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«Necesitamos que los traten como pibes enfermos, no como delincuentes»

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La actriz y productora Carolina Fernández compartió en redes sociales la tremenda historia de su hijo, con problemas de consumo, para graficar el horror y la desesperación que atraviesa cada madre que no sabe qué hacer, dónde acudir y cómo actuar ante una cadena de violencias que involucra al propio Estado. El resultado fue una catarata de mensajes de aliento, ayuda y muchos “lo vivo en carne propia”. Carolina denuncia que la justicia trata a su hijo como un delincuente, cuando en realidad necesita un tratamiento de adicción y contención psicológica y psiquiátrica. Reproducimos aquí la historia completa para aumentar la red y alentar la reflexión sobre un abordaje con perspectiva de derechos humanos.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

“La pasión de Santi son el skate y la música. Desde muy chiquito competía en los torneos. También le gustan los caballos y ganó torneos de polo, antes de los 12 años, hasta que el consumo totalizó su vida”, dice Carolina Fernández recordando la feliz infancia de su hijo. Una vida cargada de futuro que comenzó a complicarse pronto: “Desde los 8 años empezó a mostrar ciertos aspectos de su personalidad que a mí me hacían mucho ruido, que nos llevaba a extremos de angustia: mucha ira de la nada, reacciones intempestivas, se golpeaba solo, lloraba y gritaba, comenzaba luego dolor fuerte de cabeza hasta que vomitaba”, recuerda Carolina con la angustia en la garganta.

Caro maternó a Santi prácticamente sola, como les pasa a muchas mujeres. “Lo llevé a psicólogos, pediatras: nada. Todos decían que era “conductual”. Durante mucho tiempo y a medida que estas reacciones o “crisis” se hacían más incontrolables, me sentí una madre que no podía. Me hablaban de límites y yo los ponía pero del otro lado había una gran violencia frente a cualquier “NO”. No le encontraba los bordes a Santi. Se empezó a escapar. Llamaba casi a diario a la policía para que salgan a buscarlo”, cuenta Carolina, pero podría ser la historia de muchas madres e hijos más.

“Obviamente yo me doy cuenta tarde que estaba consumiendo. Y todo se transforma en un infierno. Santi es un chico que necesita y da ternura, me dice que me ama unas 50 veces al día, es afectuoso, y es muy inteligente. Una parte de Santi, la parte sana, quiere vivir, pero su parte enferma quiere romper el mundo en pedazos y morir”, se la escucha a Caro con la voz entre cortada.

¿Y ahora quién podrá ayudarme?

Cuando Santi cumplió 12 años y a pesar de que su mamá seguía buscando intensamente un diagnóstico que permitiera ayudar a su hijo, los profesionales seguían poniendo el eje en la crianza: “Pero yo sentía que no, que algo más había, que la maternidad no podía ser tan dolorosa y que Santi tenía algo. Yo lo miraba y sabía cuándo todo iba a explotar”.

Fue cuando se enteró que Santi fumaba mariahuana que empezó a buscar tratamientos contra las adicciones. “Para cuando me entero de que fumaba marihuana ya Santi estaba tomando cocaína: me da la sensación de que las madres corremos a las adicciones desde muy atrás. No llegamos. No alcanzamos, simplemente porque no sabemos”, dice Carolina.

“Un día lo miro a Santi y lo veo raro, le dije: ‘vos tomaste algo’. Y ahí me abre un mundo atroz: me cuenta que era adicto. Que no quería salir, que debía mucho dinero a gente pesada del pueblo y que solo quería huir para que no lo maten. Por esos tiempos comienzan a golpearme la puerta los tranzas del pueblo, y hacíamos vaquita con mi familia y mi papá iba a pagarles. Yo, muerta de miedo. Un día tocan la puerta, abro y me ponen un revólver en el pecho: un hombre me dijo que le pague lo que le debe Santi que tengo media hora”, cuenta Caro desde Patagones.

Ese día y con el miedo y la angustia en la piel, Carolina hizo la denuncia en la policía local. “Me ponen custodia por este episodio y por otra ‘visitas’ que tuve por deudas de Santi, a pesar de que todo el mundo me decía: ‘No denuncies es peligroso. Están todos comprados. No confíes’.

Caro decidió que Santi hiciera un tratamiento ambulatorio en Mar del Plata porque por las denuncias, él corría más riesgo. “Fue un caos. Un desastre. Santi empieza a fumar crack, sigue tomando cocaína y robaba para consumir. Yo todas las semanas viajaba desde Patagones o Buenos Aires a verlo. Yo sentí que estaba muerto. La psicóloga que lo trataba me dijo que debía internarlo. Mi psicólogo y el psiquiatra de Viedma, también”.

Santi tenía 17 años. Junto a una defensora oficial de Río Negro y con el aval de profesionales solicitamos una internación compulsiva: “Había que traerlo de Mar del Plata engañado. Lo internamos”, sigue contando Caro.

¿Qué respuestas has recibido de las instituciones del Estado?

Cuando Santi era menor logramos en Río Negro la internación compulsiva, porque hasta ahí la ley llega. Fue muy extrema. En ese momento a Santi lo internan, hicimos por un engaño que entre al hospital: le dijimos que mi mamá estaba internada. Ahí estuvo 4 días medicado al extremo, atado de pies manos y hombros, se hacía pis, hacía frio, no tomaba agua, deliraba: toda esa abstinencia en un nene de 17 años recién cumplidos. Lo trasladamos a un centro privado donde estuvo casi un año. El Juez Leandro Oyola, con amparo ejemplar, obligó a OSECAC a cubrir la internación en este lugar. 

Santi cumplió 18 internado. En todas las visitas – Carolina recorría todas las semanas los 1.000 km que separan Carmen de Patagones de Mar del Plata- Santiago hablaba con fascinación de su pasado con las drogas y la delincuencia con orgullo: “En ningún momento se hizo un trabajo psicológico para intentar desarmar esto”, asegura ella. “En este instituto reafirman el diagnóstico de Carlos Názara y me dicen que Santi tiene rasgos psicóticos. Y en febrero del 2020 decide no volver al centro y ya era mayor. Ahí empieza un calvario aún mayor porque Santiago sale directo a consumir todo”.

¿Dónde vivía en ese momento?

Se queda dos meses exactos en Pilar con su papá con una convivencia violenta al extremo. Empieza a empeñar cosas, a reclamar dinero, comienzan las deudas. Su papá lo deja en Ciudad de Buenos Aires en la casa de una chica con la que salía. Yo empiezo a buscar desde acá psicóloga y psiquiatra. Tuvimos sesiones virtuales por cuarentena. Santiago hundido en la cocaína y el crack. Un día llama que se estaba muriendo. Que se había metido además con gente pesada, que lo iban a matar. Lo buscamos.

Era agosto, plena cuarentena. Carolina habla con el jefe de Salud Mental del Hospital Zatti y para pedir la internación de su hijo, en pleno consumo de crack y cocaína. “Necesitaba una internación y tratamiento integral. La respuesta fue: estamos en cuarentena, no puede ir a verlo un psiquiatra, que venga a un turno.  ¡Un turno!, pensé yo. Un adicto extremo en abstinencia y con el registro de una internación compulsiva, ¿cómo hacemos para que vaya? Imposible. Seguimos. Golpes. Intentos de suicidio. Agresiones con cuchillo. Una vez se tiró al río. Llamados al 911, a ambulancias. El horror.

Me imagino tu miedo

Sí, todos los días sentía que Santi podía morirse. Todos los días. Rogaba que hagan algo más. Comienza en un momento a ir al psiquiatra (para drogarse con pastillas supongo). Intentamos. Pero una consulta cada 15 días ¿sirve?, me pregunto. ¿Eso es lo que tiene el Estado? Arman un espacio terapéutico para que vaya una vez por semana. ¿En serio piensan que en estos extremos alcanza? En enero de 2021 Santi roba mis cámaras, mis herramientas de trabajo. No puedo seguir con el programa audiovisual. Santi llega con un brote paranoico gritando a las 4 de la mañana: ‘Los voy a matar a todos, me hicieron una emboscada. Voy a matar a toda mi familia’. Santi siempre salía con la cuchilla de casa, con un machete, con un bate de béisbol. Gritaba y su hermana (de 6 años) estaba durmiendo. Entonces le pego una cachetada. Me ahorca. Me desmayo. Al otro día hago una denuncia y pido la perimetral. También pido a gritos un tratamiento para mi hijo que ahora se quedaba en lo de mi mamá.

¿Cómo siguió todo?

El jueves 5 de agosto efectivos de la prefectura rompen la puerta de mi casa y la de la casa de mi mamá con una orden de allanamiento y una orden de detención para Santiago. No encuentran nada. Porque Santiago es adicto y tiene una patología psiquiátrica. No es narco, aunque en su fantasía lo crea. Aunque sueñe con eso. No lo es. Los allanamientos dan negativo. Sin embargo, secuestran mis herramientas de trabajo. Yo soy periodista, además de actriz y tengo información confidencial en mi celular y en mi computadora. Además, necesito trabajar. Me encantaría descansar pero no puedo. Me violentan una vez más: el Estado aparece solo para violentar a una mujer y su hija, a una madre que le pdiió a ese mismo Estado que contenga a su hijo adicto.

¿Por qué entró la policía en tu casa?

La orden de allanamiento habla de comercialización de estupefacientes por parte de Santiago. Santi ahora tiene una causa penal y el proceso de investigación dura mucho tiempo. Mi pregunta es: ¿en este tiempo Santi será condenado a ir a un penal en etapa de investigación con un diagnóstico severo, con medicación antipsicótica, con brotes y abstinencia? ¿Santi será expuesto a un penal por ser adicto y hacer lo que sea para conseguir droga? Santi estaba dejando la cocaína. Estaba orgulloso de cada día sin tomar. Pedía ayuda. ¿La justicia verdaderamente piensa que Santiago y tantos pibes no necesitan que el Estado sea quien hoy ordene un tratamiento?

¿Cómo deberían tratarse este tipo de casos?

Según mi experiencia, el camino es una internación en comunidad terapéutica con custodia policial. El camino es que empecemos a sanar a las personas adictas y que contengamos a las personas con patologías de salud mental. No podemos las madres convivir con la muerte, escondiendo cuchillos, encerrándonos en los cuartos.

El pedido y la denuncia de Caro es clara:

“NECESITAMOS QUE A SANTI Y A TANTOS PIBES LOS TRATEN COMO PERSONAS QUE ESTÁN ENFERMAS NO COMO DELINCUENTES. Hoy Santi está detenido en prefectura. Tuvo un brote, intentó autolesionarse, lo trasladaron al hospital una noche. Está medicado al extremo en la prefectura. DEBEN ESTAR BAJO TRATAMIENTO.

COMBATIR EL NARCOTRÁFICO ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. CADA PIBE MUERTO CADA MADRE DESTROZADA CADA PERSONA VÍCTIMA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. UN ESTADO AUSENTE QUE APARECE PARA SEGUIR DESTROZANDO LO POCO QUE PODEMOS SOSTENER EN MEDIO DEL INFIERNO. Esto que vivimos tantas familias confirma que el ESTADO LOS QUIERE PRESOS O MUERTOS, NO SANOS. ¿QUÉ INTERESES HABRÁ PARA QUE EL CIRCO PERSIGA A LOS ADICTOS Y NO A LOS NARCOS, NO?

¿Cuáles son los mensajes que recibiste de otras madres en situaciones parecidas?

Recibí cientos de mensajes del tipo: “Lo vivo en carne propia. Mi hijo está preso. Mi hijo se mató hace 10 meses. Jamás me dieron un turno en el hospital. Hagamos algo. El Estado nos deja a la deriva”. El “lo vivo en carne propia” es muy recurrente.

¿Eso te hace sentir menos sola?

La red sostiene como nada. Cientos de personas apoyando. Las colectivas que integro me dan lucidez amor fuerza ideas. La colectiva local de periodistas feministas, Acá Estamos sacó un comunicado que me conmovió tanto. Acá todxs conocen mi lucha. Jamás la guardé debajo de la alfombra. Materno a Sofi y a Santi. Todxs saben; tengo el privilegio de ser una persona pública, que se reconoce mi trabajo como periodista y mi militancia, entonces hoy el amor es infinito. Luchar con otres es la única y maravillosa posibilidad de cambiar el status quo, lo establecido, lo que ya no va, lo que daña, lo que mata.

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Parlamento de Artistas: la nueva propuesta de Mu Trinchera Boutique

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Después de las Postas Sanitarias Culturales, llega el Parlamento de Artistas en Mu Trinchera Boutique, con la presidencia de Susy Shock y gran elenco. Enterate cómo va a ser y dónde se consiguen entradas.

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🔥Parlamento de Artistas🔥

Una sesión extraordinaria, presidida por la cantante y artista Susy Shock, es la excusa para volver a encontrarnos en el teatro de Mu Trinchera Boutique junto a una serie de artistas que representarán números únicos, pensados a la medida del Parlamento de los Artistas.

La propuesta, parida por el equipo cultural de lavaca, retoma la propuesta ideada por Paul Preciado y replicada por el colectivo boliviano Mujeres Creando durante el golpe en ese país; un Parlamento de Mujeres, en ese caso, que funcionó de barricada para hacerle frente al fascismo, invitando a hablar a numerosa y diversa cantidad de mujeres micrófono y palabra en mano.

Ahora, emulando ese ritmo de protesta al calor de la época actual, entre pandemias virales, culturales y sociales, el Parlamento de Artistas pretende responder desde la danza contemporánea, la música y el teatro a la pregunta: ¿Qué podemos decir cuando todo está dicho?

Las posibles respuestas las interpretarán estos grandes, enormes artistas de la escena argentina:

  • Susy Shock @susyshock
  • Manuel Fanego @manufanego
  • Paula Garnier @pauligarnier
  • Caro Bonillo @caro_bonillo
  • Carla Rimola @carlarimola
  • Juan Salvador Giménez Farfán @decimesalvador
  • Luisa Ginevro @luisa_ginevro @milagloww
  • Valentina Brishantina @nosoyvalentinabrishantina
  • Elis Pavan Armas.

El lunes 18 de octubre a las 19hs. en Mu Trinchera Boutique @mu.trinchera.boutique  (Riobamba 143, CABA)

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Femicidio de Araceli Fulles: lo que hay que hacer para conseguir justicia

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Otra semana en el juicio por el femicidio de Araceli Fulles (22 años) está llegando a su fin. Después de seis semanas, hoy terminó la etapa de declaraciones y presentación de pruebas. Son ocho los imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”. Casi trescientos testigos pasaron por el tribunal para declarar y prevén que el juicio se extienda dos semanas más. El próximo miércoles y jueves se desarrollarán los alegatos y se espera fecha de sentencia.  

Por Delfina Pedelacq

Son casi las diez de la mañana en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal número tres (TOC 3) de San Martín ubicado sobre la calle Eva Perón al 2500. Como todos los días desde que comenzó el juicio, esa cuadra está cortada con una valla y un patrullero de cada lado. En la vereda de enfrente familiares de otras víctimas de femicidios e inseguridad “fortalecidos por el dolor”, arrastran una escalera y la posan sobre el paredón de la fábrica de calzado para colgar las banderas que acompañaron todas las jornadas. “Justicia por Araceli, “por Zaira”, “Justicia por Chiara” son las primeras en desplegar.

Refugiándose del viento, Mónica Ferreyra, mamá de Araceli, espera dentro del auto para entrar al tribunal. El papá, Ricardo, prende el segundo cigarrillo al hilo mientras saluda al abogado Diego Szpigiel, que llega con su asistente. Por el rabillo del ojo, Mónica detecta la camioneta del servicio penitenciario que dobla por la calle Rogelio Vidal y dice: “Ahí están entrando a los desgraciados”. 

Los ojos de Mónica y Ricardo pueden dar cuenta del agotamiento que implica sostener todos los días el proceso judicial, que comenzó el 13 de septiembre y transita la recta final.  Acumulan hasta hoy sobre sus cuerpos, más de doscientas horas de juicio: “Después de todo lo que luchamos, de todo lo que tuvimos que aguantar, nos merecemos que todo salga bien y que haya justicia”.

“No damos más, pero no vamos a parar”

“Vamos, negrita, bailá hasta el fin” canta la remera que lleva Damián, con la cara de su hermana. La misma que tiene Mónica colgada de su cartera. “Es volver a remover todo. Fue un proceso largo y complicado pero por suerte tenemos mucho apoyo de la gente”, dice a lavaca. Junto con sus otros dos hermanos fueron quienes durante los 25 días de búsqueda recorrieron todo el barrio para encontrar a Araceli. También cuenta que por el trabajo se le complica estar todos los días acompañando a su mamá y papá, pero entre los demás hermanos se turnan. “Ya no damos más, pero no vamos a parar hasta llegar al final”.

Araceli fue  vista por última vez el 2 de abril de 2017 en una plaza cercana a la casa donde su cuerpo fue hallado 25 días después, víctima de femicidio y enterrada bajo una loza. La casa pertenecía a la mamá de Darío Badaracco, principal sospechoso y el único que en ese entonces quedó detenido.

Los padres de Araceli explicaron en su momento que, durante la investigación, las autoridades perdieron la cadena de custodia de los elementos probatorios, y que este fue el argumento por el cual la Cámara resolvió que los ocho imputados quedaran en libertad por falta de mérito.

Los sospechosos

El tribunal está integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martinez y Anibal Bellagio. La fiscal de juicio es Mariana Piwarczuk, mientras que el abogado Diego Szpigiel representa a la familia de Araceli.

Son ocho acusados, Hernan Rodrigo Badaracco, Carlos Damian Cassalz, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Manuel Avalos. Todos imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”, delito que prevé la pena máxima de prisión perpetua. 

Un día antes del comienzo del juicio uno de los imputados, Carlos Damian Cassalz, el dueño del corralón donde se cree que Araceli fue asesinada, fue detenido mientras se acercaba a un centro de votación. La detención se produjo porque semanas atrás, la mamá de Araceli,  denunció haber recibido a su celular un video intimidatorio del imputado Cassalz portando una ametralladora. “Pero no les tengo miedo: a mí ya me mataron”. dijo Monica.

Otro detenido fue Hugo Cabañas cuando, el segundo día del juicio, intentó ingresar a la sala de audiencias con una faca. Actualmente también se encuentra detenido el imputado Marcelo Escobedo.

Las audiencias se desarrollan sin público por protocolo Covid. Los imputados y las personas que testifican se encuentran siempre en la misma sala. El primer día del juicio, prensa y canales de televisión pudieron entrar para registrar el inicio. Al ser una sala pequeña, solamente presencian el proceso la mamá y el papá de Araceli con su defensa. 

Lo que sigue

Son las 10.25am. “¿Subimos?”. dice Diego Szpigiel mientras encara hacia las escaleras del tribunal. Mónica y Ricardo abrazan a quienes se acercaron para darles palabras de aliento. “Ya falta poco” y “fuerza” son las principales.

En la entrada también se encuentra el papá de Chiara Rodriguez, que carga con un cartel hecho a mano que grita justicia por su hija, una joven de 19 años fue asesinada hace casi un mes en el barrio Villa Hidalgo. “Vamos a acompañar como ellos nos están acompañando”, dice.

Cerca de las tres de la tarde termina la última jornada de declaraciones y presentación de pruebas.

El próximo miércoles 20 de octubre comenzarán los alegatos. 

Sobre la pared del tribunal siguen intactas cientos de fotos de Araceli que, desde aquel 13 de septiembre en que comenzó el juicio, sus amigas y familiares pegaron.  

Y todo indica que, hasta que no sea justicia, no se moverán de allí.

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13er Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Exigimos acciones concretas”

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En el día en que el Observatorio Lucía Pérez dio a conocer el número de los femicidios, travesticidios y transfemicidios en lo que va del año —233— los Familiares Sobrevivientes de Femicidios volvieron a juntarse en el mediodía gris, como cada segundo miércoles de mes, para exponer el estado de las causas de sus hijas y presentar la carta por decimotercera vez solicitando una audiencia con el presidente Alberto Fernández. El informe completo y la carta, en esta nota.

Sentades en sillas negras ubicadas por delante del mástil que está frente a la Casa Rosada, les familiares nuevamente tomaron el micrófono, con una batucada de fondo por parte de trabajadorxs de la empresa de electrodomésticos Garbarino que denuncian que 4000 empleades no reciben sus sueldos desde hace seis meses. La primera en tomar la palabra fue Yolanda, hermana de Luciana Sequeira, la joven de 17 años que fue encontrada en un hotel en Santiago del Estero con graves lesiones producto de tortura y violación y que falleciera tres días después. El imputado es un compañero del colegio, también de 17 años, hijo de un policía. “Estamos acá para pedir justicia porque el caso está parado. Por la pandemia, nos dicen, no puede seguir avanzando. Ahora estamos tratando de impugnar la autopsia porque la que hubo está manipulada y no podemos seguir confiando en esa autopsia”.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años de cuyo femicidio se cumplieron cinco años el pasado 8 de octubre y que desatara el primer paro de mujeres, dijo: “A cinco años de su femicidio todavÍa no tenemos justicia. Pedimos justicia por Lucía. Gracias”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luego tomó la palabra Susana Reyes, la mamá de Cecilia Basaldúa: “La semana pasada estuvimos en Córdoba porque supuestamente nos recibía el Fiscal General de Córdoba, quien se escondió y no quiso atendernos, mandó al secretario, hubo violencia de la policía y eso delata más todo lo que están ocultando. Pasamos por Capilla del Monte y nos enteramos que todos los cómplices del asesinato de mi hija andan sueltos, caminan por la calle como si nada, queremos que eso se termine, vamos a seguir la lucha. Estamos a poco tiempo del juicio, del único acusado, no tienen ninguna prueba, veremos qué pasa, si se puede caer ese juicio por todas las mentiras que hay en el expediente. No nos van a parar, vamos a seguir con la lucha”.

La mamá de Camila Flores fue la siguiente en hablar: “Camila fue asesinada en San Guillermo, Santa Fe. No es como ellos dicen que Cami se suicidó, están arreglando todo desde la autopsia y todas las pruebas que dicen que tienen, que nunca las muestran. Ya diez meses y no hacen nada, el asesino está en su casa, sabemos que hasta después de esa noche se ha reunido en la casa de la jueza del pueblo con su mamá. ¿Cómo puede ser si es un asesino y se reúne con la jueza en la casa? Es un pueblo y se tapan, pero vamos a seguir porque a Cami la mataron y la verdad tiene que salir a la luz”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luna Ortiz, de 19 años, fue drogada y violada por distintos hombres. Sin embargo, los jueces de Casación Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky lo caratularon como un “homicidio imprudente” y pusieron el foco en la víctima.

Marisa, su mamá, contó: “Luna un 3 de junio de 2017 era asesinada por Villarreal y sus cómplices. Le decimos a este Poder Judicial que queremos una verdadera justicia para Luna y para todas nuestras pibas asesinadas. No nos conformamos desde un principio de la causa, como se caratuló como abandono de persona por el fiscal (Marcelo) Fuenzalida y el TOC 7 de San Isidro y cuando llega a Casación, los jueces Maidana y Carral de la Sala 1 de La Plata le dan lugar a la defensa del femicida cambiando la carátula como un homicidio culposo; siendo así este femicida estaría quedando en libertad en poco tiempo».

Y agregó: «En todo el proceso judicial se revictimizó a Luna y se violaron todos los derechos internacionales, con respecto a la violencia de género, por eso apelamos a la Corte Suprema de la Provincia para que revierta la causa a femicidio. Ayer recibimos la noticia de parte de la abogada que la corte lo denegó. Acá sigue nuestra lucha, vamos a seguir exigiendo justicia por Luna, porque estamos acostumbrados a que nos quieran tirar atrás las causas, a que revictimicen a nuestras hijas, hoy todos los familiares que estamos acá venimos a lo mismo, a quejarnos de este Poder Judicial, estamos muy cansados pero vamos a seguir tratando de que se reconozca el femicidio”. Marisa también contó que están organizando un encuentro regional el próximo 24 de octubre, donde se van a dictar talleres y a las 18 hs habrá una movilización en Tigre.

Fotos: Lina Etchesuri.

Facundo, papá de Luna, afirmó: “La causa está desde un principio estancada, no avanza, cada vez que vamos somos tratados de mala forma en la Fiscalía de Género de Tigre, donde siguen revictimizando a Luna: una secretaria del fiscal dando a entender como que las pibas se lo buscan, ¿cómo esa gente puede estar al frente de una Fiscalía de Género? Son apañados por la misma fiscalía general, nadie hace nada y se van repitiendo los casos. Estamos luchando para que la causa avance, hemos realizado una pericia para dar vuelta esa pericia psicológica que es aberrante y misógina. Este 8 de noviembre tenemos reunión con la fiscal y esperamos tener una buena respuesta y que la causa siga adelante”.

Daniel Basaldúa, papa de Cecilia: “Hace 17 meses que no la tenemos. Estamos luchando como el primer día pero nos damos cuenta de toda la porqueria que hay en el Poder Judicial. Acabamos de volver de Córdoba, nos recibía el fiscal general, se asustó, no nos recibió , hubo violencia, no nos querian dejar entrar a Tribunales, como si fueramos delincuentes. Nosotros somos pacificos pero sí decimos las cosas como son. Nos recibió el fiscal de Cámara, que va a ser quien posiblemente esté a cargo del juicio por el caso de Cecilia. Ya está elevado a juicio, quizás en dos meses estemos en el juicio, con un pibe del que no tienen ninguna prueba, lo que queremos es que esa causa se caiga e investiguen a los verdaderos culpables. Alberto acaba de recibir a L-Gante, no tengo nada contra ese pibe, pero nosotros tambien nos merecemos que nos reciba”.

Fotos: Lina Etchesuri.

La lectura del informe mensual del Observatorio Lucía Pérez estuvo a cargo de la maquilladora, performer y comunicadora Anahí de la Fuente, quien en julio de 2019 denunció penalmente por acoso y maltrato a su entonces jefe a cargo del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel. Luego fue despedida de su trabajo y Pimentel renunció a la dirección del San Martín. Meses más tarde, y para no llegar a la instancia de juicio, reconoció en un juicio abreviado, el acoso y maltrato a dos ex trabajadoras, entre ellas Anahí. “Soy Anahí de la Fuente, víctima de abuso por parte de un funcionario público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de meses tediosos de cargar con esta lucha, soy de los pocos casos que fueron escuchados y lamentablemente tengo que sentirme privilegiada por eso”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Texto del informe del Observatorio Lucía Pérez

233 femicidios o travesticidos

201 infancias huérfanas

305 marchas exigiendo Paren de Matarnos

216 días preguntando dónde está Tehuel

A partir de este mes sumamos otro dato: 164 funcionarios públicos denunciados por violencia de género.

En agosto de 2020 el Estado argentino se comprometió a llevar un registro de funcionarios judiciales denunciados por violencia, como parte del acuerdo amistoso que firmó con Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia. El acuerdo incluyó el acto de público perdón, pero no se limitó a ese simbolismo: obliga al Estado a cumplir una serie de medidas, entre ellas:

El Consejo de la Magistratura “incluirá el conocimiento sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación”.

También se obligó a confeccionar “un registro público de denuncias presentadas contra magistrado/as por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste además el trámite impartido a esas denuncias”.

Hasta el momento el Consejo de la Magistratura ha publicado en su web un registro que debe descargarse en pdf, que solo tiene datos de tres denunciados y sin especificar el contenido de la denuncia.

Para dimensionar qué representa este incumplimiento elaboramos este padrón público que sistematiza los datos de una muestra de 164 casos. Las denuncias involucran a todos los poderes del Estado argentino y recorre todos sus estratos, incluidos los más altos.

Advertencias a tener en cuenta antes de analizar los datos:

1. Las denuncias no significan condenas. Es decir, no informan sobre delitos cometidos por funcionarios públicos, sino que dan cuenta de presentaciones judiciales que relatan casos concretos de violencias que solicitan así ser investigadas.

2. Los 164 casos no significan la totalidad de los funcionarios denunciados. Es apenas una muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas y de los últimos años.

3. Hemos tenido en cuenta denuncias que superen los últimos tres años sólo en aquellos casos en que ese antecedente recobre actualidad. Un ejemplo de esta excepción: el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, ya que la denuncia por violencia que radicó su ex pareja y por la que fue sobreseído en 1987 fue nuevamente noticia el pasado 8 de marzo.

4. No incluimos en los 164 casos seleccionados denuncias que involucran a familiares de funcionarios públicos. El caso de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, flamante presidente de la Corte Suprema de la Nación no es la excepción, ya que cuando fue denunciado por violencia por su ex pareja se desempeñaba como funcionario del Poder Judicial en Santa Fe. Destacamos, sin embargo, la gravedad institucional que representa que existan notas periodísticas que siembren la sospecha de que el juez de la Corte Suprema haya realizado gestiones para mitigar la situación judicial de su hijo. Confirmar o desmentir estas versiones debería ser una prioridad de la máxima institución de justicia del país en momentos en que el proceso de proclamación de Rosatti como presidente de esa institución ha sido cuestionado hasta por otros miembros de la Corte.

5. En el caso de las fuerzas de seguridad sólo hemos tomado registro de aquellas denuncias que involucren a las máximas autoridades. Sin embargo queremos remarcar el grave contexto que representa que sólo en la Policía Bonaerense y en el año 2020 se hayan iniciado 997 expedientes por violencia de género laboral. El Estado es responsable también significa esto.

Ni una más

Carta al Presidente Alberto Fernández

Buenos Aires, Argentina 13 de octubre de 2021

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Desde que comenzó este año hemos sufrido:

233 femicidios y travesticidios, 14  en los últimos 12 días.

201 infancias han quedado huérfanas

Realizamos 305 movilizaciones y marchas para exigir  que paren de matarnos.

Y seguimos reclamando la aparición con vida de Tehuel.

Desde que comenzamos a encontrarnos en esta plaza hemos presentado una docena de cartas solicitando que nos reciba. Las entregamos acompañadas con informes y propuestas concretas y urgentes, nacidas del calvario que representa para una familia acceder a una justicia justa y humana, que investigue y castigue el crimen de nuestras hijas. También presentamos propuestas para que el Estado prevenga estas violencias y contenga en tiempo y en forma a las infancias que deja huérfanas.

En este largo tiempo hemos escuchado hablar mucho de la necesidad de una reforma judicial como forma de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos. Necesitamos hechos. Exigimos acciones concretas. Reclamamos que se democratice el Poder Judicial de una vez por todas y para siempre.

Esta es la carta número 13 con la cual, con respeto y esperanza, solicitamos que reciba a nuestras familias. ¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor, pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas. Queremos transferirle ese peso: es suyo. Le corresponde a la máxima autoridad del país hacer todo lo que pueda y más para transmitirle a toda la sociedad que Nunca Más ninguna madre, ningún padre, ningún hermano, ni hermana deba soportarlo. Ninguna familia puede cargar sola ese peso: es demasiado.

Atentamente,

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla Soggiu

Ana María Martinez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz

Mamá de Camila Flores

Yolanda Sequeira, hermana de Luciana Sequeira

Fotos: Lina Etchesuri.
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