu, 24 años

María José Villalón Escudero, 41 años

Ivana Soledad Juárez, 32 años

Margarita Mercedes Zárate, 28 años

Nilda Peano, 57 años

Rosa Gabriela Vallejos, 51 años

María Belén Montenegro, 23 años

Rocío Macarena Quesada, 28 años

Esther Mamani Canaviri, 35 años

Melina Laura Rojas Urbano, 20 años

Noelia Vanina Sánchez, 36 años

Milagros Orieta, 21 años

Teresa Silvana Leguizamón, 41 años

Melisa Moyano, 40 años

Liliana Beatriz Stefanatto, 45 años

Ángeles Castañares, 80 años

Noelia Vanessa Lobo Noble, 35 años

Carmen López de Vargas, 62 años

Úrsula Bahillo, 18 años

Florencia Figueroa, 23 años

Vanesa Carreño, 29 años

Rosita Marina Patagua, 46 años

Mirna Elizabeth Palma, 44 años

Silvia Raquel Rojas, 31 años

Silvina Rojas, 35 años

Emilse Stefanía Gajes, 25 años

Miriam Beatriz Farías, 45 años

Ivana Módica, 47 años

Una mujer de la que no se informa el nombre, 25 años

Verónica Escobar, 22 años

Lorena Alejandra Franco, 41 años

Florencia Cañete, 27 años

Guadalupe Curual, 21 años

Gabriela Alejandra Frasoli, 24 años

Estefany Escobar González, 33 años

Sol Acuña Bilbao, 24 años

Graciela Noemí Funes, 41 años

Katherine Saavedra, 22 años

Julia Hortensia Ríos, 42 años

Claudia Alejandra Casmuz, 29 años

Fabiola Pamela Ramírez, 22 años

Macarena Sol Blanco Domínguez, 28 años

Vanesa Vera, 35 años

Nora Emilce Moyano, 73 años

Noelia Almada, 33 años

Noelia Eliana Maidana, 22 años

Margarita Carrizo, 40 años

Angélica Soledad Cardozo, 36 años

Flavia Ortiz, 30 años

Fabiola Andrea Echenique, 30 años

Paola Mirna Leiva, 38 años

Carolina Beatriz Díaz, 31 años

Norma Alicia Miller, 61 años

María Dolores Barceló, 79 años

Miriam Emilce Sombo, 32 años

Viviana Olga Sagastizabal, 58 años

Marcela Analía Maydana, 44 años

Violeta Argentina Fernández, 70 años

Nancy Florentín Karen, 30 años

Débora Jesús de la Pasión Barros, 30 años

Priscila Arce, 16 años

Sofía Micaela Catán, 24 años

María José Gramajo, 23 años

Josefina Cruceño, 28 años

Dana Berenice, 7 meses

Abigail Carniel, 18 años

Adela Rodriguez, 46 años

Isabel Monzón, 45 años

Victoria Morena Nieva, 37 años

Daiana Aballay, 24 años

Mayerling Mariana Blanco Bravo, 25 años

Analía Maldonado, 40 años

Andrea Alejandra García, 45 años

Yanet Carolina Aleman, 25 años

Marisol Elizabeth Alcaraz Martínez, 35 años

Roxana Romina Olivera, 40 años

María Cristina Ancatén, 38 años

Gimena Islas, 14 años

Florencia Sandoval, 23 años

Cielo De Lucca, 23 años

Ester Del Valle Correa, 61 años

Una mujer de la que no se informa el nombre, 67 años

Gabriela Daiana Juárez, 23 años

Gilda Estefanía Klocker, 20 años

Mirta Cardozo, 59 años

Laura Nancy Rodríguez, 36 años

Patricia Arroyo, 53 años

Agostina Gisfman, 22 años

Felipe Sainz, 13 años

Ramona Adriana Luque, 63 años

Johana Paola Díaz, 26 años

Jésica Maribel Solís, 29 años

Aylin Carolina Reyes García, 33 años

Ayelén Elizabeth Jara Gutiérrez, 20 años

Laura Sánchez, 45 años

Zoe, hija de Laura Sánchez, 9 años

Johana Galdeano, 28 años

Antonella Díaz, 29 años

María José Fernández, 35 años

Victoria, 6 años

Sandra Marilin Carricaberri, 43 años

Mayra Bustos, 32 años

Santiago Cancinos, 14 años

Nancy Roxana Viano, 19 años

Lorena Beatriz Vique, 35 años

Rocío Milagros Rojas, 4 años

María Elena Caro, 73 años

Liliana Fernández, 22 años

Natalia Natividad Guamantes, 24 años

Mayra Guadalupe Flores, 27 años

Wanda Soraya de La Fuente, 29 años

Beatriz Teodora Aldecoa, 61 años

Luciana Sequeira, 17 años

Gabriela Nilvia Giménez, 22 años

Gloria Cristina Domínguez, 29 años

Lía Aguirre García, 32 años

Karen Gisele López, 25 años

María Ester Balbore, 61 años

Marcela Rota, 44 años

Nélida Susana Benítez, 45 años

Elsa Beatriz Gutiérrez, 51 años

La carta dirigida al Presidente

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Nosotras, familias sobreviviente de femicidios nos dirigimos a usted, en esta oportunidad por intermedio de la ministra de Mujeres y diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta,  para reiterar con respeto y esperanza el pedido de audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias

Atentamente:

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla

Ana María Martínez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo  Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna

El petitorio entregado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad:

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

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El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

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El femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco fue víctima del Poder Judicial: en un juicio abreviado condenaron a su asesino por homicidio simple, sin considerar la brutalidad de su asesinato ni investigar las conexiones de su crimen con sus denuncias periodísticas. “Estamos tan tristes que no podemos ni hablar”, dirá Fabián, el hijo mayor de Griselda. Cuenta que el acuerdo se selló entre la fiscal y la defensa del asesino y que ellos simplemente fueron notificados del acuerdo. “Llegamos a esta etapa con pruebas perdidas y la constante amenaza de que si íbamos a un juicio oral se iban a dedicar a ensuciar la memoria de mi madre. Realmente es imposible luchar contra este sistema: es como andar contra el viento. Perdimos toda esperanza”.

Griselda fue asesinada en su casa de Curuzú Cuatiá en 2023. El viernes el juez Martín José Vega, titular del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, avaló el acuerdo y de esa manera Darío Alfredo Ricardo Holzweissig deberá cumplir la pena por el delito de homicidio simple: 12 años y 6 meses de prisión, no de cumplimiento efectivo por no reconocerse en este fallo el componente de violencia de género. El acuerdo fue alcanzado entre la defensa del imputado y el Ministerio Público Fiscal, representado por Clara Belén Arrúa, titular de la Unidad Fiscal.

En la última emisión de su programa en Facebook Griselda había acusado al comisario  Walter Maciel por seguir en su puesto de policía pese a que una oficial lo había denunciado por abuso sexual. Maciel está ahora detenido por encubrimiento en el caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi un año. Dijo Griselda en su último programa y día de vida: “Diana Yardín es policía. Es de Curuzú Cuatiá, pero se encontraba ejerciendo su labor en Monte Caseros. Nadie se solidarizó con Diana. Todos encubren a este individuo: comisario Maciel. Aún no lo apartaron de la fuerza como hicieron con ella”, sostuvo la periodista asesinada.

Y continuó: “Solo pedimos justicia. Que intervengan los fiscales, por favor. No podemos tener un violador en la fuerza”. La denuncia del abuso había sido radicada en la justicia en 2019 por la oficial y también incluiría presuntas amenazas y maniobras de encubrimiento, delito por el que ahora está detenido el comisario en el caso del pequeño desaparecido.

Al informar sobre el escandaloso cierre del caso el diario Norte sintetizó: “Griselda Blanco era una periodista incisiva, una co­municadora social que utili­zaba su voz para denunciar injusticias y dar voz a quie­nes no la tenían. Su asesi­nato no solo fue un crimen contra una persona, sino también un ataque a la li­bertad de prensa. La forma en que la Justicia abordó su caso tiene un eco profundo en la sociedad, especialmen­te para el libre ejercicio del perio­dismo”.

El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

Fotos Sebastián Smok para lavaca.

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La tesis del gran bonete

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¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio. 

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”.  Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para  denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

  1. Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
  2. Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
  3. Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
  4. Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
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