En una estimación que los funcionarios consideran moderada, al menos 19.000 habitantes de Buenos Aires corren riesgo de ser desalojados antes de fin de año de los lugares en los que viven. Desde inquilinos morosos hasta personas que viven en edificios abandonados, están en la mira de las autoridades. “El Estado tiene la obligación de garantizar una vivienda digna, dijo a lavaca la Defensora Alicia Pierini. La verdadera cara del “boom” inmobiliario y el aumento de los alquileres. 

Más de  tres mil familias que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corren el riesgo de quedar en la calle después de que la Cámara Federal de Apelaciones les dictara, en diferentes causas judiciales, las respectivas órdenes de desalojo. Se trata de inquilinos morosos, pero también de numerosas personas que viven en terrenos fiscales y edificios abandonados del Estado que deberán ser desocupados antes de fin de año.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad está elaborando un informe de próxima aparición donde subraya la situación acuciante que atraviesan por lo menos 19.000 personas en un cálculo que los propios funcionarios consideran moderado. La cifra podría trepar a números inimaginables si se considera que algunas causas, sobre todo las vinculadas a terrenos tutelados por la ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado), no implican el desalojo de una sola familia sino de 400 personas, como ocurre en algunos terrenos que pertenecían a la privatizada Ferrocarriles Argentinos.

“Le estamos planteando a los tribunales que antes de ordenar los desalojos averigüen a quién se está dejando en la calle, si la familia tiene hijos, si hay personas enfermas, discapacitadas. Queremos que haga un informe social y que los jueces pidan al Estado las medidas correspondientes para que cumpla con su obligación de garantizar una vivienda digna”, dijo a lavaca Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de la Ciudad.

Suba de alquileres + torres  = menos viviendas

El Ministerio de Derechos Humanos de la Ciudad cuenta con un programa de atención a familias en situación de calle. Está diseñado para asistir a familias que poseen ingresos menores a la canasta básica, según los índices proporcionados por el INDEC, lo cual ya es en sí mismo un dato. El programa otorga a cada familia un subsidio de 450 pesos durante seis meses y en su decreto de creación señala que en ese lapso el gobierno debe facilitar y asistir a los beneficiados para solucionar definitivamente su problema de vivienda. “Esto no sucede”, sentencia Silvina Pennella, Jefa del Área Social de la Defensoría del Pueblo.

A lo largo de todo 2006, 4.146 familias se acogieron a este programa, mientras que en lo que va de este año ya lo hicieron 5.386. “Al 30 de agosto ya se ejecutó el 90 por ciento del presupuesto del plan, no sé cómo van a atender a las 3.000 familias que quedarán en la calle en lo que queda del año”, se pregunta Pennella.

Tampoco parecen suficientes algunas soluciones transitorias que ofrece el Estado, como la relocalización momentánea en hoteles y pensiones. “Los propietarios  -detalla Pierini- aplican el derecho de admisión, que podríamos decir que es la manera legal que encuentran para discriminar, y no le alquilan habitaciones a familias con chicos, por ejemplo”.

Pennella señala a la dinámica del mercado, con el consecuente aumento del valor de la tierra y el auge de la construcción, como responsables de la aceleración del problema. “Está probado que el boom de la construcción, con índices que parecen  impresionantes, no reduce el problema habitacional. La construcción es selectiva y suntuosa. A la inacción del Estado hay que agregarle que los valores de los alquileres cada vez son más altos y los créditos hipotecarios también”, señala Pennella que reclama que el déficit habitacional sea tomado como una cuestión de Estado, con políticas a corto, mediano y largo plazo, en vez de darle el trámite de una emergencia pasajera.

Gateando en la vía

Otros números que maneja la Defensoría del Pueblo también dan cuenta de que el problema, lejos de estar próxima a solucionarse, crece a pasos agigantados. El año pasado, el organismo tenía registrados 24 asentamientos precarios, además de las ya naturalizadas villas de emergencia porteñas. Este año la cifra trepó a 60, contabilizando los caseríos instalados a la vera del ferrocarril, debajo de las autopistas y otros terrenos abandonados.

El informe de la Defensoría sólo incluye las 4.853 causas de desalojo tramitadas en la Cámara Nacional de Apelaciones, donde se dirimen los desalojos entre privados. No incluye, por ejemplo, las que se figuran en los fueros contencioso administrativos, donde se tramitan los desalojos de inmuebles donde el Estado reclama su propiedad. De manera que los números presentados sólo marcan un piso del volumen real del problema.

“Tanto en los casos donde el inmueble reclamado pertenece a un particular como el que pertenece al fisco, la responsabilidad última es del Estado. Porque es a quien le corresponde velar por la garantía constitucional de la vivienda. Por su puesto que si encima es quien exige el desalojo, la situación aún es más incomprensible”, dice Pierini. “Hay casos donde el desalojo puede esperar y no merece un tratamiento tan urgente. Además, hay algunos desalojos deben realizarse inmediatamente para garantizar la supervivencia de la gente. No podemos esperar que mueran diez chicos atropellados por el tren porque van gateando de su casa hasta las vías. Pero para eso se los debe relocalizar en condiciones dignas”.