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8vo encuentro de Familias Sobrevivientes de Femicidios: los pedidos que llevaron al encuentro con el Ministerio de Mujeres

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Después de ocho jornadas en las que el grupo de Familias Víctimas de Femicidios reclama una audiencia con el Presidente, hoy el Estado lo recibió a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Las familias de Lucía Pérez, Luna Ortíz, Cecilia Basaldúa y Agustina Fredes mantuvieron una reunión y le entregaron a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta un nuevo pedido de ser recibidas por el Presidente junto a un petitorio con tres exigencias al Estado: un cambio en la reglamentación de la Ley Brisa; que el Estado garantice una investigación judicial imparcial y con perspectiva de género; y el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios. Apenas horas antes y como cada segundo miércoles del mes, contaron en Plaza de Mayo sobre cada uno de los casos que sustentan este pedido urgente: «Estos femicidios son muy parecidos: está involucrada la policía, lo narco, hay complicidad judicial, y no hay justicia. Las familias quedamos solas». Las expectativas de que tras la reunión algo cambie y las propuestas concretas para que eso suceda.

Pasado el  mediodía, siete sillas negras son ubicadas por delante de la bandera argentina que flamea en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Cada una es ocupada por Marisa Rodriguez y Facundo Ortiz , madre y padre de Luna Ortiz; Susana Reyes y Daniel Basaldúa, madre y padre de Cecilia Basaldúa; Marta Montero y Guillermo Pérez, madre y padre de Lucía Pérez; Gustavo Melmann, padre de Natalia Melmann; y Blanca Fredes, madre de Agustina Fredes. Representan así a a las familias que integran el colectivo Familiares Sobrevivientes de Femicidios; la de hoy es la octava vez que se dan cita en la plaza – desde diciembre de 2019-  para entregar un pedido de audiencia dirigida al presidente Alberto Fernández. En esta oportunidad, a diferencia de los encuentros anteriores, fueron recibidxs por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. No obstante, le presentaron a la ministra la carta para ser recibidxs también por el Presidente.

El micrófono va pasando de mano en mano. La primera en hablar es Marisa: “Soy la mamá de Luna Ortíz. Luna fue asesinada en Tigre el 3 de junio de 2017. A cuatro años, estamos acá exigiendo justicia. Hay un solo detenido, queremos que no lo liberen porque en La Plata cambiaron la carátula de ´abandono de persona´ a ´homicidio imprudente´ y en junio, Isaías Villarreal, el femicida de Luna, quedaría en libertad. Estamos acá para pedir que los jueces reviertan el proceso y reconozcan que fue femicidio”. Facundo agrega: “Necesitamos que los  jueces cambien esa postura machista y patriarcal. Si no pueden hacer su trabajo, que dejen el lugar, hay que revocar a los jueces que no cumplen con su trabajo. Esto se repite sistemáticamente y los femicidas quedan en libertad”.

Foto: Lina Etchesuri

Sigue Daniel: “Estamos luchando para que se sepa la verdad, luchamos contra quien debería ayudarnos, que es la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, que quiere meter preso a alguien y no tiene pruebas. Hay policías de Capilla del Monte involucrados y ella agarró a un pibe humilde, nosotros no lo conocemos, sabemos que Cecilia no tuvo contacto con él,  lo quiere meter preso y dejar impunes a los verdaderos culpables, que son el dueño de la casa donde ella estaba, Mario Mainardi, Viviana Juarez, los policías, cuando hay policías, tratan de tapar todo. Que sepan que yo no voy a parar hasta que se sepa la verdad, mientras viva”. “Quiero mostrar la indignación que tenemos- prosiguió Susana Reyes- por la demora y porque se esconden tantas cosas. Es vergonzoso. Los casos de los padres que estamos acá presentes son muy parecidos, no se investiga a la policía, no toman nuestros reclamos. Queremos que se haga justicia”.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, contó: “Casi a cuatro años y medio de la muerte de Lucía, todavía no tenemos justicia. Le pedimos al presidente que nos reciba, estos narcofemicidios son muy parecidos. Lo que nos pasa es la muerte de nuestras hijas y de nuestras vidas con ellas. El mensaje que le queremos dejar a este estado responsable es que se tiene que hacer cargo y tiene que gobernar no para una parte, sino para todos. Hemos perdido a nuestras hijas y no las recuperaremos más. Queremos que el señor presidente nos vea las caras, cómo somos, somos personas igual que usted. Espero que nos reciba prontamente”.  Sumó Guillermo: “La causa de Lucía está en la Suprema Corte de Provincia. Queremos avanzar con un nuevo tribunal, con un nuevo juicio. El jury es por la mala sentencia que dieron con Lucía, contra los jueces Viñas y Urso de Mar del Plata. Estamos a siete, ocho días de que presenten su defensa y pedir la destitución de los jueces y también una fecha de jury, para que sea rápido. Se tiene que apartar a estos jueces para que no sigan haciendo daño a la sociedad”.

Foto: Lina Etchesuri

Fue el turno de Gustavo Melmann: “Mi hija fue asesinada brutalmente por la policía bonaerense en 2001. Llevamos a juicio a tres policías, que fueron condenados, ahora están pidiendo la libertad condicional, hay restos de ADN de dos personas más. Hay que generar un cambio de la conducta de la justicia, tiene que existir un ente que esté desvinculado de la policía para investigar cada una de las causas, para arribar a una sentencia. Una vez más, pido justicia por mi hija”.

“Soy la mamá de Agustina Fredes, de Mar del Plata –expuso Blanca- y el caso de mi hija fue el 25 de abril de 2017. Ella fallece por los daños causados por su violador, estando un bebé en gestación. Ahora en septiembre se hará un juicio solamente por la violación pero su muerte la dejaron de lado. Espero que se pueda abrir la causa de muerte porque también le corresponde al femicida Matías Acevedo”.

Una vez finalizada la exposición de cada familiar, gritan Justicia y aplauden. Se suman las personas que pasaban por la plaza y se quedaron a escucharlxs, conmovidxs por los relatos. Luego, leen los nombres y edades de las victimas de femicidios y travesticidios en lo que va del año. Son 112. Gritan Ni una más. “Estas son las mujeres que nos han matado en estos cinco meses. Son nuestras muertas. Van a estar siempre en nuestros corazones”, cerró Marta Montero, en referencia a los datos que surgen del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público que actualiza de manera diaria la cifra de los femicidios. La lectura de los nombres y edades de las mujeres y personas trans asesinadas se repite como ritual ante cada nuevo encuentro de estos familiares.

Foto: Lina Etchesuri

A las 15, los familiares se dirigieron al edificio de Balcarce al 100 para reunirse con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Le presentaron una carta dirigida al presidente y un documento que reproducimos a continuación:

La carta:

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Nosotras, familias sobreviviente de femicidios nos dirigimos a usted, en esta oportunidad por intermedio de la ministra de Mujeres y diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta,  para reiterar con respeto y esperanza el pedido de audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias

Atentamente:

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla

Ana María Martínez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo  Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna

Las familias frente al edificio donde fueron recibidas por la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Foto: Lina Etchesuri

El documento:

En este doloroso y angustiante camino que emprendimos el día que asesinaron a nuestras hijas hemos tenido que luchar todos los días contra un Poder Judicial enceguecido por la corrupción de sus intereses, un Poder Legislativo que se acuerda del tema cada fecha fotografiable y un Poder Ejecutivo que habla más de lo que hace. Algunas familias llevamos años cargando esta cruz, así que la afirmación se aplica a diferentes administraciones, incluso de signo político contrario.

Todas han prometido mucho, todas han hecho poco.

Todas también han preferido tener como interlocutores a “expertxs” que no han soportado el cachetazo que significa que un Estado obligado por leyes y tratados a hacer algo, lo incumpla todos los días.

Así, la puerta de acceso a los derechos que tenemos como familias es estrecha, arbitraria y prebendaria.

Así, no podemos seguir ni un día más.

Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos.

Al concretarse el Estado argentino estará dando  un paso importante para que la letra de la ley se convierta en hechos.

Nuestras tres exigencias son las siguientes:

1) Exigimos el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa:

El acceso al derecho que garantiza la Ley Brisa a las infancias huérfanas por femicidios se ve obstruido por la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo. Como consecuencia en el peor momento y cuando más apoyo necesitan, las familias deben hacerse cargo de sostener la vida de esas infancias sin apoyo alguno. El trámite actualmente no es administrativo sino judicial, lo cual requiere la participación de abogadxs. Los letrados oficiales están recargados y hacen más lento el proceso judicial.

En 2020 hubo 343 infancias huérfanas por femicidios y en los primeros 100 días del año 2021 ya suman 80,  según datos del Observatorio Lucía Pérez. Esas infancias no pueden esperar ni una día más.

Reglamentación actual:

A través del decreto 871/2018, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.452, que creó el Régimen de Reparación Económica para hijos de víctimas de femicidio. El artículo 1 de la ley establece que el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes tiene lugar cuando:
a) Su progenitor y/o progenitor afín hayan sido procesados y/o condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices del delito de homicidio de su progenitora. De acuerdo al decreto reglamentario, tanto el auto de procesamiento como la sentencia condenatoria deberán encontrarse firmes. Esto significa: sentencia confirmada por la Corte Suprema. Así redactado, todo el proceso requerido para acceder al subsidio demandaría una década.
b) Según la norma publicada el 1 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial, el juez debe establecer y declarar que la causal es la violencia intrafamiliar o de género. Muchos tribunales caratulan la causa con otras formas jurídicas y parte de la lucha de las familias es lograr su cambio, lo cual demanda también varios años.

Reglamentación necesaria:

Exigimos un decreto del Poder Ejecutivo que establezca que desde el momento en que se produce el femicidio las infancias huérfanas tiene derecho a percibir un subsidio para garantizar su manutencion. El Anses puede ordenar un informe que avale la validez del derecho a esta pensión. No relacionar el acceso a este derecho al trámite judicial, sino a un trámite administrativo garantiza el acceso al subisidio en el momento en que se lo necesita.

2) Exigimos que el Estado garantice desde el primer día la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género.

En momentos donde las familias estamos aturdidas por el dolor y desorientadas sobre qué es correcto hacer es exactamente el momento en el que el Poder Judicial arruina las pruebas. En esas primeras horas se juega entonces la posibilidad de obtener un proceso justo. Desde el arribo a la escena del crimen (como en el caso de Nora Dalmasso, solo para apelar a un ejemplo que la mayoría recuerda) hasta la forma de tomar los primeros testimonios son siempre, como mínimo, inadecuadas y en muchos casos, tendenciosas. Así, se garantiza la impunidad. Esta mecánica es lamentablemente tan extendida que en los barrios de todo el país cada vez que se produce un femicidio espontáneamente vecinos y vecinas rodean la comisaria para evitar estas maniobras, y también para denunciarlas públicamente.

Estas prácticas mafiosas son, además, mucho más definitorias en los casos de femicidios territorirales, en los cuales el crimen no se produce a manos de un novio, ex pareja o pareja violenta, sino por quienes ya tienen garantizada una red de impunidad territorial que les permite cometer delitos. Son las nuevas formas de “zpnas liberadas” y en esa trama tanto las policías como las fiscalías están implicadas, por acción u omisión. En ese contexto es imposible para las familias acceder a un proceso judicial justo, ya que los primeros en actuar y escribir la primera versión de los hechos son partes implicadas, que hicieron posible que ese crimen ocurra.

a) Exigimos la creación de un cuerpo nacional de fiscales y peritos oficiales que intervengan desde el primer momento en casos de femicidios territoriales.

b) Exigimos que en aquellos casos en los que la trama de corrupción incluyan a policias y justicia, los juicios orales se realicen fuera del ámbito juridiccional controlado por las redes que produjeron el delito.

b) Exigimos que tal cual obligan los tratados y leyes vigentes, el Estado argentino se haga cargo de los honorarios de abogadxs, peritos y costos de la causa judicial, incluido pasajes y estadias a la que nos obliga la organización vigente del Poder Judicial, que nos somete a viajar miles de kilómetros para garantizar el justo proceso en todas sus instancias.

c) Exigimos que las querellas legales respeten la voluntad de las familias y las representen ante el Poder Judicial sin alterar el enfoque legal que ellas pretenden, las mantengan debidamente informadas del proceso y las acompañen en todas las instancias necesarias hasta lograr el cierre del proceso, algo que hoy no está garantizado.

d) Exigimos que los procesados por femicidios no puedan cumplir sus excepciones carcelarias en las cercanías del hogar de las familias de las víctimas. Es responsabilidad del juez de garantías todo lo que suceda con la liberación de un procesado por femicidio y deberá responder por ello.

f) Exigimos que el Poder Ejecutivo nacional y provincial no facilite que los jueces eludan su responsabilidad otorgándoles el escape de una jubilación para evitar el jury.

g) Exigimos que se elimine la obligación de depositar una caución de 250 mil pesos como condición para que las familias pueden solicitar el jury a los jueces que intervienen en el crimen de sus hijas.

h) Exigimos que el Poder Ejecutivo garantice que la aplicación de la ley Micaela no sea para la foto, sino que implique una formación contínua, sostenida y con seguimiento, medición y rendición pública de cambios y logros.

h) Exigimos que el Poder Legislativo sancione leyes de prevención de femicidios, tales como:

1)  Establecer que es un delito la violación de la restricción perimetral

2) Crear centros de aislamiento y reeducación de varones violentos

3) Establecer porcentajes a los que están obligados los medios estatales y privados para destinar a la difusión de campañas de prevención de estas violencias.

4) Que en cada localidad donde se produce un femicidio el Ministerio de Educación establezca que debe hacerse en el ámbito educativo una jornada de reflexión sobre estas violencias, en especial en aquellos colegios donde concurrían las víctimas, sus hermanxs y amigues.

5) Que las cámaras de seguridad dependientes de los Estados municipales estén a disposición de las familias, se guarden y resguarden apenas se produzca un femicidio en ese territorio.

3) Exigimos el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios.

La normativa internacional de derechos humanos obliga al Estado argentino a reconocer la identidad de víctimas que tienen nuestras familias. Dicha identidad de víctimas nos convierte en los portadores de los derechos que les fueron asesinados a nuestras hijas y esos derechos están claramente establecidos por leyes y tratados. Exigimos que comiencen a cumplirse, se respeten y garanticen en forma integral.

Nuestras familias deben sumar al enorme peso que produce el dolor del asesinato de nuestras hijas el tremendo castigo emocional y económico que nos inflige el actual sistema de acceso a la justicia. Hemos perdido además de nuestras hijas, salud y empleos.

En las actuales circuntancias y tal cómo ha organizado el Estado el acceso a la justicia para estos crímenes es imposible afrontar este camino sin ayuda. Todos estos años hemos sido acompañados por la sociedad y gracias a ese apoyo seguimos en pie. Es hora de que el Estado también esté al lado nuestro  y presente.

Exigimos:

1) Pensión asistencial a las familias que deban afrontar un proceso de justicia por femicidio.

2) Decretos que garanticen que a aquellas familias que tengan empleo no pierdan su trabajo ni se le descuenten los días cuando deba asistir a compromisos derivados de su reclamo de justicia. Un ejemplo: actualmente las familias que trabajan en el ámbito estatal deben pedir licencia psiquiátrica para poder asistir al juicio oral donde se juzga el femicidio de sus hijas. Es decir, deben hacerse pasar por locas. Todo dicho.

“Nos dijo que nos van a estar acompañando en las distintas causas”, contó Facundo Ortiz, transcurridas las dos horas en las que estuvieron reunidxs con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. “Nos van a dar pasajes que son importantes para quienes tenemos que viajar por la causa. Pedimos que dejen de lado a la policía, que se forme una comisión investigadora”, aportó Daniel. “Nos dijo que están impulsando las denuncias a los jueces que hacen mal su trabajo, que está consensuado con el presidente. Es algo positivo para cambiar la justicia. Planteamos también la formación en perspectiva de género para los jueces, si a los abogados no los forman con alguna materia, esto no va a cambiar”, dijo Facundo. Propusieron otras reuniones con el resto de las familias que hoy no pudieron concurrir a la reunión e insistieron con ser recibidxs por el presidente. El pedido es concreto: justicia para las que ya no están. Basta de femicidios y travesticidios. Ni una más.

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Infancias y femicidios

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A días del 3 de junio, presentamos un nuevo informe especial del Observatorio Lucia Pérez: infancias y femicidios.

Eythan, tenía 2 años; Pamela, 12. Soledad, de 3 años, fue asesinada en Los Menucos, Rio Negro; Camilia, de 17, en Rosario, Santa Fe; Lucía, de 16 años, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

No son cifras, insistimos en nombrarlas. Es por eso que esta investigación en proceso, da cuenta de cada nombre y edad, entre otros datos, de las niñas, niños y niñes asesinados en femicidios.

Lo que vemos, duele:
-Son 605 las infancias asesinadas, 30 estaban además embarazadas.
-253 tenían menos de 10 años.  
-En 47 casos los femicidas se suicidaron
-Solamente en lo que va de este año, son 14 las infancias asesinadas.

La Ley 26.061 establece que el primer derecho de las infancias es la protección de sus vidas.

¿Quién debe protegerla? La web oficial del Estado Argentino responde: «Todos los organismos del Estado que tienen como prioridad protegerlos y auxiliarlos en cualquier situación y deben hacerlo con preferencia al resto de la sociedad».

¿Cuáles son los órganos de la administración pública encargados de la protección de infancias y adolescencias? «La secretaría Nacional de Niñez, Infancia y Familia; el Consejo Federal de Niñez, Infancia y Familia y la Defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes».

Este informe especial representa entonces la falta de políticas públicas que prevengan la violencia y garanticen el derecho básico y fundamental de cada niño, niña y niñe: la vida.  

Entrá a conocer toda la información del padrón de Infancias y femicidios desde aquí.

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#NiUnaMas: 1927 femicidios desde el 3J de 2015

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Informe del Observatorio Lucía Pérez

Desde el 3 de junio de 2015 registramos en nuestro observatorio 1927 femicidios y travesticidios. En lo que va del año son 138 los femicidios y travesticidios.

Desde el 3 de junio de 2015, hubo una marcha por día exigiendo que paren de matarnos. En lo que va del año son 159 las marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal.

No son cifras, es lo que el Estado no hace aún estando obligado. Y es la exigencia que llevamos a la calle en cada grito de #NiUnaMás.

El próximo viernes 3J nos encontramos en Plaza de Mayo, desde las 12hs, para realizar junto a las familias de victimas de femicidios un memorial a nuestras hermanas caídas en Femicidios. Vamos a intervenir artísticamente las fotos de cada victima de femicidio. Sumá tus marcadores, pinceles, brillos, telas. A la cultura de la violencia le respondemos con abrazos y belleza.

www.observatorioluciaperez.org
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Alperovich fue procesado y embargado por abuso sexual

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La justicia procesó a José Alperovich por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades. Además lo embargó por 2,5 millones de pesos. «Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019», celebra Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. «Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano», reflexiona. Las lecciones de esta demora en el avance judicial, y el contexto de violencia patriarcal que caracteriza a la provincia. Y un recuerdo imborrable: la desgarradora carta de la persona que denunció al ex gobernador.

El procesamiento, dictado por el juez Osvaldo Rappa, del Juzgado Criminal y Correccional 35, llega luego de la denuncia de su sobrina, y ex asesora, por abusos ocurridos entre 2017 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires. En una carta pública la víctima relató así los abusos: «Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”.

La causa se había iniciado en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán, en ambas jurisdicciones se declaraban incompetentes. En mayo del año pasado, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Nación, la causa pasó a CABA y fue impulsada por el fiscal Santiago Vismara, de la Fiscalía Criminal y Correccional 10, y la fiscala Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. 

Alperovich declaró el pasado 20 de abril, se aseguró inocente y luego tuiteó: “Realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”. 

Jardín de la impunidad

José Jorge Alperovich dio sus primeros pasos en la política como legislador provincial de Tucumán, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical en 1995. Allí se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese periodo Antonio Bussi era el gobernador. 

Luego fue gobernador de la provincia de Tucumán durante tres periodos seguidos, entre 2003 y 2015, año en el que asume como senador nacional. Su esposa, Beatriz Rojkés, también es senadora y, además, preside el Partido Justicialista en la provincia.

El caso de Alperovich no es aislado: en la provincia de Tucumán son los seis hombres de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron denunciados por casos de acoso, abuso sexual y de poder. Además de Alperovich ellos son: el legislador Ricardo Bussi, el ttular del Ministerio Publico de la Defensa Washington Navarro Dávila, Antonio Daniel Estofán vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Carlos Najar intendente de Las Talitas, y Bruno Gabriel Romano Concejal de Juan Bautista Alberdi.

El festejo y lo que falta

“Lo de Alperovich, para el movimiento feminista, es un triunfo”, dice a lavaca Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. “Decimos que hoy la justicia fue un poquito más justa, pero se demoró muchísimo. También es un mensaje, entendiendo otras cosas que vamos logrando, por ejemplo: hemos avanzado en la causa de Bussi pidiendo el desafuero, entendiendo que al juez Pisa el año pasado le pudimos hacer un juicio político”.

¿Qué quiere decir ese mensaje?

Que a la larga esta tozudez que tenemos el movimiento feminista en plantar bandera, en salir a decir, en tomar las calles, en no dejar que se invisibilice y desaparezca el tema; a la larga, tiene estos resultados. Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019. Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano. Esa es la primera reflexión que hago cuando veo la noticia.

¿Qué falta? 

Falta mucho, falta que la justicia se reforme con mirada feminista, lo que significa que hay que poner se a discutir, hoy más que nunca, qué es esta reforma judicial. Pero hoy estamos contentas, porque es un mensaje para una provincia como Tucumán, donde la impunidad camina tranquila por la calle. 

La carta de su sobrina

A la luz del procesamiento, leer completa la carta abierta que su sobrina difundió en noviembre de 2019 es una forma clara de contextualizar esta noticia. Dice:

“Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas. Ya no nos callamos más, pero tampoco queremos hablar por lo bajo de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos hicieron y de cómo hacemos para volver a la vida después de que hechos tan traumáticos nos la cambiaron para siempre.

No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe.

El mío se llama Jose Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él.

No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mi. Ya se cansaría de mi, de que no quiera, de que sea “asexuada” como me llamaba. Pero su fijación no cesaba, durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia.

La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares. Era expresamente su voluntad. Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros, y policías y custodios armados. Todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada.

Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no. Pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu ni de la cantidad de veces que se lo decía ni de como se lo explicaba ni de como mezquinaba mi cuerpo ni de como intentaba defenderme ni si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto.

Durante todo ese tiempo no tuve ni un respiro. Trabajé sin parar, sin vacaciones, sin feriados. Solo me liberaba cuando él viajaba. Pero cuando regresaba, volvía también la pesadilla. Hasta que se detuvo, hasta que las situaciones en las que el disponía quedarse solo conmigo para tocarme y penetrarme se volvieron situaciones ya de violencia y maltrato público, delante de personas. Pero ya no más por dentro, ya no más al hueso, ya no más solos.

Pensar en quién era yo antes, sin miedo, con deseo de desarrollarme, de aprender, de vivir. Si me conocías pensarías que era una mujer a la que jamás le podría pasar algo así. El peligro cayó sobre mí todo junto, encubierto en el afecto familiar y en la seriedad de lo laboral. Quedé atrapada y atravesada para siempre.

A mí esto me cuesta desde el día que empezó a pasar y en todos los sentidos. Solo quiero justicia. Recuperar mi vida. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Responsabilidad de acciones, consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora, sólo las cargo yo. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregársela a su dueño.

No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí. El motivo más importante de mi vida es mi renacimiento, mi sanación y la búsqueda de justicia. ¿Qué motivo más importante que el valor de mi propia vida puedo tener?

Estoy acá contando lo que viví por mi seguridad pero también para que otras mujeres se animen a hablar. Esto no me mato, me puedo proclamar y me puedo defender. Me puedo recuperar, me puedo cuidar, me puedo elegir. Hoy elijo no callarme nunca más. A pesar de que me decía, en pleno horror: ‘cállate, ¿no ves como estoy?’, para tapar todos mis no. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar.

Elijo cerrar con estas palabras de Zuleika Esnal: “A las que denunciaron. A las que no. A las que pudieron salir. A las que no. A las que me escriben pidiendo que escriba. A las que me escriben pidiendo que no, que solo quieren probar qué se siente que alguien más sepa su infierno. A las todavía no. A las ahora sí. A las no puedo. A las sin nombre ni apellido. A las no pongas mi ciudad, por si me encuentra. A las mi vieja sabía y no hizo nada. A las de huesos rotos. A las que ya no están para contar su historia. A las que están acá pero no pueden contarla. A las que escriben paredes. A las que no. A las que salen a la calle. A las que no. A las que me va a sacar el nene si denuncio. A la memoria de todas. A sus mamás. A todas las mamás. (…) A las callate y aguantá. A las no aguanto más. A las me quiero morir. A las de sexo anal para no quedar embarazada de mi viejo en sexto grado. A las viajeras que no vuelven. A las que vuelven y es un lujo. A las te escribo ahora que duerme. A las te dejo que volvió. A las me mata si se entera. A las no sé a quién recurrir. A las te escribo porque yo no tengo a nadie””.

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