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8vo encuentro de Familias Sobrevivientes de Femicidios: los pedidos que llevaron al encuentro con el Ministerio de Mujeres

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Después de ocho jornadas en las que el grupo de Familias Víctimas de Femicidios reclama una audiencia con el Presidente, hoy el Estado lo recibió a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Las familias de Lucía Pérez, Luna Ortíz, Cecilia Basaldúa y Agustina Fredes mantuvieron una reunión y le entregaron a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta un nuevo pedido de ser recibidas por el Presidente junto a un petitorio con tres exigencias al Estado: un cambio en la reglamentación de la Ley Brisa; que el Estado garantice una investigación judicial imparcial y con perspectiva de género; y el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios. Apenas horas antes y como cada segundo miércoles del mes, contaron en Plaza de Mayo sobre cada uno de los casos que sustentan este pedido urgente: «Estos femicidios son muy parecidos: está involucrada la policía, lo narco, hay complicidad judicial, y no hay justicia. Las familias quedamos solas». Las expectativas de que tras la reunión algo cambie y las propuestas concretas para que eso suceda.

Pasado el  mediodía, siete sillas negras son ubicadas por delante de la bandera argentina que flamea en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Cada una es ocupada por Marisa Rodriguez y Facundo Ortiz , madre y padre de Luna Ortiz; Susana Reyes y Daniel Basaldúa, madre y padre de Cecilia Basaldúa; Marta Montero y Guillermo Pérez, madre y padre de Lucía Pérez; Gustavo Melmann, padre de Natalia Melmann; y Blanca Fredes, madre de Agustina Fredes. Representan así a a las familias que integran el colectivo Familiares Sobrevivientes de Femicidios; la de hoy es la octava vez que se dan cita en la plaza – desde diciembre de 2019-  para entregar un pedido de audiencia dirigida al presidente Alberto Fernández. En esta oportunidad, a diferencia de los encuentros anteriores, fueron recibidxs por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. No obstante, le presentaron a la ministra la carta para ser recibidxs también por el Presidente.

El micrófono va pasando de mano en mano. La primera en hablar es Marisa: “Soy la mamá de Luna Ortíz. Luna fue asesinada en Tigre el 3 de junio de 2017. A cuatro años, estamos acá exigiendo justicia. Hay un solo detenido, queremos que no lo liberen porque en La Plata cambiaron la carátula de ´abandono de persona´ a ´homicidio imprudente´ y en junio, Isaías Villarreal, el femicida de Luna, quedaría en libertad. Estamos acá para pedir que los jueces reviertan el proceso y reconozcan que fue femicidio”. Facundo agrega: “Necesitamos que los  jueces cambien esa postura machista y patriarcal. Si no pueden hacer su trabajo, que dejen el lugar, hay que revocar a los jueces que no cumplen con su trabajo. Esto se repite sistemáticamente y los femicidas quedan en libertad”.

8vo encuentro de Familias Sobrevivientes de Femicidios: los pedidos que llevaron al encuentro con el Ministerio de Mujeres
Foto: Lina Etchesuri

Sigue Daniel: “Estamos luchando para que se sepa la verdad, luchamos contra quien debería ayudarnos, que es la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, que quiere meter preso a alguien y no tiene pruebas. Hay policías de Capilla del Monte involucrados y ella agarró a un pibe humilde, nosotros no lo conocemos, sabemos que Cecilia no tuvo contacto con él,  lo quiere meter preso y dejar impunes a los verdaderos culpables, que son el dueño de la casa donde ella estaba, Mario Mainardi, Viviana Juarez, los policías, cuando hay policías, tratan de tapar todo. Que sepan que yo no voy a parar hasta que se sepa la verdad, mientras viva”. “Quiero mostrar la indignación que tenemos- prosiguió Susana Reyes- por la demora y porque se esconden tantas cosas. Es vergonzoso. Los casos de los padres que estamos acá presentes son muy parecidos, no se investiga a la policía, no toman nuestros reclamos. Queremos que se haga justicia”.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, contó: “Casi a cuatro años y medio de la muerte de Lucía, todavía no tenemos justicia. Le pedimos al presidente que nos reciba, estos narcofemicidios son muy parecidos. Lo que nos pasa es la muerte de nuestras hijas y de nuestras vidas con ellas. El mensaje que le queremos dejar a este estado responsable es que se tiene que hacer cargo y tiene que gobernar no para una parte, sino para todos. Hemos perdido a nuestras hijas y no las recuperaremos más. Queremos que el señor presidente nos vea las caras, cómo somos, somos personas igual que usted. Espero que nos reciba prontamente”.  Sumó Guillermo: “La causa de Lucía está en la Suprema Corte de Provincia. Queremos avanzar con un nuevo tribunal, con un nuevo juicio. El jury es por la mala sentencia que dieron con Lucía, contra los jueces Viñas y Urso de Mar del Plata. Estamos a siete, ocho días de que presenten su defensa y pedir la destitución de los jueces y también una fecha de jury, para que sea rápido. Se tiene que apartar a estos jueces para que no sigan haciendo daño a la sociedad”.

8vo encuentro de Familias Sobrevivientes de Femicidios: los pedidos que llevaron al encuentro con el Ministerio de Mujeres
Foto: Lina Etchesuri

Fue el turno de Gustavo Melmann: “Mi hija fue asesinada brutalmente por la policía bonaerense en 2001. Llevamos a juicio a tres policías, que fueron condenados, ahora están pidiendo la libertad condicional, hay restos de ADN de dos personas más. Hay que generar un cambio de la conducta de la justicia, tiene que existir un ente que esté desvinculado de la policía para investigar cada una de las causas, para arribar a una sentencia. Una vez más, pido justicia por mi hija”.

“Soy la mamá de Agustina Fredes, de Mar del Plata –expuso Blanca- y el caso de mi hija fue el 25 de abril de 2017. Ella fallece por los daños causados por su violador, estando un bebé en gestación. Ahora en septiembre se hará un juicio solamente por la violación pero su muerte la dejaron de lado. Espero que se pueda abrir la causa de muerte porque también le corresponde al femicida Matías Acevedo”.

Una vez finalizada la exposición de cada familiar, gritan Justicia y aplauden. Se suman las personas que pasaban por la plaza y se quedaron a escucharlxs, conmovidxs por los relatos. Luego, leen los nombres y edades de las victimas de femicidios y travesticidios en lo que va del año. Son 112. Gritan Ni una más. “Estas son las mujeres que nos han matado en estos cinco meses. Son nuestras muertas. Van a estar siempre en nuestros corazones”, cerró Marta Montero, en referencia a los datos que surgen del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público que actualiza de manera diaria la cifra de los femicidios. La lectura de los nombres y edades de las mujeres y personas trans asesinadas se repite como ritual ante cada nuevo encuentro de estos familiares.

8vo encuentro de Familias Sobrevivientes de Femicidios: los pedidos que llevaron al encuentro con el Ministerio de Mujeres
Foto: Lina Etchesuri

A las 15, los familiares se dirigieron al edificio de Balcarce al 100 para reunirse con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Le presentaron una carta dirigida al presidente y un documento que reproducimos a continuación:

La carta:

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Nosotras, familias sobreviviente de femicidios nos dirigimos a usted, en esta oportunidad por intermedio de la ministra de Mujeres y diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta,  para reiterar con respeto y esperanza el pedido de audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias

Atentamente:

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla

Ana María Martínez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo  Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna

8vo encuentro de Familias Sobrevivientes de Femicidios: los pedidos que llevaron al encuentro con el Ministerio de Mujeres
Las familias frente al edificio donde fueron recibidas por la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Foto: Lina Etchesuri

El documento:

En este doloroso y angustiante camino que emprendimos el día que asesinaron a nuestras hijas hemos tenido que luchar todos los días contra un Poder Judicial enceguecido por la corrupción de sus intereses, un Poder Legislativo que se acuerda del tema cada fecha fotografiable y un Poder Ejecutivo que habla más de lo que hace. Algunas familias llevamos años cargando esta cruz, así que la afirmación se aplica a diferentes administraciones, incluso de signo político contrario.

Todas han prometido mucho, todas han hecho poco.

Todas también han preferido tener como interlocutores a “expertxs” que no han soportado el cachetazo que significa que un Estado obligado por leyes y tratados a hacer algo, lo incumpla todos los días.

Así, la puerta de acceso a los derechos que tenemos como familias es estrecha, arbitraria y prebendaria.

Así, no podemos seguir ni un día más.

Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos.

Al concretarse el Estado argentino estará dando  un paso importante para que la letra de la ley se convierta en hechos.

Nuestras tres exigencias son las siguientes:

1) Exigimos el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa:

El acceso al derecho que garantiza la Ley Brisa a las infancias huérfanas por femicidios se ve obstruido por la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo. Como consecuencia en el peor momento y cuando más apoyo necesitan, las familias deben hacerse cargo de sostener la vida de esas infancias sin apoyo alguno. El trámite actualmente no es administrativo sino judicial, lo cual requiere la participación de abogadxs. Los letrados oficiales están recargados y hacen más lento el proceso judicial.

En 2020 hubo 343 infancias huérfanas por femicidios y en los primeros 100 días del año 2021 ya suman 80,  según datos del Observatorio Lucía Pérez. Esas infancias no pueden esperar ni una día más.

Reglamentación actual:

A través del decreto 871/2018, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.452, que creó el Régimen de Reparación Económica para hijos de víctimas de femicidio. El artículo 1 de la ley establece que el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes tiene lugar cuando:
a) Su progenitor y/o progenitor afín hayan sido procesados y/o condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices del delito de homicidio de su progenitora. De acuerdo al decreto reglamentario, tanto el auto de procesamiento como la sentencia condenatoria deberán encontrarse firmes. Esto significa: sentencia confirmada por la Corte Suprema. Así redactado, todo el proceso requerido para acceder al subsidio demandaría una década.
b) Según la norma publicada el 1 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial, el juez debe establecer y declarar que la causal es la violencia intrafamiliar o de género. Muchos tribunales caratulan la causa con otras formas jurídicas y parte de la lucha de las familias es lograr su cambio, lo cual demanda también varios años.

Reglamentación necesaria:

Exigimos un decreto del Poder Ejecutivo que establezca que desde el momento en que se produce el femicidio las infancias huérfanas tiene derecho a percibir un subsidio para garantizar su manutencion. El Anses puede ordenar un informe que avale la validez del derecho a esta pensión. No relacionar el acceso a este derecho al trámite judicial, sino a un trámite administrativo garantiza el acceso al subisidio en el momento en que se lo necesita.

2) Exigimos que el Estado garantice desde el primer día la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género.

En momentos donde las familias estamos aturdidas por el dolor y desorientadas sobre qué es correcto hacer es exactamente el momento en el que el Poder Judicial arruina las pruebas. En esas primeras horas se juega entonces la posibilidad de obtener un proceso justo. Desde el arribo a la escena del crimen (como en el caso de Nora Dalmasso, solo para apelar a un ejemplo que la mayoría recuerda) hasta la forma de tomar los primeros testimonios son siempre, como mínimo, inadecuadas y en muchos casos, tendenciosas. Así, se garantiza la impunidad. Esta mecánica es lamentablemente tan extendida que en los barrios de todo el país cada vez que se produce un femicidio espontáneamente vecinos y vecinas rodean la comisaria para evitar estas maniobras, y también para denunciarlas públicamente.

Estas prácticas mafiosas son, además, mucho más definitorias en los casos de femicidios territorirales, en los cuales el crimen no se produce a manos de un novio, ex pareja o pareja violenta, sino por quienes ya tienen garantizada una red de impunidad territorial que les permite cometer delitos. Son las nuevas formas de “zpnas liberadas” y en esa trama tanto las policías como las fiscalías están implicadas, por acción u omisión. En ese contexto es imposible para las familias acceder a un proceso judicial justo, ya que los primeros en actuar y escribir la primera versión de los hechos son partes implicadas, que hicieron posible que ese crimen ocurra.

a) Exigimos la creación de un cuerpo nacional de fiscales y peritos oficiales que intervengan desde el primer momento en casos de femicidios territoriales.

b) Exigimos que en aquellos casos en los que la trama de corrupción incluyan a policias y justicia, los juicios orales se realicen fuera del ámbito juridiccional controlado por las redes que produjeron el delito.

b) Exigimos que tal cual obligan los tratados y leyes vigentes, el Estado argentino se haga cargo de los honorarios de abogadxs, peritos y costos de la causa judicial, incluido pasajes y estadias a la que nos obliga la organización vigente del Poder Judicial, que nos somete a viajar miles de kilómetros para garantizar el justo proceso en todas sus instancias.

c) Exigimos que las querellas legales respeten la voluntad de las familias y las representen ante el Poder Judicial sin alterar el enfoque legal que ellas pretenden, las mantengan debidamente informadas del proceso y las acompañen en todas las instancias necesarias hasta lograr el cierre del proceso, algo que hoy no está garantizado.

d) Exigimos que los procesados por femicidios no puedan cumplir sus excepciones carcelarias en las cercanías del hogar de las familias de las víctimas. Es responsabilidad del juez de garantías todo lo que suceda con la liberación de un procesado por femicidio y deberá responder por ello.

f) Exigimos que el Poder Ejecutivo nacional y provincial no facilite que los jueces eludan su responsabilidad otorgándoles el escape de una jubilación para evitar el jury.

g) Exigimos que se elimine la obligación de depositar una caución de 250 mil pesos como condición para que las familias pueden solicitar el jury a los jueces que intervienen en el crimen de sus hijas.

h) Exigimos que el Poder Ejecutivo garantice que la aplicación de la ley Micaela no sea para la foto, sino que implique una formación contínua, sostenida y con seguimiento, medición y rendición pública de cambios y logros.

h) Exigimos que el Poder Legislativo sancione leyes de prevención de femicidios, tales como:

1)  Establecer que es un delito la violación de la restricción perimetral

2) Crear centros de aislamiento y reeducación de varones violentos

3) Establecer porcentajes a los que están obligados los medios estatales y privados para destinar a la difusión de campañas de prevención de estas violencias.

4) Que en cada localidad donde se produce un femicidio el Ministerio de Educación establezca que debe hacerse en el ámbito educativo una jornada de reflexión sobre estas violencias, en especial en aquellos colegios donde concurrían las víctimas, sus hermanxs y amigues.

5) Que las cámaras de seguridad dependientes de los Estados municipales estén a disposición de las familias, se guarden y resguarden apenas se produzca un femicidio en ese territorio.

3) Exigimos el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios.

La normativa internacional de derechos humanos obliga al Estado argentino a reconocer la identidad de víctimas que tienen nuestras familias. Dicha identidad de víctimas nos convierte en los portadores de los derechos que les fueron asesinados a nuestras hijas y esos derechos están claramente establecidos por leyes y tratados. Exigimos que comiencen a cumplirse, se respeten y garanticen en forma integral.

Nuestras familias deben sumar al enorme peso que produce el dolor del asesinato de nuestras hijas el tremendo castigo emocional y económico que nos inflige el actual sistema de acceso a la justicia. Hemos perdido además de nuestras hijas, salud y empleos.

En las actuales circuntancias y tal cómo ha organizado el Estado el acceso a la justicia para estos crímenes es imposible afrontar este camino sin ayuda. Todos estos años hemos sido acompañados por la sociedad y gracias a ese apoyo seguimos en pie. Es hora de que el Estado también esté al lado nuestro  y presente.

Exigimos:

1) Pensión asistencial a las familias que deban afrontar un proceso de justicia por femicidio.

2) Decretos que garanticen que a aquellas familias que tengan empleo no pierdan su trabajo ni se le descuenten los días cuando deba asistir a compromisos derivados de su reclamo de justicia. Un ejemplo: actualmente las familias que trabajan en el ámbito estatal deben pedir licencia psiquiátrica para poder asistir al juicio oral donde se juzga el femicidio de sus hijas. Es decir, deben hacerse pasar por locas. Todo dicho.

“Nos dijo que nos van a estar acompañando en las distintas causas”, contó Facundo Ortiz, transcurridas las dos horas en las que estuvieron reunidxs con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. “Nos van a dar pasajes que son importantes para quienes tenemos que viajar por la causa. Pedimos que dejen de lado a la policía, que se forme una comisión investigadora”, aportó Daniel. “Nos dijo que están impulsando las denuncias a los jueces que hacen mal su trabajo, que está consensuado con el presidente. Es algo positivo para cambiar la justicia. Planteamos también la formación en perspectiva de género para los jueces, si a los abogados no los forman con alguna materia, esto no va a cambiar”, dijo Facundo. Propusieron otras reuniones con el resto de las familias que hoy no pudieron concurrir a la reunión e insistieron con ser recibidxs por el presidente. El pedido es concreto: justicia para las que ya no están. Basta de femicidios y travesticidios. Ni una más.

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Condenan a cadena perpetua al ex sargento de la Bonaerense Ricardo Panadero por el femicidio de Natalia Melmann

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El ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero fue encontrado culpable de secuestrar, violar y asesinar a Natalia Melmann cuando tenía 15 años: el Tribunal Oral en lo Criminal n°4 de Mar del Plata, conformado por los jueces Néstor Conti y Juan Galarreta, y la jueza Mariana Irianni, lo condenó por unanimidad a cadena perpetua. 

La sentencia llegó 22 años después del femicidio. Natalia fue secuestrada la noche del 4 de febrero de 2001 en Miramar. Su cuerpo se encontró cuatro días después en el vivero municipal. La autopsia reveló la presencia de cinco perfiles genéticos distintos en su cuerpo. 

Un año después, en octubre de 2002 los policías bonaerenses Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez fueron condenados a perpetua por privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas para asegurar el resultado. En ese juicio también fue condenado a 25 años Gustavo “Gallo” Fernández, por su participación en el secuestro, pero la pena luego fue reducida a 10 años de prisión.

Condenan a cadena perpetua al ex sargento de la Bonaerense Ricardo Panadero por el femicidio de Natalia Melmann
Familiares de víctimas de femicidios acompañaron la lectura de la sentencia por el femicidio Natalia Melmann. Fotos: Campaña Somos Lucía

La sentencia a Ricardo Panadero tardó mucho más tiempo en llegar: en el proceso de 2012 la justicia lo había sobreseído. Recién en 2018 fue juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata integrado por los jueces Jorge Peralta, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro: también lo absolvieron. Sin embargo, ante una presentación de la familia Melmann el Tribunal de Casación en 2020 decidió anular el fallo y ordenó hacer un nuevo juicio: así llegó Panadero a ser condenado. 

Hoy, finalmente, el TOC 4 lo encontró culpable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal calificado por la participación de dos o más personas y homicidio doblemente agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa, todos en concurso material entre sí.

Su detención fue pedida de manera inmediata así como su traslado a la Unidad Penal Nº7 del complejo penitenciario Batán. 

La búsqueda de justicia continúa: hay un quinto perfil genético que aún no pudo ser identificado. Por eso Gustavo sostuvo después de la sentencia: “Ojalá que nos alcance la vida para poder condenar a todos”.

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Natalia Melmann: 22 años después, el ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero llega a juicio por el femicidio

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Natalia Melmann fue secuestrada la noche del 4 de febrero de 2001 en Miramar: su cuerpo se encontró cuatro días después en el vivero municipal, con cinco perfiles genéticos distintos en su cuerpo. Por el hecho fueron condenados a cadena perpetua tres policías bonaerenses, y un cuarto cómplice del secuestro a 10 años de prisión; pero el sargento Ricardo Panadero, acusado de secuestrar, violar y asesinar a Natalia, había sido sobreseido en dos intancias. Por la lucha familiar mañana se sentará en el banquillo par ser juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata: tanto la fiscalía como la querella piden perpetua. Las palabras de Gustavo Melmann en la antesala de este nuevo proceso, a 22 años de la muerte de su hija, y cómo es la construcción de justicia «víctima a víctima» y en la calle.

Gustavo Melmann mañana se va a levantar temprano, va a buscar la misma camisa que usó durante todo el juicio y antes de salir va a ponerse el perfume que usaba su hija Natalia: Mujercitas. “Son mis rituales”, describe en la antesala de conocerse la sentencia en el juicio al ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero, acusado de secuestrar, violar y asesinar su hija, Natalia Melmann, cuando tenía 15 años. 

“Estamos con cierta angustia, más viejos y desgastados”, dice Gustavo a lavaca.

Habla en plural, como familia,pensando en Laura Calampuca, con quien tuvo 4 hijos y 5 nietos. Es el tercer juicio que toda la familia Melmann atraviesa por el femicidio de Natalia.

Natalia Melmann: 22 años después, el ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero llega a juicio por el femicidio
Gustavo Melmann, papá de Natalia, durante el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez: «Construimos víctima a víctima». Foto: Lina Etchesuri

El caso

Natalia Melmann fue secuestrada la noche del 4 de febrero de 2001 en Miramar. Su cuerpo se encontró cuatro días después en el vivero municipal. La autopsia reveló la presencia de cinco perfiles genéticos distintos en su cuerpo. 

Un año después, en octubre de 2002 los policías bonaerenses Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez fueron condenados a perpetua por privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas para asegurar el resultado. En ese juicio también fue condenado a 25 años Gustavo “Gallo” Fernández, por su participación en el secuestro, pero la pena luego fue reducida a 10 años de prisión.

El ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero, que ahora llega a juicio, no estuvo en aquel proceso; la justicia lo había sobreseído previamente. Recién en 2018 fue juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata integrado por los jueces Jorge Peralta, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro: también lo absolvieron. Sin embargo, ante una presentación de la familia Melmann el Tribunal de Casación en 2020 decidió anular el fallo y ordenó hacer un nuevo juicio: así llega Panadero nuevamente a ser enjuiciado. 

“Esperamos que realmente se resuelva mañana”, sostiene Gustavo sobre la espera y las dilaciones. La sentencia está anunciada a las 10.30 horas. 

Natalia Melmann: 22 años después, el ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero llega a juicio por el femicidio
El exsargento policial Ricardo Panadero, cuarto efectivo acusado por el abuso sexual y el asesinato de Natalia Melmann.

22 años después

El juicio, que empezó el último 5 de mayo, estuvo a cargo nuevamente del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata, esta vez integrado por los jueces Néstor Conti y Juan Galarreta, y la jueza Mariana Irianni. La fiscal del proceso, Ana Caro, pidió prisión perpetua para Panadero durante los alegatos, la misma pena pidió el abogado de la familia. Agrega Gustavo: “Nuestro abogado pidió también que se miren las pruebas con perspectiva de género y desde las ciencias vinculadas a la niñez: Nati tenía solo 15 años”, recuerda.

La sentencia llega 22 años después del crimen. Para Gustavo el entramado de impundad se dio porque son policías los involucrados, “de haber sido otra gente la involucrada se hubiera resuelto mucho antes”, sentencia. Por eso al crimen lo describe así: “El de Nati fue un femicidio en manos del Estado”.

Mañana desde las 9 horas organizaciones y familias de víctimas estarán acompañando en la calle de los tribunales marplatenses. Gustavo resalta que durante todos estos años estuvieron acompañados por familias de víctimas, organizaciones feministas y organizaciones vinculadas a la lucha contra la violencia institucional.

Construimos víctima a víctima, hay un montón de cosas que son iguales, que se repiten, y hay una necesidad de buscar justicia en conjunto y cambiarlas en conjunto también”. 

Gustavo sabe que después de conocerse la sentencia la lucha sigue: hay un quinto perfil genético que aún no pudo ser identificado. 

Mañana va a colgarse en el pecho la misma foto de su hija que plastifica una y otra vez hace más de dos décadas, y va a volver a salir a la calle para pedir justicia.

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Perpetua para los femicidas de Iara Rueda 

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Dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena: así fallaron las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig, por el femicidio de Iara Rueda -16 años- asesinada en septiembre de 2020 en Palpalá, Jujuy.

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

Pasadas las 17.25 de la tarde, mientras un centenar de mujeres aguardaban en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 atentas a lo que iba conociéndose, se escuchó leer a la secretaria de juzgado Silvana Anún la sentencia a los tres acusados: 

  • «Declarar penalmente responsable a Fernando Tomás Fernández, por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia a la jueza de menores de turno en el momento del hecho.
  • Declarar a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género; con pena de prisión perpetua».

Ahora cabe esperar que el juzgado de menores dicte la sentencia a Tomás Fernández y se conozcan los fundamentos del fallo que dictó la perpetua para Cachizumba y Abad. 

El abrazo en la calle

Pocos minutos después de conocerse la sentencia, abrazada de su esposo Juan José Rueda, Mónica Cunchila, la mamá madre de Iara, entre lágrimas, dijo: “Es lo que estábamos esperando, pero aún falta más, aquí hay complicidad y vamos a seguir trabajando en eso. Hoy mi hija tuvo justicia, mi hija está acá conmigo”. Mónica se mostró conforme con lo que dijo el Tribunal, el fiscal, el abogado. “Me han escuchado, ha sido duro, en el camino hemos ido aprendiendo muchas cosas de cómo se maneja la justicia”.

Relató emocionada también que en Palpalá, donde viven, siempre le deja flores en la tumba de su hija: “Se marchitaban rápido y ahora no, hoy me acerqué y sus flores estaban como el primer día, son señales».

Al preguntarle qué significaba para ellos el abrazo de toda una provincia, todo un país que los acompañó durante todo este tiempo, Mónica respondió: «Es muchísimo porque toda la sociedad nunca nos dejó, toda la gente de la provincia nos apoyó con mensajes que decían que no bajemos los brazos, nos daban aliento. Porque esto le puede pasar a cualquiera. A veces miramos para otro lado y ahora me tocó estar de este lado de la vereda. Se hizo justicia por Iara, y esto no tiene que pasar con ninguna mujer, no queremos nunca más una Iara, no queremos otro femicidio. Le agradezco a cada uno y a todos los medios de prensa, porque no hay que naturalizar la violencia y menos un femicidio”. 

En la calle Mónica y José se fundieron en un abrazo con Florencia, mamá de Monica y abuela de Iara, para luego encontrarse con la cientos de personas de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy y organizaciones sociales que, como cada jornada, esperaron atrás de las vallas del juzgado a la familia. Además también los esperaban madres y padres de la Asamblea Nacional de Víctimas de Femicidios que viajaron desde distintos puntos del país. 

Mónica: «Hoy se hizo justicia, hoy terminó un juicio que veníamos mendigando durante casi tres años en las calles, soportando que me echen de Casa de Gobierno, soportando la lluvia, el sol, pero nunca baje los brazos por mi hija. Les agradezco a todas por el apoyo, por que es eso también lo que no me dejo bajar los brazos: la familia, los amigos, los vecinos y ustedes». 

Cómo se sigue

Después de la sentencia, dijo Mónica que el desafío es empezar como familia a reconstruirse, “y pensar en las otras chicas, porque Iara son todas, como yo siempre digo Iara dejo esto, para que su mamá siga, no fue fácil lo que aprendí en el camino, pero vamos a seguir por cada una de las que necesiten, vamos a estar presentes ahí».

Además está vigente la denuncia penal que la familia de Iara presentó por “abandono de persona” contra los funcionarios policiales que no buscaron a la joven como lo indican las legislaciones vigentes. Sobre la denuncia dijo Mónica: “Se esperaba a que termine este juicio y ahora hay algunos informes que se elevan en contra de ellos, la elevación a juicio para los 8 policías que tiene que ser en estos meses”.

Juan José Rueda: «Fueron 30 meses en la calle mendigando justicia y por fin llegó. Iara puede descansar en paz, ser libre, y nosotros tener un poco de paz. Me acuerdo que me decían ‘se tienen que preparar para el juicio porque es duro’, y ustedes nos preparaban para este momento, el acompañamiento, las marchas, las charlas nos prepararon para este día. Nuestra hija, junto a ustedes, nos daban esa fuerza, esa fortaleza para que hoy estemos de pie, firmes. Les agradecemos de todo corazón y esto no se termina acá, falta la cúpula policial y faltan los cómplices y los encubridores: vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”. 

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