Nota
19.000 amenazas de desalojo
En una estimación que los funcionarios consideran moderada, al menos 19.000 habitantes de Buenos Aires corren riesgo de ser desalojados antes de fin de año de los lugares en los que viven. Desde inquilinos morosos hasta personas que viven en edificios abandonados, están en la mira de las autoridades. “El Estado tiene la obligación de garantizar una vivienda digna, dijo a lavaca la Defensora Alicia Pierini. La verdadera cara del “boom” inmobiliario y el aumento de los alquileres.
Más de tres mil familias que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corren el riesgo de quedar en la calle después de que la Cámara Federal de Apelaciones les dictara, en diferentes causas judiciales, las respectivas órdenes de desalojo. Se trata de inquilinos morosos, pero también de numerosas personas que viven en terrenos fiscales y edificios abandonados del Estado que deberán ser desocupados antes de fin de año.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad está elaborando un informe de próxima aparición donde subraya la situación acuciante que atraviesan por lo menos 19.000 personas en un cálculo que los propios funcionarios consideran moderado. La cifra podría trepar a números inimaginables si se considera que algunas causas, sobre todo las vinculadas a terrenos tutelados por la ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado), no implican el desalojo de una sola familia sino de 400 personas, como ocurre en algunos terrenos que pertenecían a la privatizada Ferrocarriles Argentinos.
“Le estamos planteando a los tribunales que antes de ordenar los desalojos averigüen a quién se está dejando en la calle, si la familia tiene hijos, si hay personas enfermas, discapacitadas. Queremos que haga un informe social y que los jueces pidan al Estado las medidas correspondientes para que cumpla con su obligación de garantizar una vivienda digna”, dijo a lavaca Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de la Ciudad.
Suba de alquileres + torres = menos viviendas
El Ministerio de Derechos Humanos de la Ciudad cuenta con un programa de atención a familias en situación de calle. Está diseñado para asistir a familias que poseen ingresos menores a la canasta básica, según los índices proporcionados por el INDEC, lo cual ya es en sí mismo un dato. El programa otorga a cada familia un subsidio de 450 pesos durante seis meses y en su decreto de creación señala que en ese lapso el gobierno debe facilitar y asistir a los beneficiados para solucionar definitivamente su problema de vivienda. “Esto no sucede”, sentencia Silvina Pennella, Jefa del Área Social de la Defensoría del Pueblo.
A lo largo de todo 2006, 4.146 familias se acogieron a este programa, mientras que en lo que va de este año ya lo hicieron 5.386. “Al 30 de agosto ya se ejecutó el 90 por ciento del presupuesto del plan, no sé cómo van a atender a las 3.000 familias que quedarán en la calle en lo que queda del año”, se pregunta Pennella.
Tampoco parecen suficientes algunas soluciones transitorias que ofrece el Estado, como la relocalización momentánea en hoteles y pensiones. “Los propietarios -detalla Pierini- aplican el derecho de admisión, que podríamos decir que es la manera legal que encuentran para discriminar, y no le alquilan habitaciones a familias con chicos, por ejemplo”.
Pennella señala a la dinámica del mercado, con el consecuente aumento del valor de la tierra y el auge de la construcción, como responsables de la aceleración del problema. “Está probado que el boom de la construcción, con índices que parecen impresionantes, no reduce el problema habitacional. La construcción es selectiva y suntuosa. A la inacción del Estado hay que agregarle que los valores de los alquileres cada vez son más altos y los créditos hipotecarios también”, señala Pennella que reclama que el déficit habitacional sea tomado como una cuestión de Estado, con políticas a corto, mediano y largo plazo, en vez de darle el trámite de una emergencia pasajera.
Gateando en la vía
Otros números que maneja la Defensoría del Pueblo también dan cuenta de que el problema, lejos de estar próxima a solucionarse, crece a pasos agigantados. El año pasado, el organismo tenía registrados 24 asentamientos precarios, además de las ya naturalizadas villas de emergencia porteñas. Este año la cifra trepó a 60, contabilizando los caseríos instalados a la vera del ferrocarril, debajo de las autopistas y otros terrenos abandonados.
El informe de la Defensoría sólo incluye las 4.853 causas de desalojo tramitadas en la Cámara Nacional de Apelaciones, donde se dirimen los desalojos entre privados. No incluye, por ejemplo, las que se figuran en los fueros contencioso administrativos, donde se tramitan los desalojos de inmuebles donde el Estado reclama su propiedad. De manera que los números presentados sólo marcan un piso del volumen real del problema.
“Tanto en los casos donde el inmueble reclamado pertenece a un particular como el que pertenece al fisco, la responsabilidad última es del Estado. Porque es a quien le corresponde velar por la garantía constitucional de la vivienda. Por su puesto que si encima es quien exige el desalojo, la situación aún es más incomprensible”, dice Pierini. “Hay casos donde el desalojo puede esperar y no merece un tratamiento tan urgente. Además, hay algunos desalojos deben realizarse inmediatamente para garantizar la supervivencia de la gente. No podemos esperar que mueran diez chicos atropellados por el tren porque van gateando de su casa hasta las vías. Pero para eso se los debe relocalizar en condiciones dignas”.
INFORME ENERO-FEBRERO 2026 DEL OBSERVATORIO LUCÍA PÉREZ DE VIOLENCIA PATRIARCAL
Temporada de femicidios
Por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (https://observatorioluciaperez.org/)
Durante el verano de este 2026 sufrimos un femicidio y una tentativa de femicidio cada día y medio. Un promedio alarmante que, además costó la vida de cuatro criaturas; tres de ellas apenas superaban el año.
Las víctimas tienen un rango etáreo que va de los 78 a los 17 años y dejaron a 16 infancias huérfanas.
- Enero y febrero suman 43 femicidios y 43 tentativas de femicidio.
No son cifras. Son vidas, como la de Natalia Cruz (foto principal), en Campo Quijano, Salta: su hermana también fue víctima de femicidio años atrás. Hubo marchas para exigir justicia durante casi todos los días desde el día del crimen en que se fugó su asesino –17 de febrero– hasta ayer, cuando finalmente lo atraparon, consecuencia de haber logrado con estos reclamos que la fiscalía ofrezca una importante suma de recompensa por información sobre su paradero.
Lo que deja este verano también es la condena a perpetua por los femicidios territoriales de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en Rosario, Santa Fe, la ciudad más castigada con este tipo de asesinatos.
Estefanía y Mariela Gorosito, dos femicidios territoriales en Rosario.
Así el Poder Judicial reconoció por primera vez y explícitamente la relación entre la violencia del narcotráfico y la de género. Tal como expuso claramente el fiscal Patricio Saldutti “Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”.
El condenado es Pablo Nicolás Camino, de 31 años, jefe de una cédula de la banda narco Los Monos, quien ya acumula 40 años de prisión por delitos de homicidio, balaceras y asociación ilícita y está procesado, entre otras causas, por el ataque al supermercado que pertenece a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.
Pablo Nicolás Camino, condenado por el femicidio de las hermanas Gorosito.
Pablo Camino ordenó la ejecución de las hermanas desde el penal donde cumple condena. Es decir: estaba bajo la responsabilidad de las autoridades penitenciarias en el momento de organizar el crimen. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Sus cuerpos fueron encontrados en un basural al día siguiente de la ejecución.
Ley de explotación laboral
Conste en actas
lavaca.org
Fotos: Lina Etchesuri y Tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 12 del mediodía el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) hizo su ingreso a la Plaza de los Dos Congresos con una columna poderosa con mix de gremios de la CTA y los más combativos de la CGT.
A las 12:50 se fueron.
El Congreso desde la plaza. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
En ese momento las columnas de movimientos sociales –Libres del Sur, Movimiento Evita, UTEP, MTE– se adelantaron para ocupar el lugar, sobre Yrigoyen pasando Solís, frente al vallado.
A las 13:40 las banderas del Evita comenzaron el éxodo.
En ese momento comenzaron a oírse más los megáfonos de los partidos de izquierda que se agolpaban sobre Rivadavia, casi esquina Callao, frente al vallado.
La izquierda llegó y se fue, para esquivar a los clásicos Encapuchados con Mochilas Nuevas. Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
A las 14 irrumpió la banda Cuatro Encapuchados con Mochilas Nuevas que no formaban parte de la movilización. Tiraron unas piedras, quemaron unos cartones.
A las 14:07 el camión hidrante empezó a rociar todo lo que tenía delante.
A las 14:11, los partidos y las organizaciones de izquierda comenzaron la retirada.
A las 15 sólo quedaba un pequeño grupo, algunos jubilados y mucha –mucha– policía, que no dejaba transitar ni a vecinas del barrio que iban a comprar remedios.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.orgi
A las 17 la plaza estaba desolada, a excepción de un pequeñísimo grupo cantando Ska-P.
“Somos los obreros, la base de este juego
en el que siempre pierde el mismo.
Un juego bien pensado en el que nos tienen callados
y te joden si no quieres jugar. Baila hermano el vals del obrero.”
Memorias de la Ley Banelco. Esta vez las transferencias se realizaron con éxito. Foto: tadeo Bourbon /lavaca.org
A las 22.35 el proyecto de explotación laboral se convirtió en ley.
Hasta Dios tuvo un mal día: fue este.
PD) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 122 personas heridas y cuatro detenidas, la gran mayoría reprimida cuando se manifestaba en el Obelisco, a las 10.30 de la mañana, contra los despedidos de la fábrica de neumáticos FATE.
Al irse la gente, nuestra fotógrafa Lina Etchesuri saca fotos de los volantes. Abajo el resultado.
Foto: Lina Etchesuri /lavaca.org
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Temporada de femicidios
“Nación se está robando los recursos de Tierra del Fuego”
Conste en actas
La policía investigada
La muerte de El Mencho, los narcobloqueos y la militarización pre Mundial: las formas de la guerra
Feliz año viejo: el INTA amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología
Ituzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa
Mu 209: Una de terror
Mu 208: Lara Brenda Morena
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