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8vo encuentro de Familias Sobrevivientes de Femicidios: los pedidos que llevaron al encuentro con el Ministerio de Mujeres

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Después de ocho jornadas en las que el grupo de Familias Víctimas de Femicidios reclama una audiencia con el Presidente, hoy el Estado lo recibió a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Las familias de Lucía Pérez, Luna Ortíz, Cecilia Basaldúa y Agustina Fredes mantuvieron una reunión y le entregaron a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta un nuevo pedido de ser recibidas por el Presidente junto a un petitorio con tres exigencias al Estado: un cambio en la reglamentación de la Ley Brisa; que el Estado garantice una investigación judicial imparcial y con perspectiva de género; y el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios. Apenas horas antes y como cada segundo miércoles del mes, contaron en Plaza de Mayo sobre cada uno de los casos que sustentan este pedido urgente: «Estos femicidios son muy parecidos: está involucrada la policía, lo narco, hay complicidad judicial, y no hay justicia. Las familias quedamos solas». Las expectativas de que tras la reunión algo cambie y las propuestas concretas para que eso suceda.

Pasado el  mediodía, siete sillas negras son ubicadas por delante de la bandera argentina que flamea en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Cada una es ocupada por Marisa Rodriguez y Facundo Ortiz , madre y padre de Luna Ortiz; Susana Reyes y Daniel Basaldúa, madre y padre de Cecilia Basaldúa; Marta Montero y Guillermo Pérez, madre y padre de Lucía Pérez; Gustavo Melmann, padre de Natalia Melmann; y Blanca Fredes, madre de Agustina Fredes. Representan así a a las familias que integran el colectivo Familiares Sobrevivientes de Femicidios; la de hoy es la octava vez que se dan cita en la plaza – desde diciembre de 2019-  para entregar un pedido de audiencia dirigida al presidente Alberto Fernández. En esta oportunidad, a diferencia de los encuentros anteriores, fueron recibidxs por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. No obstante, le presentaron a la ministra la carta para ser recibidxs también por el Presidente.

El micrófono va pasando de mano en mano. La primera en hablar es Marisa: “Soy la mamá de Luna Ortíz. Luna fue asesinada en Tigre el 3 de junio de 2017. A cuatro años, estamos acá exigiendo justicia. Hay un solo detenido, queremos que no lo liberen porque en La Plata cambiaron la carátula de ´abandono de persona´ a ´homicidio imprudente´ y en junio, Isaías Villarreal, el femicida de Luna, quedaría en libertad. Estamos acá para pedir que los jueces reviertan el proceso y reconozcan que fue femicidio”. Facundo agrega: “Necesitamos que los  jueces cambien esa postura machista y patriarcal. Si no pueden hacer su trabajo, que dejen el lugar, hay que revocar a los jueces que no cumplen con su trabajo. Esto se repite sistemáticamente y los femicidas quedan en libertad”.

Foto: Lina Etchesuri

Sigue Daniel: “Estamos luchando para que se sepa la verdad, luchamos contra quien debería ayudarnos, que es la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, que quiere meter preso a alguien y no tiene pruebas. Hay policías de Capilla del Monte involucrados y ella agarró a un pibe humilde, nosotros no lo conocemos, sabemos que Cecilia no tuvo contacto con él,  lo quiere meter preso y dejar impunes a los verdaderos culpables, que son el dueño de la casa donde ella estaba, Mario Mainardi, Viviana Juarez, los policías, cuando hay policías, tratan de tapar todo. Que sepan que yo no voy a parar hasta que se sepa la verdad, mientras viva”. “Quiero mostrar la indignación que tenemos- prosiguió Susana Reyes- por la demora y porque se esconden tantas cosas. Es vergonzoso. Los casos de los padres que estamos acá presentes son muy parecidos, no se investiga a la policía, no toman nuestros reclamos. Queremos que se haga justicia”.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, contó: “Casi a cuatro años y medio de la muerte de Lucía, todavía no tenemos justicia. Le pedimos al presidente que nos reciba, estos narcofemicidios son muy parecidos. Lo que nos pasa es la muerte de nuestras hijas y de nuestras vidas con ellas. El mensaje que le queremos dejar a este estado responsable es que se tiene que hacer cargo y tiene que gobernar no para una parte, sino para todos. Hemos perdido a nuestras hijas y no las recuperaremos más. Queremos que el señor presidente nos vea las caras, cómo somos, somos personas igual que usted. Espero que nos reciba prontamente”.  Sumó Guillermo: “La causa de Lucía está en la Suprema Corte de Provincia. Queremos avanzar con un nuevo tribunal, con un nuevo juicio. El jury es por la mala sentencia que dieron con Lucía, contra los jueces Viñas y Urso de Mar del Plata. Estamos a siete, ocho días de que presenten su defensa y pedir la destitución de los jueces y también una fecha de jury, para que sea rápido. Se tiene que apartar a estos jueces para que no sigan haciendo daño a la sociedad”.

Foto: Lina Etchesuri

Fue el turno de Gustavo Melmann: “Mi hija fue asesinada brutalmente por la policía bonaerense en 2001. Llevamos a juicio a tres policías, que fueron condenados, ahora están pidiendo la libertad condicional, hay restos de ADN de dos personas más. Hay que generar un cambio de la conducta de la justicia, tiene que existir un ente que esté desvinculado de la policía para investigar cada una de las causas, para arribar a una sentencia. Una vez más, pido justicia por mi hija”.

“Soy la mamá de Agustina Fredes, de Mar del Plata –expuso Blanca- y el caso de mi hija fue el 25 de abril de 2017. Ella fallece por los daños causados por su violador, estando un bebé en gestación. Ahora en septiembre se hará un juicio solamente por la violación pero su muerte la dejaron de lado. Espero que se pueda abrir la causa de muerte porque también le corresponde al femicida Matías Acevedo”.

Una vez finalizada la exposición de cada familiar, gritan Justicia y aplauden. Se suman las personas que pasaban por la plaza y se quedaron a escucharlxs, conmovidxs por los relatos. Luego, leen los nombres y edades de las victimas de femicidios y travesticidios en lo que va del año. Son 112. Gritan Ni una más. “Estas son las mujeres que nos han matado en estos cinco meses. Son nuestras muertas. Van a estar siempre en nuestros corazones”, cerró Marta Montero, en referencia a los datos que surgen del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público que actualiza de manera diaria la cifra de los femicidios. La lectura de los nombres y edades de las mujeres y personas trans asesinadas se repite como ritual ante cada nuevo encuentro de estos familiares.

Foto: Lina Etchesuri

A las 15, los familiares se dirigieron al edificio de Balcarce al 100 para reunirse con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Le presentaron una carta dirigida al presidente y un documento que reproducimos a continuación:

La carta:

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Nosotras, familias sobreviviente de femicidios nos dirigimos a usted, en esta oportunidad por intermedio de la ministra de Mujeres y diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta,  para reiterar con respeto y esperanza el pedido de audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias

Atentamente:

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla

Ana María Martínez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo  Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna

Las familias frente al edificio donde fueron recibidas por la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Foto: Lina Etchesuri

El documento:

En este doloroso y angustiante camino que emprendimos el día que asesinaron a nuestras hijas hemos tenido que luchar todos los días contra un Poder Judicial enceguecido por la corrupción de sus intereses, un Poder Legislativo que se acuerda del tema cada fecha fotografiable y un Poder Ejecutivo que habla más de lo que hace. Algunas familias llevamos años cargando esta cruz, así que la afirmación se aplica a diferentes administraciones, incluso de signo político contrario.

Todas han prometido mucho, todas han hecho poco.

Todas también han preferido tener como interlocutores a “expertxs” que no han soportado el cachetazo que significa que un Estado obligado por leyes y tratados a hacer algo, lo incumpla todos los días.

Así, la puerta de acceso a los derechos que tenemos como familias es estrecha, arbitraria y prebendaria.

Así, no podemos seguir ni un día más.

Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos.

Al concretarse el Estado argentino estará dando  un paso importante para que la letra de la ley se convierta en hechos.

Nuestras tres exigencias son las siguientes:

1) Exigimos el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa:

El acceso al derecho que garantiza la Ley Brisa a las infancias huérfanas por femicidios se ve obstruido por la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo. Como consecuencia en el peor momento y cuando más apoyo necesitan, las familias deben hacerse cargo de sostener la vida de esas infancias sin apoyo alguno. El trámite actualmente no es administrativo sino judicial, lo cual requiere la participación de abogadxs. Los letrados oficiales están recargados y hacen más lento el proceso judicial.

En 2020 hubo 343 infancias huérfanas por femicidios y en los primeros 100 días del año 2021 ya suman 80,  según datos del Observatorio Lucía Pérez. Esas infancias no pueden esperar ni una día más.

Reglamentación actual:

A través del decreto 871/2018, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.452, que creó el Régimen de Reparación Económica para hijos de víctimas de femicidio. El artículo 1 de la ley establece que el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes tiene lugar cuando:
a) Su progenitor y/o progenitor afín hayan sido procesados y/o condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices del delito de homicidio de su progenitora. De acuerdo al decreto reglamentario, tanto el auto de procesamiento como la sentencia condenatoria deberán encontrarse firmes. Esto significa: sentencia confirmada por la Corte Suprema. Así redactado, todo el proceso requerido para acceder al subsidio demandaría una década.
b) Según la norma publicada el 1 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial, el juez debe establecer y declarar que la causal es la violencia intrafamiliar o de género. Muchos tribunales caratulan la causa con otras formas jurídicas y parte de la lucha de las familias es lograr su cambio, lo cual demanda también varios años.

Reglamentación necesaria:

Exigimos un decreto del Poder Ejecutivo que establezca que desde el momento en que se produce el femicidio las infancias huérfanas tiene derecho a percibir un subsidio para garantizar su manutencion. El Anses puede ordenar un informe que avale la validez del derecho a esta pensión. No relacionar el acceso a este derecho al trámite judicial, sino a un trámite administrativo garantiza el acceso al subisidio en el momento en que se lo necesita.

2) Exigimos que el Estado garantice desde el primer día la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género.

En momentos donde las familias estamos aturdidas por el dolor y desorientadas sobre qué es correcto hacer es exactamente el momento en el que el Poder Judicial arruina las pruebas. En esas primeras horas se juega entonces la posibilidad de obtener un proceso justo. Desde el arribo a la escena del crimen (como en el caso de Nora Dalmasso, solo para apelar a un ejemplo que la mayoría recuerda) hasta la forma de tomar los primeros testimonios son siempre, como mínimo, inadecuadas y en muchos casos, tendenciosas. Así, se garantiza la impunidad. Esta mecánica es lamentablemente tan extendida que en los barrios de todo el país cada vez que se produce un femicidio espontáneamente vecinos y vecinas rodean la comisaria para evitar estas maniobras, y también para denunciarlas públicamente.

Estas prácticas mafiosas son, además, mucho más definitorias en los casos de femicidios territorirales, en los cuales el crimen no se produce a manos de un novio, ex pareja o pareja violenta, sino por quienes ya tienen garantizada una red de impunidad territorial que les permite cometer delitos. Son las nuevas formas de “zpnas liberadas” y en esa trama tanto las policías como las fiscalías están implicadas, por acción u omisión. En ese contexto es imposible para las familias acceder a un proceso judicial justo, ya que los primeros en actuar y escribir la primera versión de los hechos son partes implicadas, que hicieron posible que ese crimen ocurra.

a) Exigimos la creación de un cuerpo nacional de fiscales y peritos oficiales que intervengan desde el primer momento en casos de femicidios territoriales.

b) Exigimos que en aquellos casos en los que la trama de corrupción incluyan a policias y justicia, los juicios orales se realicen fuera del ámbito juridiccional controlado por las redes que produjeron el delito.

b) Exigimos que tal cual obligan los tratados y leyes vigentes, el Estado argentino se haga cargo de los honorarios de abogadxs, peritos y costos de la causa judicial, incluido pasajes y estadias a la que nos obliga la organización vigente del Poder Judicial, que nos somete a viajar miles de kilómetros para garantizar el justo proceso en todas sus instancias.

c) Exigimos que las querellas legales respeten la voluntad de las familias y las representen ante el Poder Judicial sin alterar el enfoque legal que ellas pretenden, las mantengan debidamente informadas del proceso y las acompañen en todas las instancias necesarias hasta lograr el cierre del proceso, algo que hoy no está garantizado.

d) Exigimos que los procesados por femicidios no puedan cumplir sus excepciones carcelarias en las cercanías del hogar de las familias de las víctimas. Es responsabilidad del juez de garantías todo lo que suceda con la liberación de un procesado por femicidio y deberá responder por ello.

f) Exigimos que el Poder Ejecutivo nacional y provincial no facilite que los jueces eludan su responsabilidad otorgándoles el escape de una jubilación para evitar el jury.

g) Exigimos que se elimine la obligación de depositar una caución de 250 mil pesos como condición para que las familias pueden solicitar el jury a los jueces que intervienen en el crimen de sus hijas.

h) Exigimos que el Poder Ejecutivo garantice que la aplicación de la ley Micaela no sea para la foto, sino que implique una formación contínua, sostenida y con seguimiento, medición y rendición pública de cambios y logros.

h) Exigimos que el Poder Legislativo sancione leyes de prevención de femicidios, tales como:

1)  Establecer que es un delito la violación de la restricción perimetral

2) Crear centros de aislamiento y reeducación de varones violentos

3) Establecer porcentajes a los que están obligados los medios estatales y privados para destinar a la difusión de campañas de prevención de estas violencias.

4) Que en cada localidad donde se produce un femicidio el Ministerio de Educación establezca que debe hacerse en el ámbito educativo una jornada de reflexión sobre estas violencias, en especial en aquellos colegios donde concurrían las víctimas, sus hermanxs y amigues.

5) Que las cámaras de seguridad dependientes de los Estados municipales estén a disposición de las familias, se guarden y resguarden apenas se produzca un femicidio en ese territorio.

3) Exigimos el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios.

La normativa internacional de derechos humanos obliga al Estado argentino a reconocer la identidad de víctimas que tienen nuestras familias. Dicha identidad de víctimas nos convierte en los portadores de los derechos que les fueron asesinados a nuestras hijas y esos derechos están claramente establecidos por leyes y tratados. Exigimos que comiencen a cumplirse, se respeten y garanticen en forma integral.

Nuestras familias deben sumar al enorme peso que produce el dolor del asesinato de nuestras hijas el tremendo castigo emocional y económico que nos inflige el actual sistema de acceso a la justicia. Hemos perdido además de nuestras hijas, salud y empleos.

En las actuales circuntancias y tal cómo ha organizado el Estado el acceso a la justicia para estos crímenes es imposible afrontar este camino sin ayuda. Todos estos años hemos sido acompañados por la sociedad y gracias a ese apoyo seguimos en pie. Es hora de que el Estado también esté al lado nuestro  y presente.

Exigimos:

1) Pensión asistencial a las familias que deban afrontar un proceso de justicia por femicidio.

2) Decretos que garanticen que a aquellas familias que tengan empleo no pierdan su trabajo ni se le descuenten los días cuando deba asistir a compromisos derivados de su reclamo de justicia. Un ejemplo: actualmente las familias que trabajan en el ámbito estatal deben pedir licencia psiquiátrica para poder asistir al juicio oral donde se juzga el femicidio de sus hijas. Es decir, deben hacerse pasar por locas. Todo dicho.

“Nos dijo que nos van a estar acompañando en las distintas causas”, contó Facundo Ortiz, transcurridas las dos horas en las que estuvieron reunidxs con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. “Nos van a dar pasajes que son importantes para quienes tenemos que viajar por la causa. Pedimos que dejen de lado a la policía, que se forme una comisión investigadora”, aportó Daniel. “Nos dijo que están impulsando las denuncias a los jueces que hacen mal su trabajo, que está consensuado con el presidente. Es algo positivo para cambiar la justicia. Planteamos también la formación en perspectiva de género para los jueces, si a los abogados no los forman con alguna materia, esto no va a cambiar”, dijo Facundo. Propusieron otras reuniones con el resto de las familias que hoy no pudieron concurrir a la reunión e insistieron con ser recibidxs por el presidente. El pedido es concreto: justicia para las que ya no están. Basta de femicidios y travesticidios. Ni una más.

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Informe julio 2021 Observatorio Lucía Pérez

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Ni Una Más es posible

En los 212 días de este año la violencia patriarcal ha producido:

172 femicidios y transfemicidios: uno cada 29 horas.

138 infancias huérfanas: una cada 36 horas.

262 intentos de femicidios: uno cada 19 horas.

92 mujeres desaparecidas: una cada dos días y medio.

230 marchas exigiendo justicia: más de una por día.

En tanto, el Ministerio de las Mujeres sólo ha invertido el 26, 52% de los 6 mil millones que tiene de presupuesto, siendo los más postergados los programas dedicados a la atención integral de estas violencias que han sembrado -desde que se inició la actual gestión del Estado- 498 mujeres, travestis y trans asesinadas. Es esta urgencia la que exige que el Estado acelere el ritmo de ejecución de las políticas públicas necesarias para prevenir, contener y reparar estos crímenes.

Hoy, ahora, ya.

Porque cada femicidio es evitable es posible Ni Una Más.

www.observatorioluciaperez.org

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Tucumán, el Jardín de la Impunidad: abusos, acosos y violencia machista de alto poder político

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El ex gobernador Alperovich, el actual legislador Ricardo Bussi, el intendente Najar, el juez Estofán, el defensor Navarro Ávila, el concejal Romano y más: las víctimas de distintos hombres vinculados al poder político tucumano rompieron el silencio. Los casos denunciados ante la justicia, la inacción del Estado frente a las víctimas que siguen en riesgo y amenazadas, y la voz de la Multisectorial de Mujeres que las acompaña y teje organización enfrentar la impunidad.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

«No queremos que Tucumán siga siendo el jardín de la impunidad», dicen las mujeres de una provincia que en pocos meses tuvo más de 5 denuncias de abusos y acosos sexuales a legisladores, ex gobernadores y funcionarios de diferentes niveles. La Multisectorial de Mujeres y el colectivo local Ni Una Menos, frente a estas denuncias y para acompañar a las víctimas, formaron en plena pandemia y aislamiento la Mesa contra los abusos del poder político, integrada por la mayoría de las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, de derechos humanos y políticas de la provincia.

Los casos comenzaron primero a circular por Whatsapp. Y llegaron a un grupo de periodistas que teje vínculos para visibilizar la violencia machista, acompañar a las víctimas y organizarse desde abajo. Esa intercambio de información fue el germen de una nota de Lorena Maciel y José Inesta, el 11 de julio de este año, que logró que las denuncias de las víctimas se conocieran a nivel nacional. La información fue facilitada en muchos casos gracias a Alejandra Martínez, adjunta de judiciales y al abogado Gustavo Morales que defiende a Erika Juárez, Elvira Mayol y Romina Dip.

Lo que animó a otras mujeres a hablar fueron las masivas movilizaciones frente a las distintas formas de violencias. La denuncia por abuso sexual agravado al ex gobernador José Alperovich fue también otro puntapié.

El legislador Bussi

Las denuncias contra altos miembros del poder político tucumano siguen: hace más de un año que Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio, fue denunciado por abuso sexual agravado y robo de identidad. Si bien la denuncia ya tiene más de un año, el legislador de Fuerza Republicana sigue en funciones y la víctima, amenazada y encerrada en su casa sin poder salir a trabajar para alimentar a sus dos pequeñas hijas.

Fueron las mujeres de la Multisectorial quienes asistieron a Lupe, el nombre que se usa para proteger su identidad, cuando le saquearon la casa y la dejaron sin nada. En 2019, Lupe acudió a Bussi en busca de ayuda para poder salir de la violencia cotidiana a la que la sometía su ex pareja y padre de sus hijas y el legislador le ofreció trabajar para su partido Fuerza Republicana. La joven accedió y cuando fue a cobrar su salario vio que tenía en su cuenta 600 mil pesos: según denunció habían fraguado su identidad y malversado fondos. Cuando fue a hablar con Bussi para pedirle que le explicara lo sucedido, Lupe denuncia que el legislador la encerró en su despacho y abusó de ella.

“Bussi sigue yendo todos los días a trabajar al despacho en el que abusó de Lupe, mientras que Lupe no puede salir de su casa para ir a trabajar”, dice Vicky Disatnik, referente de la casa de las mujeres Norma Nassif. Lupe no tiene ningún ingreso, no tiene trabajo, y tampoco ningún plan, ni Asignación Universal por Hijo, ni Plan Alimentar.

Milagro Mariona, del colectivo Ni una Menos de Tucumán explica a lavaca: “La víctima de Bussi tiene una custodia en la puerta de su casa, pero esa custodia no se traslada si ella tiene que salir, y ya le pasó que una vez sintió que la seguían en el centro. Hay mucha impunidad, y ellas quedan muy desprotegidas por el Estado, tanto provincial como nacional. Hemos intentado gestiones individuales con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y no se ha conseguido resolver la urgencia que tienen Lupe y también Ingrid”.

El intendente Najar

El Intendente de Las Talitas, Tucumán, Carlos Najar, también fue denunciado en la Justicia por violencia de género contra Ingrid Saravia, su esposa. Najar se negaba a que Ingrid trajera a su casa a los dos hijos que ella tenía de un matrimonio anterior. Tras el nacimiento de la beba de ambos, ella relata lo sucedido: “Cuatro días después del parto yo estaba muy dolorida por la cesárea. Esa noche la beba no paraba de llorar y los puntos me impedían levantarme para calmarla. Le pedí a Najar que por favor me la trajera así le daba el pecho. La respuesta fue muy clara: una trompada en medio de la cara y una catarata de insultos porque no lo dejaba dormir”, contó Ingrid en entrevista con TN.

El 24 de marzo de este año, Ingrid enfrentó a Najar y dijo que si no le permitía ver a los hijos iba a dejarlo. En ese momento Najar la tomó de cuello y la ahorcó impidiéndole la respiración. Luego la sacó a la fuerza de la casa, yendo de su casa y dejando a la nena sola encerrada con llave: “Quedé en medio de la nada mirando por una ventana como lloraba mi hija. En ese momento decidí que iba a hacer la denuncia sin importarme las consecuencias”, relata la joven que tuvo que romper el vidrio para encontrarse con su beba.

El juez Estofán

El juez de la Corte de Tucumán, Antonio Estofán fue denunciado por una empleada de su juzgado. Se trata de Elvira de la Mercedes Mayol, empleada judicial con 10 años de antigüedad, que estaba a la espera de la confirmación de un ascenso que le correspondía por el tiempo que lleva trabajando en el palacio de Justicia. El expediente estaba demorado en el despacho del vocal decano de la Corte, Antonio Daniel Estofán, y cuando fue a consultar por la demora la invitó a “tener sexo para resolver el paso administrativo”.

Además de rechazar la propuesta, Elvira denunció lo ocurrido entre agosto y septiembre de 2019, y a partir de ese momento, comenzó a sufrir acoso laboral, por lo cual en septiembre de 2020 intentó hacer la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema pero no le tomaron la denuncia.

El concejal Romano

Romina Dip denunció a Bruno Gabriel Romano, de 37 años, por violencia de género en 2018 y sin embargo, Romano se presentó en las elecciones del 2019 por la lista oficialista y logró llegar a ser concejal en la ciudad de Alberdi, localidad a unos 90 km de la capital de Tucumán, a pesar de que Romina lo impugnó y la causa estaba en plena investigación.

El defensor Navarro Dávila

Erika Juárez es otra de las denunciantes. “Logró formar un equipo de trabajo tan sólido que el defensor general de la Provincia, Washington Navarro Dávila, la designó como su mano derecha en todo lo vinculado a la logística de sus gastos en el organismo. Erika jamás pensó que sus buenos atributos se iban a convertir en su condena: “El acoso comenzó en mayo de 2020″, le contó a Lorena en la entrevista.
“Empezó a insinuarme que conmigo quería una cierta intimidad que fuera más allá de la relación laboral. Me decía que yo le hacía acordar a una actriz de una serie muy conocida con la que soñaba a diario. Se empeñaba por darme a entender que era un buen amante”, recuerda Erika en diálogo con Lorena.

Agregó luego para explicar la violenta relación: “Pasaban cosas insólitas, como por ejemplo subir la calefacción al máximo cuando llegaba abrigada para que me saque la ropa y me quede con la remera o camisa. Ya todos estaban al tanto de la situación y comenzó a naturalizarse cierto acoso de los jefes para con sus empleadas. Así y todo se generó un clima de mucho rechazo. Traté de evitar las indirectas hasta que pasado un tiempo el acoso fue cada vez más grosero: me dio a entender que si yo no accedía a tener intimidad con él, me iba a echar a mi junto con todo mi equipo”.

“Mis compañeros sabían de la situación y cada día de trabajo se convirtió en un calvario para todos. Cuando me negué a tener relaciones sexuales sabía que mi suerte ya estaba echada. Busqué ayuda en el Ministerio de la Defensa y lo más doloroso es que nunca nadie me apoyó”, le dijo Erika a Maciel.

El Jardín de la impunidad

“A nivel estatal, en la provincia no hay ningún tipo de asistencia a las víctimas», dice Alejandra del Castillo, del Plenario de Trabajadoras Tendencia, otra de las integrantes de la Mesa. «El Gobierno no tiene ningún mecanismo previsto para contener los casos. Eventualmente se consiguen algunas cosas, como con Lupe que se gestionó que pudiera tener una asistencia económica, pero después no se le resuelve la movilidad. Todo es muy complicado, y lo que hacemos las organizaciones es acompañar. Somos las compañeras de las organizaciones quienes estamos pendientes cuando hay que hacer alguna movilización, o cuando las compañeras necesitan algo”.

Leonor Cruz, de la CTA Autónoma de Tucumán, suma: «Es importante poner en contexto la situación de Tucumán, que no solamente es una provincia declarada “pro-vida”, que no estamos adheridos a la ESI y que para conseguir la Ley Micaela tuvimos que lucharla. Acá tenemos 6 chicas desaparecidas, y eso no se sabe.

Somos las organizaciones que junto con las familias salimos a denunciar y visibilizar esto. La provincia de Tucumán está atravesando hace varios años una cuestión de impunidad demasiado clara, y como Mesa venimos activando para terminar con el cerco y nacionalizar esta situación, poniendo en contexto lo que pasa acá”.

Milagro Mariona se refiere al rol clave que tienen las organizaciones para que las mujeres se animen a denunciar: “Somos las organizaciones quienes ayudamos a las víctimas a gestionar subsidios para víctimas de violencia, o asistencia psicológica, y eso ha generado muchísimo trabajo. En los casos donde son víctimas del poder, para conseguir estas cosas hay muchas trabas, es muy costoso. La víctima de Alperovich no recibe ningún tipo de asistencia, y tampoco ha recibido ningún tipo de asistencia, sabiendo incluso desde el Estado que son personas mucho más vulnerables, que están muy expuestas, en riesgo”.

“En Tucumán hay mujeres desaparecidas, hay hijos huérfanos de esta situación, hay víctimas del poder político, y hay una alianza de los poderes en todo esto que es más que clara”, sentencia Cruz y ejemplifica: “Cuando fue denunciado, Alperovich se la pasó pidiendo licencia, y la causa no avanza, nunca se lo sacó del Senado, el Senado nunca se expidió en relación a esto, y con Bussi, la Legislatura está callada y yo creo que se va a volver a postular como gobernador”.

Marieta Urueña Russo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales y también integrante de la Mesa contra los abusos del poder político, explica cómo funciona la máquina machista: “Lo que pasa con las causas que tienen incidencia es muy grave, y lo que pasa con la composición del Poder Judicial también. Porque nosotros vamos a ver que en el mapita del poder judicial, Tucumán tiene Fiscalía con perspectiva de género pero ahí va a estar trabajando cualquiera, o esta misma gente. Entonces los instrumentos siguen sin estar”.

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10ma carta de Familiares Sobrevivientes de Femicidios al Presidente: el frío afuera y adentro de la Rosada

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Como cada segundo miércoles del mes, el grupo de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunió en Plaza de Mayo, actualizó el estado de las causas impunes de sus familiares, renovó los reclamos de justicia, por medidas urgentes y por una audiencia con el Presidente Alberto Fernández. Las palabras de la familia de Luciana Sequeira, joven de 17 años asesinada en Santiago del Estero, junto a las de Luna Ortiz, Cecilia Basaldúa y Lucía Pérez. Lo que tienen en común los casos, de la impunidad a la lucha. La lista de los 153 femicidios y transfemicidios leídos hoy en la voz de Susy Shock, Valeria Lois y Alejandra Flechner; y la carta completa, entregada por décima vez.

“Seguimos viniendo. No nos cansaremos. Nos toca frío, agua. ¡Nos falta nieve! Todos los climas hemos pasado, y el Estado no escucha lo que estamos diciendo”.

En un nuevo encuentro de Familiares Sobrevivientes de femicidios, Marisa, la mamá de Luna Ortíz, encuentra esa síntesis entre el clima adentro y afuera de la Casa Rosada, que se dibuja sobre el fondo de estas cuatro familias que sentadas en Plaza de Mayo esperan ser atendidas.

La familia de Luna Ortíz.

La familia de Lucía Pérez.

La familia de Cecilia Basaldúa.

La familia de Luciana Sequeira, 17 años, asesinada recientemente en Santiago del Estero.

Y a través de ellas, de cientos de otras familias que comparten el grito de justicia por los femicidios, el pedido de medidas urgentes al Estado y encarnan la lucha como la única manera de que algo cambie.

Las cartas en juego

Hoy se entregó la décima carta al presidente Alberto Fernández. En ella, los familiares detallan los patrones de impunidad, revictimización y la máquina de violencia machista que se repiten en cada una de las causas, en los casos, en sus vidas. Debajo, la letra completa.

El 11 de mayo pasado, esta carta fue entregada también ante el Ministerio de Mujeres y Diversidades. “El 11 de mayo dejamos el mismo petitorio a la ministra”, aseguró hoy Marta Montero, mamá de Lucía Pérez. “Lejos de tener una respuesta tuvimos una negativa: el Ministerio de Mujeres de Nación no puede hacerse cargo de las pericias de nuestras hijas”.

Marta y, luego, Marisa, mamá de Luna Ortíz, contaron en detalle el problema que representa enfrentar los costos del proceso, y en particular el relacionado a los peritajes. Para Marisa, se trata de otra instancia de revictimización: “Que se deje revictimizar a las víctimas en lo que cuesta pagar un perito. Hoy le decimos a este Estado que vamos a venir días de lluvia y frío porque todos los días tenemos la ausencia. Y que no vamos a parar hasta tener verdadera justicia”, sintetizó luego de relatar el pedido urgente para que su caso sea considerado femicidio.

Marta Montero también hizo referencia a las inclementes condiciones del clima: “Gracias por estar haciendo el aguante con este frío”, se dirigió a las personas y medios (Télam, Radio 10, Radio Continental, IP Noticias, Canal de la Ciudad) que se acercaron al Encuentro. Y contextualizó: “A la humedad y el frío lo soportamos igual, pero no deberíamos estar acá. El presidente bien podría hacer la diferencia de recibirnos. Esta es la décima carta que le venimos a traer, con todo respeto”.

Daniel Basaldúa, papá Cecilia, estuvo presente como cada miércoles. Inició el encuentro de esta manera: “Estamos dando la lucha en los medios y en la calle, y eso es lo que no les gusta a la justicia patriarcal. Vamos a seguir en la lucha por todo el ocultamiento que hay en el caso de mi hija, y para que esto no siga pasando”.

Daniel se refiere a la causa que tiene detenido a un hombre que denuncian se trata de un “perejil”, mientras los verdaderos autores del femicidio seguirían libres en Capilla del Monte; un círculo de impunidad encabezado por la fiscal Paula Kelm. Susana Reyes, mamá de Cecilia, quien realizó su propia investigación ayudada por la comunidad de Capilla, puntualizó hoy en la Plaza de Mayo: “A los asesinos de mi hija los tenemos fichados, y andan libres. Eso tiene que frenarse. Nos gustaría nos escuche el gobernador de Córdoba”.

“Quieren hacer pasar que ella murió por Covid”

El Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se repite cada segundo miércoles del mes, y siempre contiene un nuevo condimento. Esta vez se acercó Yolanda, la joven hermana de Luciana Sequeira, quien falleció el 16 de junio luego de ser herida de muerte en un hotel alojamiento en Villa Atamisqui, Santiago del Estero. Durante el Encuentro, Yolanda se limitó a decir: “Pido justicia por mi hermana y que esto se esclarezca”.

Luego, en diálogo con lavaca profundizó sobre el caso que involucra a esferas del poder santiagueño, su ocultamiento e impunidad: “Ahora están tapando todo allá en Santiago. La autopsia no deja mucho lugar a duda: fue un femicidio, y están haciendo pasar que ella murió por Covid, y no es así”.

¿De qué sospechan?

Cuando mi mamá fue al hospital le dijeron que tenía una hemorragia por un corte que le habían hecho. Y en la autopsia dice que ella tuvo un desgarro. Y un desgarre y un corte es algo totalmente diferente. Ahora dicen que murió por una neumopatía, cuando nunca tuvimos un resultado positivo de Covid. El 15 la hisoparon y le dio negativo en el propio Hospital.

¿En la justicia figura que este cuadro está asociado al Covid?

Sí, asociada a un shock. Pero no es así: el cuerpo habla por sí mismo.

¿Por qué el ocultamiento?

Él es un hijo de policía, y para variar menor de edad. Pensamos que por eso está todo comprado allá; todo lo maneja el gobierno. El tipo este está metido con el gobierno, también.

¿Qué pasa en Santiago?

No se hace justicia, todo se tapa, no sale de Santiago. El caso de Luciana salió porque pudimos hablar con medios de acá de Buenos Aires, sino se quedaba allá.

¿Cómo se da vuelta la impunidad?

Saliendo a pedir justicia y a pedir ayuda, porque si te quedás callada no se hace justicia.


El sábado 17 a las 15 horas habrá una movilización en la plaza central de Villa Atamisqui, Santiago del Estero.

La larga lista

En las voces conmovedoras de Susy Shock, Valeria Lois y Alejandra Flechner estuvieron presentes los femicidios y transfemicidios de 2021. Una lectura y escucha prolongada en medio de Plaza de Mayo que permite dar dimensión no solo a la cantidad, sino a cada nombre y edad que encarna la cifra.

La lista completa, elaborada por el equipo del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez (http://observatorioluciaperez.org/), el primer padrón público y autogestivo:

Graciela Carolina Flores, 44 años

Elisa Robles, 36 años

Analía del Rosario Barbosa Martínez, 26 años

Noelia Albornoz, 32 años

Bebé de Elisa Robles, 1 día

Gabriela Verónica Lencina, 43 años

Mariana Madonna, 63 años

María Florencia Ascaneo, 41 años

Jaqueline del Carmen Pino, 43 años

Yésica Celina Paredes, 22 años

Ana Astorga, 29 años

Alicia Moreno, 72 años

Anabella Viviana Olmos, 26 años

Nancy Villa, 14 años

Marcia Dominga Acuña, 16 años

Natalia Maldonado, 24 años

Felipa Correa, 39 años

Yésica Viviana Palma, 23 años

Karen Jazmín Ponce, 19 años

Jacinta Ester Acosta, 81 años

Cintia Edith Romero, 37 años

Carla Yanina Gomelsky, 39 años

Corina Soledad Irazu, 24 años

María José Villalón Escudero, 41 años

Ivana Soledad Juárez, 32 años

Margarita Mercedes Zárate, 28 años

Nilda Peano, 57 años

Rosa Gabriela Vallejos, 51 años

María Belén Montenegro, 23 años

Rocío Macarena Quesada, 28 años

Esther Mamani Canaviri, 35 años

Melina Laura Rojas Urbano, 20 años

Noelia Vanina Sánchez, 36 años

Milagros Orieta, 21 años

Teresa Silvana Leguizamón, 41 años

Melisa Moyano, 40 años

Liliana Beatriz Stefanatto, 45 años

Ángeles Castañares, 80 años

Noelia Vanessa Lobo Noble, 35 años

Carmen López de Vargas, 62 años

Úrsula Bahillo, 18 años

Florencia Figueroa, 23 años

Vanesa Carreño, 29 años

Rosita Marina Patagua, 46 años

Mirna Elizabeth Palma, 44 años

Silvia Raquel Rojas, 31 años

Silvina Rojas, 35 años

Emilse Stefanía Gajes, 25 años

Miriam Beatriz Farías, 45 años

Ivana Módica, 47 años

Una mujer de la que no se informa el nombre, 25 años

Verónica Escobar, 22 años

Lorena Alejandra Franco, 41 años

Florencia Cañete, 27 años

Guadalupe Curual, 21 años

Gabriela Alejandra Frasoli, 24 años

Estefany Escobar González, 33 años

Sol Acuña Bilbao, 24 años

Graciela Noemí Funes, 41 años

Katherine Saavedra, 22 años

Julia Hortensia Ríos, 42 años

Claudia Alejandra Casmuz, 29 años

Fabiola Pamela Ramírez, 22 años

Macarena Sol Blanco Domínguez, 28 años

Vanesa Vera, 35 años

Nora Emilce Moyano, 73 años

Noelia Almada, 33 años

Noelia Eliana Maidana, 22 años

Margarita Carrizo, 40 años

Angélica Soledad Cardozo, 36 años

Flavia Ortiz, 30 años

Fabiola Andrea Echenique, 30 años

Paola Mirna Leiva, 38 años

Carolina Beatriz Díaz, 31 años

Norma Alicia Miller, 61 años

María Dolores Barceló, 79 años

Miriam Emilce Sombo, 32 años

Viviana Olga Sagastizabal, 58 años

Marcela Analía Maydana, 44 años

Violeta Argentina Fernández, 70 años

Nancy Florentín Karen, 30 años

Débora Jesús de la Pasión Barros, 30 años

Priscila Arce, 16 años

Sofía Micaela Catán, 24 años

María José Gramajo, 23 años

Josefina Cruceño, 28 años

Dana Berenice, 7 meses

Abigail Carniel, 18 años

Adela Rodriguez, 46 años

Isabel Monzón, 45 años

Victoria Morena Nieva, 37 años

Daiana Aballay, 24 años

Mayerling Mariana Blanco Bravo, 25 años

Analía Maldonado, 40 años

Andrea Alejandra García, 45 años

Yanet Carolina Aleman, 25 años

Marisol Elizabeth Alcaraz Martínez, 35 años

Roxana Romina Olivera, 40 años

María Cristina Ancatén, 38 años

Gimena Islas, 14 años

Florencia Sandoval, 23 años

Cielo De Lucca, 23 años

Ester Del Valle Correa, 61 años

Una mujer de la que no se informa el nombre, 67 años

Gabriela Daiana Juárez, 23 años

Gilda Estefanía Klocker, 20 años

Mirta Cardozo, 59 años

Laura Nancy Rodríguez, 36 años

Patricia Arroyo, 53 años

Agostina Gisfman, 22 años

Felipe Sainz, 13 años

Ramona Adriana Luque, 63 años

Johana Paola Díaz, 26 años

Jésica Maribel Solís, 29 años

Aylin Carolina Reyes García, 33 años

Ayelén Elizabeth Jara Gutiérrez, 20 años

Laura Sánchez, 45 años

Zoe, hija de Laura Sánchez, 9 años

Johana Galdeano, 28 años

Antonella Díaz, 29 años

María José Fernández, 35 años

Victoria, 6 años

Sandra Marilin Carricaberri, 43 años

Mayra Bustos, 32 años

Santiago Cancinos, 14 años

Nancy Roxana Viano, 19 años

Lorena Beatriz Vique, 35 años

Rocío Milagros Rojas, 4 años

María Elena Caro, 73 años

Liliana Fernández, 22 años

Natalia Natividad Guamantes, 24 años

Mayra Guadalupe Flores, 27 años

Wanda Soraya de La Fuente, 29 años

Beatriz Teodora Aldecoa, 61 años

Luciana Sequeira, 17 años

Gabriela Nilvia Giménez, 22 años

Gloria Cristina Domínguez, 29 años

Lía Aguirre García, 32 años

Karen Gisele López, 25 años

María Ester Balbore, 61 años

Marcela Rota, 44 años

Nélida Susana Benítez, 45 años

Elsa Beatriz Gutiérrez, 51 años

La carta dirigida al Presidente

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Nosotras, familias sobreviviente de femicidios nos dirigimos a usted, en esta oportunidad por intermedio de la ministra de Mujeres y diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta,  para reiterar con respeto y esperanza el pedido de audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias

Atentamente:

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla

Ana María Martínez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo  Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna

El petitorio entregado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad:

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